Sentencia CA-134-20 — Registro 12176
Resumen
La Corte de Apelaciones reforma la sentencia de primera instancia, ordenando el reintegro a otro puesto de igual categoría y salario al momento de la cancelación por cesantía ordenando el pago de sus salarios dejados de percibir desde el momento de la ilegal cancelación hasta que sea reintegrado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) Carece de claridad y precisión en su formulación, ya que omite establecer si la infracción a la norma señalada como vulnerada es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) Insta la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) Se realizan inapropiados alegatos de instancia..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...".- Que el cargo que antecede también resulta inestimable, toda vez que el Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos: a) Insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado hacerlo este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) Por un lado ataca la sentencia por falta de aplicación de disposiciones legales que no tienen referencia al precepto autorizante enunciado, conforme el artículo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil; y, c) Formula alegatos de instancia.."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de diciembre de dos mil veinte, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA Y EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada ROSA ANA GIRON AMADOR y, Recurrido: El señor LUIS FERNANDO SALGADO, representado en juicio por el Abogado CARLOS HUMBERTO ESPINAL PADILLA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial en materia de personal para la nulidad de un acto Administrativo emitido por el Instituto de la Propiedad; que se reconozca la situación Jurídica individualizada por la cancelación ilegal e injustificada de que fue objeto; y como medida para el restablecimiento de su derecho que se le reintegre al antiguo puesto de trabajo, más el pago de salarios dejados de percibir con todos los aumentos y demás colaterales, desde la fecha de su cancelación hasta la fecha de ejecución de la sentencia, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor LUIS FERNANDO SALGADO contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción, que se desempeñó en el cargo de Revisor Documental de Archivo General Dependiente de la Dirección General de Registros, Catastro y Geografía, Dependiente del Instituto de la Propiedad, donde fue nombrado mediante acuerdo de nombramiento número SE-IP No. 067-2015, con efectividad a partir del 14 de octubre del 2015; que el 28 de diciembre del 2016 y con efectividad del 31 de diciembre del 2016, se le notificó el contenido del Acuerdo número DGRCG-IP-255-2016, en el cual, el Director General Marco Tulio Padilla y Secretaria de Actuaciones Denisse Rosales Rivera, acordaron la cancelación del nombramiento como Revisor Documental de archivo general; argumentó que dicho Acuerdo lo tomaron sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de la Propiedad y el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, Ley de Servicio Civil y su Reglamento, quedando evidenciada la ilegalidad injusta de tal decisión, violentando el principio de estabilidad laboral, reconocido como garantía constitucional en el Artículo 129 de la Constitución de la República; y que violentaron el ordenamiento jurídico establecido en el Artículo 68 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, el cual dice que podrá dar por cancelado el respectivo acuerdo de nombramiento o por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad alguna de su parte en el caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en las numerales 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15 y 16 del Capítulo XIV de las obligaciones del personal; asimismo, cuando se cometió violación de las prohibiciones contenidas en las numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 13 del Capítulo XV de las prohibiciones al Personal y que la única forma para cancelar a un empleado que labora mediante nombramiento por Acuerdo, deberá apegarse al precepto legal antes relacionado antes de despedirlo; además mencionó que el Reglamento no contempla la figura de la cesantía, por lo tanto la Dirección General de Regularización Predial deberá limitarse únicamente a lo estipulado en el artículo 14 de la Ley de la Propiedad y que lo correcto era aplicar los artículos 187, 188, 189 numeral 1 y 2, 190 y 191, que era el procedimiento correspondiente a seguir y demás aplicables; asimismo manifestó, que la notificación del Acuerdo de Cancelación fue defectuosa en el sentido que la misma no se ajustó a lo establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 89 y que ya la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en muchos casos, por lo que la Notificación del Acuerdo de Cancelación carece de todos los requisitos establecidos en dicho artículo, por lo tanto es nula de pleno derecho. 