Sentencia CA-169-19 — Registro 12184
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por el demandante, por no ajustarse a Derecho el Acto Administrativo impugnado, consistente en el Acuerdo de cancelación, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que resulta inadmisible el cargo que antecede, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) en su explicación realiza alegatos propios de instancia, sosteniendo confusa y contradictoriamente que: “…dicho extremo de la falta de aplicación de dichos artículos, se puede constatar con la simple lectura de los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida, llamándonos la atención que si fueron utilizados en la fundamentación jurídica contradiciéndose con el fallo proferido, reiterando su no aplicación.."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...".- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de octubre de dos mil veinte, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA y EDGARDO CACERES CASTELLANOS, dictan la siguiente RESOLUCION: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, representado en juicio por la Abogada BRISHELDA ESPERANZA GUEVARA; y, Recurrida: el señor JARIN ALEXANDER FUNEZ, representado en juicio por el Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL. OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial en materia de personal para la nulidad de un acto administrativo, que se reconozca la situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal e injustificada y como medida para el restablecimiento de los derechos, el reintegro al antiguo puesto de trabajo, más el pago de los salarios dejados de percibir, pago de vacaciones, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, bonos y demás derechos que surjan durante el juicio, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el señor JARIN ALEXANDER FUNEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, por medio de la Procuraduría General de la República. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que ha venido desempeñando el cargo de Policía en la Dirección General de la Policía Preventiva (DGPP), dependencia de la Secretaría de Seguridad, siendo nombrado mediante Acuerdo DGPP No.8435-2001 de fecha 08 de julio de 2001; en fecha 31 de enero de 2014, se le hizo entrega al demandante el Acuerdo No.2537-2013 de fecha 30 de diciembre de 2013, en donde el Sub Secretario de Seguridad acordó la cancelación de su nombramiento, sin causa justificada y sin seguir el procedimiento para la cancelación del mismo, ya que la supuesta falta imputada al demandante no amerita dicha cancelación según lo establecido en el artículo 115 párrafo primero de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, lo que evidencia la ilegalidad e injusticia de tal decisión, violentando el Principio de Estabilidad Laboral establecido como Garantía Constitucional en el artículo 129 de la Constitución de la República. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que en ningún momento el despido del demandante fue injusto o ilegal, ni mucho menos violenta la garantía constitucional de la estabilidad laboral como lo pretende hacer creer el demandante, habida cuenta que la Ley Orgánica de la Policía Nacional contempla las justas causas de separación y en el caso de autos está debidamente acreditado que el ahora demandante incumplió las obligaciones o prohibiciones inherentes al cargo como miembro policial jerarquizado y subordinado que debió cumplir al formar parte de la institución policial; cuyas obligaciones se encuentran contempladas en el artículo 24 numerales 3) y 5) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional que claramente expresa: “que; Son Obligaciones de los Miembros de la Policía Nacional las siguientes: 1) ... 2) ... 3) Observar conducta decorosa y apegada a Derecho en el cumplimiento de sus funciones... 5) Proceder con eficiencia y eficacia en el desempeño de sus funciones policiales...”; en el caso de autos, el demandante se encontraba ingerido de bebidas alcohólicas en horas de servicio, dejando de observar la conducta decorosa así como la eficiencia y eficacia con la que debe actuar todo miembro de la Carrera Policial; en consecuencia la emisión del acuerdo de cancelación No.2537-2013 fue dictado conforme a derecho, en observancia al procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico vigente aplicable. 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, D.C., del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por el señor Jarin Alexander Fúnez, por no ajustarse a Derecho el Acto Administrativo impugnado, consistente en el Acuerdo de cancelación N° 2537-2013 de fecha 30 de diciembre de 2013, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y se anula totalmente el mismo por no estar conforme a derecho; reconocimiento de la situación jurídica individualizada del demandante y como medidas necesarias para el pleno y efectivo restablecimiento, se condene a la parte demandada al reintegro del cargo que venía desempeñando el demandante, más el pago de los salarios dejados de percibir y el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, décimo tercer mes, décimo cuarto mes y vacaciones así como otros derechos que le pudieran corresponder, sin costas; bajo el criterio que el acto administrativo objeto del presente caso, consistente en el acuerdo de cancelación N° 2537-2013 de fecha 30 de diciembre del año 2013, fue emitido con evidente exceso de poder al no existir una conexión lógica entre la motivación y la parte dispositiva del acto, ya que tal como consta en autos, específicamente en el folio 67, al demandante se le citó para comparecer a Audiencia de Descargos por el motivo siguiente: “que el día 08 de octubre del 2013, a eso de las 10:00 horas al momento de