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Sentencia CA-243-18 — Registro 9017

Resumen

Se declara la nulidad de la sentencia dictada por la Corte de Apelacioens, que confirma la de primera instancia bajo el criterio que para que se perfeccione una relación entre el Estado como empleador y el ciudadano como empleado, es necesario, cumplir los requisitos previos para que se materialice la relación de servicio, elementos básicos que se disponen en el artículo 2 de la Ley de Servicio Civil

Análisis jurisprudencial

(Sin análisis jurisprudencial en la ficha)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de mayo de dos mil diecinueve, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE Y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA; dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: Los señores EDWIN ALEJANDRO HERNANDEZ FUNES, VANESSA FABIOLA RODEZNO TERCERO, JOSÉ BARTOLO MOYA SALGADO, XENIA MARIA PINEDA RIVAS, VIENA MELISSA SOTO PONCE, WILMER ELIUD HERNANDEZ DOMÍNGUEZ, WALTER MANRIQUE CASTRO SOSA, ARMANDO AUGUSTO FLORES SANTOS, MARIA ESTELA ZELAYA MALDONADO, SANDRA ANABEL DÍAZ MELÉNDEZ, NADIA ELIZABETH RIVERA ÁVILA, NORLAN MANRIQUE MURILLO ALCÁNTARA, MAIRA LETICIA CABRERA, MARCO ANTONIO IRÍAS RODRÍGUEZ, VÍCTOR MANUEL ALFARO BONILLA, MARIA DEL ROSARIO ORTEGA HERNANDEZ, ROGER BALLARDO MURILLO ALCANTARA, DIGNA HAYDE SANTOS HERNANDEZ, FRANKLIN SAÚL GONZALES ZELAYA, OSCAR ARMANDO COELLO REYES, MARGARITA CRUZ VILLAFRANCA, GLADIS NÁYBE HIZA PERDOMO, FANNY GONZALES CARRASCO, EMERSON LEAO VALLADARES ACEITUNO, OCTAVIO OLIVA, NORBERTO FRANCO MARTEL, JULIO BARDALES, LEONIDAS SUAZO FUNEZ, SAÚL RENÉ IZAGUIRRE LAÍNEZ, GEORGE HARRY NEDREBO LINDBLON, NANCY CAROLINA SÁNCHEZ VELÁSQUEZ, ROSINA YAMILETH SÁNCHEZ VELÁSQUEZ, DANIEL ANTONIO MEMBREÑO LAÍNEZ, CECILIO REYNALDO MERAZ PUERTO, JORGE ADALBERTO LÓPEZ ESTRADA, VANESSA PAULETH BENDAÑA SILVA, GUADALUPE COELLO DUBON, ASHLEY MELISSA GUIFARRO, YADIRA ALEJANDRA YÁNEZ APARICIO, JOSÉ LUIS SALGADO GARCÍA, JOSÉ LUIS GUILLEN, SANDRA ISABEL GÓMEZ, JORGE ALBERTO SANDRES RODRÍGUEZ, MAGDA ELIZABETH MEDINA RAMOS, WALTER JAVIER RODRÍGUEZ, KAREN LISBETH VÁSQUEZ MATUTE, FARINA IMELDA VÁSQUEZ GARCÍA, representada por la señora KAREN LISBETH VÁSQUEZ; todos representados en juicio por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO y, Recurrido: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado JOSÉ EDUARDO PINTO CHINCHILLA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial en materia de personal, para que se declare la ilegalidad y nulidad de unos actos administrativos de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada de cancelación o separación injusta e ilegal y como medida para su pleno restablecimiento se pague una indemnización por concepto de prestaciones, más el pago de los salarios caídos desde la fecha de la cancelación hasta que se efectúe el pago; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por los señores 1) EDWIN ALEJANDRO HERNANDEZ FUNES, 2) VANESSA FABIOLA RODEZNO TERCERO, 3) JOSÉ BARTOLO MOYA SALGADO, 4) XENIA MARIA PINEDA RIVAS, 5) VIENA MELISSA SOTO PONCE, 6) WILMER ELIUD HERNANDEZ DOMÍNGUEZ, 7) WALTER MANRIQUE CASTRO SOSA, 8) ARMANDO AUGUSTO FLORES SANTOS, 9) MARIA ESTELA ZELAYA MALDONADO, 10) SANDRA ANABEL DÍAZ MELÉNDEZ, 11) NADIA ELIZABETH RIVERA ÁVILA, 12) NORLAN MANRIQUE MURILLO ALCÁNTARA, 13) MAIRA LETICIA CABRERA, 14) MARCO ANTONIO IRÍAS RODRÍGUEZ, 15) VÍCTOR MANUEL ALFARO BONILLA, 16) MARIA DEL ROSARIO ORTEGA HERNANDEZ, 17) ROGER BALLARDO MURILLO ALCANTARA, 18) DIGNA HAYDE SANTOS HERNANDEZ, 19) FRANKLIN SAÚL GONZALES ZELAYA, 20) OSCAR ARMANDO COELLO REYES, 21) MARGARITA CRUZ VILLAFRANCA, 22) GLADIS NÁYBE HIZA PERDOMO, 23) FANNY GONZALES CARRASCO, 24) EMERSON LEAO VALLADARES ACEITUNO, 25) OCTAVIO OLIVA, 26) NORBERTO FRANCO MARTEL, 27) JULIO BARDALES, 28) LEONIDAS SUAZO FUNEZ, 29) SAÚL RENÉ IZAGUIRRE LAÍNEZ, 30) GEORGE HARRY NEDREBO LINDBLON, 31) NANCY CAROLINA SÁNCHEZ VELÁSQUEZ, 32) ROSINA YAMILETH SÁNCHEZ VELÁSQUEZ, 33) DANIEL ANTONIO MEMBREÑO LAÍNEZ, 34) CECILIO REYNALDO MERAZ PUERTO, 35) JORGE ADALBERTO LÓPEZ ESTRADA, 36) VANESSA PAULETH BENDAÑA SILVA, 37) GUADALUPE COELLO DUBON, 38) ASHLEY MELISSA GUIFARRO, 39) YADIRA ALEJANDRA YÁNEZ APARICIO, 40) JOSÉ LUIS SALGADO GARCÍA, 41) JOSÉ LUIS GUILLEN, 42) SANDRA ISABEL GÓMEZ, 43) JORGE ALBERTO SANDRES RODRÍGUEZ, 44) MAGDA ELIZABETH MEDINA RAMOS, 45) WALTER JAVIER RODRÍGUEZ, 46) KAREN LISBETH VÁSQUEZ MATUTE, representada por la señora KAREN LISBETH VÁSQUEZ, 47) FARINA IMELDA VÁSQUEZ GARCÍA, 48) DIANA CAROLINA CARTAGENA BANEGAS, 49) MARY JACQUELINE MEDINA AMADOR, 50) ROSA LEDIS CHÁVEZ CÁRDENAS, 51) JOSÉ CARLETON DÁVILA MONDRAGON, 52) JESÚS HUMBERTO MÁRQUEZ VALENZUELA, 53) PAMELA LILIANA ALFARO BUSTAMANTE, 54) NUBIA PATRICIA LÓPEZ LÓPEZ, 55) ANA ELIZABETH CANTOR; contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las partes demandantes manifestaron en el escrito de su acción, que empezaron la relación de trabajo así: Edwin Alejandro Hernández Funes, el 05 de mayo del 2009, como Conductor de Vehículos dependiente del Departamento de Recursos Humanos de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.15,000.00; Vanessa Fabiola Rodezno, el 01 de junio del año 2006, como Asistente Administrativo Técnico, dependiente del Departamento del Despacho de la Primera Dama de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.20,000.00; José Bartolo Moya Salgado, el 