Sentencia CA-508-17 — Registro 8489
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción incoada por el demandante por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación se confirma ne segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede resulta inestimable por las razones siguientes: a) se omite establecer el concepto de la infracción es decir, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la norma señalada como infringida; y, b) se omite el pronunciamiento impugnado de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede resulta inestimable por las razones siguientes: a) se omite establecer el concepto de la infracción es decir, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la norma señalada como infringida; y, b) se omite el pronunciamiento impugnado de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil."
Jerarquía: Reiterativa
..." Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) carece de claridad y precisión, ya que alega el concepto de falta de aplicación, pero en el desarrollo alude a una interpretación “espuria” de la ley, lo que vuelve el cargo confuso, ya que una ley no puede ser dejada de aplicar y luego ser interpretada en forma errónea; b) se insta a la revisión y valoración del material probatorio lo cual le es vedado a este Tribunal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y c) omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo dispuesto en el artículo 704 del Código Procesal Civil.- "
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cinco días del mes de febrero de dos mil diecinueve, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado RICARDO ESTRADA PINEL; y, Recurrida: el señor LUIS ROBERTO GUIFARRO DUARTE, representado en juicio por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial para la nulidad de un acto administrativo en materia de personal, que se anule totalmente el mismo por haber sido adoptado con infracción al ordenamiento jurídico, que se reconozca la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se condene al reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, así como el pago de los salarios dejados de percibir, costas; promovida ante el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, por el señor LUIS ROBERTO GUIFARRO DUARTE, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la República, por actuaciones de LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA (SEPLAN), ahora SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su demanda que comenzó a laborar para la Secretaría de Estado en los Despachos de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN), siendo nombrado en el cargo de Especialista en Ordenamiento Territorial, a partir del 03 de enero de 2012, mediante Acuerdo numero 00132/12 de fecha 19 de marzo de 2012, con un sueldo mensual de L. 30,000.00. La autoridad nominadora, mediante Acuerdo Numero 00626-14 decidió cancelar al demandante por cesantía a partir del 01 de septiembre de 2014 del cargo que venía desempeñando, sin observar el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, tal como quedará demostrado en el transcurso del juicio. Por otra parte es preciso manifestar que la Ley de Servicio Civil establece que la extinción de la relación del servicio público por voluntad de la Administración puede ser por sanción disciplinaria o por cesantía, en el presente caso no se da ninguno de los supuestos, ya que la autoridad nominadora en clara contraposición a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, así como la Ley de Procedimiento Administrativo, procede a emitir un acto administrativo prescindiendo del procedimiento para la validez del mismo. De lo anterior podemos establecer que deben de concurrir algunos elementos previos para que proceda la cancelación por cesantía y que han sido omitidos de forma flagrante por la autoridad nominadora: 1. Debe existir una comunicación previa de la autoridad nominadora y por escrito a la Dirección General del Servicio Civil; 2) el Consejo de Servicio Civil deberá emitir una resolución en la que declare procedente la cancelación por cesantía de los servidores; 3) Para que proceda la cancelación deberá de encontrarse comprendido dentro de las excepciones que señala la Ley, por un lado una reducción forzosa de personal o servicios por razones presupuestarias; y por otro lado una reducción de servicios o personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. Así mismo para prescindir de los servicios la autoridad nominadora deberá tomar en cuenta los resultados de las evaluaciones periódicas de los servicios de cada unos de los cancelados, debiendo enviar los resultados de la evaluaciones en un término improrrogable de siete días hábiles a la Dirección General la nomina de los cesanteados, extremos que tampoco ocurrieron y mucho menos se notifico con un mes de anticipación como lo manda el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Servicio Civil.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante comenzó a prestar sus servicios en la Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN) en fecha 02 de agosto del 2010, en el cargo de Especialista en Ordenamiento Territorial mediante Acuerdo de Nombramiento número 00132-12. La cancelación de que fue objeto el demandante se debió a una reestructuración, por lo cual se procedió a una cancelación por cesantía, siguiendo el procedimiento establecido, se remitió la Nómina de Cesantes a la Dirección General de Servicio Civil mediante Oficio No. 128 RH/14 de acuerdo a lo señalado en el artículo 54 de la Ley de Servicio Civil, y 190 párrafo segundo de su Reglamento. En conclusión se llevó a cabo paso a paso el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para efectuar la cancelación por cesantía que fue objeto el ahora demandante. El demandante se contradice al aseverar