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Sentencia CA-389-19 — Registro 10062

Resumen

En primerea instancia se declara procedente la acción interpuesta por el demandante,por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) alega la infracción directa, la cual no se encuentra comprendida dentro de las causales del extraordinario recurso de casación en esta materia; b) al exponer la explicación del motivo, insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual se encuentra vedado conforme lo establecido en la artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza extensos alegatos propios de instancia.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cinco días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados, EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR, y, Recurrido: el señor JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO, representado en juicio por el Abogado JOSUE ARIEL ALONZO CRUZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda vía procedimiento especial en materia de personal, que en sentencia definitiva se declare no ser conforme a derecho y la nulidad del acto administrativo de carácter particular consistente en el acuerdo DEI- No.275-2014 de fecha 21 de octubre del 2014 mediante el cual se cancela por despido al señor JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO como servidor público protegido por la Ley De Servicio Civil y su Reglamento en lo que más favorezca y el Régimen Especial Laboral de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), se reconozca la situación jurídica individualizada del servidor público afectado por el acto impugnado y para su pleno restablecimiento se adopten como medidas necesarias para la restitución al puesto del que fue cancelado por despido injusto e ilegal, con el pago de los sueldos dejados de percibir desde la fecha de la cancelación ilegal e injusta hasta la fecha de ejecución de la sentencia respectiva con todos los aumentos que se produzcan en el lapso de tiempo que dure el juicio, más el pago de los derechos que hubiere adquirido conforme las leyes vigentes del país, como ser: pago de vacaciones, decimo tercer y decimo cuarto mes de salario, aumentos de salario; asimismo se decrete la nulidad del acto por el cual se hubiere nombrado el sustituto del demandante en el puesto del cual fue cancelado; con especial condena en costas; se alega prescripción del plazo para imponer la sanción por parte de la autoridad nominadora, se acompaña el acto impugnado acuerdo DEI-N°. 275-2014 de fecha 21 de octubre del 2014, y demás documentos pertinentes, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), ahora SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción, que mediante acuerdo del Poder Ejecutivo No. 329/2008 de la Secretaría de Finanzas, el 05 de agosto del 2008 ingresó e inició las labores continuas como servidor público como Guardia de Seguridad, en la región Centro Sur, y reasignado al cargo de Motorista de la Sección de Transporte Región Centro Sur en la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), nombrado bajo el amparo de la Ley de Servicio Civil, cargo que desempeñó bajo la protección de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, y el Régimen Especial Laboral de la Dirección Ejecutiva de Ingresos; que estando últimamente protegido por el fuero gremial reconocido por el Artículo 38- A de la Ley de Servicio Civil, por ocupar el Cargo de Fiscal de la Junta Directiva Central del Sindicato de Trabajadores de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (SITRADEI); que el 22 de octubre del 2014, se le notificó el ACUERDO DEI-No.275- 2014 de fecha 21 de octubre del 2014 emitido por la Ministra Directora de la DEI, mediante el cual se le cancela por despido del puesto de Motorista, sin ninguna responsabilidad para la institución, todo en virtud de haber disminuido intencionalmente sus servicios, habiendo suspendido injustificadamente sus labores; promover suspensiones intempestivas al personal de la DEI y por no acatar las instrucciones girada mediante circular RRHH-002-2014 el día lunes 06 de enero del 2014; hechos ocurridos los días viernes 03 y lunes 06 de enero del año 2014, en un horario de 9:30 am a 12:00 meridiano, siendo un evidente incumplimiento a sus obligaciones legales y convencionales de acuerdo a lo tipificado en el Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera en su artículo 91; reconociéndole los derechos adquiridos proporcionales como ser: décimo tercer mes, décimo cuarto mes y vacaciones, que le corresponden de acuerdo a la ley; argumentó que el acuerdo antes relacionado infringe el ordenamiento jurídico, en vista que en total irrespeto al fuero gremial, fue despedido estando protegido por el referido fuero, por ser miembro de la Junta Directiva Central del Sindicato de Trabajadores de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (SITRADEI) en el Cargo de Fiscal, y en ese carácter gozaba del derecho a no ser despedido por motivos de la actividad sindical como ser, informar a los empleados la problemática de amenaza de privatización existente en la Institución y otros conflictos que la obligación como directivo estaba investido de la personalidad jurídica del Sindicato que representaba, bajo el derecho constitucional de libertad de asociación y de reunión, que fue lo sucedido el día viernes 3 y lunes 6 de enero del 2014 en reunión pacífica y rápida de hora y media realizada sin toma de los portones de acceso a las oficinas; que la autoridad nominadora lo consideró como falta laboral, y fue citado a una audiencia de descargo que se celebró el 10 de enero del 2014, celebrada sin ningún obstáculo, contestando todas las interrogantes formuladas por la autoridad nominadora, dejando explicado y abundantemente desvirtuado que los hechos por los que se le imputaban, eran actividades propias de la actividad sindical protegida por el fuero gremial contemplado en el Artículo 38-A de la Ley de Servicio Civil, y garantizado por el Convenio 87 suscrito por Honduras con la OIT, por lo tanto no incurrió en ninguna falta laboral; que