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando los hechos de la demanda, señalando que el demandante desempeñó el cargo de Revisor Documental del Archivo General de Registro de la Propiedad Vehicular y Formas del Departamento de Asuntos Registrales y Formas, Centros Asociados & Operadores Privados Normativa de la Dirección General de Registros, Catastro y Geografía, y la efectividad del mismo era a partir del 16 de octubre del 2015; y, que el Acuerdo de Cancelación No. DGRCG-IP-255-2016, de fecha 28 de diciembre del 2016 y efectivo a partir del 31 de diciembre del 2016, el mismo se realizó de conformidad a los procedimientos legales establecidos en el Reglamento de Personal vigente del Instituto de la Propiedad; y por ende no se le violentó la garantía constitucional que alegó el demandante; y si bien es cierto que el Instituto de la Propiedad fue creado mediante Decreto Legislativo No.82-2004, como un ente desconcentrado de la Presidencia de la República, no es menos cierto que dentro de sus atribuciones estaba también la de crear un Reglamento Interno de Personal donde los empleados estarían sujetos al mismo, como servidores y funcionarios del mismo, aplicándoles dicho Reglamento y ejecutando las labores bajo la dirección, dependencia y subordinación en cada una de las unidades que existan y que el artículo 1 del Reglamento de Personal, señala que el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, regula las condiciones de trabajo a que deberán sujetarse el Instituto de la Propiedad, los Servidores y Funcionarios dentro de la clasificación de tales que el mismo contrato para la prestación de sus servicios, en cada una de las dependencias, en el territorio nacional, y relacionado con el Artículo 83 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, que estipula que de acuerdo con lo previsto en el artículo cincuenta y tres (53) de la Ley de Servicio Civil, procederá la cesantía de uno o más servidores públicos en cualquiera de los casos excepcionales siguientes: 1. Reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario; y, 2. Reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa" y el artículo 84 del mismo estamento legal, Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, establece que: "En vista de que el IP no se ha incorporado a la Dirección General de Servicio Civil, no será necesario el dictamen del Consejo de Servicio Civil, sin embargo antes de proceder a la cancelación por cesantía deberá tenerse la autorización del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad; por lo que el Acuerdo de Cancelación, fue emitido conforme a derecho dando cumplimiento a las deberes señalados en los Artículos 321 de la Constitución de la República; 118 de la Ley General de la Administración Pública; 5 numeral 16 adicionado de la Ley de Propiedad; 83, 84, 85, 86 y 87 del Reglamento de Personal vigente del Instituto de la Propiedad y haciendo uso de las facultades que le confiere la Ley de Propiedad en el Artículo 14 numerales 1,2,3 y basado en el Decreto Ejecutivo PCM-046-2014, mediante el cual el Presidente de la República en Consejo de Ministros autorizó al Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad para que se procediera a realizar la restructuración del Instituto de la Propiedad pudiendo suprimir, reunir, crear, organizar sus dependencias, que facultado para descentralizar, desconcentrar o tercerizar las servicios que presta; por lo que el Consejo Directivo en sesión ordinaria de trabajo número 002-2015, del 28 de enero de 2015, por unanimidad aprobó la restructuración del Instituto de la Propiedad en todas sus direcciones, pudiendo la Dirección Administrativa en coordinación con la Unidad de Recursos Humanos darle prioridad a las direcciones que así lo ameritaban, tal es el caso de la Dirección de Registros, Catastro y Geografía; por lo que la acción de cancelación por cesantía del demandante, está de acuerdo a los fundamentos legales antes citados, así como también de acuerdo a lo previsto en el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil, en el cual manifiesta procederá la cesantía de uno o más servidores públicos por reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa y en vista de que el Instituto de la Propiedad no se ha incorporado a la Dirección General de Servicio Civil, no es necesario el dictamen del Consejo de Servicio Civil, por lo que antes de proceder a la cancelación por Cesantía la autoridad nominadora fue autorizada por el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad. 