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Sentencia CA-291-18 — Registro 9019

Resumen

En segunda instancia se revoca la sentencia dictada por el juzgado bajo el criterio que la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, se encarga de enunciar las formas de terminación de la relación de servicio con un miembro de la Policía Nacional

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión cuando se alega los concepto de aplicación indebida y falta de aplicación, los cuales son incompatibles entre sí y deben formularse en forma separada e independiente; b) el precepto autorizante invocado no concuerda con lo alegado por el Recurrente en cuanto expone que la “…falta de aplicación que ha debido emplearse para resolver la cuestión de fondo del litigio…” ya, que el artículo719.1 literal b) del Código Procesal Civil, sustenta la violación de normas procesales no de fondo; c) las disposiciones indicadas como infringidas no tiene relación con la situación jurídica debatida; d) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, e) en el desarrollo se alude al artículo 116 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que no fue señalado como infringido o relacionado en la formulación."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión cuando se alega los concepto de aplicación indebida y falta de aplicación, los cuales son incompatibles entre sí y deben formularse en forma separada e independiente; b) el precepto autorizante invocado no concuerda con lo alegado por el Recurrente en cuanto expone que la “…falta de aplicación que ha debido emplearse para resolver la cuestión de fondo del litigio…” ya, que el artículo719.1 literal b) del Código Procesal Civil, sustenta la violación de normas procesales no de fondo; c) las disposiciones indicadas como infringidas no tiene relación con la situación jurídica debatida; d) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, e) en el desarrollo se alude al artículo 116 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que no fue señalado como infringido o relacionado en la formulación.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los catorce días del mes de mayo de dos mil diecinueve, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El señor CARLOS MARVIN MEZA ROSALES, representado en juicio por el Abogado JOSÉ ARMANDO ESPINAL; y, Recurrido: El ESTADO DE HONDURAS, representando en juicio por la Abogada DASSIA YARENY PÉREZ HERRERA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda en materia de personal para la nulidad de un acto administrativo, que se reconozca la situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal e injustificada de que fue objeto; y como medida para el restablecimiento de sus derechos que se ordene mediante sentencia definitiva el reintegro a su antiguo puesto de trabajo y a título de daños y perjuicios, el pago de los salarios dejados de percibir con todos sus aumentos, pago de vacaciones, décimo cuarto mes, décimo tercer mes y ascenso a su escala inmediata superior desde la fecha de su cancelación hasta la ejecución de la sentencia, costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor CARLOS MARVIN MEZA ROSALES, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción, que se desempeñó en el cargo de Sub-Inspector de Policía, asignado al Instituto Tecnológico Policía (ITP), del Sistema de Educación Policial, dependencia de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad; que ascendió mediante Acuerdo número 1483-2005 de fecha 09 de diciembre del 2005, de Alférez de Policía a Sub-Inspector de Policía de la Dirección Nacional de la Policía Preventiva, dependencia de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad; manifestó que el fecha 31 de Julio del 2013, se le notificó el acuerdo de cancelación numero 1237-2013, de fecha 22 de julio del 2013, en donde acuerdan cancelarlo del nombramiento sin habérseme probado la causa justa para su despido y violentando el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, lo que evidencia la ilegalidad e injusticia de tal decisión, violentando el artículo 129 Constitucional; asimismo alegó que con la cancelación se violentó el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras 67-2008, ya que se le practicaron dos audiencias de descargo por la misma falta imputada, violentado lo establecido en el Articulo 116, lo que convierte tal decisión en ilegal y conlleva responsabilidad.