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Sentencia CA-127-19 — Registro 11669

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción promovida por la señora demandante, por no ajustarse a Derecho el Acto Administrativo impugnado, consistente en el Acuerdo de Cancelación se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) insta a la revisión de hechos y por ende del material probatorio, en base a lo establecido en el artículo 720.1) del Código Procesal Civil, no se puede conocer sobre los mismos; b) la recurrente no expone de manera clara el agravio o perjuicio sufrido en la explicación del motivo; y c) hace alegatos inoportunos en su explicación. III. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de agosto de dos mil veinte, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA y EDGARDO CACERES CASTELLANOS, dictan la siguiente RESOLUCION: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, representado en juicio por la Abogada IRYS YAMILETH DUARTE ORDOÑEZ; y, Recurrida: la señora ROSA YADIRA RIVAS SANTOS, representada en juicio por la Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal consistente en un Acuerdo de Cancelación por cesantía de un servidor público, que se reconozca la situación jurídica individualizada por la cancelación injusta e ilegal y como medida para el pleno restablecimiento del derecho violado, se condene al demandado al reintegro al puesto de trabajo, aumentos salariales, bonificaciones, salarios dejados de percibir y demás derechos que se produzcan durante la secuela del juicio, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por la señora ROSA YADIRA RIVAS SANTOS, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, por medio de la Procuraduría General de la República. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que en fecha 27 de agosto del 2002, comenzó a laborar para la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, mediante Acuerdo de Nombramiento No.493-SRH, en el cargo de Oficinista I, devengando un salario base mensual de L.15,000.00; en fecha 13 de marzo del 2014, la demandante fue notificada personalmente de la decisión arbitraria de cancelar su nombramiento mediante el acuerdo de cancelación No.0068-CES-SRH-2014 de fecha 12 de marzo de 2014 emitido por dicha Secretaría de Estado en el cual, se le invoca como causa de la cancelación por cesantía, la reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario, no siendo precisa dicha causal, rechazando la demandante de manera enérgica, ilegal, arbitraria e injusta el acuerdo de cancelación antes descrito, ya que el mismo, violenta de manera evidente el contenido del artículo 129 de la Constitución de la República; asimismo, no bastará el simple hecho de invocar la causa de cancelación, pues, también es requisito sine quanon cumplir con todas y cada una de las condiciones previas, como ser: 1) Consultar al Consejo de Servicio Civil, si procede o no la cesantía; 2) La evaluación periódica; 3) Los años de servicio en la administración pública; 4) La autoridad nominadora después de emitir el acuerdo de cancelación, debió enviar a la Dirección General de Servicio Civil la nómina de los cesanteados para que la inscripción con derecho preferente en el registro de reingreso; 5) La cancelación de la plaza de OFICINISTA I de la Secretaría de Relaciones Exteriores previamente a la notificación del acuerdo de cancelación; por lo que la autoridad nominadora no cumplió con los requisitos de procedimiento previamente establecidos en la ley. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la cancelación por cesantía de que fue objeto la demandante no constituye un acto arbitrario de separación, por el contrario la Ley faculta a la autoridad nominadora para que pueda cancelar el nombramiento de uno o más servidores públicos siempre y cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil, literales a) Reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario y b) Reducción de Servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. En tal sentido, la demandada procedió a efectuar el procedimiento de cancelación por cesantía mediante Acuerdo No.0068-CES-SRH-2014 efectivo a partir del 14 de marzo de 2014, en razón de lo establecido en el artículo 53 numeral a) de la Ley de Servicio Civil, respetando en todo momento el procedimiento que conlleva dicha acción. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por la señora Rosa Yadira Rivas Santos, por no ajustarse a Derecho el Acto Administrativo impugnado, consistente en el Acuerdo de Cancelación No.0068-CES-SRH-2014 de fecha 10 de marzo del 2014 y efectivo a partir del día 14 de marzo de 2014, emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, por medio del cual se canceló por cesantía a la demandante; en consecuencia, se anula totalmente el acto administrativo impugnado; reconocer la situación jurídica individualizada de la demandante y para su pleno restablecimiento se adopta el reintegro de la demandante al cargo de Oficinista I en dicha Secretaría de Estado; en caso de ser materialmente imposible el Reintegro de la demandante al cargo relacionado, deberá ser reintegrada a otro puesto de igual categoría y en las mismas condiciones; condenando al Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional al pago a favor de la demandante de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación (14 de marzo de/ 2014), hasta la fecha en que sea ejecutado el presente fallo, más el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, decimocuarto mes, decimotercer mes, bonos y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder, sin costas; bajo el criterio que el acto administrativo impugnado y por medio del cual se canceló por cesantía a la demandante, se dictó con infracción al ordenamiento jurídico. Lo anterior, debido a que no basta con consultar al Consejo de Servicio Civil sobre la procedencia de una cesantía, y que se obtenga una respuesta favorable, para estimar que con esto se ha evacuado todo el procedimiento para cancelar por cesantía a un empleado protegido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. Para que la Autoridad Nominadora pueda ejercer la facultad establecida en el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil, es necesario que se fundamente y notifique al empleado por cuál de las excepciones calificadas ha sido cancelado de su cargo, notificación que debe ser realizada con al menos un mes de anticipación. De igual forma y con fundamento en la garantía constitucional de la estabilidad laboral, la Autoridad Nominadora debe tomar en cuenta, tanto la antigüedad laboral como los valores y calificaciones de las evaluaciones del desempeño, para así decidir a qué servidores públicos afectará. 