Sentencia CA-260-18 — Registro 10048
Resumen
En segunda instancia se revoca la sentencia dictada por el juzgado,se anula el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación del demandante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo resulta inestimable a razón de los siguiente: a) se omiten las normas que regulan la producción de actos procesales que se consideren infringidas; b) en la explicación se alude a los artículo 80 y 82 de la Constitución de la República y 1, 3, 7, 10.2, 12.5, 13 y 21 del Código Procesal Civil, que no fueron señaladas como infringidas o relacionada en la formulación; c) en la explicación se alude a cuestiones de competencia, que no tiene relación con el precepto autorizante; d) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil; y, e) se omite el pronunciamiento que se impugna..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) se omite el pronunciamiento que se impugna; b) carece de claridad y precisión al señalar una acápite “…SOBRE LA PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DE LOS VICIOS PROCESALES IMPUGNADOS”, cuando esto no concuerda el sustento del cargo (Precepto Autorizante), ya que el mismo es atención en defectos sobre el contenido formal de la sentencia, no ha violación de normas que relacionadas con el inter procesal, lo cual hace confuso el cargo; c) en el desarrollo se alude al artículo 1972 del Código Procesal Civil, el cual aparte de que no existe en este ordenamiento jurídico no fue señalado como infringido o relacionado en la formulación.- V. Este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable en sus dos motivos.- VI. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de febrero de dos mil veinte, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS, como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, dictan la siguiente RESOLUCION: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del CONSEJO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION (COHCIT), ahora SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN (SECPLAN), representado en juicio por el Abogado RICARDO ESTRADA PINEL; y, Recurrida: el señor JUAN EDGARDO RODRIGUEZ VELASQUEZ, representado en juicio por el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare no ser conforme a derecho un acto administrativo de carácter particular en materia de personal, que se decrete la ilegalidad y nulidad del acuerdo de cancelación, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para el pleno restablecimiento del derecho violado, el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios caídos, pago de 10 días de vacaciones causadas y no gozadas correspondientes al año 2008 y 2009 y cualquier otro derecho inherente producido durante la secuela del juicio, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el señor JUAN EDGARDO RODRIGUEZ VELASQUEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del CONSEJO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION (COHCIT), ahora SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN (SECPLAN), por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación de trabajo con el Consejo Hondureño de Ciencia Tecnología e Innovación (COHCIT), el 01 de enero de 2007, en el puesto de Asistente de la Unidad Técnica del COHCIT, devengando un salario inicial de L.13,000.00. Es de aclarar, que desde que fue nombrado siempre se desempeñó de manera ininterrumpida, continua y permanente, además, sin lapsos de tiempo dejados de trabajar. Es importante mencionar, que durante la relación de trabajo con el COHCIT, causó sus vacaciones correspondientes al período 2008 al 2009, que equivale a su segundo año de trabajo, los cuales le corresponderían 12 días de vacaciones, pero, por razones profesionales con la Institución, es decir, por el trabajo que desempeñaba en el COHCIT se le hizo difícil el poder gozar de todos estos días de vacaciones, ya que solamente pudo disfrutar de dos (2) días, por ende, le quedaron pendientes de gozar los siguientes 10 días de vacaciones. Que en fecha 31 de julio de 2009, el Departamento de Recursos Humanos del Consejo Hondureño de Ciencia Tecnología e Innovación (COHCIT), a través del Licenciado Francisco Bejarano, le envió una nota en la que le establecía lo siguiente: “... para los efectos legales correspondientes y con instrucciones de la Señora Ministra Comisionada Desireth Jackeline Rosales Cruz me permito NOTIFICARLE que en fecha treinta y uno de julio del corriente año pero efectiva a partir del tres de agosto de este año se ha decidido cancelarle de su puesto de trabajo como ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA DEL COHCIT ya que dicha plaza será cesanteada por no existir una razón fundamental ni estructural dentro del COHCIT...”. Considerando que dicha nota de despido que le envió el COHCIT, es ilegal, injusta y arbitraria, en primer lugar, porque el demandante nunca cometió algún motivo y/o justa causa para que el COHCIT, tomara la determinación de cancelarlo de su puesto de trabajo y en el evento, que hubiese dado el motivo y/o justa causa para ello, se tuvo que haber realizado las investigaciones del caso, como, por ejemplo: levantar las actas de investigación sobre el asunto, enviarle la cédula de citación para que acudiera a la audiencia de descargo respectiva, no siguiendo la parte demandada el procedimiento que establecen los artículos 1, 38, 53, 54 y 55 de la Ley de Servicio Civil; 1, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 278, 279 y 280 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Servicio Civil.