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Sentencia CA-468-17 — Registro 8487

Resumen

En primera instancia se declaró procedente la demanda promovida por el demandante, por estar ajustado a derecho el acto administrativo presunto impugnado por medio del cual se canceló el nombramiento se confirma en segunda insancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el Recurrente debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado". Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el recurso formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil. En consecuencia resulta que el recurso en la forma expuesta no constituye una proposición jurídica completa"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cinco días del mes de febrero de dos mil diecinueve, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones realizadas en la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, representada en juicio por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA; y, Recurrido: el señor REYNIERI ANTONIO RODRÍGUEZ MATUTE, representado en juicio por el Abogado OSCAR EDUARDO LAGOS RAUDALES.- OBJETO DEL PROCESO: La nulidad de un acto administrativo presunto no manifestado por escrito de carácter particular en materia de personal, reconocimiento de una situación jurídica individualizada de restitución o reintegro indebido, ilegal e injustificado, que se adopten medidas necesarias para su pleno restablecimiento de un derecho subjetivo el reintegro a su puesto de trabajo a uno de igual o similar características y naturaleza, además de los salarios, vacaciones, bonos, decimo tercer mes, decimo cuarto mes y demás derechos laborales dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta la fecha del reintegro, mas las costas del presente juicio; promovida ante el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, promovido por el señor REYNIERI ANTONIO RODRIGUEZ MATUTE, en contra del EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuraduría General de la República, por actuaciones realizadas en la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su demanda que inició su relación de trabajo con el entonces Programa Asignación Familiar (PRAF) el día 01 de mayo del 2012, en el cargo de motorista, institución del Estado que mediante Decreto Ejecutivo emitido en fecha 28 de febrero del 2014, se decreta la modificación o supresión de los órganos de la Administración Pública incluyendo las instituciones desconcentradas y fusionada a la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, incluyendo el Programa de Asignación Familiar (PRAF). Continuó manifestando el demandante que el 21 de abril del 2014, dicha Secretaría de Estado le entregó la acción de personal en la cual se lee la cancelación de su nombramiento en el cargo que ostentaba, entendiéndose entonces la decisión unilateral del patrono para dar por terminado la relación laboral, aclaró que nunca se le notificó el despido, por lo que el mismo fue un acto presunto no manifestado por escrito, violentando sus garantías constitucionales de estabilidad laboral, ya que no se me menciona ninguna causa de despido, ni se siguió el procedimiento interno mediante el cual pudieran despedirle con justa causa violentando su derecho y con ello los artículos 88,89 y 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Por otra parte, manifestó que el Acuerdo Ejecutivo mediante el cual se fusiona el PRAF, se publico el 28 de febrero del 2014 por lo que desde el 01 de enero al 27 de febrero del 2014 se mantuvo como empleado del PRAF encontrándose vigentes durante ese periodo de tiempo sus leyes constitutivas y especiales estando amparado en las leyes del PRAF, en el que también se le debe ajustar su salario.- 2. La parte demandada, El ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que efectivamente el ahora demandante laboró para el entonces denominado PRAF en el cargo de motorista y que mediante Decreto Ejecutivo PCM 03-2013 publicado en el diario oficial la Gaceta el 28 de febrero del 2014 mediante el cual se modificó o hubo supresión de los órganos de la administración pública incluyendo el PRAF, corrigiendo la fecha de ingreso la cual fue el 12 de mayo del 2012, así como el hecho de que el 21 de abril del 2014, se le entregó una acción de personal fundamentada en la Ley para Optimizar la Administración Pública y no la decisión injusta e ilegal de despedirle, simplemente en la referida ley se encuentra plasmado el Decreto Ejecutivo PCM 03-20 14 la cual permite la supresión o modificación de los órganos de la administración pública como este caso el PRAF, por lo que su cancelación por la acción de personal fue legal ya que es producto de una reestructuración que implica una nueva estructura operativa y de esta manera reducir el gasto publico.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativoo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de enero del dos mil dieciséis, dicto sentencia declarando PROCEDENTE, la demanda promovida por el señor REYNIERI ANTONIO RODRIGUEZ MATUTE, en contra del EL ESTADO DE HONDURAS por actuaciones realizadas en la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, por estar ajustado a derecho el acto administrativo presunto impugnado contenido en la acción de personal de fecha 17 de marzo del 2014, emitido por la Secretaría de Estado de Desarrollo e Inclusión Social por medio del cual se canceló el nombramiento del ahora demandante, bajo el criterio siguiente: Que de la revisión del expediente se ha podido constatar que el demandante alega que fue cancelado a través de un acto presunto, acto que se que se materializa en la acción de personal de cancelación, en el que si bien es cierto los actos de la administración pública se materializan, adoptaran la formas