Sentencia CA-139-19 — Registro 11670
Resumen
En primera instancia se dicto sentencia declarando procedente la acción incoada por el demandante por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la resolución emitida por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión, a saber: a) en la formulación se indican como disposiciones infringidas los artículos 200 numerales 1) y 2) literal c), 207 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil, que regulan situaciones jurídicas específicas que se deben precisar de manera separada e independiente, ya que algunas regulan las formalidades generales en la redacción de la sentencia y otras cuestiones concretas sobre el contenido formal de las mimas; b) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil; y, c) en la explicación denominado en el cargo concepto de la infracción, se alude al artículos 208 del Código Procesal Civil, disposición que no ha sido señalada como infringida o relacionada y se mencionan la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial y el Código Iberoamericano de Ética Judicial, Capítulo III, lo que en nada abona a la claridad motivo. ..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión, a saber: a) en la formulación se indica el concepto de falta de aplicación, pero en la explicación se menciona que se impugna la “aplicación e interpretación” de normas lo que vuelve confuso el motivo; b) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil; c) se invoca como precepto autorizante el “Artículo 719.1 literal b) del Código Procesal Civil”, pero en el concepto de la infracción se expone que se impugnan “…las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio…” lo que refiere a una causal de casación distinta a la invocada; d) en el concepto de la infracción se insta a la revisión de los hechos e interpretación de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; e) se alude a los artículos 3 letra e) reformado, 51, 53, 63 reformado, 66 y 170 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, que no fueron señalados como infringidos o relacionados en la formulación; y, f) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete días del mes de octubre de dos mil veinte, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS representada en juicio por el Abogado JOSE RAMON PINEDA IDIAQUEZ; y, Recurrida: el señor GUSTAVO ADOLFO AVILA, representada en juicio ZORAYA GUISELA LAGOS RUBIO. OBJETO DEL PROCESO: contraída a solicitar que se declare no ser conforme a derecho y consecuentemente se declare la nulidad e ilegalidad de un acto administrativo en la destitución del cargo como guardia de seguridad de acuerdo a la resolución del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial del expediente disciplinario No.80-2014 de fecha 14 de mayo de 2014. Resolución impugnada con el Recurso de Reposición. En la cual se declare sin lugar dicho recurso. Reconocimiento de la situación jurídica individualizada que se admita la misma. Asimismo, como reconocimiento de la situación jurídica individualizada solicito el cumplimiento del contrato del año 2014, el reintegro que ocupaba en el puesto y el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de suspensión del cargo y los derechos dejados de percibir como ser décimo tercer mes, décimo cuarto mes y vacaciones, quebrantamiento del principio de estabilidad laboral, costas, promovido por el señor GUSTAVO ADOLFO AVILA; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la República, por actuaciones de la DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su demanda que de acuerdo al artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contenciosos Administrativo, el actor tiene Interés directo y legitimo para impugnar, el presente acto Administrativo, por las siguientes razones: 1.- Que en fecha once de marzo del año dos mil once, fue nombrado mediante Contrato como Guardia de Seguridad, en el Palacio de Justicia de La Paz Departamento de la Paz. Posteriormente en el año 2012 suscribió contrato por un año; y en el año 2013 suscribió contrato por un año. 2.- Que el 19 de noviembre de 2012, fue detenido por la falta de Escandalo en la Vía Publica, por andar supuestamente en estado de ebriedad, el ingeniero Saul Alberto Guzmán Flores, Administrador Regional de Juzgados del Departamento de la Paz, interpuso denuncia en las oficinas de la Inspectoría de Juzgados y Tribunales de La Paz Departamento de La Paz, la cual fue registrada con número 1201-2012-00009, 3.- Que el otro hecho sucedió en fecha 20 de noviembre de 2013, del cual fue víctima de AMENAZAS, por parte del Guardia de seguridad Javier Francisco García Vásquez, se le hizo una Audiencia de Descargo, en fecha once (11) de noviembre de 2013, por parte del Abogado Alex German Flores Guillen, Inspector de Juzgados y Tribunales de La Paz departamento de La Paz. Dicha denuncia se Registró con número 1201-2013-00041 y en la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial la Registran con número 0801-2013-00493. El resultado de esta fue que le sancionaron del cargo, sin goce de sueldo. Por otro lado El Poder Judicial a través de la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial, realizo dos Audiencias de Descargos, aun con las Audiencias de Descargo que le había realizado, el Inspector de Juzgados y Tribunales de La Paz departamento de La Paz, el Abogado Alex German Flores Guillen, las cuales a continuación se detallan: 1.- Que la Dirección de Administración de Personal y la Carrera Judicial, en fecha veinticinco de abril de 2014, realizo de nuevo una Audiencia de Descargo con número 139-2014, para hacer escuchado en la Denuncia No 1201-2013-0041 y acumulo la Denuncia 0801-2013-00493. En la supuesta Falta, por un incidente que sucedió el día sábado 09 de noviembre de 2013. 2 que la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial. En fecha veinticinco de abril de 2014, le realizo de nuevo una audiencia de descargo con número 140-2014, para que fuese escuchado en la Denuncia No.1201-2013-00009, (habiendo un error en el año, ya que inspectoría lo registro en el año 2012) por la supuesta falta que fue amonestado por la Policía, por escándalo en la vía pública, por andar en estado de ebriedad. Hecho ocurrido en fecha 19 de noviembre de 2012. Después de practicados los descargos, en fecha veinticinco de abril de 2014, en los Expedientes número 139-2014 y 140-2014 de fecha 25 de abril de 2014. El Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, en fecha catorce de mayo de dos mil catorce, en el Expediente Disciplinario No.80-2014, emitió decisión de destituir de su cargo al demandante sin responsabilidad institucional, teniéndose en cuenta la fecha en que el sancionado fue suspendido provisionalmente de acuerdo a lo Establecido en el artículo 69 párrafo tercero de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. Posteriormente el actor interpuso recurso de reposición, en fecha 12 de junio de 2014, el cual fue resuelto sin lugar en fecha 19 de junio de 2014. Por otro lado, el actor ha establecido que en la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial contenido en el Decreto No 219-2011, en su artículo 66 expresa Las infracciones Cometidas por los Empleados y Funcionarios Judiciales prescriben en seis (6) meses, si se trata de infracciones graves y menos graves a los cuarenta y cinco (45) días, si se trata de infracciones leves. Dichos plazos se contarán desde el día siguiente a la fecha en se tenga noticia de la comisión de alguna de las infracciones previstas en el respectivo reglamento, tanto en el Consejo de la Judicatura como el Inspector General de Tribunales. La Prescripción: se interrumpirá desde la fecha de iniciación del correspondiente expediente disciplinario, sin embargo, se reanudará si dicho expediente permanece paralizado durante seis (6) meses por causas no imputables al Juez o magistrado sujeta a aquel primer evento: el Hecho fue denunciado, por el ingeniero Saul Alberto Guzmán Flores, Administrador Regional del Juzgados del Departamento de la Paz en fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil doce. Y si