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 06 de febrero del 2019, dictó sentencia misma que en su parte conducente: “FALLA: PARTE DISPOSITIVA. PRIMERO (1): DECLARAR PROCEDENTE la acción incoada por el Señor LUIS FERNANDO SALGADO, por NO estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación números DGRCG-IP-255-2016, en consecuencia, se anulan totalmente. SEGUNDO (2): En cuanto al reintegro del señor LUIS FERNANDO SALGADO, quien se desempeñaba como REVISOR DOCUMENTAL del archivo general de registro de la propiedad vehicular y formas, del departamento de asuntos registrales y formas, centros asociados y operadores privados, SIN LUGAR EL MISMO, POR SER MATERIALMENTE IMPOSIBLE, por los motivos ya expuestos en el numeral quinto de los Fundamentos de Derechos de este fallo. TERCERO (3): Se reconoce la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se adoptan las siguientes medidas: 1) SE ORDENA pagar a los señores LUIS FERNANDO SALGADO, los salarios dejados de percibir con sus respectivos aumentos y demás derechos que le correspondan desde el momento de su cancelación hasta la ejecución de la presente sentencia, y en vista de ser materialmente imposible su reintegro de ORDENA el pago de una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio hasta un máximo de quince (15) años, tomando como base el promedio de los últimas seis (6) meses de salarios devengados, la cual deberá ser pagada de una sola vez, en un termino máximo de treinta días; debiéndoseles agregar un mes de salario en concepto de preaviso por cada año de servicio, hasta un máxima de dos (2) años. 2) SE ORDENA la devolución al demandado de la cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L.197,504.50) por cesantía y derechos laborales hechos al demandante y consignado en este juzgado mediante cheque de caja numero 80671934 de Banco Atlántida, por lo motivos establecidos en el considerando sexto de los fundamentos de Derechos de esta sentencia…”; sin costas; bajo el criterio que, del estudio de la prueba aportada por las partes, así como el expediente administrativo en su conjunto, esta Juzgadora aprecia lo siguiente: Sí bien es cierto, el Decreto Ejecutivo número 046-2014 de fecha 11 de septiembre del 2014, autoriza al Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad a realizar la restructuración de dicha Institución, pudiendo suprimir, reunir, crear, organizar sus dependencia, siendo atribución del Consejo Directivo conforme al artículo 10 numeral 1 de la Ley de Propiedad, el nombramiento y remoción del Secretario Ejecutivo, Directores Generales, Inspectores Generales y miembros de la Superintendencia; no es menos cierto que el artículo 129 Constitucional garantiza la estabilidad de los trabajadores, derecho que solo puede ser vulnerado por las causas legítimas de separación establecidos en la Ley, siendo la cesantía una causa legítima en los siguientes casos: 1) Reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario; y 2) Reducción de Servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, como se establece en la Ley de Servicio Civil en su artículo 53 y 83 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad; sin embargo, tanto en la Ley de Servicio Civil como en el Reglamento de Personal se establecen una serie de requisitos para proceder con dicha cancelación; observándose un incumplimiento total del procedimiento establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, los cuales determinan que se deberá contar con la autorización del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad aprobando el Consejo Directivo, en sesión ordinaria de trabajo número 002-2015, celebrada en fecha 28 de enero del 2015, la restructuración del Instituto de la Propiedad, instruyendo la búsqueda de los fondos necesarios para el pago del personal cesanteado), previo dictamen de los Directores involucrados en conjunto con la Dirección Legal y la Sub Gerencia de Recursos Humanos; Dictámenes que en el presente caso no constan haberse realizado, no constando de igual forma haberse tomado en cuenta el desempeño en el cargo y los años de servicio del demandante; con