Sentencia CA-354-18 — Registro 8492
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción promovida por el demandante , por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en las resoluciones por medio del cual se le despide se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que analizado el cargo que antecede, se desprende que el mismo resulta inadmisible, dado que el Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) en su formulación invoca la falta de aplicación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales, cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión y cita como infringidos los artículos 317 de la Constitución de la República, 3 letra e) y 63 reformado de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, sin embargo en su explicación aduce “Se Impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, Articulo 51 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, confrontado con los Artículos 3 letra e) y 63 reformado de la misma Ley en relación directa con el Articulo 317 de la Constitución de la República reformado en su parrado último…”, lo cual vuelve confuso el concepto de la infracción, ya que alega dos causales de casación diferentes; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, tal como lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y cita normativa no señalada como infringida o relacionada en su formulación, tal es el caso de los artículos 51 y 66 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial y 40 literal b) de la Ley de Procedimiento Administrativo.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala a la Censora del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cinco días del mes de febrero de dos mil diecinueve, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representada en juicio por la Abogada ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA, y, Recurrido: el señor ELOY EDERIO FLORES PALOS, representada en juicio por el Abogado SANTIAGO FLORES ROSALES.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial en materia de personal para la nulidad de un acto administrativo particular, quebrantamiento de formalidades esenciales, exceso y desviación de poder, que se reconozca la situación jurídico individualizada por la cancelación ilegal, y como medida para el pleno restablecimiento de los derechos, ordenar el reintegro al trabajo, el pago de los salarios dejados de percibir, vacaciones, décimo cuarto mes, décimo tercer mes y demás beneficios colaterales que se generen, se alega prescripción de la acción de parte de la autoridad nominadora para imponer la medida disciplinaria de despido, costa del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor ELOY EDERIO FLORES PALOS, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones del PODER JUDICIAL, a través del CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción, que mediante la acción de la Dirección de Administración de Personal No. 145-2005, fue nombrado en cargo de Juez de Paz I, en el Juzgado de Paz del Municipio de Villeda Morales, Departamento de Gracias a Dios; desempeñó su cargo desde el 04 de mayo del año 2005, hasta el 26 de febrero del 2014, fecha que fue publicado en el diario El Heraldo, la suspensión provisional del cargo de Juez de Paz, sin goce de salario por un período de 90 días; argumentó que desempeñó las labores sin problema alguno desde el 04 de mayo del 2005 hasta el 19 de abril del 2010, fecha en que presentó un informe al Alcalde Municipal del Municipio de Villeda Morales, haciendo referencia de la detención ilegal contra un ciudadano de nombre Roly Vicente Samuel, por los señores Constantino Henly Campo, Alcalde Auxiliar propietario y después Comisionado Municipal y Augusto Banegas Robinson en su condición de Juez de Policía Municipal, ambos del mismo Municipio de Villeda Morales, desde entonces comenzaron los conflictos y confrontaciones entre Juez de Policía, Auxiliar y Juez de Paz, por asuntos de competencia y funciones, conflicto que siguió hasta marzo del 2014 cuando fueron removidos de sus cargos; que la primera denuncia en su contra fue el 20 de diciembre del 2011, en un cabildo abierto en la cual el Auxiliar el señor Ceferino Pravia Pérez, en nombre de los Alcaldes Auxiliares del Municipio de Villeda Morales, pidió la destitución a partir del 2012 y al no haber respuesta a tal petición, continuaron denunciándolo en su contra durante diferentes fechas en el mismo año 2012; y el último fue el 11 de abril mediante una acta sin firma y agregado un listado de participantes de otro evento que se dio en ese mismo lugar y fecha, para organizar los consejos comunales del Consejo Territoriales WATIASTA, cuya memoria se encuentra en la oficina de MOPAWI; que todos los actos administrativos no están conforme a derecho, porque la primera y última denuncia en su contra, hasta la fecha de la imposición de la primera sanción administrativa de suspensión provisional transcurrieron más de seis (6) meses que manda la Ley del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, específicamente