Sentencia CA-264-18 — Registro 10050
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por el demandante por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación por cesantía, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...". Que el cargo anterior no resulta admisible, dado que el Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) falta a la claridad y precisión en su formulación, dado que incluye dos formas distintas de infringir la ley, por la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio y por la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, que siendo causales o motivos diferentes, los tenía que haber expresado en forma separada, dada la independencia de los cargos en este extraordinario recurso; b) igual ocurre con la indicación de las normas infringidas, ya que incluye disposiciones de los dos tipos; y, c) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación de las pruebas, lo cual resulta ser inapropiado en este extraordinario recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.-.."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo anterior no resulta admisible, dado que el Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) falta a la claridad y precisión en su formulación, dado que incluye dos formas distintas de infringir la ley, por la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio y por la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, que siendo causales o motivos diferentes, los tenía que haber expresado en forma separada, dada la independencia de los cargos en este extraordinario recurso; b) igual ocurre con la indicación de las normas infringidas, ya que incluye disposiciones de los dos tipos; y, c) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación de las pruebas, lo cual resulta ser inapropiado en este extraordinario recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- III.- Cabe recordar que existe línea jurisprudencial establecida por esta Sala sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar no atiende el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento (ver sentencias expedientes CA 516-12, 129-13, 145-13, 192-13 y 557-15).-.."
Legislación citada
- Ley del Servicio Civil, art. 53-55 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete días del mes de enero de dos mil veinte, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS, como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado MARLON JOEL COLINDRES UMANZOR; y, Recurrido: el señor JORGE ALBERTO OLIVA CARCAMO, representado en juicio por el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto de carácter administrativo particular, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la misma, reintegro al puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el señor JORGE ALBERTO OLIVA CARCAMO, contra el ESTADO DE HONDURAS, representado por la Procuraduría General de la República, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que en fecha 2 de noviembre del 2009, mediante acuerdo 578-2009 fue nombrado en el cargo de Programador de Sistemas II, que el 11 de mayo del 2011, mediante acuerdo 056-2011, sin haber incurrido en ninguna de las causales establecidas en el Reglamento de la Ley de Servicio Civil se le notificó su cancelación del cargo por cesantía a partir del 16 de mayo del 2011, que la autoridad nominadora en la emisión del acto impugnado ha omitido cumplir con lo prescrito en los artículos 53 y 54 de la Ley de Servicio Civil.- 2. La parte demandada, ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante fue nombrado mediante acuerdo 578-09 del 16 de septiembre del 2009, efectivo a partir del 2 de noviembre del 2009, que el mismo fue cancelado por cesantía, en estricto cumplimiento a lo que establece la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, porque mediante oficio 517 del 12 de abril del 2011 se solicitó al Consejo del Servicio Civil autorización para proceder a cancelar por cesantía el nombramiento del demandante, habiendo accedido a dicha solicitud, por lo tanto se observa que se cumplió con lo legalmente ordenado para su cancelación.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 9 de diciembre del 2014, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por el señor Jorge Alberto Oliva Cárcamo, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación por cesantía número 056-2011, de fecha 11 de mayo del 2011 emitido por la Secretaría de Estado en los despachos de Industria y Comercio, por medio del cual se canceló por cesantía al demandante. Anular el acuerdo de cancelación por cesantía número 056-2011 de fecha 11 de mayo del 2011. Reconocer la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se resuelve reintegrar al demandante a su cargo de PROGRAMADOR DE SISTEMAS II de la Secretaria de Estado en el despacho de Industria y Comercio. Condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Estado en el despacho de Industria y Comercio al pago a favor del demandante de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que este restituido en su cargo como PROGRAMADOR DE SISTEMAS II, más el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, décimo cuarto mes, bonos y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder desde la ilegal cancelación hasta que sea reintegrado en el cargo. Se decreta en su caso, la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto del demandante, sin costas; bajo el criterio que, al no cumplir con el fin de la cesantía para prescindir de los servicios del demandante, hace que dicho acto infrinja el ordenamiento jurídico al no realizar el procedimiento, tal y como lo establece la Ley de Servicio Civil y su respectivo reglamento.