Sentencia CA-135-20 — Registro 12177
Resumen
La Corte de Apelaciones revoca la sentencia dictada por el juzgado, bajo el criterio que, de las pruebas antes señaladas se concluye que existieron actos tácitos tanto en la contratación como en la cancelación de los demandantes
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la responsabilidad primaria del cumplimiento de las obligaciones internacionales corresponde al Estado, por lo que conforme el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se trata de disposiciones de carácter general que tiene por objeto la tutela de derechos fundamentales, entre ellos, los derechos a la defensa, tutela judicial efectiva y al debido proceso. XVI.- Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. XVII.- Que ya este Tribunal en resolución de fecha 14 de mayo de 2019, visible a folios 98 al 105 de la segunda pieza de autos, con base a que el fallo del ad quem carecía de motivación exhaustiva, congruencia y contradicción, declaró la nulidad del mismo, para que con base al artículo 727 numeral 4) del Código Procesal Civil, dicha alzada dictara uno nuevo en el plazo de 15 días, lo cual no se acató debidamente, incurriéndose en nuevos defectos, que se han señalado anteriormente. XVIII.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad Quem, reponiendo las actuaciones al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 727, Numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve días del mes de diciembre de dos mil veinte, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA y EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrentes/Recurridas: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado JOSE EDUARDO PINTO CHINCHILLA; y los señores RAÚL ERNESTO SOTO CASTRO, EDWIN ALEJANDRO HERNANDEZ FUNEZ, VANESSA FABIOLA RODEZNO TERCERO, JOSE BARTOLO MOYA SALGADO, XENIA MARIA PINEDA RIVAS, VIENA MELISSA SOTO PONCE, WILMER ELIUD HERNANDEZ DOMINGUEZ, WALTER MANRIQUE CASTRO SOSA, ARMANDO AUGUSTO FLORES SANTOS, MARIA ESTELA ZELAYA MALDONADO, SANDRA ANABEL DIAZ MELENDEZ, NADIA ELIZABETH RIVERA AVILA, NORLAN MANRIQUE MURILLO ALCANTARA, MARIA LETICIA CABRERA, MARCO ANTONIO IRIAS RODRIGUEZ, VICTOR MANUEL ALFARO BONILLA, MARIA DEL ROSARIO ORTEGA HERNANDEZ, ROGER BALLARDO MURILLO ALCANTARA, DIGNA HAYDE SANTOS HERNANDEZ, FRANKLIN SAUL GONZALES ZELAYA, OSCAR ARMANDO COELLO REYES, MARGARITA CRUZ VILLAFRANCA, GLADIS NAYIBE HIZA PERDOMO, FANNY GONZALES CARRASCO, EMERSON LEAO VALLADARES ACEITUNO, OCTAVIO OLIVA, NORBERTO FRANCO MARTEL, JULIO BARDALES, LEONIDAS SUAZO FUNEZ, SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ, GEORGE HARRY NEDREBO LINDBLON, NANCY CAROLINA SANCHEZ VELASQUEZ, ROSINA YAMILETH SANCHEZ VELASQUEZ, DANIEL ANTONIO MEMBRENO LAINEZ, CECILIO REYNALDO MERAZ PUERTO, JORGE ADALBERTO LOPEZ ESTRADA, VANESSA PAULETH BENDANA SILVA, GUADALUPE COELLO DUBON, ASHLEY MELISSA GUIFARRO, YADIRA ALEJANDRA YANEZ APARICIO, JOSE LUIS SALGADO GARCIA, JOSE LUIS GUILLEN, SANDRA ISABEL GOMEZ, JORGE ALBERTO SANDRES RODRIGUEZ, MAGDA ELIZABETH MEDINA RAMOS, WALTER JAVIER RODRIGUEZ, KAREN LISBETH VASQUEZ MATUTE, FARINA IMELDA VASQUEZ GARCIA, DIANA CAROLINA CARTAGENA BANEGAS, MARY JACQUELINE MEDINA AMADOR, ROSA LEDIS CHAVEZ CARDENAS, JOSE CARLETON DAVILA MONDRAGON, JESUS HUMBERTO MARQUEZ VALENZUELA, PAMELA LILIANA ALFARO BUSTAMANTE, NUBIA PATRICIA LÓPEZ LÓPEZ y ANA ELIZABETH CANTOR, representados en juicio por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO. OBJETO DEL PROCESO: demanda que se declare la ilegalidad y nulidad de unos Actos Tácitos Administrativos de Carácter Particular, Reconocimiento de una Situación Jurídica Individualizada como medida para su Pleno Restablecimiento se pague una Indemnización por concepto de Prestaciones. más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de su cancelación hasta que se efectúe el pago, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, D.C., Departamento de Francisco Morazán, por los señores: 1) RAÚL ERNESTO SOTO CASTRO; 2) EDWIN ALEJANDRO HERNANDEZ FUNEZ; 3) VANESSA FABIOLA RODEZNO TERCERO; 4) JOSE BARTOLO MOYA SALGADO; 5) XENIA MARIA PINEDA RIVAS; 6) VIENA MELISSA SOTO PONCE; 7) WILMER ELIUD HERNANDEZ DOMINGUEZ; 8)WALTER MANRIQUE CASTRO SOSA; 9) ARMANDO AUGUSTO FLORES SANTOS; 10) MARIA ESTELA ZELAYA MALDONADO; 11) SANDRA ANABEL DIAZ MELENDEZ; 12) NADIA ELIZABETH RIVERA AVILA; 13) NORLAN MANRIQUE MURILLO ALCANTARA; 14) MARIA LETICIA CABRERA; 15) MARCO ANTONIO IRIAS RODRIGUEZ; 16) VICTOR MANUEL ALFARO BONILLA; 17) MARIA DEL ROSARIO ORTEGA HERNANDEZ; 18) ROGER BALLARDO MURILLO ALCANTARA; 19 DIGNA HAYDE SANTOS HERNANDEZ; 20) FRANKLIN SAUL GONZALES ZELAYA; 21) OSCAR ARMANDO COELLO REYES; 22) MARGARITA CRUZ VILLAFRANCA; 23) GLADIS NAYIBE HIZA PERDOMO; 24) FANNY GONZALES CARRASCO; 25) EMERSON LEAO VALLADARES ACEITUNO; 26) OCTAVIO OLIVA; 27) NORBERTO FRANCO MARTEL; 28) JULIO BARDALES; 29) LEONIDAS SUAZO FUNEZ; 30) SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ; 31) GEORGE HARRY NEDREBO LINDBLON; 32) NANCY CAROLINA SANCHEZ VELASQUEZ; 33) ROSINA YAMILETH SANCHEZ VELASQUEZ; 34) DANIEL ANTONIO MEMBRENO LAINEZ; 35) CECILIO REYNALDO MERAZ PUERTO; 36) JORGE ADALBERTO LOPEZ ESTRADA; 37) VANESSA PAULETH BENDANA SILVA; 38) GUADALUPE COELLO DUBON; 39) ASHLEY MELISSA GUIFARRO; 40) YADIRA ALEJANDRA YANEZ APARICIO; 41) JOSE LUIS SALGADO GARCIA; 42) JOSE LUIS GUILLEN; 43) SANDRA ISABEL GOMEZ; 44) JORGE ALBERTO SANDRES RODRIGUEZ; 45) MAGDA ELIZABETH MEDINA RAMOS; 46) WALTER JAVIER RODRIGUEZ; 47) KAREN LISBETH VASQUEZ MATUTE; 48) FARINA IMELDA VASQUEZ GARCIA, 49) DIANA CAROLINA CARTAGENA BANEGAS; 50) MARY JACQUELINE MEDINA AMADOR; 51) ROSA LEDIS CHAVEZ CARDENAS; 52) JOSE CARLETON DAVILA MONDRAGON; 53) JESUS HUMBERTO MARQUEZ VALENZUELA; 54) PAMELA LILIANA ALFARO BUSTAMANTE; 55) NUBIA PATRICIA LÓPEZ LÓPEZ y 56) ANA ELIZABETH CANTOR, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifestaron en el escrito de su acción, que en diferentes fechas fueron contratados como empleados en los departamentos siguientes: Transparencia, poder ciudadano, donaciones, red solidaria, oficina de la primera dama, mantenimiento, tesorería, pagaduría, motoristas, auxiliares, extremo