01 de febrero del 2006, como Asistente de Prensa dependiente del Departamento de la Primera Dama de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.30,000.00; Xenia Maria Pineda Rivas, el 17 de abril del 2006, como Asistente Social III dependiente del Donaciones de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.30,000.00; Viena Melisa Soto Ponce, el 21 de septiembre del 2006, como Secretaria Ejecutiva, dependiente de la Comisión de Salud Presidencial de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.15,000.00; Wilmer Eliud Hernández Domínguez, el 13 de mayo del 2009, como Conductor de Vehículos, dependiente del Departamento de Recursos Humanos de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.15,000.00; Walter Manrique Castro Sosa, el 26 de febrero del 2007, como Conductor de Vehículos del Jefe de Relaciones Públicas, dependiente del Personal de Apoyo de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.12,000.00; Armando Augusto Flores Santos, el 08 de marzo del 2007, como Auxiliar de Bienes, dependiente del Departamento de Administración General de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.20,000.00; Maria Estela Zelaya Maldonado, el 01 de enero del 2008, como Asistente Despacho de la Primera Dama de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.24,750.00; Sandra Anabel Díaz Meléndez, el 01 de marzo del 2006, como Asistente Secretaria I, dependiente del Personal de Apoyo de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.25,000.00; Nadia Elizabeth Rivera Ávila, el 22 de enero del 2007, como Oficinista III, dependiente de Administración General de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.6,000.00; Norlan Manrique Murillo Alcántara, el 07 de agosto del 2008, como Albañil, dependiente de Administración General de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.8,000.00; Maira Leticia Cabrera, el 03 de julio del 2006, como Asistente I, dependiente de Administración General de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.15,000.00; Marco Antonio Irías Rodríguez, el 20 de abril del 2006, como Asistente de Presupuesto, dependiente de Administración General de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.20,000.00; Víctor Manuel Alfaro Bonilla, el 01 de abril del 2008, como Contador, dependiente del Despacho de la Primera Dama de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.15,000.00; Maria Del Rosario Ortega Hernandez, el 06 de febrero del 2006, como Conserje, dependiente del Despacho de la Primera Dama de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.5,500.00; Roger Ballardo Murillo Alcántara, el 16 de Agosto del 2006, como Jefe de Servicios Generales, dependiente del Despacho Ministro Asesor Económico de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.32,000.00; Digna Hayde Santos Hernández, el 14 de febrero del 2006, como Pagadora de Casa Presidencial, dependiente de Administración General de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.30,000.00; Franklin Saúl Gonzales Zelaya, el 01 de febrero del 2008, como Oficial Técnico de Acción Solidaria, dependiente del Departamento de Donaciones de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.15,000.00; Oscar Armando Coello Reyes, el 20 de agosto del 2007, como Albañil, dependiente de Administración General de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.8,000.00; Margarita Cruz Villafranca, el 01 de enero del 2008, como Promotora Social, dependiente del Despacho Primera Dama de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.8,500.00; Gladis Naybe Hiza Perdomo, el 21 de abril del 2008, como Asistente Social, dependiente del Departamento de Donaciones de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.15,000.00; Fanny Gonzales Carrasco, el 15 de mayo del 2006, como Asistente Directora de Donaciones, dependiente del Departamento de Donaciones de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.25,000.00; Emerson Leao Valladares Aceituno, el 01 de Febrero del 2006, como Conductor de Vehículos, dependiente del Personal de Apoyo de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.15,000.00; Octavio Oliva, el 01 de febrero del 2006, como Tesorero, dependiente de Administración General de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.50,000.00; Norberto Franco Martel, el 01 de marzo del 2007, como Consultor Nacional, dependiente del Departamento de Recursos Humanos de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.50,000.00; Julio Bardales, el 01 de marzo del 2006, como Jardinero, dependiente de Administración General de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.8,000.00; Leonidas Suazo Funez, el 27 de enero del 2006, como Conductor de Vehículos, del Despacho Primera Dama de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.16,000.00; Saúl René Izaguirre Laínez, el 22 de enero del 2007, como Conductor de Vehículos, dependiente del Despacho Primera Dama de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.10,000.00; George Harry Nedrebo Lindblon, el 02 de enero del 2007, como Capacitador Internacional, dependiente del Despacho Primera Dama de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.25,000.00; Nancy Carolina Sánchez Velásquez, el 01 de mayo del 2007, como Secretaria, dependiente del Ministro Jefe Staff Presidencial de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.12,000.00; Rosina