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Sentencia CA-149-19 — Registro 11671

Resumen

En primera instancia dicto sentencia definitiva declarando Procedente la acción incoada por los demandantes, por no ajustarse a derecho los actos administrativos impugnados, bajo el criterio Al estudiar la presente causa observamos que no existe documento alguno que acredite que a los ahora demandantes se les realice evaluación que determine que su desempeño en el puesto ha sido irregular y con ello ser considerados servidores públicos que pueden ser cancelados por cesantía

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad  permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. IV. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente...."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de agosto de dos mil veinte, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA y EDGARDO CACERES CASTELLANOS, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS representado en juicio por la Abogada MARIA ANGELA DOMINGUEZ VELASQUEZ; y, Recurrida: PAULA MARLENE VALLADARES, OLMAN ADAN ROZALES GOMEZ, CRISTINA VASQUEZ UCLES, SARA ESPERANZA ROMERO MARTINEZ, representados en juicio por el Abogado DARIO JOSUE VILLALTA. OBJETO DEL PROCESO: que se declare la nulidad de un acto administrativo, que se anule totalmente el mismo, que se reconozca la situación jurídica individualizada y para medida de pleno restablecimiento de su derecho se ordene el reintegro al cargo que ocupaban los demandantes, más el pago de los salarios dejados de percibir, promovido por PAULA MARLENE VALLADARES, OLMAN ADAN ROZALES GOMEZ, CRISTINA VASQUEZ UCLES y SARA ESPERANZA ROMERO MARTINEZ, representados en juicio por el Abogado DARIO JOSUE VILLALTA en contra del ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la República, por actuaciones de Instituto de la Propiedad. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su demanda que los demandantes iniciaron la relación laboral con la demandada de la siguiente manera: PAULA MARLENE VALLADARES ORDONEZ, en fecha 04 de junio de 2006, pero en fecha 01 de septiembre de 2009, mediante acuerdo 219-2009 se nombró en el cargo de Conserje, devengando un salario de L. 8,500.00; OLMAN ADAN ROSALES GOMEZ, en fecha 02 de mayo de 2007 mediante acuerdo 174-2007, se nombró en el cargo de Receptor Auxiliar 1, devengando un salario de L.24,500.00; CRISTIANA VASQUEZ UCLES, en fecha 01 de noviembre de 2006, pero en fecha 01 de septiembre de 2009 mediante acuerdo 217-2009, se nombró en el cargo de Extractadora, devengando un salario de L. 19,200.00; SARA ESPERANZA ROMERO MARTINEZ, en fecha 01 de marzo de 2007, pero en fecha 01 de septiembre de 2009 mediante acuerdo 357-2009, se nombró en el cargo de Calificador 11, devengando un salario de L.13,250.00. Que los Acuerdos antes relacionados sus originales se encuentran en el respectivo expediente de personal que lleva el Instituto de la Propiedad para cada trabajador. Resulta que en fecha 05 de febrero del presente año, se les notificó que, a partir de esa fecha, quedaban cancelados de sus puestos de trabajo, en base a los acuerdos siguientes: PAULA MARLENE VALLADARES ORDONEZ, acuerdo número DGRCYG-078/2015 DIRECCION GENERAL DE REGISTROS, CATASTRO Y GEOGRAFIA. INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; OLMAN ADAN ROSALES GOMEZ, acuerdo número DGRCYG-076/2015 DIRECCION GENERAL DE REGISTROS, CATASTRO Y GEOGRAFIA. INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; CRISTIANA VASQUEZ UCLES, acuerdo número DGRCyG-029/2015 DIRECCION GENERAL DE REGISTROS, CATASTRO Y GEOGRAFIA. INSTITUTO DE LA PROPIEOAD; SARA ESPERANZA ROMERO MARTINEZ, acuerdo número DGRCYG-083/2015 DIRECCION GENERAL DE REGISTROS, CATASTRO Y GEOGRAFIA. INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; acuerdos todos de fecha 04 de febrero de 2015. Resulta, que los demandantes fueron cancelados por cesantía en base a lo que dispone la ley de Servicio Civil en su artículo 53 relacionado con los artículos 278, 279, 280 y 281 del mismo cuerpo legal, y que previo el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad fue autorizado mediante el Decreto Ejecutivo PCM 046-2014. Que el Instituto de la Propiedad es un ente desconcentrado de la Presidencia de la República, tendrá personalidad jurídica según lo dispone el artículo 4 de la Ley de creación, Decreto 82-2004, en base a lo anterior la norma jurídica que regula las relaciones