no se emitió previo a despedirle ninguna resolución administrativa por parte del coordinador técnico del Departamento de Recursos Humanos de la DEI, y tampoco existió ninguna resolución administrativa de la Secretaría del Trabajo, en la que se declare la ilegalidad de cualquier supuesta suspensión ordenada por el sindicato; que en el presente caso operó la prescripción del plazo para imponer la sanción por parte de la autoridad nominadora, ya que el ingreso por medio de la Secretaría de Finanzas, según el acuerdo de nombramiento, protegido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, el artículo 57 reformado por el decreto 150-98 del 27 de diciembre de 1988 que invocó como norma más favorable, establece muy clara la prescripción para imponer sanciones a la autoridad nominadora que únicamente gozaba del término de 30 días para haberle despedido, aun aplicando el Régimen Especial Laboral de la DEI, en su Artículo 109 párrafo primero; que según constata en la cédula de citación para audiencia de descargo, la autoridad nominadora tuvo conocimiento de las supuestas faltas el 08 de enero del 2014, es evidente y manifiesta, que la sanción de despido no se me impuso dentro del plazo legal que establece el citado Artículo del Régimen Especial Laboral de la DEI, por consiguiente se infringió los ordenamientos jurídicos aplicables.- 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante fue nombrado mediante Acuerdo del Poder Ejecutivo N° 329-2008 de fecha 05 de agosto del año 2008, mismo que se encontraba bajo el amparo de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, sin embargo, al haber entrado en vigencia el Régimen Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera en fecha 07 de marzo del año 2012, al cual se encuentran sujetos los empleados de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, tal como lo establece su artículo 1; que la cancelación por despido del demandante se efectuó de conformidad a lo establecido en el Régimen antes mencionado, en fecha 22 de octubre del 2014 por las causales expresadas en el Acuerdo de Despido DEI-275-2014, de conformidad a lo establecido en el artículo 91 numerales 2) y 6) del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera; que la demandada efectuó el procedimiento correspondiente en virtud del cual fue emitido conforme a derecho el Acuerdo de Despido que ahora se impugna, siguiendo lo establecido en el artículo 516 del Código del Trabajo vigente, pues mediante un Juicio Sumario se estableció la justa causa para realizar el despido por lo que no existe la alegada violación a los derechos gremiales. En cuanto a que la suspensión intempestiva de labores realizada por el demandante y compañeros de Sindicato en los días 3 y 6 de Enero de 2014, es propia de su actividad sindical, el mismo Convenio 87 de la OIT en su Artículo 8 Numeral 1 establece “Articulo 8. 1. Al Ejercer los derechos que se les reconocen en el Presente Convenio, los trabajadores, los empleadores, y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad…”, es por lo anteriormente expuesto que los hechos ocurridos en los días 03 y 06 de enero del 2014 constituyen una falta al Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera, misma que es Ley vigente y aplicable a los Empleados de la Dirección Ejecutiva de Ingresos sea cual fuere su calidad o afiliación gremial, lo que dio pie al procedimiento de Juicio Abreviado de Desafuero y al posterior despido del señor Jorge Alberto Argueta Romero. En relación a lo alegado por la contraparte en cuanto a que no se emitió previo al despido ninguna resolución administrativa por parte del Coordinador Técnico de Recursos Humanos de la DEI autorizando su despido, y que por lo mismo no se le concedió término para interponer recurso de Apelación al mismo, es importante señalar señor Juez que el requisito que reclama la parte actora no se encuentra contenido en el Capítulo XXIII del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera que desarrolla el Régimen Disciplinario aplicable, por otra parte, omite señalar cual es la Ley que establece este requisito específico, es por tales motivos que este alegato es absolutamente alejado de toda razón jurídica; que también que los hechos y causas establecidas en el Acuerdo de Despido N° 275-2014 de fecha 21 de Octubre de 2014 fueron legalmente probadas en la Audiencia de Descargo celebrada en fecha 10 de Enero de 2014, respetando el derecho a la Defensa y al Debido Proceso y siguiendo irrestrictamente lo establecido en el Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera, cuerpo legal aplicable al caso; audiencia en la que el demandante no logró desvirtuar los hechos que se le imputaban; además lo alegado en relación a la prescripción de la acción para despedir al demandante es totalmente alejado a derecho, ya que las faltas cometidas que motivaron el despido fueron realizadas en fechas 03 y 06 del mes de enero del 2014, que se celebró el 10 de enero del 2014, audiencia de descargo en la cual el señor Jorge Alberto Argueta Romero no desvirtuó los hechos a él imputados, por lo que en fecha 22 de enero del 2014, se procedió al entablar el procedimiento abreviado ante los Juzgados de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, con el objetivo de obtener autorización para el Despido de un miembro de la Junta Directiva del Sindicato de la Dirección Ejecutiva de Ingresos por existir justa causa, habiéndose dictado sentencia definitiva en fecha 13 de junio del 2014, siendo esta confirmada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, mediante sentencia de fecha 31 de julio del 2014, que el 04 de Agosto del año 2014 se interpuso recurso de casación, inadmitido mediante providencia el 08 de septiembre del 2014, y posteriormente la parte demandante interpuso Amparo en fecha 27 de Septiembre de 2014, que fue admitido sin suspensión del acto en fecha 07 de Octubre de 2014 y notificado el 14 de Octubre del mismo año, el cual mediante sentencia de fecha 23 de enero del año 2015 fue sobreseído, todas estas acciones y específicamente la interposición de la demanda sumaria laboral solicitando autorización para despedir a un trabajador con fuero sindical interrumpen y dejan en suspenso el periodo de sesenta (60) días para sancionar a dicho empleado, plazo señalado en el artículo 109 del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, todo esto relacionado con los artículos 868 del Código de Trabajo y 2301 del Código Civil; agregó que no existe la alegada prescripción y por lo tanto no cabe nulidad alguna del acto Administrativo contenido en el Acuerdo de Despido N° 275-2014 de fecha 21 de Octubre de 2014: y que tampoco existe violación alguna a las leyes internas y Convenios Internacionales, por lo que el acto administrativo impugnado se encuentra apegado derecho.