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Sentencia CA-581-15 — Registro 8490

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción promovida por la demandante por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) no indica si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, sino que hace referencia a infracción directa, lo cual es un concepto propio para la materia laboral; b) el precepto autorizante ha sido formulado sin precisión ya que se indican dos literales que comprenden distintas causales de casación, que por la independencia de los cargos debe formular de forma separada; c) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) formula alegatos de instancia"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que se fundamenta en el artículo 719 numeral 1) literal b) del Código Procesal Civil, el cual sirve para el ataque del fallo por actos y garantías procesales, sin embargo el Impetrante señala en su concepto de la infracción el ataque de normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio; y, b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) formula alegatos de instancia. En adición la norma que cita como infringida por aplicación indebida no fue aplicada en el fallo impugnado."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de febrero de dos mil diecinueve, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA como Coordinador, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA por actuaciones de la desaparecida DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (DINADERS) adscrita a la SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG), representado en juicio por el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ; y, Recurrido: la señora DORIS MADALY OLIVA BACA, representando en juicio por el Abogado FRANCISCO RAFAEL FU QUESADA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular emitido por la Dirección Nacional de Desarrollo Sostenible (DINADERS), se declare la ilegalidad y su nulidad, se reconozca la situación jurídica individualizada por el acto ilegal e injusto de que ha sido objeto, se adopten las medidas necesarias para su pleno restablecimiento como ser: a) restitución al cargo y b) pago de los sueldos dejados de percibir a partir de la fecha de la cancelación, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, por la señora DORIS MADALY OLIVA BACA, contra ESTADO DE HONDURAS a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA por actuaciones de la desaparecida DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (DINADERS) adscrita a la SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifestó en el escrito de su acción que fue nombrada mediante Acuerdo No. 044-06 de fecha 1 de agosto de 2006, en el cargo de AUDITOR III (Acuerdo que fue modificado en lo referente al AUDITOR II mediante el acuerdo número 040-2009 de fecha 1 de marzo del año 2009), al momento de su cancelación su sueldo mensual era de L.15,000.00, que mediante Acuerdo No.005-CD-2011 de fecha 31 de marzo del 2011 y efectivo a partir de esa misma fecha se le notificó su cancelación del cargo de AUDITOR II de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS); sostuvo que el acuerdo de cancelación es ilegal e injusto, ya que para la emisión del mismo se prescindió total y absolutamente del procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil para acordar la cesantía y además en su emisión existió infracción de nuestro ordenamiento jurídico vigente. Alegó que el acuerdo de cancelación del cual fue objeto también es ilegal e injusto por lo que sigue: A) Con dicha Cancelación se le ha violentado los Derechos Constitucionales del derecho al trabajo y a la protección contra el desempleo; y también se ha violentado la Garantía de la Estabilidad en el Empleo. En relación con el Artículo 38 de la Ley de Servicio Civil, asimismo en el Acuerdo de Cancelación curiosamente se le expresó que se da por terminado la relación de servicio y que se le cancela por lo siguiente: “Que existe suficiente causa para dar por terminada la relación de trabajo, como ser: a) en el desempeño del trabajo y en la prestación de sus servicios ha mostrado irregularidad, como ser demasiadas llegadas tardes, extremo que lo arroja el respectivo libro de llegadas tardes, tarjetas de entrada y salida, expediente personal, planillas que al efecto lleva la Gerencia de Recursos Humanos de DINADERS…, b) Bajo rendimiento en el desempeño de trabajo efectivo y gastos administrativos y pérdida de tiempo en estar deduciendo todos los meses cantidades por concepto de llegadas tardes, por lo que no existe una compensación equitativa para la inversión que realiza la institución en concepto de pago de su