este que se acredita con los documentos acompañados como ser copias autenticadas de carnets, váuchers de pago, notas de jefes inmediatos y demás, con lo que acreditaron la relación laboral, y que en ningún momento firmaron acuerdo ni contrato de trabajo con el Estado; y que por causas ajenas a su voluntad la Casa Presidencial no les concedió acuerdo laboral ni contrato de trabajo; sin embargo, si existió relación laboral, porque tenían un horario que cumplir, tareas que les asignaban diariamente, recibían pago puntual por medio de Banco Ficohsa, cotizaban al INJUPEMP y Seguro Social, con lo cual quedó establecido que eran empleados públicos y que por una ilegalidad de la administración pública no se los legalizó su situación jurídica como empleados de Casa de Gobierno; manifestaron que a raíz del cambio de gobierno, no se les permitió el ingreso al lugar de trabajo, dando instrucciones en el portón de acceso a Casa Presidencial que no se les permita el ingreso por órdenes superiores, sin haberles notificado la cancelación de sus plazas ni en forma verbal ni escrita, no se les manifestó sobre el pago de los sueldos desde el mes de junio y de sus derechos a la indemnización y prestaciones laborales correspondientes; que ante tal ilegalidad y arbitrariedad de sus despidos hicieron todo lo posible para que se les reconozcan los derechos, tal como el reintegro, indemnización o pago de sus prestaciones, pero todo ha sido en vano, ya que no se les permitió el ingreso al lugar de trabajo; además argumentaron que la Constitución de la República en el artículo 129 establece que el trabajador tendrá derecho a su elección a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas, o el reintegro al trabajo; considerando el acto administrativo tácito como el que se deduce inequívocamente una determinada actuación. 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que las ahora demandantes no han presentado prueba contundente para demostrar que laboraron en, y para el Despacho de la Presidencia, observándose la mala intención de tratar de sorprender en su buena fe a este honorable juzgado al aducir las demandantes que acreditan su relación mediante actos administrativos tácitos por no haber firmado supuestamente contratos de trabajo y/o acuerdos, pretendiendo acreditar una hipotética relación laboral con la administración pública mediante documentos a través de las cuales se pretenden hacer creer a este juzgado que han desempeñado supuestamente cargos públicos y también refieren el recibimiento de sumas en concepto de pagos, sin embargo, tal y como dice el axioma jurídico "a confesión de parte, relevo de pruebas", los mismos señores demandantes expresan claramente no haber firmado ninguna clase de contratos laborales o acuerdos al efecto, ellos mismos han estado en la obligación de acreditar con documentos originales esa supuesta relación, ya que la administración pública emite actos administrativos expresos, por lo que no es procedente anular un acto tácito o expreso que solo existe en los argumentos de la parte actora, alegó además que para que exista una prestación de servicios públicos es requisito indispensable que exista un acuerdo de nombramiento o un contrato análogo que señale que inequívocamente el inicio de una relación laboral, por lo que los datos referidos en la subsanación de la demanda deben ser probados, pero en este caso particular brillan por su ausencia; asimismo señalaron que no pudieron entrar a sus labores el 28 de junio del 2009, misma que era día domingo, por lo tanto día inhábil y por ende sin labores dentro de Casa Presidencial faltando a la veracidad y persiguiendo un lucro indebido, sin agotar la vía administrativa por lo que en este momento ya es extemporáneo, ya que llama la atención el tiempo transcurrido entre el mencionado día y la fecha de interposición de la demanda, que rebasa en gran medida las plazas y términos establecidos en nuestra legislación Presidencial administrativa vigente ni invocar los beneficios de Servicio Civil y su Reglamento por lo que se debe declarar la improcedencia de la acción. 3.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, en fecha 29 de octubre del 2010, interpuso en tiempo y forma defensas previas, alegando como PRIMERA DEFENSA PREVIA, que se hubiere interpuesto por persona incapaz, no representada debidamente o no legitimada, (Artículo 80 literal b); ya que los demandantes no acreditaron su relación de servicio con el Estado de Honduras mediante el respectivo Acuerdo de Nombramiento que constituye el Acto Administrativo que hace nacer la relación de servicio y la situación jurídica que legitima a la persona para comparecer ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo; señaló además, que respecto de varios de los demandantes consignados originalmente en el escrito de demanda, no figuran como demandantes en el escrito de subsanación de la presente demanda, de lo cual se infiere que los mismos desistieron de demandar, tal es el caso de los señores: Raúl Edgardo Soto Castro, Luis Alonso Trochez Torres, Olga Lorena Cruz Estrada, Thelma Ondina Álvarez Bonilla, Norma Lila Velásquez, Lesly Ma Ynel Alvarenga Bonilla, Alejandra Membreño López, Glenda Patricia Zaldaña Cantor, Florencia Patricia Salgado Cortes, Juan De Jesús Lagos Elvir, Lorena Rivas Méndez, José Concepción Suazo Funez, Dilcia Kaysa Mena Rochez Nancy Daena Benedith Álvarez, Sagrario Esmirna Paredes Vásquez Julio Cesar Canales Martínez, Evenor Mejía Suazo. SEGUNDA DEFENSA PREVIA: consistente en haberse presentado la demanda fuera de los plazos respectivos y establecidos en la ley para acudir a esa instancia en tutela jurídica y que según las disposiciones establecidas en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su artículo 63 inciso a) señala como causa de inadmisibilidad las que se funden en los motivos que, con arreglo al Artículo 80 de esta Ley la acción Contencioso Administrativo no puede ser admitida y que tal situación está regulada y relacionada con los artículos 51, incisos c) y el artículo 48 ambos de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que nos enmarca los variados contextos dentro de