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Sentencia CA-487-17 — Registro 8488

Resumen

En primera instancia se declara con lugar la demanda interpuesta por el demandante por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, mismo que se anula por ser ilegal se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el Recurrente debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORALSUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de febrero de dos mil diecinueve, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y EDGARDO CACERES CASTELLANOS, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, representada en juicio por la Abogada LIDIA CAYETANO BERNARDEZ; y, Recurrida: el señor CARLOS EDUARDO OBERHOLZER ESCOBAR, representado en juicio por el Abogado OSCAR EDUARDO LAGOS RAUDALES.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria para que se decrete la nulidad de un acto administrativo presunto no manifestado por escrito de un acto particular en materia de personal, por no ser el mismo conforme a derecho, que se reconozca una situación jurídica individualizada, debido a un despido indebido y que como medidas de restablecimiento de un derecho subjetivo el reintegro a su puesto de trabajo, en igual de igual o similares características y los salarios dejados de percibir y demás derechos, desde la fecha del despido hasta la fecha del reintegro, costas; promovida ante el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, promovido por el señor CARLOS EDUARDO OBERHOLZER ESCOBAR; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la República, por actuaciones de la por actuaciones realizadas por la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su demanda que inició su relación de trabajo con el entonces Programa Asignación Familiar (PRAF), el 04 de marzo del 2010, devengando un salario mensual de L. 30,000.00. El 01 de enero del año 2013, fue nombrado en el cargo de Coordinador Regional de la Sección de Coordinación de Bonos, devengando como último salario la cantidad de L. 48,836.00. El Estado de Honduras mediante Decreto Ejecutivo emitido en fecha 28 de febrero de 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,367 decreta la: Modificación o Supresión de los Órganos de la Administración Pública Incluyendo las Instituciones Desconcentradas, específicamente su artículo 3, fue fusionada bajo la Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrolló e Inclusión Social. Que en fecha 11 de marzo del año 2014, la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, le entregó al demandante, acción de personal en la cual se le cancela su nombramiento en el cargo que ostentaba, sin embargo en ningún momento se le notifico un acto administrativo como tal, por lo que el despido fue producto de un acto administrativo presunto, no manifestado por escrito, lo cual convierte en un despido indebido, injusto e ilegal, pues no se respetó ninguno de sus derechos y garantías laborales contemplados en la Constitución de la República y Legislación Laboral aplicable; además se violentó su derecho de defensa y debido proceso, pues no se le siguió un procedimiento interno a efecto de verificar si había cometido alguna infracción suficientemente grave que pudiera carear despido, es decir que el actor no tuvo derecho a defenderse, negándosele la oportunidad de asistir a audiencias de descargo a efecto de defenderse, aportando los medios de prueba pertinentes, en el caso de que en efecto existiere alguna justa causa para un posible despido; no se le notifico de resolución alguna, que en cuyo caso, debió ser la forma adoptada por el acto administrativo por medio del cual se plasmara la decisión de terminarse la relación laboral; únicamente se le entrego la acción de personal en donde se le comunica la decisión del patrono, acción que por si no reúne las características de un acto administrativo impugnable; la entrega de esta acción tampoco puede considerarse como una notificación, ya que no reúne las características suficientes en concordancia a los articulas 87, 88, 89 Y 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo. También expresó, que el acuerdo ejecutivo mediante el cual PRAF se fusiona bajo la Secretaria de Estado en Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, se publicó en el diario oficial La Gaceta, hasta el 28 de febrero del 2014, por lo que desde el 01 de enero y hasta el 27 de febrero de 2014, aun se encontraban vigentes las leyes constitutivas del PRAF, estando amparado el demandante por los derechos y garantías que las leyes especiales del PRAF plasmaban para sus empleados, caso particular es el derecho de Ajuste Salarial por incremento del costo de la vida, mismo que se calcula en base a los índices inflacionarios establecidos por el Banco Central de Honduras, que para el año 2014, proyecto un incremento de 5.1 % del salario mensual; este derecho se estipula en el artículo 24 del Manual Operativo de PRAF, mismo que se debe otorgar el 01 de enero de cada año a sus empleados, ajuste que no le fue otorgado, así mismo se le adeuda el pago proporcional de una suma equivalente al sueldo devengado en que cause sus vacaciones, el cual se otorgaba sin perjuicio del periodo de vacaciones a gozar, así como la tabla preferencial de vacaciones otorgada a los empleados de PRAF; plasmados en los artículos 30 del Manual Operativo.