contamos de esa fecha al 20 de noviembre de 2013 es un año y de esa fecha al 25 de abril del 2014 son 5 meses cinco (5) días, por lo que la acción para sancionar prescribió, aun ya había sido sancionada con la suspensión sin goce de sueldo. La inspectoría de Juzgados y Tribunales de la Paz, admite dicha denuncia con número de Registro 1201-2012-00009, por el Abogado Alex German Flores Guillen. Que en fecha 3 enero de 2013 me realizaron Audiencia de Descargo, por el Abogado Alex German Flores Guillen, inspectoría de Juzgados y Tribunales, de la Paz, Departamento de la Paz, en fecha veintidós de noviembre de 2012, siendo las 8:45 a.m. del cual me sancionaron de suspendiéndole con quince días sin goce de sueldo. segundo evento: que el día sábado nueve (09) de noviembre del año dos mil trece 2013. De Acuerdo al Libro de Novedades diarias que manejan los Guardias de Seguridad del Juzgado de La Paz Departamento de la Paz, en cual se sucinto un evento, que el Guardia de Seguridad Javier Francisco García Vásquez, hizo disparos en el cual estaba presente mi persona. Que interpuso Denuncia, con número de Registro 1201-2013-00041, recibida por el Abogado Alex German Flores Guillen, inspectoría de Juzgados y Tribunales, de la Paz. Que en Fecha once de noviembre del año dos mil trece, el Abogado Alex German Flores Guillen, inspectoría de Juzgados y Tribunales, de la Paz, le realizó acta de audiencia, sin aportar ningún elemento probatorio, para mi defensa, porque estoy como denunciado en el procedimiento seguido para imponerme la sanción, no se tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 65 de la precitada Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, que establece "Para los efectos de lo dispuesto en los dos (2) artículos anteriores, las sanciones impuestas deberán guardar la debida PROPORC/ON con la gravedad de la INFRACCION y con los antecedentes disciplinarios del sancionado, asimismo se tomara en consideración la evaluación del desempeño del funcionario, previo a la comisión de la falta". En el caso que nos ocupa, no existe proporcionalidad de las supuestas faltas con el supuesto Régimen vigente en el Poder Judicial, porque una simple circular no es Ley ni mucho menos un Reglamento, ya que el legislador en su artículo 1 del Código Civil, ordena que la ley es una declaración de la voluntad soberana, que manifestada en forma prescrita por la constitución, manda prohíbe y permite, por lo que lo no contemplado en la ley es totalmente nulo de acuerdo al artículo 321 de la Constitución de la Republica, el cual manda "los servidores del estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley, todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad", por lo que no tengo antecedentes de haber sido sancionado por la comisión de anteriores infracciones, ni tampoco que se haya hecho consideración al respecto en la resolución que se impugna. b. Tampoco aparece en el expediente disciplinario que para imponer la sanción se haya tornado en consideración la evaluación de mi desempeño como empleado, previa a la destitución de su cargo de Guardia de Seguridad del Edificio Judicial de La Paz, evaluación que tampoco parece haberse hecho. c) Cabe destacar que en ningún momento se acreditaron los hechos facticos de las Denuncias por las supuestas faltas graves que se le han imputado; ya que como persona humana tengo derecho a la defensa, siendo que está contemplado en el artículo 82 relacionado con el 64 de la Constitución de la Republica de Honduras el cual manda: "No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan". d. De conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo pacíficamente en el artículo 34 que reza "Sin perjuicio de lo establecido en las leyes especiales, el acto administrativo es nulo en los siguientes cases a.) ..., b) ... e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, ch) ..., d) ... e) ... Para el Caso Honorable Juez, la circular no.5 de fecha 05 de diciembre de 2013, emitida por el Concejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, según Oficio No.216- SCJYCJ-2013, firmada por el Secretario General José Roberto Espinal Ramos. Se aprobó el Régimen Disciplinario por el cual estoy siendo destituido del cargo de Guardia de Seguridad y lo subsumen en el artículo 4 en las cuales se consideran faltas graves, los actos siguientes: C) Dejar de asistir injustificadamente a la respectiva oficina; cerrarla sin motive legal o limitar indebidamente las horas de trabajo o de despacho al público y k) Dejar de cumplir las comisiones que se le asignen o deleguen, así como retardar injustificadamente su evacuación y desatender resoluciones del superior jerárquico. Al hacer un estudio minucioso de las dos faltas graves en el inciso c) jamás deje de laborar porque la falta que se me imputaba era del escándalo en la vía pública, no pudiendo convocar el hecho con la falta. En cuanto a la falta grave del inciso k) que era las supuestas agresiones que le hizo el guardia Francisco Javier García Vásquez, no se subsume el hecho con la falta, siendo que este no era su jefe y jamás desatendió o retarde alguna obligación encomendada su cargo era el de Guardia de Seguridad. Medidas Disciplinarias: Que como sanción de despido no procede porque no son faltas graves, sino más bien faltas leves quebrantándose así el Principio del Debido Proceso, porque no existe proporción entre los hechos y las faltas, además este Régimen Disciplinario fue hecho en fecha 05 de diciembre de 2013 y los hechos sucedieron el 09 de noviembre del 2012 y el otro el 19 de noviembre de 2013, lo que significa que la Ley no tiene efecto retroactivo y que de acuerdo al artículo 321 de la Constitución de la Republica, el acto es nulo e implica responsabilidad. En el caso particular le suspenden provisionalmente en fecha 07 de abril del 2014, y me realizan audiencia de descargo hasta en fecha 25 de abril de 2014, siendo violatorio que primero sancionan con destitución del cargo y después investigan. 2 La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el hecho primero de la demanda se rechaza parcialmente; 1. Se puede verificar los extremos manifestados por el demandante mediante la revisión del expediente disciplinario del señor Gustavo Adolfo A Vila., el cual se acompaña a la presente contestación de demanda. 2.- Mediante constancia extendida por el Comisario de Policía Santos Edilito Ochoa Arias Jefe departamental No.12 se acredita que el demandante estuvo detenido por escándalo en la vía publica en estado de ebriedad y salió al día siguiente de la detención a las 10:15A.M.; y no como lo pretende hacer creer el demandante en su escrito de demanda de que andaba en supuesto estado de ebriedad. En el expediente de referencia la denuncia que hiciera el señor Saul Alberto Guzmán Flores Administrador Regional de los Juzgados del Departamento de La Paz al inspector a de Juzgados y Tribunales del Departamento de La Paz Abogado Alex German Flores Guillen como consecuencia de la conducta impropia del demandante. El mismo demandante ratifica lo que expresamos sobre su detención y las razones por las cuales se dio lugar la misma y constan dichos extremos en el Acta de Audiencia de Inspectoría de Juzgados y Tribunales y en la audiencia de descargo #140-2014. 3.