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Sentencia CA-503-17 — Registro 8482

Resumen

En primera instancia se dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por la demandante, por no ajustarse a Derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación por cesantía y se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inestimable por los defectos técnicos siguientes: a) se omite el concepto de la infracción, es decir, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) carece de claridad y precisión el precepto autorizante, ya que se indica como sustento del motivo los literales a), b), y c) del artículo 719 del Código Procesal Civil, causales distintas de violación a la ley que se deben señalar en forma separada e independiente; c) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración del material probatorio lo cual le es vedado a este Tribunal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; d) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo dispuesto en el artículo 704 del Código Procesal Civil; y, e) en el desarrollo se alude a los artículos 4, 10 numeral 2) y 11 numeral 1) del Código Procesal Civil, que no fueron señalados como infringidos o relacionados en la formulación."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inestimable por los defectos técnicos siguientes: a) se omite el concepto de la infracción, es decir, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) carece de claridad y precisión el precepto autorizante, ya que se indica como sustento del motivo los literales a), b), y c) del artículo 719 del Código Procesal Civil, causales distintas de violación a la ley que se deben señalar en forma separada e independiente; c) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración del material probatorio lo cual le es vedado a este Tribunal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; d) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo dispuesto en el artículo 704 del Código Procesal Civil; y, e) en el desarrollo se alude a los artículos 4, 10 numeral 2) y 11 numeral 1) del Código Procesal Civil, que no fueron señalados como infringidos o relacionados en la formulación.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de febrero de dos mil diecinueve, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCION: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES, representado en juicio por la Abogada IVONNE GYSELA MORALES; y, Recurrida: la señora SANDRA XIOMARA LARA AVILA, representada en juicio por el Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo, declarar la ilegalidad del acto y su nulidad, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y como medida para el restablecimiento del derecho subjetivo violado el reintegro al trabajo, pago de salarios caídos y demás derechos que se produzcan durante la secuela del juicio, más costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por la señora SANDRA XIOMARA LARA AVILA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES (DECAD).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició a prestar los servicios al Estado de Honduras en la Secretaría de Estado en los Despachos de Cultura, Artes y Deportes a partir del 28 de septiembre de 2007, nombrada mediante Acuerdo No. 335-2007 de fecha 06 de noviembre de 2007 en el cargo de Oficial de Personal III, devengando un último salario mensual de L.13, 613.00. Resulta que después de laborar en forma eficiente en su cargo por más de 4 años, la Secretaría de Estado emitió el Acuerdo No. 048-2012 de fecha 14 de junio del 2012, efectivo a partir del 15 de junio del 2012, mediante el cual se le cancela por cesantía a la demandante sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento.- 2. La parte demandada, el Estado de Honduras, contestó dicha demanda señalando que la Secretaría en los Despachos de Cultura, Artes y Deportes al emitir el Acuerdo de Cancelación por Cesantía de la demandante siguió el procedimiento administrativo por lo que en ningún momento se ha violentado el ordenamiento jurídico como lo quiere hacer ver la demandante, realizando la consulta ordenada en el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento al enviar el oficio No.OS-179-2012 de fecha 30 de abril de 2012, mediante el cual se solicitó Dictamen al Consejo de Servicio Civil, previo a emitir el acuerdo de cancelación por cesantía de la demandante en el que se argumentó la reducción de servicio de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa y evitar el deterioro de las finanzas públicas controlando la masa salarial y la contratación de personal, con la finalidad que fuera autorizada por parte del Consejo de Servicio Civil, emitiendo el correspondiente dictamen mediante el cual autoriza en el Oficio Número CSC-048-12 de fecha 03 de mayo del 2012 a la autoridad nominadora cancelar por cesantía a la demandante; que a la demandante se le comunicó que se le haría el pago de sus prestaciones y ella no regresó a realizar dicho trámite tal como lo señala el artículo 55 de la Ley de Servicio Civil, mismo que la demandada tomó en cuenta al momento de hacer el acuerdo de cancelación por cesantía.