Yamileth Sánchez Velásquez, el 01 de febrero del 2008, como Secretaria Oficina de la Asistente Especial de Seguridad de GHP, dependiente del Personal de Apoyo de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.15,000.00; Daniel Antonio Membreño Laínez, el 19 de junio del 2006, como Conserje, dependiente del Despacho Primera Dama de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.5,500.00; Cecilio Reynaldo Meraz Puerto, el 03 de abril del 2006, como Mesero, dependiente de Actividades y Eventos de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.12,000.00; Jorge Adalberto López Estrada, el 01 de febrero del 2006, como Mesero, dependiente de Actividades y Eventos de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.12,000.00; Vanessa Pauleth Bendaña Silva, el 01 de enero del 2008, como Auxiliar Unidad de Gestión de Recursos, dependiente del Departamento de Donaciones de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.12,000.00; Guadalupe Coello Dubon, el 01 de junio del 2007, como Asistente Técnico, dependiente del Despacho Ministro Asesor Económico de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.20,000.00; Ashley Melissa Guifarro, el 25 de febrero del 2008, como Secretaria, dependiente de la Oficina de Organizaciones Populares de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.12,000.00; Yadira Alejandra Yánez Aparicio, el 12 de marzo del 2008, como Soporte Técnico , dependiente de Administración General de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.15,000.00; José Luis Salgado García, el 01 de abril del 2006, como Programador de Sistemas, dependiente del Poder Ciudadano de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.20,000.00; José Luis Guillen, el 08 de septiembre del 2008, como Conductor de Vehículos, dependiente del Secretario Privado del Presidente de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.12,000.00; Sandra Isabel Gómez, el 01 de febrero del 2007, como Enlace Despacho y Comedores Solidarios, dependiente del Despacho Primera Dama de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.12,000.00; Jorge Alberto Sandres Rodríguez, el 01 de mayo del 2007, como Conductor de Vehículos, dependiente de Administración General de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.15,000.00; Magda Elizabeth Medina Ramos, el 01 de marzo del 2006, como Asistente Administrativo, dependiente de Comisión de Salud Presidencial de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.26,000.00; Walter Javier Rodríguez, el 07 de mayo del 2007, como Electricista, dependiente de Administración General de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.10,000.00; Karen Lisbeth Vásquez Matute, el 15 de febrero del 2008, como Asistente, dependiente del Despacho Ministro Jefe Staff Presidencial de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.15,000.00; Farina Imelda Vásquez García, Representada por la señora Karen Lisbeth Vásquez, empezó el 02 de mayo del 2008, como Coordinadora Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dependiente Ministro Jefe Staff Presidencial de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.45,000.00; Diana Carolina Cartagena Banegas, el 01 de febrero del 2006, como Secretaria, dependiente Poder Ciudadano de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.15,000.00; Mary Jacqueline Medina Amador, el 03 de febrero del 2006, como Encargada de Maquina Reproductora, dependiente Poder Ciudadano de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.12,000.00; Rosa Ledis Chávez Cárdenas, el 02 de marzo del 2009, como Oficial de Compras, dependiente del Departamento de Recursos Humanos de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.12,000.00; José Carleton Dávila Mondragon, el 25 de julio del 2006, como Enlace con las Instituciones del Sector Público y Descentralizadas, dependiente Poder Ciudadano de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.15,000.00; Jesús Humberto Márquez Valenzuela, el 01 de febrero del 2006, como Encargado de Computo, dependiente de Oficina de Atención a Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.15,000.00; Pamela Liliana Alfaro Bustamante, el 01 de octubre del 2008, dependiente del Departamento de Recursos Humanos de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.15,000.00; Nubia Patricia López López, el 01 de febrero del 2006, como Secretaria Ejecutiva, dependiente Ministro Jefe Staff Presidencial de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.15,000.00; Ana Elizabeth Cantor, el 24 de abril del 2006, como Secretaria I, dependiente del Departamento de Donaciones de la Presidencia de la República, devengaba como salario mensual la cantidad de L.10,000.00; asimismo manifestaron que mediante actos administrativos tácitos les revocaron los nombramientos que ostentaban, quedando cancelados de manera tácita, al no emitirles los acuerdos de cancelación de manera expresa , a partir del 28 de junio del 2009 al manifestarles que no podían ingresar a las distintas dependencias de Casa Presidencial donde laboraban y dichos actos administrativos tácitos que no les fue notificados, en donde se les indique la terminación de la relación de servicios; además alegaron que no se sabe si la cancelación fue por cesantía o por despido, sin manifestarles el derecho que les correspondía del pago de las prestaciones laborales y aquellos derechos adquiridos que les