laborales es la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. La cancelación de los demandantes es ilegal por las siguientes razones: A) No se consultó a la Dirección de Servicio Civil, si procedía o no, justificando las causales de la cancelación. B) Tampoco notificó por escrito a la Dirección General, los empleados que serían cesanteados, con los cargos de estos y con la acción de personal. C) De igual forma, tampoco se hizo la evaluación periódica de las empleadas tomando en cuenta los años de servicio de cada uno de ellos y peor aún la condición de ser padres de familia, tampoco se le dio cumplimiento de la notificación con siete (7) días de anticipación para optar a un reingreso, es evidente entonces que la cancelación no está conforme a derecho., el hecho que el Instituto de la Propiedad no haya incorporada a la Dirección General de servicio, no significa de que está facultada para incumplir la normativa jurídica, al contrario, el no incorporarse lo hace con el propósito de evadir la responsabilidad que manda la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, esto nada más coma una figura disuasiva para que no puede evadir una responsabilidad, en tal sentido el Instituto de la Propiedad, por mandato de ley está obligado a seguir lo que manda la ley de Servicio Civil y Reglamento, de lo contrario las cancelaciones que no están conforme a derecho. Los acuerdos de cancelación por cesantía notificados, no establecen si es a) Por reducción forzosa de servicios de personal o de personal por razones de orden presupuestario; y, b) Reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. En tal sentido el acto administrativo no se encuentra apegado a derecho, y violenta de esta forma el derecho a la defensa, en vista de que si no se establece cuál de los dos supuestos del artículo 53 de la Ley de Servicio Civil es el que se está aplicado no puedo presentar prueba sobre la supuesta causal que originó la cancelación ya que en Derecho no se trata de adivinar, sino que el patrono debe de establecer con claridad la causas que origina la cancelación objeto. la cancelación de un acuerdo de nombramiento y en toda relación laboral debe de existir la buena fe de principio a fin y debe de establecerse con claridad la causal que motiva al funcionario público a cancelar el acuerdo de nombramiento del servidor público, esto con el propósito que pueda hacer plena defensa de la supuesta falta que se le imputa, como ya se dijo aquí se violentó este derecho por ende el acuerdo de cancelación no se encuentra ajustado al principio de legalidad. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que los demandantes, fueron notificados el 5 de febrero del 2015 de la cancelación de sus puestos, mediante los acuerdos respectivos, todos empleados de la Dirección General de Registro, Catastro y Geografía del Instituto de la Propiedad. Si bien el reglamento Instituto de la Propiedad, en su artículo 1, señala lo siguiente: "El presente Reglamento de personal del Instituto de la Propiedad, regula las condiciones de trabajo a que deberán sujetarse el Instituto de la Propiedad (IP), los servidores y funcionarios dentro de la clasificación de tales que el mismo contrate para la prestación de sus servicios, en cada una de las dependencias, en el territorio nacional". Es por ello que no es aplicable en este caso la Ley de Servicio Civil, así como lo argumenta, pues ya formaban parte del Instituto de la Propiedad, por lo que se entiende que están regulados por el referido Reglamento de Personal, ya que es un régimen especial aplicado a dichos empleados, por lo que no es permisible que los ahora demandantes aleguen en su demanda que están regidos por la Ley del Servicio Civil, a sabiendas de la existencia del reglamento a que estaban sujetos. El artículo 84 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, señala que este, no está incorporado a la Dirección General del Servicio Civil y que por lo tanto no será necesario el dictamen del Consejo de Servicio Civil, sin embargo antes de la cancelación por cesantía deberá tenerse la autorización del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad el Decreto Ejecutivo PCM-046-2014, autoriza al Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad para que proceda a realizar la reestructuración de dicha Institución, pudiendo suprimir, reunir, crear o reorganizar sus dependencias; quedando también facultado para descentralizar, desconcentrar