- 2. La parte demandada, El ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que mediante Decreto Ejecutivo No.PCM.03-2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 28 de febrero del 2014, se decretó la modificación o supresión de los órganos de la Administración Pública incluyendo las Instituciones Desconcentradas, en virtud de lo cual el Programa de Asignación Familiar (PRAF) quedó fusionado bajo la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social y en virtud que la plaza de Coordinado Regional de la Sección de Coordinación de Bonos del ahora demandante al realizar la fusión de dichas instituciones resultaba supernumeraria, por lo que se decidió cancelar el nombramiento del actor. Al demandante en fecha 11 de marzo del año 2014, se le entregó la Acción de Personal emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), en donde a partir del 03 de marzo del 2014, se le canceló de su puesto de trabajo, cancelación se fundamentó en la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, la emisión de dicha acción de personal es el resultado de lo plasmado en la referida Ley, y a su vez en el Decreto Ejecutivo PCM-03- 2014, dicha Ley permite la creación, modificación y supresión de los Órganos de la Administración Pública. Por lo que se procedió a la fusión del Programa de Asignación Familiar (PRAF) como tal y que, en su conglomerado jurídico relata la producción e implementación de una nueva estructura operativa y operacional en cuanto a la búsqueda incipiente de encontrar mecanismos de ahorro directo para el funcionamiento financiero como un todo del aparato de Gobierno, todo ello se encuentra inserto en el Decreto Legislativo No 266-2013, que contiene la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno y básicamente el fin prioritario de modernizar el mismo, convirtiendo la Administración Pública en Centralizada y Descentralizada según el artículo 2 de dicho Decreto, el artículo 3 de la Ley referida permite la creación, modificación y supresión de los órganos de la Administración Pública, incluyendo las Desconcentradas y las Instituciones descentralizadas, Así mismo es preciso establecer que el argumento de la parte demandante es falso, ya que lo que manifiesta que lo que se llevó a cabo fue un acto presunto, lo cual es erróneo en toda su conceptualización, ya que si se comunicó mediante Acción de Personal lo cual es un acto tácito como lo expresan los artículos 28, 29 A y 29 B de la Ley de Procedimiento Administrativo, por lo tanto se puede concluir que en ningún momento se han violentado Garantías Constitucionales, ni el despido ha sido ilegal e injusto, pues el mismo se dio debió a que al realizarse la fusión de las Instituciones ya mencionadas, el cargo del demandante se convirtió en un cargo supernumerario y en base a la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios de la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en Gobierno y en el Decreto Ejecutivo PCM-03-2014, se tomó tal decisión, esto es producto de la reestructuración que implica una nueva estructura operativa, es por esto que también es invalido el alegato de la parte demandante sobre la falta de audiencia de descargo para evaluar su falta.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de diciembre del dos mil quince, dicto sentencia declarando procedente la acción incoada, en la demanda promovida por el señor CARLOS EDUARDO OBERHOZLER ESCOBAR, en contra del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones realizadas por la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, mismo que se anula por ser ilegal, sin costas, bajo el criterio siguiente: se probó que la demandante fue nombrada en forma permanente mediante acción de personal a partir del 04 de marzo del 2010; consta la acción de personal mediante la cual se autoriza cancelar a la parte demandante del puesto de Coordinador Regional de la Sección de Coordinación de Bonos de la Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, antes Programa de Asignación Familiar PRAF; el Programa de Asignación Familiar fue absorbido por una Secretaria de Estado, con el objetivo de crear una nueva estructura administrativa y un ahorro para la ejecución de políticas públicas para el combate de la pobreza y tal como lo establece el decreto 266-2013, pero no es menos cierto que el Presidente de la República en consejo de ministros emitió el Decreto Ejecutivo PCM-003-2014, para suprimir o modificar los órganos de la Administración Pública, como se aprecia en el acto mediante el cual se cancela a la parte demandante del puesto de Coordinador Regional de la Sección de Coordinación de Bonos de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social conlleva el no cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de Procedimiento Administrativo, ya que la administración pública no probó haber cumplido con las evaluaciones referidas en dicho Decreto ni en la ley de Servicio Civil, ni el motivo o causa de cancelación del demandante (despido o cesantía) provocando con ello una vulneración a garantías constitucionales como ser la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, así como el derecho al debido proceso infringiendo con esto el ordenamiento jurídico por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido en la Ley, es por ello que el suscrito juez estima que se deberá decretar la procedencia de la acción, ya que el acto impugnado no esa dictado conforme a derecho.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha dieciséis de junio del dos mil diecisiete, dictó sentencia, CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que está comprobado en autos que el momento de su cancelación estaba laborando para Secretaría en los Despachos de Desarrollo e Inclusión, anteriormente laboraba para el Programa de Asignación Familiar (PRAF), ente desconcentrado de la Presidencia de la República y que por tal motivo su relación laboral estaba regido por el Manual Operativo del PRAF y por la Ley y Reglamento del PRAF; pero posteriormente su estatus laboral cambió y resulta que mediante la absorción del PRAF a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, y a través del Decreto Ejecutivo 003-2014, el demandante fue absorbido por dicha secretaría, pero debió ser evaluado con el propósito de determinar su idoneidad para el nuevo puesto conforme lo establece el artículo 5 de dicho Decreto Ejecutivo. A este, estando laborando para una Secretaría de Estado, regido por la Ley de Servicio Civil, se le canceló su nombramiento sin haberse iniciado un expediente administrativo, sin haberle indicado si su cancelación era por despido o por cesantía, extremo que provoca indiscutiblemente infracción al ordenamiento jurídico; de la misma forma, por la transición que estaba atravesando el PRAF o la fusión a la Secretaría de Estado, tampoco se aplicó la evaluación correspondiente, mucho menos se determinó si el demandante era apto para ocupar el nuevo puesto, por lo tanto era imposible para la autoridad nominadora determinar si el personal absorbido por el PRAF era redundante, supernumerario o no apto para la realización de las actividades del nuevo puesto en la Secretaría de Estado, conforme lo establece así el artículo 5 del PCM-003.2o14, sin embargo el demandante fue cancelado de su puesto, en un evidente actos de exceso de poder. El mencionado Decreto Ejecutivo PCM-003-2014 no autoriza a la autoridad nominadora a cancelar arbitrariamente a los servidores públicos, como lo alega la apelante, sino que los somete a un procedimiento riguroso para que sean ratificados o no en sus puestos, pero antes debían de someterse obligatoriamente a evaluación, situación que no aconteció por parte de la Administración.