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha trece de septiembre de dos mil dieciocho, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que se logra constatar que la parte demandante cumplió con algunos de los requisitos establecidos en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento para la emisión del acto impugnado efectuando la consulta al Consejo del Servicio Civil, obteniendo una respuesta favorable, pero debieron de cumplirse el resto de los requisitos legales para proceder a la cancelación por cesantía, la que deberá ser notificada al servidor público con un mes de anticipación por lo menos, para tal efecto del estudio de mérito no existe documentación en el expediente administrativo de la demandante, que acredite dicha notificación, constando únicamente en el expediente la notificación del acuerdo de cancelación por cesantía con un tiempo de antelación de dos (2) días, siendo esta notificación al servidor público como se ha mencionado con al menos un (1) mes de antelación; además en cuanto al requisito establecido en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, no se tomaron en cuenta los resultados de las evaluaciones periódicas en el desempeño y antigüedad laboral, por lo que al seleccionar el personal que será objeto de cancelación por cesantía, es imprescindible que se tomen en cuenta ambos aspectos, y siendo que la demandante cuenta con más de once (11) años de desempeño así como el resultado de calificaciones de: "Muy bueno" y "Bueno" en las dos últimas evaluaciones, por lo que se concluye que no se cumplieron con todos los requisitos legales para emitir el acuerdo de cancelación por cesantía No.0068-CES-SRH-2014 de fecha 10 de marzo del 2014. Que en relación al artículo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dicho estamento jurídico es irrelevante en virtud que no aplica en materia personal al comprobarse que se notifica al demandado a los dos (2) días de la emisión del acto administrativo impugnado cumpliendo las formalidades legales y surtiendo los efectos esperados, tanto que la demanda de mérito se presentó en los plazos legales respectivos; siendo de contexto en el uso del presente expediente recursivo la supletoriedad de la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, concluyendo en una franca violación al proceso que le asiste al servidor público para que el mismo sea garante del proceso legal normativo regulador. 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogada IRYS YAMILETH DUARTE ORDOÑEZ, en fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha trece de septiembre de dos mil dieciocho, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.030-2017, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.00111-2014 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha ocho de enero de dos mil diecinueve, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ, presentó en fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, las Abogadas IRYS YAMILETH DUARTE ORDOÑEZ y ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ, respectivamente. 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, teniendo por personado a la Abogada IRYS YAMILETH DUARTE ORDOÑEZ, como recurrente y por precluido el plazo concedido y dejado de utilizar por parte de la Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ, como recurrida, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación errónea del artículo 54 de la Ley de Servicio Civil empleado para la solución de fondo del litigio en relación con el 189 y 190 párrafo segundo de su Reglamento. DISPOSICION INFRINGIDA: Estimo como infringido el artículo 54 de la Ley de Servicio Civil, empleado para la solución de fondo del litigio en relación con el 189 y 190 párrafo segundo del Reglamento de dicha Ley. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha 13 de septiembre del 2018. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: Al interponer el Recurso de Apelación, expresé los agravios que la sentencia de primera instancia causa a mi representado, misma que fue dictada el 17 de octubre del 2016 por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, la cual se impugna en su totalidad por no ser conforme a derecho y por ocasionar indefensión al fallar procedente una acción de Cancelación por Cesantía, promovida por la ciudadana ROSA YADIRA RIVAS SANTOS, fallo que considero incorrecto en virtud que a la demandante se le cancelo siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, por lo que considero que mi representado el Estado de Honduras no es responsable por la obligación que se le ha demandado en el caso que nos ocupa, en virtud de haber seguido el procedimiento que emana la Ley de Servicio civil en su artículo 54, y 189, 190 párrafo segundo de su Reglamento y al no hacerlo violó evidentemente el ordenamiento jurídico establecido, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por la demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado y la sentencia objeto del presente Recurso no se encuentra ajustada a derecho, la Corte Sentenciadora para confirmar la sentencia del A quo, que declaró procedente la acción, debió inexorablemente declarar improcedente la misma, en aplicación a los artículos anteriormente mencionados de manera pues, que la interpretación que hace el Tribunal Sentenciador es errónea por lo que procede se case la sentencia”. II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) insta a la revisión de hechos y por ende del material probatorio, en base a lo establecido en el artículo 720.1) del Código Procesal Civil, no se puede conocer sobre los mismos; b) la recurrente no expone de manera clara el agravio o perjuicio sufrido en la explicación del motivo; y c) hace alegatos inoportunos en su explicación. III. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. IV. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos o causas que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace merito, en sus tres motivos y 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los diez días del mes de diciembre del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de agosto del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CA127-2019”. Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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