pudieran corresponder por ley, y que además se les hacían todas las deducciones establecidas en las leyes como cualquier servidor público que estaba bajo el Régimen de Servicio Civil; argumentaron también que el hecho que haya prestado los servicios al Despacho de la Presidencia, no significa serán refutados servidores de confianza, por consiguiente estarán dentro del servicio protegido como lo es el Régimen de Servicio Civil, según artículo 53 de la Ley de Servicio Civil; y que por estar protegidos por dicha ley tienen derecho a ser reintegrados a su antiguo puesto o a otro de igual categoría y salario o ser indemnizado en aquellos casos en que fuere injustamente cancelado o despedido, según artículo 38 de dicha ley; y que al no ser notificados las cancelaciones violentaron el artículo 88 y 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo; asimismo, manifestaron que los actos administrativos impugnados que contienen las cancelaciones de los demandantes, hasta la fecha no fueron notificados con los requisitos establecidos en el artículo 88 y 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y que además de trascribir íntegramente el acto impugnado debe expresarse si ese acto puso fin o no a la vía administrativa, los recursos que contra el mismo proceden, el órgano competente para resolver, el plazo para interponerlo, y siendo que la notificación fue defectuosa por no reunir los requisitos formales; por ende se puede interponerse la demanda a partir de la fecha en que se haya manifestado expresamente en tal sentido por el notificado; o sea que interponga el recurso procedente, tal y como sucedió en el presente caso en la cual dándose por enterados a la fecha de la presentación de la demanda y al hacer tal manifestación es que interpusieron en tiempo y forma la demanda.- 2.- La parte demandada ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que los demandantes no han presentado prueba contundente para demostrar que laboraron en y para el Despacho de la Presidencia, observándose la mala intención de tratar de sorprender en su buena fe al Juzgado al aducir que acreditan la relación mediante “actos administrativos tácitos” por no haber firmado supuestamente contratos de trabajo y/o acuerdos, pretendiendo acreditar una hipotética relación laboral con la administración pública mediante documentos a través de los cuales se pretenden hacer creer que han desempeñado supuestamente cargos públicos y también refieren el recibimiento de sumas en concepto de pagos, sin embargo, tal y como dice el axioma jurídico “a confesión de parte, relevo de pruebas”, los mismos señores demandantes expresaron claramente no haber firmado ninguna clase de contratos laborales o acuerdos al efecto, ellos mismos han estado en la obligación de acreditar con documentos originales esa supuesta relación, ya que la administración pública emite actos administrativos expresos; por lo que no es procedente anular un acto tácito o expreso que solo existe en los argumentos de la parte actora; además alegó que para que exista una prestación de servicios públicos, es requisito indispensable que exista un acuerdo de nombramiento o un contrato análogo que señale que inequívocamente el inicio de una relación laboral, que los datos referidos por los demandantes en la subsanación de la demanda deberían ser probados, pero en este caso particular brillan por su ausencia; asimismo, manifestó que desde el 28 de junio del 2009, no se les ha permitido el ingreso a las labores diarias, día que era domingo, por lo tanto día inhábil y por ende sin labores dentro de Casa Presidencial; que como quieren que se les reconozca un derecho si estaban faltando a la veracidad y persiguiendo un lucro indebido, ya que no existió obligación alguna de parte de la parte demandada para los demandantes; y si percibieron una serie de actos tácitos por los cuales tuvieron a bien darse por despedidos, tuvieron que haber agotado la vía administrativa antes de proceder a entablar demanda, por lo que es clara e insoslayable la extemporaneidad de la acción judicial, así como la falta de agotamiento de la vía administrativa; y que no puede hablarse de despidos o cancelaciones de individuos que no mantenían relaciones laborales no sustentadas a través de acuerdos o contratos con la Administración Pública, no podían venir a invocar los beneficios de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, porque los mismos demandantes manifestaron no haber firmado nunca contratos o documentos similares que acrediten o den fe de las supuestas relaciones laborales.- 3.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, en fecha 29 de octubre del 2010, interpuso en tiempo y forma defensas previas: 1.- Que se hubiere interpuesto por persona incapaz, no representada debidamente o no legitimada, ya que los demandantes no acreditaron la relación de servicio con el Estado de Honduras mediante el respectivo Acuerdo de Nombramiento que constituye el Acto Administrativo que hace nacer la relación de servicio y la situación jurídica que legitima a la persona para comparecer ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo; que con respecto que varios de los demandantes consignados originalmente en el escrito de demanda de los cuales carecen igualmente de legitimación para demandar, no figuran como demandantes en el escrito de subsanación de la presente demanda, de lo cual se infiere que los mismos desistieron de demandar, como ser: Raúl Edgardo Soto Castro, Luis Alonso Tróchez Torres, Olga Lorena Cruz Estrada, Thelma Ondina Alvarez Bonilla, Norma Lila Velásquez, Lesly Maynel Al Varenga Bonilla, Alejandra Membreño López, Glenda Patricia Zaldaña Cantor, Florencia Patricia Salgado Cortés, Juan De Jesús Lagos Elvir, Lorena Rivas Méndez, José Concepción Suazo Fúnez, Dilcia Kaysa Mena Róchez Nancy Daena Benedith Alvarez, Sagrario Esmirna Paredes Vásquez, Julio César Canales Martínez, Evenor Mejía Suazo; 2.