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, la Abogada, LIDIA CAYETANO BERNARDEZ, en fecha veintiséis de julio del dos mil diecisiete, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha dieciséis de junio del dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 104-17, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.487-17 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha treinta y uno de julio del dos mil diecisiete, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, el Abogado OSCAR EDUARDO LAGOS RAUDALES, presentó en fecha uno de septiembre del dos mil diecisiete, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha cuatro de septiembre del dos mil diecisiete por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha once de septiembre del dos mil diecisiete, la Abogada LIDIA CAYETANO BERBARDEZ y el Abogado OSCAR EDUARDO LAGOS RAUDALES.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veintisiete de septiembre del dos mil diecisiete, teniendo por personados a la Abogada LIDIA CAYETANO BERBARDEZ, como recurrente y al Abogado OSCAR EDUARDO LAGOS RAUDALES como recurrida, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta sus motivos de casación, manifestando lo siguiente: “Primer Motivo: La Sentencia de fecha 16 de junio del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, violenta los siguientes Preceptos Constitucionales: 1.- Derecho de Defensa plasmado en el Artículo 82 de la Constitución de la República, el cual constituye un principio y garantía fundamental en todo Estado de Derecho. 2.- Artículo 90 párrafo primero, sobre el Debido Proceso, que versa que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. Y violenta el Derecho a la Defensa simple sencillamente porque como lo dice el artículo 82 precitado, el juez en primera instancia, así como la Corte de Apelaciones en segunda Instancia, juzgaron en dicho caso sin darle observancia a los derechos, garantías y leyes violentadas. Segundo Motivo: Como segundo motivo debo referir la aplicación forzosa que hace el Juzgador de la Ley de Servicio Civil al caso que nos ocupa cuando el PRAF, como ente desconcentrado se regía bajo su propia Ley, Reglamento y Manual Operativo del Trabajo, que fueron emitidos de la forma correcta por el legislador según los Acuerdos Ejecutivo 127-91 de fecha 22 de noviembre de 199l,que data claramente lo referente a la creación del Programa de Asignación Familiar (PRAF) así como su Reglamento de la Ley según Acuerdo Numero 349-A de fecha 27 de abril de 1992, y el Manual Operativo de Trabajo según Acuerdo Numero 10-93 de fecha 1 de enero de 1993, ignorando por completo lo relativo al estamento jurídico que el legislador género como marco que dirimiría todos los conflictos en que participase la Institución con cualquier persona natural o jurídica. INTRODUCCION FUNDAMENTAL SOBRE EL VALOR E IMPERIO DE LA LEY. El imperio que tiene la ley y sus características naturales bajo las cuales se deben generar las sentencias judiciales es un requisito ineludible como tal que no nos ofrece en el presente litigio, el debido proceso como baluarte fundamental del imperio de ley y ante todo en la valoración justa que en nuestro caso son sólidos y expositivos de la condición anómala bajo la que se infringió el ordenamiento jurídico, como lo es la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su articulado antes expuesto (80 y 88), que no nos genera ninguna seguridad jurídica en el análisis de nuestros alegatos, como condición obligatoria de todo juzgador que observe el litigio, todo ello obvia sin ninguna consideración el acto impugnado que debió señalarse con la precisión milimétrica que le permita al juez manifestarse con certeza sobre que se impugna, dejando de ser este litigio un oportunidad para que el juzgador se manifieste con tal precisión, es por ello que desvirtuó la concepción y naturaleza de todo el proceso debido a la falta de cumplimiento de los requisitos ineludibles que ya define la ley como fundamentales para dilucidar este pleito.”.- II. Recuerda la Corte el carácter extraordinario y riguroso del recurso de casación y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el recurrente conozca como plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer, si al dictarla el juez, observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello, se ha dicho, que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias.- III. Los requisitos de la demanda de casación, como también lo ha señalado esta Sala, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley. IV. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- V. En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el Recurrente debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.- VI. Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el recurso formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil. En consecuencia, resulta que el recurso en la forma expuesta no constituye una proposición jurídica completa.- VII.- En razón de lo anterior, consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1), que contra esta Resolución no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se ha hecho mérito. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se ponga en conocimiento del presente fallo al Tribunal Superior de Cuentas, para los efectos legales consiguientes. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los siete día del mes de marzo del dos mil diecinueve; certificación de la resolución de fecha cinco de febrero del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 487-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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