- No es cierto lo manifestado por el demandante ya que el hecho sucedió el 9 de noviembre de 2013 y no el 20 de noviembre de 2013, extremo que se encuentra en la denuncia interpuesta ante inspector a de Tribunales el once de noviembre del 2013, para tal efecto el once de noviembre de 2013 se llevó a cabo audiencia para recibir declaración acerca de la denuncia de oficio en contra del señor Gustavo Adolfo A. Villa por parte de Inspectoría de Tribunales. El demando ante en el acta de audiencia efectuada por inspector a de Tribunales reconoce que el arma a disparada fue la que él tenía asignada lo que nos indica que fue el quien efectuó los disparos. La Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial siguiendo el procedimiento establecido llevó a cabo dos audiencias de descargo por igual número de denuncias existentes en contra del demandante, en el caso de las audiencias tomadas por inspectora de Tribunales son para recibir declaraciones acerca de las denuncias existentes en contra del demandante y las mismas sirven para evaluar y documentar las denuncias, dando inicio así al expediente disciplinario correspondiente. Lo expuesto en este hecho en el escrito de demanda se debe al desconocimiento que existe del demandante en cuanto al procedimiento a seguir para abrir un expediente disciplinario tal y como lo explicarnos anteriormente, con lo cual se demuestra que, si el demandante se le respetó el debido proceso y los principios de legalidad, de defensa, de audiencia y contradicción contenidos en la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. El ahora demandante interpuso recurso de Reposición en fecha 12 de junio 2014 contra la resolución de fecha 14 de mayo 2014 emitida por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial del cual se notificó en fecha 9 de junio de 2014, cabe señalar que si bien es cierto el artículo 69 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial establece que contra la resolución emitida en aplicación del procedimiento disciplinario el afectado podrá interponer el recurso de reposición, resolución que pondrá fin a la vía administrativa, dejando expedita la jurisdicción contencioso administrativa; pero no es menos cierto que conforme el artículo 110 de la Ley de Jurisdicción de lo contencioso Administrativo en materia de personal las acciones se interpondrán sin recurso previo de reposición; el plazo para la interposición de la demanda expiro el 30 de junio 2014, por lo que al ser presentada la demanda de mérito hasta el día 2 de septiembre de 2014, es decir 52 días después a su vencimiento resulta que la misma fue incoada fuera del plazo que establece el artículo 105 en relación con el artículo 111 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que el Juez deberá declarar la inadmisibilidad de la misma conforme lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. El demandante alega que la ley no tiene efecto retroactivo (Principio Constitucional), lo cual no es aplicable a su Expediente N°.-344-14 pues las denuncias consecuencia de las faltas cometidas por el demandante y que dieron origen al expediente disciplinario y a la sanción de despido aplicada por el Consejo de la Judicatura se dio origen la primera mediante denuncia de fecha veinte de noviembre de dos mil doce la segunda denuncia fue en fecha once de noviembre de dos mil trece, la ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial entro en vigencia el doce de enero de dos mil doce, como se puede apreciar la Ley del Consejo estaba vigente y por lo tanto aplicable para ambas denuncias. Por otro lado, alega el demandante la prescripción contenida en el artículo 66 de la Ley del Consejo de la Judicatura como se puede ver el demandante primero alega la irretroactividad de la ley al decir que no le era aplicable y ahora alega la prescripción amparado en la misma ley que pretendía no se le aplicara, pero bien señor Juez en este caso no es aplicable la prescripción por la simple y sencilla razón de que no consta en el expediente disciplinario que el demandante en su momento haya presentado escrito solicitando la prescripción adicional a lo anterior está el hecho que la prescripción se interrumpe desde la fecha de iniciación del correspondiente expediente disciplinario, consta que el ahora demandante fue citado en legal y debida forma para que compareciera a las audiencias de descargo ante la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial compareciendo a las mismas y firmando conforme sin alegar en ningún momento la prescripción correspondiente dando por válida y consentida la misma. En fecha 3 de enero de 2013 lo que se llevó a cabo para el Inspector Alex German Flores Guillen fue un Acta de Audiencia la cual tenía como objeto y así lo dice la misma "recibir su declaración acerca de la denuncia en su contra interpuesta par el señor Saul Alberto Guzmán Flores, por no haberse presentado a cubrir turno en la hora correspondiente par haber sido detenido par la Policía Preventiva el día 19 de noviembre de 2012, por escándalo en la vía pública y por encontrarse en estado de ebriedad", en la cual ahora demandante acepta y reconoce las hechos, por otro lado esta audiencia se realizó a la 1.20 p.m. y no a las 8:45 a.m.; en la misma tampoco se le sanciona coma lo pretende hacer creer la demandante, todo lo cual se puede apreciar en el folio 40 del expediente disciplinario. Por otra parte consta en el libro de novedades diarias que se lleva en el Juzgado de La Paz Departamento de la Paz, en el que se puede apreciar que quien responsabiliza al otro guardia de turno de hacer disparos es el ahora demandante pero no dice que el arma disparada fue la que él tenía asignada lo cual se comprobó porque le hacía falta un proyectil y otro estaba martillado y el mismo admitió que fue su arma la utilizada en el incidente. La denuncia bajo registro 1201-2013-00041 ya que la misma fue de oficio tal y como se aprecia en la Denuncia de fecha 11 de noviembre de 2013, Acta de Audiencia de fecha 11 de noviembre de 2013 par parte de inspectoría de Juzgados y Tribunales y Audiencia de Descargo # 139-2014 ante la Dirección de Administración de Personal y de la Carrera Judicial. El 11 de noviembre de 2013 el Inspector Alex German Flores Guillen de Inspectoría de Juzgados y Tribunales realiza el Acta de Audiencia, manifestando el demandante "sin aportar ningún elemento de defensa probatorio, para su defensa, porque él es el denunciado". Sobre el particular la Audiencia efectuada por Inspectoría de Juzgados y Tribunales tenía por objeto como se le hizo ver al ahora demandante fue para "recibir su declaración acerca de la denuncia de oficio en contra de su persona y del señor Javier Francisco García, ambos guardias de seguridad de este Palacio de Judicial", por otro lado no le corresponde al Inspector de Juzgados y Tribunales aportar elementos de defensa a favor del denunciado ahora demandante sino que esta es una facultad de este. A.- En cuanto a la Circular No.- 5 la cual fue aprobada en fecha veintinueve (29) de octubre de 2013 contenida en el Oficio No.- 216-SCJYCJ- 2013 de fecha 5 de diciembre de 2013 no es Ley; si es ley entre las partes a las que se le aplica, por lo que esta circular disciplinaria es válida ya que es una disposición complementaria o análoga creada por el Consejo de la Judicatura y regula el régimen disciplinario de los funcionarios y empleados del Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial actuó conforme a ley para la aprobación y puesta en práctica de dicho régimen disciplinario, el Congreso Nacional le dio la facultad mediante su Ley al Consejo de la Judicatura para emitir reglamentos y disposiciones análogas para el correcto desempeño de sus obligaciones; el articulo 3 literal "n" reformado de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial dice: El Consejo tiene las atribuciones siguientes: n).- las demás que le confieren la Constitución y leyes aplicables y cualquier otra complementaria o análoga que se estime como necesaria para el correcto desempeño de sus atribuciones", el artículo 70 de la ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial dice: "En el plazo máximo de un (1) año contado a partir de la instalación del Consejo, este elaborara y aprobara los reglamentos y manuales necesarios para el funcionamiento de sus órganos y servicios dependientes, comisiones de evaluación, escalafón judicial, inspección de tribunales y escuela judicial, adoptando así mismo las medidas que sean necesarias para que unos y otros puedan realizar sus funciones en la forma prevista por esta ley, los que previo su aprobación deberán socializarse con las partes interesadas"; para reafirmar lo antes expuesto mencionamos lo dispuesto en el artículo 40 de la ley de procedimiento administrativo que nos dice: "Los órganos de la Administración Publica, no podrán mediante actos de carácter general: a) .. b) regular, salvo autorización expresa de una ley, materias que sean de la exclusiva competencia del poder legislativo". b.