los cuales se sujetan todos los plazos para interponer la acción Contencioso Administrativo, sea esta contra un Acto manifestado por escrito, es decir, un Acto Expreso (literal a), articulo 48) una publicación (literal b, articulo 48) o un Acto no manifestado por escrito sea este de denegación o de acción; que para interponer la acción en el Juzgado Contencioso Administrativo, hay plazos legalmente establecidos y que deben ser respetados tanto por los interesados como por el mismo Juzgado de lo Contencioso Administrativo; en el presente caso transcurrió tres meses desde que se consideraron presuntamente cancelados los interesados hasta la fecha de presentación de la demanda, es decir la misma se presentó en fecha 21 de septiembre del 2009, y el Acto Administrativo Tácito por el cual presuntamente fueron cancelados es de fecha 28 de junio del 2009, de lo que se desprende que la presentación de la demanda es a todas luces extemporánea por lo que, de manera contundente en aplicación de las normas citadas es evidente que concurre la Defensa Previa antes señalada, en el cual se tipifica claramente que la presente demanda ha sido interpuesta fuera de los plazos respectivos. 2) Y siendo que la demanda incoada por los demandantes en contra del Estado de Honduras por actuaciones del Despacho Presidencial, fue presentada fuera de los plazos respectivos exigidos para esta materia y que la Normativa Administrativa contempla la facultad que se les otorga a los demandados para que estructuren dentro de los cinco días hábiles siguientes al emplazamiento aquellas defensas previas que tengan por objeto señalar como causa de inadmisibilidad y que deben ser en todo caso apreciados de oficio, como lo constituye el hecho de haber presentado la demanda, fuera de los plazos establecidos en el artículo 48 inciso c), en relación al artículo 105 y 111 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo así lo que dispone el artículo 63 inciso a) en relación al artículo 80 inciso d) del cuerpo de Ley citado, por lo que el Juzgado estaba facultado y con el deber de apreciar de oficio esa causa de inadmisibilidad. Asimismo, luego del procedimiento respectivo, el Juzgado mediante auto interlocutorio de fecha 17 de noviembre del 2010, desestimo las defensas previas, contra cuya resolución se interpuso amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el cual fue denegado y confirmado en consulta, por la Sala de lo Constitucional. 4.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 29 de junio del 2015, dictó sentencia definitiva, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar improcedente la acción promovida por los ciudadanos EDWIN ALEJANDRO HERNANDEZ FUNEZ, VANESSA FABIOLA RODEZNO TERCERO, JOSE BARTOLO MOYA SALGADO, XENIA MARIA PINEDA RIVAS, VIENA MELISSA SOTO PONCE, WILMER ELIUD HERNANDEZ DOMINGUEZ, WAL TER MANRIQUE CASTRO SOSA, ARMANDO AUGUSTOFLORES SANTOS, MARIA ESTELA ZELAYA MALDONADO, SANDRA ANABEL DIAZ MELENDEZ, NADIA ELIZABETH RIVERA AVILA, NORLAN MANRIQUE MURILLO ALCANTARA, MARIA LETICIA CABRERA, MARCO ANTONIO IRIAS RODRIGUEZ, VICTOR MANUEL ALFARO BONILLA, MARIA DEL ROSARIO ORTEGA HERNANDEZ, ROGER BALLARDO MURILLO ALCANTARA, DIGNA HAYDE SANTOS HERNANDEZ, FRANKLIN SAUL GONZALES ZELAYA, OSCAR ARMANDO COELLO REYES, MARGARITA CRUZ VILLAFRANCA, GLADIS NAYBE HIZA PERDOMO, FANNY GONZALES CARRASCO, EMERSON LEAO VALLADARES ACEITUNO, OCTAVIO OLIVA, NORBERTO FRANCO MARTEL, JULIO BARDALES, LEONIDAS SUAZO FUNEZ, SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ, GEORGE HARRY NEDREBO LINDBLON, NANCY CAROLINA SANCHEZ VELASQUEZ, ROSINA YAMILETH SANCHEZ VELASQUEZ, DANIEL ANTONIO MEMBRENO LAINEZ, CECILIO REYNALDO MERAZ PUERTO, JORGE ADALBERTO LOPEZ ESTRADA, VANESSA PAULETH BENDANA SILVA, GUADALUPE COELLO DUBON, ASHLEY MELISSA GUIFARRO, YADIRA ALEJANDRA YANEZAPARICIOJOSE LUIS SALGADO GARCIA, JOSE LUIS GUILLEN, SANDRA ISABEL GOMEZ, JORGE ALBERTO SANDRES RODRIGUEZ, MAGDA ELIZABETH MEDINA RAMOS, WAL TER JAVIER RODRIGUEZ, KAREN LISBETH VASQUEZ MATUTE, FARINA IMELDA VASQUEZ GARCIA, representada está en juicio por Karen Lisbeth Vásquez Matute, DIANA CAROLINA CARTAGENA BANEGAS, MARY JACQUELINE MEDINA AMADOR, ROSA LEDIS CHAVEZ CARDENAS, JOSE CARLETON DAVILA MONDRAGON, JESUS HUMBERTO MARQUEZ VALENZUELA, PAMELA LILIANA ALFARO BUSTAMANTE, NUBIA PATRICIA LOPEZ LOPEZ y ANA ELIZABETH CANTOR Quienes confieren poder al Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en la demanda promovida contra el Estado de Honduras específicamente la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL por estar ajustado a derecho el acto impugnado consistente en el acto tácito de cancelación de los demandante”; sin costas; bajo el criterio que, de la revisión del expediente se ha podido constatar que los demandantes alegan que fueron cancelados a través de un acto tácito, es decir no hubo un acto que materializara la relación de trabajo con la parte demandada, no obstante aunque acreditaron documentos que confirman que hubo una relación laboral como ser : a) Constancias emitidas por el jefe del departamento de recursos humanos de Casa Presidencial donde hace constar que varios de los demandantes se desempeñaron como empleados de Casa Presidencial, b) Constancias del Instituto Hondureño del Seguro Social en donde se acredita que los demandantes cotizaron al sistema bajo el número patronal de Casa Presidencial, c) comprobantes de depósito emitidos por Banco Ficohsa y realizados por Casa Presidencial a nombre de los ahora demandantes, d) Constancia de INJUPEMP, en donde consta que los ahora demandantes cotizaron a ese sistema de acuerdo a la planilla de Casa de Gobierno del 01 de junio del 2006 al 31 de mayo del 2009, empleado o servidor público es la persona natural que ha sido nombrada a través de un acuerdo, que presta sus servicios personales a la administración pública y que está protegido por la ley de Servicio Civil. Que la Ley de Servicio Civil y su Reglamento es clara al ordenar que el estatus de servidor público se obtiene a través de un acuerdo de nombramiento, en consecuencia para encontrarnos bajo el régimen de servicio civil, sin perjuicio de las excepciones que prescribe la misma ley, dicho vínculo se adquiere a través de un acuerdo de nombramiento y no a través de un acto tácito; por lo que debe ser requisito de obligatorio cumplimiento para obtener el estatus de servidor público un acuerdo de nombramiento que haga posible una vinculación de trabajo bajo el régimen de servicio civil (fallo emitido por la honorable Corte de Apelaciones confirmados por la Sala Laboral Contencioso Administrativa. 