- Haberse presentado la demanda fuera de los plazos respectivos; los demandantes la interpusieron fuera de los plazos respectivos y establecidos en la ley para acudir a esta instancia en tutela jurídica, ya que han transcurrido 3 meses desde que se consideran cancelados los demandantes hasta la fecha de presentación de la demanda que fue el 21 de septiembre del 2009 y el acto administrativo tácito por el cual presuntamente fueron cancelados es de fecha 28 de junio del 2009; por lo cual la presentación de la demanda es extemporánea y la misma tuvo que haber sido inadmitida por el Juzgado. Que mediante sentencia de fecha 17 de noviembre del 2010, fueron desestimadas, en vista de que efectivamente no se encontró ninguna notificación expresa que manifieste la cancelación laboral y que, al no existir notificación expresa de cancelación, no se puede establecer término para presentar la demanda; por lo que se infringió el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- 4.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 29 de junio del 2015, dictó sentencia misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar improcedente la acción promovida por los ciudadanos EDWIN ALEJANDRO HERNANDEZ FUNEZ, VANESSA FABIOLA RODEZNO TERCERO, JOSE BARTOLO MOYA SALGADO, XENIA MARIA PINEDA RIVAS, VIENA MELISSA SOTO PONCE, WILMER ELIUD HERNANDEZ DOMINGUEZ, WALTER MANRIQUE CASTRO SOSA, ARMANDO AUGUSTOFLORES SANTOS, MARIA ESTELA ZELAYA MALDONADO, SANDRA ANABEL DIAZ MELENDEZ, NADIA ELIZABETH RIVERA AVILA, NORLAN MANRIQUE MURILLO ALCANTARA, MARIA LETICIA CABRERA, MARCO ANTONIO IRlAS RODRIGUEZ, VICTOR MANUEL ALFARO BONILLA, MARIA DEL ROSARIO ORTEGA HERNANDEZ, ROGER BALLARDO MURILLO ALCANTARA, DIGNA HAYDE SANTOS HERNANDEZ, FRANKLIN SAUL GONZALES ZELAYA, OSCAR ARMANDO COELLO REYES, MARGARITA CRUZ VILLAFRANCA, GLADIS NAYBE HIZA PERDOMO, FANNY GONZALES CARRASCO, EMERSON LEAO VALLADARES ACEITUNO, OCTAVIO OLIVA, NORBERTO FRANCO MARTEL, JULIO BARDALES, LEONIDAS SUAZO FUNEZ, SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ, GEORGE HARRY NEDREBO IÍJNDBLON, NANCY CAROLINA SANCHEZ VELASQUEZ, ROSINA YAMILETH SANCHEZ VELASQUEZ, DANIEL ANTONIO MEMBREÑO LAINEZ, CECILIO REYNALDO MERAZ PUERTO, JORGE ADALBERTO LOPEZ ESTRADA, VANESSA PAULETH BENDAÑA SILVA, GUADALUPE COELLO DUBON, ASHLEY MELISSA GUIFARRO, YADIRA ALEJANDRA YANEZAPARICIOJOSE LUIS SALGADO GARCIA, JOSE LUIS GUILLEN, SANDRA ISABEL GOMEZ, JORGE ALBERTO SANDRES RODRIGUEZ, MAGDA ELIZABETH MEDINA RAMOS, WAL TER JAVIER RODRIGUEZ, KAREN LISBETH VASQUEZ MATUTE, FARINA IMELDA VASQUEZ GARCIA, representada esta en juicio por Karen Lisbeth Vásquez Matute, DIANA CAROLINA CARTAGENA BANEGAS, MARY JACQUELINE MEDINA AMADOR, ROSA LEDIS CHAVEZ CARDENAS, JOSE CARLETON DAVILA MONDRAGON, JESUS HUMBERTO MARQUEZ VALENZUELA, PAMELA LILIANA ALFARO BUSTAMANTE, NUBIA PATRICIA LOPEZ LOPEZ y ANA ELIZABETH CANTOR Quienes confieren poder al Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en la demanda promovida contra el Estado de Honduras específicamente la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL por estar ajustado a derecho el acto impugnado consistente en el acto tácito de cancelación de los demandantes ….. SIN COSTAS…”; bajo el criterio que de la revisión del expediente se ha podido constatar que los demandantes alegan que fueron cancelados a través de un acto tácito, es decir, no hubo un acto que materializara la relación de trabajo con la parte demandada, no obstante aunque acreditaron documentos que confirman que hubo una relación laboral como ser: Constancias emitidas por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos, Casa Presidencial donde hace constar que varios de los demandantes se desempeñaron como empleados de Casa Presidencial; Constancias del Instituto Hondureño del Seguro Social en donde se acredita que los demandantes cotizaron al sistema bajo el numero patronal de Casa Presidencial; Comprobantes de depósito emitidos por Banco Ficohsa y realizados por Casa Presidencial a nombre de los ahora demandantes; Constancia de INJUPEMP, en donde consta que los ahora demandantes cotizaron a ese sistema de acuerdo a la planilla de Casa de Gobierno del 01 de junio del 2006 al 31 de mayo del 2009, empleado o servidor público es la persona natural que ha sido nombrada a través de un acuerdo, que presta sus servicios personales a la administración pública y que está protegido por la ley de Servicio Civil; que la Ley de Servicio Civil y su reglamento es clara al ordenar que el estatus de servidor público se obtiene a través de un acuerdo de nombramiento, en consecuencia para encontrarnos bajo el régimen de servicio civil, sin perjuicio de las excepciones que prescribe la misma ley, dicho vínculo se adquiere a través de un acuerdo de nombramiento y no a través de un acto tácito; por lo que debe ser requisito de obligatorio cumplimiento para obtener el estatus de servidor público un acuerdo de nombramiento que haga posible una vinculación de trabajo bajo el régimen de servicio civil (fallo emitido por la Honorable Corte de Apelaciones confirmados por la Sala Laboral Contencioso Administrativa).