lo cual se evidencia que el acto administrativo, fue dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido en la Ley, lo cual acarrea su nulidad conforme al artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Si bien es cierto que al estar demostrado que los actos impugnados infringen el ordenamiento jurídico, ya que para la cancelación del demandante, la autoridad nominadora estaba en la obligación de seguir el procedimiento de cesantía ordenado en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad específicamente los artículos 84 y 85, al no estar incorporados los mismos a la Dirección General de Servicio Civil, lo que no ocurrió en el caso de autos, lo que hace procedente la presente acción, por ser nulos los actos impugnados al ser evidente la infracción del ordenamiento jurídico con la emisión del acuerdo de cancelación de la demandante; no es menos cierto que con el Medio de Prueba denominado Documental mediante el libramiento de oficio, el cual consta su respuesta a folio 173-176, se acredita además del hecho que efectivamente existió una restructuración en la institución, se acredita que las plazas de REVISOR DOCUMENTAL del Archivo General de Registro de la Propiedad Vehicular y Formas, del Departamento de Asuntos Registrales y Formas, Centros Asociados y Operadores Privados, no existe conforme a la nueva estructura, por lo cual el reintegro a dicha plaza sería materialmente imposibles, siendo aplicables la indemnización establecida en el artículo 38 de la Ley de Servicio Civil, aplicado supletoriamente conforme al artículo 104 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad. Que en cuanto al pago por cesantía y derechos laborales hechos por el demandado por la cantidad de L.197,504.50 a la cuenta de ahorro de Banco Atlántida del señor Luis Fernando Salgado; el mismo fue hecho erróneamente, en vista que a la fecha del pago (31 de diciembre del 2016) el acuerdo de cancelación por cesantía, aun no era firme, teniendo el plazo para impugnar el mismo, como lo establece el artículo 86 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad; constando a folio 37 y 38 de autos, consignación por el demandante de un cheque de caja par la cantidad de L.197,504.50, que corresponde a la cantidad deposita por la autoridad nominadora, como pago de las prestaciones labores y cesantía, cantidad que debe ser entregada a la parte demandada, en vista que el acto de cancelación por cesantía al momento del pago, no se encontraba firme. 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 04 de diciembre del 2019, dictó sentencia REFORMANDO la proferida en primera instancia, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada ROSA ANA GIRON AMADOR en su condición apoderada legal sustituta del Estado de Honduras a través del Instituto de la Propiedad SEGUNDO: SE REFORMA LA SENTENCIA RECURRIDA En consecuencia se ordena el reintegro a otro puesto de igual categoría y salario al momento de la cancelación por cesantía ordenando el pago de sus salarios dejados de percibir desde el momento de la ilegal cancelación hasta que sea reintegrado.- En consecuencia: a) Se CONFIRMA el numeral PRIMERO de la parte dispositiva y b) SE REVOCA EL NUMERAL SEGUNDO Y TERCERO EN SU TOTALIDAD de la parte dispositiva de la sentencia definitiva de fecha seis ( 6) de febrero del año dos mil diecinueve 2019 emitido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, que corre a folio ciento noventa y tres ( 193) al folio numero ciento noventa y ocho (198) de la pieza principal con orden de ingreso número 0801-2017-00056, de la demanda promovida por el señor LUIS FERNANDO SALGADO, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD...”; sin costas, bajo el criterio que vistas y leídas las presentes diligencias no es desconocido para este tribunal que el Instituto de la Propiedad es un ente concentrado de la Presidencia de la República, con personalidad Jurídica según lo dispone el artículo 4 de la Ley de creación, Decreto 82-2004, en base a lo anterior con potestades entre otras para emitir reglamentos y otras actuaciones que regulen las condiciones de trabajo que deberán de sujetarse los servidores y funcionarios del Instituto de la Propiedad, basándose en el principio de Legalidad, no obstante dicho reglamento de personal establece que lo no dispuesto en el se estará a las disposiciones legales establecidas en la Ley de Servicio Civil; por lo que si el ahora demandante fuera cancelado bajo la figura de cesantía en base al Decreto Ejecutivo PCM 046-2014, que autoriza la reestructuración