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Sentencia CA-235-19 — Registro 11566

Resumen

La Corte de Apelaciones confirma el auto definitivo bajo el criterio que en el presente caso se han visto las diligencias y leídos los agravios, en el que hubo un previo para subsanar entre otros la causa de inadmisibilidad observada por el juez, sin que la misma fuera subsanada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) el precepto autorizante señalado no concuerda con el motivo expuesto, volviendo ineficaz el ataque; b) no señala el concepto de la infracción, siendo un requisito esencial tal como lo establece el artículo 704 del Código Procesal Civil; y c) alega error de derecho siendo inapropiado para esta materia..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de agosto de dos mil veinte, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA y EDGARDO CACERES CASTELLANOS, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: ES PARTE: Recurrente: la señora SONIA ELIZABETH CARBAJAL CABRERA, representada en juicio por el Abogado JORGE FRANCISCO CARBAJAL GAHONA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria para que se declare nulo un acto administrativo por infracción del ordenamiento jurídico, quebrantamiento de las formalidades esenciales, reconocimiento de una situación jurídica individualizada por haber lesionado los derechos del administrado y para su pleno restablecimiento se ordene el pago de sus prestaciones laborales por fallecimiento en el ejercicio de sus funciones como empleado, pago de salarios dejados de percibir, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado JOSE FRANCISCO CARBAJAL GAHONA, en su condición de apoderado legal de la señora SONIA ELIZABETH CARBAJAL CABRERA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, por medio de la Procuraduría General de la República. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción, que en fecha 01 de agosto del año 2005, mediante acuerdo No. 6644/2005, fue nombrado el ciudadano Carlos Sauvin Zeron Alfaro en el cargo de Auditor en el Departamento de Auditoria de la Dirección Ejecutiva de Ingresos órgano desconcentrado bajo un Régimen Laboral Especial, con autonomía funcional, técnica, financiera, administrativa y de seguridad nacional, adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, con su salario mensual de L. 14,603.00 y que tomó posesión del cargo el 08 de agosto del 2005. En fecha 20 de agosto del 2014, mediante Acuerdo DEI-No. 210/2014. Acuerda. " ... Cancelar por la vía de fallecimiento al ciudadano Carlos Sauvin Zeron Alfaro, del cargo de Auditor de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), con Estructura Presupuestaria: Programación: 11, Actividad: 009, Fuente: 11; Versión: 00003, Estructura Orgánica: 002, División: 02, Departamento: 04, Sección: 00, Unidad: 00, Grupo: 00, Nivel: 00, Puesto: 006540. Conforme al artículo 44 del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria, y Aduanera ...". El día 20 de noviembre del año 2014, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán declaró con lugar la solicitud de Declaración de herencia Ab-Intestato presentada por la señora Sonia Elizabeth Carbajal Cabrera de su difunto esposo señor Carlos Sauvin Zeron Alfaro, donde en el mismo fallo se tiene por Renunciado el derecho de sucesión de los señores Gina Paola Zeron Carbajal, Carlos Sauvin Zeron Carbajal, Karina Elizabeth Zeron Carbajal y Chaterina Marie Zeron Carbajal, en su condición de hijas e hijos del causante, sobre los derechos hereditarios, bienes, acciones y obligaciones en su totalidad que a su muerte dejase su padre señor Carlos Sauvin Zeron Alfaro, en tal sentido traspasan dichos derechos hereditarios, bienes acciones y obligaciones a favor de su madre Sonia Elizabeth Carbajal Cabrera. En fecha 13 de enero del año 2015, fue notificada personalmente la señora Sonia Elizabeth Carbajal Cabrera del acuerdo No 210/2014 de fecha 20 de agosto del 2014 de cancelación por la vía de fallecimiento del ciudadano Carlos Sauvin Zeron Alfaro (Q.D.D.G) del cargo de auditor de la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Es cierto que el empleado Carlos Sauvin Zeron Alfaro (Q.D.D.G) no se encontraba ejerciendo sus funciones propias de su trabajo (por la hora de su muerte) pero, no se había emitido ningún acuerdo de cancelación o de destitución, ni de permuta con otro cargo similar o no, en resumen el acuerdo de su nombramiento que lo era por tiempo indefinido o indeterminado se encontraba vigente y al serlo así, las funciones propias de su puesto por ser inherentes a este, solo cesarían o desaparecerían en la eventualidad o en el caso de que se procediere a su cesantía, cancelación o destitución y cualquier otra figura análoga por cuanto la vigencia a las funciones de su cargo, ya que las mismas tenían su razón de ser y por existir el nombramiento en virtud de que no se ha roto, devuelto o extinguida la relación legal de carácter laboral entre el patrono, que es el Estado y el trabajador que es el subordinado y titular de los derechos prerrogativas y garantías laborales de toda especie. Conforme a lo equivocada óptica de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) en la aplicación del artículo 44 del llamado Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera, el fallecimiento de un servidor público solo puede ocurrir cuando esté laborando o sea que, aunque este en horas laborales realizando otro acto o actividad, por ejemplo tomar sus alimentos, o que este de vacaciones, o recibiendo cursos