Sentencia CA-148-19 — Registro 12178
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción incoada por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado mediante el cual se le cancela de su puesto de Auxiliar Administrativo, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
,.."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión: a) Se omite el concepto de la infracción, es decir, si es falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) Se omite formular una proposición jurídica completa, señalándose varias disposiciones, pero sin establecer con claridad cuáles son las infringidas o en su caso relacionadas; c) Se omite el pronunciamiento que se impugna; d) Omite el precepto autorizante resultan inadecuado para sustentar el motivo; e) En todo lo expuesto se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual le es vedado a este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil.."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión: a) Se omite el concepto de la infracción, es decir, si es falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) Se omite formular una proposición jurídica completa, señalándose varias disposiciones, pero sin establecer con claridad cuáles son las infringidas o en su caso relacionadas; c) Se omite el pronunciamiento que se impugna; d) Omite el precepto autorizante resultan inadecuado para sustentar el motivo; e) En todo lo expuesto se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual le es vedado a este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil.."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que el cargo que antecede resulta inamisible a razón de lo siguiente: a) Que insta la revisión de los hechos, la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de octubre de dos mil veinte, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA Y EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada LIDIA CAYETANO BERNARDEZ, y, Recurrido: El señor DEYVI FRANCISCO FONSECA GALO, representado en juicio por el Abogado OSCAR EDUARDO LAGOS RAUDALES. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria para que se decrete la nulidad de un acto administrativo presunto no manifestado por escrito, de carácter particular en materia de personal, por no ser el mismo conforme a derecho, que se reconozca la situación jurídica individualizada de despido indebido, ilegal e injustificado; que se adopten como medidas para el pleno restablecimiento de su derecho subjetivo, el reintegro a su puesto de trabajo o a uno de igual o similar características y naturaleza, además de los salarios, vacaciones, bonos, decimotercer mes, decimocuarto mes y demás derechos laborales dejados de percibir desde la fecha del despido ilegal hasta la fecha del reintegro, costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor DEYVI FRANCISCO FONSECA GALO, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA; por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS). ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició la relación de trabajo con el demandado (PRAF), el 05 de julio del 2010, nombrado en el cargo de Auxiliar Administrativo, siendo su último salario mensual la cantidad de L.12,665.00; Institución del Estado, la cual mediante Decreto Ejecutivo emitido en fecha 28 de febrero de 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 33,367, se decretó la modificación o supresión de los órganos de la administración pública incluyendo las instituciones desconcentradas, específicamente su artículo 3, fue fusionada bajo la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social; y que el 11 de abril del 2014, se le entregó acción de personal de la cancelación del nombramiento en el cargo que ostentaba, como decisión unilateral del patrono de dar por terminada la relación laboral; aclaró que en ningún momento se le notificó del acto administrativo como tal, mismo que fue producto de un acto administrativo presunto no manifestado por escrito, conforme al artículo 28 de la Ley de la Ley de Procedimiento Administrativo, siendo lo actuado por el patrono totalmente indebido, injusto e ilegal, pues no se le respetó ninguno de sus derechos y garantías laborales contemplados en la Constitución de la República y la Legislación Laboral aplicable; violentándole con ello la garantía Constitucional de protección del trabajo, establecida en el artículo 127 a que toda persona tiene derecho al trabajo, a condiciones equitativas en el mismo y sobre todo a la protección contra el desempeño, siendo pues el Estado mismo, quien tutela y protege la relación laboral que ilegal e injustamente dio por terminada, lo que se traduce en infracción a un acto que implica, la disminución de los derechos que la Constitución le confiere, por tanto es nulo ipso jure, tal como lo establece el artículo 128 de la Constitución de la República en su numeral 15, de igual manera el Código del Trabajo como Ley General aplicable; también alegó que se le violentaron las garantías constitucionales de estabilidad laboral en el empleo de