de la Institución del Instituto de la Propiedad este, no explica ni define de que forma se realizaría la cancelación por cesantía, es decir, dicho reglamento no desarrolla la figura de cesantía, por lo que debieron sujetarse de la Ley de Servicio Civil y su respectivo reglamento, no constando en autos que la autoridad nominadora haya dado cumplimiento a los requisitos o presupuestos para que surta efectos la figura de cesantía, que contiene la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, por lo que convierte dichos actos ahora impugnados en ilegales y por ende arbitrarios, por prescindir en lo establecido en el Ordenamiento Jurídico y más aún cuando están obligados por su mismo reglamento a incorporarse al régimen de Servicio Civil. En el que atendiendo la pretensión del demandante y revisado el acto administrativo ahora impugnado, el reintegro no debe ser materialmente imposible como argumenta el A-quo en la sentencia ahora recurrida, ya que es el Instituto de la Propiedad el que debe de ubicarlo en el cargo de igual categoría y salario al que tenía al momento de su ilegal cancelación, por ende se revoca el numeral segundo de la parte dispositiva del fallo que corre a folio 198 y en cuanto a la consignación del cheque a que hace alusión la Juez en el numeral TERCERO numeral uno y número dos de la parte dispositiva que corre a folio 198 se REVOCA en virtud de que no se configuró la figura de la consignación sino que simplemente obedece a una simple presentación del Abogado de la parte demandante por no estar conforme con el mismo. Que esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo es del criterio que se debe REFORMAR la sentencia que se conoce en apelación, REVOCANDO el numeral SEGUNDO Y TERCERO de la parte dispositiva de la Sentencia recurrida por las razones expuestas anteriormente. 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada ROSA ANA GIRON AMADOR, en fecha 28 de enero del 2020, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 04 de diciembre del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.053-2019, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.056-2017, del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-Quem, mediante providencia de fecha 31 de enero del 2020, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado CARLOS HUMBERTO ESPINAL PADILLA, presentó en fecha 28 de febrero del 2020, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 02 de marzo del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley; así mismo, hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 06 de marzo del 2020, los Abogados ROSA ANA GIRON AMADOR y CARLOS HUMBERTO ESPINAL PADILLA. 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 08 de septiembre del 2020, teniendo por personados a los Abogados ROSA ANA GIRON AMADOR, como recurrente y CARLOS HUMBERTO ESPINAL PADILLA, como recurrido; en consecuencia, se ordenó seguir con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “POR ERRORES PRODUCIDOS EN LA SENTENCIA: Se impugna la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, por falta de aplicación e interpretación de los artículos 200, numeral 2, inciso b); 206, numeral 1, 207, numeral 1 y 208 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil. Citando textualmente dichos artículos de la manera siguiente: Articulo 200, numeral 2, inciso b) "CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente: b) En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y concisión posibles... Articulo 206, numeral 1 "CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD. 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas." Artículo 207, numeral 1 "MOTIVACIÓN. 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho." Artículo 208, numerales 1 y 2 "CONGRUENCIA. l. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y diciendo todos los puntos litigiosos…” DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículos 200, numeral 2, inciso b); 206, numeral 1, 207, numeral 1 y 208 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna la sentencia dictada en fecha 04 de diciembre de 2019, por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, en lo referente al Fundamento de Derecho SEXTO (6), en lo relacionado a la revocación del NUMERAL SEGUNDO DE LA PARTE DISPOSITIVA DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA, así como a la revocación del NUMERAL TERCERO DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Siendo que la sentencia recurrida en lo que corresponde al FUNDAMENTO DE DERECHO SEXTO (6), indica que el Instituto de la Propiedad, es el que debe de ubicarlo en el cargo de igual categoría y salario que tenía al momento de su ilegal cancelación. Asimismo, en el FUNDAMENTO DE DERECHO SEXTO (6), en cuanto a la consignación del cheque a que se hace alusión la Juez en el numeral TERCERO numeral uno y os de la parte dispositiva que corre a folio 198 se REVOCA en virtud de que no se configuro la figura de la consignación. Considera mi representado el Estado de Honduras a través de actuaciones del Instituto de la Propiedad, que el Ad quem, incurrió en incongruencia omisiva, la cual se entiende como "Vicio de la sentencia que se produce cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes." (https://dej.rae es.lema.incongruencia-omiisva,2019). En lo relacionado a que el reintegro no debe ser materialmente imposible, el Ad quem, incurrió en incongruencia omisita , ya que no valoro lo agregado a folio (173) de la pieza principal de autos, específicamente al Oficio SG/SE 016-2018, de fecha 07 de febrero del 2018, mediante el cual se da respuesta al Oficio No. 068-J.L.C.A.-18, dicha respuesta fue contestada con memorándum UP-DRH-043-2018, concretamente a las preguntas siguientes: l) Que el mismo NO existe según la nueva estructura aprobada mediante acuerdo No. CDIP-021-2016 y 2) Que no existe personal nombrado bajo el mismo ya que este NO existe. De igual manera el Ad quem, incurrió en incongruencia omisiva, en lo referente a la consignación del cheque a que se hace alusión la Juez en el numeral TERCERO numeral uno y número dos de la parte dispositiva que corre a folio 198 se REVOCA EN VIRTUD de que no se configuro la figura de la consignación sino que simplemente obedece a una simple presentación del abogado de la parte, omitió lo incorporado a folios (37, 38 y 39) de la pieza principal de autos, relativo al escrito cuya suma es: "SE CONSIGNA CHEQUE DE CAJA", presentado el 24 de julio de 2017, por el Abogado José Armando Espinal, en su condición de Apoderado Legal del demandante, mediante el cual consigno el cheque de caja No. 80671934 por valor de L. 197,504.50 y el auto de fecha 01 de agosto de 2017, por el cual el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, admite el escrito junto a los documentos y se tiene por consignado el cheque de caja, en este caso si operó la figura de la consignación. Además la interpretación que hace la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional es errónea, e incide en la sentencia de tal manera que la llevo a revocar los NUMERALES SEGUNDO Y TERCERO DE LA PARTE DISPOSITIVA DEL FALLO que corre a folio 198, con el consabido perjuicio para el Estado de Honduras pues no corresponde, ya que en el Instituto de la Propiedad, acreditó la existencia de la restructuración efectuada y que en la nueva estructura no existe el puesto de REVISOR DOCUMENTAL DEL ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR Y FORMAS DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS REGISTRALES FORMAS CENTROS ASOCIADOS & OPERADORES PRIVADOS NORMATIVA de la Dirección General de Registros, Catastro y Geografía. Por consiguiente los Honorables Magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, inobservaron lo prescrito en los artículos 200, numeral 2, inciso b); 206, numeral 1, 207, numeral 1 y 208 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, es decir, que la sentencia emitida en fecha 04 de diciembre de 2019, por el Ad quem, no es clara, precisa y exhaustiva, por ende no está suficientemente motivada y la misma no es congruente con lo aportado durante el proceso de la demanda, tanto en primera instancia, como en segunda instancia. II.- Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) Si bien en la formulación se indica que se impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio y el precepto autorizante lo señala comprendido en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, en su explicación ataca el fallo por su forma y contenido; b) No es claro ni preciso en el señalamiento de las normas infringidas, limitándose a citar todas las disposiciones aplicadas en la sentencia impugnada; y, c) Insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. III. Que el Recurrente en un segundo motivo arguye: “DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículos 692 del Código Procesal Civil. Citándose textualmente: “PRINCIPIO DE LA PROHIBICIÓN DE LA REFORMA PEYORATIVA. La resolución por la que se resuelve un recurso no podrá empeorar la situación del recurrente respecto al que obtuvo en la resolución