que no se le siguió el procedimiento para su cancelación por cesantía y al mismo tiempo señala todos los pasos establecidos en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento que llevó a cabo la Secretaría de Estado en el Despacho de Coordinación General de Gobierno. Es de hacer notar que si bien es cierto la Ley de Servicio Civil reconoce la permanencia en el cargo de los servidores públicos, también es cierto que le otorga al Estado de Honduras la facultad para cancelar al servidor público de forma unilateral por cesantía, siempre y cuando sea por reducción de presupuesto o para Reducción de Servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, siendo este último, el caso que nos ocupa en la presente demanda. Es importante evidenciar que mediante Decreto Legislativo 266-2013 de fecha 16 de Enero del 2014, publicado en el Diario Oficial la Gaceta, el 23 de Enero del 2014 que contiene la reforma al artículo 29 de la Ley General de la Administración Pública, mediante la cual se asignan las competencias a la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, estableciéndose un proceso de reingeniería con el objeto de desarrollar e impulsar herramientas estratégicas de calidad y regulación de procesos que faciliten y eficiente el funcionamiento a nivel gubernamental y en concordancia con objetivos y metas que establece la normativa vigente de visión de País, asimismo mediante Decreto Ejecutivo PCM-021-2014 de fecha 16 de Julio del 2014, publicado en el Diario Oficial la Gaceta oportuno para que sea considerado como una prueba más de la real restructuración ocurrida en la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, fundamento del procedimiento de cesantía que ahora el demandante pretende alegar como nulo. Finalmente y en relación al plazo de notificación de un mes previo a la cancelación por cesantía planteado por el demandante, es de hacer notar que la Ley permite la omisión de este aviso previo, cuando se paga al empleado una cantidad equivalente al salario que durante ese plazo debió percibir, lo que efectivamente ocurrió en este caso en particular en donde junto con el monto de la liquidación pagada, se acreditó la cantidad correspondiente a un mes extra de salario, lo que perfecciona el proceso legalmente establecido para las terminaciones por cesantía, por lo que no se entiende cómo es que el demandante pretende anular un acto que se realizó conforme a Ley.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de febrero del dos mil dieciséis, dicto sentencia declarando: procedente la acción incoada, reconoció la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento ordeno el reintegro del demandante al cargo que venía desempañando, condenó al demandado al pago de los salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios, en caso de no ser posible el reintegro por haberse fusionado la Secretaría de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN), se ordene el pago de sus prestaciones laborales, de no ser posible el reintegro, se decreta en su caso la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituido del demandante, en la demanda promovida por el señor LUIS ROBERTO GUIFARRO DUARTE, contra EL ESTADO DE HONDURAS por actuaciones realizadas en la SECRETARÍA DE COOPERACION EXTERNA (SEPLAN), ahora SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, sin costas, bajo el criterio siguiente: siendo que ha quedado plenamente acreditado, que si bien en la presente causa a existido una fusión de la Secretaría de Planificación (SEPLAN), la misma establecía una permanencia laboral de sus Servidores Públicos; en ese orden de ideas y tomando en cuenta que dicha fusión no establecía la separación de servidores por aspectos de reorganización, y tomando en cuenta que el ahora demandante ha sido cancelado por motivos distintos como es la cesantía, pasaremos analizar si la autoridad nominadora para tomar dicha determinación siguió el procediendo señalado tanto en la Ley de Servicio Civil, como en su Reglamento de aplicación, en tal efecto observamos que al demandante para su cancelación por cesantía no se le siguió el procedimiento legal establecido, en vista que en el expediente no existe documento alguno que acredite que al demandante se le hayan realizado evaluaciones de manera periódica de su desempeño; tampoco consta que la autoridad nominadora haya enviado a la Dirección General de Servicio Civil, la nomina del cesanteado, para ser inscrito con derecho preferencial en el Registro de Reingreso; o que se le haya notificado la cesantía por lo menos con un mes de anticipación, demostrando con ello que se ha infringido lo establecido en los artículos 53 y 54 de la Ley de Servicio Civil, en relación con los artículos 187, 188, 189, 190 y 191 de su Reglamento de aplicación, lo que conlleva a determinar que el acto administrativo impugnado se ha emitido en evidente violación al debido proceso.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha dieciséis de junio del dos mil diecisiete, dictó sentencia, CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que siendo que en este caso corresponde el análisis sobre un acto emitido por la administración pública en materia de personal cuyo acto impugnado de cancelación obedece a una de las excepciones que contempla la Ley de Servicio Civil que es la cancelación por restructuración administrativa; no obstante de la revisión de las diligencias se aprecia que la administración no cumplió con la finalidad de la cesantía por restructuración que es la cancelación de plaza o la reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa y en autos consta que lo que hubo fue reasignación de puestos como si las plazas estuviesen vacantes debido a la fusión entre dos Secretarías de Estado lo que es un procedimiento diferente a la cesantía, lo que convierte que el derecho