Sentencia CA-265-18 — Registro 10051
Resumen
En primera instancia dictó sentencia declarando procedente la acción interpuesta por la demandante, por no ajustarse a derecho el Acto Administrativo impugnado consistente en el Acuerdo de Cancelación, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...". Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) carece de claridad y precisión en el concepto de la infracción, ya que se omite establecer si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo dispuesto en el artículo 704 del Código Procesal Civil; c) en acápites distintos se indican como sustento de motivo los numerales 1 literal c) y 2 del artículo 719 del Código Procesal Civil, que contienen causales distintas de casación, que se deben precisara por la independencia de los cargos; d) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba lo cual le es vedado a este Tribunal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; e) en el desarrollo se alude a los artículos 206 numeral 1), 207 numeral 2) 208 del Código Procesal Civil, 5 numeral 1) y 14 numeral 3) de la Ley de Propiedad que no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...". Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) carece de claridad y precisión en el concepto de la infracción, ya que se omite establecer si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo dispuesto en el artículo 704 del Código Procesal Civil; c) en acápites distintos se indican como sustento de motivo los numerales 1 literal c) y 2 del artículo 719 del Código Procesal Civil, que contienen causales distintas de casación, que se deben precisara por la independencia de los cargos; d) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba lo cual le es vedado a este Tribunal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; e) en el desarrollo se alude a los artículos 206 numeral 1), 207 numeral 2) 208 del Código Procesal Civil, 5 numeral 1) y 14 numeral 3) de la Ley de Propiedad que no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación.."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete días del mes de enero de dos mil veinte, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS, como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP), representado en juicio por la Abogada MARIA ANGELA DOMINGUEZ VELASQUEZ; y, Recurrido: la señora JOSSELENTH LONNELLY PALMA TREJO, representado en juicio por la Abogada GLENDA MAGDALENA FLORES FUNES.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda Contenciosa Administrativa en materia de personal, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, reintegro al trabajo en igual o mejores condiciones, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir con sus aumentos en ausencia, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, por la señora JOSSELENTH LONNELLY PALMA TREJO, contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado por el señor POMPEYO BONILLA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzó a laborar con el demandado en la Dirección General de Catastro y Geografía, como Asistente de Bienes Nacionales, en fecha 30 de diciembre del 2009, que violentando el procedimiento para a cancelación por despido o cesantía, se le canceló mediante acuerdo 275-2010, del 21 de octubre del 2010, sin haber realizado procedimiento para determinar dichas figuras según lo establecido en los artículos 187 al 191 del Reglamento Reformado de la Ley de Servicio Civil y el Reglamento del Instituto de la Propiedad, asimismo que el acuerdo de despido le fue notificado hasta el 22 de octubre del 2010, notificación firmada por el Sub Gerente de Recursos Humanos, quien no tiene las facultades para ejercer el acto de notificación.- 2.- La parte demandada, INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP), contestó dicha demanda señalando que el demandante fue cancelado mediante acuerdo 275-2010, habiendo seguido el debido proceso, lo cual en el artículo 53 literal b) de la Ley de Servicio Civil establece la causal o motivo invocada para cancelarle de su cargo, por la reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, con lo cual no se efectuado ilegalidad con dicho acuerdo, así como que tampoco ha nombrado nuevo personal para cubrir el cargo del demandante.- 3.- Que en fecha 12 de mayo del 2011, el representante legal de la parte demandada interpuso escrito de defensas previas, alegando una falta de representación legal de la parte demandada, y la misma fue resuelta en fecha 25 de marzo del 2015, siendo declarada improcedente.- 4.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, en fecha 1 de marzo del 2017, dictó sentencia declarando procedente la acción interpuesta, por no ajustarse a derecho el Acto Administrativo impugnado consistente en el Acuerdo de Cancelación número 275-2010 de fecha 21 de octubre de 2010 emitido por el Director General de Catastro y Geografía del Instituto de la Propiedad, mediante el cual se cancela del cargo de Asistente de Bienes Nacionales dependiente de la Dirección General de Catastro y Geografía del Instituto de la Propiedad, Acto Administrativo que se anula por ilegal, reconocer la situación jurídica individualizada reclamada por la demandante y para su pleno restablecimiento se toman las siguientes medidas: a) Reinstalar a la demandante en su cargo como Asistente de Bienes Nacionales dependiente de la Dirección General de Catastro y Geografía del Instituto de la Propiedad, b) Reconocer la situación jurídica individualizada de la demandante y como medida para restablecerla se ordena el pago de los sueldos dejados de percibir por la demandante, desde la fecha de la cancelación o separación 22 de Octubre de 2010, hasta que se ejecute la presente Sentencia Definitiva, incluyendo el pago del decimotercer, decimocuarto