5.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 20 de noviembre del 2019, dictó sentencia definitiva REVOCANDO la proferida en primera instancia, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO en su condición de representante procesal de los señores EDWIN ALEJANDRO HERNANDEZ FUNES, VANESSA FABIOLA RODEZNO TERCERO, JOSE BARTOLO MOYA SALGADO, XENIA MARIA PINEDA RIVAS, VIENA MELISSA SOTO PONCE, WILMER ELIUD HERNANDEZ DOMINGUEZ, WALTER MANRIQUE CASTRO SOSA, ARMANDO AUGUSTO FLORES SANTOS, MARIA ESTELA ZELAYA MALDONADO, SANDRA ANABEL DIAZ MELENDEZ, NIDIA ELIZABETH RIVERA AVILA, NORLAN MANRRIQUE MURILLO ALCANTARA, MAIRA LETICIA CABRERA, MARCO ANTONIO IRIAS RODRIGUEZ, VICTOR MANUEL ALFARO BONILLA, MARIA DEL ROSARIO ORTEGA HERNANDEZ, ROGER BAYARDO MURILLO ALCANTARA, DIGNA HAYDE SANTOS HERNANDEZ, FRANKLIN SAUL GONZALES ZELAYA, OSCAR ARMANDO COELLO REYES, MARGARITA CRUZ VILLAFRANCA, GLADYS NAYIBE HIZA PERDOMO, FANNY GONZALEZ CARRASCO, EMERSON LEAO VALLADARES ACEITUNO, OCTAVIO OLIVA, NORBERTO FRANCO MARTEL GUTIERREZ, JULIO BARDALES, LEONIDAS SUAZO FUNES, SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ, GEORGE HARRY NEBREDO LINDBLOM, NANCY CAROLINA SANCHEZ VELASQUEZ, ROSINA YAMILETH SANCHEZ VELASQUEZ, DANIEL ANTONIO MEMBRENO LAINEZ, CECILIO REYNALDO MERAZ PUERTO, JORGE ADALBERTO LOPEZ ESTRADA, VANESSA POULETH BENDANA SILVA, GUADALUPE COELLO DUBON, ASHLEY MELISSA GUIFARRO SALGADO, YADIRA ALEJANDRA YANEZ APARICIO, JOSE LUIS SALGADO GARCIA, JOSE LUIS GUILLEN, SANDRA ISABEL GOMEZ, JORGE ALBERTO SANDRES RODRIGUEZ, MAGDA ELIZABETH MEDINA RAMOS, WALTER JAVIER RODRIGUEZ VARELA, KAREN LISBETH VASQUEZ MATUTE, FARINA IMELDA VASQUEZ GARCIA, DIANA CAROLINA CARTAGENA BANEGAS, MARY JACQUELINE MEDINA AMADOR, ROSA LEDIS CHAVEZ CARDENAS, JOSE CARLETNTON DAVILA MONDRAGON, JESUS HUMBERTO MARQUEZ VALENZUELA, PAMELA LILIANA ALFARO BUSTAMANTE, NUBIA PATRICIA LOPEZ LOPEZ, ANA ELIZABETH CANTOR PONCE. SEGUNDO: REVOCAR la Sentencia de fecha veintinueve (29) de junio del dos mil quince (2015) dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, que corre del folio quinientos cuarenta y dos (542) al folio quinientos cuarenta y nueve (549) de la primera pieza de los autos. TERCERO: Se DECLARA PROCEDENTE LA ACCION PROMOVIDA por el abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en su condición de representante Procesal de los señores EDWIN ALEJANDRO HERNANDEZ FUNES, VANESSA FABIOLA RODEZNO TERCERO, JOSE BARTOLO MOYA SALGADO, XENIA MARIA PINEDA RIVAS, VIENA MELISSA SOTO PONCE, WILMER ELIUD HERNANDEZ DOMINGUEZ, WALTER MANRIQUE CASTRO SOSA, ARMANDO AUGUSTO FLORES SANTOS, MARIA ESTELA ZELAYA MALDONADO, SANDRA ANABEL DIAZ MELENDEZ, NIDIA ELIZABETH RIVERA AVILA, NORLAN MANRRIQUE MURILLO ALCANTARA, MAIRA LETICIA CABRERA, MARCO ANTONIO IRIAS RODRIGUEZ, VICTOR MANUEL ALFARO BONILLA, MARIA DEL ROSARIO ORTEGA HERNANDEZ, ROGER BAYARDO MURILLO ALCANTARA, DIGNA HAYDE SANTOS HERNANDEZ, FRANKLIN SAUL GONZALES ZELAYA, OSCAR ARMANDO COELLO REYES, MARGARITA CRUZ VILLAFRANCA, GLADYS NAYIBE HIZA PERDOMO, FANNY GONZALEZ CARRASCO, EMERSON LEAO VALLADARES ACEITUNO, OCTAVIO OLIVA, NORBERTO FRANCO MARTEL GUTIERREZ, JULIO BARDALES, LEONIDAS SUAZO FUNES, SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ, GEORGE HARRY NEBREDO LINDBLOM, NANCY CAROLINA SANCHEZ VELASQUEZ, ROSINA YAMILETH SANCHEZ VELASQUEZ, DANIEL ANTONIO MEMBRENO LAINEZ, CECILIO REYNALDO MERAZ PUERTO, JORGE ADALBERTO LOPEZ ESTRADA, VANESSA POULETH BENDANA SILVA, GUADALUPE COELLO DUBON, ASHLEY MELISSA GUIFARRO SALGADO, YADIRA ALEJANDRA YANEZ APARICIO, JOSE LUIS SALGADO GARCIA, JOSE LUIS GUILLEN, SANDRA ISABEL GOMEZ, JORGE ALBERTO SANDRES RODRIGUEZ, MAGDA ELIZABETH MEDINA RAMOS, WALTER JAVIER RODRIGUEZ VARELA, KAREN LISBETH VASQUEZ MATUTE, FARINA IMELDA VASQUEZ GARCIA, DIANA CAROLINA CARTAGENA BANEGAS, MARY JACQUELINE MEDINA AMADOR, ROSA LEDIS CHAVEZ CARDENAS, JOSE CARLETNTON DAVILA MONDRAGON, JESUS HUMBERTO MARQUEZ VALENZUELA, PAMELA LILIANA ALFARO BUSTAMANTE, NUBIA PATRICIA LOPEZ LOPEZ, ANA ELIZABETH CANTOR PONCE contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL, por infracción del ordenamiento jurídico; a) Declarar NULIDAD TOTAL de los actos administrativo tácitos impugnados que consisten en las cancelaciones de cada uno de los demandantes por no estar emitidos conforme a derecho; b) Reconocer la situación jurídica individualizada a favor de cada uno de los demandantes y, como medida para su pleno restablecimiento, condena al Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho Presidencial a pagar a los señores EDWIN ALEJANDRO HERNANDEZ FUNES, VANESSA FABIOLA RODEZNO TERCERO, JOSE BARTOLO MOYA SALGADO, XENIA MARIA PINEDA RIVAS, VIENA MELISSA SOTO PONCE, WILMER ELIUD HERNANDEZ DOMINGUEZ, WALTER MANRIQUE CASTRO SOSA, ARMANDO AUGUSTO FLORES SANTOS, MARIA ESTELA ZELAYA MALDONADO, SANDRA ANABEL DIAZ MELENDEZ, NIDIA ELIZABETH RIVERA AVILA, NORLAN MANRRIQUE MURILLO ALCANTARA, MAIRA LETICIA CABRERA, MARCO ANTONIO IRIAS RODRIGUEZ, VICTOR MANUEL ALFARO BONILLA, MARIA DEL ROSARIO ORTEGA HERNANDEZ, ROGER BAYARDO MORILLO ALCANTARA, DIGNA HAYDE SANTOS HERNANDEZ, FRANKLIN SAUL GONZALES ZELAYA, OSCAR ARMANDO COELLO REYES, MARGARITA CRUZ VILLAFRANCA, GLADYS NAYIBE HIZA PERDOMO, FANNY GONZALEZ CARRASCO, EMERSON LEAO VALLADARES ACEITUNO, OCTAVIO OLIVA, NORBERTO FRANCO MARTEL GUTIERREZ, JULIO BARDALES, LEONIDAS SUAZO FUNES, SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ, GEORGE HARRY NEBREDO LINDBLOM, NANCY CAROLINA SANCHEZ VELASQUEZ, ROSINA YAMILETH SANCHEZ VELASQUEZ, DANIEL ANTONIO MEMBRENO LAINEZ, CECILIO REYNALDO MERAZ PUERTO, JORGE ADALBERTO LOPEZ ESTRADA, VANESSA POULETH BENDANA SILVA, GUADALUPE COELLO DUBON, ASHLEY MELISSA GUIFARRO SALGADO, YADIRA ALEJANDRA YANEZ APARICIO, JOSE LUIS