salario, lo cual lo prohíbe los artículos 16 literales a) y b), 17 literal e) del Reglamento interno de Dinaders”. Exponiendo también que a pesar de manifestar supuestas justas causas para dar por terminada la relación laboral se le puso a la orden el pago de prestaciones laborales, lo cual evidencia faltas que no son ciertas; asimismo, no se le siguió el procedimiento de cancelación por cesantía, lo cual vuelve a la cancelación ilegal e injusta se hace importante aclarar que su puesto no aparece excluido en el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA por actuaciones de la desaparecida DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (DINADERS) adscrita a la SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG), contestó dicha demanda aceptando la fecha de contratación, salario, puesto ocupado, así como el traslado de puesto que se le hizo, rechazando el resto de lo expresado por la parte demandante y alegando a su favor que a la demandante se le separó del cargo, mediante acuerdo No. 005- CD-2011, de fecha 31 de marzo de año 2011, en aplicación a lo establecido en el artículo 16 incisos b) y t) del Reglamento General de la Ley de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS) que señala: “Son obligaciones el personal PRONADERS/DINADERS las establecidas en el Código de Trabajo y las que establecen las Leyes supletorias, especiales y las “siguientes: b) Cumplir con la jornada de trabajo establecida, asistiendo puntualmente a su trabajo todos los días hábiles establecidos por la Ley. t) Observar eficiencia, cuidado, esmero, buenas costumbres y conducta ejemplar en el desempeño de sus funciones.” Relacionado con el artículo 17 inciso e) del mismo cuerpo legal, el cual establece: “Además de las consignadas en el Código de Trabajo, Leyes supletorias, se prohíbe al personal de esta institución lo siguiente: c) Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo.” que la demandante presentaba un desempeño laboral irregular, mostrado en reiteradas llegadas tardes, resultando un bajo rendimiento en sus funciones asignadas, por lo que la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS), en aplicación al artículo 3 del Reglamento antes citado, que establece: “Las disposiciones contempladas en el presente reglamento serán aplicadas por el Gerente de Recursos Humanos de PRONADERS/DINADERS, siguiendo en su caso los procedimientos establecidos en el Codigo de Trabajo.” Por lo que es evidente que la demandante, alegó de forma equivocada que fue cancelada sin seguir el procedimiento establecido para la cancelación por cesantía, siendo importante mencionar, que la demandante no está amparada por el Régimen especial del Servicio Civil, sino, por el procedimiento contemplado en el Código del Trabajo, por lo tanto el procedimiento que señala no fue observado, no le era aplicable, también es importante mencionar que el puesto de trabajo ha sido suprimido y no se encuentra en la estructura organizativa de la Dirección; asimismo, expuso a su favor que la demandante, en el año 2010, faltó a sus labores 8 días sin ninguna justificación, que corresponden al 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 y 14 de octubre del año 2010, por lo que en esos días se le practicó audiencia de descargo, por lo que se le canceló mediante acuerdo 020-CD-2010 de fecha 19 de octubre del año 2010 y por apoyar a la hoy demandante, posteriormente se le anuló el acuerdo de cancelación, mediante acuerdo ACD-01-2010 de fecha 22 de octubre del año 2010.- 3.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA por actuaciones de la desaparecida DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (DINADERS) adscrita a la SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG), interpuso en fecha 24 de abril del 2013, escrito de defensas previas, las cuales son: 1) Primera causa de inadmisibilidad de la demandad: Cuando su conocimiento no corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 2) Segunda causa de inadmisibilidad: que se hubiera interpuesto por persona no legitimada; y, 3) Tercera causa de inadmisibilidad: por contener la demanda el defecto procesal de litis pendencia, lo cual fue resuelto en fecha veinticuatro de octubre del año dos mil trece, desestimando dichas defensas previas por improcedentes, con el criterio en cuanto a la primera, estima ser el juzgado competente para conocer la presente causa, en cuanto a la segunda, es evidente el interés de la parte demandante en el presente caso y en cuanto a la tercera no existe litispendencia.- 4.