- 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que en el expediente administrativo, donde obra el procedimiento realizado para la cancelación del demandante, constan las diligencias realizadas se enmarcaron dentro del ordenamiento jurídico, establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional; y que se procedió a cancelar al demandante por estar plenamente acreditada la causal de despido contemplada en el Artículo 126 numeral 1) de dicha Ley, en virtud de que fue aprehendido por la Policía Nacional, en su período de vacaciones, con un arma reporte de robo, a quien le dieron medidas sustitutivas de prisión preventiva por delito de portación ilegal de armas, mostrando de esta forma la inobservancia del debido profesionalismo, prudencia, dignidad y honorabilidad en las actuaciones, ya sea en la vida privada o pública; por lo que alegó que al demandante no se le violó el procedimiento establecida en las leyes, y que además no fue claro al expresar de manera precisa cual fue la violación o injusticia que se le ocasionó; asimismo consta en el expediente administrativo la cédula de citación de fecha 07 de mayo del 2013 con la cual se procedió a citar en legal y debida forma al Sub-Inspector de Policía Carlos Marvin Meza Rosales, para que compareciera a la audiencia de descargo en fecha 14 de mayo del 2013, con el objeto de escuchar los descargos que estimare conveniente; y que entre la citación y la audiencia de descargo, no mediaron los 5 días que establece la Ley Orgánica de la Policía Nacional en su artículo 129 último párrafo; por tal razón se procedió y se anuló dichas actuaciones, mediante resolución SEP-R-No. 008-2013 de fecha 28 de junio del año 2013, dejando sin valor ni efecto la audiencia de descargo practicada en fecha 14 de mayo del 2013; y que posteriormente, le fue notificada el 04 de julio del 2013 dicha resolución al demandante y por ende se procedió a citar nuevamente en la misma fecha, para que compareciera a audiencia de descargo en fecha 12 de julio del 2013, en virtud de la nulidad de actuaciones declarada, quien no interpuso recurso alguno contra la misma por lo que adquirió carácter de firme, y llevada a cabo la audiencia de descargo se emitió el Acuerdo de cancelación por comprobársele las faltas y la causal de despido al demandante, ya que no presentó justificación o pruebas que desvirtuaran los cargos que se le imputaban; igualmente alegó que no es procedente la aplicación del artículo 116, en el presente caso, cuando la cancelación se originó por el incumplimiento a una obligación, situación que se comprobó con el Acuerdo 1237-2013 de fecha 22 de julio del 2013, en el cual en ningún momento fue utilizado como asidero jurídico el artículo que hizo mención el demandante.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 18 de junio del 2015, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la acción incoada por el señor CARLOS MARVIN MEZA ROSALES, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación 1237-2013 de fecha 22 de Julio de 2013, emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad, mediante el cual se cancela del cargo de Sub-Inspector de Policía, dependiente de la Secretaría de Seguridad, mismo que se anula por haber sido emitido con evidente infracción al ordenamiento jurídico específicamente a la norma del artículo 116 de La Ley Orgánica de la Policía Nacional. SEGUNDO: Reconocer la situación Jurídica Individualizada y para su pleno restablecimiento se resuelve: Adoptar el reintegro del demandante señor CARLOS MARVIN MEZA ROSALES al cargo de Sub-Inspector de Policía, dependiente de la Secretaría de Seguridad. TERCERO: Condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad, al pago a favor del demandante en concepto de daños y perjuicios, de los salarios dejados de percibir desde la fecha de efectividad de su acuerdo de cancelación 31 de julio del 2013, hasta el día en que se ejecute la presente sentencia y demás derechos que le pudieran corresponder como ser, el pago del décimo tercer, décimo cuarto mes de salario, vacaciones y otros beneficios otorgados en su ausencia. CUARTO: No se le otorga los ascensos a la escala inmediata superior solicitada por el demandante, en vista que dicha pretensión no puede ser reconocida a través del procedimiento de de personal. QUINTO: Se decreta, en su caso, la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto del demandante. SEXTO: Que contra la presente resolución es procedente interponer el recurso de apelación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, debiendo a su vez de expresar los respectivos agravios... Por haber motivos racionales para litigar, se exime de costas a la parte vencida en juicio”; bajo el criterio que por los fundamentos antes mencionados y del estudio de la presente causa, se observa que al ahora demandante se le cito en fecha 04 de julio del 2013 a una audiencia de descargo que se llevaría a cabo el 12 de julio del 2013, imputándole la siguiente falta: El incumplimiento o violación grave de alguna de las obligaciones o prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de la Policía Nacional (Artículo 126 numeral 1 reformado de la Ley Orgánica de la Policía Nacional); que de conformidad al artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídica, incluso el exceso y la desviación de poder, incluyendo cualquier vicio inherente al objeto o contenido del acto; se señala lo antes referido en tanto éste suscrito considera que, en la emisión del acuerdo de cancelación ha existido violación al debido proceso y por consiguiente un vicio ligado al objeto de la cancelación del demandante. Se apunta lo anterior en tanto la autoridad nominadora para la cancelación del ahora demandante a obviado de manera absoluta lo referido en el artículo 116 reformado de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, ya que tomando en cuenta que la causal de despido que se le ha invocado al ahora demandante, ha derivado en un sometimiento del demandante a un proceso penal por el delito de portación ilegal de armas, apuntado lo anterior, el artículo 116 reformado de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, es claro en señalar que en estos casos en los que la falta cometida por el servidor implique la prosecución de un proceso penal y la emisión del correspondiente auto de formal procesamiento o prisión, no se debe de cancelar por despido al servidor sino que lo procedente es suspenderlo de sus funciones sin goce de sueldo a la espera del resultado del proceso penal sea una sentencia condenatoria, tal y como lo señala el artículo 116 último párrafo de la Ley Orgánica de La Policía. En el presente caso de autos, no consta que para la emisión del correspondiente Acuerdo de Cancelación se haya incorporado y valorado la sentencia de condena legalmente exigible. Si bien es cierto el artículo 124 de la Ley Orgánica de la Policía señala que el ejercicio de una acción penal pública o civil contra un miembro de la Carrera Policial no impedirá que simultáneamente se inicie y desarrolle la investigación administrativa necesaria para aplicarle el régimen disciplinario, la disposición faculta únicamente a la Autoridad Nominadora para iniciar y desarrollar la investigación correspondiente y no para imponer la sanción de despido como se hizo en el presente caso; de hecho, a folio 146 y 147 consta un informe del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán en el cual consta que el demandante ha llegado a una conciliación con el Estado de Honduras por el delito de portación ilegal de Armas.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 14 de marzo del 2018, dictó sentencia REVOCANDO la proferida en primera instancia, en donde declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada; revocó la sentencia de fecha 18 de junio del 2015; en consecuencia declaró improcedente la demanda de mérito por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, sin costas; bajo el criterio que la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, se encarga de enunciar las formas de terminación de la relación de servicio con un miembro de la Policía Nacional, entre ellas el despido y la cancelación por sentencia firme condenatoria y además se regula la suspensión sin goce de sueldo del servicio policial por auto de prisión firme, en su caso; se verificó del expediente bajo análisis, que el actor al momento de haber sido detenido judicialmente se encontraba gozando de su derecho de vacaciones (es decir se encontraba suspendida su relación de servicio), y que se llegó a la emisión y declaratoria de Auto de Formal Procesamiento por el delito de portación ilegal de armas, aplicándosele medidas cautelares distintas de la detención judicial (27 de marzo del 2013), posteriormente, un año después, arribando a un acuerdo conciliatorio homologado por el órgano jurisdiccional en fecha 28 de marzo 2014; motivo por el cual la autoridad nominadora aplica el régimen disciplinario previo a la sanción de despido por estar amparada en una causa establecida en la Ley aplicable al caso.- La autoridad nominadora inició la investigación administrativa necesaria para aplicarle dicho régimen, cuestión que así se ejecutó; por lo que el artículo 116 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras no fue aplicado al presente caso por la autoridad nominadora, por no enmarcarse en los supuestos que implica dicha disposición; sino que optó por la aplicación de la sanción de despido, conforme lo establece el artículo 114, 124 y 126.1 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional. (Potestad sancionadora administrativa); En la línea de lo dicho, la función pública de los miembros de la policía nacional se fundamenta en que dicho funcionario representa al Estado, lo que le exige comportarse con el