mes, vacaciones y los aumentos que haya tenido la plaza que ocupaba la demandante en su ausencia, misma que no le fueron pagadas del periodo comprendido del 2010 hasta la fecha en se ejecute la presente Sentencia Definitiva. Se decreta en su caso la nulidad del Acuerdo de Nombramiento del sustituto del demandante. Condenar al Estado de Honduras a través del Instituto de la Propiedad a ejecutar y pagar los derechos reconocidos en la forma antes señalada, sin costas; bajo el criterio que se omitió seguir el procedimiento establecido en los artículos 31 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, 53 de la Ley de Servicio Civil y 187, 188,189,190,191,192 y 193 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil para le emisión del Acuerdo de Cancelación No.275-2010 de fecha 21 de octubre del 2010, en virtud que conforme a lo establecido en el reglamento de personal del IP, el procedimiento a seguir para cancelar por cesantía, es el establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento y el mismo no fue seguido.- 5.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 2 de noviembre del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que no consta en autos que la autoridad nominadora haya dado cumplimiento a lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para proceder a la cancelación del demandante por cesantía o despido, así como la Ley de Procedimiento Administrativo al obviar los actos administrativos serán dictados por el órgano competente respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico y que son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder.- 6.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada MARIA ANGELA DOMINGUEZ VELASQUEZ, en fecha 14 de diciembre del 2017, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 2 de noviembre del 2017, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.85-2017, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.660-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 15 de diciembre del 2017, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogada GLENDA MAGDALENA FLORES FUNES, presentó en fecha 2 de marzo del 2018, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 6 de marzo del 2018, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas 27 de abril del año 2018 y 11 de mayo del 2018, las Abogadas GLENDA MAGDALENA FLORES FUNES y MARIA ANGELA DOMINGUEZ VELASQUEZ, respectivamente.- 8.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 25 de junio del 2018, teniendo por personados a las Abogadas MARIA ANGELA DOMINGUEZ VELASQUEZ, como recurrente, y GLENDA MAGDALENA FLORES FUNES, como recurrida, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su único motivo manifestando lo siguiente: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 2, del Código Procesal Civil, el que manda: Se podrá impugnar la aplicación e interpretación Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS POR EL AD-QUEM PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO. Las normas de derecho aplicadas por el AD-QUEM para la solución Del fondo del litigio, son las contenidas en los artículos 1, 2 letra a), 7 letra b), c) 9, 89, 90, 129 letra c), y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 14 numeral 1,2 y 3 de la ley de Propiedad y de su Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. EXPLICACION DE LA VIOLACION. La Corte Sentenciador sustento o fundamento su fallo, básicamente en el numeral QUINTO (5) el cual se lee: En ese orden de ideas es preciso mencionar que es innegable las facultades que tienen por ley Los Directores Generales del Instituto de la Propiedad, siempre y cuando cumplan con los ordenamientos jurídicos previstos, siendo el caso de la Ley de Servicio Civil, por ser el ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre el servidor público y los diferentes órganos del sector estatal, conteniendo dicho ordenamiento dos regímenes, claramente diferenciados por los cuales la administración pública puede prescindir de los servicios de sus empleados, siendo estos: a) Régimen de cancelación por despido y b) Régimen de cancelación por Cesantía, ambos establecidos con una serie de requisitos que necesariamente debe cumplir la administración, siendo preciso mencionar que en este caso de autos el acto objetivo de impugnación es el acuerdo de cancelación, y de la vista del mismo se observa que toma como fundamento el articulo 53 literal b) de la Ley de Servicio Civil (f.5) el cual obedece a una de las excepciones que contempla dicha ley para que la administración pública, pueda prescindir servií seriidor público a través de la figura de la cesantía denominada “reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa” en donde la autoridad nominadora debe acreditar los resultados de la evaluación periódica de los servicios de cada uno de esos servidores, enviando dentro del plazo improrrogables de siete días hábiles a partir de la fecha de efectividad de la cesantía la nómina de los cesanteados para inscribirlos en lugar preferente en la respectivas listas de reintegro, no obstante la administración pública hace un mix de ambas figuras exponiendo en sus agravios causales de despido las cuales tampoco fueron acreditadas ni probadas en juicio, lo que constituye el acto impugnado fue emitido con infracción al ordenamiento jurídico ya que no consta en autos que la autoridad nominadora haya dado cumplimiento a lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, para proceder a la cancelación de la demandante por cesantía o despido, así como la ley de procedimiento Administrativo al obviar los actos administrativos serán dictados por el órgano competente jurídico y que son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder. Es evidente la inobservancia de las diligencias por