conformidad a las justas causas de despido, según lo que establece el artículo 129, ya que en la acción que le fue entregada no le relacionan ninguna causa para dar por terminada la relación laboral, violentándole el derecho de defensa y debido proceso, plasmado en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, porque no se le siguió un procedimiento interno para verificar si había cometido alguna infracción mediante la cual pudieran despedirle con justa causa, o sea que no tuvo derecho a defenderse durante el proceso en donde se decidió el despido, negándole la oportunidad de audiencias de descargo y tampoco se le notificó resolución alguna, y que únicamente se le entregó la acción de personal en donde se le comunicaba la decisión del patrono; igualmente argumentó, que el acuerdo ejecutivo mediante el cual el PRAF se fusionó bajo la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta hasta en fecha 28 de febrero del 2014, por lo que desde el 01 de enero y hasta el 27 de febrero de 2014, seguía siendo empleado del PRAF, encontrándose vigente durante ese periodo de tiempo sus leyes constitutivas y especiales, estando amparado entonces por los derechos y garantías que las leyes especiales del PRAF plasmaban para sus empleados, caso particular es el derecho de ajuste salarial por incremento de costo de vida, mismo que se calcularía en base a los índices inflacionarios establecidos por el Banco Central de Honduras, que para el año 2014, proyectó un incremento del 5% del salario mensual, este derecho se estipula en el artículo 24 del Manual Operativo del PRAF, mismo que se debió otorgar el 01 de enero de cada año a sus empleados, y que el patrono (aun PRAF) no le otorgó, y que también se le debió pagar proporcionalmente una suma equivalente al sueldo devengado en el momento en que cause sus vacaciones, el cual se otorgó sin perjuicio del periodo de vacaciones a gozar, así como la tabla preferencial del vacaciones otorgada a los empleados del PRAF plasmados en los artículos 30 del Manual Operativo. 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante inició su relación laboral en el entonces Programa de Asignación Familiar (PRAF) en el cargo de Auxiliar Administrativo, rechazando en cuanto al salario mensual; y que mediante Decreto Ejecutivo No. PCM.03-2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 28 de febrero del 2014, se decretó la modificación o supresión de los órganos de la Administración Pública, incluyendo las Instituciones Desconcentradas, en virtud de lo cual el Programa de Asignación Familiar (PRAF) quedó fusionado bajo la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) y que la plaza de Auxiliar Administrativo, del demandante al realizar la fusión de dichas instituciones resultaba supernumeraria, por lo que decidieron cancelar el nombramiento del demandante; asimismo, la fecha correcta del ingreso a laborar fue el 12 de julio del 2010, en el cargo de Auxiliar Administrativo y no el 05 de julio del 2010, como lo relacionó; que se le entregó al demandante la Acción de Personal emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) efectiva a partir del 01 de abril del 2014, y que dicha cancelación fue fundamentada en la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno y no a una decisión injusta e ilegal como lo mencionó demandante, ya que la emisión de dicha acción de personal es el resultado natural de lo plasmado en la referida Ley, y a su vez en el Decreto Ejecutivo PCM-03-2014, en su artículo 3 establece que "Se fusionan bajo la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, las instituciones, Programas y Direcciones siguientes: Las Direcciones Generales del Adulto Mayor y de Personas con Discapacidad, dependencias de la antigua Secretaria de Interior y Población (SEIP), El Instituto Nacional de la Juventud (INJ), Secretaria de Estado en los Despachos de Pueblos indignas Afro hondureños (SEDINAFROH), y el Programa de Asignación Familiar (PRAF), todas las funciones asignadas a dichos entes serán desempeñadas por esta Secretaria de Estado, la que absorberá sus activos, presupuestos, bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles (cuentas bancarias, documentos por cobrar, concesiones, créditos mercantiles en general) y demás cargos dentro de la categoría enunciada. Se insta a la Secretaria de Finanzas para que los pasivos tangibles e intangibles y prestaciones laborables en su caso, sean pagados a través del Presupuesto General de la República. Así mismo, los Decretos Ejecutivos de Creación de las instituciones, Programas y Direcciones anteriormente enunciadas quedan derogadas"; por lo que, dicha Ley permitió la creación, modificación y supresión de los Órganos de la Administración Pública, procediendo entonces a la fusión del Programa de Asignación Familiar (PRAF) como tal y que, en su conglomerado jurídico relata la producción e implementación de una nueva estructura operativa y operacional en cuanto a la búsqueda incipiente de encontrar mecanismos de ahorro directo para el funcionamiento financiero