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante fue contratado por el Consejo Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación COHCIT, ahora Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa SEPLAN mediante Contrato Individual de Trabajo número 032-2007, suscrito por la entonces Directora Ejecutiva de dicha institución la señora Myriam Elizabeth Mejía Sánchez, para que prestara sus servicios como “Asistente de la Unidad Técnica del COHCIT”, devengando un salario mensual de L.13,000.00, a partir del 1 de enero de 2007; que posteriormente paso a ser empleado permanente según enmiendas hechas por el Consejo Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación COHCIT a los contratos de trabajo. Se acepta que en fecha 31 de julio de 2009, se le notificó la determinación del Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología COHCIT ahora Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa SEPLAN de cancelar al demandante del cargo de Asistente de la Unidad Técnica del COHCIT; se rechaza totalmente lo que manifiesta el demandante en cuanto a que el despido realizado por el COHCIT ahora SEPLAN es ilegal, injusto y arbitrario porque según el actor de la presente demanda además de no haber incurrido en causal que motivara su despido tampoco se le siguió el procedimiento que establece la Ley de Servicio Civil, violentándole el derecho a la defensa y al debido proceso, rechazándolo totalmente en virtud que la cancelación fue efectuada por la Autoridad Administrativa competente en estricto cumplimiento y observancia de la ley, en virtud que su cancelación se da por no existir una razón fundamental ni estructural dentro del COHCIT ahora SEPLAN, para dicha plaza. Por otra parte, partiendo que el demandante compareció ante este Juzgado de lo Contencioso Administrativo pretendiendo la anulación de un acto de cancelación de Servidor Público, por lo cual éste debió de ejercer su derecho supuestamente lesionado en el plazo que señala la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso, en el plazo para la presentación de la demanda en materia de personal, por tanto se puede deducir que la acción para recurrir a la vía judicial por parte del demandante es totalmente extemporáneo, en vista que si la acción se deriva de un acto de cancelación en materia de personal, el demandante debió recurrir ante esta instancia 15 días después de su notificación y tal como lo acepta, dicha notificación fue el día 31 de julio de 2009 y recurre a la vía judicial el 9 de agosto de 2011, es decir más de 2 años después de que se le notificó su cancelación.- 3. Que en fecha once de junio de dos mil trece, compareció la Abogada Ethel Deras Enamorado, en su condición de Procuradora General de la República, interponiendo escrito de defensas previas, basándose la primera causa de inadmisibilidad la que consiste en: “Que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos”, específicamente en el artículo 63, literal a) relacionado con el artículo 80 literal d) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; En cuando a la segunda causa de inadmisibilidad consiste en: “Que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativo”, específicamente en el artículo 31 literal a) relacionado con el artículo 80 literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; En cuando a la tercera causa de inadmisibilidad consiste en: “Que se hubiera interpuesto por persona no legitimada”, es importante acotar que en atención a lo establecido en el artículo 14 relacionado con el artículo 80 literal b) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; En cuando a la cuarta causa de inadmisibilidad consiste en: “Que el escrito de demanda adoleciere de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto”, específicamente en el artículo 46 literal ch), 63 literal a) relacionado con el artículo 80 literal e) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; que en fecha treinta y uno de julio de dos mil trece, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución declarando con lugar las Defensas Previas alegadas por la parte incidentista; en consecuencia, se declara la inadmisibilidad de la presente acción interpuesta en esta instancia y se ordena el archivo de las actuaciones.- 4. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de julio de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando Inadmisible la acción promovida por el señor Juan Edgardo Rodríguez Velásquez, contra el Consejo Hondureño de Ciencia Tecnología e Innovación (COHCIT), en virtud de que la misma no es un acto impugnable ante esta jurisdicción, sin costas; bajo el criterio que en base al derecho de defensa y debido proceso, en fecha 17 de junio de 2016, este juzgado concedió a las partes el plazo para que formulen las alegaciones que estimen oportunas en aplicación del artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Bien el suscrito Juez estima que la presente demanda debe declararse Inadmisible, ya que la parte demandante efectivamente comparece ante esta instancia impugnando la nota de notificación de fecha 31 de julio del 2009 emitida por Recursos Humanos del Consejo Hondureño de Ciencia Tecnología e Innovación (COHCIT) en la cual se cancela a la parte demandante del puesto que tenía como Asistente de la Unidad Técnica del COHCIT, para que se revise como acto administrativo; nota de notificación que no es un acuerdo y que a todas luces no es un Acto susceptible de impugnación ante esta instancia, ya que los mismos están contemplados en el artículo 116 de la Ley de la Administración Publica, lo cual impide verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, es por ello que se debe declarar inadmisible la presente causa.