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha 21 de abril del año 2015, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por la señora DORIS MADALY OLIVA BACA por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, anuló el acuerdo de cancelación número 005-CD-2011, reconoció la situación jurídica individualizada de la demandante y para su pleno restablecimiento se resolvió condenar al Estado de Honduras específicamente a PRONADERS (DINADERS), al REINTEGRO al cargo de AUDITOR II, así como el pago de los salarios dejados de percibir desde el momento de la ilegal cancelación hasta que se ejecute el reintegro, así como también al pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, bonos, y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder, anuló en su caso el nombramiento del sustituto en el cargo del demandante; bajo el criterio que hubo infracción al ordenamiento jurídico, al haberse despedido al demandante sin seguirse el procedimiento legalmente establecido, ya que dicho despido se materializó sin observar las normas y procedimientos establecidos en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento.- 5.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 3 de septiembre del año 2015, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que al no establecer el Reglamento del Programa de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS), y de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS), el procedimiento para despedir al ahora demandante, debió seguir el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para emitir esta clase de actos y al no hacerlo violó el ordenamiento legal, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por la demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto impugnado.- 6.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, en fecha 2 de octubre del año 2015, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha tres de septiembre del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.262-2015, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.212-2011 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 5 de octubre del 2015, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado FRANCISCO RAFAEL FU QUEZADA, presentó en fecha 12 de noviembre del año 2015, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 16 de noviembre del año 2015, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 19 de noviembre del año 2015, los Abogados FRANCISCO RAFAEL FU QUEZADA y OSCAR DOÑAS CHAVEZ.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 14 de diciembre del año 2015, teniendo por personados a los Abogados OSCAR DOÑAS CHAVEZ, como recurrente y FRANCISCO RAFAEL FU QUEZADA, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer motivo manifestando lo siguiente: “Acuso a la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el día tres de septiembre del dos mil quince, porque es violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por infracción directa de los artículos 4 reformado literal a), 24, 25 párrafo primero, 31 literal c), 51 literal ch) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido bajo el marco jurídico del artículo 719 numeral 1) literal a) y b) del Código Procesal Civil. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION: Es de conocimiento de la Honorable Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, que la infracción directa se produce cuando el texto de la norma legal es absolutamente claro, pero la sentencia contiene disposiciones abierta contra el ordenamiento jurídico antes citado. Cuando establecemos en este motivo de casación que la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el tres de septiembre del dos mil quince, expresa abierta pugna con las normas legales insertas en este primer motivo, y que precisamente detallo a los Honorables Magistrados: 1.- En la contestación de la demanda explicamos en forma clara y precisa que la jurisdicción no era competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, si no que el Juzgado de Letras del Trabajo, como se le hizo ver al Tribunal de Primera Instancia en las Defensas Previas; exposición que no tuvo aceptación, al igual que la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso al confirmar en cada una de sus partes la sentencia definitiva, hace propia el contenido de la primera instancia.- La infracción se produce cuando el artículo 4 de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso le indica al tribunal de primera y segunda instancia que no corresponderán a la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo: a) Las cuestiones de orden laboral, aunque relacionadas con actos de la administración pública se atribuyan por una ley a otra jurisdicción. Por el contenido del artículo antes indicado, no debió conocer la acción de la demandante el tribunal de segunda instancia, con lo que violó las garantías del debido proceso consignadas en el artículo 3 del Código Procesal Civil. 