el artículo 66, para imponer sanciones administrativas; en este caso ya estaba prescrito la acción administrativa de imponerme la sanción de suspensión provisional; que los hechos ocurrieron entre 2011 y 2013 y la norma con la cual le imponen la sanción es conforme el Reglamento del Régimen Disciplinario aprobado en fecha 29 de octubre del 2013; en esta caso aplicaron retroactivamente el reglamento contra los supuesto hechos en referencia; y que la resolución de la suspensión provisional que nunca fue notificado, sino que se enteró por otros medios por cuenta propia; alegó que todos los actos de la autoridad nominadora descrito son violatorio al principio del Debido Proceso y Defensa; que el 26 de febrero del 2014, apareció la publicación en el diario El Heraldo, de la suspensión que se dio por motivo de conductas impropias al interior de los juzgados, ausentismo laboral, incumplimiento en los deberes del cargo; asimismo argumentó que mediante resolución dictada en el expediente Disciplinario No. 16-CJYCJ-2013-RPD, de fecha 09 de abril del 2014, que en la parte RESOLUTIVA, la autoridad nominadora resolvió declarar la responsabilidad administrativa y la imposición de la sanción disciplinaria de destitución de su cargo, por motivo de conductas impropias al interior de los juzgados, ausentismo laboral, incumplimiento en los deberes del cargo; y que se ausentaba de su trabajo cuando sale a cobrar sus salarios mensuales, cuando le toca realizar inspecciones de campo dentro y fuera de la sede de Juzgado, cuando le toca viajar para capacitaciones dentro y fuera del Departamento, por vacaciones, presentar informes ante la autoridad superior y para atender asuntos de salud familiar, circunstancias que los miembros de las comunidades no comprenden; que dichas imputaciones no fueron probados; además manifestó que de la resolución recurrió en Recurso de Reposición en fecha 28 de mayo del 2014 y resuelto en fecha 04 de junio del 2014, mismo que fue notificado el 16 de junio del 2014, resolución que es violatorio a las normas de la Ley del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial; también hizo referencia a que es originario del pueblo indígena Misquito de Honduras y sus labores las ha desempeñado en comunidades y población totalmente indígena, condición que le ampara las normas contenidas en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (1989), especialmente los artículos 1, 2, 5 Y 20, que su aplicación debe observarse los mandatos de los artículos 15, 16 y 18 de la Constitución de la República.- 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante fue denunciado en las varias ocasiones, resumiéndolo así: 1) En fecha 30 de enero del 2012 por los pobladores de la comunidad de Usibila, Municipio de Villeda Morales, Departamento de Gracias a Dios, registrada bajo el número 0801-2012-00207 aduciendo los denunciantes que las denuncias presentadas en este Juzgado todos han quedado en la impunidad y que no se les da el proceso correspondiente por lo que solicitan su destitución como Juez, solicitud firmada por 25 personas); 2) Que en fecha 21 de febrero del 2012 por los Alcaldes Auxiliares de las 15 comunidades del Municipio de Villeda Morales, Departamento de Gracias a Dios, registrada bajo el 0801-2012-00208 aduciendo los denunciantes que no quieren al Abogado Eloy Flores como Juez de Paz por supuestos actos de corrupción. (Solicitud firmada por 15 personas). 3) En fecha 19 de febrero 2012 por los habitantes de la comunidad de Mangotara del Municipio de Villeda Morales, Departamento de Gracias a Dios, registrada bajo el número 0801-2012-00209 aduciendo los denunciantes la irresponsabilidad del Juez de Paz, ya que se ausenta de su trabajo en días laborables por lo que solicitaron su remoción del cargo de Juez de Paz, (Solicitud firmada por 20 personas) y 4) En fecha 19 de febrero 2012 por los líderes y el pueblo de la comunidad de Kruta del Municipio de Villeda Morales, Departamento de Gracias a Dios, registrada bajo el número 0801-2012-00210 aduciendo los denunciantes la irresponsabilidad del Juez de Paz, ya que no resuelve los asuntos a su cargo por lo que solicitaron su destitución del cargo de Juez de Paz. (Solicitud firmada por 52 personas); de lo anterior se desprende que el demandante está consciente de las denuncias en su contra y de la cantidad de personas que fue un total de 112 personas de las diferentes comunidades que solicitaron la destitución, por las mismas causas como ser que ingería bebidas alcohólicas, que no se presentaba a trabajar en horarios de oficina, y también por supuestos actos de corrupción entre otros; que el demandante argumenta la prescripción, lo cual se rechaza en su totalidad, puesto que al alegar el demandante la prescripción contenida en el Artículo 66 de la Ley del Consejo de la Judicatura, en el presente caso no es aplicable la prescripción porque no costa en el expediente disciplinario que el demandante en el momento haya presentado escrito solicitando la prescripción, adicional a lo anterior está el hecho que la prescripción