o tercerizar los servicios que presta, como consecuencia de ello y en sesi6n ordinaria numero dos (002-2015) celebrada el día 28 de enero del ario 2015, el Consejo directivo Acordó de manera unánime aprobar la reestructuración del Instituto de la Propiedad en todas sus direcciones, dándole prioridad a las direcciones que así lo ameriten, siendo el caso de la Dirección de Registros, Catastro y Geografía. Que para dar cumplimiento a esa modernización y simplificación era necesaria una reestructuración de la Dirección General de Registros, Catastro y Geografía a través de una cesantía, para lo cual se consideró el desempeño de los puestos y los anos de servicios en la Administración Pública. En los acuerdos de cancelación de los demandantes se especifica claramente que la cesantía se da por reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. Como consecuencia de lo anterior y siguiendo con la re ingeniería del sistema de reestructuración autorizada por el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, dichos acuerdos señalan que es facultad del Director General de Registros, Catastro, Geografía, nombrar y remover el personal a su cargo; en este mismo orden de ideas, se cancelaron a los demandantes, siguiendo la normativa legal vigente que rige al Instituto de la Propiedad, observando el procedimiento establecido y sin infracción a ninguna ley, ni mucho menos haberse violentado el derecho a la defensa; además de estar expresada en los acuerdos de cancelación la razón de los mismos. En este mismo orden de ideas es precise recalcar que el artículo 84 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, señala que dicho instituto no está incorporado a la Dirección General del Servicio Civil y que por lo tanto no será necesario el dictamen del Consejo de Servicio Civil, sin embargo antes de la cancelación por cesantía deberá tenerse la autorización del Consejo directiva del Instituto de la Propiedad; por lo que es entendible también que los empleados del Instituto de la Propiedad están sujetos al Reglamento de Personal vigente en donde le es aplicable a todas las personas que ejecuten labores bajo la direcci6n de este, tal y como lo disponen los artículos 1 y 2 de dicho reglamento. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de mayo del dos mil dieciséis, dicto sentencia definitiva declarando Procedente la acción incoada, por no ajustarse a derecho los actos administrativos impugnados, se proceda a reconocer la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento adoptar el reintegro de los demandantes, más el pago de los salarios dejados de percibir, sin costas, bajo el criterio siguiente: Al estudiar la presente causa observamos que no existe documento alguno que acredite que a los ahora demandantes se les realice evaluación que determine que su desempeño en el puesto ha sido irregular y con ello ser considerados servidores públicos que pueden ser cancelados por cesantía, así como también, no se les tomo en cuenta los años de servicio en la Administración Pública, ya que no existe documento alguno que acredite algo al respecto. Por lo anterior ha quedado debidamente probado que la Autoridad Nominadora para prescindir de sus servicios no tomo en cuenta su desempeño y los años de servicio en la Administración Pública, por tanto, ese actuar ha hecho que los actos sean nulos, en vista que fueron emitidos prescindiendo total y abuso del procedimiento legal establecido. De igual manera se observa que la Autoridad Nominadora violento lo establecido en el artículo 84 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, en virtud que no se encuentran acreditados al presente proceso los dictámenes que debieron de emitir los Directores de las Direcciones del Instituto de la Propiedad involucradas en conjunto con la Dirección legal y la Subgerencia de Recursos Humanos, en vista que lo único existente y que tiene relación con lo señalado, es el Decreto Ejecutivo PCM-046- 2014, pero este si bien es cierto señala en su segundo considerando que existe el dictamen que se requiere para que el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad autorice la cancelación por cesantía, no es menos cierto que en la presente causa no existe documento alguno que acredite la existencia de los mismos, lo que demuestra que no se acreditaron en el juicio elementos indispensables que debe de cumplir la Autoridad Nominadora para prescindir de las servicios de los afectados por la cesantía, haciendo que dicho acto sea nulo al infringir el ordenamiento Jurídico, ya que no se realice el procedimiento tal como lo establecen los artículos 84 y 85 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad. 