- 5. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, dictó sentencia de la manera siguiente: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el Recurso de apelación interpuesto por el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, actuando en su condición de representante procesal del señor JUAN EDGARDO RODRIGUEZ VELASQUEZ; SEGUNDO: REVOCAR la sentencia definitiva de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil dieciséis (2016) emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, agregada a folio número doscientos veintidós (222) al folio número doscientos treinta (230) de la pieza principal de sus antecedentes; TERCERO: Declarar PROCEDENTE la acción interpuesta por el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, actuando en su condición de representante procesal del señor JUAN EDGARDO RODRIGUEZ VELASQUEZ, en consecuencia se anula el acto administrativo impugnado consistente en la nota de notificación de fecha treinta y uno (31) de julio del dos mil nueve (2009) emitida por el CONSEJO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION (COHCIT) hoy (SEPLAN); CUARTO: Reconocer la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se adopten las medidas siguientes: El pago de las prestaciones y para su pleno restablecimiento condenar al ESTADO DE HONDURAS al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales y al pago de diez (10) días de vacaciones causadas y no gozadas correspondientes al segundo periodo (2008-2009) de vacaciones, más los salarios dejados de percibir desde la fecha de la ilegal cesantía hasta que el presente fallo adquiera el carácter de firme así como los derechos que le pudieren corresponder durante la tramitación del juico, más los intereses que han causado dichas cantidades a título de daños y perjuicios, el concepto queda diferido al momento de la ejecución de la sentencia…”, sin costas; bajo el criterio que del estudio y análisis del pronunciamiento de los agravios y contestación de los mismos se deriva que la administración pública es una expresión del poder público y se ejerce por medio de actos de autoridad que concretan la voluntad del Estado, los que directa o indirectamente, afectan la esfera jurídica de los particulares, por lo que la cuestión debatida trasciende en la legalidad para ubicarse en el campo de la moralidad administrativa, quien reconoce como los hechos y antecedentes que le sirven de causa. Razón que los agravios y contestación de los mismos se deriva que la administración pública quien reconoce como los hechos probados y los antecedentes sirven de causa de inadmisibilidad lo establecido en el artículo 116 de la Ley de Procedimiento Administrado que homologa: “Que los actos de los órganos de la administración adoptaran la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias”, es además, consecuente con lo establecido en materia personal conforme a lo establecido en el artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que expresa: “Solamente podrán impugnarse en vía contencioso Administrativa, los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público, cuando éste estuviere protegido por una ley especial”; bien establece el mismo cuerpo legal que la acción será impugnable en relación con los actos definitivos de la Administración Pública que no sean susceptibles de ulterior recurso en vía administrativa, pero también es cierto que será admisible la acción contra los actos de carácter particular cancelen un servidor público protegido por una ley especial, siendo el demandante protegido por la Ley del Servicio Civil. La ley de Procedimiento Administrativo establece que los actos de la Administración de carácter particular adquieren eficacia al ser firmes razón por la cual todo personal técnico y administrativo que labora en el CONSEJO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION (COHCIT) hoy SEPLAN, estará sujeto a las regulaciones establecidas en la Ley de Servicio Civil tal como lo expuso la parte demandada en la audiencia primera de trámite en la sentencia interlocutoria en el Juzgado de Letras del Trabajo, el que una vez interpuesta la apelación correspondiente la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veinticinco (25) de junio del dos mil diez (2010), resuelve declarar con lugar la excepción de incompetencia del Tribunal ante quien se hubiere presentado la demanda; conclusión que deriva que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente de conocer el acto por el cual se impugna, es decir la nota de notificación de fecha 31 de julio del 2009 que obra a folio diez (10) de la pieza principal de sus antecedentes, al aplicarse lo establecido en materia personal el artículo 109 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siendo la Ley del Servicio Civil, la cual establece el régimen de cesantía y de despido, el que no podrá aplicarse sin antes haber escuchado suficientemente los descargos del inculpado, realizadas las investigaciones pertinentes y evacuadas las pruebas que correspondan. El despido quedará firme una vez agotados y fallados los recursos interpuestos por el inculpado. No obstante deberá aplicar lo establecido en el artículo 53 de la ley sustantiva acreditando en forma fehaciente ya sea por lado la reducción forzosa de servicio o personal por razones de orden presupuestario; y por otro lado la reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa; debiendo tomar en cuenta los resultados de la evaluación periódica de los servicios, tomando como sustento jurídico que los servidores afectados por la cesantía podrán reclamar ante el Consejo de Servicio Civil, cuando su opinión no se configure ninguna de las causales de despido establecidas. Por lo que este Tribunal de Alzada es de la opinión que la sentencia recurrida hoy apelada debe ser revocada.