se interrumpe desde la fecha de iniciación del correspondiente expediente disciplinario y consta que el ahora demandante fue citado en legal y debida forma para que compareciera audiencia de descargo ante la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial, compareciendo a las mismas y firmando conforme sin alegar en ningún momento la prescripción, dando así por válida y consentida la misma; y tomando el tiempo transcurrido desde la fecha de la denuncia hasta la fecha en que se notificó de la resolución de su cancelación, lo cual es errado porque entre cada una de las actuaciones realizadas hasta llegar a emitir la resolución de cancelación por el Concejo de la Judicatura no transcurrieron más de seis meses; que a las denuncias se les originó un proceso investigativo que ameritó una suspensión, por tanto la suspensión que está conforme a derecho por estar comprendida dentro de la norma que rige dicha ley sin que esta suspensión constituya una sanción, el Consejo de la Judicatura actuó conforme lo establecido en el artículo 53 literal e) de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, ya que la suspensión de funcionarios y empleados judiciales puede acordarse de manera provisional o definitiva, considerándose la primera como una medida esencialmente preventiva y temporal; la imposición de la medida de suspensión provisional no constituye una sanción anticipada en contra del funcionario o empleado judicial inquirido y tampoco representa una ruptura de la presunción de inocencia que constitucionalmente le ampara, ni la vulneración de sus derechos fundamentales defensa y al debido proceso, ya que al momento de su adopción no se determina que el servidor judicial cuestionado sea disciplinariamente responsable, pudiendo perfectamente intervenir en el procedimiento para desvirtuar los cargos que se hacen en su contra, suspensión que se hizo con la intención de que el denunciado no entorpezca las investigaciones de los hechos denunciados en su contra y en este caso se formularon al demandante cinco (5) denuncias, por lo que en aplicación del artículo anterior se resolvió la suspensión en forma provisional sin que ésta suspensión constituya una sanción contra el demandante, todo lo cual es una medida que se adopta apegado a Ley para no entorpecer el desarrollo del proceso que se dio como consecuencia de las denuncias, por lo que de no haber sido ciertas las denuncias realizadas al demandante hubiese sido reintegrado a sus funciones con todos sus derechos sin embargo las mismas resultaron procedentes y la sanción de despido es consecuencia del resultado de la investigación; en virtud de las denuncias incoadas en su contra y las cuales generaron un proceso investigativo, mencionó que un total 112 personas de las comunidades de Usibila, Mangotara y Kruta, así como el Alcalde Municipal de Villeda Morales denunciaron las irregularidades que presenciaban tales como, que las denuncias presentadas quedaban en la impunidad ya que los casos son arreglados bajo la mesa, que no se han detenido las personas por muertes, accidentes con armas de fuego, robo, violaciones, y otros delitos; que el Juez era inoperante e irresponsable, se ausentaba de sus labores, la oficina pasaba cerrada por lo que la población no era atendida por el Juez a pesar de viajar hasta dos semanas y que favorecía a los adinerados sin tomar en cuenta a los pobres, y que de las declaraciones tomadas se logró comprobar mediante el testimonio de los señores Javier Calderón Padilla quien funge como Alcalde Municipal de Villeda Morales, el señor Constantino Ocampo Comisionado Municipal de Transparencia y Francisca Martínez, Registradora Municipal, que el Juez de paz, en varias ocasiones, fechas no determinadas y en horas laborables en los pasillos donde funciona el Juzgado de Paz practica juegos de azar (naipes), en compañía de ciudadanos de Raya, así como la ingesta de bebidas alcohólicas junto con otros ciudadanos, de todo lo anterior se desprende que la recomendación adoptada por la Administración de Personal del Poder Judicial se basó a las pruebas presentadas como ser el informe de Inspectoría de Tribunales y la Audiencia de descargos la que arrojó como recomendación el despido del cargo de Juez de Paz del Municipio de Villeda Morales del Abogado Eloy Flores; y que por otra parte consta en el expediente disciplinario que sí se siguió el procedimiento establecido para lo cual se le respetó los principios que informan el debido proceso, salvaguardando los principios legalidad, de defensa, de audiencia y contradicción, se llevaron a cabo las audiencias y una vez discutido el Informe del Inspector General de Tribunales del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura resolvió suspender de forma provisional al demandante por las denuncias existentes en su contra, por lo que el despido es totalmente legal de por haberse encontrado responsabilidad en el desempeño de sus funciones como Juez de Paz del Municipio de Villeda Morales; adicional a lo antes expuesto viene a ratificar lo alegado en este hecho que al demandante se le formularon en la audiencia de descargo las siguientes preguntas: SE LE PREGUNTA: ¿ESTA DEBIDAMENTE ENTERADO DE LO QUE VIENE A DECLARAR? CONTESTA: “SI” de lo anterior se puede observar que el demandante no manifestó absolutamente nada en contra del procedimiento por lo que estuvo de acuerdo con el mismo, lo que pone de manifiesto la realización de un procedimiento con total observancia en lo dispuesto en el artículo 62 párrafo primero de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial; asimismo mencionó que el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial emite la Resolución de acuerdo a la recomendación realizada por Inspectoría de Tribunales y Administración de Personal.