de Decretos, acuerdos, resoluciones o Providencias, no menos cierto es que dicha acción de personal contiene la cancelación del acuerdo de nombramiento por lo que si hay una materialización del acto que ejecuta la cancelación del ahora demandante. Que en atención al numeral séptimo, la Ley de Servicio Civil, el cual establece dos regímenes claramente diferenciados por los cuales la administración pública puede prescindir de los servicios de sus empleados, siendo estos: a) el régimen de cancelación por despido, que es una facultad de la administración, cuando considera que las actuaciones de los servidores se enmarcan dentro de las causales consideradas como de extrema gravedad, que contemple el despido como sanción por la comisión de una falta grave; y, b) el Régimen de cancelación por cesantía, que esta instituido dentro de las facultades discrecionales y excepcionales que ostenta la administración pública para prescindir de los servicios de un servidor público, en donde la autoridad nominadora deberá acreditar que dicha cancelación se debe a 1) Reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario y 2) Reducción de servicios o de personal para obtener una eficaz y económica organización administrativa, debiendo tomar en cuenta los resultados de la evaluación periódica de los servicios de cada uno de esos servidores, enviando dentro del plazo improrrogables de siete días hábiles a partir de la fecha de efectividad de la cesantía la nomina de los cesanteados para inscribirlos en lugar preferente en las respectivas listas de reingreso. Y si bien es cierto el Programa de Asignación Familiar fue absorbido por una Secretaria de Estado, con el objetivo de crear una nueva estructura administrativa y un ahorro para la ejecución de políticas públicas para el combate de la pobreza, tal y como lo establece el Decreto 266-2013, no menos cierto es que el presidente de la República en Consejo de ministros emitió el Decreto Ejecutivo PCM-003-2014 para suprimir o modificar los órganos de la Administración Pública, pero dicho Decreto en el articulo 5 habla que “El Personal trasladado a las Secretarias de Estado como consecuencia de la fusión hecha mediante la aplicación del artículo 29 de la Ley para Optimizar la Administración Pública en las diferentes Secretarias de Estado, debe ser evaluado por la Secretaria de Estado correspondiente con el propósito de determinar su idoneidad para el nuevo puesto. El personal que resulte redundante, supernumerario o no apto para la realización de las actividades como consecuencia de la fusión institucional, será cancelado su nombramiento respetando sus derechos adquiridos, y en este caso, la administración pública no probo haber cumplido con las evaluaciones referidas en dicho Decreto ni en la ley de Servicio Civil, ni el motivo o causa de cancelación del demandante (despido o cesantía) provocando con ello una vulneración a garantías constitucionales como ser la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, así como el derecho al debido proceso infringiendo con esto el ordenamiento jurídico por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido en la Ley.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha doce de mayo del dos mil diecisiete, dictó sentencia, CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que Está comprobado en autos que el demandante al momento de su cancelación estaba laborando para la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social y que anteriormente laboraba para el Programa de Asignación Familiar, ente desconcentrado de la Presidencia de la República y que por tal motivo su relación laboral estaba regido por el Manual Operativo del PRAF y por la Ley y Reglamento del PRAF; pero posteriormente su estatus laboral cambia y resulta que mediante la absorción del PRAF a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, y a través del Decreto Ejecutivo 003-2014, el demandante fue absorbido por dicha secretaría, pero debió ser evaluado con el propósito de determinar su idoneidad para el nuevo puesto conforme lo establece el artículo 5 de dicho Decreto Ejecutivo. El demandante al estar laborando para una Secretaría de Estado, regido por la Ley de Servicio Civil se le cancelo su nombramiento sin haberse iniciado un expediente administrativo, sin haberle indicado si su cancelación era por despido o por cesantía, extremo que provoca indiscutiblemente infracción al ordenamiento jurídico. De la misma forma, por la transición que estaba atravesando el PRAF o la fusión a la Secretaría de Estado, tampoco se aplicó la evaluación correspondiente, mucho menos se determinó si el demandante era apto para ocupar el nuevo puesto, por lo tanto era imposible para la autoridad nominadora determinar si el personal absorbido por el PRAF era redundante, supernumerario o no apto para la realización de las actividades del nuevo puesto en la Secretaría de Estado, conforme lo establece así el artículo 5 del PCM-003-2014, sin embargo el demandante fue cancelado de su puesto, en un evidente acto de exceso de poder.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, el Abogado, SORTERO MEJIA PADILLA, en fecha seis de junio del dos mil diecisiete, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha doce de mayo del dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 0053-16, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.468-2017 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha siete de junio del dos mil diecisiete, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, el Abogado OSCAR EDUARDO LAGOS RAUDALES, presentó en fecha seis de junio del dos mil diecisiete, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintinueve de agosto del dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual declaró sin lugar el pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación, pues transcurrió el tiempo legal establecido para presentar el escrito de pronunciamiento sobre la interposición de casación que lo hizo dos días después, por lo tanto téngase prelucido el termino dejado de utilizar y perdida la oportunidad de realizar el acto de que se trate, por lo cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha uno de septiembre del dos mil diecisiete al Abogado OSCAR EDUARDO LAGOS RAUDALES y en fecha tres de septiembre del dos mil diecisiete al Abogado REYNIERI ANTONIO RODRIGUEZ MATUTE.