encontrarse en servicio en la estación Policial de la Colonia Brisas del Valle, y en el instante de ser supervisado fue encontrado ingerido de bebidas alcohólicas”; sin embargo, fue cancelado por despido de su cargo de Policía por acciones subsumidas en el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, tal como consta en el folio 36 de autos, ya que se encontraba en servicio al momento de la inspección, debiéndosele aplicar una sanción distinta, o, en su defecto imputarle una falta distinta a la establecida, incurriendo dicho acto en evidente exceso de poder, el cual tiene coma consecuencia la anulabilidad del mismo. Asimismo, cabe destacar, que la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras estipula el procedimiento a seguir en caso de que algún miembro de la Carrera Policial cometa alguna falta catalogada como grave, específicamente en el artículo 115 de la misma Ley, por lo que, en el caso de autos, se violentó el principio al Debido Proceso, ya que la falta cometida por el demandante no era constitutiva de delito, sin embargo, no consta en el presente expediente Resolución alguna que lo suspenda de sus funciones, viciando, de tal manera, el proceso disciplinario. 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que se puede colegir fácilmente la errónea interpretación de la norma aplicada al caso que nos ocupa por el A-quo, puesto que dicho artículo 115 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, no es aplicable a las causas que provocan el despido directo del servidor, sino solamente cuando se han cometido faltas específicas expresamente dadas en la Ley en comento. Por ende, se desvirtúa el supuesto exceso de poder al alterar el procedimiento en la cancelación de la parte actora. Que el artículo 123 de la Ley de la Policía Nacional de Honduras establece que son faltas graves las siguientes, entre otras: “La embriaguez determinada científicamente”. Que el estado de embriaguez está definido como la alteración transitoria de las condiciones físicas y mentales, causadas por intoxicación aguda que no permite una adecuada realización de actividades de riesgo. Por consiguiente, constituye ser una falta grave la embriaguez determinada científicamente, falta que le corresponde como sanción disciplinaria el despido, conforme a lo establecido en el artículo 119 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras. Que, conforme a las diligencias administrativas, se ha verificado que el objeto del despido, en relación a los hechos acontecidos, obedece a que el demandante fue encontrado en su centro de trabajo ingerido de bebidas alcohólicas, realizándosele la prueba de alcoholemia, misma que salió positiva. Así las cosas, es evidente que no se despidió a la parte actora por la falta grave de haberse comprobado un estado de embriaguez, porque no se encontraba bajo esos efectos, sino que simplemente se le despido por estar ingerido de bebidas alcohólicas. Ante tal disyuntiva es menester hacer acopio a los principios que rigen la potestad sancionadora de la Administración en el ámbito laboral. En consecuencia, el Principio de Tipicidad exige que las acciones u omisiones consideradas como infracciones se delimiten de forma precisa, lo que no hay que entender de manera rígida y absoluta en el sentido de una determinación siempre minuciosa y exhaustiva, puesto que se admite la utilización de cierto margen de apreciación, circunstancia de especial aplicación en el ámbito laboral constituido por prolijas normas definidoras de derechos y obligaciones de los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación. No es posible, sin embargo, extender por vía analógica el ámbito de la infracción aplicando el tipo establecido para una determinada conducta a otra distinta. Concluyendo que los hechos acontecidos en el caso concreto no se enmarcan en las infracciones típicas que establece la Ley, y subsumirlas en el incumplimiento o violación grave de alguna de las obligaciones o prohibiciones establecidas en la Ley, es demasiado vago, general y violenta el principio de tipicidad de la potestad sancionadora. De lo anterior esgrimido es procedente confirmar la resolución que se conoce en apelación, corrigiendo la motivación jurídica relacionada en los apartados anteriores, para darle al fallo la debida fundamentación; lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 728. 2 del Código Procesal Civil. 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada BRISHELDA ESPERANZA GUEVARA, en fecha veintinueve de enero de dos mil diecinueve, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.079-2017, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.068-2014 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha cuatro de febrero de dos mil diecinueve, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, presentó en fecha seis de marzo de dos mil diecinueve, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha once de marzo de dos mil diecinueve, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha quince y veinte de marzo de dos mil diecinueve, los Abogados JOSE ARMANDO ESPINAL y BRISHELDA ESPERANZA GUEVARA, respectivamente. 7.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha diez de abril de dos mil diecinueve, teniendo por personados a los Abogados BRISHELDA ESPERANZA GUEVARA, como recurrente y JOSE ARMANDO ESPINAL, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la sentencia de fecha 04 de diciembre del 2018, por la falta de aplicación de los artículos 126 numeral 1) reformado según Decreto 202-2012, 24 numerales 3) y 5) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, contenida en el Decreto Legislativo No. 67-2008, el cual no fue aplicado al resolver la cuestión de fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: artículos 126 numeral 1) reformado según Decreto 202-2012 y 24 numerales 3) y 5) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, contenida en el Decreto Legislativo No. 67-2008. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha cuatro (4) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: Se impugna la sentencia dictada en fecha 04 de diciembre del 2018 por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, Siendo que la sentencia recurrida, no se consideró lo establecido en los artículos 126 numeral 1), 24 numerales 3) y 5) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, y que se encuentran en la fundamentación legal del acuerdo de cancelación del demandante como acto impugnado, y siendo que dicha normativa, nos atribuye la facultad para cancelar al miembro policial por incumplimiento de una de las obligaciones inherentes a su cargo establecidas en el artículo 24, siendo este el caso que nos ocupa, ya que el demandante con su actuar (estando en servicio en la estación policial de las Brisas del Valle debiendo estar realizando su trabajo operativo en la calle no en la Posta Policial y en el instante de ser supervisado fue encontrado ingerido de bebidas alcohólicas) incumplió las obligaciones establecidas en el Artículo 24 numerales 3) y 5) que expresan: “Son obligaciones de las miembros de la Policía Nacional las siguientes: 1 ... 3) observar conducta decorosa y apegada a Derecho en el cumplimiento de sus funciones, ... 5) proceder con eficacia y eficiencia en el desempeño de sus funciones de trabajo ..”; derivando con ello el Despido Directo establecido en el artículo 126 del mismo cuerpo legal que expresa: “Los miembros de la Carrera Policial podrán ser despedidos de sus cargos, sin responsabilidad para el Estado de Honduras, por cualesquiera de las causas siguientes: 1) incumplimiento o violación grave de alguna de las obligaciones o prohibiciones, establecidas en la presente Ley ...”; dicho extremo de la falta de aplicación de dichos artículos, se puede constatar con la simple lectura de los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida, llamándonos la atención que si fueron utilizados en la fundamentación jurídica contradiciéndose con el fallo proferido, reiterando su no aplicación.” II.- Que resulta inadmisible el cargo que antecede, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) en su explicación realiza alegatos propios de instancia, sosteniendo confusa y contradictoriamente que: “…dicho extremo de la falta de aplicación de dichos artículos, se puede constatar con la simple lectura de los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida, llamándonos la atención que si fueron utilizados en la fundamentación jurídica contradiciéndose con el fallo proferido, reiterando su no aplicación.”III.- En el segundo motivo de casación, el Impetrante expone: “Se impugna la sentencia de fecha 04 de diciembre del 2018, por la falta de Aplicación de los artículos 200, 206 y 208 del Código Procesal Civil como norma supletoria, el cual no fue aplicado al momento de emitir sentencia. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: artículos 200, 206 y 208 del Código Procesal Civil como norma supletoria. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha cuatro (4) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 1 letras c) del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Se impugna la sentencia dictada en fecha 04 de diciembre del 2018 por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, Siendo que en el fundamento de derecho sexto (6) los Honorables Magistrados tienen claro que “la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras diferencia dos tipos de procedimiento disciplinario, uno que se refiere a causas que provocan directamente la sanción del despido, existiendo un procedimiento previo que consiste en otorgar el derecho a la defensa, como ser la audiencia de descargo, y el otro que se refiere al procedimiento disciplinario a causa de las faltas cometidas ...”; confirmando los mismos que al Demandante se le cancelo por Despido directo no por falta al expresar que en el caso del demandante no era aplicable el artículo 115 tal como indicó el A-Quo, citando textualmente lo manifestado por los Honorables Magistrados: “...se puede colegir fácilmente la errónea interpretación de la norma aplicada al caso que nos ocupa, puesto que dicho artículo 115, no es aplicable a las causas que provocan el despido directo del servidor, sino solamente cuando se han cometido faltas especificas expresamente dadas en la Ley”; por lo anterior expresado se puede determinar que en dicha sentencia no existe una conexión 1ógica entre los fundamentos de derecho, tal como se puede evidenciar en el desarrollo del tercer motivo en el presente Recurso. Sumado a ello al concluir dicho fundamento, los Honorables Magistrados señalan lo siguiente: “Por ende, se DERVIRTUA EL SUPUESTO EXCESO DE PODER al alterar el procedimiento en la cancelación de la parte actora”, otorgándonos la razón en cuanto a que no hubo violación al procedimiento realizado al hoy demandante, previo a su Despido debiendo declarar sin lugar la demanda de mérito, revocando la sentencia de primera instancia; sin embargo aun dándonos la razón, en la parte Dispositiva del fallo que resuelve el Recurso de Apelación comete el error de confirmar en su totalidad la Sentencia Definitiva de primera instancia “FALLA: PRIMERO: ...SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha 20 de enero del 2017, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo ...NOTIFIQUESE”; Dejando de aplicar lo dispuesto en los artículos 200 letra c), 206 numeral 1) y 208 numeral 1) del Código Procesal Civil como norma supletoria; 200 CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. a) ... b) ...c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso”; 206.- CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD. 1) Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas…”;208.- CONGRUENCIA. 1) Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito”.”IV.- Que tampoco resulta admisible el anterior cargo, dado que la Impetrante nuevamente incurre en el defecto de instar la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- También se advierte que en su formulación se indica la falta de aplicación de los artículos 200, 206 y 208 del Código Procesal Civil, pero olvidando que dichas disposiciones contienen numerales, los cuales hacen referencia a distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas se dirige el ataque contra el fallo impugnado. V.- En el tercer motivo se sostiene: “Se impugna la sentencia de fecha 04 de diciembre del 2018, por la aplicación indebida del artículo 123 numeral 3), contenido en el Decreto Legislativo No. 67-2008, el cual fue aplicado indebidamente al momento de resolver la cuestión de fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: artículos 126 numeral 1) reformado según Decreto 202-2012 y 24 numerales 3) y 5) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, contenida en el Decreto Legislativo No. 67-2008. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha cuatro (4) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: Se impugna la sentencia dictada en fecha 04 de diciembre del 2018 por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, Siendo que la sentencia recurrida, en su fundamento de derecho séptimo (7), hace referencia al artículo 123 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, mismo que contempla las faltas graves, el cual no es aplicable al caso que nos ocupa, pues la cancelación del hoy demandante obedeció al incumplimiento o violación de las obligaciones que tenía como Miembro Policial enmarcadas en el artículo 24 numerales 3) y 5), dando origen a un despido directo según lo establecido en el artículo 126 numeral 1) del mismo cuerpo legal. Continúan manifestando los Honorables Magistrados en dicho fundamento “Por consiguiente constituye ser una falta grave la embriaguez determinada científicamente, falta que le corresponde como sanción disciplinaria el Despido...”; Cometiendo nuevamente el error en cuanto a la aplicación indebida y llamándonos seriamente la atención que en ese mismo fundamento expresan “... la ingesta de bebidas alcohólicas no está tipificada como una infracción que le corresponda una sanción de Despido...”; contradiciéndose por completo, tipificándola erróneamente al caso del demandante, puesto que reiteramos que con su actuar incumplió obligaciones inherentes a su cargo. Siendo oportuno mencionar que el A-Quo en su fundamento de Derecho Séptimo expresa lo siguiente: “En virtud que está acreditada la causal de despido consistente en: (incumplimiento o violación grave de algunas de las obligaciones o prohibiciones establecidas en la presente Ley, con relación a los numerales 3) y 5 del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional...” y son los Honorables Magistrados quien tipifican erróneamente los hechos en el artículo 123 del mismo cuerpo legal y diremos con todo respeto que la facultad de tipificar hechos le corresponde a esta Secretaría de Estado que es la que aplica el procedimiento administrativo, asimismo es oportuno aclarar que el hecho imputado se refiere a las acciones u omisiones concretas del inculpado y por otro lado en el caso concrete el hecho no constituyo una falta sino el incumplimiento de varias obligaciones que tenía el hoy demandante como Miembro Policial.” VI.- Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) en su explicación realiza alegatos propios de instancia. VII.- Que resuelto lo anterior y por apreciar que existió un error en la fundamentación jurídica por concurrir un vicio o defecto, pero considerando que pese a ello el fallo se encuentra ajustado a derecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 728 numeral 2) del Código Procesal Civil, se procede a corregir la motivación, en el siguiente sentido: el artículo 123 de la Ley de la Policía Nacional de Honduras establece que, entre otras, es falta grave, la embriaguez habitual o el uso de drogas no autorizadas, por lo que tal situación no aparece acreditada en el proceso, más allá del señalamiento de que el actor se encontraba ingerido de bebidas alcohólicas en horas de servicio; lo cual la demandada pretende encuadrar en el incumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 24 numerales 3) y 5) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional que establece: “Son Obligaciones de los Miembros de la Policía Nacional las siguientes: 1) ... 2) ... 3) Observar conducta decorosa y apegada a Derecho en el cumplimiento de sus funciones... 5) Proceder con eficiencia y eficacia en el desempeño de sus funciones policiales...”, pero olvidando que el artículo 126 de dicha normativa, determina que es el incumplimiento o violación grave de tales deberes, lo que puede servir como causa de despido y no simplemente el hecho particular de una conducta inapropiada, que bien pudo haber sido sancionada con proporcionalidad, aplicando otro tipo de medidas disciplinarias. VIII.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. IX.- En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721, 723 numeral 2) letra a), 724 y 728 numeral 2) del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres (3) motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. - NOTIFIQUESE. - FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha treinta de octubre del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CA169-2019. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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