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de octubre de dos mil quince, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por la señora Sandra Xiomara Lara Avila, por no ajustarse a Derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación por cesantía número 048-2012 de fecha 14 de junio de 2012 y efectivo a partir del 15 de junio del mismo año, emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Cultura, Artes y Deportes, ahora Dirección de Cultura, Artes y Deportes, por medio del cual se canceló por cesantía a la demandante; en consecuencia, se anula totalmente el acto administrativo impugnado; reconocimiento de la situación jurídica individualizada de la demandante y para su pleno restablecimiento se adoptan las medidas siguientes: 1) el reintegro de la demandante al cargo de Oficial de Personal III, en la Dirección de Cultura, Artes y Deportes, en caso de ser materialmente imposible el reintegro de la demandante al cargo relacionado, deberá ser reintegrada a otro puesto de igual categoría y en las mismas condiciones. 2) condenar al Estado de Honduras, a través de la Dirección de Cultura, Artes y Deportes, al pago a favor de la demandante de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación (quince de junio de dos mil doce), hasta la fecha en que sea ejecutado el presente fallo, más el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, décimo cuarto mes, décimo tercer mes, bonos y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder, sin costas; bajo el criterio que no existe documentación en el expediente administrativo de la demandante, en el que se le hayan realizado las evaluaciones periódicas que deben realizarse para proceder a cancelar por cesantía a un servidor público protegido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, constatándose únicamente una evaluación del desempeño realizada en fecha 30 de noviembre de 2011; el resto de las calificaciones carecen de fechas, nombres y firmas tanto del evaluador como del evaluado. Que no se acreditó que la parte demandada cancelara a la demandante por las razones de reducción de servicios o de personal para obtener una eficaz y económica organización administrativa, pues tal y como se constata en el oficio número SGRH-673-2013 emitido por el Gerente de Recursos Humanos de la institución demandada, en el puesto de la señora Sandra Xiomara Lara Avila se encuentra nombrada otra persona en su lugar. Por lo anterior, la cesantía por una reducción del personal, no ha sucedido, pues como ya se dijo, otra persona se encuentra nombrada en el puesto de la demandante. Aunado a lo anterior, del propio Acuerdo de Cancelación número 048-2012 se constata que la demandante no fue notificada debidamente con respecto al tipo de excepción calificada por la cual se procedió a su cancelación, pues como claramente se desprende del acuerdo de cancelación, únicamente se indica que se procede a “cancelar por cesantía” a la demandante; por lo que se colige que el acuerdo de cancelación precitado, no fue notificado con al menos un mes de anticipación como lo establece el artículo 191 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. De la revisión del expediente administrativo, así como del estudio y valoración de las pruebas aportadas por las partes en el presente caso, se desprende que el acto administrativo impugnado y por medio del cual se canceló por cesantía a la demandante, se dictó con infracción al ordenamiento jurídico.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que es evidente la alteración, infracción, contravención en el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y Reglamento previo a despedir por cesantía a un servidor público; conforme a los agravios expuestos por la parte apelante, debe de entenderse que la norma establece y describe una serie de pasos o requisitos para poder cancelar por cesantía a un servidor publico y que deben de cumplirse todos de forma consecuente, no sólo una parte, como lo pretende y alega el apelante. Los artículos 53 y 54 de la Ley de Servicio Civil en relación con el artículo 187 al 193 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil contienen los pasos y requisitos que la autoridad nominadora debe seguir y cumplir para cancelar por cesantía a un servidor público. Del conjunto de las pruebas aportadas al proceso se puede apreciar que la autoridad nominadora no cumplió con el procedimiento exigido por la norma aplicable al caso concreto, tanto es así que se exige que el Consejo de Servicio Civil ante la procedencia de