recurrida... " PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna el fallo de la sentencia dictada en fecha 04 de diciembre de 2019, por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, en lo relacionado con "FALLA: SEGUNDO: SE REFORMA LA SENTENCIA RECURRIDA En consecuencia se ordena el reintegro a otro puesto de igual categoría y salario al momento de la cancelación por cesantía ordenando el pago de sus salarios dejados de percibir desde el momento de la ilegal cancelación hasta que sea reintegrado ... b) SE REVOCA EL NUMERAL SEGUNDO Y TERCERO EN SU TOTALIDAD De la parte dispositiva de la sentencia definitiva de fecha seis ( 6) de febrero del año dos mil diecinueve 2019, emitido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo…” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Siendo que la sentencia recurrida en lo que corresponde a lo que "FALLA: SEGUNDO: SE REFORMA LA SENTENCIA RECURRIDA En consecuencia se ordena el reintegro a otro puesto de igual categoría y salario al momento de la cancelación por cesantía ordenando el pago de sus salarios dejados de percibir desde el momento de la ilegal cancelación hasta que sea reintegrado... b) SE REVOCA EL NUMERAL SEGUNDO Y TERCERO EN SU TOTALIDAD De la parte dispositiva de la sentencia definitiva de fecha seis ( 6) de febrero del aro dos mil diecinueve 2019, emitido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo…” Le causa perjuicio mi representado el Estado de Honduras por actuaciones del Instituto de la Propiedad, ya que el A quo, en su PARTE DISPOSITIVA: "SEGUNDO (2): En cuanto al reintegro del señor LUIS FERNANDO SALGADO, quien se desempeñaba como REVISOR DOCUMENTAL del archivo general de registro de la propiedad vehicular y formas, del departamentos de asuntos registrales y formas, centros asociados y operadores privados, SIN LUGAR EL MISMO, POR SER MATERIALMENTE IMPOSIBLE, por los motivos ya expuestos en el numeral quinto de los Fundamentos de Derechos de este fallo. TERCERO (3): Se reconoce la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se adoptan los siguientes medidas: 1) SE ORDENA pagar a los señores LUIS FERNANDO SALGADO, los salarios dejados de percibir con sus respectivos aumentos y demás derechos que le correspondan desde el momento de su cancelación hasta la ejecución de la presente sentencia, y en vista de ser materialmente imposible su reintegro de ORDENA el pago de una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada ano de servicio hasta un máximo de quince (15) anos, tomando como base el promedio de los últimos seis (6) meses de salarios devengados, la cual deberá ser pagada de una sola vez , en un término máximo de treinta (30) días, debiéndoseles agregar un mes de salario en concepto de preaviso por cada año de servicio, hasta un máximo de dos (2) anos. 2) SE ORDENA la devolución al demandado de la cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L.197,504.50) por cesantía y derechos laborales hechos al demandante y consignado en este juzgado mediante cheque de caja número 80671934 de Banco Atlántida, por los motivos establecidos en el considerando sexto de los fundamentos de Derechos de esta sentencia.... " Esa parte le favorecía a mi representado el Estado de Honduras por Actuaciones del Instituto de la Propiedad, y tal y como consta en el ANTECEDENTE DE HECHO, de la sentencia dictada por el Ad quem, específicamente en "TERCERO (3) :Que en fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil diecinueve (2019) el abogado CARLOS HUMBERTO ESPINAL PADILLA, en su condición de Apoderado Legal de la parte Recurrida, interpone escrito de contestación de agravios: PRIMERO: en el...Por lo anteriormente expuesto a su poderdante por causa de la reestructuración que se efectuó en el Instituto de la Propiedad y en la Sentencia parcialmente apelada indica que el reintegro es materialmente imposible, aunque la acción incoada fue declarada procedente lo que queda es el pago de indemnizaciones legales más el pago de salarios dejados de percibir tal y como se ha expresado de manera correcta en la Sentencia emitida por ese Juzgado." Como se puede observar el Apoderado Legal de la parte Recurrida, NO FORMULO RECURSO DE APELACIÓN, CONTRA LO RESUELTO en fecha 06 de febrero de 2019, por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, solamente contesto los agravios expuestos por la parte recurrente y además acepta que el A quo, de manera correcta expresa el pago de indemnizaciones legales más los salarios dejados de percibir. Si bien es cierto