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 21 de junio del 2018, dictó sentencia definitiva, misma que en su parte conducente dice: “FALLA PARTE DISPOSITIVA. PRIMERO (1): Declarar Procedente la Demanda promovida por el señor JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO contra el Estado de Honduras a través de la anteriormente denominada DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) ahora SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR), por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación numero DEI 275-2014 de fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil catorce emitido por la anteriormente denominada Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) ahora Servicio de Administración de Rentas (SAR). SEGUNDO(2): Anular el Acuerdo de Cancelación numero DEI 275- 2014 de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil catorce (2014) emitido en su momento por la anteriormente denominada Dirección Ejecutiva de Ingresos ahora Servicio de Administración de Rentas (SAR) por no estar ajustado a derecho. TERCERO (3): Reconocer la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se resuelve reintegrar al demandante a su cargo de MOTORISTA en la anteriormente denominada Dirección Ejecutiva de Ingresos ahora Servicio de Administración de Rentas (SAR). CUARTO (4): Condenar al Estado de Honduras a través de la ahora denominada Servicio de Administración de Rentas (SAR), al pago a favor del demandante de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que se ejecute la sentencia mas el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, décimo cuarto mes y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder. QUINTO (5): Se decreta en su caso, la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto del demandante. SEXTO (6): Se exime del pago de costas a la parte vencida por tener motivos para litigar…”, sin costas; bajo el criterio que en el caso de merito es evidente la infracción al ordenamiento jurídico por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido en la ley por lo que se debe declarar la nulidad del acto administrativo impugnado, por no estar dictado conforme a derecho; que la Ley de esta Jurisdicción es clara al ordenar que la sentencia declarara la procedencia de la acción cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder; y en el presente caso de autos está acreditado que el acto impugnado, fue emitido infringiendo el ordenamiento jurídico, lo que hace que se decrete la procedencia de la presente acción por constar en autos la infracción del ordenamiento jurídico bajo las razones ya indicadas.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 20 de marzo del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que se constató que el demandante nombrado como Motorista, miembro del sindicato de la anterior denominada Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) ahora denominada Servicio de administración de Rentas (SAR), se realizó el trámite de la autorización para el despido de acuerdo al Código del Trabajo, los cargos que se le imputaron se le aplicó el derecho a la defensa solamente fue por causa de ausencia laboral de fecha 6 de enero del 2014, hecho que no concuerda con el acuerdo de cancelación por despido ya que el incumplimiento debe ser reiterado y grave, también se menciona el hecho del 3 de enero del 2014, del cual no se le dio el derecho a la defensa, por ende no fue probado tal extremo al citarse para audiencia de descargo solo para la causa de faltar a su trabajo del 6 de enero 2014; que la causa de inhabilidad e ineficiencia del cargo no fue un hecho controvertido, en la audiencia de descargo momento garante constitucionalmente para el demandado para desvanecer los cargos, y así no violentar el derecho a la defensa y el debido proceso; la causa inhabilidad manifiesta en el desempeño de su cargo, se determina mediante las evaluaciones periódicas, para medir la calidad de servicio, determinar el grado de eficiencia y eficacia del servidor público que lleva a cabo sus funciones para dar cumplimiento a su responsabilidad laboral, extremo que no se probó al no constar las evaluaciones periódicas, al demandante, por ende, no se acreditaron; que la Prescripción alegada por el demandante, se interrumpe por la acción laboral de acuerdo al artículo 109 del Régimen la DEI para imponer la medida a un empleado tendrá plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha en que la autoridad nominadora tuvo conocimiento de la falta(s) se evidencio que la sentencia emitida por el Juzgado de letras de Trabajo del Departamento de Francisco Morazán en fecha trece (13) de junio del año dos mil catorce (2014) para obtener autorización para despedir a un dirigente de un sindicato, fue recurrida ante la Corte de Apelaciones del Trabajo y confirmada en fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil catorce, fue inadmitido el recurso de casación en fecha veinticuatro (24) de septiembre del 2014, el acuerdo de cancelación se realizó en fecha veintiuno (21) de octubre del año 2014 y presentándose demanda vía procedimiento especial en materia personal ante el Juzgado de lo contencioso Administrativo en fecha seis (6) de Noviembre del 2014, actuaciones dentro de los sesenta días hábiles que establece el régimen, sin contar con el tramite ventilado obligatorio en la jurisdicción laboral ya que el