Sentencia CA-513-17 — Registro 8484
Resumen
En segunda instancia se revoca la sentencia dictada por el juzgado declarando la nulidad total de los actos administrativos tácitos impugnados que consisten en la cancelación por despido de cada uno de los demandantes por no estar emitidos conforme a derecho
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión en el concepto de la infracción es decir, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la normas señaladas como infringidas, ya que por lado alude a que se violentaron los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República, por otro que se omitió el artículo 47 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y también que se interpretó de manera incorrecta el artículo 80 de la misma ley; b) acusa a la sentencia de ser incongruente, lo cual debió haber sido señalado como una causal diferente del recurso, ya que la misma es con base a lo dispuesto en el artículo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil; y, c) en el desarrollo se alude a los artículos 2 de la Ley de Servicio Civil y 5 y 6 numeral 21 de su Reglamento, disposiciones que no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en su formulación y además, se realizan alegatos propios de instancia"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cinco días del mes de febrero de dos mil diecinueve, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representada en juicio por el Abogado CARLOS ROBERTO ALONZO MEDINA; y, Recurrido: Los señores HELEN SUSSETH LÓPEZ VÁSQUEZ, MERCEDES GUADALUPE BARAHONA LÓPEZ, RAÚL ALEXANDER CHÁVEZ RODRÍGUEZ, MARIO HERNÁN RAMÍREZ CÁRCAMO, SADY ALEXANDER GONZÁLEZ VELÁSQUEZ, JOSÉ OBDULIO LOBO, FRANZ ALEJANDRO MORAZÁN NÚÑEZ, MAURO VIRGILIO ORELLANA GARCÍA, WILSON JOSÉ HERRERA SALGADO, JULIO ALEJANDRO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, RICARDO ALBERTO RIVAS ELLNER y LUIS ALONZO GRADIZ MARADIAGA, representados en Juicio por el Abogado ERNESTO ALONZO BOQUÍN REYES.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial en materia de personal para que se declare la ilegalidad y nulidad de un acto tácito administrativo de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada de cancelación o separación injusta e ilegal y como medidas para el pleno restablecimiento se pague una indemnización por concepto de prestaciones laborales, más el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha de cancelación hasta que quede firme la sentencia condenatoria respectiva, más el pago de salarios que hayan dejado de percibir por concepto de treceavo y catorceavo mes y vacaciones, reconocimiento de los aumentos que se hubieren autorizado durante la sustentación del juicio, costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado ROBERTO LAGOS BANEGAS, en su condición de representante procesal de los señores HELEN SUSSETH LÓPEZ VÁSQUEZ, MERCEDES GUADALUPE BARAHONA LÓPEZ, RAÚL ALEXANDER CHÁVEZ RODRÍGUEZ, MARIO HERNÁN RAMÍREZ CÁRCAMO, SADY ALEXANDER GONZÁLEZ VELÁSQUEZ, JOSÉ OBDULIO LOBO, FRANZ ALEJANDRO MORAZÁN NÚÑEZ, MAURO VIRGILIO ORELLANA GARCÍA, WILSON JOSÉ HERRERA SALGADO, JULIO ALEJANDRO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, RICARDO ALBERTO RIVAS ELLNER y LUIS ALONZO GRADIZ MARADIAGA, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifestaron en el escrito de su acción, que comenzaron a laborar para la Presidencia de la República en el Periódico Poder Ciudadano, siendo contratados por tiempo indefinido así: Helen Susseth López Vásquez, el 17 de noviembre del 2008, en el cargo de Asistente de Dirección, devengaba un salario de L.15,000.00; Mercedes Guadalupe Barahona López, el 12 de febrero del 2007, como Enlace Administrativo, devengaba un salario de L.25,000.00, por lo que el salario promedio mensual de los últimos seis meses fue de L.29,166.66; Raúl Alexander Chávez Rodríguez, el 09 de febrero del 2009, como Diagramador, devengaba un salario de L.18,000.00, por lo que el salario promedio mensual de los últimos seis meses fue de L.21,000.00; Mario Hernán Ramírez Cárcamo, el 01 de Abril del 2008, como Jefe de Diagramación, devengaba un salario de L.30,000.00, por lo que el salario promedio mensual de los últimos seis meses fue de L.35,000.00; Sady Alexander González Velásquez, el 01 de Abril del 2008, en el cargo de Periodista Redactor, devengaba un salario de L.15,000.00, por lo que el salario