mayor decoro en el ejercicio de sus funciones públicas e incluso en su vida social-privada; por lo que constituye una de sus obligaciones “OBSERVAR EN TODO MOMENTO EL DEBIDO PROFESIONALISMO, DEBIENDO ACTUAR CON PRUDENCIA, DIGNIDAD Y HONORABILIDAD EN SU VIDA PUBLICA Y PRIVADA”, deduciéndose que por el sólo hecho de haber sido aprehendido y puesto a los órdenes de la autoridad penal competente, daña de modo irreparable el prestigio del servicio y su institución; subsumiendo dichas actuaciones en una obligación que le compete por ser miembro de la Policía Nacional y por ende servidor público; también dicha actuación altera una de las obligaciones que manda y ordena el Código de Conducta Ética del Servidor Público, como ser: Artículo 6. Numeral 6) “Observar de acuerdo a las reglas de la moral, buenas costumbres y de convivencia social, una conducta digna y decorosa dentro y fuera de la institución en la cual labora”. De lo anterior se colige que la parte actora incumplió a los deberes y obligaciones de su cargo como miembro de la policía nacional de Honduras, incurriendo en acciones reprochables por la institución y la sociedad, por haber transgredido normas de conducta ética de obligatorio cumplimiento, como ser observar en todo momento el debido profesionalismo, debiendo actuar con prudencia, dignidad y honorabilidad en su vida pública y privada; por lo que este Tribunal de Apelación es del criterio de revocar la sentencia que se conoce por existir infracción en la aplicación e interpretación del Derecho.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogado JOSÉ ARMANDO ESPINAL, en fecha 26 de abril del 2018, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 14 de marzo del 2018, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.302-2015, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.313-2013 del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 14 de mayo del 2018, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogada DASSIA YARENY PÉREZ HERRERA presentó en fecha 04 de junio del 2018, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de esa misma fecha, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 14 de junio del 2018, los Abogados JOSÉ ARMANDO ESPINAL y DASSIA YARENY PÉREZ HERRERA.- 7.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 15 de agosto de 2018, teniendo por personado al Abogado JOSÉ ARMANDO ESPINAL, como recurrente, y por precluido el plazo concedido y dejado de utilizar por la parte de la recurrida Abogada DASSIA YARENY PÉREZ HERRERA, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la Sentencia Recurrida de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, por la falta de aplicación del Artículo 116 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras Decreto 67-2008, reformado mediante Decreto Ley número 202-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 22 de Diciembre del año 2012. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: El Artículo 116 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras Decreto 67-2008, reformado mediante Decreto Ley número 202-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 22 de Diciembre del año 2012, por falta de aplicación que ha debido emplearse para resolver la cuestión de fondo del litigio. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna parcialmente la Sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha catorce (14) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), excepto en cuanto a disponer “SIN COSTAS”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este Motivo de Casación, está comprendido en el Articulo 719.1 literal b) del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL PRIMER MOTIVO El A-Quen en la Sentencia Definitiva que emitió en fecha 14 de marzo de 2018, no aplica el artículo Reformado 116 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, en vista de considerar que el mismo era inaplicable en el presente caso, al señalar que la suspensión sin goce de sueldo del Servidor Policial, no procedía, por encontrarse de vacaciones, cuyo período era del 4 de marzo al 16 de abril de 2013, razón está que de acuerdo al Tribunal de Alzada, no afecto su horario laboral, motivo por el cual siguió laborando regularmente.