- 5.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 02 de noviembre del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que para que se perfeccione una relación entre el Estado como empleador y el ciudadano como empleado, es necesario, cumplir los requisitos previos para que se materialice la relación de servicio, elementos básicos que se disponen en el artículo 2 de la Ley de Servicio Civil, al disponer que el “ingreso al servicio se haya efectuado llenando las condiciones y requisitos que establezca esta ley y sus reglamentos”; por lo que debe cumplirse con dicha normativa de manera expresa, no cabiendo presunción alguna, requisitos sin los cuales no se pueden determinar una relación de servicio ya sea éste por Oposición o Excluido, y en referencia al ingreso por Oposición a la Carrera Administrativa, único que da protección a los servidores públicos, se debe llenar los requisitos exigidos en el artículo 11 de la ya mencionada Ley, que establece claramente en sus numeral 5 y 6, respectivamente: “5.- Haber sido aprobado en los exámenes de competencia de conformidad con los requisitos establecidos en esta ley; 6.- Haber obtenido el nombramiento respectivo;...” extremos éstos que no fueron acreditados en Primera Instancia; que es criterio de ésta Jurisdicción que en todo caso, los cargos desempeñados de manera irregular por los demandantes, serían hipotéticamente, puestos excluidos de protección del Régimen del Servicio Civil y de los beneficios de la Carrera Administrativa, por disposición expresa contenida en el artículo 3 letra b) de la Ley de Servicio Civil. Quedando expedito, la deducción de responsabilidades que el caso amerite por el perjuicio ocasionado al Estado de Honduras, al erogarse cantidades por sueldos indebidamente cancelados, tanto a los funcionarios responsables de dicha irregularidad como a los que se beneficiaron de dichos estipendios o remuneraciones.- 6.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en fecha 16 de febrero del 2018, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 02 de noviembre del 2017, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 049-2016, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 293-2009 del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de esa misma fecha, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- En la interposición de su recurso, la parte recurrente, expresó un único motivo de casación y una nulidad absoluta de actuaciones de la resolución impugnada, en base a los siguientes argumentos: “SE SOLICITA NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA, POR INCURRIR EN VICIOS DE NULIDAD. Que la solicitud de Nulidad Absoluta de Actuaciones de la resolución impugnada consistente en la sentencia de fecha dos (02) de Noviembre del año dos mil diecisiete (2017), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a nivel Nacional, se fundamenta con lo siguiente: 1.- Resulta contradictorio e incongruente que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo sostenga. Que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es por esencia revisora de los actos administrativos, ya sean estos actos administrativos expresos, manifestados de forma escrita, o bien de aquellos que se reconocen como tácitos o presuntos, de conformidad a las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo. Así también sostienen que la Ley de Servicio Civil establece como servicio excluido al conjunto de puestos a los que no se les aplica el régimen de servicio Civil; por estar expresamente separado del sistema del servicio civil, donde los demandantes alegan que fueron cancelados a través de un acto tácito, es decir no hubo un acto que materializara la relación de trabajo con la parte demandada, no obstante se acreditaron documentos que existió una relación de trabajo como ser: Constancias emitidas por el Jefe de Recursos Humanos de Casa Presidencial, donde hace constar que se desempeñaron como empleados de Casa Presidencial; constancia del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHHS) donde se acredita que los demandantes cotizaron al sistema bajo el Numero patronal de Casa Presidencial; comprobantes de depósitos emitidos por Banco FICOHSA y realizados por Casa Presidencial, a nombre de los demandantes; constancia de INJUPEM en donde consta que los demandantes cotizaron a ese sistema de acuerdo a la planilla de Casa de Gobierno entre el 01 de junio del 2006 al 31 de mayo del 2009, (Quiere decir que para la Corte Juzgadora, cuando estos demandantes vayan a pedir su beneficio de jubilación al INJUPEM no se los va otorgar simplemente porque no acreditan su acuerdo de nombramiento en forma expresa. En consecuencia los demandantes han probado en autos que fueron nombrados de forma tácita y su cancelación de nombramiento también fue de forma tácita. Y al no haber acuerdos expresos son causas imputables a la administración donde mantenía su relación laboral.) Así también la Corte Sentenciadora sostuvo que con los hechos alegados por las partes se desprende que a través de los medios de prueba documentales que los demandantes laboraban en la Secretaria de Estado de la Presidencia, quedando