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha diecinueve de septiembre del dos mil diecisiete, teniendo por personados el Abogado SOTERO MEJILLA PADILLA como recurrente y el Abogado OSCAR EDUARDO LAGOS RAUDALES como recurrida, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta sus motivos de casación, manifestando lo siguiente: “Primer Motivo: La Sentencia de fecha 12 de Mayo del 2016, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, violenta los siguientes Preceptos Constitucionales: 1.- Derecho de Defensa plasmado en el artículo 82 de la Constitución de la, el cual constituye un principio y garantía fundamental en todo Estado de Derecho. 2.- Artículo 90 párrafo primero sobre el Debido Proceso, que versa que nadie puede ser Juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Y violenta el Derecho a la Defensa simple y sencillamente porque como lo dice el Artículo 82 precitado, el juez en primera Instancia así corno la Corte de Apelaciones en segunda Instancia, juzgaron en dicho caso sin darle observancia a los derechos, garantías y leyes violentadas. Segundo Motivo: Sin lugar a dudas el valor de lo establecido en la Ley General de Administración Pública, en su artículo 116 claramente establece que los actos de los órganos de la Administración Pública, adoptan la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias. Por lo que las referidas acciones, no constituyen objeto de impugnación por lo consiguiente, no existe violación al ordenamiento jurídico establecido. Tercer Motivo: Como tercer motivo debo referir la aplicación forzosa que hace el Juzgador de la Ley de Servicio Civil al caso que nos ocupa cuando el PRAF, como ente desconcentrado se regía bajo su propia Ley, Reglamento y Manual Operativo del Trabajo, que fueron emitidos de la forma correcta por el legislador según los Acuerdos Ejecutivos 127-91 de fecha 22 de noviembre de 1991,que data claramente lo referente a la creación del Programa de Asignación Familiar (PRAF) así corno su Reglamento de la Ley según Acuerdo Numero 349-A de fecha 27 de abril de 1992, y el Manual Operativo de Trabajo según Acuerdo Numero 10-93 de fecha 1 de enero de 1993, ignorando por completo lo relativo al estamento jurídico que el legislador género como marco que dirimiría todos los conflictos en que participase la Institución con cualquier persona natural o jurídica. INTRODUCCION FUNDAMENTAL SOBRE EL VALOR E IMPERIO DE LA LEY. El imperio que tiene la ley y sus características naturales bajo las cuales se deben generar las sentencias judiciales es un requisito ineludible como tal que no nos ofrece en el presente litigio, el debido proceso como baluarte fundamental del imperio de ley y ante todo en la valoración que en nuestro caso son sólidos y expositivos de la condición anónima bajo la que se infringió el ordenamiento jurídico, como lo es la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su articulado antes expuesto (80 y 88), que no nos genera ninguna seguridad jurídica en el análisis de nuestros alegatos, como condición obligatoria de todo juzgador que observe el litigio, todo ello obvia sin ninguna consideración el acto impugnado que debió señalarse con la precisión milimétrica que le permita al juez manifestarse con certeza sobre que se impugna, dejando de ser este litigio un oportunidad para que el Juzgador se manifieste con tal precisión, es por ello que desvirtuó la concepción y naturaleza de todo el proceso debido a la falta de cumplimiento de los requisitos ineludibles que ya define la ley como fundamentales para dilucidar este pleito”.- II. Recuerda la Corte el carácter extraordinario y riguroso del recurso de casación y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el recurrente conozca como plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer, si al dictarla el juez, observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello, se ha dicho, que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias.- III. Los requisitos de la demanda de casación, como también lo ha señalado esta Sala, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley.- IV. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- V. En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el Recurrente debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.- VI. Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el recurso formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil. En consecuencia resulta que el recurso en la forma expuesta no constituye una proposición jurídica completa.- VII. En razón de lo anterior consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1), que contra esta Resolución no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se ha hecho mérito. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se ponga en conocimiento del presente fallo al Tribunal Superior de Cuentas, para los efectos legales consiguientes. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil diecinueve; certificación de la resolución de fecha cinco de febrero del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 468-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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