Sentencia CA-21-20 — Registro 12175
Resumen
En segunda instancia se revoca la sentencia dictada por el juzgado, bajo el criterio que no encontraron expresa y de manera idéntica, la causa por la cual fueron llamados a audiencia de descargo, pero si se encuentran las causas que originan el despido y derivan de aquellos hechos investigados consentidos por los demandantes en la audiencia de descargo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión, a saber: a) en la formulación se indica como infringido el artículo “719 numeral 1 Letra c) y 719.2, ambas del Código Procesal Civil” resultando inapropiado, ya que esta disposición lo que contiene son distintas causales de casación, en otras palabras se omiten las normas ya sea de naturaleza sustancia o procesal, que se consideren infringidas; b) igualmente el señalamiento de los numerales 1) literal c) y 2, del artículo 719 del Código Procesal Civil, como precepto autorizante carece de precisión, ya que los mismos, contienen distintas causales de casación incompatibles entre sí, que se deben formular y estructurar en forma separada e independiente; c) se ha indicado el concepto de falta de aplicación, pero en la explicación se alude a una “interpretación equivocada”, lo cual vuelve confuso el cargo; d) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación del material probatorio lo cual, tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 120 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, e) en el desarrollo se menciona el artículos “82 Constitucional” disposición que no ha sido señalada como infringido o relacionado en la formulación..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión, a saber: a) en la formulación se indica como infringido el artículo “719 numeral 1 Letra c) y 719.2, ambas del Código Procesal Civil” resultando inapropiado, ya que esta disposición lo que contiene son distintas causales de casación, en otras palabras se omiten las normas ya sea de naturaleza sustancia o procesal, que se consideren infringidas; b) igualmente el señalamiento de los numerales 1) literal c) y 2, del artículo 719 del Código Procesal Civil, como precepto autorizante carece de precisión, ya que los mismos, contienen distintas causales de casación incompatibles entre sí, que se deben formular y estructurar en forma separada e independiente; c) se ha indicado el concepto de falta de aplicación, pero en la explicación se alude a una “interpretación equivocada”, lo cual vuelve confuso el cargo; d) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación del material probatorio lo cual, tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 120 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, e) en el desarrollo se menciona el artículos “82 Constitucional” disposición que no ha sido señalada como infringido o relacionado en la formulación.."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete días del mes de octubre de dos mil veinte, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, y EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: Los señores HINGINIO HERNANDEZ VASQUEZ, DANIEL NICOLAS HERNANDEZ y WASNER ANAEL COREA HERNANDEZ, representados en juicio por el Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, y, Recurrido: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada BRISHELDA ESPERANZA GUEVARA MOLINA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda en materia de personal para la nulidad de unos actos administrativos particulares emitidos por la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad; que se reconozca la situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal e injustificada que fueron objeto; y como medida para el restablecimiento de sus derechos; que se ordene mediante sentencia definitiva que se les reintegre a sus antiguos puestos de trabajo y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir con todos sus aumentos, pago de vacaciones, décimo cuarto mes, décimo tercer mes y demás beneficios colaterales que se generen desde la fecha de la cancelación de nuestros acuerdos de nombramiento hasta la ejecución de la sentencia, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, en su condición de Representante Legal de los Señores HINGINIO HERNANDEZ VASQUEZ, DANIEL NICOLAS HERNANDEZ y WASNER ANAEL COREA HERNANDEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE SEGURIDAD. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- Las partes demandantes manifestaron en el escrito de su acción, que se desempeñaron en el cargo de policías penitenciarios de la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos, dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, nombrados así: Higinio Hernández Vásquez; mediante Acuerdo número 0774-2007; Daniel Nicolás Hernández, mediante Acuerdo número 0210-2004 de fecha 22 de enero del 2004 y Wasner Anael Corea Hernández, mediante Acuerdo número 1061-2011 de fecha 02 de agosto del 2011, y que en fecha 26 de abril del 2013 se les notificó los acuerdos de cancelación NUMERO 0529-2013 de fecha 12 de marzo del 2013 contenido en el Oficio Numero SEDS-SG-0624-2013 de fecha 12 de marzo del 2013; NUMERO 0528-2013 de fecha 12 de marzo del 2013 contenido en el Oficio Numero SEDS-SG-0820-2013 de fecha 18 de abril del 2013; y NUMERO 0530-2013 de fecha 11 de marzo del 2013 contenido en el Oficio Numero SEDS-SG-835-2013 de fecha 22 de abril del 2013, en donde el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, acordó la cancelación de sus acuerdos de nombramiento, sin ser la causa justificada para la cancelación del acuerdo de nombramiento y sin seguir el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, lo que evidencia la ilegalidad e injusticia de tal decisión, violentando el principio de Estabilidad laboral establecido como Garantía Constitucional en el artículo 129 de la Constitución de la República; argumentaron también, que en la cancelación de los Acuerdos de Nombramiento no se siguió el procedimiento Administrativo establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras Decreto 67-2008, lo que igualmente convierte tal decisión en injusta e ilegal y conlleva responsabilidad, siendo la cancelación ilegal en virtud de no haberse seguido el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras. 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de la parte demandante, pero señaló que acepta parcialmente el hecho segundo en virtud que es cierto lo manifestado por los actores de la demanda referente a que mediante Oficios número SEDS-SG-0624-2013 de fecha 12 de marzo de 2013 que contiene el Acuerdo de cancelación Número 529-13 de fecha 12 de marzo de 2013; Oficio número SEDS-SG-820-2013 de fecha 18 de abril de 2013, que contiene el acuerdo de cancelación número 528-2013 de fecha 2013 de fecha 11 de marzo de 2013, y Oficio Numero SEDS-SG-835-2013 de fecha 22 de abril de 2013, que contiene 530-2013 de fecha 11 de marzo de 2013, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad; fueron cancelados los ciudadanos HINGINIO HERNANDEZ VASQUEZ, DANIEL NICOLAS HERNANDEZ Y WASNER ANAEL COREA HERNANDEZ, en fecha 26 de abril de 2013; argumentado que a los demandantes si se les siguió el procedimiento en la cancelación por despido, y que consta en el expediente administrativo todo el procedimiento; quien hizo una relación del expediente de los hechos ocurridos así: "Según Informe Investigativo de fecha 4 de enero de 2013, enviado al Director de P.N.F.A.S en el cual aparece la relación de los hecho relacionado con las faltas" POR ABANDONO DE SERVICIO Y ENCONTRARSE EN ESTADO DE EBRIEDAD" cometidas por los policías HINGINIO RNANDEZ VASQUEZ, DANIEL NICOLAS HERNANDEZ y WASNER ANAEL COREA RNANDEZ, asignados a la Penitenciaria Nacional Dr. Marco Aurelio Soto. Hecho ocurrido el 31 DE DICIEMBRE DE 2012 hora en que los policías penitenciarios abandonaron las instalaciones de la penitenciaria, teniendo conocimiento de que no debían hacerlo, según las instrucciones que se dieron en la formación que se realizó a las 16:00 horas por orden del señor Director de la Penitenciaría Nacional Sub Comisionado de Policía WILMER EDUARDO SUAZO AGUILERA, haciendo del conocimiento de todos los policías y clases que se encontraban en formación que nadie debía abandonar las instalaciones y mucho menos ingerir bebidas alcohólicas ya que estarían disponibles y de reacción por cualquier situación de emergencia que se pudiera dar, y que formarían de nuevo a las 23:30 horas. Siendo las 23:30 horas, el clase III JORGE EDDIE ADUIRRE, procedió a formar al personal de seguridad del grupo "B" y al momento de pasar lista los policías penitenciarios HINGINIO HERNANDEZ VASQUEZ, DANIEL NICOLAS HERNANDEZ y WASNER ANAEL COREA HERNANDEZ, se encontraban faltistas a formación, desconociendo los motivos ya que no se pudieron encontrar en las instalaciones de la penitenciaria. Según la Declaración de Testigo: El día viernes 4 de enero de 2013, se procedió a tomarle declaración al clase I de policía ROSMAN ISACC MACIAS con identidad No. 0615-1981.