mismo interrumpe dicho plazo; que mediante oficio No. DEI-RR/HH-244/2015, indica el abogado Cristian Erazo Delgado coordinador técnico del departamento de Recursos. Humanos que la sanción de suspensión de trabajo cinco, ocho y quince días a otros miembros del sindicato por el mismo hecho y la misma fecha 6 de enero 2014, no hubo proporcionalidad en el despido, un exceso de poder se comprende la alteración de los hechos, la contradicción no justificada del acto con otro anteriormente dictado, desproporcional vicio el acto impugnado lo que se evidencia la infracción al ordenamiento jurídico por haber prescindido, el procedimiento establecido en la ley vigente. Se confirmar la sentencia y donde se declara la nulidad del acto administrativo impugnado, al no haber sido dictado conforme a derecho. Que los agravios expuestos por el apelante al ser una narración de hechos y no de derecho, carece de sustento jurídico, valoraciones subjetivas de instancia laboral, y lo compete entre otros la materia de lo Contencioso administrativo acciones de actos que incurran en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder, desviación de poder por las razones expuestas la apelación interpuesta se declara sin lugar y se confirma la resolución del A quo.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR, en fecha 29 de abril del 2019, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 20 de marzo del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.070-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.469-2014 del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 06 de mayo del 2019, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado JOSUE ARIEL ALONZO CRUZ, no presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, por lo que mediante providencia de fecha 20 de junio del 2019, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar, en consecuencia se ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas 27 de junio y 18 de julio del 2019, los Abogados JOSUE ARIEL ALONZO CRUZ y ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 20 de agosto del 2019, teniendo por personados a los Abogados ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR, como recurrente, y JOSUE ARIEL ALONZO CRUZ, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta un primer motivo manifestando lo siguiente: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la norma procesal de orden nacional por infracción directa contenida en el Artículo 200 numeral 2. Literal c) y el contenido del Artículo 206 numeral 1, y 208 numeral 1 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 1. Literal c) del Código Procesal Civil. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La disposición legal contenida Artículo 200 numeral 2. Literal c) del Código Procesal Civil, Establece: “CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS...2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará a/siguiente contenido formal: a)...c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. El Artículo 206 numeral 1 Establece: “Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas” El Artículo 208 numeral 1 Establece: “Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito”. En el fundamento de Derecho número noveno (9) el Ad Quem establece que: “Los órganos del Estado tiene sus límites y ejerce funciones que solo la ley le atribuye a través de procedimientos, donde la Administración puede emitir actos y si los mismos infringen el ordenamiento jurídico, el medio idóneo para lograr que un acto ilegitimo sea revisado, es por medio de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, analizada la sentencia de fecha veintiuno de junio del año dos mil dieciocho y en su conjunto el expediente de mérito, expediente administrativo, las pruebas presentadas y evacuadas se constató que el demandante el Señor JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO, nombrado como Motorista, miembro del sindicato de la anterior denominada Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) ahora denominado Servicio de Administración de Rentas (SAR), se realizó el trámite de la autorización para el despido de acuerdo al Código del Trabajo. Se establece en la ley de procedimiento administrativo que los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que sirvan de causa y en derecho aplicable, y su finalidad será aquella que resulte de las normas que le atribuyen potestades al órgano emisor; la ley del Servicio Civil y su reglamento en el Artículo 116 especifica como un derecho “los servidores públicos sujetos al régimen del servicio civil gozan de los derechos previstos en la Constitución de la República, la ley y las demás normas aplicables” los cargos que se le imputaron se le aplicó el derecho a la defensa solamente fue por causa de ausencia laboral de fecha día seis (6) de enero del año dos mil catorce (2014), hecho que no concuerda con el acuerdo de cancelación por despido ya que el incumplimiento debe ser reiterado y grave, también se menciona el hecho del viernes tres (3) de enero de dos mil catorce (2014) del cual no se le dio derecho a la defensa, por ende no fue probado tal extremo, al citarse para audiencia de descargo solo para la causa de faltar a su trabajo el 6 de enero de 2014. La causa de inhabilidad e ineficiencia del cargo no fue un hecho controvertido, en la audiencia de descargo momento garante constitucionalmente para el demandado para desvanecer los cargos, así como no violentar el Derecho a la defensa y el debido proceso. La causa de inhabilidad manifiesta en el desempeño de su cargo, se determina mediante las evaluaciones periódicas, para medir la calidad del servicio determinar el grado de eficiencia y eficacia del servidor público que lleva acabo sus funciones para dar cumplimiento a su responsabilidad laboral, EXTREMO QUE NO SE PROBÓ AL NO CONSTAR LAS EVALUACIONES periódicas, al Señor JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO, por ende, no se acreditaron.... Mediante Oficio No. DEI-RR/HH-244/2015, indica el Abogado Cristian Erazo Delgado, Coordinador técnico del departamento de Recursos