parte de los honorables magistrados en virtud que con todas las pruebas aportadas en primera instancia y las argumentaciones en que me base para defender a mi representado de que si se llevó a cabo el procedimiento adecuado para poder cancelar de su cargo a la señora JOSSELENTH LONNELLY PALMA TREJO, del cargo que tenía. Observancia al art. 5 # 1 de la ley de la propiedad en concordancia con lo preceptuado en art 14 # 3 de la citada ley, En vista, que las normas jurídicas comprenden la Constitución de la República, los Tratados Internacionales, la ley general, la ley especial (SIENDO LA LEY DE LA PROPIEDAD UNA LEY ESPECIAL CREADA MEDIANTE DECRETO LEGISLATIVO NO. 82-2004), los Reglamentos, la costumbre, los principios generales del derecho y la jurisprudencia emanada exclusivamente de la Corte Suprema de Justicia. En adición, el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, Establece Que Sin Perjuicio De Lo Que Las Leyes Dispongan (lo negrita y subrayado es nuestro), el personal del Instituto de la Propiedad está sujeto al Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad así mismo la Ley de Propiedad crea el Instituto de la Propiedad como un ente desconcentrado de la Presidencia de la República, en consecuencia el personal del Instituto de la Propiedad, esta sujeto al Reglamento de Personal y en lo no previsto en este Reglamento de Personal, se estará a las disposiciones legales establecidas en la Ley de Servicio Civil, por mandato de la ley. Honorable Corte Suprema de Justicia. 1.- que la Honorable Corte de Apelaciones Violento el procedimiento según sus considerandos que contiene dicha sentencia por no estar ajustada a derecho por LA FORMA Y CONTENIDO de acuerdo al Artículo 719 inciso c), del Código Procesal Civil, por no ser ciertas ni congruentes sus argumentaciones. 2.- Que el Nuevo Código Procesal Civil establece en su Artículo 206 de los Requisitos internos de la sentencia deben contener: CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD en el numeral 1)- las sentencias deben ser claras precisas y exhaustivas; asimismo establece en el Artículo 207 numeral 2) la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. En el Artículo 208 del Código Procesal Civil: CONGRUENCIA: 1) Las Sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. De todo lo anterior Honorables Magistrados, se concluye que la “DEMANDA QUE SE SOLICITA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE RECONOZCA UNA SITUACION JURIDICA INDIVIDUALIZADA POR LA CANCELACION ILEGAL QUE FUE OBJETO PROCEDIENDO AL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO AL REINTEGRO AL TRABAJO PAGO DE SALARIOS CAIDOS Y DEMAS DERECHOS QUE SE PRODUSCAN DURANTE LA SECUELA DEL JUICIO; Promovida por la señora Josselenth Lonnelly Palma Trejo, y que dictara Sentencia el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el día uno (01) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), asimismo EN LA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO dicto sentencia de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), debe ser declarada LA NULIDAD ABSOLUTA, ya que por su contenido esta fuera y completamente de ser cierto los hechos que constan en el expedientes tanto en la demanda como en su pieza conocida en apelación, por lo que dicha sentencia lo que demuestra es un total desconocimiento de la ley por parte de los Honorables Magistrados y total inobservancia del contenido de la demanda y lo que se pretende de la misma. La Sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017). Honorables Magistrados, tiene que ser anulada, ya que la misma carece de veracidad y adolece de contradicción en su contenido en relación a los hechos establecidos en la demanda y comprobados que constan en el expediente de mérito. CONCLUSIÓN: Con los medios de prueba aportados y evacuados y con los fundamentos de derecho en que se baso la defensa, se acreditó fehacientemente, el acto impugnado se encuentra apegado a derecho y que se utilizó causa legal válida y que se siguió el procedimiento legal establecido en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad para la cancelación de la empleada y servidora del IP sin responsabilidad de su parte; asimismo que es evidente que la presente sentencia carece de fundamentos y argumentaciones validos para que se lleve a cumplimentar la misma.”.- 2. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) carece de claridad y precisión en el concepto de la infracción, ya que se omite establecer si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo dispuesto en el artículo 704 del Código Procesal Civil; c) en acápites distintos se indican como sustento de motivo los numerales 1 literal c) y 2 del artículo 719 del Código Procesal Civil, que contienen causales distintas de casación, que se deben precisara por la independencia de los cargos; d) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba lo cual le es vedado a este Tribunal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; e) en el desarrollo se alude a los artículos 206 numeral 1), 207 numeral 2) 208 del Código Procesal Civil, 5 numeral 1) y 14 numeral 3) de la Ley de Propiedad que no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación.- 3. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- 4. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- 5. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta Resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace merito, en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redacto el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días del mes de febrero del dos mil veinte; certificación de la resolución de fecha diecisiete de enero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número 265-18.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
1