SALGADO GARCIA, JOSE LUIS GUILLEN, SANDRA ISABEL GOMEZ, JORGE ALBERTO SANDRES RODRIGUEZ, MAGDA ELIZABETH MEDINA RAMOS, WALTER JAVIER RODRIGUEZ VARELA, KAREN LISBETH VASQUEZ MATUTE, FARINA IMELDA VASQUEZ GARCIA, DIANA CAROLINA CARTAGENA BANEGAS, MARY JACQUELINE MEDINA AMADOR, ROSA LED IS CHAVEZ CARDENAS, JOSE CARLETNTON DAVILA MONDRAGON, JESUS HUMBERTO MARQUEZ VALENZUELA, PAMELA LILIANA ALFARO BUSTAMANTE, NUBIA PATRICIA LOPEZ LOPEZ, ANA ELIZABETH CANTOR PONCE los daños y perjuicios causados por la terminación anticipada de sus contratos, indemnización que equivale al pago de los salarios que habrían percibido a partir de la fecha de cancelación, veintinueve (29) de Junio del año dos mil nueve (2009), hasta la fecha que expiraría su relación de trabajo el treinta (30) de enero del año dos mil diez (2010) más el pago de las vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional a favor de cada uno de los demandantes. c) Conforme a lo establecido en el artículo 82 inciso c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, queda diferido para la Etapa de Ejecución de Sentencia la determinación de la cuantía de los derechos antes establecidos”; sin costas, bajo el criterio que, de las pruebas antes señaladas se concluye que existieron actos tácitos tanto en la contratación como en la cancelación de los demandantes: Y, al señalar los demandantes que su relación laboral expiraría el 30 de enero de 2010, se concluye que los mismos fueron contratados bajo la modalidad de contrato de servicios profesionales con un término de duración hasta el diez (10) de enero del año dos mil diez (2010), habiendo sido cancelados dichos contratos en fecha 29 de junio de 2009, antes de la fecha de terminación de los mismos. Y si bien en la cuantía la demanda no es clara pues, como medida necesaria para el pleno restablecimiento de la situación jurídica individualizada, se solicita tanto el reintegro como el pago de prestaciones derivadas de la prestación del servicio y el pago de salarios dejados de percibir, el articulo 109 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece: "Asimismo, podrán impugnarse por esta vía los actos de cancelación de o separación de aquellos servidores públicos que hayan sido nombrados para periodos determinados, cuando aquel acto se hubiere producido antes del vencimiento del periodo respectivo." Y segundo párrafo del artículo 112 de la misma ley establece: "Si ya estuviere vencido el periodo para el cual fue nombrado al momento de dictar la sentencia, en el caso del segundo párrafo del artículo 109, se impondrá la sanción de pago por daños y perjuicios. ", por lo que, al producirse el acto tácito de cancelación de los demandantes en fecha 29 de junio de 2009 de manera injustificada, a los demandantes les corresponde el pago de los daños y perjuicios, mismos que corresponden a los salarios que habrían percibido desde el 29 de junio de 2009 hasta el 30 de enero de 2010. Los puntos de defensa de la parte demandada, han sido desvanecidos totalmente, ya que ha quedado establecido la existencia legal de los actos tácitos y su impugnabilidad ante esta Jurisdicción, así como la vinculación laboral que existió entre los demandantes y el Estado, siendo atribuible a la Administración Pública la omisión de los tramites y procedimientos legales que deben llevarse para el nombramiento y cancelación de servidores públicos, donde el servidor no tiene ninguna responsabilidad. Concluyendo que la sentencia apelada debe ser revocada, ya que el Acto tácito de cancelación se infringió el ordenamiento jurídico, articulo 81 segundo párrafo y 82 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Por lo que Declara Procedente la acción y deja diferido para la etapa de Ejecución de Sentencia lo concerniente al pago de lo condenado, que consiste únicamente en el derecho indemnizatorio otorgado de salarios dejados de percibir desde la fecha de cancelación por despido 29 de julio del 2009 hasta el treinta (30) de enero del año dos mil diez (2010). 6.- Las representaciones procesales de las partes recurrentes/recurridas, Abogados JOSE EDUARDO PINTO CHINCHILLA y OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en fecha 13 de enero del 2020, presentaron escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.293-09, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.049-2016 del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 23 de enero del 2020, tener por interpuestos y formalizados en tiempo y forma los recursos de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciaran sobre el contenido del mismo. 7.- Las representaciones procesales de las partes recurrentes/recurridas, Abogados JOSE EDUARDO PINTO CHINCHILLA, en fecha 21 de febrero del 2020, y OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, el 25 de febrero del 2020, presentaron escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 27 de febrero del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 05 de marzo del 2020, los Abogados JOSE EDUARDO PINTO CHINCHILLA y OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO. 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 08 de septiembre del 2020, teniendo por personados a los Abogados JOSE EDUARDO PINTO CHINCHILLA y OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en concepto de partes recurrentes/recurridas, en consecuencia, ordenó se siguiera con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.-Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.". III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1) dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter"; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 25 preceptúa: “Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. V.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. VI.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VII.