promedio mensual de los últimos seis meses fue de L.17,500.00; José Obdulio Lobo, el 10 de diciembre de 2007, como Fotógrafo, devengaba un salario de L.15.000.00, por lo que el salario promedio mensual de los últimos seis meses fue de l.17,500.00; Franz Alejandro Morazán Núñez, el 12 de marzo de 2009, como diagramador, devengaba un salario de L.15,000.00, por lo que el salario promedio mensual de los últimos seis meses fue de L.17,500.00; Mauro Virgilio Orellana Garcia, el 06 de mayo del 2009, como Jefe de Información, devengaba un salario mensual devengado L.25,000.00, por lo que el salario promedio mensual de los últimos seis meses fue de L.29,166.66; Wilson Jose Herrera Salgado, el 05 de noviembre del 2008, como Periodista, devengaba un salario de L. 15,000.00, por lo que el salario promedio mensual de los últimos seis meses fue de L.17,500.00; Julio Alejandro Ramirez Hernández, el 01 de septiembre del 2008, como Diagramador, devengaba un salario de L.15,000.00, por lo que el salario promedio mensual de los últimos seis meses fue de L.17,500.00; Ricardo Alberto Rivas Ellner, el 07 de enero del 2009, como Periodista Redactor, devengaba un salario de L. 20,000.00, por lo que el salario promedio mensual de los últimos seis meses fue de L.23,333.34; y Luis Alonzo Gradiz Maradiaga, el 09 de julio del 2008, como Jefe de Redacción, devengaba un salario de L.25,000.00, por lo que el salario promedio mensual de los últimos seis meses fue de L.29,166.66; que la Casa Presidencial les notificó con fecha 14 de julio de 2009, mediante nota suscrita por el Ministro de Comunicaciones y Prensa, la cancelación de los nombramientos, lo cual constituye un acto presunto de cancelación, ya que la ley establece que les debió cancelar mediante la emisión de un acuerdo; alegaron además que los demandantes ya habían interpuesto demanda, en la cual la parte demandada al contestar la demanda interpuso la Excepción Dilatoria de Incompetencia de Tribunal, pero que el Juzgado la declaró sin lugar; y que al apelar la sentencia el Tribunal de Alzada la declaró con lugar en vista de que es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; por lo que deducen que los empleados de la Casa Presidencial son nombrados por el Presidente de la República mediante acuerdo de nombramiento y que al ser empleados públicos están excluidos del Código del Trabajo; que interpusieron ante la Sala de lo Constitucional Amparo Laboral y que al notificar el fallo este fue sobreseído declarando que correspondía a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; por lo que se les dio 10 días para que comparecieran a presentar la demanda para la nulidad del acto administrativo.- 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que no existe, ni se encuentra en la Estructura Orgánica Funcional de Casa de Gobierno, aunado al hecho de que la forma de contratación de la Administración de Casa Presidencial es por tiempo determinado y no como lo quieren hacer ver los demandantes al manifestar que fueron contratados por tiempo indefinido, pretendiendo que se les reconozca un supuesto derecho, acreditando la condición con un acto administrativo tácito; siendo requisito indispensable que exista un acuerdo de nombramiento o un contrato de servicios profesionales o de consultoría, por lo que de no ser de la manera que lo establece la Ley, es un proceso carente de formalidad y nulo, por lo cual este argumento vertido por la parte actora de la demanda es legalmente inaceptable, aunado al hecho que de la misma manera que pretende acreditar su supuesta relación de servicio mediante un Acto Tácito de Nombramiento, lo hace al manifestar que de acuerdo a los Actos Administrativos Tácitos de Cancelación se da por terminada la supuesta relación de trabajo; que los demandantes no acreditaron la relación laboral con documentos idóneos y fehacientes, lo que no debe pasar por desapercibido, ya que es procesalmente imposible y legalmente inaceptable que si no se acredita el acto impugnado, no podrá declararse una nulidad sobre el mismo; alegó que los demandantes en virtud de la Ley no se encuentran protegidos por la Ley de Servicio Civil ni por ninguna Ley Especial.- 3.