una solicitud de cesantía, fundamente su opinión de manera fehaciente en cualquiera de los casos excepcionales de cesantía, con documentos, informes y demás medios que deben de agregarse al expediente administrativo, extremo que no acontece de autos; tampoco existe informe de la autoridad nominadora que relacione la decisión de las personas que serían afectadas por la cesantía, donde deben y debieron de tomar en cuenta el resultado de la evaluación periódica del desempeño y los años de servicio en la Administración Pública de la demandante. No aparece de autos la nómina de los cesantes, incluida la demandante, para ser remitida a la Dirección General de Servicio Civil dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la emisión del acuerdo de cancelación de la demandante para que sean inscritos con carácter preferente en el Registro de Reingreso. Aparece de autos, específicamente en el expediente administrativo de la demandante, una evaluación del desempeño que se verificó en noviembre del 2011, hecho que según la parte demandada-apelante, se cumple con el requisito que establece el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil, pero olvida la apelante que conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Servicio Civil la autoridad nominadora, que en este caso es la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, debe de tener establecido un sistema de evaluación periódica para evaluar los servicios del personal comprendido en la carrera administrativa, situación que no acontece porque no fue probado en autos, debiendo haberlo demostrado la parte demandada, por encontrarse en mejor posición probatoria, extremo que invalida la evaluación del desempeño realizada por la autoridad nominadora.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogada IVONNE GYSELA MORALES, en fecha ocho de junio de dos mil diecisiete, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.037-2016, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.251-2012 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha quince de junio de dos mil diecisiete, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, presentó en fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha siete de septiembre de dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha doce y dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, los Abogados DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR y IVONNE GYSELA MORALES, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, teniendo por personados a los Abogados IVONNE GYSELA MORALES, como recurrente y DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, como recurrido, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Este Primer Motivo impugna la forma y contenido de la sentencia impugnada de fecha cinco de Mayo del dos mil diecisiete, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. Sirve de fundamento autorizante el articulo 719.1.c del Código Procesal Civil (CPC), el cual preceptúa que: “CAUSALES DE RECURSO. 1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)…, b)…, c) La forma y contenido de la sentencia.” EXPRESION DE LA NORMA DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTA ESTE MOTIVO: Se impugna la aplicación e interpretación de la norma procesal contenida en el artículo 200 del Código Procesal Civil (CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS), utilizada por el Ad-Quem como uno de sus fundamentos de derecho en los que baso sus sentencia, precepto legal que dispone en el numeral 2.c) que: “En los fundamentos de derecho se expresaran, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso.”, en relación directa con el artículo 208.1 del Código Procesal Civil, que establece que: “Las sentencias deben ser congruentes con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.” INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCION IMPUGNADA: La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al emitir la sentencia impugnada de fecha cinco (5) de Mayo del dos mil diecisiete, CONFIRMA a su vez el fallo apelado oportunamente proferido por el A-Quo en fecha seis (6) de Octubre del dos mil quince, por lo que hace suyos todos y cada uno de sus falencias y carencias, es así que ambas sentencias NO FUERON CONGRUENTES con las pretensiones deducidas oportunamente en la contestación de la demanda referidas a: 1) Que no existe documentación en el expediente administrativo de la demandante, en el que se le hayan realizado las evaluaciones periódicas que deben realizarse para proceder a cancelar por Cesantía a un servidor público protegido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, constatándose únicamente una evaluación del desempeño realizada en fecha treinta de noviembre de noviembre de dos mil once; el resto de las calificaciones carecen de fechas, nombres y firmas tanto del evaluador como del evaluado.” En tal sentido consideramos que ambas sentencias debieron ser CONCORDANTES entre la pretensión del demandante,