clara la relación de servicio entre ambas partes. Así también sostiene que siendo el criterio de este Tribunal de Alzada la no existencia de un acto expreso de nombramiento no es imputable a los demandantes si no a la voluntad que tiene un efecto jurídico de carácter laboral, lo que la falta de este, no es responsabilidad de los demandantes en virtud que legitima el hecho para comparecer ante los Tribunales ya que existen los actos tácitos y actos presuntos establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo, el cual es unívoco e incompatible con una voluntad distinta, produciendo los mismo efectos de una resolución expresa. Y que la falta de emisión lo convierte en los denominados actos tácitos; por lo que la omisión de dichos actos compete únicamente a la administración pública al no emitir acuerdo de Nombramiento y de Cancelación. (Lo que no es responsabilidad ni imputable a los demandantes). Así también sostiene el Tribunal de alzada que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es por esencia revisora de los actos administrativos, ya sean estos actos administrativos expresos, manifestados de forma escrita, o bien de aquellos que se conocen como tácitos o presuntos, de conformidad a las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo. Que aun sosteniendo todos estos fundamentos jurídicos la existencia de una relación de trabajo se vuelve incongruente con la PARTE DISPOSITIVA cuando fallan declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Oscar Orlando Sevilla Castro apoderado judicial de los Ciudadanos EDWIN ALEJANDRO HERNÁNDEZ FÚNEZ, y otros. SEGUNDO: CONFIRMA la sentencia definitiva de fecha 29 de junio del 2015, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que corre agregada a folios Números (542 f) al folio (549 v) de la primera pieza de autos. 2.- No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan. (Artículo 64 de la Constitución de la República.). 3.- Que nadie puede ser juzgado si no por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. (Artículo 90 de la Constitución de la República.). 4.- Que los Servidores del Estado no tiene más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo auto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsable legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. (Artículo 321 de la constitución de la República.). 5.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda personal para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la Tutela Jurídica de sus intereses a través de una resolución, pronta, completa e imparcial. 6.- Que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la administración pública, sujetos al derecho administrativo, debiendo juzgar los asuntos, dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes, y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y oposición. 7.- que los actos procesales serán nulos, entre otros casos, cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa se haya producido indefensión. 8.- Que de conformidad con el principios dispositivo ese Tribunal de Casación podrá decidir en relación con los pronunciamientos que ha sido recurridos por las partes, y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. Sin perjuicio de lo anterior y de conformidad a la Ley puede entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación en interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. Que por las razones y consideraciones jurídicas antes relacionada, es procedente que ese Tribunal de casación proceda anular la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda a dictar otra sentencia de conformidad a derecho”.- 8.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado JOSÉ EDUARDO PINTO CHINCHILLA, presentó en fecha 17 de abril del 2018, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 23 de abril del 2018, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 15 de mayo del 2018, los Abogados JOSÉ EDUARDO PINTO CHINCHILLA y OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 19 de junio del 2018, teniendo por personados a los Abogados OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, como recurrente, y JOSÉ EDUARDO PINTO CHINCHILLA, como recurrido; en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El artículo 90 de la Constitución de la República establece que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. El artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre señala como derecho de justicia, el que “Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.”.- III. En sintonía con ello, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1, como garantía judicial dispone: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formalizada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”.- IV. El acceso a la justicia, es un principio básico del Estado de derecho; y, ha de entenderse por ella, el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. El artículo 321 de la Constitución de la República establece que “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.” Entendiéndose que quienes ejercen la función jurisdiccional, son servidores del Estado y, por tanto, atañe a ellos lo enunciado en la norma citada.