Humanos que la sanción de suspensión de trabajo cinco, ocho y quince días a otros miembros del sindicato por el mismo hecho y la misma fecha 06 de enero de 2014, no hubo proporcionalidad en el despido, un exceso de poder se comprende la alteración de los hechos, la contradicción no justificada del acto con otro anteriormente dictado, desproporcional vicio el acto impugnado lo que se evidencia la infracción al ordenamiento jurídico por haber prescindido el procedimiento establecido en la ley vigente....” Esta representación del Estado concluye y por ende recurre vía recurso extraordinario de casación la sentencia de mérito en virtud de lo siguiente: 1) En relación a que la Ley de procedimiento Administrativo establece que los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirven de causa y derecho aplicable, me permito argumentar que en el acuerdo de despido No. DEI-No.275-2014 de fecha 24 de octubre de 2014, es motivado de acuerdo a los hechos y antecedentes que sirvieron de causa para emitir el acto administrativo de carácter particular en referencia, en tal sentido, es contradictorio que el AD QUEM refiera a que el acto administrativo impugnado carece de dicho requisito. 2) En relación a que la Ley de servicio civil y su reglamento en su Artículo 116 reconoce como derecho “Los servidores públicos sujetos al régimen de servicio civil gozan de los derechos previstos en la Constitución de la República, la ley y demás disposiciones aplicables”, en tal sentido, esté pronunciamiento por parte del AD QUEM no es aplicable al caso, puesto que la relación laboral de los empleados y funcionarios y la extinta y liquidada Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) era regida mediante el “Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera”, y si bien es cierto dicho régimen establecía la supletoriedad a la Ley de servicio civil, dicha supletoriedad únicamente era aplicable a aquellos casos no previstos en el referido régimen; no obstante, para lo que a Derechos reconocidos en la Constitución, la Ley y demás normas aplicables se refiere, estos estaban reguladas en el supra citado régimen, por tanto, dicho fundamento señalado en la sentencia no guarda relación al caso que hoy nos ocupa. 3) En relación a que, los cargos que se le imputaron al demandante solamente se le aplicó el derecho a la defensa por causa de ausencia laboral de fecha día seis (6) de enero del año dos mil catorce (2014), y que a criterio del AD-QUEM el hecho no concuerda con el acuerdo de cancelación por despido ya que el incumplimiento debe ser reiterado y grave, también se menciona el hecho del viernes tres (3) de enero de dos mil catorce (2014) del cual no se le dio derecho a la defensa, por ende no fue probado tal extremo, al citarse para audiencia de descargo solo para la causa de faltar a su trabajo el 6 de enero de 2014. No obstante al criterio de esta Honorable Corte, si nos remitimos a la Cedula de citación de fecha 08 de enero de 2014, que corre a folio quince (15) de la pieza principal, establece lo siguiente: Tegucigalpa M.D.C., 08 de enero de 2014 JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO Motorista Presente: La Suscrita Coordinador Técnico del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DE) en base a lo establecido en los Artículos 92, 93, 94, 95, 96, y 97 del Régimen Especial Laboral de la carrera administrativa Tributaria y Aduanera de la Dirección Ejecutiva de Ingresos y demás aplicables mediante la presente le notifica para que comparezca al Departamento de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, 8vo piso del edificio Gabriel A. Mejía de la ciudad de Tegucigalpa en fecha viernes 10 de enero del año 2014 a las 9:30 am a efecto de ser escuchado en AUDIENCIA DE DESCARGO, y de esa manera respetarle su derecho a la defensa y presunción de inocencia cuyo fundamento se basa en el Artículo 82 de la Constitución de la República y 74 numeral 3) del Régimen Especial Laboral de la carrera administrativa Tributaria y Aduanera, y así usted proceda a desvirtuar los cargos que se le imputan y que consisten en: 1) Por haber disminuido intencionalmente sus servicios, habiendo suspendido injustificadamente sus labores. 2) Promover suspensiones intempestivas al personal de la DEI; 3) No acatarla instrucción Girada mediante Circular RRHH-002-2014 el día lunes 06 de enero de 2014. Lo anterior suscitado los días viernes 03 y lunes 06 de enero del presente año en un horario de 9:30 am a 12:00 meridiano.... Lo resaltado y subrayado es nuestro para captar la atención del lector. Obsérvese que tanto el AQUO como el AD-QUEM, erran en sus fundamentos y motivaciones al dejar de observar que el procedimiento disciplinario y derecho de defensa le fue invocado por los dos días en que el demandante cometió la falta es decir los días viernes 03 y lunes 06 de enero de 2014, volviéndose con ello reiterada la comisión de las faltas, y por ende el procedimiento disciplinario que se llevó acabo está apegado a las garantías constitucionales y demás normas de Derecho aplicables al caso. Asimismo, si revisamos la audiencia de descargo el demandante ante las preguntas realizadas acepta que cometió la falta en los días antes mencionados. Pues si hacemos una revisión de la audiencia de descargo encontramos lo siguiente: pregunta 7) claramente se le pregunta al demandante “Que días anduvo informando”. El demandante en su respuesta de forma evasiva manifiesta que desde que existe la problemática en la Institución. Además de ello acepta categóricamente que eran varios días los que abandono sus labores con el objetivo de andar informando a las bases sobre la problemática de la Institución, esto significa que aparte de los días por los cuales se le cito a audiencia de descargo (viernes 03 y lunes 06 de enero de 2014, extremo que se tuvo por probado por el Juez de Letras del Trabajo), además de ello hubo más días en que el demandante cometió la falta. Obsérvese Honorables magistrados que el demandante, en la pregunta No. 3.- se le pregunta tenía permiso para retirarse de la institución: A que respondió que NO, y en la pregunta No. 6.