-00253, asignado a la unidad de transporte de la D.N.S.E.P. quien manifestó lo siguiente: Que el día martes 1 de enero de 2013 siendo las12:00 horas, el Comisario de Policía ELIAZAR ROBERTO HERNANDEZ, Jefe de Seguridad interna de la Dirección Nacional le ordenó que llevara a los policías HINGINIO HERNANDEZ VASQUEZ, DANIEL NICOLAS HERNANDEZ y WASNER ANAEL COREA HERNANDEZ, para la Penitenciaria Nacional ya que los había encontrado en la cantina denominada "MATA DE HUERTA" ubicada en un caserío cerca de la posta No.2 de la Penitenciaria Nacional femenina P.N.F.A.S. en aparente estado de ebriedad trayéndolos de inmediato para la penitenciaria. Siendo las 00:20 horas del 1 de enero de 2013 el Sub Comisionado de policía WILMER EDUARDO SUAZO, ordenó que se llevaran a la Dirección Nacional de Transito para que se les realizara las pruebas de alcoholemia correspondientes, por lo que el Sub Inspector de policía JULIO CESAR DIAZ CASTILLO, salió en vehiculó marca KIA color blanco conducido por el policía OSMAN RENAN FLORES llevando a los policías HINGINIO HERNANDEZ VASQUEZ, DANIEL NICOLAS HERNANDEZ y WASNER ANAEL COREA HERNANDEZ, a los que se les realizó las pruebas de alcoholemia dando positivo en el siguiente orden: WASNER ANAEL COREA HERNANDEZ temp de prueba 24.0. DANIEL NICOLAS HERNANDEZ temp de prueba 24.8. HINGINIO HERNANDEZ VASQUEZ, temp de prueba 24."; asimismo alegó que el 15 de enero de 2013, se llevó a cabo Audiencia de Descargo en la Oficina de Recursos Humanos de la Penitenciaria Nacional a los señores Hinginio Hernández Vásquez, Wasner Anael Corea Hernández y Daniel Nicolás Hernández, con el objeto de escuchar los descargos que los inculpados debían presentar en relación al informe de fecha 4 enero de 2013, quienes aceptaron los cargos a ellos imputados; por lo que consta una evidente causal de despido consistente en la falta grave tipificada en el Articulo 123 numeral 3) y numeral (16) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional; siguiendo el procedimiento ya que se les practicó la audiencia de descargo que señala el Artículo 129 de la misma ley, una vez que se hizo la investigación respectiva de los hechos en fecha 04 de enero de 2013. 3.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, en fecha 09 de agosto del 2013, interpuso en tiempo y forma defensas previas, alegando que la demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, esto relacionado a que la parte demandante, en el escrito de demanda invoca que la autoridad nominadora procedió a cancelar el nombramiento sin seguir el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la policía nacional, sin mencionar que artículos de la ley orgánica considera infringidos entonces en este caso no se puede aplicar todo el contenido de la ley porque sería ineficaz en base a esa argumentación, que los actos administrativos impugnados fueron dictados conforme a derecho y esa documentación se acompañó al escrito de contestación de la demanda, teniendo claro que la defensa previa alegada por la parte demandada es la contenida en el artículo 63 inciso a) relacionado con el artículo 80 inciso e), que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto; asimismo dicha defensa previa fue desestimada por improcedente, en virtud de que el defecto de no señalar de manera amplia determinado número de artículos en que se fundamenta la parte, no es un defecto que impide verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, ya que de acuerdo al principio juva novi curia artículo 12 numeral 5 del Código Procesal Civil, que el juez debe resolver la cosa litigiosa con arreglo a derecho aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente pero no puede alterar el petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. 4.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 27 de enero del 2017, dictó sentencia misma que en su parte conducente dice: "PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la Acción promovida por los ciudadanos HINGINIO HERNANDEZ VASQUEZ, DANIEL NICOLAS HERNANDEZ y WASNER ANAEL COREA HERNANDEZ; por no ajustarse a Derecho los Actos Administrativos impugnados, consistentes en: 1.Acuerdo de Cancelación número 529-2013 de fecha 12 de marzo del año 2013; 2.Acuerdo de Cancelación Número 528-2013 de fecha 12 de marzo del año 2013; 3.Acuerdo de Cancelación Número 530-2013 de fecha 11 de marzo del año 2013; todos emitidos par la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, efectivos a partir del veintiséis de abril de dos mil trece, por medio del cual se canceló a los Demandantes; en consecuencia, SE ANULAN TOTALMENTE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS. SEGUNDO: Reconocer la situación jurídica individualizada de los Demandantes HINGINIO HERNANDEZ VASQUEZ, DANIEL NICOLAS HERNANDEZ Y WASNER ANAEL COREA HERNANDEZ y para su pleno restablecimiento se adoptan las medidas siguientes: 1) Adoptar el Reintegro las Demandantes HINGINIO HERNANDEZ VASQUEZ, DANIEL NICOLAS HERNANDEZ y WASNER ANAEL COREA HERNANDEZ a SUS antiguos cargos, en la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD.- En caso de ser materialmente imposible el Reintegro de los demandantes al cargo relacionado, deberá ser reintegrado a otro puesto de igual categoría y en las mismas condiciones. 