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 24 de noviembre del 2017, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: PARTE DISPOSITIVA: PRIMERO: Declarar Procedente la acción promovida por el demandante ELOY EDERIO FLORES PALOS, contra el Estado de honduras a través del CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL, del PODER JUDICIAL, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en las resoluciones de fecha 4 de junio del año 2014, por medio del cual se despide al demandante. SEGUNDO: Anular las resoluciones de fecha 9 de abril y 4 de junio ambas del año 2014 emitidas por el CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL, DEL PODER JUDICIAL. TERCERO: Reconocer la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se ordena el reintegro a su cargo como juez de Paz del Municipio de Villeda Morales, departamento de Gracias a Dios, o a otro de igual o mejor categoría y como indemnización el pago a favor del demandante de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que sea reintegrada a su puesto de trabajo más los beneficios obtenidos en su ausencia…”, sin costas; bajo el criterio que la falta que se imputo al demandante se extinguió por el lapso del tiempo transcurrido, es decir prescribió la acción para que el mismo fuera sancionado, en virtud de ello se estima por las razones expuestas que el acto administrativo impugnado y por medio del cual se canceló a la parte demandante, infringe el ordenamiento jurídico, por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido en la ley por lo que se debe declarar la nulidad del acto, por no estar dictado conforme a derecho.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 23 de abril del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que las denuncias número 0801-2012-207,0801-2012-208,0801- 2012-209,0801-2012-210 conociendo la Inspectoría de Tribunales en fecha 22 de noviembre del 2012, imponiendo la sanción de despido por faltas graves hasta el 23 de mayo del 2014, habiendo transcurrido más de los 6 meses que establece el artículo 66 de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial para imponer válidamente la sanción de despido al servidor judicial; que en conclusión el acto administrativo impugnado, que ha sido declarado ilegal y consecuentemente NULO disminuye, restringe y transgrede Derechos Constitucionales, como ser el Derecho al Trabajo y a la estabilidad laboral, además de haber sido abiertamente emitido en franca violación al Principio de Legalidad y a normas de rango Constitucional (reserva de ley); por las consideraciones de hechos y de derecho que anteceden, procede confirmar la sentencia que se conoce en apelación por estar emitida conforme a ley.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada ADA GRICELDA MONTOYA GUEVARA, en fecha 29 de mayo del 2018, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 23 de abril del 2018, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.012-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.00319-2014 del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 31 de mayo del 2018, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado SANTIAGO FLORES ROSALES, presentó en fecha 19 de junio del 2018, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 22 de junio del 2018, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas 07 de julio y 3 de agosto del 2018, los Abogados SANTIAGO FLORES ROSALES, y ADA GRICELDA MONTOYA GUEVARA, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 04 de septiembre del 2018, teniendo por personados a los Abogados SANTIAGO FLORES ROSALES, como recurrente, y ADA GRICELDA MONTOYA GUEVARA, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su primer y único motivo, manifestando lo siguiente:“Infracción por falta de Aplicación de las normas Procesales que regulan los actos y garantías procesales, cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, propiamente de los artículos 317 de la Constitución de la República, 3 letra e) y 63 reformado de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 719.1 literal b) del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE INFRACCIÓN: Se Impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, Articulo 51 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, confrontado con los Artículos 3 letra e) y 63 reformado