que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, puede reformar, revocar o confirmar lo resuelto por el Juez A-quo, también lo es que su parámetro lo constituyen los principios de la personalidad misma del recurso y la prohibición de hacer más gravosa la situación del que apelo (reformatio in pejus), y en el caso que nos ocupa con el fallo del Ad quem, agrava la situación para mi representado el Estado de Honduras a través de actuaciones del Instituto de la Propiedad, por lo que el Ad quem, estaba obligado a dictar la sentencia limitándose a los puntos y cuestiones planteadas en el Recurso de Apelación interpuesto yen la respectiva contestación del mismo, ya que no consta que la parte recurrida haya interpuesto Recurso de Apelación, contra la sentencia de fecha 06 de febrero de 2019, por el A quo, más bien lo que consta es que acepta lo dispuesto por el A quo, en cuanto al pago de indemnizaciones legales más el pago de salarios dejados de percibir. IV.- Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) Carece de claridad y precisión en su formulación, ya que omite establecer si la infracción a la norma señalada como vulnerada es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) Insta la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) Se realizan inapropiados alegatos de instancia. V. El Censor en un tercer motivo manifiesta: “Se impugna la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, por falta de aplicación de los artículos 82 de la Constitución de la República, 205 numeral 1 y 721 numeral 1 del Código Procesal Civil. Citando textualmente los referidos artículos de la manera siguiente: Articulo 82: "El derecho de defensa en inviolable... "Artículo 205 numeral 1 "RESOLUCIONES DEFECTUOSAS Y SUBSANACIÓN. 1. Las omisiones o defectos de que pudieren adolecer sentencias…” Articulo 721 numeral 1 "INTERPOSICIÓN Y FORMALIZACIÓN. 1. El recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte (20) días siguientes al de la notificación…” DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículos 82 de la Constitución de la República, 205, numeral 1 y 721 numeral 1 del Código Procesal Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna la sentencia dictada en fecha 04 de diciembre de 2019, por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 1, inciso c) del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, en fecha 04 de diciembre de 2019, emitió Sentencia, omitiendo en el acápite PARTE DISPOSITIVA, establecer que recurso y plaza procede contra la Sentencia en referencia, es evidente que no se da lo ordenado en las disposiciones legales antes transcritas, por lo tanto existe una aplicación indebida en las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia y de esa manera queda en estado de indefensión el Estado de Honduras, a través del Instituto de la Propiedad. CONCLUSIÓN: Con los medios de prueba aportados y evacuados y con los fundamentos de derecho en que se basó la defensa, se acredito fehacientemente, el acto impugnado se encuentra apegado a derecho y que se utilizó causa legal válida y que se siguió el procedimiento legal establecido en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad y el Decreto Ejecutivo PCM-046-2014 para la cancelación del Acuerdo del demandante, ya que los empleados y servidores del IP; se rigen por el Reglamento de Personal Acuerdo - CD-IP-2011. Asimismo, es evidente que la presente sentencia carece de fundamentos y argumentaciones válidos para que se lleve a cumplimentar la misma”. VI.- Que el cargo que antecede también resulta inestimable, toda vez que el Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos: a) Insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado hacerlo este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) Por un lado ataca la sentencia por falta de aplicación de disposiciones legales que no tienen referencia al precepto autorizante enunciado, conforme el artículo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil; y, c) Formula alegatos de instancia. VII.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional, se señala a la Censora del fallo, la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. VIII.- En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución dela República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA Y EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de marzo del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CA134-2020. FIRMA Y SELLO.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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