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Sentencia CA-168-19 — Registro 11672

Resumen

En primera instancia se declarando procedente la acción promovida por el demandante, por no ajustarse a Derecho el Acto Administrativo impugnado, consistente en el Acuerdo de Cancelación y se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...". Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) el Recurrente alega falta de aplicación, no existente este tipo de violación en esta metería; b) el precepto autorizante que señala no corresponde a la infracción alegada; y c) insta a la revisión de hechos y del material probatorio, en base a lo establecido en el artículo 720.1) del Código Procesal Civil, no se puede conocer sobre los mismos. .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de agosto de dos mil veinte, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA y EDGARDO CACERES CASTELLANOS, dictan la siguiente RESOLUCION: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, representado en juicio por el Abogado CARLOS ARTURO OLIVERA; y, Recurrida: el señor NERMIN JOEL AVILA VALLECILLO, representado en juicio por el Abogado JESUS SALGADO LUQUE. OBJETO DEL PROCESO: Demanda en materia personal para la nulidad e ilegalidad de un acto administrativo al haberse quebrantado las formalidades esenciales del procedimiento para el despido e incurriendo en exceso de poder, reconocimiento de la situación jurídica individualizada y como medida para el restablecimiento de los derechos, se reintegre al cargo que venía desempeñando y como daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir, así como el pago de los demás derechos otorgados en su ausencia, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el señor NERMIN JOEL AVILA VALLECILLO, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral para la Secretaría de Seguridad como Policía desde el 03 de enero de 2005, nombrado mediante acuerdo DGPP-0220-2005, durante ese tiempo se desempeñó con la debida responsabilidad y honradez. Resulta que sin estar en el ejercicio de sus funciones al haberse incapacitado debido a un accidente de tránsito que sufrió el demandante y como en cualquier matrimonio tuvo problemas con su esposa, acusándole ésta en fecha 05 de abril de 2015 por maltrato físicamente, por lo cual lo llevaron detenido a la ciudad de Danli, finalizando dicho proceso en audiencia inicial. Que, en vista del supuesto delito cometido, la Secretaría de Seguridad citó al demandante a una audiencia de descargo para el día miércoles 29 de abril de 2015 a las 08:00 a.m. a través del cual se le señalan que la referida citación es con el propósito de presentar pruebas en relación al hecho que se le imputa "Agredir físicamente y verbalmente a su madre y a su compañera de hogar al encontrarse en Estado de Ebriedad y por haber sido detenido y denunciado ante la DNIC por los delitos de Violencia Intrafamiliar y Maltrato por Trasgresión por el hecho ocurrido el día 5 de abril de 2015”; como podrá observar, de la simple lectura de la causal que le imputan y por la cual lo han citado audiencia de descargo, se ha violentado lo establecido en el artículo 127 reformado de la Ley Orgánica de la Policía, en vista que en ningún momento han citado al demandante para desvanecer causa alguna, mismas que se encuentran establecidas en el artículo 126 de la Ley de la Policía Nacional, ya que la citación que le han hecho es sobre la supuesta agresión que había cometido, la cual en ningún momento es contemplada por la Ley como causal para ser escuchado en audiencia de descargo, haciendo que dicho acto de cancelación sea nulo por haberse infringido el debido proceso. Que en todo caso la falta que cometió el demandante debió de haberse enmarcado en el artículo 122 numeral 7) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, el cual refiere que son faltas menos graves: 1) ... ; 2) ... ; 3) ... ; 4) ... ; 5) ... ; 6) ... ; 7).- Observar conducta impropia con su familia o en otros actos de la vida social o privada. Por lo que si se hubiera aplicado únicamente de acuerdo al artículo 119 numeral 2) del referido cuerpo legal, una suspensión sin permiso de salida hasta por quince (15) días, observándose que ni aun que se le hubiere aplicado lo que establece la Ley en cuanto a la conducta que mostró el demandante en el seno de su familia, se le podía sancionar mediante el despido ya que únicamente correspondía la suspensión antes referida. Que de igual manera la notificación que se le realizó del acuerdo de cancelación es defectuosa por no contener los requisitos establecidos en el artículo 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en vista que en la misma no se le establece si el acto pone fin a la vía administrativa, el órgano ante el cual se debe de presentar la acción de mérito y el tiempo para realizarlo, por tanto, de acuerdo al artículo 91 del mismo cuerpo legal, dicha notificación defectuosa a surtido efecto con la presentación de esta demanda ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 28 de agosto de 2015. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que es cierto lo manifestado por el demandante que fue nombrado que fue nombrado mediante Acuerdo como Policía No. D.G.P.P.-0220-2005, perteneciente a la Dirección Nacional de Policía Preventiva, asignado a la UDEP No.7 en virtud de haber sido miembro activo de la Policía Nacional, pero fue precisamente la comisión de una falta grave que dio origen a la separación de la Policía Nacional. Si bien es cierto el demandante se encontraba incapacitado por haber sufrido un accidente de tránsito fue en ese transcurso de tiempo que agredió físicamente a su compañera de hogar y su madre por dicho acto fue denunciado y detenido de manera inmediata por miembros de la Policía Nacional, el demandante estaba obligado asimismo a tener un comportamiento digno y honorable de un miembro de la carrera policial cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones tipificada en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, de esta forma se hace notar que el demandante tenía el compromiso a guardar la prudencia ante cualquier circunstancia que se le presentara en su vida personal ya que figuraba como miembro de la Secretaría de Seguridad, en relación con las prohibiciones establecidas en el artículo 33 numerales 1) y 16) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, lo que se subsumió en la comisión de una falta tipificada en el artículo 126 numeral 1) de la misma ley. La demandada citó audiencia de descargo al ahora demandante en estricto cumplimiento a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, teniendo la oportunidad el demandante de presentar los medios de prueba en relación al hecho que se le imputaba lo cual no logró desvanecer en ningún momento en dicha audiencia ya que de acuerdo a las investigaciones realizadas asó como el dictamen legal presentado se pudo comprobar el incumplimiento de sus obligaciones tipificadas en el artículo 24 numeral 2) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional. 3. Que en fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, compareció el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Procurador General de la República, interponiendo escrito de defensas previas, basándose la primera causa de inadmisibilidad la que consiste en: “Que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativo.- Respecto de los actos firmes”, específicamente en el artículo 31 literal a) relacionado con el artículo 80 literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; En cuando a la segunda causa de inadmisibilidad consiste en: “Que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos”, específicamente en el artículo 63 literal a) relacionado con el artículo 80 literal d) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; En cuando a la tercera causa de inadmisibilidad consiste en: “Que se hubiera interpuesto por persona no legitimada”, específicamente en el artículo 14 relacionado con el artículo 80 literal b) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; que en fecha veinte de junio de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución desestimando las Defensas Previas alegadas por la parte incidentista por inexistentes. 4. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por el señor Nermin Joel Ávila Vallecillo, por no ajustarse a Derecho el Acto Administrativo impugnado, consistente en el Acuerdo de Cancelación número 0765-2015 de fecha 14 de julio de 2015, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, por medio del cual se canceló del cargo de Policía de la Dirección Nacional de la Policía Preventiva, mismo que se anula por ser ilegal; reconocimiento de la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se resuelve: Adoptar el reintegro del demandante al cargo que venía desempeñando; Condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, al pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos que le pudieran corresponder como ser, el pago del décimo tercer, décimo cuarto mes de salario, vacaciones y otros beneficios otorgados en su ausencia, sin costas; bajo el criterio que es evidente que la parte demandada a citado audiencia de descargo al demandante por causal no comprendida en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, en vista que estas se encuentran ubicadas en el artículo 126 y en ninguna de ellas se enmarca el aspecto que un policía agreda físicamente o verbalmente a su madre o compañera de hogar. Por otro lado y partiendo del hecho que el demandante ha sido despedido por incumplimiento o violación grave de alguna de las OBLIGACIONES O PROHIBICIONES establecidas en la Ley, para que esta causal exista es necesario que el demandante haya incumplido alguna de las obligaciones o prohibiciones establecidas en el artículo 