de la misma Ley en relación directa con el Articulo 317 de la Constitución de la República reformado en su parrado último, normas de derecho referidas en el fundamento de derecho segundo y cuarto (2 y 4, los fundamentos de derecho en la sentencia están mal numerados prueba de ello es que se consignaron dos fundamentos cuatro y dos fundamentos cinco) utilizadas por el Ad-Quem en las que baso su sentencia, lo cual se lee así: - Que el fundamento de derecho CUARTO (4) manifiesta que: “La Ley del Consejo de la contenida en el Decreto 219-2011 publicada en el diario oficial la Gaceta en fecha 28 de diciembre del 2011 y vigente 20 días después de su publicación preceptuaba que tenía por objeto regular el ámbito de competencia, organización, alcances y atribuciones del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial y todo lo atinente al sistema de la carrera judicial; carrera judicial que tenía como finalidad, entre otros, la estabilidad e inamovilidad de los servidores judiciales, por lo que no podrán ser trasladados, cesados, separados ni suspendidos del cargo para el que hayan sido nombrados, sino por las causas y mediante los procedimientos y con los recursos establecidos en la ley. Todo lo anteriormente manifestado en la sentencia de fecha veintitrés (23) de abril del dos mil dieciocho (2018), emitida por la Juzgadora Ad-Quem se rechaza ya que conforme la Constitución de la República, Ley de Procedimiento Administrativo y Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial se le otorga al Consejo la facultad de emitir reglamentos y manuales necesarios para el funcionamiento de sus órganos, por tanto sí fue procedente y apegada a derecho la emisión de la Circular No 5 del año 2013, puesto que la emisión de dicha circular enmarca el mandato que la Constitución y las Leyes otorga para este cometido. La Constitución de la República en su Artículo 317 último párrafo, en relación con el Articulo 51, 3 letra e) de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, tiene la facultad de Ejercer el régimen disciplinario de los miembros de la carrera judicial y de los demás funcionarios y auxiliares jurisdiccionales, personal administrativo y técnico, además tiene las siguientes atribuciones: c) Nombrar y remover a Magistrados de Cortes de Apelaciones y Jueces, así como a los demás funcionarios y auxiliares jurisdiccionales. .1) Elaborar y aprobar reglamentos que sean necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, así como los instructivos para su implementación” k) las demás que le confieran la Constitución y leyes aplicables y cualquier otra, complementaria o análoga que se estime como necesaria para el correcto desempeño de sus obligaciones”. El Artículo 317 Reformado de la Constitución de la República, de cuyo texto se extrae de forma determinante que “los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados, descendidos ni jubilados sino por las causas y garantías previstas en la ley norma constitucional que es congruente con lo dispuesto en el Artículo 63 reformado de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, que dice: “Las Infracciones que generan responsabilidad en el desempeño del cargo de los empleados y funcionarios serán sancionados con la medida disciplinaria que corresponda a la gravedad de la misma y que tenga por objeto la enmienda del servidor judicial, sin perjuicio de la responsabilidad civil que corresponda para garantizar el buen servicio y el correcto desempeño en el ejercicio de su cargo por lo que, se establecen las siguientes medidas a) amonestación privada, verbal o escrita, b) Multa, c) Suspensión del cargo sin goce de sueldo, d) descenso a un cargo de dase o grado inferior, e) traslado y f) despido . . .”; clasificación que el Consejo tuvo a bien aplicar en cuanto a la ocurrencia de las mismas, establecer dicho catalogo publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 33,359 de fecha 19 de febrero del 2014, el cual es aplicable por las razones antes expuestas al asunto sometido ante el Consejo de la Judicatura por la responsabilidad estimada por Inspectoría de Tribunales en contra del demandante. (Las negritas y el subrayado son nuestros). Por otro lado y siempre relacionado al caso, el Artículo 40 literal b) de la Ley de Procedimiento Administrativo nos dice: “Los órganos de la Administración Pública, no podrán mediante actos de carácter general: a)..b) Regular, salvo autorización expresa de una ley (en este caso la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial), materias que sean de la exclusiva competencia del poder legislativo” (las negritas, subrayado y contenido de los paréntesis son nuestros). - En cuanto al fundamento de derecho QUINTO (5) de la sentencia recurrida de fecha veintitrés (23) de abril del dos mil dieciocho (2018) en la alegada Prescripción siendo que” para imponer una sanción disciplinaria caduca pasados seis (6) meses si se trata de infracciones graves contados a partir desde el día siguiente a la fecha en que se tenga noticia de la comisión de alguna de las infracciones