como un todo del aparato de Gobierno, todo ello inserto en el Decreto Legislativo NO.266-2013, que contiene la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno. En cuanto a lo que manifestó el demandante, de que lo que llevó a cabo fue un acto presunto, lo cual es erróneo en toda su conceptualización, en virtud de que si se comunicó mediante Acción de Personal, lo cual es un acto tácito como lo expresa el artículo 28, 29 a y 29 b de la Ley de Procedimiento Administrativo y su cancelación como ya se explicó anteriormente fue apegada a derecho; además en ningún momento se le violentaron garantías constitucionales ni el despido fue ilegal e injusto, ya que se debió a que al realizarse la fusión de las instituciones mencionadas en el numeral anterior este se convirtió en un cargo supernumerario y en base a la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios de la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en Gobierno y en el Decreto Ejecutivo PCM-03- 2014, se tomó tal decisión, esto es producto de la reestructuración que implica una estructura operativa en pro de un ahorro directo para el funcionamiento financiero del aparato estatal finalizando con el pago de sus derechos laborales por completa por el aparato gubernamental; y que el debido proceso y sus garantías constitucionales no fueron violentadas en lo absoluto, tan solo se le dio fiel cumplimiento a la norma superior que busca obtener beneficios para el conglomerado del país; por lo que el alegato de la parte demandante sobre la falta de audiencia de descargo para evaluar sus falta, ya que no es el propósito intrínseco de la Ley relatada en el Decreto Legislativo 266-13, dicha aseveración, ya que la relación laboral se dio por terminada por la fusión del PRAF como ente estatal y prácticamente de su desaparición y que ello obligó a cesantear a algunos empleados y no el infringir ningún ordenamiento laboral de parte del empleado, si no que la búsqueda del ahorro para el erario gubernamental, reiterando que la acción de personal entregado es un documento mediante el cual se termina la relación laboral y de ninguna manera un acto presunto como erróneamente lo llama el demandante. Igualmente manifestó que el demandante aceptó tácitamente que hubo una fusión en la institución en que laboraba y reclama el pago de reajuste salarial que comprende el artículo 24 del manual operativo de trabajo que había en el PRAF y esto de una u otra manera produce que el trabajador aceptó un cese laboral, debiendo referir que la Institución como tal, se apega a cumplir dicho derecho y manifiesta la voluntad irrestricta de pagar todo lo anterior hasta el bono de vacaciones dándole fiel cumplir al artículo 124-C de la ley de Optimización de la Administración Publica que reconoce derechos en su totalidad de los empleados que sean cesados de su cargo mediante producida por el Decreto Ejecutivo PCM-03-2014 del 28 de febrero del 2014, y que no se le violentaron garantías constitucionales a los trabajadores, más bien se comprometió la Administración Pública, resguardar dichos derechos y cumplir fielmente con los mismos, tal como lo dice el artículo 124-C de la Ley de Optimización de la Administración Pública. 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 29 de febrero del 2016, dictó sentencia, misma que en su parte conducente: “RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la acción incoada por el señor DEYVI FRANCISCO FONSECA GALO, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado mediante el cual se le cancela de su puesto de Auxiliar Administrativo, consistente en la acción de personal, emitida por la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social. SEGUNDO: Reconocer la situación Jurídica Individualizada y para su pleno restablecimiento se resuelve: Adoptar el reintegro del demandante DEYVI FRANCISCO FONSECA GALO, al cargo de Auxiliar Administrativo de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, por ser el cargo del cual fue cancelado de manera tacita. TERCERO: Condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, al pago a favor del demandante en concepto de daños y perjuicios, de los salarios dejados de percibir desde la fecha de efectividad del acto tácito de cancelación 01 de abril de 2014, hasta el día en que se ejecute la presente sentencia y demás derechos que le pudieran corresponder, como ser decimo cuarto mes, decimo tercer mes, vacaciones, bonificaciones y demás beneficios otorgados en su ausencia. CUARTO: En caso de no ser posible el reintegro por haberse fusionado el Programa de Asignación Familiar (PRAF), se ordena el pago de sus prestaciones laborales, así como los demás derechos reconocidos en el numeral anterior. QUINTO: De ser posible el reintegro, se decreta en su caso, la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto del demandante. SEXTO: No se le reconoce el pago del ajuste salarial solicitado, en vista que esa es una pretensión distinta a la que se puede solicitar en esta demanda de materia de personal…”; sin costas; bajo el criterio