2) Condenar al Estado de Honduras, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, al pago a favor de los Demandantes HINGINIO HERNANDEZ VASQUEZ, DANIEL NICOLAS HERNANDEZ Y WASNER ANAEL COREA HERNANDEZ, de las salarios dejados de percibir con todos sus aumentos, pago de vacaciones, decimotercer mes, decimocuarto mes y demás beneficios colaterales que se generen desde la fecha efectiva de su cancelación (26 de abril de 2013), hasta la fecha en que sea firme el presente Fallo; Calculo que se difiere para la Fase de Ejecución de la Sentencia Definitiva. TERCERO: Se decreta, en su caso, la nulidad del Acto Administrativo por el cual se hayan nombrado a los sustitutos(as) de las Demandantes...."; sin costas; bajo el criterio que del análisis de las pruebas aportadas al proceso, sobre todo las que corren agregadas en el expediente administrativo, se logra constatar que la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD incumplió con la totalidad de los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras específicamente las disposiciones contenidas en el Capítulo VI, Titulo IV. Ello, debido a que la Autoridad Nominadora debió haber realizado la respectiva audiencia de Descargo para las faltas imputadas en el Acuerdo de Cancelación. No obstante, del estudio del Expediente Administrativo se desprende que la Audiencia de Descargo realizada fue por razones distintas a las establecidas en los actos impugnados. Con ello la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD quebranta disposiciones constitucionales como ser el derecho a la defensa y al debido proceso, pues no otorgó ese derecho a los Demandantes para poder desvirtuar las faltas que les eran imputadas; quedó demostrado que en el presente caso, hubo infracción al ordenamiento jurídico aplicable, por EXCESO DE PODER, por lo expresado en el Fundamento de Derecho anterior. 5.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 30 de agosto del 2019, dictó sentencia misma que en su parte conducente dice: "PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ en su condición de representante procesal del Estado de Honduras. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia definitiva de fecha veintisiete de enero del dos mil diecisiete, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; en consecuencia, procede declarar IMPROCEDENTE la acción por encontrarse ajustado a derecho los actos administrativos impugnados...";sin costas, bajo el criterio que no encontraron expresa y de manera idéntica, la causa por la cual fueron llamados a audiencia de descargo, pero si se encuentran las causas que originan el despido y derivan de aquellos hechos investigados consentidos por los demandantes en la audiencia de descargo como ser: El incumplimiento o violación grave de alguna de las obligaciones o prohibiciones establecidas en la Ley, en donde entran en las obligaciones de todo miembro de la carrera policial, establecidas en el artículo 24 numerales 4) y 5) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, causa que originó la cancelación por despido de los demandante; derivándose que los actos impugnados están emitidos conforme a la ley, y no ha existido quebrantamiento alguno de derechos fundamentales, como ser el Debido Proceso y el Derecho a la Defensa; ya que se ha llevado a cabo el procedimiento previsto en la Ley y se les ha despedido conforme a las causas expresas en la Ley por hechos que concluyen en infracción a sus obligaciones, debidamente aceptados por los mismos demandantes en audiencia de descargo y debidamente documentados. Es importante resaltar que la confusión del caso concreto, radica en la existencia de un concurso de infracciones, donde una infracción llevo a la otra; Concluyendo de lo anterior, que la sentencia que se conoce en apelación no está emitida conforme a derecho por lo que procede su revocatoria. 6.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, en fecha 14 de octubre del 2019 presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 30 de agosto del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.091-2017, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 175-2013 del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 17 de octubre del 2019, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 7.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogada BRISHELDA ESPERANZA GUEVARA MOLINA, presentó en fecha 04 de diciembre del 2019, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de esa misma fecha, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas 10 y 11 de diciembre del 2019, los Abogados JOSE ARMANDO ESPINAL, y BRISHELDA ESPERANZA GUEVARA MOLINA. 8.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 10 de febrero del 2020, teniendo por personados a los Abogados JOSE ARMANDO ESPINAL, como recurrente, y BRISHELDA ESPERANZA GUEVARA MOLINA, como recurrido, en consecuencia se ordenó seguir con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un único motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Se impugna la Sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha treinta (30) de Agosto del año dos mil diecinueve (2019), por la falta de aplicación del artículo 719 numeral 1 Letra c) y 719.2, ambas del Código Procesal Civil. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: El artículo 719.1 del Código Procesal Civil, que contempla como causal del Recurso de Casación que se podrá impugnar: La aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) ... ; b) ... ; c).- El contenido de la sentencia. Y el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que establece como causal del Recurso de Casación que se podrá impugnar: La aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. El artículo 128 y 129 de la ley Orgánica de la Policía Nacional Decreto 67-2008. 82 de la Constitución de la República de Honduras. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna la Sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha treinta (30) de agosto de dos mil diecinueve (2019), con excepción de los relacionado SIN COSTAS. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este Motivo de Casación, esta comprendido en el Artículo 719.1 letra c) y 719.2, ambos del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL UNICO MOTIVO DE CASACION. La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo mediante Sentencia Definitiva de fecha 30 de agosto de 2019, en el fundamento de derecho QUINTO establece que el Juez de primera instancia no consideró el informe investigativo de fecha 01 de enero de 2013, donde se les establece que los demandantes desobedecieron una orden girada por el Director General...., continua manifestando que los demandantes fueron citados a audiencia de descargo por falta grave cometida: EMBRIAGUEZ HABITUAL O EL USO DE DROGAS NO AUTORIZADAS Y LA NEGLIGENCIA O EL DESCUIDO EN LA COOPERACION AL SERVICIO POLICIAL A LAS DISPOSICIONES DE LOS SUPERIORES, audiencia en la cual aceptaron los hechos imputados por lo que incurrieron en la causa de INCUMPLIMIENTO VIOLACION GRAVE DE ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES O PROHIBICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY, por lo que los acuerdos de cancelación fueron emitidos conforme a derecho y en aplicación al procedimiento de la normativa vigente. De lo antes referido se observan las diversas interpretaciones erróneas de las normas procesales realizadas por parte del A-Quen, específicamente a los artículos 127 y 128 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Decreto 67-2008, al desconocer que al inculpado previo A LA AUDIENCIA DE DESCARGO NOTIFICAR las razones de cambio o de los hechos que se le imputan (Articulo 128 de la referida ley) y se le deberá DESPEDIR por alguna de las causas establecidas en la Ley (Artículo 129 de la mencionada ley), normativa esta que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo la interpreto de manera distinta, al considerar que el procedimiento llevado a cabo por la Autoridad Nominadora es el correcto, ya que fueron citados a audiencia de descargo por falta grave cometida EMBRIAGUEZ HABITUAL O EL USO DE DROGAS NO AUTORIZADAS Y LA NEGLIGENCIA O EL DESCUIDO EN LA COOPERACION AL SERVICIO POLICIAL O A LAS DISPOSICIONES DE LOS SUPERIORES, agregando incluso de manera equivocada esta última parte que subrayamos, siendo despedidos por INCUMPLIMIENTO O VIOLACION GRAVE DE ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES O PROHIBICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY. Es evidente la interpretación equivocada que le ha realizado el A-Quen a la mencionada norma procesal, al considerar como correcto que a mis representados se le citara para audiencia de descargo por falta grave cometida (Embriaguez habitual o el uso de drogas no autorizadas y la negligencia o el descuido en la Cooperación al servicio Policial o a las disposiciones de los superiores) y que fueran despedidos por causal establecida en ley (Incumplimiento o violación grave de alguna de las obligaciones o prohibiciones establecidas en la Ley). Lo anterior violenta las los artículo 128 y 129 de la Ley de la Policía Nacional Decreto 67-2008, ya que esta refiere de manera categórica que al miembro de la Carrera Policial objeto de procedimiento disciplinario se le deberá de citar audiencia de descargo notificándole por escrito las razones de cambio o los hechos que se le imputan, debiendo ser despedidos por las causas establecidas en la Ley para ese efecto, exigencias que no se les realizaron a mis representados en el proceso disciplinarios que llevó a su despido, ya que los citaron a audiencia de descargo para que desvanecieran una falta grave que supuestamente cometieron y los han despedido por una causa totalmente distinta a la falta por la cual se les citó a audiencia de descargo, contradicción