de especialización o actualización profesional fuera de su recinto oficinesco en ese caso no se le tomaría como ejercitando sus funciones si por este vocablo solo entendiéramos como tal la presencia física del empleado o funcionario sentado detrás del escritorio que le fue asignado esto sería equivalente a considerar un estado de receso en el ejercicio de sus funciones al señor Presidente de la Republica si este en vez de estar en casa presidencial ocupa las instalaciones de su domicilio particular y el tiempo de descanso o que tiene derecho llenando otras necesidades. Es cierto que el numeral 1) del artículo 107 de la resolución denominada Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera, señala como una causa de la terminación de la relación de servicio la de "... El fallecimiento del empleado por muerte natural o en forma accidental...”; pero, esta disposición no dispone o no da por extinguidos los derechos laborales que le corresponderían al servidor público en vida, porque si así fuere ese régimen lo hubiere dispuesto y por otro lado da por cesada o terminada la "relación de servicio" pero no dispone la extinción de los derechos y prestaciones laborales ni tampoco arbitrariamente establece ese artículo que solo se reconocerán al servidor público derechos parecidos al décimo tercer mes, décimo cuarto y vacaciones, la ley establece terminación de la relación de servicio, pero no extinción o desaparecimiento de sus garantías, prestaciones y derechos laborales según la ley como servidor público. Que el acuerdo No 210/2014 del cual piden que se declare NULO UN ACTO ADMINISTRATIVO POR INFRACCION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO, se contradice con el llamado Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera; porque el acuerdo en el sexto CONSIDERANDO expresa: " ...Entiéndase por fallecimiento en el ejercicio de sus funciones como aquel empleado que fallece ejerciendo funciones a lo interno o fuera de la Dirección Ejecutiva de Ingresos relativos a la recaudación como fiscalización u otros establecidos en el decreto 17-2010 ...", pero en cambio el llamado Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera, en su numeral 1) del artículo 107 dice: “Son causas de terminación de la relación de servicio: 1. El fallecimiento del empleado por muerte natural o en forma accidental...", en primer lugar el acuerdo habla del empleado que fallecen ejerciendo funciones a lo interno o fuera de la Dirección, como si se podría separar el acuerdo cuando sale de sus funciones y se lo devuelven al día siguiente cuando entra a trabajar; y en segundo lugar al llamado Reglamento expresa el fallecimiento por muerte natural y accidental, ya que si hubiere muerto por asesinato, envenenamiento o suicidio la pregunta es dónde se ubicaría este fallecimiento. 2.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 13 de febrero del 2018, dictó auto que en su parte conducente, dice: “…Por presentado el escrito que antecede, agréguese a sus antecedentes, en cuanto a lo solicitado por el Abogado José Francisco Carbajal Gahona, en su condición de Representante Procesal de la parte demandante, SIN LUGAR, por improcedente en virtud que el artículo 6 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT) establece que ningún Juzgado o Tribunal puede abrir juicios fenecidos; siendo que el Abogado se notifica personalmente del auto de fecha once de enero del dos mil dieciocho donde se da por firme el auto de fecha dos (02) de julio del dos mil quince; declarándose la inadmisibilidad de la presente demanda.- Artículos: 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 6 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115.4 y 122 del Código Procesal Civil…NOTIFIQUESE.” 3.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 22 de febrero de 2019, dictó sentencia confirmando el auto definitivo de fecha 13 de febrero del 2018, proferido por el a quo, sin costas; bajo el criterio que en el presente caso se han visto las diligencias y leídos los agravios, en el que hubo un previo para subsanar entre otros la causa de inadmisibilidad observada por el juez, sin que la misma fuera subsanada, omisión que desencadena el auto que declara la inadmisibilidad de la demanda en base al artículo 51 literal ch) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, consistente en la falta de agotamiento de la vía administrativa, auto del cual fue notificado vía correo electrónico el 20 de abril del 2016, teniendo expedita la vía recursiva, quien no hizo uso del mismo, desplegando todos los efectos legales de firmeza de dicha resolución, por lo que desde ese momento el procedimiento se terminó; además, el mismo representante de la parte demandante solicita la caducidad del termino para recurrir el auto que pone fin al proceso, resolviendo el juzgado lo peticionado sobre la preclusión para recurrir, auto del cual el mismo apoderado legal de la parte demandante se notifica, en contra de los intereses de su representado, acción que va en contra del Código de Ética del Profesional del Derecho, por ende nuevamente queda concluida o finalizada la pretensión ante esta jurisdicción, convirtiéndose en una causa fenecida, pretendiendo el actor subsanar a través de un recurso de reposición fundamentándose en el artículo 132 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, acción que es declarada sin lugar interponiendo el recurso de apelación, en el cual el alcance de dicho artículo va encaminado a que a pesar de que los plazos son improrrogables y por ende caducado el derecho, se admitirá el escrito que proceda si se presentare dentro del día en que se notifique la oportuna providencia, lo que no es procedente en este caso ya que la parte solicitó la caducidad del plazo para recurrir y notificado sobre el mismo, lo que provoca una mala fe ya que su actuar carece de lealtad y buena fe procesal, teniendo amplia facultad el juez como director del proceso, a rechazar cualquier solicitud impertinente en el litigio, en la que no ha existido más que la resolución de lo pedido en base a la pretensión formulada, no existiendo vulneración al derecho de defensa ni al debido proceso como aduce el recurrente. 