- se le pregunta Cual fue el horario que anduvo informado, a lo que el demandante respondió la asamblea fue de nueve de la mañana a doce del mediodía (Ver folio 92 al 95) pues en las respuestas anteriores el demandante acepta que si se ausento el día viernes 03, y lunes 06 de enero de 2014, al contestar lo siguiente: Anduve informando desde que inicio la problemática en la Institución, es decir que aceptó que se ausentó de sus labores el 03 y 06 de enero de 2014, y también otros días. 4) en relación a que La causa de inhabilidad e ineficiencia del cargo no fue un hecho controvertido, en la audiencia de descargo momento garante constitucionalmente para el demandado para desvanecer los cargos, así como no violentar el Derecho a la defensa y el debido proceso. La causa de inhabilidad manifiesta en el desempeño de su cargo, se determina mediante las evaluaciones periódicas, para medir la calidad del servicio determinar el grado de eficiencia y eficacia del servidor público que lleva acabo sus funciones para dar cumplimiento a su responsabilidad laboral, EXTREMO QUE NO SE PROBÓ AL NO CONSTAR LAS EVALUACIONES periódicas, al Señor JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO, por ende, no se acreditaron. Es importante aclarar que en el Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, no establece que dicha causal deba de ser acreditada con evaluaciones periódicas a sus servidores, y ésta es una causal que intrínsecamente está relacionado con la causal de incumplimiento y violación grave y reiterada de algunas de las obligaciones o prohibiciones o conflicto de intereses establecida en la Ley y el reglamento normativo, es decir que una persona que comete faltas graves y de forma reiterada o que incumple sus obligaciones y prohibiciones, es una persona que no es hábil para desempeñar un determinado cargo, es por ello que ambas faltas se encuentran acreditadas en juicio. Además de lo anterior la justa causa de despido ya era cosa juzgada por la jurisdicción del trabajo tal como se acredito en juicio y, no obstante, el A-quo como el Ad-Quem erróneamente lo han estimado como no vinculante. 5) En relación al Oficio No. DEI-RR/HH-244/2015, indica el Abogado Cristian Erazo Delgado, Coordinador técnico del departamento de Recursos Humanos que la sanción de suspensión de trabajo cinco, ocho y quince días a otros miembros del sindicato por el mismo hecho y la misma fecha 06 de enero de 2014, no hubo proporcionalidad en el despido, un exceso de poder se comprende la alteración de los hechos, la contradicción no justificada del acto con otro anteriormente dictado, desproporcional vicio el acto impugnado lo que se evidencia la infracción al ordenamiento jurídico por haber prescindido el procedimiento establecido en la ley vigente, la redacción de este apartado por parte del AD-QUEM no es comprensible, puesto que habla de desproporcionalidad en el despido, exceso de poder que comprende alteración de hechos, contradicción no justificada del acto con otro anteriormente dictado, desproporcional vicio, pero en este caso, de la lectura de dicho oficio la respuesta fue contundente al manifestar que las faltas que se les imputaron a los señores descritos en dicho oficio, fueron los mismos que se le imputaron al Señor Jorge Alberto Argueta Romero, pero que estos fueron únicamente por el día viernes 03 de enero de 2014, a diferencia que al Señor Argueta Romero se le imputaron por los dos días el día viernes 03 y lunes 06 de enero de 2014. En tal sentido, el argumento utilizado en la sentencia de mérito, no está de acuerdo con la información contenida en dicho oficio. En virtud de lo anterior la sentencia emitida por el Ad Quem, carece de los requisitos establecidos en el Artículo 200 numeral 2, literal c), 206 numeral 1 y 208 numeral 1.”.- II.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) alega la infracción directa, la cual no se encuentra comprendida dentro de las causales del extraordinario recurso de casación en esta materia; b) al exponer la explicación del motivo, insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual se encuentra vedado conforme lo establecido en la artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza extensos alegatos propios de instancia.- III.- Que en un segundo motivo se aduce: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa porque el tribunal Ad Quem INTERPRETÓ de forma incorrecta el contenido del Artículo 91 numeral 2 y 6, y 93 del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 7 de marzo de 2012, PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 2, del Código Procesal Civil. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La disposición legal contenida Artículo 91 numerales 2 y 6 del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 7 de marzo de 2012. Establecelosiguiente: Artículo 91 “Los empleados y funcionarios de la DEI, podrán ser despedidos de sus puestos sin ninguna responsabilidad para la Institución, por cualquiera de las siguientes casusas... 2) Por incumplimiento o violación grave y reiterada de algunas de las Obligaciones o, prohibiciones...; 6) Por inhabilidad e Ineficiencia manifiesta en el desempeño de su cargo, legalmente comprobada”. Artículo 93. “Para efectos de aplicación de las sanciones a que se refieren el Artículo Anterior, la Dirección de Recursos Humanos deberá de citar por escrito al funcionario o empleado notificándole los hechos que se le imputan (lo resaltado es nuestro) que de resultar no desvirtuados o de suficiente merito, darían lugar a la aplicación de una sanción o al despido efectivos en fecha determinada. El citatorio deberá contener el lugar, la fecha, y hora en que se celebrará la audiencia, para escuchar los descargos que el empleado tenga y las pruebas que pueda adoptar. Se respetará en todo caso la presunción de inocencia o de no existencia de responsabilidad administrativa, en tanto no se demuestre lo contra rio”. En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, el Ad Quem, confirma la sentencia emitida por el A-quo, condenando al Estado de Honduras, por actuaciones de la Suprimida y