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, en fecha 11 de junio del 2013, interpuso en tiempo y forma defensas previas, alegando como causas de inadmisibilidad que: 1) La demandada fue presentada fuera de los plazos respectivos, que tenía que interponerse en el plazo de 15 días en la Contencioso Administrativo y que transcurrió más de 2 meses desde la notificación de la cancelación del cargo efectuada por Casa Presidencial en fecha 14 de julio del año 2009, hasta la presentación de la demanda en el Juzgado de Letras del Trabajo el 16 de septiembre del 2009, siendo total y absolutamente injustificable, insustentable, ilegal y principalmente extemporánea, aplicación estricta del Articulo 48 literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 2) Que se hubiere interpuesto por persona incapaz, no representada debidamente o no legitimada; ya que los demandantes al ser cancelados mediante nota de fecha 14 de julio del 2009, no tiene titularidad de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento jurídico, causa de inadmisibilidad establecida en el artículo 80 inciso b) de dicha ley; y 3) que es un acto firme, ya que es evidente que el acto que pretenden se decrete la nulidad, tiene por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativo al tenor de las disposiciones legales antes citadas en virtud de tratarse de un acto firme, defensa previa establecida en el artículo 63 literal a) de dicha ley, en relación con el articulo 80 literal c) y el articulo 31 literal a) de dicha ley; que las tres defensas previas fueron desestimadas basándose en que apegado a la doctrina legal emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia lo que es vinculante para los órganos inferiores, la demanda no fue presentada fuera de tiempo; asimismo los demandantes están legitimados para comparecer ante lo contencioso administrativo, ya que por lo relacionado en autos forman parte de la administración pública y eran quienes ostentaban el cargo, por lo tanto tienen interés legítimo y directo para comparecer; asimismo en acto impugnado es un acto tácito, el mismo no tiene la categoría de firme, por lo que al haber señalado que la demanda fue presentada dentro del plazo, por lo cual ésta no adquirido el carácter de firme.- 4.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 07 de abril del 2016, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “RESUELVE: PRIMERO: Declarar INADMISIBLE la demanda promovida por los ciudadanos HELEN SUSSETH LÓPEZ VÁSQUEZ, MERCEDES GUADALUPE BARAHONA LÓPEZ, RAÚL ALEXANDER CHÁVEZ RODRÍGUEZ, MARIO HERNÁN RAMÍREZ CÁRCAMO, SADY ALEXANDER GONZÁLEZ VELÁSQUEZ, JOSÉ OBDULIO LOBO, FRANZ ALEJANDRO MORAZÁN NUNEZ, MAURO VIRGILIO ORELLANA GARCÍA, WILSON JOSÉ HERRERA SALGADO, JULIO ALEJANDRO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, RICARDO ALBERTO RIVAS ELLNER y LUIS ALONZO GRADIZ MARADIAGA. En virtud que no pudo ser acreditada la existencia del acto tácito susceptible de impugnación. SEGUNDO: Contra la presente Sentencia Definitiva, procede el Recurso de Apelación el que debe interponerse ante este Tribunal, con su expresión de agravios, dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación. TERCERO: Se exime del pago de costas a la parte demandada, vencida en juicio por tener motivos suficientes para litigar”; bajo el criterio que al estudiar lo que ambas partes alegan y al contrastar sus alegaciones con las pruebas aportadas al proceso, la Suscrita concluye que en efecto, los actos que se pretenden impugnar ante esta vía contenciosa administrativa no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo consistente en demostrar que la Administración Pública ha realizado comportamientos unívocos en incompatibles con una voluntad distinta. Lo anterior debido a que las pruebas aportadas al proceso indican que, en los registros de Casa Presidencial, no hay documento alguno que muestre si quiera una relación laboral existente entre el Estado y los demandantes. De ahí que en el presente juicio no hay acuerdos tanto de nombramiento como de cancelación. Por lo anterior, no se logró acreditar la existencia del acto tácito de nombramiento y, sobretodo, de cancelación (que es el que correspondería revisar a esta Jurisdicción), pues no se comprobó en juicio que efectivamente existieron comportamientos por parte de la Administración Pública que llevasen a la Suscrita a concluir la intención, por parte del Estado, de establecer una relación de trabajo con los hoy demandantes así como de terminarla; y que de lo antes expuesto y en apego a lo establecido en el artículo 80 letra e), de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la Juez de oficio declarará la inadmisibilidad de la demanda.