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintiséis de enero del dos mil dieciocho, dictó sentencia, CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio: Del análisis del juicio concreto, el Decreto Ejecutivo PCM 046-2014 vigente a partir de septiembre del 2014, el cual contiene la autorización del Presidente de la República en Consejo de Ministros, para que el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad proceda a realizar la reestructuración de dicha institución, pudiendo suprimir, reunir, crear o reorganizar sus dependencias; quedando facultado para, entre otros: "Realice las contrataciones o acuerdos institucionales necesarios para obtener los recursos suficientes para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales que deban ser canceladas como producto de la reestructuración administrativa que se lleva a cabo en el instituto". En ese orden de ideas los demandantes fueron cancelados a través de la figura de la cesantía y con fundamento en la reestructuración administrativa antes mencionada; recuérdese que la figura de la cesantía está contemplada y se autoriza a través del artículo 53 de la Ley de Servicio Civil, que permite cesantear a los servidores públicos por dos excepciones calificadas, como ser: Reducción Forzosa de Servicios de personal por razones de orden presupuestario; y, Reducción de Servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa; figuras que le preceden una serie de requisitos y procedimientos. No obstante, lo dispuesto en la Ley de Servicio Civil, norma mínima que regula la relación de servicios, en el caso que nos ocupa, por ser el IP un órgano desconcentrado se integra a regular la relación de servicio de los servidores del IP, el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, que es la que tiene preeminencia de aplicación por ser la norma especial. En ese sentido dicho Reglamento enumera requisitos que, aun y cuando la autoridad nominadora esté autorizada para realizar la reestructuración administrativa, debe de agotar, realizar para poder válidamente prescindir de los servidores públicos mediante la figura de la cesantía. Conforme a lo establecido en el artículo 83, 84 y 85 del mencionado Reglamento, antes de proceder a cancelar a un servidor público que labora para el Instituto de la Propiedad, mediante la figura de la cesantía, deberá tener la autorización del Consejo Directivo del IP, previo dictamen de las Direcciones involucradas en conjunto con la Dirección Legal y la Subgerencia de Recursos Humanos, si este dictamen expresa una opinión contraria no podrá continuarse con el procedimiento, además se tendrá que valorar y tomar en cuenta dos circunstancia de los servidores, como ser: el desempeño del empleado en el puesto y los años de servicio en la administración pública. Por consiguiente conforme a la actividad revisora de los órganos jurisdiccionales de lo Contencioso Administrativo, después del examen minucioso de cada uno de los expedientes administrativos de los demandantes con sus respectivos acuerdos de cancelación, se determina, al igual que la conclusión a la que ha arribado el Juzgado de Primera Instancia, que no se cumplieron con los requisitos, tramites o procedimientos previos que establece el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, para prescindir de los servicios de los demandantes a través de la figura de la cesantía, extremo que conlleva la nulidad de los actos administrativos por haber sido emitidos en abierta infracción al ordenamiento jurídico, en franca violación al principio de legalidad. Los órganos y entidades de la Administración Pública no podrán: Ejecutar actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías reconocidos por la Constitución de la República. La Administración Pública está sometida a la Jerarquía Normativa, por lo que al emitir sus actos administrativos debe tener por finalidad lograr una pronta y efectiva satisfacción del interés general, al no observarse dichas disposiciones legales y finalidad el acto administrativo impugnado es nulo. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superior a ella. 5. La representación procesal de la parte recurrente, la Abogada, MARIA ANGELA DOMINGUEZ VELASQUEZ, en fecha trece de marzo del dos mil dieciocho, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha veintiséis de enero del dos mil dieciocho, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación 07-17, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente 83-15 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha quince de marzo del dos mil dieciocho, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo respectivamente. 6. Se declaró precluido en fecha el termino señalado para la contestación del recurso de casación la parte recurrida, el Abogado DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, presentó en fecha diez de septiembre del dos mil dieciocho, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha cuatro de diciembre del dos mil dieciocho el Abogado DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA y en fecha treinta de enero del año dos mil diecinueve la Abogada WALLESKA CAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO. 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veinte de junio del dos mil diecisiete, teniendo por personados a la Abogada WALLESKA CAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO como recurrente y al Abogado DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “CAUSAL Y EXPRESION DEL UNICO MOTIVO DE CASACION. igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el Articulo 719 numeral 2, del Código Procesal Civil, el que manda: Se podrá impugnar la aplicación e interpretación igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS POR EL AD-QUEM PARA LA SOLUCION DE FONDO DEL LITIGIO. Las normas de derecho aplicadas por el AD-QUEM para la solución Del fondo del litigio, son las contenidas en los artículos 1, 2 letra a), 7 letra b), c) 9, 89, 90, 129 letra c), y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 14 numeral 1,2 y 3 de la ley de Propiedad y de su Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad; 8 de la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos. EXPLICACION DE LA VIOLACION. La Corte Sentenciador sustento o fundamento su fallo, básicamente en el numeral QUINTO (5) el cual se lee: conforme a lo establecido en el artículo 83,84 y 85 del mencionado Reglamento, antes de proceder a la cancelar a un servidor público que labora para el Instituto de la Propiedad, mediante la figura de la cesantía, deberá tener la autorización del Consejo directivo del IP, previo dictamen de la Dirección involucradas en conjunto con la Dirección Legal y la Subgerencia de Recursos Humanos, si este dictamen expresa una opinión contraria no podrá continuarse con el procedimiento, además se tendrá que valorar y tomar en cuenta dos circunstancias de los servidores, coma ser: el desempeño del empleado en el puesto y las arias de servicio en la administración pública. Por consiguiente, conforme a la actividad revisora de los órganos jurisdiccionales de lo Contencioso administrativa pues del examen minucioso de cada uno de los expedientes administrativos de las demandantes con sus respectivos acuerdos de cancelación, se determina, al igual que las conclusiones a la que ha arribado el Juzgado de primera Instancia, que no se cumplieron con los requisitos, tramites o procedimientos previos que establece el Reglamento de personal del instituto de la Propiedad, para prescindir de los servicios de las demandantes a través de la figura de la cesantía, extremo que conlleva la nulidad de los actos administrativos por haber sido emitidos en abierta infracción al ordenamiento jurídico, en franca violación al principio de legalidad. Los honorables magistrados no establecieron cuales son los requisitos del procedimiento que supuestamente fueron inobservados par parte de la autoridad nominadora al momento de la separación de los cargos de las demandantes señores(a) Paula Marlene Valladares Ordoñez, Olman Adán Rosales Gómez, Cristina Vásquez Ucles y Sara Esperanza Romero Martínez, para lo cual la sentencia es ambigua y carente de claridad par no establecer las supuestas violaciones al procedimiento. Observancia al art. 5 # 1 de la ley de la propiedad en concordancia con lo preceptuado en art 14 # 3 de la citada ley, En vista, que las normas jurídicas comprenden la Constitución de la Republica, LOS Tratados internacionales, la ley general, la ley especial (SIENDO LA LEY DE LA PROPIEDAD UNA LEY ESPECIAL CREADA MEDIANTE DECRETO LEGISLATIVO NO. 82-2004), los Reglamentos, la