previstas en el respectivo reglamento, tanto en el Consejo de la Judicatura como el Inspector General de Tribunales; en el caso que nos ocupa, las denuncias número 0801-2012-207, 0801-2012-208, 0801-2012-209, 0801-2012-210 conociendo la Inspectoría de Tribunales en fecha 22 de noviembre 2017, imponiendo la sanción de despido por faltas graves hasta el veintitrés de mayo del 2014, habiendo transcurrido más de los seis meses que establece el artículo 66 de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial para imponer válidamente la sanción de despido al servidor judicial”. “LA PRESCRIPCIÓN SE INTERRUMPIRÁ DESDE LA FECHA DE INICIACIÓN DEL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO, SIN EMBARGO, SE REANUDARA SI DICHO EXPEDIENTE PERMANECE PARALIZADO DURANTE SEIS (6) MESES POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL JUEZ O MAGISTRADO SUJETO A AQUEL.”, que con los conocimientos legales que tiene el Funcionario Judicial destituido por las denuncias en su contra, el mismo tenía que solicitar por escrito la PRESCRIPCIÓN DE LAS DENUNCIAS, al momento de haberse cumplido los términos señalados en dicho artículo 66 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, porque la tan alegada prescripción no opera de oficio, ya que él tenía conocimiento de las denuncias incoadas en su contra en la Inspectoría General de Juzgados y Tribunales, por lo que al ser citado para evacuar audiencias de descargo se INTERRUMPIÓ LA PRESCRIPCIÓN, que alega la parte demandante; Honorables Magistrados la Destitución del Juez de Paz del Municipio de Villeda Morales del Departamento de Gracias a Dios del señor FLORES PALOS, es procedente, por lo anterior y brevemente explicado, en virtud que no obra en ninguna parte del expediente administrativo que se haya solicitado dicha prescripción en alguna de las denuncias contra el demandante. A manera de un agregado, alega el demandante la prescripción contenida en el artículo 66 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial en este caso no es aplicable por la simple y sencilla razón de que no consta en el expediente disciplinario que el demandante en su momento haya presentado escrito solicitando la prescripción, adicional a lo anterior está el hecho que la prescripción se interrumpe desde la fecha de iniciación del correspondiente expediente disciplinario, consta que el demandante fue citado en legal y debida forma para que compareciera a las audiencias de descargo ante la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial compareciendo a las mismas y firmando conforme sin alegar en ningún momento de las audiencias de descargo la referida prescripción, dando por válidas y consentidas las mismas. POR LO QUE LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ES VALIDA y fue dictada conforme a derecho. El Ad-quem en la parte dispositiva de la sentencia recurrida manifiesta literalmente: “POR TANTO: Esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS, siendo ponente la Magistrada DAYANI IVETTE BOCANEGRA PADILLA y en aplicación de los artículos 303,304,305,317 y 32 de la Constitución de la República, 1, 2 letra a), 7 letra b), 9, 35,89, 129 letra c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 24, 34,40 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 51, 66, 70 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 8, 8.1, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 1, 11, y 137 de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; 22, 193, 195, 200, 273.1, 280.1, 479 numeral 1, 713 del Código Procesal Civil; FALLA PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA, actuando en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS a través del CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL.- SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia Definitiva de fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central y que corre a folio numero trescientos noventa y uno (F-391) al folio numero trescientos noventa y nueve (399) de la pieza principal de autos.. Y MANDA: Que luego que se notifique en legal y debida forma esta sentencia se comunique al Juzgado de su procedencia por medio de la certificación respectiva, a efecto de que proceda de conformidad con lo resuelto.- SIN COSTAS porque a juicio del Tribunal existen motivos bastantes para litigar. Hasta esta fecha se resuelve por exceso de actividad jurisdiccional.- NOTIFÍQUESE.