constitucional a la estabilidad laborar se vea vulnerado y que el acto impugnado carezca de validez, al no consultar como la ley indica a la Dirección General de Servicio Civil si procede la cesantía siempre y cuando se acredite cualquiera de las excepciones establecidas en dicha ley así como el hecho de no notificar la cesantía con un mes de anticipación (art 191 reglamento de la Ley de Servicio Civil) y en este caso se autoriza la cesantía el 15 de agosto del 2014 (f46) y se cancela el 29 de agosto de ese mismo año, y en cuanto a las evaluaciones periódicas, están tal cual lo dice la ley, constituyen un proceso de análisis y medición de la calidad del servicio con procesos claramente definidos, la cual se practicara anualmente en el mes de noviembre, lo que no ocurrió, infringiendo con ello el procedimiento establecido en la ley de Servicio Civil y su reglamento. Por otro lado el argumento del pago correspondiente en la indemnización, jamás fue la pretensión del demandante quedando acreditado la solicitud de reintegro así como la devolución del cheque a nombre de la Tesorería General de la República por ende nunca fue aceptado.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, el Abogado RICARDO ESTRADA PINEL, en fecha nueve de agosto del dos mil diecisiete, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha dieciséis de junio del dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.352-14, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.508-17 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha diez de agosto del dos mil diecisiete, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, presentó en fecha dieciocho de septiembre del dos mil diecisiete, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha diecinueve de septiembre del dos mil diecisiete por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veinticinco de septiembre del dos mil diecisiete a el Abogado RICARDO ESTRADA PINEL y al Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha diecisiete de octubre del dos mil diecisiete, teniendo por personados a los Abogados RICARDO ESTRADA PINEL como recurrente y el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ como recurrido, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Se impugna la aplicación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia de fecha dieciséis (16) de junio del año dos mil diecisiete (2017), PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se establece en el Artículo 719. 1 Inciso c del Código Procesal Civil, a su vez el Artículo 720 numeral dos del Código Procesal Civil, que dispone sin embargo y dentro del literal c) del numeral 1 del Artículo anterior (720) se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determinante de un sentido diferente al fallo”. NORMAS DE DERECHO QUE SE CONSIDERA INFRINGIDA. Estimo como infringido el Articulo 207 del Código Procesal Civil en su numeral 1) Las Sentencias se motivaran expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. EXPLICACION DEL MOTIVO: El presente motivo de casación afinca su interés en demostrar a la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, la insuficiencia de la motivación del tribunal al momento de dictar la sentencia recurrida. Así las cosas, aunque técnicamente la corte de apelaciones no realiza una descripción enumerativa y luego una descriptiva intelectiva sobre la prueba, como correspondería con la vigencia del Código Procesal Civil, lo cierto es que en los últimos doce renglones del numeral octavo afincado en el acápite Fundamentos De Derecho escasamente hace referencia a varias pruebas evacuadas en el proceso. Inclusive señala los folios de ubicación. No obstante ello, en sus conclusiones no explica con claridad y exhaustividad de donde arriba a determinadas conclusiones, con lo cual vulnera el derecho de defensa de la parte demandada al no poder ejercer un control sobre los mismos, por haber guardado la mayor parte de sus razonamientos en la sique o en las discusiones previas a la sentencia. En ese sentido, desconocemos si para el tribunal nuestros medios de prueba no eran válidos o en su caso acertados para demostrar que si se realizó la consulta a la Dirección de Servicio Civil, que si se realizaron las evaluaciones periódicas y que también se notificó con anticipación la cesantía: sin el afán de pretender una nueva revisión a la prueba en cuanto a su interpretación y valoración, lo cierto es que excepcionalmente pedimos a la Honorable Corte Suprema de Justicia, que a través de la sala respectiva, se verifique que la motivación del A-quo es insuficiente, pues no explica porque al existir prueba de la parte demandante con la cual se demostraba la pureza del acto, arriba a conclusiones erradas con escasa explicación al respecto. Resulta increíble que exista un dictamen sobre la procedencia de la cesantía pero la Corte arriba a la conclusión de que nuestro representado no consulto previamente tal procedencia: es por ello que la escasa manifestación al respecto, nos impide conocer todos sus razonamientos al respecto, que permita estudiar la logicidad de los mismos. Claro está que al constatar el fallo recurrido con el artículo 207.2 del CPC, la prueba no expresa todos los razonamientos facticos y jurídicos tomados en cuenta sobre la apreciación de las pruebas; es por ello que procede casar la sentencia que hoy se recurre a través del presente recurso.”.- 2. Que el cargo que antecede resulta inestimable por las razones siguientes: a) se omite establecer el concepto de la infracción es decir, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la norma señalada como infringida; y, b) se omite el pronunciamiento impugnado de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil.- 3. Que en un segundo motivo se aduce: “Se impugna la aplicación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia de fecha dieciséis (16) de junio del año dos mil diecisiete (2017). PRECEPTO JURIDICO AUTORIZANTE: el Artículo 719. 