2.- Los artículos 24 y 25 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establecen con rigurosidad jurídica, el artículo 24 párrafo tercero, que cualquier acto de impugnación debería transcribírsela a la Procuraduría General de la República, y dentro de las pruebas ejecutadas, no aparecen el cumplimiento de esta norma legal; asimismo el artículo 25 de dicha ley, es claro en cuanto a que la representación y defensa de las entidades estatales se regirán por lo que dispongan las leyes especiales ó sus respectivas leyes orgánicas (párrafo primero de dicha norma).- Al efecto el Decreto No.12.2000 que emitiera el Congreso Nacional de la República el 5 de mayo del año 2000 y que se encuentra vigente, no se le puede negar que en el artículo 22 párrafo segundo establece que el personal no seleccionado gozará de los derechos que le confieren LAS LEYES LABORALES DEL PAIS; es entendido que este concepto tan claro y transparente, no dice que al personal que se le diera de baja, gozarán de los derechos de la Ley del Servicio Civil, si no de las leyes laborales expuestas en nuestro Código del Trabajo; de allí que la apreciación del Juzgado y la Corte en sus fallos, entra en pugna con estas disposiciones legales. 3.- En lo concerniente a la Ley y el Reglamento del Servicio Civil, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al expresar en sus fundamentos de derecho (considerando cuatro), que la sentencia que dictara el tribunal de primera instancia se encuentra conforme a derecho, porque expresa que la autoridad nominadora no siguió procedimiento alguno para cancelar por cesantía a la demandante, en clara violación a los presupuestos prescritos en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento; pues bien, Honorables Magistrados: Al no haberse analizado las condiciones legales específicas del presente juicio, el artículo 2 reformado por el Decreto 150-88 y publicado en La Gaceta No.25,717 el 27 de diciembre de 1988, ordena que las resoluciones del Régimen del Servicio Civil comprenderá a los servidores del Poder Ejecutivo, cuyo ingreso al servicio se haya efectuado, llenando las condiciones y requisitos que establezca esta ley y sus reglamentos.- Las mismas disposiciones serán aplicables a los funcionarios y empleados de las Municipalidades, en cuanto los servidores del Poder Legislativo y Judiciales, y los mismos de los organismos descentralizados que se regirá por sus respectivas leyes orgánicas, reglamentos y estatutos. El Decreto 12-2000 en su artículo 7, creó la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible, la cual se conocerá con las siglas DINADERS, como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, con autonomía técnica, administrativa y financiera; por lo que, al dejar de aplicar las normas relativas al proceso, se determina la infracción directa de las normas jurídicas citadas, precisamente la norma transcrita en este numeral. 4.- Por lo anterior y debidamente fundamentado, a la señora DORIS MADALY OLIVA BACA, se le notificó el Acuerdo de Cancelación 005-CD-2011 con fecha 31 de marzo del año 2011, y para que esta Honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Laboral- Contencioso Administrativo, juzgue desde el contenido del segundo acuerdo de cancelación citado, que textualmente dice: "Señora DORIS MADALY OLIVA BACA, Auditor II. Estimada señora Oliva Baca: Por medio de la presente se le notifica la TERMINACION de la relación laboral que usted mantiene con la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS), en el puesto de Auditor II a partir del 31 de marzo del 2011, en aplicación a lo establecido en el Acuerdo Ejecutivo No.1036-00, que aprueba el Reglamento General de la Ley para el Desarrollo Rural Sostenible, el cual establece en su artículo 35 que: "El personal de DINADERS será objeto de LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION por el Director Ejecutivo conforme a los procedimientos aprobados. Que existe suficiente causa para dar por terminada la relación de trabajo como ser: a) Usted en el desempeño de su trabajo, y en la prestación de sus servicios ha mostrado irregularidad, como ser demasiadas llegadas tardes, extremos que lo arroja el respectivo libro de registro de llegadas tardes, tarjetas de entrada y salida, expediente personal, planillas que al efecto lleva la Gerencia de Recursos Humanos de DINADERS., lo que conlleva como consecuencia; b) Bajo rendimiento en el desempeño de trabajo efectivo y gastos administrativos y pérdida de tiempo en estar deduciendo todos los meses cantidades por concepto de llegadas tardes, por lo que no existe una compensación equitativa para la inversión que realiza la institución en concepto de pago de su salario, lo cual lo prohíbe los artículos 16 literales a) y b), 17 literal c) del Reglamento Interno de DINADERS.