Sentencia CA-121-20 — Registro 12189
Resumen
En segunda instancia se revoca la sentencia dictada por el juzgado, se anula el acto administrativo consistente en el acuerdo de cancelación
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) carece de expresión sobre el agravio que la sentencia recurrida le causo, siendo un requisito indispensable según lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil; b) en la explicación se alude al artículo 60 de la Constitución de la República, norma que no fue señalada como infringida o relacionada en la formulación; c) insta a la revisión de hechos y por ende del material probatorio, en base a lo establecido en el artículo 720.1) del Código Procesal Civil, no se puede conocer sobre los mismos; y d) hace alegatos propios de instancia. .."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta días del mes de octubre de dos mil veinte, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA y EDGARDO CACERES CASTELLANOS, dictan la siguiente RESOLUCIÓN:SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS representada en juicio por el Abogado RICHAR ALEXANDER RUIZ RODRIGUEZ; y, Recurrida, la señora ISY MABHEL BACCA LAINEZ, representada en juicio por el Abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda en materia de personal para declarar la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y como medida para el restablecimiento del derecho subjetivo violado, el reintegro al trabajo, pago de salarios dejados de percibir, incrementos salariales y demás derechos que se produzcan en la secuela del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, promovido por la señora ISY MABHEL BACCA LAINEZ; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la República, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su demanda que prestó sus servicios al Estado de Honduras en la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores a partir de 4 de octubre del 2011, firmando a este efecto contratos continuos por tiempo determinado desempeñándose en el cargo de Auxiliar de Personal Sub-Gerencia de Recursos Humanos, posteriormente en fecha 1 de agosto de 2013, fue trasladada al cargo de Secretaria en la Academia Diplomática, desempeñándose normalmente, devengando un último salario mensual de L. 10,000.00. Posteriormente, en fecha 30 de agosto de 2013, la demandada emitió Memorándum No. 1085- SRH-2013 de fecha 30 de agosto de 2013, notificado el 2 de septiembre de 2013, mediante el cual se canceló a la demandante de su puesto de trabajo. En el presente caso la demandada fundó su acción de despido en virtud de no haber aprobado una supuesta evaluación realizada por el Departamento de Evaluación, Selección y Adiestramiento de la Dirección General de Servicio Civil, por lo que la actora no adquirió la condición de candidata elegible para ser nombrada en un cargo permanente; en fecha 01 de septiembre, la Secretaría no celebrara nuevas contrataciones, dicha evaluación nunca le fue realizada. La Ley de Servicio Diplomático y Consular de Honduras establece que “el personal que labore por contrato en el servicio interno al momento de entrada en vigencia de la presente ley, pasara a la modalidad permanente y su nombramiento serán realizados por el secretario de estado”. Como se puede ver, ni dicho artículo ni dicha Ley se establece que el personal deberá aprobar una evaluación para que pudiera adquirir la condición para ser nombrada en un cargo permanente, sino que el personal que estuviera laborando por contrato a partir de la entrada en vigencia de la ley antes descrita pasaría a la modalidad de permanente, procediendo el Secretario de Estado a realizarles el nombramiento, procedimiento que no fue realizado por la Secretaria de Estado. 2. La parte demandada, El ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la demandante, inició su relación laboral con la demandada, mediante Contrato de Servicios Profesionales número 1814-2011, en el cargo de Auxiliar de Personal, y posteriormente mediante memorándum número SRH- 958-2013 de fecha 1 de agosto del año 2013, fue trasladada a la Academia Diplomática desempeñándose en el cargo de Secretaria, siempre bajo la modalidad de contrato por tiempo determinado. Por otra parte, es falso que la demandante fue cancelada de manera ilegal e injustamente de su cargo mediante Memorándum número 1085 SRH-2013 de fecha 30 de agosto del 2013, ya que a la demandante únicamente se le notifica mediante Memorándum número 1085-SRH- 2013 que su contrato de Servicios Profesionales expira el 31 de agosto de 2013 y que la Secretaria de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores no renovara más su contrato en vista de haber reprobado la prueba de conocimientos aplicada por el Departamento de Evaluación, Selección y Adiestramiento de la Dirección General de Servicio Civil. También es falso que la demandante fue despedida en virtud de no haber aprobado una supuesta evaluación realizada por el Departamento de Evaluación, Selección y Adiestramiento de la Dirección General de Servicio Civil, por