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Sentencia CA-197-19 — Registro 12838

Resumen

La Corte de Apelaciones revoca la sentencia bajo el criterio que revisadas las diligencias se observa que la parte actora en el proceso está protegido por la ley del Estatuto del Médico Empleado y su respectivo reglamento

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las razones siguientes: a) carece de claridad y precisión en el concepto de la infracción, ya que no se indica si la infracción es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las disposiciones señaladas como infringidas; b) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación de las pruebas, lo cual resulta ser inapropiado en este extraordinario recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia. 3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta días del mes de octubre de dos mil veinte, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, y ALMA CONSUELO GUZMAN, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representada en juicio por la Abogada LIDYA VIRGINIA CALIX GARCÍA, y, Recurrido: El señor CONCEPCIÓN ZUNIGA VALERIANO, representado en juicio por el Abogado HENRY MAURICIO CÁRDENAS ARDON. OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial en materia personal para que se declare la nulidad de unos actos administrativos de carácter particular (cancelación del cargo administrativo de un médico empleado y traslado involuntario); reconocimiento de una situación jurídica individualizada y como medida para restablecerla se ordene el reintegro al cargo para el cual se le había nombrado por la vida de concurso, en por lo menos igualdad de condiciones; salarios dejados de percibir desde la fecha del acto ilegal, hasta la fecha en que se ejecute la sentencia, costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado HENRY MAURICIO CÁRDENAS, en su condición de apoderado del señor CONCEPCIÓN ZUNIGA VALERIANO, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción, que fue nombrado posteriormente mediante concurso médico cerrado para Cargos Administrativos N°1 año 2009 en el cargo de Jefe del Programa Nacional de Chagas de Tegucigalpa, efectivo a partir del 15 de marzo del 2010, cargo en el que venía desempeñándose y por el cual resultó nombrado mediante concurso; manifestó además, que mediante Acuerdo número 693 de fecha 26 de abril del 2013, se acordaron cancelar el nombramiento funcional el cual no fue notificado en legal y debida forma, existiendo una notificación defectuosa; y que es improcedente por no encontrarse ajustado a derecho, porque no se basa en la legislación especial que regula esa clase de prestación, por ser médico empleado, que se encuentra protegida y amparada por la Ley del Estatuto del Médico Empleado y su Reglamento; y que mediante Oficio número 295-SG-2013 de fecha 02 de mayo del 2013 se le notificó que a partir de la fecha se trasladaba funcionalmente en el puesto de Técnico Normativo en la Unidad de Zoonosi, traslado que se hizo en contra de su voluntad, sin justificar el mismo, violentándole el procedimiento legal que se encuentra regulado en el articulo 8 numeral 2 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado y su Reglamento; argumentó también que tanto la cancelación como el traslado violenta el artículo 129 de la Constitución de la República, relacionado con el artículo anteriormente mencionado, que dichas situaciones la hicieron sin tener motivo alguno para ello, es más sin señalar la circunstancia, sin seguirle ningún procedimiento de investigación y de descargo. 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones del demandante, alego que el demandante inició la relación laboral con la demandada, como médico especialista empleado, mediante acuerdo 2389 de fecha 19 de julio del 2005 , y que posteriormente, al haber participado en concurso médico cerrado N°1 año 2009 fue seleccionado en el cargo de Jefe del Programa Nacional de Chagas de Tegucigalpa, mediante Acuerdo Ministerial número 831 de fecha 10 de marzo del 2010, y efectivo a partir del 15 de marzo del 2010; manifestó que mediante Acuerdo N° 693 de fecha 26 de abril del 2013, determinaron cancelar el nombramiento en el cargo administrativo de Jefe del Programa Nacional de Chagas de Tegucigalpa, efectivo a partir del 02 de mayo del 2013, que dicho cargo era por tiempo determinado, con una duración de 3 años y que el demandante desde el momento que se postuló para el concurso tenía pleno conocimiento que de salir electo en el proceso de selección, sería por el término de 3 años; asimismo alegó que en cuanto a la notificación defectuosa alegada por el demandante, la misma surtió efecto desde el momento que presentó la demanda en tiempo y forma ante el Juzgado de lo contencioso Administrativo, quedando bien notificado en legal y debida forma del acuerdo de cancelación; asimismo argumentó que en ningún momento se le ha violentado el derecho a la estabilidad laboral y a las normas constitucionales, porque siguió laborando como Médico Especialista, en el cargo de Técnico Normativo en la Unidad de Zoonosi; alegó también que el demandado no tuvo ninguna responsabilidad en la cancelación del demandante ya que el acuerdo por el cual fue nombrado ya había llegado al periodo de conclusión de 3 años; por lo que, lo solicitado se encuentra fuera de la tutela jurídica. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 03 de noviembre del 2016, dictó sentencia misma que en su parte conducente dice: "RESUELVE: PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la Acción incoada por el CONCEPCIÓN ZUNIGA VALERIANO, por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado identificado como el Acuerdo No. 693 de fecha veintiséis de abril de dos mil trece emitido por la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, mediante el cual se cancela al ciudadano CONCEPCIÓN ZUNIGA VALERIANO del cargo temporal de JEFE DEL PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS. SEGUNDO: Absolver a la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, del pago por las conceptos reclamados por el demandante. TERCERO: Se exime del pago de Costas, a la parte demandante vencida en juicio, por tener motivos suficientes para litigar...."; bajo el criterio que tras una valoración de los medios de prueba aportados al proceso, se concluye que la Secretaria en el Despacho de Salud cancela al hoy demandante, en atención a las facultades que le otorga la Ley del Estatuto del Médico Empleado así como su Reglamento. Lo anterior basado en lo siguiente: A) Conforme lo establece el Artículo 14 del Reglamento de la Ley del Estatuto del Médico empleado, el puesto para el cual concurso el demandante es un cargo que debe ser sometido a concurso cada tres años, por lo que dicho cargo es de carácter temporal y no permanente. B) En atención a lo anterior, el acto administrativo fue emitido en cumplimiento a lo que el ordenamiento jurídico ordena; es decir, el cargo de jefatura es por un período determinado de tres años, por lo que, al transcurrir este término se debe emitir el Acuerdo de Cancelación correspondiente. 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 28 de noviembre del 2018, dictó sentencia REVOCANDO la proferida en primera instancia, misma que en su parte conducente dice: "FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado HENRY MAURICIO CÁRDENAS ARDON, en su condición de representante procesal del señor CONCEPCIÓN ZUNIGA VALERIANO, contra la sentencia de fecha tres ( 3) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016) emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en la pieza principal con orden de ingreso Número 0801-2013-00182, de la demanda promovida el abogado HENRY MAURICIO CÁRDENAS ARDON, contra el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud SEGUNDO: SE REVOCA la sentencia de fecha tres (3) de noviembre del año dos mil dieciséis ( 2016) emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en la pieza principal con orden de ingreso Número 0801-2013-00182. TERCERO: Se ordena el Reintegro al cargo de Jefe del Programa Nacional de Chagas más los salarios dejados de percibir desde la fecha de la ilegalidad del acto hasta que se ejecute la sentencia..."; sin costas, bajo el criterio que revisadas las diligencias se observa que la parte actora en el proceso está protegido por la ley del Estatuto del Médico Empleado y su respectivo reglamento, cuya pretensión ante esta jurisdicción ha sido la nulidad del acto administrativo referente al acuerdo de cancelación número 831 como Jefe del Nacional de Chagas, mediante concurso médico cerrado realizado por la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, en fecha 10 de marzo del 2010, siendo la génesis del conflicto la duración en el mismo, el cual tal y como lo establece el artículo 7 de la Ley del Estatuto en mención toda contratación de servicios médicos deberá de someterse a concurso para que los mismos gocen de los derechos y garantías que dicha ley les otorga, en consonancia con lo anterior el Reglamento de la Ley del Estatuto Médico Empleado establece el período de tres años en el caso de jefatura previo concurso, quedando excluido de ser sometidos, entre otros el cargo de jefe, es decir excluido de concurso cada tres años, convirtiéndose en un nombramiento indefinido sujeto a la condición de someterse a concurso cuando así lo requiera la Secretaria de Salud, en el que obligatoriamente se debe convocar a concurso para que los que tienen derecho preferente (como este caso al haberse sometido a concurso) puedan legitimar su continuidad en el cargo, asistiéndole la estabilidad en su trabajo pudiendo ser separado del mismo bajo las causas de separación establecidas en dicha ley, en el cual se respete el procedimiento y la autoridad nominadora cumpla con establecer las razones o causas de despido como requisito imperativo en este tipo de actos, hecho que se omitió enervando el derecho a la defensa, por ende este Tribunal considera REVOCAR la sentencia definitiva de fecha 03 de noviembre del 2016, anular el acuerdo de cancelación 693 de fecha 23 de abril del 2013 reconociéndole el reintegro al cargo de Jefe del Programa Nacional de Chagas, más los salarios dejados de percibir desde la fecha de la ilegalidad del acto hasta que se ejecute la sentencia. 