que, de lo anterior y siendo que estamos ante una acción donde el demandante laboraba en el Programa de Asignación Familiar (PRAF), programa este que fue fusionado a la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social y que debido a dicha fusión fue cancelado de manera tácita el ahora demandante en fecha 11 de abril de 2014, mediante la entrega de la acción de personal que establece la separación del cargo que ostentaba como Auxiliar Administrativo; en la línea de lo dicho y de conformidad con la disposición del artículo 12 numeral 5 del Código Procesal Civil, el cual establece que el Juez debe de resolver la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, aunque no haya sido invocada por las partes o lo haya sido erróneamente, por tanto y tomando en consideración que el fundamento para cancelar al demandante fue la fusión del Programa de Asignación Familiar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social; que el Decreto Ejecutivo PCM-03-2014, de fecha 03 de febrero de 2014, establece en su artículo 5, que ese personal trasladado como consecuencia de la fusión debe de ser evaluado en este caso por la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, para determinar su idoneidad para el nuevo puesto y que el personal que resulte redundante, supernumerario o no apto para la realización de las actividades como consecuencia de la fusión institucional, será cancelado su nombramiento respetando sus derechos adquiridos y sus prestaciones conforme a la Legislación aplicable, instruyéndole a la Secretaría de Finanzas realizar la previsión presupuestaria y el pago correspondiente, tomándose en cuenta cualquier medio de pago que sea permitido por Ley; con lo referido es evidente que lo pretendido por el Poder Ejecutivo con lo señalado en este Decreto, es determinar mediante evaluaciones que en este caso la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social pueda contar con un personal apto para el desempeño de las funciones encomendadas en su nuevo puesto, evacuaciones que no constan en autos que se le hayan realizado al ahora demandante, siendo obvio que la parte demandada para su cancelación no ha podido determinar que dicho funcionario no es apto para poder desempeñar su nuevo cargo producto de la fusión, haciendo evidente que dicho acto administrativo impugnado sea nulo, en vista de existir exceso de poder al haber violentado el debido proceso para la cancelación del ahora demandante, conllevando a declarar con lugar la presente acción. 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 28 de noviembre del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia; sin costas, bajo el criterio que, el demandante, estando laborando para una Secretaría de Estado, regido por la Ley de Servicio Civil, se le canceló su nombramiento sin haberse iniciado un expediente administrativo, sin haberle indicado si su cancelación era por despido por cesantía, extremo que provoca indiscutiblemente infracción al ordenamiento jurídico y su consecuente ilegalidad. De la misma forma, por la transición que estaba atravesando el PRAF o la fusión a la Secretaría de Estado, tampoco se aplicó la evaluación correspondiente, mucho menos se determinó si el demandante era apto para ocupar el nuevo puesto, por lo tanto era imposible para la autoridad nominadora determinar si el personal absorbido del PRAF era redundante, supernumerario o no apto para la realización de las actividades del nuevo puesto en la Secretaría de Estado, conforme lo establece así el artículo 5 del PCM-003-2014; sin embargo, el demandante fue cancelado de su puesto, en un evidente acto de ilegalidad. El Artículo 5 del Decreto Ejecutivo PCM-03-2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 28 de febrero del 2014, establece: "El personal trasladado a las Secretarías de Estado como consecuencia de la fusión hecha mediante la aplicación del Artículo 29 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno en las diferentes Secretarías de Estado, debe ser evaluado por la Secretaría de Estado correspondiente con el propósito de determinar su idoneidad para el nuevo puesto. El personal que resulte redundante, supernumerario o no apto para realización las actividades como consecuencia de la fusión institucional, será cancelado su nombramiento respetando sus derechos adquiridos y sus prestaciones legislación aplicable, para se instruye a la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, realizar la previsión presupuestaria y el pago correspondiente tomándose en cuenta cualquier medio de pago que sea permitido por Ley".- Por lo anteriormente establecido, procede confirmar la sentencia que se conoce en apelación, por estar emitida conforme a derecho. 