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Sentencia CA-504-17 — Registro 8483

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción promovida por eldemandante, por no ajustarse a Derecho el Acto Administrativo impugnado consistente en el Acuerdo de cancelación, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Pero es el caso que el cargo resulta ser inadmisible, ya que se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) en su formulación no indica con claridad y precisión el tipo de infracción, ya que en su formulación aduce que es por “infracción directa de la ley sustantiva particularmente en contrariedad al Artículo 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo…por lo que el Juzgador negó la aplicación correcta debiendo haberla aplicado…” pero también sostiene que “se dieron interpretaciones erróneas a lo preestablecido con claridad en el Reglamento de la Ley de personal para los Miembros de las Fuerzas Armadas…”; b) incurre en el mismo defecto de no ser claro ni preciso en el señalamiento de las normas infringidas, ya que por un lado indica los artículos 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 246 del Reglamento de Personal para los Miembros de las Fuerzas Armadas y por otro en su explicación, los artículos 274 y 321 de la Constitución de la República, 2 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas y 207 del Reglamento de Personal para los Miembros de las Fuerzas Armadas; y, c) carece de la suficiente explicación, ya que en ese apartado se limita a transcribir normas"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Tampoco resulta admisible el anterior cargo, ya que: a) insta la revisión de los hechos, así como de la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual no es apropiado en este recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) omite indicar la norma (s) infringida, que por la causal en que la señala comprendida debió ser del orden procesal; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y aduce que el Juzgador incurrió en error de hecho, cuando ello es una modalidad de la violación indirecta que se puede invocar en el recurso de casación laboral, pero no en el que nos ocupa"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de febrero de dos mil diecinueve, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCION: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL, representado en juicio por el Abogado GILBERTO ARTURO DIAZ LOPEZ; y, Recurrida: el señor CARLOS GILBERTO PAZ CASTRO, representado en juicio por el Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda en materia personal para el pago de prestaciones laborales e indemnización de daños y perjuicios por ser un derecho legalmente constituido en virtud de la resolución emitida por la Sección de Recursos Humanos de la Fuerza Aérea Hondureña, que se conceda el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, en caso de negarse al pago se condene al pago de salarios caídos, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el señor CARLOS GILBERTO PAZ CASTRO, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación de trabajo para las Fuerzas Armadas de Honduras, en el cargo de Técnico en Aviación Reciproco, el 01 de febrero de 1997 con un salario mensual de L.10,496.62, asignado en la Fuerza Aérea Hondureña, Academia Militar de Aviación, Capitán Roberto Raúl Barahona Lagos, ubicada en la Base Militar de Palmerola, Departamento de Comayagua. El día 8 de enero de 2013 el demandante recibió notificación por parte del Encargado de Recursos Humanos (A-1) FAHOS-3177 en la que le manifiestan que fue denunciado mediante informes de faltas ante la Sección de disciplina, Ley y orden de ese departamento, por suponerlo responsable de la comisión de faltas en perjuicio de las Fuerzas Armadas, así mismo se le notificó que tenía el término de 3 días hábiles, para solicitar ante ese departamento la respectiva audiencia de descargo y de no hacerlo se le consideraría tácitamente responsable de los cargos que se le imputan y por ende daría como consecuencia la aplicación de la sanción correspondiente; llevándose a cabo la audiencia de descargo en fecha 10 de enero de 2013, en la cual el demandante negó totalmente las faltas imputadas en perjuicio de las Fuerzas Armadas, que consiste en presentarse a trabajar en estado de ebriedad tal como lo reportó el Teniente de Aviación Olvin Emanuel Flores Meraz y para desvanecer tales acusaciones, el demandante ofreció la información de un testigo compañero de trabajo, quien dio fe del ingreso a las instalaciones de la Base Militar a las 5:50 de la mañana, en compañía de él, aun cuando la jornada de trabajo es de 7:30 a 4:00 de la tarde, y ese día el demandante ingresaba a las 8:00 am a laborar porque le tocaba servicio de fin de semana es decir de 48 horas, dicho testigo responde al nombre de Diego Josué Velásquez Lizardo, asimismo manifestó que estaba en ese momento dispuesto a someterse a la prueba de alcoholemia, en el departamento médico de enfermería, lo cual se le ignoró y el Teniente de Aviación Olvin Emanuel Flores Meraz le ordenó al enfermero de turno, que le hiciera el informe manifestando que el demandante no se encontraba apto para ejercer sus funciones dentro de la base militar, lesionando sus derechos en virtud de que el demandante estaba fuera de su horario de trabajo cuando sucedieron estos hechos, andaba en compañía de su compañero quienes fueron autorizados a ingresar a la misma, cuando de forma abusiva y de mala fe el Teniente Flores Meraz tomó esta actitud arbitraria al Reglamento Interno por el cual se rigen todos los empleados.