- Por lo dicho, nos sorprende la interpretación que ha realizado el A-Quen para tomar la determinación de la inaplicabilidad del referido artículo, ya que por un lado el Juez de Primera Instancia a declarado nulo el acto que inicialmente impugnamos y que consiste en el acuerdo de cancelación 1237-2013 de fecha 22 de Julio de 2013, por considerar que mi representado previo a ser cancelado no fue suspendido, pero de igual manera, el A-Quo da a entender que también es nulo el referido acto impugnado, en vista que la cancelación procederá en el caso que el resultado del proceso penal sea una sentencia condenatoria y en el presente caso mi representado finalizo la presente causa por una medida desjudicializadora como lo es la conciliación y por ello no fue condenado a través de sentencia alguna. Honorables Magistrados de la Sala Laboral- Contenciosa Administrativa, con lo antes señalado, ha quedado plenamente acreditado que el aspecto determinado por el A Quen para revocar la sentencia definitiva emitida por el Juez de Primera Instancia en fecha 18 de Junio de 2015, ya que el Juez de Primera instancia manifestó que la cancelación de mi Representado no es conforme a Derecho, ya que la suspensión de su cargo sin goce de sueldo es un acto que es previo a la cancelación si el imputado fuera condenado, y el Juez de Segunda Instancia da a entender que no procedería la suspensión de mi representado por que en el momento de la detención judicial se encontraba gozando de vacaciones y por tanto no afecto su horario laboral, desconociendo que se violentó el referido artículo reformado 116 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, al haberse cancelado sin que mi representado haya sido condenado por sentencia definitiva, como lo requiere el señalado artículo para cancelar a un miembro de la Carrera Policial.”.- 2. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión cuando se alega en la formulación la falta de aplicación del artículo 116 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y, por otro el Recurrente, expone que le “…sorprende la interpretación que ha realizado el A-Quen para tomar la determinación de la inaplicabilidad del referido artículo…”, ya que si la norma no fue aplicada no pudo haber sido interpretada por el juzgador de instancia ni aún de manera equivocada; b) se esgrime el concepto de falta aplicación del artículo 116 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, señalándose que el mismo “…ha debido emplearse para resolver la cuestión de fondo del litigio…” lo cual, no concuerda con el precepto autorizante “…Articulo 719.1 literal b) del Código Procesal Civil…” ya, que esté sustenta la violación de normas procesales no de fondo; y, c) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- 3. Que en un segundo motivo se aduce: “Se impugna la Sentencia Recurrida de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, por la aplicación indebida de los Artículos: El Artículo 700 numeral 1), 701 numeral 1) del Código Procesal Civil; Articulo 90 de la Constitución de la República; y Articulo 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículos 700 numeral 1), 701 numeral 1) del Código Procesal Civil; Articulo 90 de la Constitución de la República y Articulo 35 de la Ley de ¡a Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por falta de aplicación que ha debido emplearse para resolver la cuestión de fondo del litigio. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna parcialmente la Sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha catorce (14) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), excepto en cuanto a disponer “SIN COSTAS”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este Motivo de Casación, está comprendido en el Articulo 719.1 literal b) del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL SEGUNDO MOTIVO La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en Sentencia Definitiva de fecha 14 de marzo de 2018, aplico de manera incorrecta lo referido en el artículo 700 numeral 1) y 701 numeral 1) del Código Procesal Civil, en vista que el demandado en ningún momento tanto en primera como en segunda instancia denuncio lo referente, al defecto procesal encontrado por el Juez de Primera Instancia y que llevo a la cancelación de mi representado, consistiendo este en que previo a su cancelación, debió de haberse suspendido de su cargo y al no realizarlo de esa manera ha producido la nulidad del acto impugnado, en este caso el acuerdo de cancelación 1237- 2013 de fecha 22 de julio de 2013. Sin embargo el Honorable Tribunal de alzada sin considerar lo referido en los artículos antes señalados, procedió a revocar la sentencia definitiva de fecha 18 de junio de 2015, emitida por el Juez de Primera Instancia, decidiendo sobre aspectos que la parte demandada no ha realizado pronunciamiento alguno, ni son hechos controvertidos, aplicando de manera incorrecta lo que manda en el artículo 701.1 del Código Procesal Civil, en vista que de su propia iniciativa ha dejado claro en el fundamento de derecho NOVENO de la sentencia definitiva que emitió en fecha 14 de marzo de 2018, que lo referido en el artículo 116 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, en cuando a la suspensión del