- El Reglamento de la DINADERS, aprobado mediante Acuerdo No.DE-DINADERS-003-2010 de fecha 24 de marzo del 2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 22 de mayo del 2010, establece en toda su estructura para su jurisdicción para los reclamos de todos los trabajadores, siendo ésta la jurisdicción de los Tribunales del Trabajo, según los artículos 7, 12, 16, 17, 18 de dicha normativa interna de la DINADERS, en vista que algunos puestos de trabajo han sido deshabilitadas y no se encuentran en el estructura organizativa de la DINADERS, entre ellos el que usted ha venido desempeñando. Por lo anterior en este acto se le ponen a la orden previa tramitación el pago de sus prestaciones labores que en derecho le corresponden.- En consecuencia, en el uso de las facultades delegadas de que está investido el suscrito y en aplicación del Decreto Legislativo No.12-2000 y, Acuerdo No.1036-00 del 02 de agosto del 2000 se le CANCELA el Acuerdo de Nombramiento en el Puesto de Auditor II de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS), efectivo a partir del día 31 de marzo de 2011 autorizando con cargo al Presupuesto aprobado para la DINADERS se pague las indemnizaciones a las que tiene derecho por ley, correspondientes al período laboral desde el 01 de agosto del año 2006 a la fecha.- igualmente se le indica que debe devolver a la Gerencia de Recursos Humanos la tarjeta de identificación de DINADERS (Carnet) a través de la Unidad de Bienes, Contabilidad y demás Jefaturas respectivas, someterse a que se le realicen los respectivos descargos de bienes asignados y viáticos para obtener su respectivo finiquito. Se le agradecen los servicios prestados a la DINADERS.- Abogado JOSE LUIS GUIFARRO.- Gerente Recursos Humanos.” En el presente oficio existe constancia de la notificación a la demandante; además, de buena fe y sin especular, se le notificó que la jurisdicción para los reclamos de los trabajadores, son los Tribunales del Trabajo. 5.- En el presente caso, la demandante tal como está acreditado, prestó servicios a DINADERS, a través del Departamento de Auditoría, que este es regenteado por el Tribunal Superior de Cuentas, y como tal reciben instrucciones de dicha institución, según artículo 32 y 33 del Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, por lo que el status de la demandante está comprendido dentro del artículo 5 numeral 26) del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, en virtud de la responsabilidad, las delicadas tareas, por tales motivos no se le aplica el Régimen del Servicio Civil, por ser empleada de confianza; que basta este motivo para que en sentencia definitiva se declare CON LUGAR el presente recurso.”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) no indica si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, sino que hace referencia a infracción directa, lo cual es un concepto propio para la materia laboral; b) el precepto autorizante ha sido formulado sin precisión ya que se indican dos literales que comprenden distintas causales de casación, que por la independencia de los cargos debe formular de forma separada; c) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) formula alegatos de instancia.- III. Que el Recurrente en un segundo motivo arguye: “Se acusa la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha tres de septiembre del dos mil quince, por aplicación indebida de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, la cual se encuentra comprendida en los artículos 25 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 35 del Acuerdo 1036-00 de fecha martes cinco de septiembre del dos mil, publicado en La Gaceta No.29,268, y que se desprende del Decreto 12-2000 que corresponde a la Ley para la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1) y literal b) del Código Procesal Civil que dice: Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión; en relación con el Acuerdo 1036 publicado el 5 de septiembre del año 2000 en el Diario Oficial La Gaceta, específicamente su artículo 35, en cuanto al personal de la DINADERS, será objeto de libre nombramiento y remoción del Director Ejecutivo, en relación con el artículo 3 del Código Procesal Civil, siempre y cuando no se vulnere los derechos de la demandante, por eso se le reconoció el pago de sus prestaciones laborales. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION: En el presente motivo indicamos, que la aplicación indebida se produce cuando una norma legal es entendida correctamente, y sin mediar errores de hecho o de derecho, se hace aplicación de la regla jurídica a un hecho probado pero no regulado por ella. La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en su fallo definitivo, para ser preciso, en el considerando cuatro, expresa en forma genérica que se ha violado los presupuestos prescritos en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, para cancelar por cesantía a servidores públicos.- En el considerando citado, el Tribunal de Segunda Instancia cita en forma general y sin hacer precisiones, que no se siguió el procedimiento ordenado por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento (ver el considerando cuatro), expresa el fallo de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que la demandante se encontraba bajo el régimen de Servicio Civil y su Reglamento; totalmente falso y antijurídico, pues a la fecha de la terminación del contrato de trabajo, ya se encontraba vigente el Reglamento Interno de PRONADERS, cito el Acuerdo 003-2010 de fecha 22 de mayo del 2010; ¿en qué consiste la aplicación indebida?: La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo expresa en su artículo 25 párrafo segundo, que la representación y defensa de las entidades estatales se regirán por lo que dispongan las leyes especiales ó sus respectivas leyes orgánicas, pues bien: Siendo que este precepto lo enmarcamos en el artículo 719 literal b) del Código Procesal Civil, el cual manifiesta que se podrán impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan:……..b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. Cuando a la demandante se le notificó la finalización de la relación de trabajo el 31 de marzo del año 2011, se encontraba vigente el Acuerdo 1036-00 de fecha 2 de Agosto del 2000, y que en su nota de despido precisamente se le señala lo que establece el artículo 35 de dicho reglamento, que el Director Ejecutivo puede nombrar y remover personal sin ninguna causa, con lo cual comprobamos la aplicación indebida, y que en forma antojadiza los tribunales de primera y segunda instancia favorecen a la demandante, pretenden obligar a través de dichos fallos, que mi representada se mantenga bajo el Régimen del Servicio Civil y su Reglamento, lo cual no le es aplicable, por el marco jurídico de PRONADERS.”.- IV. Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que se fundamenta en el artículo 719 numeral 1) literal b) del Código Procesal Civil, el cual sirve para el ataque del fallo por actos y garantías procesales, sin embargo el Impetrante señala en su concepto de la infracción el ataque de normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio; y, b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) formula alegatos de instancia. En adición la norma que cita como infringida por aplicación indebida no fue aplicada en el fallo impugnado.- V. El Censor en un tercer motivo manifiesta: “Acuso a la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el tres de septiembre del dos mil quince, de ser violatoria de normas sustantivas de orden nacional, por infracción directa del artículo 25 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación al artículo 35 del Acuerdo 1036 de fecha 5 de septiembre del año 2000 que se desprende del Decreto 12-2000, tal como reza la motivación en su primer considerando del Acuerdo 1036-00 publicado el 5 de septiembre del año 2000. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este tercer motivo de casación encuentra su marco jurídico en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil que dice: Que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. 1.- De los Honorables Magistrados, es conocido que la doctrina establece que esta violación se genera ante todo por la actitud manifiesta y rebeldía del sentenciador contra las normas legales, o de abuso o desacierto en su aplicación, por ejemplo que estando acreditado el contrato de trabajo en el proceso, se deje de aplicar la norma que lo regula, con todas sus consecuencias, o se le aplica no estando comprobado. En el presente juicio, tanto el tribunal de primera instancia, como la Corte de lo Contencioso Administrativo, actuando de facto en el considerando cuatro de dicho fallo, de los antecedentes de hecho, y en sus fundamentos de derecho (considerando nueve), sin ningún fundamento legal, ponen en conocimiento que el reglamento debe estar sobre la ley, en este caso, el artículo 25 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, cuando expresa en el considerando nueve (9), que el artículo 31 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo, es el que se debe aplicar, y estarán sujetos al Régimen de la Ley del Servicio Civil y su Reglamento; todo lo contrario que expresa el artículo antes mencionado de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que la representación y defensa de las entidades estatales, se regirán por lo que dispongan las leyes especiales ó sus respectivas leyes orgánicas. 