que incluso fue aceptada por el A-Quen en el fundamento de derecho OCTAVO de la Sentencia Definitiva de fecha 30 de agosto de 2019, al establecer que existieron otros motivos distintos a la embriaguez habitual o el uso de drogas no autorizadas, que fue el motivo por el cual los citan a audiencia de descargo, denotando con ello Honorables Magistrados una violación a la defensa establecido en el articulo 82 Constitucional, ya que han sido sancionados por hechos que no fueron citados a desvirtuar en la notificación que se les realizó a su audiencia de descargo. Con lo antes referido, se fortalece la tesis emitida por la Juez le Primera Instancia la Sentencia Definitiva de fecha 27 de enero de 2017, al haber declarado con lugar la acción presentada por mis representados, por lo referido en el fundamento de derecho numero CUARTO, que deja claro que la Secretaria de Seguridad incumplió con la totalidad de los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Policía Nacional específicamente las disposiciones contenidas en el Capítulo VI, Titulo IV, debido a que la autoridad nominadora debió de haber realizado la audiencia de descargo para las faltas imputadas en el acuerdo de cancelación y no de la manera que lo realizó. (Lo subrayado es nuestro), llevándola a determinar que los actos administrativos que se impugnaban eran nulos por existir un exceso de poder por porte de la autoridad nominadora. Honorables Magistrados. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en la Sentencia Definitiva que estamos recurriendo violentó tambien lo establecido en el artículo 719.1 del Código Procesal Civil, al haber aplicado y establecido como correcta la falta grave por la cual fueron citados a audiencia de descargo mis representados y que consiste en Embriaguez habitual o el uso de drogas no autorizadas, cuando esta ya había sido reformada por el decreto 198-2011 de fecha 04 de noviembre de 2011. Dejamos claro Honorable Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en similares casos a estos ha declarado sin lugar Recursos de Apelaciones, citó de manera puntual dos de ellos, el de los Policías Jesús Vásquez y Yobany Reyes López en contra del Estado de Honduras a través de la Secretaria de Seguridad, registrado bajo el número 0072015 y el del Policía Santos Margarito Sánchez Ponce, en contra del Estado de Honduras a través de la Secretaria de Seguridad, registrado con el número de expediente 216-2014, manteniendo el criterio que entre los hechos por los cuales se le citan al inculpado para que comparezca a audiencia de descargo y la causal por la cual se le despido debe de existir una congruencia y no como en el presente caso por el cual se está interponiendo el presente Recurso de Casación, pero sin embargo en la presente causa su criterio fue otro, contradicciones que aparte de afectar a mi representado, ponen en precario la efectiva aplicación de la justicia en nuestro país". 2.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión, a saber: a) en la formulación se indica como infringido el artículo “719 numeral 1 Letra c) y 719.2, ambas del Código Procesal Civil” resultando inapropiado, ya que esta disposición lo que contiene son distintas causales de casación, en otras palabras se omiten las normas ya sea de naturaleza sustancia o procesal, que se consideren infringidas; b) igualmente el señalamiento de los numerales 1) literal c) y 2, del artículo 719 del Código Procesal Civil, como precepto autorizante carece de precisión, ya que los mismos, contienen distintas causales de casación incompatibles entre sí, que se deben formular y estructurar en forma separada e independiente; c) se ha indicado el concepto de falta de aplicación, pero en la explicación se alude a una “interpretación equivocada”, lo cual vuelve confuso el cargo; d) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación del material probatorio lo cual, tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 120 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, e) en el desarrollo se menciona el artículos “82 Constitucional” disposición que no ha sido señalada como infringido o relacionado en la formulación. 3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de la Constitución de la República, a la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. 4.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. 5.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 704, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de marzo del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha siete de octubre del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CA21-2020. FIRMA Y SELLO.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ, RECEPTOR ADSCRITOSALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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