la oposición del demandando, los elementos de prueba y la decisión del tribunal. Dicha concordancia es lo que se conoce como congruencia en cuanto en tanto a la valoración de las pruebas que constan en el expediente ya que ambas sentencias reconocen que si existieron “otros documentos” conocidos como “el resto de las calificaciones” por ende y mediante un simple razonamiento lógico podemos inferir que si existieron otras evaluaciones periódicas del desempeño, las cuales no fueron valoradas oportunamente como tales por el juzgador tanto A Quo como el Ad-Quem. La sentencia impugnada de fecha cinco (5) de Mayo del dos mil diecisiete, emitida por el Ad-Quem, debió ser el resultado del proceso, y debió estar justificado su debido entendimiento cuidando que en su fallo se encuentre relacionada la oposición con el pronunciamiento judicial, lo cual el Ad-Quem ha obviado por completo. La sentencia impugnada de fecha seis (6) de Octubre del año dos mil quince, emitida por el Ad-Quem, se encuentra incursa en el vicio de incongruencia, en virtud del desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto y debate del proceso. Al conceder más, o menos o cosa distinta de lo pedido, por lo que el tanto el A-Quo como el Ad-Quem, han incurrido, de modo reiterado, en el vicio de incongruencia, entendido como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido, entrañando evidentemente una vulneración del Principio de Contradicción Constitutiva de una Efectiva Vulneración del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, puesto que se ha dado una desviación de tal naturaleza que ha supuesto una sustancial modificación de los términos en los que discurrió la controversia procesal con infracción del artículo 4 del Código Procesal Civil, que dispone que: “Todas las partes, considerando la dualidad de posiciones, tienen derecho a ser oídas por el órgano jurisdiccional antes de adoptar cualquier decisión que afecte directa o indirectamente a la resolución que ponga fin al proceso que deba dictarse, bien en la instancia, bien en los recursos, en cualquier proceso ordinario o especial, así como para la adopción de medidas cautelares y en la fase de ejecución, salvo que voluntariamente se coloquen en situación de rebeldía, o que sea contraria la audiencia a la propia finalidad del acto, lo que deberá estar expresamente previsto.” La sentencia impugnada de fecha cinco (5) de Mayo del año dos mil diecisiete, emitida por el Ad-Quem, POR SER INCONGRUENTE, se encuentra además en abierta infracción al Principio Dispositivo, establecido en el artículo 10 del Código Procesal Civil, que dispone, específicamente en el numeral 2 que: “La resolución del órgano jurisdiccional que ponga fin al proceso ha de ser congruente con la petición del actor y con lo opuesto por el demandado, teniendo en cuenta las normas aplicables y las pruebas evacuadas.”; asimismo el fallo impetrado, infringe el Principio de Aportación de Parte, consignado en el numeral 1 del artículo 11 del Código Procesal Civil, que preceptúa que: “Los hechos en que se debo fundar la resolución judicial de fondo se han de alegar por las partes en los momentos fijados por este Código.”; ambos Principios rigen también el sistema procesal en la segunda instancia, y configura las facultades de conocimiento del órgano Ad-Quem, que en virtud de lo dicho, no comporta que el Tribunal de Alzada, deba quedar vinculado rígidamente por el tenor de los concretos pedimentos articulados por las partes en sus respectivos escritos forenses o por los razonamientos o alegaciones jurídicas esgrimidas en su apoyo.”.- 2. Que el cargo que antecede resulta inestimable por los defectos técnicos siguientes: a) se omite el concepto de la infracción, es decir, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) carece de claridad y precisión el precepto autorizante, ya que se indica como sustento del motivo los literales a), b), y c) del artículo 719 del Código Procesal Civil, causales distintas de violación a la ley que se deben señalar en forma separada e independiente; c) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración del material probatorio lo cual le es vedado a este Tribunal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; d) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo dispuesto en el artículo 704 del Código Procesal Civil; y, e) en el desarrollo se alude a los artículos 4, 10 numeral 2) y 11 numeral 1) del Código Procesal Civil, que no fueron señalados como infringidos o relacionados en la formulación.