2.- Hemos tratado de disuadir tanto al Juzgado mediante prueba documental, en igual forma a la Corte de lo Contencioso Administrativo, que PRONADERS/DINADERS no es sujeta de la aplicación del Reglamento y de la Ley del Servicio Civil; esta última institución, cansada y aburrida, le ha indicado al Juzgado de Letras de lo Contencioso en el presente juicio, que el Consejo había emitido opinión, y que dicha institución PRONADERS/DINADERS, no se encuentra contemplada dentro del Régimen de Servicio Civil, POR LO CUAL NO TIENEN QUE COMPARECER A ESTE CONSEJO SOLICITANDO DICTAMEN PARA CANCELAR A SUS EMPLEADOS. 3.- Es tedioso Honorable Corte Suprema de Justicia, venir señalando actos repetitivos, que PRONADERS no es sujeta del marco legal de la Ley y Reglamento del Servicio Civil; no obstante, la intención del tribunal señalado, es forzar tanto a PRONADERS, que no haga uso de sus normas legales como ser el Decreto 12-2000 y sus reglamentos. Todos sabemos que el artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública, en el numeral 3), le indica que se debe aplicar primero, es la LEY, quedando relegado cualquier reglamento general o especial. Esta manifiesta rebeldía del sentenciador, tanto de facto como de hecho, al no aplicar las normas legales debidamente citadas, hace que se produzca por el entorno de la sentencia de la corte sentenciadora, la infracción directa del artículo 25 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, relacionado con el artículo 35 del Acuerdo 1036 de fecha 5 de septiembre del año 2000, el cual se encuentra debidamente legalizado por el Decreto 12-2000; que basta analizar la motivación de dicho decreto, que dicha institución fue creada con sus propios mecanismos técnicos y financieros, decreto que fue reformado por el Congreso Nacional de la República, mediante Ley 137-2011, que en este caso en lo único que puede servir este último Decreto, es para ilustración de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, en cuanto que DINADERS y FONADERS dejaron de existir por ley, ordenando el Congreso Nacional la liquidación de su personal. (Artículo 2 de dicho Decreto).”.- VI. Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) no indica si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, sino que hace referencia a infracción directa, lo cual es un concepto propio para la materia laboral; b) en la explicación señala normativa no indicada en la formulación del cargo, tal es el caso del artículo 31 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo; c) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) formula alegatos de instancia.- VII. El Censor en un cuarto motivo manifiesta: “Se acusa la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el tres de septiembre del dos mil quince, por error de hecho, consistente en la falta de apreciación científica de las pruebas DOCUMENTALES.- Dicho motivo lo enmarcamos dentro del artículo 719 en el numeral 1) literales b) y c) del Código Procesal Civil, en relación con los artículos 68 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y artículos 2 reformado, 3 reformado de la Ley de Servicio Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1), literal c) del Código Procesal Civil, en cuanto al contenido de la sentencia, al no haber hecho un análisis científico de la prueba documental del oficio librado a la Dirección General del Servicio Civil, como asimismo la opinión legal de la Procuraduría General de la República, dictamen que mediante Oficio No.NP-097-09 de fecha agosto 19 del año 2009, emitiera la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, a través de la Dirección General de Servicio Civil. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION. Se acusa la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, dictada el tres de septiembre del año dos mil quince, por error de hecho; ¿en qué consiste?: 1) Oficio No.CSC-052-2013, de fecha 10 de junio del año 2013, firmado y sellado por la Abogada María Nieves Argueta Cruz, Presidenta del Consejo del Servicio Civil, en la que se aprecia que PRONADERS/DINADERS, dicha institución no se encuentra contemplada dentro del Régimen del Servicio Civil, por lo cual NO TIENEN QUE COMPARECER A ESTE CONSEJO, SOLICITANDO DICTAMEN PARA CANCELAR A SUS EMPLEADOS; 2) Oficio No.NP-097-09 de fecha agosto 19 dl año 2009, dirigido al Licenciado Ramón Chacón Ferrufino, Director Ejecutivo DINADERS, firmado por la Abogada Merlen Laitano, Sub-Directora General, estableciéndose en su página 2, párrafo