Servidor Judicial previo a ser cancelado, no aplica en el presente caso, ya que mi representado en el momento de su detención judicial se encontraba gozando de vacaciones, considerando que la figura de la suspensión no le aplica a mi representado por no haberse encontrado en servicio en ese momento. Argumentaciones estas que lo único que demuestran es el irrespeto mostrado por el Tribunal de Alzada a los límites que tenía para emitir la sentencia definitiva, que de manera ilegal y arbitraria a emitido, extralimitándose de sus funciones al haber vertido pronunciamiento sobre hechos que no fueron alegados por la demandada tanto en primera instancia, así como en segunda instancia y a la vez como lo manifesté con anterioridad, estos no fueron hechos controvertidos en el escrito de Demanda.”.- 4. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión cuando se alega los concepto de aplicación indebida y falta de aplicación, los cuales son incompatibles entre sí y deben formularse en forma separada e independiente; b) el precepto autorizante invocado no concuerda con lo alegado por el Recurrente en cuanto expone que la “…falta de aplicación que ha debido emplearse para resolver la cuestión de fondo del litigio…” ya, que el artículo719.1 literal b) del Código Procesal Civil, sustenta la violación de normas procesales no de fondo; c) las disposiciones indicadas como infringidas no tiene relación con la situación jurídica debatida; d) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, e) en el desarrollo se alude al artículo 116 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que no fue señalado como infringido o relacionado en la formulación.- 5. Como tercer motivo de casación se aduce: “Se impugna la Sentencia Recurrida de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, por la aplicación indebida de los Artículos: El Artículo 692 del Código Procesal Civil; DISPOSICIONES INFRINGIDAS: El Artículo 692 del Código Procesal Civil, por falta de aplicación que ha debido emplearse para resolver la cuestión de fondo del litigio. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna parcialmente la Sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha catorce (14) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), excepto en cuanto a disponer “SIN COSTAS”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este Motivo de Casación, está comprendido en el Articulo 719.1 literal b) del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL TERCER MOTIVO. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia Definitiva emitida por la Sala Laboral- Contenciosa Administrativa en fecha 28 de septiembre de 2017, emitió nuevamente en fecha 14 de marzo de 2018 sentencia definitiva. Sin embargo Honorables Magistrados al haberse anulado en casación la referida sentencia era indispensable dar cumplimiento a lo referido en la misma y que llevo a su nulidad, siendo esta la falta de motivación y valoración del material probatorio aportado por las partes, así como dar respuesta a los agravios formulados por e! apelante (demandado) realizando un completo análisis jurídico de la situación controvertida.- Al hacer un análisis de lo referido en la nueva sentencia definitiva emitida por la Corte de Apelaciones Contencioso Administrativo y enlazarla con el motivo que llevo a su nulidad, nos damos cuenta que se ha inaplicado lo referido en el artículo 692 del Código Procesal Civil, ya que la resolución emitida por la Corte de Apelaciones Contenciosa Administrativa de fecha 14 de marzo de 2018, producto de la nulidad establecida por la Sala Laboral-Contenciosa Administrativa mediante Sentencia Definitiva del 28 de septiembre de 2017, ha empeorado la situación del recurrente (demandante) respecto a l Sentencia Definitiva de fecha 15 de octubre de 2015 que inicialmente había emitido la Corte de Apelaciones Contencioso Administrativo y que fue anulada por la Sala Laboral Contenciosa Administrativa mediante sentencia definitiva del 28 de septiembre 2017. Se dice lo anterior, en vista que la primera sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo (15 de octubre de 2015), había confirmado la sentencia de primera instancia, bajo el criterio que previo a la cancelación de mi representado no se le suspendió de sus labores, sin embargo la nueva sentencia definitiva emitida por el referido tribunal de Alzada y que hoy se está recurriendo (14 de marzo de 2018), ha empeorado totalmente la situación del recurrente con respecto a la recurrida, al haberse realizado en la motivación de la referida sentencia, valoraciones que no se encuentran acreditados en pruebas y aún más grave sin ser formulados por el apelante en sus agravios, como es el caso de atribuirse de oficio el alegato que ellos