- 5.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 31 de julio del 2017, dictó sentencia REVOCANDO la proferida en primera instancia, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por Abogado ERNESTO ALONSO BOQUIN REYES en su condición de representante procesal de los ciudadanos HELEN SUSSETH LOPEZ VASQUEZ, MERCEDES GUADALUPE BARAHONA LOPEZ, RAUL ALEXANDER CHAVEZ RODRIGUEZ, MARIO HERNAN RAMIREZ CARCAMO, SADY ALEXANDER GONZALEZ VELASQUEZ, JOSE ABDULIO LOBO, FRANZ ALEJANDRO MORAZAN NUÑEZ, MAURO VIRJILIO ORELLANA GARCIA, WILSON JOSE HERRERA SALGADO, JULIO ALEJANDRO RAMIREZ HERNÁNDEZ, RICARDO ALBERTO RIVERAS ELLNER y LUIS ALONZO GRADIZ MARADIAGA.-SEGUNDO: REVOCAR la sentencia definitiva de fecha siete de abril del dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que corre a folios (f-247) a folio (f-250) de la pieza principal de autos.- En consecuencia a) DECLARAR PROCEDENTE LA ACCIÓN, promovida por el Abogado ROBERTO LAGOS BANEGAS, en su condición de representante procesal de los ciudadanos HELEN SUSSETH LOPEZ VASQUEZ, MERCEDES GUADALUPE BARAHONA LOPEZ, RAUL ALEXANDER CHÁVEZ RODRIGUEZ, MARIO HERNAN RAMIREZ CARCAMO, SADY ALEXANDER GONZÁLEZ VELASQUEZ, JOSE ABDULIO LOBO, FRANZ ALEJANDRO MORAZAN NUÑEZ, MAURO VIRJILIO ORELLANA GARCIA, WILSON JOSE HERRERA SALGADO, JULIO ALEJANDRO RAMIREZ HERNÁNDEZ, RICARDO ALBERTO RIVERAS ELLNER y LUIS ALONZO GRADIZ MARADIAGA, contra el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia, por infracción del ordenamiento jurídico y exceso de poder; b) Declarar NULIDAD TOTAL de los actos administrativos tácitos impugnados que consisten en la cancelación por despido de cada uno de los demandantes por no estar emitidos conforme a derecho; c) Reconocer la situación jurídica individualizada a favor de cada uno de los demandantes, y como medida para su pleno restablecimiento se ordena el pago de las prestaciones laborales más el pago de los sueldos o salarios dejados de percibir que correspondan a partir de la fecha de cancelación hasta que quede firme esta sentencia y demás derechos colaterales que les pudiera corresponder durante la secuela del juicio; d) Conforme a lo establecido en el artículo 82 inciso c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, este Tribunal procede a cuantificar la pretensión de prestaciones laborales y deja diferido para la Etapa de Ejecución de Sentencia la cuantificación del resarcimiento de los daños reales efectivamente causados que consiste únicamente en el derecho indemnizatorio arriba otorgado de salarios dejados de percibir desde la fecha de cancelación por despido ‘4 de julio del 2009 hasta que la presente sentencia adquiera el carácter de firme.- En consecuencia, en concepto de pago de prestaciones laborales se CONDENA al Estado de Honduras, a pagar las cantidades siguientes: HELEN SUSSETH LOPEZ VÁSQUEZ, preaviso L.9,875.00; auxilio de cesantía proporcional L.11,520.76; vacaciones proporcionales L.3,855.81; aguinaldo proporcional L9,875; décimo cuarto mes proporcional L.680.55; MERCEDES GUADALUPE BARAHONA LOPEZ, preaviso L.33,425.90; auxilio de cesantía L.29,166.66; auxilio de cesantía proporcional L.8,425.90; vacaciones proporcionales L.11,666.70; aguinaldo proporcional L.8,425.90; décimo cuarto mes proporcional L.1,134.25; RAUL ALEXANDER CHÁVEZ RODRIGUEZ, preaviso L. 9,041.66; auxilio de cesantía proporcional L.9,041.66; vacaciones proporcionales L.3,057.53; aguinaldo proporcional L.7,749.99; decimó cuarto mes proporcional L.7,749.99; MARIO HERNÁN RAMÍREZ CARCAMO, preaviso L.40,111.53; auxilio de cesantía L.30,000.00; auxilio de cesantía proporcional L. 10,111.53; vacaciones proporcionales L.3,419.18; aguinaldo proporcional L. 16,166.66; SADY ALEXANDER GONZALEZ VELASQUEZ, preaviso L.19,334.00; auxilio de cesantía L.17,500.00; auxilio de cesantía proporcional L.5,055.53; vacaciones proporcionales L.6,996.00; aguinaldo proporcional L.4,334.00; décimo cuarto mes proporcional L.583.00; JOSE ABDULIO LOBO, preaviso L.19,334.00; auxilio de cesantía L.17,500.00; auxilio de cesantía proporcional L.5,055.53; vacaciones proporcionales L.6,996.00; aguinaldo proporcional L.4,334.00; décimo cuarto mes proporcional L.583.00; FRANZ ALEJANDRO MORAZAN NUÑEZ, preaviso L.5,930.52; auxilio de