- Consta en el expediente disciplinario que si se siguió el procedimiento establecido para lo cual se le respeto los principios que informan el debido proceso, salvaguardando los principios de legalidad, de defensa, de audiencia y contradicción. Se llevaron a cabo las audiencias tanto por Inspectoría de Juzgados y Tribunales del Poder Judicial así como las audiencias de descargo por parte de la Dirección de Administración de Personal del Poder Judicial por las dos denuncias existentes en contra del ahora demandante coma ser: a) no se presentó a laborar a la hora correspondiente, ya que había sido detenido por la Policía Nacional por escándalo en la vía publica en estado de ebriedad y b) por haber hecho disparos en las instalaciones del edificio judicial estando en turno y mantener rencillas personales, llegando al extreme de irrespeto y amenazas mutuas. Con lo cual queda acreditada la mala conducta del demandante por las faltas cometidas. C.- Este literal está relacionado con el literal que antecede. d.- En ningún momento se prescindió total y absolutamente del procedimiento establecido coma lo pretende hacer ver el demandante, lo cual se puede apreciar en el expediente disciplinario correspondiente y en lo expuesto en el literal b) que antecede habiéndose llegado a emitir la Resolución de Cancelación por el Consejo de la Judicatura, resolución esta que fue recurrida por el demandante, con lo cual se demuestra que si se siguió con el procedimiento que en ley corresponde. Las conclusiones derivadas por la Inspectoría representaron en su memento la concurrencia de elementos significativos de la existencia de conductas merecedoras de reproche disciplinario, atribuibles al señor Gustavo Adolfo Ávila en el ejercicio de sus funciones como guardia de seguridad del Edificio Judicial de La Paz, por tal razón en el número 15 del acta número 24 de la sesión celebrada el 25 de marzo de 2014, en aplicación del artículo 53 literal e) párrafo 2 de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, se decidió suspenderle en forma provisional de su cargo. Por otro lado, se rechaza totalmente que dicha suspensión fue ilegal ya que en ningún momento se le han violentado sus derechos; la resolución de fecha catorce (14) de mayo de 2014, mediante la cual fue despedido de su cargo tampoco es ilegal, ya que tanto la suspensión como el despido se encuentran contempladas en el artículo 53 literal "c" de la Ley del Consejo y de la Judicatura, el cual dice: "La condición de empleado y funcionario judicial se suspenderá en los casos siguientes:... e) Cuando así lo hubiere acordado el Consejo, provisional o definitivamente, por razones disciplinarias" y el párrafo ultimo del mismo artículo 53 "Tan pronto se acredite, a satisfacción del Consejo, el cese definitivo o la inexistencia de la causa que dio lugar a la suspensión, el o la funcionario o empleado judicial reasumirá su cargo, con los derechos y los sueldos, bonificaciones o cualquier otro beneficio dejados de percibir en el caso de haber sido improcedente la suspensión". Luego de celebrarse las respectivas audiencias de descargo ante la Subdirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial, en las que se escuchó por segunda vez al ahora demandante, dicha dependencia emitió la recomendación de declarar la existencia de responsabilidad disciplinaria del mencionado empleado judicial e imponerle como medida sancionadora el despido sin responsabilidad institucional. La responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento de un deber o una prohibición, la omisión o extralimitación en el ejercicio del cargo, la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y cualquier otra conducta que transgreda los fines de la función pública que los servidores estatales desempeñan puede ser deducida solo mediante un procedimiento disciplinario que se desarrolle con respeto a los principios que informan el debido proceso, corresponde al Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, con base en los artículos 64 y 68 de la ley que le regula, la competencia para la imposición de sanciones disciplinarias a funcionarios y empleados judiciales. Teniendo presente lo dispuesto en los artículos 64 y 68 párrafo 2 de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial el pleno del Consejo de la Judicatura en fecha 29 de octubre de 2013, aprobó el Régimen Disciplinario que estará vigente mientras se elaboraba socializaba y aprobaba la nueva normativa reglamentaria de este Poder del Estado; dicho régimen en concordancia con el artículo 63 párrafo 4 de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, detalla las conductas disciplinariamente reprochables, clasificándolas en graves, menos graves y leves. Del análisis contrastado entre las disposiciones en referencia y los hechos probados se colige que el señor Gustavo Adolfo Ávila ha incurrido en comportamiento enmarcado dentro de las faltas graves referidas en el artículo 4 literales c) y k) del régimen disciplinario vigente en este Poder del Estado. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, dicto sentencia declarando PROCEDENTE la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la resolución de fecha 14 de mayo de 2014 emitida por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, reconocer la situación Jurídica Individualizada y para su pleno restablecimiento se resuelve que se le pague los meses de abril, mayo, junio, julio agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, cada uno de los meses por la cantidad de L.7,313.00, haciendo un total de L.65,817.00. b).- De igual manera se le reconoce el pago de un (1) mes de salario en concepto de décimo tercer mes, un (1) mes de salario en concepto de décimo cuarto mes y un (1) mes de salario en concepto de vacaciones, haciendo un total de L.21, 939.00, y un gran total de L.87, 756.00 que le deberá de pagar la parte demandada al ahora demandante, sin perjuicio de las deducciones legales correspondientes referidas en la cláusula quinta del referido contrato. No se le reconoce al demandante el reintegro al cargo de Guardia de Seguridad del Edificio Judicial de la Paz, ya que se encontraba laborando bajo la denominación de contrato por tiempo determinado, en el entendido que su relación laboral con la Corte Suprema de Justicia finalizaba el 31 de diciembre de 2014 que era el tiempo máximo estipulado en el contrato suscrito por las partes en fecha 01 de enero de 2014.,costas, promovida por el señor GUSTAVO ADOLFO AVILA, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, bajo el criterio siguiente: que las causas que motivaron al cese de la relación laboral del demandante, necesariamente deben de estar contempladas en la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. De la revisión de la misma se desprende que el ahora demandante lo destituyen por incurrir en la infracción grave establecida en el artículo 4 literales c) y k) del Régimen Disciplinario aprobado en el acta No.4 de la Sesión celebrada el 29 de octubre de 2013, es decir el Régimen Disciplinario contenido en la circular No. 5 del año 2013. Por lo anterior resulta evidente la violación legal cometida por la demandada al invocar una causal de despido que no se encuentra en la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, sino que en una circular que, dicho sea de paso, siendo el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial el Órgano de Gobierno (Administrativo) del Poder Judicial, ni siquiera es fuente del derecho administrativo lo que el demandado al haber dictado el acto impugnado fundado en una normativa emitida por un órgano distinto al Legislativa ha viciado de nulidad el acto administrativo impugnado. Se señala lo anterior en vista que el artículo 33 de la Ley de esta Jurisdicción refiere que dentro de las pretensiones de todo demandante en esta sede Jurisdiccional se incluyen los motives de no ser conforme a derecho en que se funde su acción para pretender la declaración de nulidad del acto administrativo, comprenderá cualquier infracción del ordenamiento Jurídico, incluso el exceso