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada LIDYA VIRGINIA CALIX GARCÍA, en fecha 12 de febrero del 2019, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 28 de noviembre del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.086-2007, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.00182-2013 del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 15 de febrero del 2019, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado HENRY MAURICIO CÁRDENAS ARDON, no presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, por lo que mediante providencia de fecha 28 de marzo del 2019, se tuvo por precluido de derecho e irrevocablemente perdido el término de 10 días para que se pronunciara sobre el contenido del mismo; en consecuencia ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 09 de mayo del 2019, los Abogados LIDYA VIRGINIA CALIX GARCÍA, y HENRY MAURICIO CÁRDENAS ARDON. 7.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 13 de mayo del 2019, teniendo por personada únicamente a la Abogada LIDYA VIRGINIA CALIX GARCÍA, como recurrente, y por precluido de derecho e irrevocablemente perdido el término concedido al Abogado HENRY MAURICIO CÁRDENAS ARDON, como recurrido, en consecuencia se ordenó seguir con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Se impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Estimo como disposiciones legales infringidos los artículos: 7 de la Ley del Estatuto Médico Empleado; 14 del Reglamento de la Ley del Estatuto del Médico Empleado; 17 del Código Civil por interpretación en forma indebida de la Ley. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna todos los pronunciamientos contenidos en la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho en el expediente 0801-2017-086. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Como podrán observar Honorables Magistrados, en el caso sub judice, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al emitir la sentencia de fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, y pronunciarse en cuanto al fondo del asunto par cuanto revoca la sentencia definitiva emitida por el A Quo en fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis, lo hace en base a una norma interpretada en forma indebida. Es importante manifestar que las normas jurídicas comprenden la Constitución de la República, los tratados Internacionales, la ley general, la ley especial, las reglamentos entre otros. La interpretación errónea de la norma por parte del Ad Quem, se encuentra en el FUNDAMENTO DE DERECHO CUARTO de la sentencia de fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho proferida en segunda instancia, pues resulta que en esta sección de la sentencia, el Ad Quem afirma los siguiente: ... Siendo la génesis del conflicto la duración en el mismo, el cual tal y como lo establece el artículo 7 de la Ley del Estatuto en mención toda contratación de servicios médicos deberá de someterse a concurso para que los mismos gocen de los derechos y garantías que dicha ley les otorga, en consonancia con lo anterior el reglamento de la Ley del Estatuto del Médico Empelado establece el periodo de tres años en el caso de jefatura previo concurso, quedando excluido de ser sometidos, entre otros, el cargo de jefe, es decir excluido de concurso cada tres años, convirtiéndose en un nombramiento indefinido ... y en base al cual FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto par el abogado HENRY MAURICIO CÁRDENAS ARDON, en su condición de representante procesal del señor CONCEPCIÓN ZUNIGA VALERIANO contra la sentencia de fecha tres (3) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016) emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, ... ; SEGUNDO: SE REVOCA la sentencia de fecha tres (3) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)...; TERCERO: Se ordena el Reintegro al cargo de Jefe del Programa Nacional de Chagas mas los salarios dejados de percibir ... ". Honorables Magistrados, el Código Civil, establece en el artículo 17: "No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador. ", y es en base a este precepto legal, que consideramos que existió por parte del Ad Quem, una interpretación indebida de la norma aplicada al caso sub judice, en virtud que en su fallo, llega a afirmar que un cargo administrativo, el cual es de carácter temporal, según la intención del legislador, y el Ad Quem, en su errónea e indebida interpretación y aplicación de la norma, lo vuelve un cargo administrativo por tiempo indefinido; razón por la cual, es imprescindible, que dicha errónea e indebida interpretación y aplicación de la norma aplicada para resolver el fondo del asunto, sea subsanada y se aplique correctamente al fondo del asunto que nos ocupa, lo cual nos lleva a suplicar, se emita un fallo ajustado a derecho y se case la sentencia revocando el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo al proferir el fallo de fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis en el caso de autos, realizó una acertada aplicación de la norma jurídica material para resolver el fondo del proceso; pues realizo una acertada interpretación de las normas empleadas para fundamentar en derecho su sentencia. En el caso de autos, se aprecia que el A Quo, al emitir la sentencia de fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis, en aplicación a la potestad otorgada por la Ley para la revisión del acto administrativo impugnado por la parte demandante, valoro los medios de prueba aportados al proceso, concluyendo de manera congruente en el Fundamento de Derecho QUINTO: "…. se concluye que la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD cancela al hoy demandante, en atención a las facultades que le otorga la Ley del Estatuto del Médico Empleado así coma su reglamento. lo anterior basado en lo siguiente: a) Conforme lo establece el Artículo 14 del reglamento de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, el puesto para el cual concurso el demandante es un cargo que debe ser sometido a concurso cada tres años, por lo que dicho cargo es de carácter temporal y no permanente. B) En atención a lo anterior, el acto administrativo fue emitido en cumplimiento a lo que el ordenamiento jurídico ordena. Es decir, el cargo de jefatura es por un periodo determinado de tres años, por lo que, al transcurrir este término se debe emitir el Acuerdo de Cancelación correspondiente. Si bien es cierto el ciudadano Concepción Zuniga Valeriano, inicio su relación laboral con la Secretaria de Salud como Médico Especialista Empleado mediante Acuerdo No. 2389 de fecha 19 de Julio del año 2005, posteriormente, como resultado de haber participado en el Concurso Médico Cerrado No. 1 Año 2009, fue seleccionado en el cargo de Jefe del Programa Nacional de Chagas, siendo nombrado para al efecto mediante acuerdo Ministerial No. 831 de fecha 10 de marzo del año dos mil diez y efectivo a partir del 15 de marzo de 2010. Razón por la cual, en aplicación de la Ley del Estatuto del Médico Empleado en su artículo 7 relacionado con el artículo 14 del Reglamento de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, el nombramiento en dicho cargo administrativo era por tiempo determinado; por lo que el periodo en el cargo de Jefe del Programa Nacional de Chagas ceso el 02 de mayo de 2013. La Ley del Estatuto del Médico Empleado, establece en el artículo 7: ··Toda contratación o nombramiento para la prestación de servicios médicos generales o especializados, bajo la subordinación y dependencia de un empleador natural o jurídico de derecho público o privado, deberá someterse a concurso, sin perjuicio de sus facultades legales para decidir el ingreso, contratación o nombramiento; la entidad empleadora reglamentara dichos concursos oyendo previamente las recomendaciones técnicas del Colegio Médico de Honduras.". Relacionado con dicho precepto legal, se encuentra el artículo 14 del Reglamento de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, en el cual se establece: "Todo Médico para optar a cargos o puestos dependientes se someterá previamente a un concurso, sujetándose en todo lo pertinente a las disposiciones del presente reglamento. En caso de ser un cargo de jefatura, deberá someterse a concurso cada tres años. En los casos de Jefatura obtenidos por concursos externos, si al finalizar su periodo no pudiere ser absorbido por la entidad empleadora, se le dará la indemnización establecida por la Ley. Quedan excluidos de ser sometidos a concurso cada tres (3) años, los siguientes cargos Médicos administrativos: 1) Sub-Director General De Salud; 2) Directores De Programas; 3) Jefe De División; 4) Directores Regionales; 5) Directores De Hospitales; 6) Sub Directores De Hospitales". En vista de lo antes expuesto, Honorables Magistrados, resulta imprescindible determinar que en la indebida aplicación de la norma por parte del Ad Quem, se ha causado un agravio perjuicio a mi representado, el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Salud, por cuanto se le ha dado a la norma aplicada un alcance que no tiene, convirtiendo un cargo administrativo que tiene vigencia determinada por aplicación de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, en un cargo administrativo por tiempo indefinido, en una clara contravención a la ley aplicada para la solución del fondo del asunto, en vista de los cual, es imprescindible, se subsane el error cometido y se case el presente recurso y se emita un fallo ajustado a derecho”. 2.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las razones siguientes: a) carece de claridad y precisión en el concepto de la infracción, ya que no se indica si la infracción es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las disposiciones señaladas como infringidas; b) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación de las pruebas, lo cual resulta ser inapropiado en este extraordinario recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia. 3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. 4.- En resumen, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil, siendo que dicha disposición exige que en la fundamentación de los recursos devolutivos, se debe determinar en todo caso, el perjuicio o agravio sufrido, identificando el vicio o error que lo causa. También precisa recordar a la parte recurrente que el artículo 721 numeral 2) del referido Código, exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear al Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. 5.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303 párrafo segundo, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 701 numeral 1), 704, 716, 717, 720, 721 numeral 2), 723 numeral 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. ALMA CONSUELO GUZMAN GARCÍA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha treinta de octubre del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CA197-2019. Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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