cesantía proporcional L.5,930.52; vacaciones proporcionales L.2,005.50; aguinaldo proporcional L. 5,083.33; décimo cuarto mes proporcional L.5,083.33; MAURO VIRJILIO ORELLANA GARCIA, preaviso L.972.22; vacaciones proporcionales L.1,866.66; aguinaldo proporcional L.4,791.65; décimo cuarto mes proporcional L.4,791.66; WILSON JOSE HERRERA SALGADO, preaviso L.8,166.62; auxilio de cesantía proporcional L.11,666.60; vacaciones proporcionales L.4,048.31; aguinaldo proporcional L.8,085.00; décimo cuarto mes proporcional L.10,415.00; JULIO ALEJANDRO RAMIREZ HERNANDEZ, preaviso L.13,083.33; auxilio de cesantía proporcional L.15,255.16; vacaciones proporcionales L.5,161.64; aguinaldo proporcional L.8,083.33; décimo cuarto mes proporcional L.583.33; RICARDO ALBERTO RIVAS ELLNER preaviso L.10,888.92; auxilio de cesantía proporcional L.15,555.60; vacaciones proporcionales L.4,060.01; aguinaldo proporcional L.10,446.72; décimo cuarto mes proporcional L.10,446.72; y LUIS ALONZO GRADIZ MARADIAGA preaviso L.29,166.66; auxilio de cesantía L.29,166.66; auxilio de cesantía proporcional L.2,916.66; vacaciones proporcionales L.1,166.66; aguinaldo proporcional L.13,374.95; décimo cuarto mes proporcional L.975.00; más los salarios dejados de percibir que correspondan a partir de la fecha de cancelación hasta que quede firme esta sentencia y demás derechos colaterales que les pudiera corresponder durante la secuela del juicio TERCERO: SIN COSTAS por haber motivos racionales para litigar”; bajo el criterio que los demandantes eran servidores públicos regidos por la Ley de Servicio Civil, pues no se enmarcaban dentro de una relación bajo contrato de servicios profesionales o técnicos y tampoco podrían ser considerados empleados de confianza, ya que no ostentaban ningún cargo de los que expresa y numerus clausus determina la Ley; en ese orden de ideas, los demandantes estaban regidos por la Ley de Servicio Civil, y como tal al momento de ser cancelados de sus puestos de trabajo, las autoridades estaban obligados a llevar a cabo todo el procedimiento previo establecido en la Ley, situación que no aconteció de esa forma y que por lo tanto ha provocado la nulidad de dichos actos tácitos, restituyendo a los demandantes todos sus derechos al tenor de lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento.- Los puntos de defensa de la parte demandada, han sido desvanecidos totalmente, ya que ha quedado establecido la existencia legal de los actos tácitos y su impugnabilidad ante esta Jurisdicción, así como la vinculación laboral que existió entre los demandantes y el Estado, bajo el régimen de Servicio Civil, siendo atribuible a la Administración Pública la omisión de los tramites y procedimientos legales que deben llevarse para el nombramiento y cancelación de servidores públicos, donde el servidor no tiene ninguna responsabilidad.- Que si bien para poder ser considerado un servidor público al tenor de lo establecido en el Artículo 2 de la Ley de Servicio Civil, debe existir previamente un acuerdo de nombramiento, también es cierto que ante la arbitrariedad de la administración pública la ley prevé la impugnación de los actos tácitos, que son aquellas conductas que revelan una decisión unívoca administrativa, tal como así quedó exteriorizado con los documentos que se presentaron por la parte demandante, en cuanto a las planillas de los empleados del Periódico Poder Ciudadano, y los diferentes memorándums donde se deja ver claramente la relación jurídica existente y la cancelación por recorte presupuestario de manera general para todos los servidores del Periódico Poder Ciudadano.- 6.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogado CARLOS ROBERTO ALONZO MEDINA, en fecha 16 de agosto del 2017, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 31 de julio del 2017, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.287-16, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.00014-2013 del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 07 de septiembre del 2017, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado ERNESTO ALONZO BOQUÍN REYES, presentó en fecha 11 de septiembre del 2017, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 13 de septiembre del 2017, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 26 de septiembre del 2017, los Abogados CARLOS ROBERTO ALONZO MEDINA y ERNESTO ALONZO BOQUÍN REYES.