106 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, y tomando en cuenta que el señor Nermin Joel Avila Vallecillo fue cancelado producto de la causal consistente en haber agredido físicamente y verbalmente a su madre y a su compañera de hogar, la cual se constata que efectivamente no se comprende dentro de esas obligaciones y prohibiciones, por tanto, es evidente que se ha violentando lo referido en el artículo 114 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, ya que este prevé que únicamente se puede despedir a un miembro de la Carrera Policial cuando esté amparado en una de las causas establecidas en esta Ley, y no como en el presente caso que la referida causal no se enmarca en las establecidas en el artículo 126 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional. 5. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que del estudio del expediente se califica que la falta que cometió el demandante se encuentra regulada en el precepto jurídico 122.7 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, pero ante tal aseveración al miembro de la Policía debe seguírsele por parte de la Administración Pública el debido proceso para proceder como medida disciplinaria el despido que fue emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad; es por ende que debe apegarse la Administración Pública con el debido rigor y sujeto sin más ni menos al ordenamiento jurídico plasmado en la Ley, en primera instancia haber escuchado los descargos del inculpado, realizando las investigaciones pertinentes para desembocar en el acuerdo de cancelación número 0765-2015 para con ellos poder aseverar y dar como justificado que no existe ninguna responsabilidad del Estado de Honduras, cuando se haya agotado el procedimiento que la Ley establece, respetando los derechos y garantías constitucionales, para tal efecto se debe notificar al demandante el procedimiento disciplinario, las razones o los hechos que se le imputan y que al no ser desvirtuados o insuficientes darían la aplicación de la sanción enmarcada en la Ley in fine; por lo que si el demandante ha sido despedido por incumplimiento o violación grave de alguna de las obligaciones o prohibiciones establecidas en la Ley debe sujetarse la autoridad nominadora a lo tipificado en el artículo 106 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, razón lógica que consta en autos que no fue por ninguna de las enunciadas en la Ley por lo tanto es evidente que se ha violentado lo referido al artículo 114 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional. Examinados los hechos expuestos en los antecedentes como en la sentencia recurrida hoy apelada es a la luz de la doctrina jurisprudencial recogida en el razonamiento de la misma la desviación de poder, la conclusión de éste Tribunal de Alzada que no puede ser otra que se dio la desviación en el actuar de la administración por infracción a la Ley Orgánica de la Policía de Honduras y porque el procedimiento empleado para efectuar el despido del demandante vulnerando el principio de presunción de inocencia y el de la tutela judicial efectiva encausada en el artículo 90 de la Constitución de la República, supone por consiguiente el uso de una normativa y una actuación de la administración por un fin distinto al previsto en el ordenamiento jurídico. 6. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado CARLOS ARTURO OLIVERA, en fecha veintidós de enero de dos mil diecinueve, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.036-2017, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.0298-2015 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha treinta de enero de dos mil diecinueve, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 7. La representación procesal de la parte recurrida, Abogado JESUS SALGADO LUQUE, presentó en fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha doce y trece de marzo de dos mil diecinueve, los Abogados CARLOS ARTURO OLIVERA y JESUS SALGADO LUQUE, respectivamente. 8. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha once de abril de dos mil diecinueve, teniendo por personado al Abogado CARLOS ARTURO OLIVERA, como recurrente y por precluido el plazo concedido y dejado de utilizar por el Abogado JESUS SALGADO LUQUE, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la sentencia recurrida, de fecha 27 de septiembre del 2018, por la falta de aplicación de los artículos 24 numeral 2, 33 numeral 1), 16) y 126 numeral 1) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional contenida en el Decreto Legislativo número 67-2008, en relación que debió ser empleado para resolver la cuestión de fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: artículo 24 numeral 2, 33 numerales 1) y 16) y 126 numeral 1), de la Ley Orgánica de la Policía Nacional contenida en el Decreto Legislativo número 67-2008, por falta de aplicación, que ha debido emplearse para resolver la cuestión de fondo del litigio. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 27 de septiembre del 2018, excepto en cuanto a disponer "sin costas". PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: Siendo que en sentencia recurrida no se consideró lo establecido en los artículos número 24 numeral 2), 33 numerales 1), 16) y 126 numeral 1) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional contenida en el Decreto Legislativo número 67-2008 y que se encuentra en la fundamentación legal del acuerdo de cancelación número 0765-2015 de fecha 14 de julio del 2015, Ley que nos asiste para la emisión del acuerdo de cancelación del señor Nermin Joel Ávila Vallecillo, acto éste que fue dictado en base a las disposiciones que dejó de aplicar el Tribunal de alzada las cuales literalmente preceptúan lo siguiente: “ARTICULO 24 son obligaciones de los miembros de la Policía Nacional 1) ... 2) observar en todo momento el debido profesionalismo, debiendo actuar con prudencia, dignidad y honorabilidad en su vida pública y privada" en relación con las prohibiciones establecidas en el artículo 33 numerales 1), 16), de la misma ley que disponen “ARTICULO 33 se prohíbe a los miembros de la Policía Nacional 1) realizar cualquier actuación que conlleve abuso, arbitrariedad o uso excesivo de la fuerza; 16) realizar cualquier otro acto prohibido por la constitución de la república, los tratados y convenciones internacionales vigentes en honduras, la presente u otras leyes y reglamentos vigentes en el país" lo que se subsumió en la aplicación de lo establecido en el artículo 126 numeral 1) de la ley orgánica de la Policía Nacional que establece. "ARTICULO 126 los miembros de la carrera policial podrán ser despedidos de sus cargos, sin responsabilidad para el estado de honduras, por cualquiera de las causas siguientes: 1) por incumplimiento o violaci6n grave de alguna de las obligaciones o prohibiciones, establecidas en la presente ley;". norma jurídica sobre la cual el Tribunal sentenciador no vertió ningún pronunciamiento, con relación a estos artículos, que refleje la razón o inaplicabilidad de los mismos. Puede ser que para el Juez no existan razones fundadas para la cancelación, pero es 1ógico si omite lo establecido en los artículos 24 numeral 2), 33 numerales 1) y 16) y 126 numeral 1) relacionado, dicha omisión es una rebeldía del Juzgador en aplicar la norma jurídica que regula el caso concreto, lo que lo lleva a establecer conclusiones al margen de la ley, por lo que procede casar la sentencia recurrida. En su lugar el Tribunal de Alzada aplica en forma indebida interpretando erróneamente la aplicación de los artículos 122 numeral 7), 106, 114 y 126 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional contenida en el Decreto Legislativo 67-2008 para decidir sobre el fondo del litigio”. II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) el Recurrente alega falta de aplicación, no existente este tipo de violación en esta metería; b) el precepto autorizante que señala no corresponde a la infracción alegada; y c) insta a la revisión de hechos y del material probatorio, en base a lo establecido en el artículo 720.1) del Código Procesal Civil, no se puede conocer sobre los mismos. III. Que el Recurrente en un segundo motivo arguye: “Se impugna la sentencia recurrida, de fecha 27 de septiembre del 2018, por aplicación indebida de los artículos número 122 numeral 7), 106, 114 y 126 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, contenida en el Decreto Legislativo 67-2008, empleado para resolver la cuestión de fondo. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículos 122 numeral 7), 106, 114 y 126 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional contenida en el Decreto Legislativo 67-2008, normas que al ser aplicadas indebidamente conllevaron a que la solución sobre el fondo del litigio no fuera conforme a ley. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha 27 de septiembre del 2018. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Mi representado despidió al ahora demandante, Nermin Joel Ávila Vallecillo por incumplimiento o violación grave de alguna de las obligaciones o prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de la Policía Nacional contenida en el Decreto Legislativo 67-2008, quedando plenamente acreditado en el presente caso de autos que el actor de la demanda INCUMPLIO UNA DE LAS ABLIGACIONES QUE TENIA AL SER MIEMBRO DE LA POLICIA NACIONAL Y QUE ESTABA OBLIGADO A CUMPLIR DENTRO DE ELLAS SE ENCUENTRA EL OBSERVAR EN TODO MOMENTO EL DEBIDO PROFESIONALISMO DEBIENDO ACTUAR CON PRUDENCIA DIGNIDAD Y HONORABILIDAD EN SU VIDA PUBLICA Y PRIVADA. DE IGUAL FORMA INCURRIO EN DOS DE LAS PROHIBICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL, COMO SER: REALIZAR CUALQUIER ACTUACION QUE CONLLEVE ABUSO, ARBITRARIEDAD 0 USO EXCESIVO DE LA FUERZA; ASI COMO REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO PROHIBIDO POR LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, por haber agredido físicamente y verbalmente el día domingo 05-04-2015 a su madre la señora Francisca Verónica Vallecillo Quintanilla y a su compañera de hogar la señora Jenny Elizabeth Núñez Vindel, al encontrarse en estado de ebriedad lo que trajo secuelas al ser detenido y denunciado ante la DNIC por los delitos de violencia intrafamiliar y maltrato por trasgresión hecho que no pudo desvirtuar en la audiencia de descargo que se le practicó, por dicha conducta el servidor policial fue cancelado de su respectivo cargo, por violación de las obligaciones y prohibiciones como miembro de la carrera policial, y con fundamento en los artículos artículo 24 numeral 2; 33 numerales 1) , 16); y 126 numeral 1) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional contenida en el Decreto Legislativo 67-2008. No obstante el Tribunal Sentenciador confirmo la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo que declaro procedente la acción promovida por el señor Nermin Joel Ávila Vallecillo, anulando el acto administrativo impugnado, adoptando la medida de reintegrar al demandante a su cargo de policía de la Dirección Nacional de la Policía Preventiva, con fundamento en el artículos 122 numeral 7), 106, 114 y 126 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional contenida en el Decreto Legislativo 67-2008, estimando la infracción del demandante "coma una causal que no se encuentra comprendida en la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, en vista que no se encuentra ubicada en el artículo 126 un despido a su cargo sin responsabilidad para el Estado de honduras, por lo que si el demandante ha sido despedido por incumplimiento o violación grave de alguna de las obligaciones o prohibiciones establecidas en la ley debe sujetarse la autoridad nominadora a lo tipificado en el artículo 106 in fine, razón lógica que consta en autos que no fue por ninguna de las enunciadas en la ley, por lo tanto es evidente que se ha violentado lo referido al artículo 114 de la ley el cual no se encuentra enmarcado en las establecidas en el artículo 126 de la ley especial." Pero tal disposición ha sido aplicada indebidamente también por el Tribunal Ad Quem, ya que los artículos mencionados disponen faltas menos graves y cuando procede el despido. En el caso del demandante estos artículos no se aplican, ya que el policía Nermin Joel Ávila Vallecillo se le canceló de su cargo por incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones como miembro de la Carrera Policial siendo tal incumplimiento causal de despido sin responsabilidad para el Estado de Honduras. En consecuencia, de esta aplicación indebida el Tribunal Ad Quem dejó de aplicar la norma jurídica que si regula el presente caso, y debió aplicar los artículos número 24 numeral 2); 33 numeral 1) y 16); 126 numeral 1) del mismo cuerpo legal que literalmente dispone: “ARTICULO 24 son obligaciones de los miembros de la Policía Nacional 1)... 2) observar en todo momento el debido profesionalismo, debiendo actuar con prudencia, dignidad y honorabilidad en su vida pública y privada” en relación con las prohibiciones establecidas en el artículo 33 numerales 1, 16., de la misma ley “ARTICULO 33 se prohíbe a los miembros de la Policía Nacional 1) realizar cualquier actuación que conlleve abuso, arbitrariedad o uso excesivo de la fuerza 16) realizar cualquier otro acto prohibido por la constitución de la república, los tratados y convenciones internacionales vigentes en honduras, la presente u otras leyes y reglamentos vigentes en el país” el acto impugnado se subsumió en la aplicación de lo establecido en el artículo 126 numeral 1 de la ley orgánica de la Policía Nacional. “ARTICULO 126 los miembros de la carrera policial podrán ser despedidos de sus cargos, sin responsabilidad para el estado de honduras, por cualquiera de las causas siguientes: 1) por incumplimiento o violación grave de alguna de las obligaciones o prohibiciones, establecidas en la presente ley;”. Por estas razones es que la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha 27 de septiembre del 2018 debe ser CASADA por la Honorable Corte Suprema de Justicia”. IV. Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) insta la revisión de los hechos, la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) hace alegatos inoportunos en su explicación. V. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos o causas que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace merito, en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los diez días del mes de diciembre del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de agosto del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CA168-19”. Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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