segundo, que el personal de DINADERS, FONADERS y de PRONADERS, de conformidad con su ley orgánica, están fuera del Régimen de Servicio Civil, y cualquier controversia laboral que se presente con sus empleados, en lo relativo a derechos y obligaciones, se deben sujetar a las disposiciones del Código del Trabajo y al Reglamento interno de la institución; 3) Certificación que de conformidad con la Constitución de la República, la Procuraduría General, presentó la opinión legal, sosteniendo que DINADERS, en su literal b) página 2, que el régimen jurídico que se debe aplicar a los empleados permanentes (nombrados mediante acuerdo), son las disposiciones que declara el Código del Trabajo. La razón es en virtud de tratarse de una entidad desconcentrada y que los derechos que adquiere como empleado permanente, son los consignados en el Código del Trabajo; documentos que por cualquier circunstancia se acompañan al presente Recurso de Casación. 1.- En el considerando tres (3) de la sentencia de la Corte de lo Contencioso Administrativo, para conocimiento y análisis que el tribunal de segunda instancia hizo relación al Oficio librado a la Dirección General del Consejo del Servicio Civil, fue lo único que citó, no teniendo una lógica jurídica dicho considerando en su exposición, porque acto seguido expresa la Corte, que la señora DORIS MADALY OLIVA BACA, realizó sus labores en forma irregular, que en repetidas ocasiones llegaba tarde, lo que incidía supuestamente la palabra que debió utilizar la Corte, es de “bajo”, y en el considerando indica “bajo”; posteriormente vuelve a retomar el contenido del Oficio que el mismo apoderado legal de la demandante solicitó al Consejo del Servicio Civil; la respuesta al análisis de este documento, que es de contenido público, no fue de ninguna naturaleza. 2.- Como prueba que mi representada ha venido documentándose, también se encuentra el Oficio No.NP-097-09 de fecha agosto 19 del 2009, en igual forma, vuelve a repetir la Directora General del Servicio Civil, que los empleados de DINADERS y FONADERS no están regulados por la Ley del Servicio Civil. 3) En la extensa opinión legal de la Procuraduría General de la República- DNC-094-2009, el Consultor Jurídico de la Procuraduría General de la República, mediante auto de fecha 5 de agosto del año 2009, emitido por la Señora Procuradora General de la República, procedió a dictaminar, teniendo el apoyo de otros Profesionales del Derecho, quedó establecido que las disposiciones que se aplican a los empleados permanentes de DINADERS, es la del Código del Trabajo. 4) Vistos los antecedentes, apreciamos que la Corte sentenciadora en su fallo, le dio cabida al error de hecho, al no apreciar en su conjunto, en primer lugar las pruebas aportadas, y en especial los documentos públicos señalados. 5) El Decreto 12-2000 en su artículo 22 expresa, que cuando los empleados de la Dirección General de Desarrollo Agrícola pasen a la institución PRONADERS, DINADERS-FONADERS, en su párrafo segundo indica que el personal no seleccionado gozará de los derechos que le confieren las leyes laborales del país; de esta manera el Congreso Nacional de la República a través del Decreto antes indicado, ya determina que es el Código del Trabajo el marco jurídico; documento el cual se presentara como un medio ilustrativo documental al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, y no fue considerado por el Tribunal de Primera Instancia ni de Segunda Instancia, a pesar de ser una Ley que no debió ignorarse.”.- VIII. Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) no indica si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, sino que hace referencia al error de hecho, lo cual es un concepto propio para la materia laboral; b) el precepto autorizante ha sido formulado sin precisión, ya que se indican dos preceptos autorizantes, en diferentes apartados de su formulación; c) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) formula alegatos de instancia.- IX. En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el Recurrente debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.- X. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- XI. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- XII. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta Resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace mérito, en sus cuatro motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticinco días del mes de febrero del dos mil diecinueve; certificación de la resolución de fecha cinco de febrero del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 581-15.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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