- 8.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 17 de octubre del 2017, teniendo por personados a los Abogados CARLOS ROBERTO ALONZO MEDINA, como recurrente, y ERNESTO ALONZO BOQUÍN REYES, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un su primer motivo, manifestando lo siguiente: “CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LOS ACTOS Y GARANTÍAS PROCESALES CUANDO SU INFRACCIÓN SUPONGA LA NULIDAD O PRODUJERA INDEFENSIÓN. Este motivo se sustenta en el Artículo 719.1, letra b) del Código procesal Civil, en cuanto a la aplicación e interpretación de las normas procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. Los Magistrados emisores de la Sentencia recurrida en Casación infringen y violan flagrantemente las Garantías de la Defensa, del Debido Proceso y de la Legalidad con que deben actuar los funcionarios judiciales, tutelados por el Artículo 82, 90, 321, 323 de la Constitución de la República. Ya que la Sentencia de Segunda Instancia es incongruente, al haberse infringido normas esenciales al omitir el Articulo 47 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo e interpretar de manera incorrecta el Artículo 80 del mismo cuerpo legal, ya que la Sentencia de fecha 7 de Abril del año 2016 se encuentra ajustada a derecho, pues encontramos una contradicción siendo que la Corte de Apelaciones mediante Sentencia de fecha 31 de Julio del año 2017 revoca la Sentencia de fecha 7 de Abril del 2016 al considerar que el Juzgado de primera instancia no aplicó correctamente la ley al caso concreto, además la sentencia recurrida en casación no es clara, exhaustiva ni precisa, además de establecer de forma clara y expresa el estado de exclusión de los demandantes, pues los demandantes se desempeñaron en el Periódico del Poder Ciudadano dependencia de Casa Presidencial, siendo que todo el personal de la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial y de Casa Presidencial es un personal de confianza del Secretario de Estado de la Presidencia de la República y del Presidente de la República no por la función que realiza sino por el único hecho de desempeñar sus funciones en las oficinas de ambos funcionarios, estando acreditado en autos. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN QUE AFECTA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA MEDIANTE EL PRESENTE MOTIVO. Que al pronunciarse la Sentencia recurrida y al establecer la Corte de Apelaciones que en consecuencia los demandantes eran servidores públicos regidos por la Ley de Servicio Civil, pues no se enmarcaban dentro de una relación bajo contrato de servicios profesionales o técnicos y tampoco podían ser considerados empleados de confianza, ya que no ostentaban ningún cargo de los que expresa y determina la ley. Del estudio de los autos y del análisis de la sentencia recurrida se desprende que la Corte de Apelación de lo Contencioso Administrativo, abusa de sus facultades constituciones al emitir un fallo desde todo punto de visto contrario a la normativa legal aplicable, tal es el caso que para controvertir lo expresado por la Corte de Apelaciones en el considerando 6 de los fundamentos de derecho de la Sentencia recurrida para lo cual cito el Artículo 2 de la Ley de Servicio Civil que establece: El régimen de Servicio Civil comprenderá a los Servidores Públicos que laboran en la Secretarias de Estado, cuyo ingreso al Servicio se haya efectuado llenando las condiciones y requisitos que establezca esta Ley y su Reglamento; para el cual el Artículo 11 del mismo cuerpo legal establece los requisitos para ingresar al Servicio Civil; 1) Ser hondureño por nacimiento, mayor de 18 años y estar en el goce de sus derechos civiles 2) Tener comprobante de estar al día en el pago de los impuestos o de estar exento de ellos; 3) Acreditar buena salud y buena conducta; 4) Llenar las condiciones especiales exigidas para el cargo; 5) Haber aprobado los exámenes de competencia o de oposición de antecedentes de conformidad con los requisitos establecidos en esta Ley; 6) Haber obtenido el nombramiento respectivo; y 7) Haber pasado satisfactoriamente el periodo de prueba. Además, el Artículo 5 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil establece: Para los fines de la Ley y su Reglamento, entiéndase por empleado o servidor público la persona que ha sido nombrada para un cargo sujeto al Régimen de