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada LIDIA CAYETANO BERNARDEZ, en fecha 21 de enero del 2019, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 28 de noviembre del 2018, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.094-2017, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.160-2014 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-Quem, mediante providencia de fecha 23 de enero del 2019, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado OSCAR EDUARDO LAGOS RAUDALES, presentó en fecha 04 de febrero del 2019, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 12 de febrero del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas 22 y 28 de febrero del 2019, los Abogados OSCAR EDUARDO LAGOS RAUDALES, y LIDIA CAYETANO BERNARDEZ, respectivamente. 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 28 de marzo del 2019, teniendo por personados a los Abogados LIDIA CAYETANO BERNARDEZ, como recurrente, y OSCAR EDUARDO LAGOS RAUDALES, como recurrido, en consecuencia, se ordenó seguir con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “La Sentencia de fecha 28 de noviembre del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, violenta los siguientes Preceptos Constitucionales: 1.- Derecho de Defensa plasmado en el Articulo 82 de la Constitución de la República, el cual constituye un principio y garantía fundamental en todo Estado de Derecho. 2.- Articulo 90 párrafo primero sobre el Debido Proceso, que versa que nadie puede ser Juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Y violenta el Derecho a la Defensa simple y sencillamente porque como lo dice el Artículo 82 precitado, el juez en primera Instancia, así como la Corte de Apelaciones en segunda Instancia, juzgaron en dicho caso sin darle observancia a los derechos, garantías y leyes violentadas.”. II.-Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión: a) Se omite el concepto de la infracción, es decir, si es falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) Se omite formular una proposición jurídica completa, señalándose varias disposiciones, pero sin establecer con claridad cuáles son las infringidas o en su caso relacionadas; c) Se omite el pronunciamiento que se impugna; d) Omite el precepto autorizante resultan inadecuado para sustentar el motivo; e) En todo lo expuesto se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual le es vedado a este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil. III. Que el Recurrente en un segundo motivo arguye: “Como segundo motivo debo referir la aplicación forzosa que hace el Juzgador de la Ley de Servicio Civil al caso que nos ocupa cuando el PRAF, como ente desconcentrado se regla bajo su propia Ley, Reglamento y Manual Operativo del Trabajo, que fueron emitidos de la forma correcta par el legislador según los Acuerdos Ejecutivo 127-91 de fecha 22 de noviembre de 1991, que data claramente lo referente a la creación del Programa de Asignación Familiar (PRAF) así como su Reglamento de la Ley según Acuerdo Numero 349-A de fecha 27 de abril de 1992, y el Manual Operativo del Trabajo según Acuerdo Numero 10-93 de fecha 1 de enero de 1993, ignorando por completo lo relativo al estamento jurídico que el legislador generó como marco que dirimiría todos los conflictos en que participase la institución con cualquier persona natural o jurídica. INTRODUCCIÓN FUNDAMENTAL SOBRE EL VALOR E IMPERIO DE LA LEY. El imperio que tiene la ley y sus características naturales bajo las cuales se deben generar las sentencias judiciales es un requisito ineludible como tal que no nos ofrece en el presente litigio, el debido proceso como baluarte fundamental del imperio de ley y ante todo en la valoración justa que en nuestro caso son sólidos y expositivos de la condición anómala bajo la que se infringió el ordenamiento jurídico, como lo es la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su articulado antes expuesto (80 y 88), que no nos genera ninguna seguridad jurídica en el análisis de nuestros alegatos, como condición obligatoria de todo juzgador que observe el litigio, todo ello obvia sin ninguna consideración el acto impugnado que debió señalarse con la precisión milimétrica que le permita al juez manifestarse con certeza sobre que se impugna, dejando de ser este litigio un oportunidad para que el Juzgador se manifieste con tal precisión, es por ello que desvirtuó la concepción y naturaleza de todo el proceso debido a la falta de cumplimiento de los requisitos ineludibles que ya define la ley como fundamentales para dilucidar este pleito”. IV. Que el cargo que antecede resulta inamisible a razón de lo siguiente: a) Que insta la revisión de los hechos, la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. V.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303, párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. VI.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. VII.-En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos o causas que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace merito, en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de febrero del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha treinta de octubre del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CA148-2019. Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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