- 6. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado RICARDO ESTRADA PINEL, en fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.256-2016, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.383-2011 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7. La representación procesal de la parte recurrida, Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, presentó en fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho, los Abogados RICARDO ESTRADA PINEL y SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, respectivamente.- 8. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, teniendo por personados a los Abogados RICARDO ESTRADA PINEL, como recurrente y SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Infracción por falta de Aplicación de las normas Procesales que regulan los actos y garantías procesales, cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, propiamente de los artículos 90 de la Constitución de la Republica, 116 de la Ley General de la Administración Publica. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719.1 b) del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Que en el fundamento de derecho NOVENO de la sentencia recurrida manifiesta que: “Que del estudio y análisis del procedimiento de los agravios y contestación de los mismos se deriva que la administración pública es una expresión del poder público y se ejerce por medio de actos de autoridad que concretan la voluntad del Estado, los que directa o indirectamente, afecta la esfera jurídica de los particulares, por lo que la cuestión debatida trasciende en la legalidad para ubicarse en el campo de la moralidad administrativa, quien reconoce como los hechos y antecedentes que le sirven de causa. Razón que los agravios y contestación de los mismos se deriva que la administración pública quien reconoce como los hechos probados y los antecedentes sirven de causa de inadmisibilidad lo establecido en el artículo 116 de la Ley de Procedimiento Administrativo que homologa: “Que los actos de los “órganos de la administración adoptaran la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias”, es además consecuente con lo establecido en materia personal conforme a lo establecido en el artículo 109 de La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que expresa: “Solamente podrán impugnarse en vía contencioso administrativa, los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público, cuando éste estuviere protegido por una ley especial”, bien establece el mismo cuerpo legal que la acción impugnable en relación con los actos definitivos de la Administración Publica que no sean susceptibles de ulterior recurso en vía administrativa, pero también es cierto que será admisible la acción contra los actos de carácter particular cancelen a un servidor público protegido por una ley especial, siendo el demandante protegido por la Ley del Servicio Civil. La Ley de Procedimiento Administrativo establece que los actos de la administración de carácter particular adquieren eficacia al ser firmes razón por la cual todo personal técnico y administrativo que labora en el CONSEJO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION (COHCIT) hoy SEPLAN, estará sujeto a las regulaciones en la Ley de Servicio Civil tal como lo expuso la parte demandada en la audiencia primera de trámite en la sentencia interlocutoria en el juzgado de letras del trabajo, el que una vez interpuesta la apelación correspondiente la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de junio del dos mil diez, resuelve declarar con lugar la excepción de incompetencia del tribunal ante quien se hubiere presentado la demanda: conclusión que deriva que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer el acto por el cual se impugna, es decir la nota de notificación de fecha 31 de julio del 2009 que obra a folio 10 de la pieza principal de sus antecedentes, al aplicarse lo establecido en materia personal el artículo 109 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siendo la Ley de Servicio Civil, la cual establece el régimen de cesantía y de despido, el que no podrá aplicarse sin antes haberse escuchado suficientemente los descargos del inculpado, realizadas las investigaciones pertinentes y evacuadas las pruebas que correspondan, El despido quedara firme una vez agotados y fallados los recursos interpuestos por el inculpado. No obstante, deberá aplicar lo establecido en el artículo 53 de la ley sustantiva acreditando en forma fehaciente ya sea por un lado la reducción forzosa de servicio o personal por razones de orden presupuestario; y por otro lado la reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, debiendo