costumbre, los principios generales del derecho y la jurisprudencia emanada exclusivamente de la Corte Suprema de Justicia. En adición, el Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y Competencias del 8 Poder Ejecutivo, Establece Que Sin Perjuicio De Lo Que Las Leyes Dispongan {lo negrita y subrayado es nuestro), el personal del instituto de la Propiedad está sujeto al Reglamento de Personal del instituto de la Propiedad así mismo la Ley de Propiedad crea el Instituto de la Propiedad como un ente desconcentrado de la Presidencia de la República, en consecuencia el personal del Instituto de la Propiedad, este sujeto al Reglamento de Personal. Honorable Corte Suprema de Justicia. 1.- que la Honorable Corte de Apelaciones Violento el procedimiento según sus considerandos que contiene dicha sentencia por no estar ajustada a derecho par LA FORMA Y CONTENIDQ de acuerdo al Artículo 719 inciso c), del Código Procesal Civil, por no ser ciertos ni congruentes sus argumentos 2.- Que el Nuevo Código Procesal Civil establece en su Artículo 206 de los Requisitos internos de la sentencia deben contener: CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD en el numeral 1).- las sentencias deben ser claras precisas y exhaustivas; asimismo establece en el Articulo 207 numeral 2) la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. En el Artículo 208 del C6digo Procesal Civil: CONGRUENCIA: 1) Las Sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.- De todo lo anterior Honorables Magistrados, se concluye que la "DEMANDA QUE SE SOLICITA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE PERSONAL CONSISTENTE EN LOS ACUERDOS DE CANCELACION DE LOS DEMANDANTES; Promovida por los señores (a) PAULA MARLENE VALLADARES ORDONEZ, OLMAN ADAN ROSALES GOMEZ, CRISTINA VASQUEZ UCLES Y SARA ESPERANZA ROMERO MARTINEZ, y que dictara Sentencia el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el di a treinta y uno (31) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), asimismo EN LA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO dicta sentencia de fecha veintiséis (26) de enero del ario dos mil dieciocho (2018), debe ser declarada LA NULIDAD ABSOLUTA, ya que por su contenido esta fuera y completamente de ser cierto los hechos que constan en el expedientes tanto en la demanda coma en su pieza conocida en apelación, por lo que dicha sentencia lo que demuestra es un total desconocimiento de la ley por parte de los Honorables Magistrados y total inobservancia del contenido de la demanda y lo que se pretende de la misma.- La Sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso administrativa de fecha veintiséis (26) de enero del ario dos mil dieciocho (2018), Honorables Magistrados, tiene que ser anulada, ya que la misma carece de veracidad y adolece de contradicci6n en su contenido en relación a los hechos establecidos en la demanda y comprobados que constan en el expediente de merito CONCLUSION: Con los medios de prueba aportados y evacuados y con los fundamentos de derecho en que se basó la defensa, se acredito fehacientemente, el acto impugnado se encuentra apegado a derecho y que se utilizó causa regla valida y que se siguió el procedimiento legal establecido en el Reglamento de Personal del instituto de la Propiedad y el Decreto Ejecutivo PCM-046-2014 para la cancelaci6n de los empleados y servidores del IP; asimismo que es evidente que la presente sentencia carece de fundamentos y argumentaciones válidos para que se lleve a cumplimentar la misma.” II.- Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) si bien en la formulación se indica que se impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio y el precepto autorizante lo señala comprendido en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, en su explicación ataca el fallo por su forma y contenido; b) no es claro ni preciso en el señalamiento de las normas infringidas, limitándose a citar todas las disposiciones aplicadas en la sentencia impugnada; y, c) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. III.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. IV. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los doce días del mes de noviembre del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de agosto del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CA149-2019.” Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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