Liquidada Dirección Ejecutiva de Ingresos, al Reintegro al demandante en el cargo de Motorista en la anterior denominada Dirección Ejecutiva de Ingresos ahora Servicio de Administración de Rentas (SAR), aplicando la norma pertinente, pero interpretada de forma errónea, la norma aplicada pero mal interpretada es el Artículo 91 numerales 2 y 6, y el Artículo 93 del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 7 de marzo de 2012. Se considera que dicha sentencia contiene interpretación indebida, ya que tanto el AQuo como el Ad-Quem establecen que la causal de despido invocada en el Acuerdo de Despido no fue legalmente comprobada. El Ad-quem en su fundamento de Derecho No. NUEVE (9) establece lo siguiente: “...los cargos que se le imputaron se le aplicó el derecho a la defensa solamente fue por causa de ausencia laboral de fecha día seis (6) de enero del año dos mil catorce (2014), hecho que no concuerda con el acuerdo de cancelación por despido ya que el incumplimiento debe ser reiterado y grave, también se menciona el hecho del viernes tres (3) de enero de dos mil catorce (2014) del cual no se le dio derecho a la defensa, por ende no fue probado tal extremo, al citarse para audiencia de descargo solo para la causa de faltar a su trabajo el 6 de enero de 2014. La causa de inhabilidad e ineficiencia del cargo no fue un hecho controvertido, en la audiencia de descargo momento garante constitucionalmente para el demandado para desvanecer tos cargos, así como no violentar el Derecho a la defensa y el debido proceso. La causa de inhabilidad manifiesta en el desempeño de su cargo, se determina mediante las evaluaciones periódicas, para medir la calidad del servicio determinar el grado de eficiencia y eficacia del servidor público que lleva acabo sus funciones para dar cumplimiento a su responsabilidad laboral, EXTREMO QUE NO SE PROBÓ AL NO CONSTAR LAS EVALUACIONES periódicas, al Señor JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO, por ende, no se acreditaron.... En este caso Honorables Magistrados, la cedula de citación establece lo siguiente: Que los cargos que se le imputaron al demandante consistieron en: 1.- Por hacer disminuido intencionalmente sus servicios habiendo suspendido injustificadamente sus labores. 2.- Promover suspensiones intempestivas al personal de la DEI. 3.- No acatar la Instrucción girada mediante Circular RRHH-002-2014, el día lunes 06 de enero de 2014. Lo anterior sucedido los días viernes 03 y lunes 06 de enero del presente año en un horario de 9:30 am a 12:00 meridiano…”. Obsérvese que la cedula de citación contiene los requisitos establecidos en el Artículo 93 del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera. Ya que dicho Artículo lo que establece es que se le deben de notificar los hechos, y efectivamente la Autoridad Nominadora delegada lo que hizo fue notificarle los hechos que llevaron al demandante a cometer la falta que se encuentra estipulada en el Artículo en el Artículo 91 numeral 2 del supra citado régimen, por haber incumplido gravemente la prohibición establecida en el Artículo 79 numeral 4 y 6 del tantas veces referido régimen. En virtud que la facultad que le otorga la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo al A quo como al Ad Quem, es revisar que la Administración Pública haya emitido el acto administrativo conforme a derecho, y en el caso de autos, mi representada sí dictó el acto Administrativo conforme a Derecho, pues dio cumplimiento a todos los preceptos establecidos en la Ley para tal efecto, es decir que en este caso la facultad de ambas Instancias era revisar si el procedimiento disciplinario se llevó acabo en legal y debida forma, revisando plazos, procedimiento, y si las causales imputadas tanto en el proceso disciplinario así como en la demanda en la que se solicitó la autorización para el despido eran las mismas que se relacionaron en el acuerdo de despido, situación que se dejó de observar pues tanto el A quo como el Ad Quem, lo que hicieron fue valorar faltas que ya habían sido valoradas en la Jurisdicción Laboral cuando se otorgó la autorización para despedir al demandante una vez que se había probado la justa causa, situación que adquirió el carácter de firme y paso a ser cosa juzgada, por lo que, solo procedía su ejecución. En relación a lo que motiva el Ad Quem, en su fundamento de Derecho número noveno (9) en relación a las causales de despido de Inhabilidad e Ineficiencia en el desempeño de su cargo, que a criterio del Ad Quem dichas situaciones no fueron legalmente comprobadas. En este caso cabe mencionar que al cometer una falta grave y reiterada misma que fue legalmente comprobada con el procedimiento disciplinario llevado a cabo, la inhabilidad e ineficiencia son causales intrínsecamente relacionadas, y que los hechos que originaron la falta fueron acreditados desde el momento de la citación a audiencia de descargo hasta el momento en que se al demandante se le notificó su acuerdo de despido, por lo tanto, no hubo infracción al ordenamiento jurídico aplicable al caso concreto. Por lo antes relacionado el Ad Quem, interpretó de forma incorrecta el contenido del Artículo 91 numeral 2 y 6, y 93 del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 7 de marzo de 2012.”.- IV.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) al igual que en la causal anterior plantea la “infracción directa”, que no aparece comprendida en las causales del Recurso contenidas en el artículo 719 del Código Procesal Civil; b) al exponer la explicación del motivo, insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual se encuentra vedado conforme lo establecido en la artículo 720 numeral 1) del referido Código; y, c) realiza extensos alegatos propios de instancia.- V.- Que en un tercer motivo la Impetrante expresa: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa porque el tribunal Ad Quem INTERPRETÓ de forma incorrecta el contenido del Artículo 45 y 124-C de la Ley General de la Administración Pública, reformada mediante (Decreto 266-2013) contentiva de la Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios de la ciudadanía y el fortalecimiento de la Transparencia en el gobierno. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 2, del Código Procesal Civil. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La disposición legal contenida 45 y 124-C de la Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios de la ciudadanía y el fortalecimiento de la Transparencia en el gobierno. (Decreto 266-2013), establece lo siguiente: Artículo 45 “Los órganos o entidades desconcentradas se crearan, modificaran, fusionaran o suprimirán mediante Decreto del presidente de la República en consejo de secretarios de Estado y sus titulares responderán de su gestión antelo dependencia de la Administración centralizada de la que dependan” Artículo 124-C “Los empleados o servidores que ostenten acuerdos ejecutivos de nombramiento de las dependencias del Poder Ejecutivo que en aplicación de esta Ley se fusionen, escindan o supriman conservaran su antigüedad y derechos adquiridos que de conformidad a la ley y continuaran prestando sus servicios en la dependencia que se les notifique y que corresponda de conformidad a la reorganización Administrativa que se ejecute, en el caso de los empleados por contrato los mismos deberán sujetarse al plazo y a las condiciones contractuales convenidas entre las partes. En relación a lo dispuesto mediante este Artículo lo no previsto o para incluso modificar, variar o ampliar lo aquí dispuesto, deberá ser resuelto o decidido mediante Decreto Ejecutivo, por el Presidente de la República por sí o por medio del Consejo de secretarios de Estado. Lo resaltado es nuestro para captar la atención del lector. Es decir que si el presidente de la República en sus facultades de Emitir Acuerdos, Decretos, Reglamentos y Resoluciones conforme a la ley, según lo establecido en el Artículo 245 numeral 11) de la Constitución de la República; en el Decreto Ejecutivo PCM- 083-2015, de fecha 25 de noviembre de 2015 y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 10 de febrero del año 2016, decidió modificar, variar y ampliar, lo establecido en el primer párrafo del Artículo 124 C, de la Ley General de la Administración Pública, ya que según el supra mencionado Decreto, en su Artículo 1, ordenó no solo la Supresión de la DEI, sino también su liquidación, entiéndase por liquidación el pago de todo el pasivo laboral, en tal sentido en el Artículo 5 y 6 de dicho Decreto encontramos, que se ordenó el pago de todos los Derechos Laborales conforme a la Ley de todos los empleados que formaban parte de la extinta DEI, entiéndase que también todos aquellos empleados que tenía demandada a la Institución. Y tomando la supletoriedad de las normas, el Código del Trabajo en el Artículo 111 numeral 9, establece que es una causa de terminación del contrato de Trabajo (en este caso el acuerdo de nombramiento) la Liquidación o clausura definitiva del establecimiento, situación que sucedió en el caso de la Supresión y Liquidación de la DEI, en consecuencia, la DEI fue liquidada por ende como patrono no existe, y al no existir la Institución la pretensión del demandante que en este caso es el Reintegro, es materialmente imposible, además de ello que no le asiste el Derecho al Reintegro puesto que fue despedido con Justa causa. Honorables Magistrados no obstante a que, en el presente caso, esta representación puso en conocimiento al A-QUO como al AD-QUEM, la imposibilidad de reintegrar a ex empleados de DEI a SAR, este Juzgado insiste en que la extinta DEI ahora se denomina Servicio de Administración de Rentas (SAR), y ha emitido sentencia inobservando lo establecido en los Artículos 45 y 124 C de la Ley General de la Administración Pública puesto que no se ha tomado en consideración lo siguiente: 1) Mediante Decreto Ejecutivo PCM 083-2015, de fecha 25 de noviembre del año dos mil quince y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 10 de febrero de 2016 se ordenó suprimir y Liquidar la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), en la que se reconoció a sus empleados y funcionarios el pago de las Prestaciones Laborales de conformidad a la Ley, y para tal efecto creo la Comisión Liquidadora SEFIN-DEI, quien fue la responsable de hacer las gestiones correspondientes y llevar con buen suceso el proceso de Liquidación de la referida Institución. 2) Mediante Decreto Legislativo 170-2016, de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” contentivo del Código Tributario, específicamente en el Artículo 195, crea la Administración Tributaria, la que posteriormente el presidente de la República la denominó Servicio de Administración de Rentas (SAR). Que en vista de que en el presente caso tanto el AQUO como el AD-QUEM están condenando al Servicio de Administración de Rentas (SAR) a reintegrar al demandante al puesto de Motorista, cuando para esta última se le es materialmente imposible puesto que es una Institución de reciente creación, misma que NO emitió el acto administrativo impugnado, y a quien corresponde en todo caso es a la Institución que por Ley le han otorgado dicha facultad es decir a la Secretaria de Finanzas por medio de la Comisión Liquidadora de la DEI. En tal sentido se solicita que la sentencia de segunda Instancia sea revocada por no asistirle el Derecho al demandante y por condenar a una Institución que no emitió el acto Administrativo impugnado.”.- VI.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) al igual que en los dos motivos anteriores expone una forma de violar la ley, “infracción directa”, que no aparece comprendida como causal del recurso; b) en la explicación del motivo insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- VII.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- VIII.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar.- Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta días del mes de enero del dos mil veinte; certificación de la resolución de fecha cinco de diciembre del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 389-19.Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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