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante venía incurriendo en reiteradas ocasiones llamados de atención con respecto a faltas ya establecidas en las Leyes y Reglamentos Militares, por lo que se rechaza en lo que establece el Hecho Segundo al mencionar que se le “supone responsable de la comisión de faltas cometidas en perjuicio de las Fuerzas Armadas” extremo que se acredita con el historial de record disciplinario, donde se constata clara y efectivamente que el demandante ha faltado en reiteradas ocasiones a las normativas de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), siguiendo el procedimiento para la aplicación de las sanciones de acuerdo al Capítulo VIII del Reglamento de Personal para los miembros de las Fuerzas Armadas y llevar a cabo la correspondiente Audiencia de Descargo y que en la misma el demandante acepta claramente estar de acuerdo con el informe presentado por el Teniente de Aviación Olvin Emmanuel Flores Meraz, respecto a la falta cometida de ingresar a las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), en estado de embriaguez y que consideró que tenía dos horas para descansar, bañarse y recuperarse para recibir el servicio de línea de vuelo; esto en ninguna empresa, institución ya sea privada, pública, con fines de lucro, no se permite que sus empleados se presenten en estado de embriaguez y reposar en las instalaciones y pensar que luego de un descanso estar capacitado física, mental, moralmente para desempeñar sus funciones encomendadas y como se detalla en el record disciplinario ya es una falta reincidente que el demandante ha venido mostrando en el correr del tiempo de prestar sus servicios por más de dieciséis (16) años a la FAH. Se rechaza la solicitud de nulidad del acto administrativo impugnado consistente en el Acuerdo N° 2013-0214 de fecha 13 de marzo de 2013, en donde el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas acuerda cancelar a partir del 01 de marzo del año 2013 al señor Carlos Gilberto Paz Castro, en virtud que la misma fue dictada de conformidad al procedimiento establecido en las Leyes y Reglamentos Militares, sin violación a normas legales vigentes y sin ninguna responsabilidad de su parte.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de enero de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por el señor Carlos Gilberto Paz Castro, por no ajustarse a Derecho el Acto Administrativo impugnado, consistente en el Acuerdo número 2013-0214 de fecha trece de marzo de dos mil trece, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, por medio del cual se canceló por despido al demandante; en consecuencia, se anula totalmente el acto administrativo impugnado; reconocimiento de la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se adoptan las medidas siguientes: 1) Condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales a que el ciudadano Carlos Gilberto Paz Castro tiene derecho, cantidad que quedará diferida al periodo de ejecución de la sentencia; 2) condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional al pago a favor del demandante a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir con todos los aumentos, pago de vacaciones, décimo cuarto mes, décimo tercer mes y demás beneficios colaterales desde la fecha efectiva de su cancelación (primero de marzo de dos mil trece), hasta la fecha en que sea ejecutado el presente fallo; cálculo que, de igual manera, se difiere para la fase de ejecución de la sentencia definitiva, sin costas; bajo el criterio que de la revisión de las pruebas aportadas al proceso se concluye que la sanción de despido constituye una falta grave de acuerdo al Régimen Disciplinario y de Despido del Reglamento de Personal para los miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras. Al ser una falta grave, el artículo 243 del Reglamento citado, establece que la aplicación de la sanción compete a la Dirección de Personal. No obstante, en el presente caso la sanción de la falta grave fue aplicada por el encargado de la Sección de RRHH, tal y como se constata en la audiencia de descargo llevada al efecto, así como la notificación de la sanción a aplicar al hoy demandante. Por lo anterior, la Autoridad Nominadora infringió el ordenamiento jurídico al momento de cancelar al ciudadano Carlos Gilberto Paz Castro, al realizar actuaciones contrarias al debido proceso y al principio de legalidad establecidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, así como los artículos 9 literales 1 y 3, 83 y 91 de la Ley de Personal para los miembros de las Fuerzas Armadas; 240, 241, 242, 243, 244, 245 y 246 del Reglamento de Personal para los miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras; dentro del mismo juicio, se estableció un segundo objeto del debate, consistente en determinar si la cantidad de L.147,828.10 que fue pagada como beneficio de separación al demandante, formaba parte de sus prestaciones o únicamente eran aportaciones. Del estudio de las pruebas aportadas a la pieza principal, así como de lo establecido en el artículo 55 de la Ley del Instituto de Previsión Militar en relación con el 47.2 del Reglamento de la Ley del Instituto de Previsión Militar, se concluye que el beneficio de separación recibido por la parte demandante forma parte de lo que le correspondería por concepto de prestaciones. Dichas prestaciones serán calculadas tal y como lo prescribe el artículo 47.2 que indica que el beneficio de separación será equivalente al último sueldo por cada año cotizado o su fracción correspondiente sin que esta sea superior a 21 años 11 meses. Por ende, la cantidad pagada al demandante que asciende a la cantidad de L.147,828.10 deberá ser restada al momento de calcular las prestaciones del demandante, cálculo que quedará ser diferido para la etapa de ejecución de la sentencia. Quedando demostrado que, en el presente caso, hubo infracción al ordenamiento jurídico aplicable, por desviación de poder, en virtud de no haberse seguido el procedimiento establecido para la cancelación por despido del nombramiento del demandante, ni haberse cumplido con el fin que persigue la ley aplicando esta figura.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintiuno de abril de dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que es evidente la alteración, infracción, contravención en el procedimiento establecido en el Reglamento de Personal para los Miembros de las Fuerzas Armadas, para imponer una sanción disciplinaria, ya que quien impone la sanción de despido al demandante es un órgano distinto al competente conforme a la atribución dada por la Ley. Entiéndase que los actos de la Administración Publica en sí mismos están revestidos de legitimidad, está garantizada su validez, con el objeto de excluir la arbitrariedad, de tal forma que deben de sujetarse indefectiblemente al principio de legalidad, a los efectos de que este no vaya a ser susceptible de ser atacado de nulidad, es decir, se debe de blindar el acto administrativo para que se cumplan los efectos jurídicos del mismo y se mantengan; la doctrina establece elementos esenciales que debe de contener todo acto administrativo, entre ellas: la competencia, la motivación, la finalidad, recurribilidad etc. La competencia del órgano supone que todo acto administrativo debe de emanar de una autoridad administrativa con potestades y aptitudes legales para ejercitar sus atribuciones, facultades o competencias atribuidas por ley, es decir, que el órgano actúa porque la ley así lo permite y dispone, de tal manera que es necesario que la Ley le dé a la autoridad administrativa la potestad de actuar. En ese orden de ideas y aplicando la norma al caso concreto, el artículo 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece: “Los actos serán dictados por el órgano competente, respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico”; es así que conforme al Reglamento de Personal para los miembros de las Fuerzas Armadas, en su artículo 243 establece que compete la aplicación de las sanciones por faltas graves a la Dirección de Personal del Estado Mayor Conjunto, y la sanción de despido impuesta al actor fue emitida por un órgano distinto al que por ley tiene atribuida dicha potestad (ver folio 66 de la primera pieza de autos), por consiguiente el acto administrativo que consiste en el Acuerdo de Cancelación por Despido No. 2013-0214 de fecha 13 de marzo del 2013 es nulo.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado GILBERTO ARTURO DIAZ LOPEZ, en fecha once de agosto de dos mil diecisiete, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veintiuno de abril de dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.089-2016, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.044-2013 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha catorce de agosto de dos mil diecisiete, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, presentó en fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, los Abogados GILBERTO ARTURO DIAZ LOPEZ y JOSE ARMANDO ESPINAL, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, teniendo por personados a los Abogados GILBERTO ARTURO DIAZ LOPEZ, como recurrente y JOSE ARMANDO ESPINAL, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta sus motivos, manifestando en su primer motivo lo siguiente: “La sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 21 de abril de 2017 fue dictada con Infracción directa de la ley sustantiva particularmente en contrariedad al Artículo 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo, puesto que se dieron interpretaciones erróneas a lo preestablecido con claridad en el Reglamento de la Ley de personal para los Miembros de las Fuerzas Armadas, que establece en su artículo 246 que el inculpado tendrá derecho a la celebración de una audiencia de descargo ante el JEFE INMEDIATO de aquel que le impute una falta menos grave o grave” por lo que tanto el procedimiento y su resolución se llevó acabo en perfecto y franco apego a lo que las Leyes y Reglamentos positivos y vigentes a aquella fecha dictaban y no con exceso y desviación de poder como lo confirma la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, por lo que la Sentencia está en contradicción con la ley, por lo que el Juzgador negó la aplicación correcta debiendo haberla aplicado. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 93 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Artículos 700 numeral 1, 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: Los preceptos constitucionales y Administrativos citados como infringidos por violación textualmente dicen: El artículo 321 Constitucional establece: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. Asimismo, el Artículo 274 Constitucional reza “Las Fuerzas Armadas estarán sujetas a las disposiciones de su Ley Constitutiva y a las demás Leyes y reglamentos que regulen su funcionamiento. Cooperación con las secretarías de Estado y demás instituciones, a pedimento de éstas, en labores de alfabetización, educación, agricultura, protección del ambiente, vialidad, comunicaciones, sanidad y reforma agraria…”. Artículo 2 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas que literalmente dice “Las Fuerzas Armadas estarán sujetas a las disposiciones de su Ley Constitutiva y a las demás Leyes y reglamentos que regulen su funcionamiento…”. Artículo 207 del Reglamento de Personal para los Miembros de las Fuerzas Armadas que preestablece que “Despido: es la sanción que aplican los Jefes de Recursos Humanos de cada Fuerza, Organismos o Dependencias a las faltas menos graves y graves la cual deberá ser canalizada a través de la Dirección de Recursos Humanos (C-1).”.- II.- Pero es el caso que el cargo resulta ser inadmisible, ya que se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) en su formulación no indica con claridad y precisión el tipo de infracción, ya que en su formulación aduce que es por “infracción directa de la ley sustantiva particularmente en contrariedad al Artículo 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo…por lo que el Juzgador negó la aplicación correcta debiendo haberla aplicado…” pero también sostiene que “se dieron interpretaciones erróneas a lo preestablecido con claridad en el Reglamento de la Ley de personal para los Miembros de las Fuerzas Armadas…”; b) incurre en el mismo defecto de no ser claro ni preciso en el señalamiento de las normas infringidas, ya que por un lado indica los artículos 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 246 del Reglamento de Personal para los Miembros de las Fuerzas Armadas y por otro en su explicación, los artículos 274 y 321 de la Constitución de la República, 2 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas y 207 del Reglamento de Personal para los Miembros de las Fuerzas Armadas; y, c) carece de la suficiente explicación, ya que en ese apartado se limita a transcribir normas.- III.- El Impetrante en su segundo motivo de casación por infracción de Ley manifiesta lo siguiente: “La Sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo es violatoria de Ley sustantiva de orden Nacional, infracción proveniente de la APRECIACION ERRONEA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA, alegados en tiempo y forma en juicio, debido a que no apreció correctamente los medios de prueba planteados en defensa del Estado en donde se constató que el señor CARLOS GILBERTO PAZ CASTRO cometió las falta que dio origen a su audiencia de descargo la cual se aplicó en franco apego a las Leyes y Reglamentos Militares vigentes en aquel entonces. PRECEPTO AUTORIZANTE: Considero que este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1 literal b del Código Procesal Civil pues la violación atañe a la errónea apreciación de la prueba presentada en tiempo y forma lo que produjo la indefensión de la parte demandada que en este caso es el Estado de Honduras. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte Sentenciadora al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente LOS MEDIOS DE PRUEBA allegados en tiempo y forma al juicio, causando la indefensión del Estado de Honduras.”.- IV.- Tampoco resulta admisible el anterior cargo, ya que: a) insta la revisión de los hechos, así como de la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual no es apropiado en este recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) omite indicar la norma (s) infringida, que por la causal en que la señala comprendida debió ser del orden procesal; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y aduce que el Juzgador incurrió en error de hecho, cuando ello es una modalidad de la violación indirecta que se puede invocar en el recurso de casación laboral, pero no en el que nos ocupa.- V.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- VI.- En resumen, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. También el artículo 701 numeral 1) del referido Código, en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS, por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de estilo, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticinco días del mes de febrero del dos mil diecinueve; certificación de la resolución de fecha cinco de febrero del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 504-17.Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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