1 Inciso c del Código Procesal Civil, a su vez el Artículo 720 numeral dos del Código Procesal Civil, que dispone “... sin embargo y dentro del literal c) del numeral 1 del Artículo anterior (720) se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determinante de un sentido diferente al fallo”. NORMAS DE DERECHO QUE SE CONSIDERA INFRINGIDA. Estimo como infringido el Artículo 207 del Código Procesal Civil en su numeral 2) La motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y la razón EXPLICACION DEL MOTIVO: Es importante determinar previamente que las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Este principio de tercero excluido exige que indefectiblemente que dos conclusiones contrapuestas, solo una de ellas es verdadera. En ese sentido la corte recurrirá, arriba a la conclusión que el centro de la situación debatida sobre la cancelación del nombramiento de Luis Roberto Guirrafo, no cumple con la finalidad de la cesantía por restructuración, porque consta en autos que lo que existió fue una reasignación de puestos, no obstante ello contradictoriamente explica que el acto impugnado carece de validez al no cumplirse los requisitos de una cesantía, desarrollando erróneamente los requisitos que no se cumplen. En ese orden de ideas, si el tribunal arriba a la conclusión que en el caso de autos existe una reasignación de puestos, devenía en la obligación de constatar si el acto impugnado resistía el control sobre los requisitos que al respecto exige el reglamento de la ley de servicio civil, cuyo articulado especifico cita la corte sentenciadora. La sentencia del A quo no soporta un contraste con la norma procesal del artículo 207.2, que exige a la motivación ajustarse a las reglas de la lógica y la razón; pues contiene dos proposiciones o dos conclusiones, que se contraponen o son contradictorias entre ellas, consecuentemente solo una es verdadera, pero cuál?. Es imposible para esta parte procesal determinar cuál es verdad para el A quo; careciendo perse de un carácter lógico. Resulta determinante para esta parte procesal tal aspecto, pues permitiría a la corte recurrida, colegir la existencia de todos los requisitos de una reasignación de puestos; pues ya están contenidos parcialmente en la cesantía.”.- 4. Que el cargo que antecede resulta inestimable por las razones siguientes: a) se omite establecer el concepto de la infracción es decir, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la norma señalada como infringida; y, b) se omite el pronunciamiento impugnado de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil.- 5. Que en un tercer motivo se aduce: “Se impugna la falta de aplicación de las normas procesales que regulan el contenido de la sentencia. DISPOSICION INFRINGIDA: Estimo como disposición legal infringida el artículo 207.2 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.1. c) y 720 .2 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO. Este motivo de casación tiene como finalidad demostrar que la Corte de apelaciones al momento de dictar su sentencia, vulnero el requisito interno de la sentencia denominado motivación al no ajustarse a las reglas de la lógica. En ese sentido, las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del Juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Así las cosas, será de interés en este recurso demostrar la falta de derivación de las pruebas sobre las escasas conclusiones del A-quo; las cuales si hubieran derivado adecuadamente de la prueba, tendrían indefectiblemente un fallo diferente por parte de la corte recurrida. Pues la autoridad nominadora si cumplió con todos los requisitos para estimar una cesantía. En ese sentido la motivación debe ser verdadera, proveniente de la prueba para que las conclusiones arribadas también sean verdaderas, es por ello que excepcionalmente se cuestiona la interpretación espuria realizada por la corte recurrida. Así las cosas, mi representada aporto documentos públicos y privados los que fueron admitidos y evacuados en la audiencia preliminar del juicio, consistentes en los dictámenes de Servicio Civil, las evaluaciones de desempeño del ahora demandante, así como la nómina de cesantes que se remitió por mi representada a la Dirección General de Servicio Civil como lo establece la Ley; pero alejado de la verdad procesal. Sin derivarlo de esas pruebas u otras, el A quo concluye sobre la no acreditación de tales requisitos de valides del acto cuestionado; ya que dichas pruebas claramente acreditan extremos diferentes a los arribados en la sentencia recurrida, debiéndose colegir de cada uno de ellos el cumplimiento de todos los requisitos para la cesantía.”.- 4. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) carece de claridad y precisión, ya que alega el concepto de falta de aplicación, pero en el desarrollo alude a una interpretación “espuria” de la ley, lo que vuelve el cargo confuso, ya que una ley no puede ser dejada de aplicar y luego ser interpretada en forma errónea; b) se insta a la revisión y valoración del material probatorio lo cual le es vedado a este Tribunal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y c) omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo dispuesto en el artículo 704 del Código Procesal Civil.- 5. En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, relacionado con el 721 numeral 2 del mismo ordenamiento legal, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 704, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil diecinueve; certificación de la resolución de fecha cinco de febrero del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 508-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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