4.- La representación procesal de la parte demandante, Abogado JOSE FRANCISCO CARBAJAL GAHONA, presentó en fecha 8 de abril de 2019, escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha 22 de febrero del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 0801-23-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 58-2015 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán. 5.- Mediante providencia de fecha 9 de abril del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso de casación, y a la vez ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia, en el término que manda la ley, así como la advertencia a la parte del respectivo personamiento del mismo ante este alto Tribunal, apareciendo notificada de dicha resolución por vía teléfono celular, el Abogado JOSE FRANCISCO CARBAJAL GAHONA, en fecha 13 de mayo del 2019. 6.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 13 de junio del 2019, teniendo por personado al Abogado JOSE FRANCISCO CARBAJAL GAHONA, como recurrente, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “ PRECEPTO AUTORIZANTE......Artículo 207 preámbulo numeral 1 del Código Procesal Civil en lo concerniente a que las sentencias se motivaran expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. DISPOSICIONES INFRINGIDAS...........Artículo 206 numeral 1, del Código Procesal Civil que regula que las sentencias deben ser CLARAS, PRECISAS y EXHAUSTIVAS con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho, distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, aplicara normas al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando estos hubieren sido varios, se hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. CONCEPTO DE LA INFRACCION. Transcripción de los Preceptos Legales. El articulo 206 numeral 1, del Código Procesal Civil que se cita como infringido dice: ... las sentencias deben ser Claras, Precisas y Exhaustivas ...”. DEMOSTRACION DEL ERROR DE DERECHO Mi representado demandó al Estado de Honduras para el pago de daños y perjuicios en concepto de sus prestaciones por el servicio prestado al Estado y muerte en sus funciones; Por todo lo expuesto, la Corte Sentenciadora incurrió en una violación de la ley aplicable al caso, al haber distorsionado el significado de la excepción de la regla del artículo 132 de la Ley de La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, cuando expresa "Sin Embargo" o sea que aún no tiene el auto de fenecido, solo pide como requisito que presente el escrito que proceda para que se produzca los efectos legales, otra de los requisitos es si presentare dentro del día en que notifique la oportuna providencia ...". Por consiguiente es visto que la Corte sentenciadora incurrió en un error de derecho al no hacer ver la excepción como la regla, con lo que se ha violentado El artículo 206 numeral 1, del Código Procesal Civil, por consiguiente el error ha trascendido en el fallo.” II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) el precepto autorizante señalado no concuerda con el motivo expuesto, volviendo ineficaz el ataque; b) no señala el concepto de la infracción, siendo un requisito esencial tal como lo establece el artículo 704 del Código Procesal Civil; y c) alega error de derecho siendo inapropiado para esta materia. III. Que el Recurrente en un segundo motivo arguye: “ PRECEPTO AUTORIZANTE……… Artículo 719. 1.2., del Código de Procesal Civil en lo concerniente al error de derecho. DISPOSICIONES INFRINGIDAS…… Artículo 11 del Código Civil que regula que "...Las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres, no podrán eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares; pero podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que solo miren al interés individual de renunciante y que no esté prohibida su renuncia ..." en relación con el Artículo 64 de la Constitución de la Republica que regula que " ... No se aplicaran leyes y dispersiones gubernativas o de cualquier otro orden, que regules el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan ...”. Sobre puntos de hecho para cuya apreciación se necesitan conocimientos especiales de alguna arte, profesión o industria”. IV. Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) en el precepto autorizante hace alusión a dos numerales que son causales diferentes que debía señalar de manera separada; y b) no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. V. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos o causas que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace mérito, en sus dos motivos y 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiséis días del mes de octubre del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de agosto del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CA235-2019.” Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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