lo que no adquiere la condición de candidata elegible para ser nombrada en un cargo permanente, por lo que a partir del 01 de septiembre de 2013, la Secretaria no celebrara nuevas contrataciones, evaluación que según la demandante nunca fue realizada, argumentos falsos, porque consta en el expediente administrativo que la actora se sometió a la evaluación realizada por el Departamento de Evaluación, Selección y Adiestramiento de Personal de la Dirección General de Servicio Civil, a solicitud de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional; mediante Oficio número 748-DESAP-13 de fecha 30 de agosto de 2013, la Dirección General de Servicio Civil, notifica al Sub-Gerente de Recursos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que la demandante ha obtenido un resultado de 62% y en base al Artículo 61 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil que señala: "Para obtener la condición de Candidato Elegible, se requerirá obtener el 70%, o más, tanto en las pruebas correspondientes a las materias específicas del puesto, así como en la calificación final que será el cociente de la división de la suma de los resultados de las pruebas parciales". Por tal razón no adquirió la condición de candidata elegible. Asimismo, la demandante tenía conocimiento de dicha evaluación, por constar en la cláusula segunda de cada Contrato de Servicios Profesionales celebrado entre las partes, el cual establece: "la Contratista (demandante) estará sujeta a un Proceso de Evaluación en base al rendimiento laboral, cumplimiento de metas, eficiencia y eficacia en el desempeño de sus funciones; 2) Si la Contratista (demandante) supera el proceso de evaluación le podrá ser renovado su contrato, lo cual será notificado por escrito por parte del Titular de la Secretaría o por quien este designe", y en el caso que nos ocupa el Contrato de Servicios Profesionales de la demandante expiró el día 31 de Agosto de 2013 notificándole la autoridad nominadora a través del Sub Gerente de Recursos Humanos de la Secretaria de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, que dicho Contrato suscrito entre la Secretaría y la demandante expira el 31 de agosto de 2013, en virtud de haber reprobado la evaluación realizada no adquirió la condición de candidata elegible para ser nombrada con cargo permanente, por lo que a partir del 01 de septiembre del 2013, la demandada no renovó su contrato de trabajo. Se rechaza que la demandante erróneamente pretende ampararse en la Ley de Servicio Diplomático y Consular de Honduras en el Artículo 108 que señala; "EI personal que labore por contrato en el Servicio Interno al momento de entrar en vigencia la presente ley, pasara a la modalidad permanente y sus nombramientos serán realizados por el Secretario de Estado", argumentando que con la entrada en vigencia de la referida Ley, todo el personal que labora por contrato pasara a la modalidad de empleado permanente, como se observar, la demandante pretendió ampararse en un derecho que la Ley no le asiste en virtud que no se le renovó el Contrato de Servicio profesionales reunió los requisitos establecido en los Articulo 7 y 11 numeral 5) de la Ley de Servicio Civil y Articulo 61 del Reglamento del mismo cuerpo legal. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de mayo del dos mil dieciocho, dicto sentencia declarando IMPROCEDENTE, la demanda promovida por la señora ISY MABHEL BACCA LAINEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS a través DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el Memorándum número 1085SRH-2013 de fecha treinta (30) de agosto de dos mil trece (2013), mismo que se confirma por ajustarse a derecho, se condena al demandado al pago de los beneficios laborales reclamados, sin costas, bajo el criterio que en el presente caso las partes pactaron los derechos y obligaciones que les correspondían a cada uno, en virtud de ello se entiende que no se ha infringido el procedimiento establecido en la Ley, en virtud que en la cláusula segunda del contrato suscrito entre la ahora demandante, en lo referente a la evaluación del desempeño, situación que en el presente caso de autos consta que no aprobó el proceso de evaluación a que se sometió a través del Departamento de Evaluación, Selección y Adiestramiento de Personal de la Dirección General de Servicio Civil y así dar cumplimiento efectivo a lo señalado en el artículo 61 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil que establece: "Para obtener la condición de candidato elegible, se requerirá obtener un setenta por ciento (70%) o más tanto en las pruebas correspondientes a las materias específicas del puesto, así como en la calificación final que será el cociente de la división de la suma de los resultados de las pruebas parciales." En este sentido se le da cumplimiento efectivo a las clausulas octava y decima de los contratos suscritos. Que al estar debidamente acreditado en autos que la autoridad nominadora no infringió el ordenamiento jurídico, ni restringió garantías constitucionales de la demandante al emitir el acto administrativo impugnado, ya que este fue dictado al tenor de lo ordenado en la Ley, se declara la improcedencia de la acción, porque el acto se encuentra dictado conforme a derecho. 