y la desviación de poder. En cuanto a este señalamiento, el suscrito opina que si existió una infracción al ordenamiento Jurídico (Violación del artículo 51 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial) al haber destituido al demandante fundado en una causa que no está contemplada. El Doctor Edmundo Orellana Mercado, en su obra Curso de Derecho Administrativo, señala que algunos autores discuten sobre la posibilidad de incorporar dentro del catálogo de fuentes del derecho administrativo a las circulares. Sin embargo, estas son simples directivas de actuación que los superiores imponen a sus subordinados en virtud de su jerarquía; Son entonces, una lógica consecuencia de la jerarquía. Las circulares en consecuencia solo vinculan a los inferiores jerárquicos del superior que las dicta y, por consiguiente, no modifican situaciones jurídicas. Las circulares, por todo lo anterior, se exceptúan de la clasificación de las fuentes del derecho administrativo. La Ley Especial que regula el ámbito de competencia, organización, alcances y atribuciones del Consejo de la Judicatura y todo lo atinente al Sistema de la Carrera Judicial, sino que está comprendido en un acto administrativo emitido por el propio demandado, situación prohibida absolutamente en la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. Se establece lo anterior ya que es un argumento de la demandada (Ver hecho sexto del escrito de contestación de demanda a) que el articulo 3 letra c), j) y k) de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial lo faculta para emitir disposiciones reglamentarias para el cumplimiento de sus atribuciones así como los instructivos para su implementación, y el artículo 70 de la Ley del Consejo de la Judicatura, refiere que "En el plazo máximo de un (1) ario contado a partir de la instalación del Consejo, este elaborara y aprobara los reglamentos y manuales necesarios para el funcionamiento de sus órganos y servicios dependientes, comisiones de evaluación, escalafón judicial, inspección de tribunales y escuela judicial, adoptando asimismo las medidas que sean necesarias para que unos y otros puedan realizar sus funciones en la forma prevista por esta Ley, las que previo a su aprobación deberán socializarse con las partes interesadas. De la lectura de las citadas normas se concluye: 1).- Que tomando en cuenta el contenido del artículo 51 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, que refiere que es la Ley y no un Reglamento el que va a establecer las causas y procedimientos para la separación del demandante, más allá de la disposición del articulo 40 letra b) de la Ley de Procedimiento Administrativo, el contenido del artículo 3 letra c), j) y k) de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, no solo no es lo suficientemente expreso que se requiere para regular vía reglamento situaciones que solo puede regular una Ley, sino que incluso la disposici6n del artículo 40 letra b) de la Ley de Procedimiento Administrativo aplicado al caso particular colisiona con el contenido del artículo 206 de la Constitución de la Republica, al contemplar como indelegable las facultades del ejecutivo, es decir, es indelegable la facultad de Legislar vía Reglamento del Ejecutivo materia de exclusiva regulación legal. En este apartado entonces juega un papel preponderante el artículo 74 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial el que de alguna manera hubiese servido para llenar tal vacío legal. Que de conformidad con la disposición del articulo 12 numeral 5 del Código Procesal Civil, el cual establece que el Juez debe de resolver la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, aunque no haya sido invocada por las partes o lo haya sido erróneamente, por tanto y siendo que la norma del artículo 66 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, señala que las infracciones cometidas por empleados y funcionarios judiciales prescriben en seis (6) meses si se trata de infracciones graves y menos graves y a los 45 días, si se trata de infracciones leves. Dichas plazas se contarán desde el día siguiente a la fecha en que se tenga noticia de la comisión de alguna de las infracciones previstas en el respectivo reglamento, tanto en el Consejo de la Judicatura como el Inspector General de Tribunales. De lo referido en tales disposiciones se colige que para que el plazo de prescripción de las infracciones cometidas comience a transcurrir es necesario que alguno de las dos órganos arriba anunciados haya tenido conocimiento: 1).- En ese sentido consta de autos que el Inspector General de Tribunales tuvo conocimiento de la denuncia 1201-2013-00041 el 11 de Diciembre de 2013. En general el plazo de prescripción es el 11 de junio de 2014, misma que fue acumulada a la denuncia 08012013-00493, teniendo conocimiento de esta el Inspector General de Tribunales en fecha 22 de noviembre de 2013. En general el plazo de prescripción es el 22 de mayo de 2014., de igual manera y respecto a la denuncia 1201-2012-09 el Inspector General de Tribunales tuvo conocimiento de su existencia en fecha 08 de enero de 2013.- En general la plaza de prescripción es el 08 de julio de 2013. Por lo antes referido y siendo que el ahora demandante fue cesado de su cargo mediante resolución de fecha 14 de mayo de 2014, es evidente que en lo correspondiente a la denuncia 1201-2012-00009 han transcurrido más de seis (6) meses para su respectiva sanción, desde el momento en que el Inspector General de Tribunales ha tenido conocimiento de la infracción cometida por el demandante (08 de enero de 2013), demostrando a su vez la parte demandada un exceso de poder al haber cesado de su cargo al ahora demandante por encontrar merito en una denuncia prescrita, produciendo un vicio inherente al objeto que ha tenido como causa la cancelación del ahora demandante y que por tanto hace que el acto administrativo impugnado sea nulo, debiendo la parte demandada de pagarle el resto del contrato, en vista que consta en auto que el demandante al momento de ser cesado de su cargo se encontraba laborando bajo la modalidad de contrato, teniendo una vigencia de un ano comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 y que previo a ser rescindido había sido suspendido de sus labores en fecha 07 de abril de 2014, siendo esta fecha el parámetro para realizarle el cálculo de los salaries que se le deben de pagar al ahora demandante. En conclusión al haber cancelado al demandante utilizando coma fundamento una circular no solo es un acto de ilegalidad, sino que también vicia de nulidad el acto administrativo impugnado al haberse actuado con evidente desviación de poder, puesto que se han ejercido potestades administrativas para fines distintos de los establecidos en la Ley, demostrando a su vez la parte demandada un exceso de poder al haber despedido al ahora demandante mediante una denuncia que ya había prescrito de acuerdo al artículo 66 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintitrés de agosto del dos mil dieciocho, dictó sentencia, CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio: el demandante fue despedido del cargo como guardia de seguridad asignado al juzgado de letras de la Paz, Departamento de la Paz, mediante la modalidad de contrato de servicios de vigilancia por tiempo determinado y es mediante resolución de fecha catorce de mayo del año dos mil catorce emitido por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial se procede a destituir al ahora demandante de su cargo por haber incurrido en infracci6n disciplinaria grave establecida en el artículo literal c) y k) del régimen disciplinario aprobado en fecha veintinueve de octubre del año dos mil trece-, régimen, que en su momento nunca existió y se sancionó al ahora recurrente bajo el fundamento de una circular número 5 que aprueba la reglamentación establecida en el artículo 70 segundo párrafo de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, es personal decir que mediante una circular se aprobó un régimen disciplinario que sirvió de fundamento legal para imponer la sanción de despido al hoy demandante, lo