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 15 de febrero del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que del expediente administrativo se deriva el vínculo de trabajo entre el demandante y el Estado de Honduras, así como el acuerdo de cancelación del demandante, sin que se evidenciara el procedimiento paso a paso llevado a cabo por la Autoridad Nominadora para la cancelación por Cesantía de la parte actora. Que sólo consta la autorización emitida por el Consejo de Servicio Civil, estimando la mencionada cesantía, pero se obvian todos los demás pasos y requisitos preestablecidos en la Ley, omitiendo probar la práctica de las evaluaciones periódicas, la remisión a la Dirección de Servicio Civil dentro de los 7 días hábiles después de emitido el acuerdo de Cesantía, la lista de los cesantes en la que debía incluir a la demandante para ser inscrita con derecho preferente en el Registro de Reingreso, en consecuencia es evidente, al confrontar el expediente administrativo, el acuerdo de cancelación del demandante, el cual es fundamentado en las disposiciones contenidas en el artículo 53inciso b) de la Ley de Servicio Civil y artículo 278 inciso b), 279 y 284 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, que la AUTORIDAD NOMINADORA, no se ajustó a lo establecido en dicha disposición; existiendo infracción al ordenamiento jurídico al momento de emitir el acto administrativo impugnado.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado MARLON JOEL COLINDRES UMANZOR, en fecha 20 de marzo del 2018, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 15 de febrero del 2018, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.224-2016, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 299-2011 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 4 de abril del 2018, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, presentó en fecha 18 de mayo del 2018, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 22 de mayo del 2018, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados vía telefónica de dicha resolución en fecha 24 de mayo del 2018, los Abogados MARLON JOEL COLINDRES UMANZOR y SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 25 de junio del 2018, teniendo por personados a los Abogados SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, como recurrida, y MARLON JOEL COLINDRES UMANZOR, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “1) Se impugna la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.- 2) Se impugna la aplicación e interpretación de las normas que regulan la forma y contenido de la sentencia. NORMAS INFRINGIDAS: Estimo como normas legales infringidas los artículos 245 numeral 5, 265 de la Constitución de la República, 13 numeral 1, 200, 207, 245 del Código Procesal Civil, Artículo 53 de la Ley de Servicio Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DE LOS MOTIVOS: Se impugna la parte dispositiva de la sentencia recurrida en cuanto debió declarar con lugar el recurso de apelación, en el segundo pronunciamiento revocar la sentencia recurrida y en el pronunciamiento tercero declarar improcedente la acción por encontrarse dictado conforme a derecho el acto administrativo impugnado. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El Articulo 53 de la Ley de Servicio Civil, establece con claridad meridiana que la autoridad nominadora podrá cancelar el nombramiento de uno o más servidores públicos previa comunicación por escrito a la Dirección General siempre que el Consejo de Servicio Civil al evacuar la consulta correspondiente estime que procede la cesantía por encontrarse comprendida en alguna de las excepciones calificadas, que la autoridad nominadora deberá acreditar en forma fehaciente y que en el caso que nos ocupa corresponde así se hizo. En tal sentido el Acuerdo de Cancelación No. 056-2011, de fecha 11 de mayo de 2011 y efectivo a partir del 16 de mayo de 2011, fue emitido por esta Secretaría de Estado, después de escuchar el parecer favorable del Consejo de Servicio Civil, y comunicar tal decisión a la Dirección de Servicio Civil, aplicando el Articulo 53 de la Ley de Servicio Civil.”.- II. Que el cargo anterior no resulta admisible, dado que el Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) falta a la claridad y precisión en su formulación, dado que incluye dos formas distintas de infringir la ley, por la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio y por la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, que siendo causales o motivos diferentes, los tenía que haber expresado en forma separada, dada la independencia de los cargos en este extraordinario recurso; b) igual ocurre con la indicación de las normas infringidas, ya que incluye disposiciones de los dos tipos; y, c) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación de las pruebas, lo cual resulta ser inapropiado en este extraordinario recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- III.- Cabe recordar que existe línea jurisprudencial establecida por esta Sala sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar no atiende el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento (ver sentencias expedientes CA 516-12, 129-13, 145-13, 192-13 y 557-15).- IV.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- V.- En resumen, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil, siendo que dicha disposición exige que, en la fundamentación de los recursos devolutivos, se debe determinar en todo caso, el perjuicio o agravio sufrido, identificando el vicio o error que lo causa. También precisa recordar a la parte recurrente que el artículo 721 numeral 2) del referido Código, exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear al Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VI.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303 párrafo segundo, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 701 numeral 1), 704, 716, 717, 720, 721 numeral 2), 723 numeral 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días del mes de febrero del dos mil veinte; certificación de la resolución de fecha diecisiete de enero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número 264-18.- Firma y sello,
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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