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha dos de diciembre del dos mil diecinueve, dictó sentencia, declarando CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto, REVOCA la sentencia fecha catorce (14) de mayo de dos mil dieciocho (2018), se DECLARA PROCEDENTE LA DEMANDA y como reconocimiento de la situación jurídica individualizada y como medida necesaria para su pleno restablecimiento, SE ANULA el acto administrativo consistente en el memorándum 1085-SRH-2013 de fecha treinta de agosto del 2013 por medio del cual se cancela a la ahora demandante; en consecuencia se ordena EL REINTEGRO con la permanencia en su cargo tal y como lo establece el artículo 108 de la ley de Servicio Diplomático y Consular de Honduras aprobada mediante Decreto 80-2013. la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que la ahora demandante laboró para la Secretaria de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores bajo la modalidad de contrato de servicios profesionales, notificándole mediante memorándum 1085-SRH-2013 de fecha treinta de agosto del año dos mil trece, que su contrato expira el treinta y uno de agosto de ese mismo año y que el mismo no se renovaría en virtud de no haber aprobado la evaluación, siendo esta la causal para no renovarle el contrato; al respecto, la ley de Servicio Diplomático y Consular de Honduras aprobada mediante Decreto Legislativo 802013,de fecha siete de junio del dos mil trece y vigente al momento de la emisión del acto administrativo que le comunica la no renovación de su contrato a través de un memorándum con fecha treinta de agosto del dos mil trece, asistiéndole el derecho por disposición contenida en el artículo 108 de dicha Ley, cuya finalidad no es otra masque el personal que labore bajo contrato en el servicio interno al momento de entrada en vigencia de la presente ley, pasara a la modalidad permanente y sus nombramientos serán realizados por dicha Secretaria de Estado. Forman parte también de los agravios, el hecho de que la demandante no aprobó la evaluación realizada por la Dirección de Servicio Civil; y por ende no se considera candidata elegible para ser nombrada en un cargo permanente, al respecto cabe mencionar que la ley de Servicio Diplomático y Consular de Honduras establecida en el Decreto 80-2013, en ningún momento o hace alusión a la práctica de evaluaciones, por ende, no pueden prescindir de los servicios de alguien aplicando conceptos o figuras no establecidas en ley, vulnerando con ello el hecho de que la Administración pública no podría actuar por autoridad propia, sino que ejecutando el contenido de la leyes lo que se llama principio de legalidad el cual es un principio fundamental del derecho público, conforme al cual todo ejercicio de potestades debe sustentarse en normas jurídicas que determinen un órgano competente y un conjunto de materias que caen bajo su jurisdicción. Por esta razón se dice que el principio de legalidad asegura la seguridad jurídica y considerado la regla de oro del derecho público y en tal carácter actúa como parámetro para decir que un Estado es un Estado de derecho. 5. La representación procesal de la parte recurrente, el Abogado RICHAR ALEXANDER RUIZ RODRIGUEZ, en fecha trece de diciembre del dos mil diecinueve, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha dos de diciembre del dos mil diecinueve, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.63-18, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.354-13 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha veintiocho de enero del dos mil veinte, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6. La representación procesal de la parte recurrida, el Abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, presentó en fecha doce de febrero del dos mil veinte, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha diecinueve de febrero del dos mil veinte por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha dos de marzo del dos mil veinte, a los Abogados RICHAR ALEXANDER RUIZ RODRIGUEZ y el Abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA. 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha diez de marzo del dos mil veinte, teniendo por personados al Abogado RICHAR ALEXANDER RUIZ RODRIGUEZ como recurrente y al Abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA como recurrida, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. DISPOSICIONES INFRINGIDAS. Estimo como disposiciones legales infringidas los artículos 256 y 257 de la Constitución de la República de Honduras; artículo 17 del Código Civil; articulo 11 numeral 5 de la Ley de Servicio Civil de Honduras; articulo 6 numerales 2 y 28, articulo 58, 61 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil de Honduras; artículo 96 de la Ley de Servicio Diplomático y Consular de Honduras. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha 02 de diciembre del 2019. PRECEPTO AUTORIZADO. Este motivo de casación se encuentra autorizado en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO. En la descrita Sentencia de la Corte de Apelaciones, en la Parte Dispositiva Declarar: CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por el abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, y revoca la sentencia de fecha 14 de mayo de 2018, cabe señalar que el recurso de apelación presentado por el apelante, tiene deficiencia jurídicas debido a que no señala cual es la violación en la que incurrido el Estado de Honduras, en contra de su representada y tampoco describe por que la sentencia de fecha catorce (14) de mayo de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo es nula, dicho recurso es un escrito sumamente generalizado, la lógica y el derecho se refiere a que estas acciones debe ser especificas en señalar las violaciones que supuestamente fue objeto su representada. Que en la misma Sentencia en el fundamento de derecho numeral octavo (8), se detalla lo siguiente: "Forma parte de las agravios, el hecho de que la demanda no aprobó la evaluación realizada por la Dirección de Servicio Civil y par ende no se considera candidata elegible para ser nombrada en un cargo permanente, al respecto cabe mencionar que la Ley de Servicio Diplomático y Consular de Honduras establecida en el Decreto 80-2013, en ningún momento hace alusión a la práctica de evaluaciones, por ende, no puede prescindir de los servicios de alguien aplicando conceptos o figuras no está establecida en Ley". Por consiguiente "La Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional Mediante Decreto Legislativo N980-2013, creó la Ley del Servicio Diplomático y Consular de Honduras, la cual en su artículo 108 dicta: "el personal que labore por contrato en el servicio interno al momento de la entrada en vigencia de dicha ley, adquiere derecho sin condición alguna ya que ni dicho artículo ni dicha ley, establece algún requisito en cuanto a calificación obtenida por desempeño. Lo anterior, constituye un defecto de la sentencia por incorrecta aplicación e interpretación de la norma, debido a que la Ley de Servicio Diplomático y Consular específicamente el artículo 108 de la citada Ley requiere una interpretación integral porque este tema es regulado por la Constitución de la República, por tal se complementa con preceptos de mayor jerarquía o leyes especiales". En consecuencia, la Corte de Apelaciones debió tomar en consideración el artículo 256 de la Constitución de la República que literalmente dice: El régimen de Servicio Civil regula las relaciones de empleo y función pública que se establecen entre el Estado y sus servidores, fundamentados en principios de idoneidad, eficiencia y honestidad. La administración de personal estar sometida a métodos científicos basados en el sistema de méritos. El Estado protegerá a sus servidores dentro de la carrera administrativa.", Así como el Artículo 257 de la Constitución de la República es clara al expresar lo siguiente: La Ley regular el Servicio Civil y en especial las condiciones de ingreso a la administración pública; las promociones y ascensos a base de méritos y aptitudes; la garantía de permanencia, los traslados, suspensiones y garantías; los deberes de los servidores públicos y los recursos contra las resoluciones que los afecten. Aunado a esto también se debió tomar en consideración Ley de Servicio Civil y su reglamento que es la norma especial que se debe aplicar para el nombramiento del ciudadano. Asimismo el fallo de la Sentencia emitida por la Honorable Corte de Apelaciones en su numeral tercero (3) de la Parte Dispositiva determina lo siguiente: "Se declara procedente la demanda y como reconocimiento de la situación jurídica individualizada y con medida necesaria para su pleno restablecimiento, SE ANULA el acto administrativo consistente en el memorándum 1085-SRH-2013 de fecha treinta (30) de agosto del 2013, por medio del cual se cancela a la demandante, en consecuencia se ordena EL REINTEGRO con la permanencia en su cargo tal y como lo establece el artículo 108 de la Ley de Servicio Diplomático y Consular de Honduras aprobada mediante decreto 80-2013. Lo antes citado, violenta el artículo 60 de la Constitución de la República que literalmente dice: "Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley. Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. La Ley establecer los delitos y sanciones para el infractor de este precepto." Por lo anterior, queda claro que una sentencia no puede violentar el derecho a la igualdad de los hondureños y crear un ciudadano privilegiado al reintegrarlo a un puesto de trabajo que es inexiste, en vista que la Señora ISY MABEHL BACCA LAINEZ, concurso a un puesto de trabajo para su respetivo nombramiento mediante Acuerdo Ejecutivo, no aprobó la evaluación de los exámenes pertinentes por no cumplir con los requisitos previstos para otorgarle un Acuerdo de Nombramiento, que es la evaluación de Servicio Civil quien es la autoridad constitucional para ejercer esta acción; quien declaro que la Señora ISY MABHEL BACCA LAINEZ, no es competente para el puesto que aspiraba. En consecuencia no es un empleado que tenga un acuerdo de nombramiento por lo tanto no se puede decretar la nulidad de un acto administrativo de despido ya que no existe una acción que anular, como he reiterado durante este escrito la Ley de Servicio Diplomático y Consular de Honduras que es la norma que prohíbe las contratación de personas por contrato, tal como lo describe en el artículo 96: "No se permitirá nombramiento de personal por contrato, a excepción de los contratos por consultoría, los cuales no podrán exceder de seis (6) meses en un mismo periodo fiscal", en tal sentido el derecho de acción de esta sentencia es ilegal. En relación a lo anterior, ya nuestro Código Civil contempla el método y las reglas de interpretación de la ley para tales efectos el Articulo 17 del código antes descrito determina lo siguiente: No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador." Cuando la Corte de Apelaciones, plasma en la sentencia que se debe reintegrar al cargo que ocupaba la demandante pareciera desconocer que es un empleado por contrato y que no tiene un cargo con la administración, haciendo una interpretación extensiva y errónea de la ley. Olvidando por completo que se trata de un acto administrativo mediante el cual la autoridad competente para un nombramiento o estatus de un Servidor Público es competencia única y exclusiva de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, según articulo 6 numeral 2 y 28 del Reglamento. Por tanto, el sentido jurídico de los mandatos Constitucionales citados es claro e inequívoco, y podemos CONCLUIR en los siguiente: El Régimen de Servicio Civil es quien regula las relaciones de empleo entre Ciudadanos y Estado, en ese sentido la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, no tiene el mandato de administrar el Régimen de Servicio Civil, ni evaluar a los ciudadanos para su ingreso al régimen citado. Es por eso que la Sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de fecha dos (2) de diciembre del 2019, violenta el principio de igualdad ante la Ley conforme al artículo 257 de la Constitución de la República, donde manifiesta que para ingresar al Servicio Civil, se tomara como base el méritos y aptitudes, lo cual es señalado de manera más ampliada en el artículo 11 numeral 5 de la Ley de Servicio Civil antes expuesto que define como requisito para ingresar al Régimen de Servicio Civil; los ciudadanos aspirantes deben aprobar los exámenes y evaluaciones a que fueren sometido por parte de La Dirección General de Servicio Civil". En ese sentido, conforme al Artículo 58 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, corresponde a la Dirección General de Servicio Civil, realizar las pruebas, exámenes y demás evaluaciones para que un ciudadano pueda ingresar al Servicio Civil. De la misma forma el Articulo 61 del Reglamento expresa: "Para obtener la condición de candidato elegible, se requerir obtener el setenta por ciento (70%), o más en las pruebas correspondiente a las materias específicas del puesto, así como en la calificación final que será el cociente de la división de la suma de los resultados de las pruebas parciales". Por tal razón es necesario aprobar con una nota de 70% los exámenes de selección dichos exámenes son para los ciudadanos a efecto de hacer valer el principio de igualdad y el estado de derecho. En la evaluación que realizo la Dirección General de Servicio Civil a la ciudadana Isy Mabhel Bacca Laínez, obtuvo una calificación del 62 %, lo cual la convierte en un candidato no apto para ingresar al Régimen de Servicio Civil. Razón por la cual la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional procede a comunicar a la señora Isy Mabhel Bacca Laínez, que no aprobó las evaluaciones realizadas por la Dirección General de Servicio Civil mediante el Memorándum 1085-SRH-2013 de fecha 30 de agosto del 2013 el cual es el objeto de la Pretensión”. II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) carece de expresión sobre el agravio que la sentencia recurrida le causo, siendo un requisito indispensable según lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil; b) en la explicación se alude al artículo 60 de la Constitución de la República, norma que no fue señalada como infringida o relacionada en la formulación; c) insta a la revisión de hechos y por ende del material probatorio, en base a lo establecido en el artículo 720.1) del Código Procesal Civil, no se puede conocer sobre los mismos; y d) hace alegatos propios de instancia. III. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. IV. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta Resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace mérito, en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha treinta de octubre del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CA121-2020. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.