tomar en cuenta los resultados de la evaluación periódica de los servicios, tomando como sustento jurídico que los servidores afectados por la cesantía podrán reclamar ante el Consejo de Servicio Civil, cuando su opinión no se configure ninguna de las causales de despido establecidas.” Tal como puede observarse del análisis del fundamento de derecho señalado, el A-Quem, toma como base la sentencia emitida por Corte de Apelaciones del Trabajo de fecha veinticinco de junio del dos mil diez en la cual se procedió declarar la excepción de incompetencia del tribunal ante quien se presentó la demanda razón por la cual el A-Quem da por sentado de manera taxativa que la competencia para conocer es la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pero omite recordar el A-Quem que la jurisdicción de lo contencioso administrativo fue creada con la facultad de revisar la legalidad de los actos y con potestades para decidir sobre las eventuales irregularidades, en ese orden de ideas la sentencia que nos trae a recurso hace una mala invocación de la norma sustantiva aplicable al caso concreto pues señala el artículo 116 de la Ley de Procedimiento Administrativo, siendo este articulo erróneo para ser aplicado al presente caso, no así el 116 de la Ley General de la Administración Publica en el cual expresamente el legislador determina cual será la forma de los actos de la administración pública: Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias; si bien es cierto el Juzgado del Trabajo no era competente para conocer la presente acción, eso no significaba que tal como lo entiende el A-Quem se debía de presentar la acción en el juzgado contencioso administrativo y aun y cuando la acción fuese presentada en dicha jurisdicción no necesariamente debía de ser admitida a trámite pues como claramente señala el artículo 116 de la Ley General de la Administración Publica, la acción impugnada por el demandante no está comprendida en ninguna de las causas permitidas para poder interponer una acción en lo contencioso administrativo, pues el demandante basa su pretensión en la anulación de una nota de notificación, misma que como ya se indicó no está comprendida en ninguno de los numerales que la ley sustantiva ha indicado para tal fin. El hecho que el A-Quem al momento de la revisión de la sentencia emitida por el A-Quo omita la revisión de presupuestos procesales imperativos para la admisibilidad o no de una acción es una clara violación al principio de tutela judicial efectiva, que no es más que aquel que garantiza a los justiciables que su caso será tramitado cumpliendo no solo las formalidades, derechos y garantías que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes establecen, en el caso que nos ocupa la no observancia del A-Quem con respecto a la pretensión del demandante trae como consecuencia una clara violación al principio de tutela judicial efectiva pues, se carece para una de las partes del cumplimiento de las formalidades establecidas en las leyes procesales y sustantivas que rigen este tipo de procedimientos. La resolución recurrida infringe abiertamente el principio del debido proceso, entendiéndose este, como una serie de principios y garantías básicas que aseguren la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales, y en definitiva un juicio justo para las partes, el debido proceso es un derecho que concentra otros derechos los cuales se encuentran contemplados como Garantías Judiciales en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos (Pacto de San José) entre esos otros derechos, encontramos el derecho que tienen las partes a un proceso judicial, sin alteraciones, y a que se desarrolle el proceso respetando los derechos procesales e individuales que establecen los Artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República y en la Ley procesal civil contenidas en los Artículos 1, 3, 7, 10.2, 12.5, 13, 21 del Código Procesal Civil, principios, derechos, y garantías constitucionales que han sido violentados.”.- II. Que el cargo resulta inestimable a razón de los siguiente: a) se omiten las normas que regulan la producción de actos procesales que se consideren infringidas; b) en la explicación se alude a los artículo 80 y 82 de la Constitución de la República y 1, 3, 7, 10.2, 12.5, 13 y 21 del Código Procesal Civil, que no fueron señaladas como infringidas o relacionada en la formulación; c) en la explicación se alude a cuestiones de competencia, que no tiene relación con el precepto autorizante; d) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil; y, e) se omite el pronunciamiento que se impugna.- III. Que el Recurrente en un segundo motivo arguye: “Se impugna la sentencia recurrida por falta de aplicación del artículo 207 numeral 1) del Código Procesal Civil, en relación con el artículo 200 numeral 2) literal c) del mismo estamento jurídico y 82 de la Constitución de la República. En relación al control en la insuficiente motivación fáctica de la sentencia impugnada. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo se halla comprendido en el artículo 719.1.c) causales del Recurso, del Código Procesal Civil, en la parte que dice: “c) forma y contenido de la sentencia. En relación con el artículo 720 numeral 2) del Código Procesal Civil. ARTICULO 207. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. ARTICULO 200 (CPC) CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1. Las sentencias serán motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente: . . . .c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso”. EXPLICACION DEL MOTIVO. En el fallo impugnado la motivación del mismo es insuficiente, porque no existen razonamientos fácticos y jurídicos sobre los presupuestos en que funda su sentencia el Tribunal requerido. Existe insuficiencia en la motivación, pues la exigua que existe en la sentencia verdaderamente no incide en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, tanto considerados individualmente como en su conjunto, como lo exige el artículo 207.1 del Código Procesal Civil. Como fácilmente se puede apreciar la sentencia recurrida no desarrolla la exigencia que integra la motivación, ya que el Ad Quem no cumplió en su sentencia con el requisito consignado en el artículo 207 numeral 1) en relación con el 200 anteriormente precitado al no haberse llevado a cabo un razonamiento lógico en el fallo impugnado, sino que simplemente se limitó a citar las disposiciones legales, sin que en ningún momento de la sentencia se pueda observar que se hizo examen analítico de toda la prueba aportada por esta representación del Estado lo que produjo como consecuencia un criterio parcial por parte del A-Quem con respecto a la controversia planteada por ambas partes y que le llevaron como consecuencia a revocar la sentencia de Primera Instancia. Honorables Magistrados, el Código Iberoamericano de Ética Judicial, en su Capítulo III de la Parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del Juez(a), el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los Jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El deber de motivar adquiere una intensidad máxima en materia de Derecho, ya que no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe de señalar porque una norma legal debe de regir un caso concreto. Ahora bien, ordena el artículo 207 numeral 1) del Código Procesal Civil que las sentencias deberán ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 200 del mismo cuerpo legal, así pues la falta de una motivación COMPLETA se traduce en el vicio in procedendo por insuficiente motivación, y la falta de una motivación EXPRESA se traduce en el vicio in procedendo de Carencia de Motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia. En el caso particular la sentencia recurrida solo se hace la cita de las normas legales, sin ninguna explicación del porque éstas están vinculadas al caso concreto hace incurrir al sentenciador en el Motivo Procesal invocado, y por ende hace procedente la admisión del presente Motivo de Casación. Así las cosas, la sentencia recurrida no está provista de los elementos necesarios que permiten examinar y analizar las razones de la que normalmente se valen las decisiones como medios legítimos de la función jurisdiccional, ya que la Corte recurrida ha infringido esa relación del precepto procesal citado en el enunciado de este motivo. De esa manera, queda así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada. SOBRE LA PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DE LOS VICIOS PROCESALES IMPUGNADOS. Al recaer el vicio de falta de aplicación de Normas Procesales que regulan los requisitos internos de la sentencia, en la sentencia definitiva recurrida, no se pudo realizar la denuncia del defecto ex ante, por lo que el presente recurso constituye la única vía para enmendar la infracción impugnada. INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN LA RESOLUCION. La falta de exhaustividad por no ofrecer un pronunciamiento preciso a todo lo debatido en el Juicio ha propiciado que el fallo recurrido haya sido dictado en un sentido diferente al que debió dictarse. En dicha sentencia se omitió lo establecido en el Articulo 1972 del CÓDIGO Procesal Civil que regula el contenido formal de las resoluciones en el sentido que al notificarse la resolución a las partes se indicara si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último caso del Recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir”.- IV. Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) se omite el pronunciamiento que se impugna; b) carece de claridad y precisión al señalar una acápite “…SOBRE LA PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DE LOS VICIOS PROCESALES IMPUGNADOS”, cuando esto no concuerda el sustento del cargo (Precepto Autorizante), ya que el mismo es atención en defectos sobre el contenido formal de la sentencia, no ha violación de normas que relacionadas con el inter procesal, lo cual hace confuso el cargo; c) en el desarrollo se alude al artículo 1972 del Código Procesal Civil, el cual aparte de que no existe en este ordenamiento jurídico no fue señalado como infringido o relacionado en la formulación.- V. Este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable en sus dos motivos.- VI. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303 párrafo segundo, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 701 numeral 1), 704, 716, 717, 720, 721 numeral 2), 723 numeral 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos; 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los nueve días del mes de marzo del dos mil veinte; certificación de la resolución de fecha seis de febrero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número 260-18.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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