que para este tribunal es una clara infracción al ordenamiento jurídico y así como un exceso de poder por parte del entonces Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, ya que se procedió a la suspensión del cargo por falta no contemplada en la Ley del entonces Consejo o de la Judicatura y de la Carrera Judicial el cual dentro de su normativa (art. 51), reglamento que al momento de sancionar al demandante no existió, siendo una facultad de dicho ente, denominado constitucionalmente como principio de reserva de Ley, principio general del derecho que se presenta cuando una norma constitucional que reserva expresamente a una Ley la regulación de una determinada materia, por lo que excluye la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por disposiciones de naturaleza distinta a la Ley, ahora bien, se realizó el análisis anterior, solo para aclarar el agravio plateado por el recurrente (apelante), en cuanto a que la circular tiene efectos jurídicos; siendo importante mencionar que al revisar el expediente disciplinario, la investigación interna respectiva y el procedimiento disciplinario llevado a cabo, se observa que ha operado la prescripción del derecho que tiene la administración para imponer la sanción, por el mero transcurso del tiempo, derecho que fue alegado por el demandante mediante el recurso de reposición, en razón de que el trámite disciplinario de las denuncias contra el ahora demandante, estuvo paralizada por personal más de seis (6) meses, partiendo de que si bien es cierto la prescripción se interrumpió desde la fecha de iniciación del correspondiente expediente disciplinario, pero se reanudara dicho plazo, desde que la Inspectoría General de Órganos y Tribunales emite un dictamen o informe de las investigaciones realizadas y estas son remitidas a la Dirección de Personal para que se siguiera con el trámite ya establecido, transcurriendo más de seis meses para que se reiniciara dicho trámite disciplinario y se sancionara; paralización del trámite que obedece estrictamente a causas imputables a la administración, no al servidor judicial, por lo que se puede observar que entre la fecha en la que Inspectoría General de órganos judiciales remite el informe que contiene la falta cometida correspondientes a las denuncias 1201-2013-00041 y 1201-2013-00493 misma que es acumulada a la primera en mención así como la denuncia 1201-2013-000095a la fecha de la audiencia de descargo por esa denuncia han transcurrido más de 6 meses por causas no imputables al ciudadano, denuncia que a la fecha de la resolución que contiene la sanción disciplinaria (f.135); haciendo la aclaración que en las denuncias 1201-2013-00041 y 1201-2013-00493 no han transcurrido los 6 meses pero como la resolución que contiene la sanción de despido las subsume en una sola junto con la denuncia 1201-2013-00009 que si esta prescrita, las anteriores denuncias están intrínsecamente dentro de la ilegalidad del acto que constitucionalmente limito y restringió garantías constitucionales como es el personal debido proceso en el que ha operado la figura de la prescripción así como el hecho de que una circular jamás podrá alterar el espíritu de la Ley ni mucho menos variar el contenido y alcance de la misma 5. La representación procesal de la parte recurrente, el Abogado, JOSE RAMON PINEDA IDIAQUEZ, en fecha trece de diciembre del dos mil dieciocho, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha veintitrés de agosto del dos mil dieciocho, por la Corte de lo Fiscal Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación 14-17, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente 344-2014 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha ocho de enero del dos mil diecinueve, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo respectivamente. 6. La representación procesal de la parte recurrida, la Abogada ZORAYA GISELA LAGOS RUBIO, presentó en fecha once de febrero del dos mil diecinueve, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha quince de febrero del dos mil diecinueve por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veinte de febrero del dos mil diecinueve el Abogado JOSE RAMON PINEDA IDIAQUEZ y en fecha veintiuno de febrero del dos mil diecinueve la Abogada ZORAYA GISELA LAGOS RUBIO. 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veinte de junio del dos mil diecisiete, teniendo por personados al Abogado JOSE RAMON PINEDA IDIAQUEZ como recurrente y la Abogada ZORAYA GISELA LAGOS RUBIO como recurrida, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: «Infracción por la interpretación errónea de las normas procesales empleadas, concretamente de las Artículos 200 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil vigente, en relación con la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en sus Artículos 8. 2. h) y 25. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo se halla comprendido en el Articulo 719.1 letra c) del Código Procesal Civil vigente, en la parte que dice:" c) La forma y contenido de la sentencia". DENUNCIA PREVIA DE LA INSTANCIA Como el error enunciado fue cometido al estructurarse la sentencia impugnada, no existe una denuncia previa en la segunda instancia, y en cuanto al requisito de subsanación, no se aplicó porque coma manifestamos la infracción de las normas procesales se dio al dictarse el fallo hoy impugnado. NORMAS INFRINGIDAS. Infracción al Código Procesal Civil en el Artículo 200 que dispone: "ARTICULO 200. CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1. Las sentencias serán motivadas y contendrán, en párrafos separados y enumerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en las que se basa la parte dispositiva o fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso". "ARTICULO 207. MOTIVACION. 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón". CONCEPTO DE LA INFRACCION. Honorables Magistrados, el Código Procesal Civil en el literal c) del artículo 719.1 trata los errores producidos en la sentencia por infracción en la votación y fallos de los litigios, en el contenido formal de las resoluciones y especialmente en el contenido formal de las sentencias, por lo que, de ese modo se puede impugnar por la falta de claridad y separación de los pronunciamientos del fallo que tengan relevancia, la falta de congruencia de la sentencia, infracción del deber de invariabilidad de la sentencia y excesos inadmisibles en cuanto a aclaraciones y rectificaciones y, en general, cuantas infracciones invaliden la sentencia teniendo en cuenta las normas procesales y orgánicas que la regulan como la falta de motivación o la motivación insuficiente. En el presente caso se señala las infracciones de las normas procesales que regulan la forma de la sentencia, produciéndose en la misma sentencia, o sea, son vicios internos que producen o manifiestan al estructurar la sentencia, es decir que su elaboración, en general se incurrieron en infracciones que invalidan la sentencia, teniendo en cuenta las normas procesales y orgánicas que la regulen como la falta de motivación o la motivación insuficiente. EXPLICACION DEL MOTIVO. Honorables Magistrados, se impugna la interpretación errónea de los artículos 200 en relación con el 207.2 del Código Procesal Civil, que afecta la forma de la sentencia. El artículo 200 del Código Procesal Civil, entre otros requisitos exige el numeral 1, que las sentencias serán siempre motivadas, y se determina la motivación de acuerdo al concepto y alcance que se establece en el artículo 207 de ese mismo cuerpo legal. En el fallo impugnado la motivación del mismo es insuficiente, porque no existen razonamientos facticos y jurídicos sobre los presupuestos en que funda su sentencia el Tribunal requerido. Existe insuficiencia en la motivación, pues la exigua que existe en la sentencia verdaderamente no incide en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, tanto considerados individualmente coma en su conjunto, como lo exige el artículo 207.2 del C6digo Procesal Civil. Como fácilmente se puede apreciar la sentencia recurrida no desarrolla la exigencia que integra la motivación, ya