mismos llevan a concluir y que consiste, en determinar que mi representado nunca le era aplicable lo referido en el artículo 116 reformado de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, en vista que dicha suspensión de sus labores como previo a su cancelación era inaplicable, por no estar en servicio al encontrarse de vacaciones en el momento de la detención judicial, pronunciamiento este que es totalmente incorrecto, ya que si bien es cierto que mi Representado al momento de ocurrir los hechos por lo que fuera cancelado de su puesto de trabajo como miembro de la Policía Nacional gozaba de su periodo de lógicamente no se le podía aplicar la suspensión, pero una vez reintegrado de sus vacaciones, debió de aplicarse lo que manda el Articulo 116 Reformado de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras.”.- 6. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión cuando se alega los concepto de aplicación indebida y falta de aplicación, los cuales son incompatibles entre sí y deben formularse en forma separada e independiente; b) el precepto autorizante invocado no concuerda con lo alegado por el Recurrente en cuanto a la “…falta de aplicación que ha debido emplearse para resolver la cuestión de fondo del litigio…” ya, que esté sustenta la violación de normas procesales no de aquellas empleadas para la solución del fondo del asunto; c) la disposición indicada como infringidas no tiene relación con la situación jurídica debatida; d) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba lo cual tiene vedado este Tribunal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, e) en el desarrollo se alude al artículo 116 reformado de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que no fue señalado como infringido o relacionado en la formulación.- 7. Que el Censor del fallo pide subsidiariamente la nulidad de la sentencia impugnada, bajo el siguiente señalamiento: “Que la sentencias emitidas por el Tribunal Ad Quen buscan la certeza de los hechos jurídicos, por cuanto debe ser claras, precisas y congruentes con la demanda y las pretensiones, por ende debe existir identidad con la sentencia emitida en primera instancia, haciendo relación exacta de la sentencia, como es en el presente caso la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo se extralimito, como es el caso de atribuirse de oficio el alegato que ellos mismos llevan a concluir y que consiste, en determinar que mi representado nunca le era aplicable lo referido en el artículo 116 reformado de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, en vista que dicha suspensión de sus labores como previo a su cancelación era inaplicable, por no estar en servicio al encontrarse de vacaciones en el momento de la detención judicial, pronunciamiento este que es totalmente incorrecto, ya que si bien es cierto que mi Representado al momento de ocurrir los hechos por lo que fuera cancelado de su puesto de trabajo como miembro de la Policía Nacional gozaba de su periodo de lógicamente no se le podía aplicar la suspensión, pero una vez reintegrado de sus vacaciones, debió de aplicarse lo que manda el Articulo 116 Reformado de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad, y en el presente caso el Tribunal Ad Quen ha emitido una sentencia en la cual DECLARA CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la parte Demandada, sobre hechos que no fueron alegados durante el Juicio, ni mucho menos por hechos que no controvertidos en el escrito de Demanda, ni mucho menos en la interposición del Recurso de Apelación, extralimitándose en sus funciones, es por eso que se solicita la nulidad de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo, sin perjuicio que la misma sea casada”.- 8. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ha ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, estudiado el mismo, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, así como que el fallo cumple las exigencias necesarias para su eficacia.- 9. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- 10. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del Código Procesal Civil, todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 35, 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN LUGAR LA NULIDAD SUBSIDIARIA SOLICITADA. 4) SIN COSTAS, por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 5) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.-NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiséis días del mes de junio del dos mil diecinueve; certificación de la resolución de fecha catorce de mayo del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 291-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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