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo confirmo la sentencia impugnada en fecha veintitrés (23) de abril del dos mil dieciocho (2018), fallo apelado proferido por el A-quo, en fecha veinticuatro (24) de noviembre del dos mil diecisiete (2017), por lo que hace suyos todos y cada uno de sus fundamentos de derecho que sirvieron de base al juzgador de Primera Instancia en su parte dispositiva, razón por la que recurro la presente sentencia ya que el Juez A-quo, inobservó la Constitución de la República, Ley de Procedimiento Administrativo y Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, esta ultima de aplicación exclusiva a los empleados y funcionarios Judiciales, y no tomó en consideración los alegatos planteados en la contestación de la demanda, en la audiencia preliminar y mucho menos en las conclusiones presentadas en dicho Juicio; a su vez, como se puede observar en la redacción de dicha sentencia definitiva, se omitió lo establecido en el Artículo 197.2 del Código Procesal Civil que regula el contenido formal de las resoluciones en el sentido que al notificarse la resolución a las partes se indicara si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último caso del Recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir. SOBRE LA PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DE LOS VICIOS PROCESALES IMPUGNADOS: Al recaer el vicio de falta de aplicación de los artículos 317 párrafo segundo de la Constitución de la República, 3 letra e) y 63 reformado de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, en la sentencia definitiva recurrida, no se pudo realizar la denuncia del defecto ex ante, por lo que el presente recurso constituye la única vía para enmendar la infracción impugnada. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN LA RESOLUCIÓN: La falta de aplicación e infracción de la norma jurídica aludidas ha violado la garantía constitucional del derecho de defensa y debido proceso en el caso judicial que nos ocupa y como consecuencia de ello, también ha causado indefensión a mí representado el Estado de Honduras, todo lo cual determina la existencia de una arbitrariedad manifiesta en la emisión de la sentencia acusada, cuestión por la cual es absolutamente incompatible con una buena administración de justicia y con una tutela judicial efectiva y con el principio imparcialidad que como reza la doctrina de el profesor Gustavo Calvinho, es la imposibilidad del tercero que sentencia de realizar o reemplazar la actividad que durante el proceso deben llevar a cabo las parte, principio que debe apreciarse en las resoluciones en aras de la objetividad que el caso merece. SOBRE LA PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DE LOS VICIOS PROCESALES IMPUGNADOS. Al recaer el vicio de falta de aplicación de las Normas Procesales que regulan los requisitos internos de la sentencia, en la sentencia definitiva recurrida, no se pudo realizar la denuncia del defecto ex ante, por lo que el presente recurso constituye la única vía para enmendar el incumplimiento de la solemnidad legal apreciadas en la infracción impugnada. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN LA RESOLUCIÓN. La falta de exhaustividad por no ofrecer un pronunciamiento preciso a todo lo debatido en el Juicio ha propiciado que el fallo recurrido haya sido dictado en un sentido diferente al que debió dictarse, por lo que la impugnación a la aplicación e interpretación de las normas procesales referentes a la adecuación del procedimiento, a la indefensión y a la forma y contenido de la sentencia son recurribles. En dicha sentencia se omitió lo establecido en el Artículo 197.2 del Código Procesal Civil que regula el contenido formal de las resoluciones en el sentido que al notificarse la resolución a las partes se indicara si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último caso del Recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir”.- II.- Que analizado el cargo que antecede, se desprende que el mismo resulta inadmisible, dado que el Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) en su formulación invoca la falta de aplicación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales, cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión y cita como infringidos los artículos 317 de la Constitución de la República, 3 letra e) y 63 reformado de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, sin embargo en su explicación aduce “Se Impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, Articulo 51 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, confrontado con los Artículos 3 letra e) y 63 reformado de la misma Ley en relación directa con el Articulo 317 de la Constitución de la República reformado en su parrado último…”, lo cual vuelve confuso el concepto de la infracción, ya que alega dos causales de casación diferentes; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, tal como lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y cita normativa no señalada como infringida o relacionada en su formulación, tal es el caso de los artículos 51 y 66 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial y 40 literal b) de la Ley de Procedimiento Administrativo.- III.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala a la Censora del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IV.- En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 720 numeral 1), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil diecinueve; certificación de la resolución de fecha cinco de febrero del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 354-18.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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