- VI. La sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 02 de noviembre de 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que para que se perfeccione una relación entre el Estado como empleador y el ciudadano como empleado, es necesario, cumplir los requisitos previos para que se materialice la relación de servicio, elementos básicos que se disponen en el artículo 2 de la Ley de Servicio Civil, sin que quepa presunción alguna; adiciona además, el argumento que los cargos efectivamente fueron desempeñados, calificando dicha situación como irregular, pero que en todo caso se trataría hipotéticamente de puestos excluidos de protección del Régimen del Servicio Civil y de los beneficios de la Carrera Administrativa, por disposición expresa contenida en el artículo 3 letra b) de la Ley de Servicio Civil y concluye con la posibilidad de deducción de responsabilidad por el perjuicio ocasionado al Estado de Honduras, tanto a los responsables de dicha irregularidad, como a los que se beneficiaron de dichos estipendios. Al haber confirmado la Corte de Apelaciones en su sentencia, el fallo, y con ello haber hechos suyos los pronunciamientos de primera instancia que no reconocen la existencia de relación laboral alguna; y agregar que existió un desempeño de un cargo, aún y cuando le agrega el calificativo de irregular, al anotar también que en todo caso habría de catalogarlo como un cargo excluido de protección del régimen, entra en una incongruencia y contradicción, que amerita sea declarada su nulidad.- VII. Uno de esos derechos humanos que ha de protegerse en el recurso, es el que concierne al derecho de defensa que se deriva de la motivación de las sentencias definitivas que se dictan y mediante las cuales se pone fin al proceso en primera instancia, así como las que resuelven los recursos interpuestos contra el fallo. En ese orden de ideas, existen requisitos: externos o formales, exigencias que establece la normativa procesal en cuanto a la forma y estructura de la decisión, conforme a los artículos 197 y 200 del Código Procesal Civil, que contienen entre otros, mención de: lugar y fecha, órgano jurisdiccional que la dicta, Juez de instancia o Magistrados integrantes, ponente y firma; y, los internos o sustanciales, que se concretan intrínsecamente a la labor del Juzgador, derivado de su razonamiento de la situación jurídica controvertida conforme a lo acontecido y aportado al proceso y en aplicación de las disposiciones legales pertinentes al debate. Requisitos esenciales como la claridad, precisión y exhaustividad, todo ello con la suficiente motivación, y consecuente congruencia exigida conforme a los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil.- VIII. El artículo 200 del Código Procesal Civil, en relación al contenido formal de las sentencias, específicamente en el numeral 2 inciso c, particulariza que “en los fundamentos de derecho se expresarán en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso.” Es importante hacer notar que la exigencia normativa no sólo se orienta a que exista el contenido, sino que el mismo sea exhaustivo, se complemente y no resulte contradictorio, de forma tal que se note que se ha llegado a él, a través del análisis de las cuestiones fácticas y jurídicas debatidas.- IX. Vinculado el deber de motivación al principio de congruencia, como obligación del órgano jurisdiccional de resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, no podría obviarse que ese deber incluye el emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento que conjugue hecho y derecho, de donde deviene imprescindible entonces la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia.- X. En sintonía con lo anterior, las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos que hayan sido objeto del debate.- XI. Por todo lo anterior, siendo que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado luego de decidir todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XII. En consecuencia, al carecer el fallo impugnado en casación de la motivación exhaustiva, congruente y no contradictoria exigida por la normativa procesal, procede la declaración de su nulidad y el reenvío para el dictado de una nueva sentencia por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, en observancia al artículo 727 numeral 4 del Código Procesal Civil que establece que “si se apreciara infracción de las normas reguladoras de la sentencia, la Corte Suprema de Justicia dictará la nueva sentencia salvo que el defecto consista en la omisión o defectuosa motivación fáctica, o en la omisión de pronunciamiento, en cuyo caso reenviará el expediente a la Corte de Apelaciones para que dicte nueva sentencia en el plazo de 15 días.”.- PARTE DISPOSITIVA.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 129, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 113, 666 letra c, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, ésta última disposición en relación al artículo 200, 207.1, 701 numeral 3, 727 numeral 4 y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: I. Declarar la NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 02 de noviembre de 2017. Contra la presente resolución no cabe recurso. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la infracción, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticuatro días del mes de junio del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha catorce de mayo del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 243-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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