- Que el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en su condición de representante procesal de la parte demandante, en el escrito donde formaliza el recurso, plantea: “SE SOLICITA NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES PARCIALMENTE DE LA SENTENCIA RECURRIDA, POR INCURRIR EN VICIOS DE NULIDAD. Que la solicitud de Nulidad Parcial de Actuaciones de la resolución impugnada consiste en la sentencia de fecha veinte (20) de Noviembre del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a nivel Nacional, se fundamentó en lo siguiente: 1. Resulta contradictorio e incongruente que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo sostenga. Que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es por esencia revisora de los actos administrativos, ya sean estos actos administrativos expresos, manifestados de forma escrita, o bien de aquellos que se reconocen como tácitos o presuntos, de conformidad a las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo. Donde los Magistrados emisores de la sentencia recurrida en Casación infringen y violan flagrantemente al no aplicar el Artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación con los Artículos 108, 109, 112, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, donde violentaron las garantías de la defensa, del debido proceso y específicamente el de legalidad con funcionarios judiciales tutelados por los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la Republica. Al establecer en los fundamentos de derecho y específicamente en el DECIMO TERCERO (13), donde dicen en su parte final que los demandantes les corresponde el pago de los daños y perjuicios, mismo que corresponde a los salarios que habrían percibido desde el 29 de junio del 2009, hasta el 30 de enero del aro 2010, desconociendo que los servidores públicos demandantes no estaban sujetos a la finalización del periodo de gobierno sino que estaban nombrados mediante actos tácitos de nombramiento así mismo en la PARTE DISPOSITIVA de la misma sentencia recurrida en el ACAPITE TERCERO, letra b) reconocen la situación jurídica individualizada a favor de cada uno de los demandantes y como medida para su pleno restablecimiento condena al Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho Presidencial a pagar los daros y perjuicios causados por la terminación anticipada de sus contratos (obsérvese que en el presente caso no existieron contratos de trabajo ni fueron probados en el juicio ), indemnización que equivale al pago de los salarios que habrían percibido a partir de la fecha de su cancelación 29 de junio del año 2009, hasta la fecha que expiraría su relación de trabajo el 30 de enero del ario 2010, más el pago de las vacaciones proporcionales décimo tercer mes proporcional a favor de cada uno de los demandantes y c) Conforme a lo establecido en el Artículo 82 inciso c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, queda diferido para la etapa de ejecución de sentencia la determinación de la cuantía de los derechos antes establecidos (obsérvese que la aplicación del Artículo 82 inciso c) es aplicable a las demandas ordinarias cuando se pretende el resarcimiento de daños reales efectivamente causados y en ese caso la sentencia se limitara a declarar el derecho y quedara diferido al periodo de ejecución de la sentencia la determinación de la cuantía de los mismos, salvo lo previsto en el artículo 76, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo desconoce totalmente que el presente juicio se trata de una demanda de procedimiento especial en materia de personal y al dictar la sentencia debió aplicar los artículos 108, 109 y 112 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y además dejo de aplicar el Articulo 35 párrafo primero de la misma ley que dice: "La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, juzgara dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición." Desconociendo que las pretensiones de la demanda entre otras y específicamente el reconocimiento de la situación jurídica individualizada de cancelación o separación injusta e ilegal y como medida para su pleno restablecimiento se pide que se pague una indemnización por concepto de prestaciones más el pago de los salarios caídos desde la fecha de su cancelación hasta que se efectué el pago, por ser despedidos de su cargo sin causa justificada conforme a lo establecido en las leyes del Estado, más el pago de salarios dejados que hayan dejado de percibir por concepto de décimo tercero y décimo cuarto mes y vacaciones, y se le reconozcan también los aumentos que se autoricen durante la sustanciación del juicio con especial condena en costas. La Corte de Apelaciones como juzgadora de segunda instancia está en la obligación de dictar su sentencia de acuerdo a las pretensiones de la demanda las que deben ser satisfechas procesalmente y estas se producen en la sentencia. Que la presente nulidad parcial se fundamenta en las disposiciones legales siguientes: a.- No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan. (Artículo 64 de la Constitución de la Republica.) b.- Que nadie puede ser juzgado si no por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. (Artículo 90 de la Constitución de la Republica.) c.- Que los Servidores del Estado no tiene más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo auto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsable legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. (Artículo 321 de la constitución de la Republica.) d.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la Tutela Jurídica de sus intereses a través de una resolución, pronta, completa e imparcial. e.- Que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es la encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la administración pública, sujetos al derecho administrativo, debiendo juzgar los asuntos, dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes, y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y oposición. f.- que los actos procesales serán nulos, entre otros casos, cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa se haya producido indefensión. g.