- 3. Que en un segundo motivo se aduce: “Este segundo motivo impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, utilizadas en la sentencia impugnada de fecha cinco (5) de Mayo del dos mil diecisiete, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. Sirve de fundamento autorizante el artículo 719.2, del Código Procesal Civil, el cual preceptúa que: “CAUSALES DE RECURSO. 1..., 2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” EXPRESION DE LA NORMA DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTA ESTE MOTIVO: Se impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, los artículos 53 y 54 de la Lev de Servicio Civil en relación con los artículos 187 y 193 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, confrontadas esas normas con la interpretación subjetiva efectuada tanto por el A-Quo como por el Ad-Quem, utilizada por este ultimo en su sentencia, la cual se lee así: “En el caso que nos ocupa es evidente la alteración, infracción, contravención en el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y Reglamento previo a despedir por cesantía a un servidor público; conforme a los agravios expuestos por la parte apelante, debe entenderse que la norma establece y describe una serie de pasos o requisitos para poder cancelar por cesantía a un servidor público y que deben de cumplirse todos de forma consecuente, no solo una parte, como lo pretende y alega el apelante.” INCIDENCIA DF LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCION IMPUGNADA: La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al emitir la sentencia impugnada de fecha cinco (5) de Mayo del dos mil diecisiete, CONFIRMA a su vez el fallo apelado oportunamente proferido por el A-Quo, en fecha seis (6) de Octubre del año dos mil quince, por lo que hace suyos todos y cada uno de sus fundamentos de derecho, que sirvieron de base al juzgador de Primera Instancia en su parte dispositiva, y que se encuentran en los ordinales QUINTO que se leen de la siguiente manera: “De la revisión del expediente administrativo, así como del estudio y valoración de las pruebas aportadas por las partes en el presente caso, se desprende que el acto administrativo impugnado y por medio del cual se cancelo por medio del cual se cancelo por cesantía a la demandante, se dicto con infracción al ordenamiento jurídico. Lo anterior debido a que no basta con consultar al Consejo de Servicio Civil sobre la procedencia de una cesantía, y que se obtenga una respuesta favorable, para estimar que con esto se ha evacuado todo el procedimiento para cancelar por cesantía a un empleado protegido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento.” Podemos establecer que tanto en la sentencia emitida por el A-Quo por el Ad-Quem existen interpretaciones erróneas al no valorarse correctamente la aplicación de las normas y procedimientos utilizados por la Autoridad Nominadora para el cumplimiento de la cancelación por cesantía efectuada a la ahora demandante, en este caso nos sirve de fundamento la Consulta efectuada al Consejo de Servicio Civil y que no fue tan siquiera mencionada en la sentencia del Ad-Quem estableciendo el Ad Quem en el Ordinal SEXTO de los fundamentos de Derecho lo siguiente: “Tan es así que se exige que el Consejo de Servicio Civil ante la procedencia de una solicitud de Cesantía, fundamente su opinión de manera fehaciente en cualquiera de los casos excepcionales de cesantía, con documentos, informes y demás medios que deben de agregarse al expediente administrativo, extremo que no acontece de autos…”. Por lo antes expuesto se determina que la errónea interpretación de las normas de derecho para la resolución del fondo del litigio en cuanto a que no se cumplió en su totalidad lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento de Aplicación paso por obviar ese requisito indispensable el cual contamino la forma en que se dicto la sentencia hoy impugnada.”.- 4. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) carece de claridad y precisión, ya que entre otros se indica como infringido el artículo 53 de la Ley De Servicio Civil, el cual contiene numerales con distintas situaciones jurídicas que se deben precisar; b) igualmente no se es claro ni preciso cuando en la formulación se omite el concepto de la infracción es decir, si es por falta de aplicación, aplicación indebido o interpretación errónea, es hasta en el en la explicación que se alude a una interpretación errónea; y, c) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo dispuesto en el artículo 704 del Código Procesal Civil.- 5. En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, relacionado con el 721 numeral 2 del mismo ordenamiento legal, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 704, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil diecinueve; certificación de la resolución de fecha cinco de febrero del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 503-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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