Servicio Civil, que haya cumplido con los requisitos de ingreso previstos en la Ley, su Reglamento y el periodo de prueba, y que presta sus servicios en relación de subordinación o dependencia, en una Secretaría de Estado o a otro organismo del Poder Ejecutivo. El Artículo 6 numeral 21) Empleado o Servidor Público. Es la persona natural que ha sido nombrada a través de un Acuerdo, que preste sus servicios personales a la administración pública y que está protegido por la Ley de Servicio Civil, de igual manera el mismo Artículo establece en su numeral 28) Nombramiento. Es el acto administrativo de concesión del estatus de empleado o servidor público a una persona natural, por medio de un acuerdo expedido por la autoridad competente conforme a la Ley. Con lo anterior se deja contundentemente probado que la Corte de Apelaciones en la sentencia recurrida falla arbitrariamente inobservando la Ley y cometiendo ello vicios de fondo que agravian la condición de parte en el proceso de mi representado el Estado de Honduras, es evidente que las diferentes cortes y juzgados del Poder Judicial o desconocen la ley o no tienen la capacidad de análisis de darle la correcta interpretación jurídica a la norma que aplican al caso concreto, pues en el presente caso la sentencia de fecha 31 de Julio del año 2017, la presente sentencia es lesiva para los intereses de mi representado, por lo que se pide contundentemente que se case la sentencia venida en casación para enmendar los hierros cometidos por la Corte de Apelaciones. Como se puede observar los demandantes no reunieron los requisitos que exige la ley para ingresar al sistema bajo el amparo y protección de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, por ende la corte no puede darle en la sentencia de fecha 31 de julio de 2017 el estatus de empleado o servidor público cuando ya para tales efectos la ley es clara precisa y congruente, es por ello que se enfatiza contundentemente que la corte de apelaciones en el presente caso falla erróneamente al reconocer un estatus cuando la misma no es atribuible a su condición de juzgador además la corte incurre en ultra petita al conceder a los demandantes una petición no formulada en el escrito de interposición de la demanda.”.- II.- Que el cargo resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión en el concepto de la infracción es decir, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la normas señaladas como infringidas, ya que por lado alude a que se violentaron los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República, por otro que se omitió el artículo 47 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y también que se interpretó de manera incorrecta el artículo 80 de la misma ley; b) acusa a la sentencia de ser incongruente, lo cual debió haber sido señalado como una causal diferente del recurso, ya que la misma es con base a lo dispuesto en el artículo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil; y, c) en el desarrollo se alude a los artículos 2 de la Ley de Servicio Civil y 5 y 6 numeral 21 de su Reglamento, disposiciones que no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en su formulación y además, se realizan alegatos propios de instancia.- III.- En el segundo motivo de casación el Impetrante expone: “CONSISTE EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCIÓN DEL FONDO DEL LITIGIO. Este motivo se sustenta en el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil, en cuanto a la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, por contravenir lo dispuesto en el Artículo 5 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil: 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Se reclama la aplicación en todo su contexto del Artículo 5 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil contenido en el Acuerdo Número 175 del 18 de Febrero de 1976. El hoy demandante no se encuentra amparado para demandar, y ya lo establece el Artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, párrafo primero, dispone que en materia de personal solamente podrán impugnarse en vía contencioso administrativo los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público cuando este estuviera protegido por una ley especial. En el presente caso los demandantes desempeñaron supuestos cargos no acreditados en juicio además no tenían en su defecto el estatus de empleado o servidor público por no reunir los requisitos ya exigidos por el Reglamento de la Ley de Servicio Civil. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN QUE AFECTA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA MEDIANTE EL PRESENTE MOTIVO. En tal sentido es importante resaltar que del estudio de los autos y del análisis de la sentencia recurrida se desprende que la Corte de Apelación de lo Contencioso Administrativo, abusa de sus facultades constituciones al emitir un fallo desde todo punto de visto contrario a la normativa legal aplicable, tal es el caso que para controvertir lo expresado por la Corte de Apelaciones en el considerando 6 de los fundamentos de derecho de la Sentencia recurrida para lo cual cito el Artículo 2 de la Ley de Servicio Civil que establece: El régimen de Servicio Civil comprenderá a los Servidores Públicos que laboran en la Secretarias de Estado, cuyo ingreso al Servicio se haya efectuado llenando las condiciones y requisitos que establezca esta Ley y su Reglamento; para el cual el Artículo 11 del mismo cuerpo legal establece los requisitos para ingresar al Servicio Civil; 1) Ser hondureño por nacimiento, mayor de 18 años y estar en el goce de sus derechos civiles ; 2) Tener comprobante de estar al día en el pago de los impuestos o de estar exento de ellos; 3) Acreditar buena salud y buena conducta; 4) Llenar las condiciones especiales exigidas para el cargo; 5) Haber aprobado los exámenes de competencia o de oposición de antecedentes de conformidad con los requisitos establecidos en esta Ley; 6) Haber obtenido el nombramiento respectivo; y, 7) Haber pasado satisfactoriamente el periodo de prueba. Además, el Artículo 5 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil establece: Para los fines de la Ley y su Reglamento, entiéndase por empleado o servidor público la persona que ha sido nombrada para un cargo sujeto al Régimen de Servicio Civil, que haya cumplido con los requisitos de ingreso previstos en la Ley, su Reglamento y el periodo de prueba, y que presta sus servicios en relación de subordinación o dependencia, en una Secretaria de Estado o a otro organismo del Poder Ejecutivo.”.- IV.- Tampoco este cargo puede ser admitido, ya que el Censor del fallo incurre en los siguientes defectos: a) en su formulación alega que se contravino el artículo 5 de la Ley de Servicio Civil y 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo bajo argumentos propios de una causa de inadmisibilidad de la acción vía defensa previa, que no fue expuesta en su momento procesal oportuno, ya que si bien se interpusieron otras causales, pero las mismas se refieren a otros puntos o extremos, que aparte fueron desestimadas y quedaron firmes; y, b) en el desarrollo se alude al artículo 2 de la Ley de Servicio Civil, disposición que no fuera señalada como infringida o relacionada en su formulación.- V.- Resuelto lo anterior, esta Sala estima conveniente recordar que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley, que todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad. Si el servidor público en el ejercicio de su cargo infringe la ley en perjuicio de particulares será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que éstos puedan ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo. Consecuentemente es competencia de los órganos fiscalizadores del Estado, velar porque se deduzca la responsabilidad de los funcionarios infractores del ordenamiento jurídico.- VI.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil, en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 721 numeral 2) y 723 numeral 2) literal a) numeral 1) del ordenamiento legal precitado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303 párrafo segundo, 304, 313 ordinal 5), 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 701 numeral 1), 704, 716, 717, 720, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia y que se ponga en conocimiento del presente fallo al Tribunal Superior de Cuentas, para los efectos legales consiguientes.- Redacto el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cinco día del mes de marzo del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha cinco de febrero del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 513-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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