- Que de conformidad con el principio dispositivo ese Tribunal de Casación podrá decidir en relación con los pronunciamientos que ha sido recurridos por las partes, y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. Sin perjuicio de lo anterior y de conformidad a la Ley puede entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación en interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. Que, por las razones y consideraciones jurídicas antes relacionada, es procedente que ese Tribunal de casación proceda anular parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto a la pretensión al reconocimiento de una situación jurídica individualizada para su pleno restablecimiento donde se ha establecido otra pretensión que no fue punto litigioso ni objeto del debate. Y al establecer otros motivos que no fueron debatidos en el juicio debe ser objeto de nulidad parcialmente en cuanto a lo que se refiere al ACAPITE TERCERO DE LA PARTE DISPOSITIVA de la sentencia específicamente en sus letras b) y c) por la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. Al no aplicar el Artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación con los Artículos 108, 109, 112, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, donde violentaron las garantías de la defensa, del debido proceso y específicamente el de legalidad con que deben actuar los funcionarios judiciales tutelados por los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la Republica, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda a dictar otra sentencia de conformidad a derecho.”. VIII.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, si bien es cierto revoca la dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, bajo el criterio que, de las pruebas se concluye que existieron actos tácitos tanto en la contratación como en la cancelación de los demandantes: Y, al señalar los demandantes que su relación laboral expiraría el 30 de enero de 2010, se concluye que los mismos fueron contratados bajo la modalidad de contrato de servicios profesionales con un término de duración hasta el diez (10) de enero del año dos mil diez (2010), habiendo sido cancelados dichos contratos en fecha 29 de junio de 2009, antes de la fecha de terminación de los mismos. Y si bien en la cuantía la demanda no es clara pues, como medida necesaria para el pleno restablecimiento de la situación jurídica individualizada, se solicita tanto el reintegro como el pago de prestaciones derivadas de la prestación del servicio y el pago de salarios dejados de percibir, el articulo 109 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece: "Asimismo, podrán impugnarse por esta vía los actos de cancelación de o separación de aquellos servidores públicos que hayan sido nombrados para periodos determinados, cuando aquel acto se hubiere producido antes del vencimiento del periodo respectivo." Y segundo párrafo del artículo 112 de la misma ley establece: "Si ya estuviere vencido el periodo para el cual fue nombrado al momento de dictar la sentencia, en el caso del segundo párrafo del artículo 109, se impondrá la sanción de pago por daños y perjuicios.", por lo que, al producirse el acto tácito de cancelación de los demandantes en fecha 29 de junio de 2009 de manera injustificada, a los demandantes les corresponde el pago de los daños y perjuicios, mismos que corresponden a los salarios que habrían percibido desde el 29 de junio de 2009 hasta el 30 de enero de 2010. Los puntos de defensa de la parte demandada, han sido desvanecidos totalmente, ya que ha quedado establecido la existencia legal de los actos tácitos y su impugnabilidad ante esta Jurisdicción, así como la vinculación laboral que existió entre los demandantes y el Estado, siendo atribuible a la Administración Pública la omisión de los tramites y procedimientos legales que deben llevarse para el nombramiento y cancelación de servidores públicos, donde el servidor no tiene ninguna responsabilidad. Concluyendo se infringió el ordenamiento jurídico, por lo que Declara Procedente la acción, la nulidad total de los actos administrativos tácitos impugnados, reconoce la situación jurídica individualizada, condenando a pagar a favor de los demandantes, los daños y perjuicios por la terminación anticipada de sus contratos, indemnización que equivale al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de cancelación por despido 29 de julio del 2009 hasta el treinta (30) de enero del año dos mil diez (2010), más el pago de vacaciones proporcionales, decimo tercer y decimo cuarto mes proporcionales. IX.- Que resulta incongruente dicho fallo, en lo que corresponde al reconocimiento de la situación jurídica individualizada, dado que el ad quem no ha analizado y ponderado debida y exhaustivamente los extremos debatidos y lo reclamado por los demandantes, olvidando o desconociendo, que la demanda fue subsanada en primera instancia, tal como consta a folios 264 al 272 de la primera pieza, modificándose los hechos y cuantía de la acción, donde claramente se pide el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales; por lo que lo que la condena de pago a favor de los demandantes, de los daños y perjuicios por la terminación anticipada de sus contratos, indemnización que equivale al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de cancelación por despido 29 de julio del 2009 hasta el treinta (30) de enero del año dos mil diez (2010), más el pago de vacaciones proporcionales, decimotercer y decimocuarto mes proporcionales, es una situación jurídica que no se ha peticionado ni controvertido en el proceso, menos se expuso como agravio en el recurso de apelación que se conoce en esa alzada.- También dicha sentencia es confusa y contradictoria, ya que si bien reconoce la existencia de actos tácitos en el nombramiento y cancelación de los demandantes, arguye que los mismos fueron contratados bajo la modalidad de contrato de servicios profesionales con término de duración y que dichos contratos fueron cancelados antes de su fecha de terminación, amparando su criterio en los hechos que contenía la demanda inicial, sin considerar ni observar, que la misma fue subsanada y el Juzgado así la tuvo, siendo que en ese escrito de subsanación de la acción, la parte demandante ya no se refirió a tales extremos. X.