que el Ad-quem no cumplió en su sentencia con los requisitos que establecen los artículos 200 y 208, al no haberse llevado a cabo un razonamiento lógico en el fallo impugnado, sino que simplemente se limitó a citar las disposiciones legales que en su criterio son los que sustentan la sentencia dictada y que llevaron a confirmar por parte del Ad- quem, la sentencia de primera instancia. En el caso de autos, el Tribunal de Apelación, en una interpretación errónea de las normas que Regulan la Forma de la Sentencia y que es objeto de impugnación mediante el presente motivo, no logra acertar los motives que le llevaron al dictado de la misma, pues su sentencia se limita a interpretar artículos de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, pero sin interpretar el razonamiento, ya que solo se limita a trascribir los mismos. Honorables Magistrados, el Código Iberoamericano de Ética Judicial, en su Capítulo III señala que "la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del Juez (a), el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término la justicia de las resoluciones judiciales"; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente validas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El deber de motivar adquiere una intensidad máxima en materia de derecho ya que no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe de señalar porque una norma legal debe regir un caso concrete. Ahora bien, ordena el artículo 207 del Código Procesal que las sentencias deberán de ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 200 del mismo cuerpo legal, así pues la falta de una motivación COMPLETA se traduce en el vicio in procediendo por insuficiente motivación, y la falta de una motivación EXPRESA se traduce en el vicio in procediendo de carencia de Motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia. En el caso particular al haber la Corte de Apelaciones Confirmado la sentencia dictada por el A-quo, sin una debida fundamentación jurídica, ya que la sentencia recurrida solo hace cita de las normas legales, sin ninguna explicación del porque estas están vinculadas al caso concrete hace incurrir al sentenciador en el motivo Procesal invocado, y por ende hace procedente la admisión del presente motivo de Casación, quedando así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representado». 2.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión, a saber: a) en la formulación se indican como disposiciones infringidas los artículos 200 numerales 1) y 2) literal c), 207 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil, que regulan situaciones jurídicas específicas que se deben precisar de manera separada e independiente, ya que algunas regulan las formalidades generales en la redacción de la sentencia y otras cuestiones concretas sobre el contenido formal de las mimas; b) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil; y, c) en la explicación denominado en el cargo concepto de la infracción, se alude al artículos 208 del Código Procesal Civil, disposición que no ha sido señalada como infringida o relacionada y se mencionan la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial y el Código Iberoamericano de Ética Judicial, Capítulo III, lo que en nada abona a la claridad motivo. 3.- Que en un segundo motivo se esgrime: “Infracción por falta de Aplicación de las normas que regulan los actos y garantías procesales, cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, propiamente de los artículos 317 de la Constitución de la República, 3 letra e) y 63 reformado de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 719.1 literal b) del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE INFRACCION: Se Impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, Articulo 51 y 53 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, confrontado con los Artículos 3 letra e) y 63 reformado de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial en relación directa con el 317 reformado en su último párrafo de la Constitución de la República, normas de derecho referidas en los fundamentos de derecho utilizadas por el Ad-quem en las que baso su sentencia, el cual se lee así; A) En el fundamento de derecho CUARTO (4) de la sentencia recurrida manifiesta claramente que el derecho universal de toda persona, en la que la tutela judicial efectiva no se limita a la actuación judicial de primera instancia, sino también a peticionar ante los órganos superiores por medio de recursos que conforman una pieza clave en el sistema judicial, acción que no permite resolver cuestiones nuevas, es decir, no deducidas en primera instancia, obligando a esta jurisdicción a juzgar dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y oposición. Los agravios expuestos por la parte apelante, consisten de manera concreta, en la mala apreciación del A quo en cuanto a lo establecido en los artículos 66 y 70 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial al haberse llevado a cabo el procedimiento establecido para despedir a la parte actora y ser legitima la Circular número 5 del acta número 4 de la sesi6n celebrada en fecha 29 de octubre del 2014. Por lo que los Juzgadores A-quem, hacen también suyos los errores del Juzgador A quo, ya que si los Artículos 51 y 53 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial se aplicasen como realmente se debe al emitir ambos fallos se interpretaría de la manera siguiente: que los servidores y empleados del Poder Judicial, así tienen derechos también tienen obligaciones en el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales y administrativas; en el cual en el ejercicio de sus funciones asumen responsabilidades civiles, administrativas y penales siendo necesario establecer un régimen disciplinario pertinente con el propósito de respetar el debido proceso y su derecho a la defensa; de tal modo que las posibles sanciones a aplicar sean claras y proporcionales a la falta o infracción cometida. B) Que en el fundamento de derecho QUINTO (5) la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo sin sentencia de fecha veintitrés (23) de agosto del ario dos mil dieciocho (2018) en la parte final de dicho fundamento de Derecho dice el Tribunal: que mediante una circular se aprobó un régimen disciplinario que sirvió de fundamento legal para imponer la sanción de despido al hoy demandante, lo que para este tribunal es una clara infracción al ordenamiento jurídico y así como un exceso de poder par parte del entonces Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, ya que se procedió a la suspensión del cargo par falta no contemplada en la Ley del entonces Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.. .. principio de reserva de la Ley, principio general del derecho que se presenta cuando una norma constitucional que reserva expresamente a una Ley la regulación de una determinada materia, para lo que excluye la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por disposiciones de naturaleza distinta a la Ley ...... las anteriores denuncias están intrínsecamente dentro de la ilegalidad del acto que constitucionalmente limito y restringió garantías constitucionales como es el debido proceso en el que ha operado la figura de la prescripción así como el hecho de que una circular jamás podrá alterar el espíritu de la Ley ni mucho menos variar el contenido y alcance de la misma. Toda lo anteriormente manifestado en la sentencia de fecha veintitrés (23) de agosto del dos mil dieciocho (2018), emitida par la Juzgador Ad-Quem se rechaza ya que conforme la Constitución de la República en su Artículo 317 párrafo primero en relación con el Articulo 3 letra e) de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial tiene la facultad de ejercer el régimen disciplinario de los miembros de la carrera judicial y de los demás funcionarios y auxiliares jurisdiccionales, personal administrativo y técnico, por tanto el Congreso Nacional mediante la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, se le faculta para ejercer el régimen disciplinario, dicha facultad está estipulada en el artículo 3 