- Conforme el principio pro homine o pro persona, “en materia de reconocimiento de derechos, se debe estar a la norma más amplia y a la interpretación más extensiva e, inversamente, a la norma y a la interpretación más restringida en materia de limitación de derechos”, por ello, se debe acoger la vía más favorable a la tutela judicial efectiva. XI.- Que el artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establece: “La jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo juzgará dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición. No obstante, si el Tribunal, dentro del plazo para dictar sentencia, estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar la acción o la defensa, los someterá a aquéllas mediante providencia en la que, advirtiendo que no prejuzga el fallo definitivo, los expondrá y concederá a los interesados un plazo de ocho días hábiles para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, con suspensión M plazo para pronunciar el fallo.”. XII.- Que este Tribunal, en la sentencia dictada el 12 de enero del 2016, en el expediente CA 511-14, dejó establecido lo siguiente: “Para fines jurisprudenciales es preciso recordar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 320 de la Constitución de la República, no se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en dicha Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan; que en casos de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicara la primera, por ende no se requiere de ningún fallo que declare la inconstitucionalidad de una disposición, si la misma, de manera evidente, se encuentre en pugna con las consignadas en la carta fundamental. Además, el Estado de Honduras se encuentra obligado a respetar, cumplir y observar los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos, especialmente los que garanticen a las personas su derecho a la defensa y al debido proceso, por lo que todos los juzgadores se encuentran en la obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico que nos rige en un estado de derecho (ver sentencias expedientes SL 331-14 y SL 119-15).”. XIII.- También la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado sentada su jurisprudencia sobre el debido proceso y en relación a la aplicación de los numerales 1 y 2 del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, sobre las garantías del debido proceso que deben respetarse durante los juicios. En el caso Ivcher Bronstein (2001), en el párrafo 104 donde expresa. “Atendiendo a lo anterior, la Corte estima que tanto los órganos jurisdiccionales como los de otro carácter que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional, tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana.” Y en el caso Baena Ricardo, párrafos 124 y 126 en su parte conducente señala: “La Corte observa que el elenco de garantías mínimas establecidos en el numeral 2 del artículo 8 de la Convención se aplica a los órdenes mencionados en el numeral 1 del mismo artículo, ó sea, la determinación de derechos y obligaciones de orden “civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Esto revela el amplio alcance del debido proceso; el individuo tiene el derecho al debido proceso entendido en los términos del artículo 8.1 y 8.2, tanto en materia penal como en todos estos otros órdenes.” y, “es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con ese deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas.”. XIV.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que las leyes que han de ser dictadas por razones de interés general deben haber sido adoptadas en función del bien común, concepto que ha de interpretarse, “como elemento integrante del orden público del Estado democrático, cuyo fin principal es la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad.” Por lo tanto, para ese Tribunal Internacional “…de ninguna manera podrá invocarse el orden público o el bien común como medio para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo del contenido real.” Estos conceptos jurídicos indeterminados, se ha sostenido “en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las justas exigencias de una sociedad democrática, que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses de juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención.”. XV.- Que la responsabilidad primaria del cumplimiento de las obligaciones internacionales corresponde al Estado, por lo que conforme el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se trata de disposiciones de carácter general que tiene por objeto la tutela de derechos fundamentales, entre ellos, los derechos a la defensa, tutela judicial efectiva y al debido proceso. XVI.- Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. XVII.- Que ya este Tribunal en resolución de fecha 14 de mayo de 2019, visible a folios 98 al 105 de la segunda pieza de autos, con base a que el fallo del ad quem carecía de motivación exhaustiva, congruencia y contradicción, declaró la nulidad del mismo, para que con base al artículo 727 numeral 4) del Código Procesal Civil, dicha alzada dictara uno nuevo en el plazo de 15 días, lo cual no se acató debidamente, incurriéndose en nuevos defectos, que se han señalado anteriormente. XVIII.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad Quem, reponiendo las actuaciones al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, y en aplicación de los artículos 1, 60, 64, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 320, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numerales 2) y 3) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numerales 1) y 2), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 35, 89, 132 párrafo segundo y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 22, 206, 207, 208, 211, 214 numeral 2) y 727 numeral 4) del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: Declarar la NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional de fecha 20 de noviembre de 2019, visible a folios 109 al trece 129 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA Y EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de febrero del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CA135-2020. FIRMA Y SELLO.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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