literal e), además tiene las siguientes atribuciones: Nombrar v remover a Magistrados de Cortes de Apelaciones jueces. así como a los demás funcionarios y auxiliares jurisdiccionales … Elaborar y aprobar reglamentos que sean necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, así como los instructivos para su implementación" k) las demás que le confieran la Constitución y leyes aplicables y cualquier otra, complementaria o análoga que se estime como necesaria para el correcto desempeño de sus obligaciones" Como lo concibe el Articulo 317 Reformado de la Constitución de la República, de cuyo texto se extrae de forma terminante que las Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados, descendidos ni jubilados sino por las causas y garantías previstas en la ley; norma constitucional que también es congruente con lo dispuesto en el Articulo 63 reformado de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, que dice: "Las Infracciones que generan responsabilidad en el desempeño del cargo de los empleados y funcionarios serán sancionados con la medida disciplinaria que corresponda a la gravedad de la misma y que tenga por objeto la enmienda de/ servidor judicial, sin perjuicio de la responsabilidad civil que corresponda para garantizar el buen servicio y el correcto desempeño en el ejercicio de su cargo, se establecen las siguientes medidas a) amonestación privada, verbal o escrita, b) Mutua Suspensión del cargo sin goce de sueldo d) descenso a un cargo de clase o grado inferior e) traslado y f) despido; Clasificación que el Consejo tuvo a bien en cuanto a la ocurrencia de las mismas establecer dicho catalogo publicado en la Gaceta No 33,359 de fecha 19 de febrero del 2014, el cual es aplicable por las razones antes expuestas al asunto sometido ante el Consejo de la Judicatura por la responsabilidad estimada por Inspectoría de Tribunales en contra del demandante. (Lo subrayado es nuestro). Finalmente en la parte dispositiva de la sentencia recurrida manifiestan literalmente: POR TANTO: Esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional, en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos, siendo ponente la Magistrada DAYANI IVETTE BACANEGRA PADILLA y en aplicación de los artículos 303, 304, 305 de la Constitución de la República; 1, 2 letra a), 7 letra b) , 9, 89, 121, 122, 123, 129 letra c) y 134 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8, 8.1, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1, 11 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 22, 193, 195, 200, 273.1, 280.1, 479 numeral 1, 713 del Código Procesal Civil; FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE RAMON PINEDA IDIAQUEZ en su condici6n de apoderado legal sustituto del ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de fecha veintinueve de septiembre del dos mil dieciséis, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Y MANDA; Que luego que se notifique en legal y debida forma esta sentencia se comunique al Juzgado de su procedencia por medio de la certificación respectiva, a efecto que proceda de conformidad a lo resuelto. - SIN COSTAS: Por que a juicio del Tribunal existen motivos para litigar. NOTIFIQUESE. El Juzgador Ad-Quem al emitir la sentencia impugnada de fecha veintitrés (23) de agosto del dos mil dieciocho (2018), CONFIRMA a su vez el fallo apelado oportunamente proferido por el A-quo, de fecha veintinueve (29) de septiembre del dos mil dieciséis (2016), por lo que hace suyos todos y cada uno de sus fundamentos de derecho que sirvieron de base al juzgado de Primera Instancia en su parte dispositiva. Es por eso que recurro la presente sentencia ya que el Juez A-quo, inobservó la legislación como ser la Constitución de la República, Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial de aplicación exclusiva a los empleados y funcionarios Judiciales, no tomo en consideración los alegatos planteados en la contestación de la presente demanda, en la audiencia preliminar y mucho menos en las conclusiones presentadas en dicho Juicio, como se puede observar en la redacción de dicha sentencia definitiva. Además en dicha sentencia se omitió lo establecido en el Artículo 197.2 del CODIGO Procesal Civil que regula el contenido formal de las resoluciones en el sentido que al notificarse la resolución a las partes se indicara si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último caso del Recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir. SOBRE LA PREVIA DENUNCIA EN IA INSTANCIA DE LOS VICIOS PROCESALES IMPUGNADOS: Al recaer el vicio de falta de aplicación de los artículos 317 de la Constitución de la República, 3 letra e) y 63 reformado de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, en la sentencia definitiva recurrida, no se pudo realizar denuncia del defecto ex ante, por lo que el presente recurso constituye la indicada para enmendar la infracción impugnada. INCIDENCIA DE IA INFRACCION EN IA RESOLUCION; ¡La falta de aplicación e infracción de las normas aludidas ha violado la garantía constitucional del derecho de defensa y debido proceso en el caso judicial que nos ocupa y consecuencia de ello, también ha causado indefensión a mi representado el Estado de Honduras por actuaciones de! Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, todo lo cual determina la existencia de una arbitrariedad manifiesta en la emisión de la sentencia acusada, cuestión la cual es absolutamente incompatible con una buena administración de justicia y con una tutela judicial efectiva. SOBRE LA PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DE LOS VICIOS PROCESALES IMPUGNADOS. Al recaer el vicio de falta de aplicación de Normas Procesales que regulan los requisitos internos de la sentencia, en la sentencia definitiva recurrida, no se pudo realizar la denuncia del defecto ex ante, por lo que el presente recurso constituye la vía para enmendar la infracción impugnada. INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN LA RESOLUCION La falta de exhaustividad por no ofrecer un pronunciamiento preciso a todo lo debatido en el Juicio ha propiciado que el fallo recurrido haya sido dictado en un sentido diferente al que debió dictarse. En dicha sentencia se omitió lo establecido en el Artículo 197.2 del Código Procesal Civil que regula el contenido formal de las resoluciones en el sentido que al notificarse la resolución a las partes se indicara si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último caso del Recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir”. 4.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión, a saber: a) en la formulación se indica el concepto de falta de aplicación, pero en la explicación se menciona que se impugna la “aplicación e interpretación” de normas lo que vuelve confuso el motivo; b) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil; c) se invoca como precepto autorizante el “Artículo 719.1 literal b) del Código Procesal Civil”, pero en el concepto de la infracción se expone que se impugnan “…las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio…” lo que refiere a una causal de casación distinta a la invocada; d) en el concepto de la infracción se insta a la revisión de los hechos e interpretación de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; e) se alude a los artículos 3 letra e) reformado, 51, 53, 63 reformado, 66 y 170 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, que no fueron señalados como infringidos o relacionados en la formulación; y, f) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil. 5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de la Constitución de la Republica, a la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. 6.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación 7.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 704, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los un día del mes de diciembre del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha siete de octubre del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CA139-19.” Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO