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Sentencia CA-192-21 — Registro 13203

Resumen

(Sin resumen en la fuente)

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión, a saber: a) en la formulación se indica “…la falta de aplicación de las normas procesales que regulan el contenido de la sentencia…” causal que no concuerda con el precepto autorizante, que dicho sea de paso alude dos causales de casación distintas y contrapuestas “…719 numeral 1. inciso b) y numeral 2..” una que se refieren a las normas (formales) que regulan los actos y garantías del proceso y otra sobre normas (materiales) que deciden la cuestión del fondo del litigio. Además, la Recurrente relaciona dichas causales con el artículo 720 numeral 2) del Código Procesal Civil, lo cual aparte del defecto, ya señalado se invoca con otra causal (contenido formal de los fallos) lo cual, hace más confuso el cargo y por ende la norma que sustenta el motivo; b) se indican como infringidos, entre otros, los artículos 17 del Código Civil, que no tiene relación con las situación jurídica planteada en el proceso y los artículos 206 y 207 del Código Procesal Civil, que contienen numerales con distintas situaciones jurídicas que se deben precisar; y c) los defectos señalado en los literales que anteceden determinan que la explicación no tenga un contenido coherente y lógico, realizándose además, alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecinueve días del mes de agosto de dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA; y, Recurrida: el señor HERMIS ALEXANDER PINEDA MARTINEZ, representado en juicio por la Abogada GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS. OBJETO DEL PROCESO: Demanda en materia de personal para la nulidad de un acto administrativo emitido con exceso y abuso de poder, se declare nulo por no ser conforme a derecho el acto administrativo emitido, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, que se adopten las medidas para su pleno restablecimiento ordenando el reintegro, pago de los salarios dejados de percibir más los reajustes a que tenga derecho en su audiencia y sean otorgados a los demás servidores públicos, bonos, décimo tercero y décimo cuarto mes de salario, vacaciones comunes y corrientes, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por la Abogada GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS, en su condición de Representante Procesal del señor HERMIS ALEXANDER PINEDA MARTINEZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD, por medio de la Procuraduría General de la República. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su demanda, que el demandante ingresó a trabajar en la Policía Nacional el 15 de diciembre del año 2006 y fue nombrado mediante Acuerdo número DNT No. 120-2006, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad, en el cargo de Policía de la Dirección Nacional de Transito, y en fecha 08 de julio 2014, se cancela por despido al demandante y lo que se debió cancelar es el Acuerdo DNT 120-2006 donde nombraron al demandante, sin embargo, de manera irresponsable el Vice Ministro de la Secretaría de Seguridad e Investigación fue el que firmó el Acuerdo de cancelación, mismo que no tiene la facultad para ejercer dicho acto, no existiendo en el expediente Resolución motivada donde el Titular de la Secretaría de Seguridad faculta al Sub Secretario a formar acuerdos de cancelación, ya que la entidad que regula la Policía Nacional es la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y de acuerdo a los artículos 1, 3, y 4 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, el único que tiene la administración de la Policía Nacional es el señor Presidente de la República a través del Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, por lo que se puede ver que la cancelación carece de legalidad y a la vez se puede demostrar el exceso y abuso de autoridad cometida por el Sub-Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad e Investigación; además en el “por tanto” del acuerdo de cancelación impugnado se especifica que comparece el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, pero la firma de ese acuerdo la realiza el Sub Secretario en los Despachos de Seguridad, el señor Francisco Javier Lima Bueso, usurpando las funciones del Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad y reafirmando la ilegalidad del acto impugnado. Es claro que la policía forma parte de la Administración Pública, y como tal, para emitir un acto Administrativo se debe sustanciar en base a la Ley de Procedimiento Administrativo, concretamente en el artículo 22 refiere "Los actos de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo se regirán conforme a lo dispuesto en el presente capitulo”; vale decir que esta disposición no fue respetada, el acto no se emitió siguiendo las normas del procedimiento administrativo, por tanto se violentó el Debido Proceso. El acuerdo de cancelación no se hace referencia el haberse mandado a escuchar disposición establecida en el artículo 132 de la Ley Orgánica de la Policía, que refiere "de todo lo actuado se solicitara dictamen a las respectivas Unidades Legales"; en la resolución de Cancelación no aparece Dictamen alguno de acuerdo al artículo 72 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Que al demandante se le nombro como policía, y la institución le asignó otra función como conductor sin que ese sea su acuerdo de nombramiento, sin acreditarse que él hubiese recibido algún adiestramiento por parte de la policía, pues conducir este tipo de unidades requiere que la persona tenga Licencia para conducir y conocimiento pleno. Finalmente el actor fue citado para realizar la audiencia de Descargos por el siguiente motivo "Supuestamente haber colisionado entre dos patrullas policiales RPM16-06 y RPM16-40 seguido de volcamiento con daños materiales hecho ocurrido el 19 de marzo del presente año”, entre el acto o motivo que dio origen y el objeto que es el Acuerdo de Cancelación del actor, ya que lo cancelan por no proceder con eficiencia y eficacia en el desempeño de sus funciones policiales, utilizar adecuadamente la vestimenta equipo accesorios y herramientas de trabajo artículo 129 de la L.O. P. N. todo esto no tiene relación con la audiencia de Descargos; que al cancelarle el Acuerdo de Nombramiento violentaron el artículo 64 de la Constitución de la República mismo que refiere: "No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”. 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que en relación de quién firmó el acuerdo de cancelación el artículo 37 numeral 2 de la Ley General de la Administración Pública establece lo siguiente: "Los Subsecretarios de Estado, en el Artículo 34, tendrán las siguientes funciones: 1) ... 2) Decidir sobre los asuntos, cuyo conocimiento le delegue el Secretario de Estado”, y siendo que mediante Acuerdo 0777-2013 de fecha 06 de Mayo de 2013, el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, Arturo Corrales Álvarez, delegó en el Sub Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad e Investigación a Francisco Javier Lima Bueso, la firma requerida en los Autos o providencias dictadas en los expedientes y procedimiento administrativos incoados ante la Secretaría en el Despacho de Seguridad, Contratos, Autorizaciones, Licencias para Vehículos Blindados, Licencias para Operar en los Servicios de Seguridad Privado con y sin fines de lucro, Resoluciones, Acuerdos Internos inclusive de Cancelación y registrar su firma para realizar trámites en Instituciones Bancarias de cuenta de esta Secretaría de Estado, se entiende que dicho documento fue firmada por la persona idónea. En cuanto a que en el acuerdo de cancelación impugnado no se mencionó que se cancelaba el Acuerdo de Nombramiento del demandante y que existió una falta de motivación en el acto administrativo dictado; de lo anterior podemos establecer que el error involuntario cometido por la demandada, fue subsanado mediante Acuerdo No. 1719-201 de fecha 25 de agosto de 2014, en virtud que la Ley de Procedimiento Administrativo permite rectificar todo error material, de hecho y los aritméticos, que lo preceptuado en el artículo 128 de dicha Ley, de la manera siguiente: "En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión", de lo preceptuado en la citada norma se colige que la demandada actuó en todo momento en apego a derecho, siendo que es subsanable el error involuntario que se consignó en el Acuerdo de Cancelación 1286-2014 emitido por la demandada, en lo concerniente al haber omitido la palabra Cancelar “el Acuerdo de Nombramiento de…”, tal como consta en el expediente de mérito, se agrega a lo anterior que la Ley de Procedimiento Administrativo determina que los actos de la Administración Pública deben de sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirven de causa y en el Derecho aplicable, asimismo establece que el objeto de los actos deben ser licito, cierto y físicamente posible, requisitos que se cumplen en el presente caso, por lo tanto no se puede pretender que por ese lapsus sea un acto invalido. En cuanto a lo alegado al no haber cumplido con lo establecido en los artículos 132 párrafo tercero de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y el 72 de la Ley de Procedimiento Administrativo, sobre la solicitud de dictamen a las respectivas Unidades, lo cual es completamente falso ya que constan en las diligencias que dieron origen al Acuerdo de Cancelación 1286-2014, Dictamen Legal de fecha 28 de abril del año 2014, emitido por el abogado Grodvin Honorato Cantillano, Oficial Jurídico de la Dirección Nacional de la Policía Preventiva, mediante el cual esa Dirección Dictamina declarar valido el procedimiento administrativo realizado al ahora demandante. Por otra parte con la simple lectura del acuerdo de cancelación ahora objeto de impugnación, en la fundamentación jurídica, donde la demandada consigna como fundamento, el Acuerdo de Delegación 777-2013, y siendo que el Sub Secretario de Estado en los Despachos de Seguridad e Investigación, Francisco Javier Lima Bueso, entre otras cosas mediante el referido Acuerdo de Delegación tenía la facultad de firmar Acuerdos Internos e inclusive de cancelación siendo este el caso, es imposible que al emitir el Acuerdo de cancelación 1286-2014, haya incurrido en abuso de autoridad. La demandada actuó conforme a Derecho, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional para cancelar el nombramiento del ahora demandante, contemplado en los artículos 127 y 129 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (Decreto 2012-2012), y siendo que los requisitos establecidos en dichos artículos fueron cumplidos, y consta en las diligencias que soportan el Acuerdo de Cancelación ahora objeto de impugnación, informe inicial de fecha 24 de marzo de 2014, el que da origen al procedimiento disciplinario que se le siguió al ahora demandante, informe investigativo de fecha 01 de abril del 2014, Citación Audiencia de Descargo, Audiencia de Descargo de fecha 21 de abril de 2014 y Dictamen Legal de fecha 28 de abril de 2014, pudiendo apreciar que el procedimiento fue hecho conforme a lo establecido en Ley. En cuanto a que entre el acto o motivo que dio origen y el objeto del Acuerdo de Cancelación no hay relación, ante tal situación es oportuno señalar que los hechos suscitados que dieron origen al proceso disciplinario, así como la constancia emitida por un mecánico automotriz sobre el estado óptimo del sistema de frenos, caja de cambios y palanca de emergencia de la Patrulla RPM 16-40, conducida por el ahora demandante, y mediante lo cual se determinó la falta de diligencia de su parte, incumpliendo las obligaciones que todo miembro de la Carrera policial debe observar, tales como las establecidas en el artículo 24 numerales 5 y 6 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, los cuales literalmente dicen: "ARTICULO 24: 1)… 2)… 3)… 4)… 5) Proceder con eficiencia y eficacia en el desempeño de sus funciones policiales; 6) Utilizar adecuadamente la vestimenta, equipo, accesorios y herramientas de trabajo”. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de mayo del dos mil dieciocho, dictó sentencia que dice: “PARTE DISPOSITIVA. PRIMERO (1): DECLARAR PROCEDENTE la acción incoada por la abogada GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS, en su condición de apoderada legal del Señor HERMIS ALEXANDER PINEDA MARTINEZ, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el Acuerdo de Cancelación número SEDS 1286-2014 de cancelación de fecha ocho (8) de julio de dos mil catorce (2014) emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad. SEGUNDO (2): Se anula en su totalidad el Acuerdo de Cancelación número SEDS 1286-2014 de cancelación de fecha ocho (8) de julio de dos mil catorce (2014) emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad por no estar ajustado a derecho y haber sido dictado mediando exceso y desviación de poder. TERCERO (3): Reconocer la situación Jurídica Individualizada y para su pleno restablecimiento se resuelve: El reintegro del Señor HERMIS ALEXANDER PINEDA MARTINEZ al cargo que ocupaba al momento de su despido u otro de igual o mejor categoría en iguales condiciones y en concepto de daños y perjuicios, pago de los salarios dejados de percibir, más los reajustes a que tenga derecho en su audiencia y sean otorgados a los demás servidores públicos, bonos, décimo tercero y décimo cuarto mes de salario, vacaciones comunes y corrientes hasta que quede firme la sentencia. CUARTO (4): Se exime del pago de costas a la parte vencida por tener motivos para litigar”. Bajo el criterio que si bien es cierto al demandante se le practicó la audiencia de descargo, y que del resultado de la práctica de la misma, si bien es cierto por su acción se produjeron daños a una patrulla que le estaba asignada, razón por la cual la Secretaría de Seguridad emite acuerdo de cancelación por incumplimiento o violación grave de alguna de las obligaciones o prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, en relación al artículo 24 numerales 5) y 6) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, originando el acuerdo de cancelación número 1286-2014 de fecha 8 de julio 2014, notificado el 18 de julio del 2014, mediante el cual se cancela por despido sin responsabilidad para el Estado de Honduras al hoy demandante; del análisis detenido de la presente demanda se aprecia que el acuerdo de cancelación ha sido emitido mediando un exceso y desviación de poder en vista que el hoy demandante fue despedido de su cargo de Policía por considerar la parte demandada que el mismo incurrió en Incumplimiento o Violación Grave de Alguna de las Obligaciones o Prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras contenidas en el artículo 24 numerales 5) y 6) los cuales establecen lo siguiente: “….5) Proceder con eficiencia y eficacia en el desempeño de sus funciones policiales; 6) Utilizar adecuadamente la vestimenta, equipo, accesorios y herramientas de trabajo”, argumentando que el Policía Hermis Alexander Pineda Martínez, tenía bajo su responsabilidad la patrulla que conducía, y no utilizó los medios óptimos para mantener su buen estado y al no presentar la diligencia en su cuidado ocasiono la colisión entre una patrulla RPM 16-40 que estaba a su cargo y la patrulla RPM 16-06 (la cual según consta en autos no estaba ya en uso) afectando la estructura presupuestaria, situación que tampoco es cierta ya que en la prueba documental corre un acta donde se constata que se le harán las respectivas deducciones mensuales de su salario para la reparación de los daños causados a la patrulla accidentada, que en el presente caso no se entiende como pueden determinar esa causal de despido por una cuestión que surgió de manera accidental realizando el hoy demandante funciones que no le correspondían en relación a su nombramiento en vista que no fue contratado como motorista de la Policía Nacional sino como policía de la Dirección Nacional de Transito según consta en el acuerdo de nombramiento número D.N.T. 120-2006 y en atención a lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo que establece "Son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso y la desviación de poder”, y en virtud de todo lo anteriormente expuesto, se estima que debe decretarse la procedencia de la acción promovida, en vista que el Acuerdo de cancelación por despido emitido por la Secretaría de Seguridad y objeto de impugnación en la presente demanda no está dictado conforme a derecho mediando en la emisión del mismo exceso y desviación de poder. 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha ocho de junio del dos mil veinte, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que en el expediente Administrativo la audiencia de descargo de fecha 21 de abril del 2014 donde se narra que el día de los hechos el demandante venia de una misión al mando del Comisario Castellanos, traía dos detenidos los cuales los bajaron y reportaron en la guardia, buscó un lugar para estacionarse ya que en la base no hay lugar y la patrulla la estacionó en un lugar descendiente, frente a la posta lo engrano y le puso la emergencia y le puso llave, busco una piedra para acuñarla cuando observó que la patrulla estaba avanzando quiso detenerla y fue imposible, logrando desenclavar la puerta pegando en ese momento en la parte trasera de la otra patrulla en mal estado (chatarra), cuando quiso entrar ya había tomado impulso en el borde del barranco cayendo las dos patullas a la calle pavimentada, donde el demandante también cayo junto con la patrulla ocasionándose lesiones siendo auxiliado por un ciudadano y trasladado al hospital de Santa Bárbara; de estos hechos se desprende un dictamen legal de fecha 28 de abril 2014 donde declara valido el procedimiento administrativo realizado al policía y que se supone responsable de cometer la causal de despido por incumplimiento o violación grave de alguna de las obligaciones o prohibiciones, establecidas en la Ley Orgánica de la Policía artículo 126 numeral 1, y se sugiere el despido, razón por la cual la Secretaría de Seguridad emite acuerdo de cancelación por despido de fecha 8 de julio 2014 por incumplimiento o violación grave de alguna de las obligaciones o prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de la Policía artículo 126 numeral 1. Se analiza que al emitir el acuerdo de cancelación la Secretaría de Seguridad invoca como causal de incumplimiento o violación grave de alguna de las obligaciones o prohibiciones, contenidas en el artículo 24 numeral 5 y 6 la Ley Orgánica de la Policía como son: "5) proceder con eficiencia y eficacia en el desempeño de sus funciones policiales; 6) utilizar adecuadamente la vestimenta, equipo, accesorios y herramientas de trabajo" argumentos sobre la responsabilidad y el cuidado de la patrulla RPM 16-40 que conducía el demandante el día 19 de marzo 2014, consta en el acuerdo de cancelación en el considerando cuatro "supuestamente haber provocado la colisión entre dos patrullas policiales R.P.M. 16-06 y R.P.M. 16-40 seguido de volcamiento con daños materiales" diferentes contradicciones entre los hechos y la emisión del acuerdo de cancelación por parte de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad; para que el acto administrativo adquiera la validez que le corresponde, es necesario que el procedimiento se haya llevado a cabo bajo el principio de legalidad; como ya se ha determinado de acuerdo al artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder. Por lo que el alegato de agravios es irrelevante. No se desconoce las facultades de la Secretaría de Seguridad y sus autoridades entre ellas a proceder a la cancelación de acuerdos de nombramientos pero los mismos deben de sujetarse al procedimiento establecido por la Constitución de la Republica, tratados internacionales y la ley vigente, en cuanto a nombrar y remover personal, no obstante, está facultad debe enmarcarse dentro del Principio de Legalidad para todo el procedimiento, situación que no acontece en el caso de autos, extremo que trae aparejado consecuencias jurídicas preestablecidas en la Ley. 5. La representación procesal de la parte recurrente, la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, en fecha quince de enero del dos mil veintiuno, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha ocho de junio del dos mil veinte, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.064-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.315-2014 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha cuatro de febrero del dos mil veintiuno, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6. La representación procesal de la parte recurrida, la Abogada GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS, presentó en fecha veintitrés de febrero del dos mil veintiuno, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha ocho de marzo del dos mil veintiuno por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veintiséis de abril del dos mil veintiuno, a las Abogadas GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS y DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, respectivamente. 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veintiséis de mayo del dos mil veintiuno, teniendo por personadas a las Abogadas DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, como recurrente; y, GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS, como recurrida, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un único motivo de casación, manifestando lo siguiente: Se impugna la sentencia de fecha ocho (08) de junio de agosto del año dos mil veinte (2020) por la falta de aplicación de las normas procesales que regulan el contenido de la sentencia, así como la incongruencia de la misma. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículo 17 del Código Civil; 206 y 207 del Código Procesal Civil; 24 numeral 5) y 6) y 126 numeral 1) de la Ley Orgánica de Policía Nacional de Honduras. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1. inciso b) y numeral 2. del Código Procesal Civil en relación con el artículo 720. 2 del mismo instrumento jurídico. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna la sentencia de fecha ocho (08) de junio del año dos mil veinte (2020) dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con excepción de la declaración sobre las costas. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. El artículo 719 numeral 1. inciso b) y numeral 2. del Código Procesal Civil prescribe: "1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) ...b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. 2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derechos empleadas para la solución de fondo del litigio. El artículo 720 del Código Procesal Civil, en su numeral 2) prescribe: “1)… 2) Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo”. Con fundamento en las disposiciones transcritas, se solicita por este recurso el control de la motivación fáctica de la sentencia por haber llegado a una conclusión equivocada el Tribunal de Segunda Instancia, siendo que de manera errada se expresa en el décimo (10) fundamento de derecho “…hechos que reflejan un mero accidente por imprudencia, sin dolo de querer causar daño el daño hecho que no se enmarca por incumplimiento [...] no incumplió las obligaciones contenidas artículo 24 numerales 5, 6.” Como se puede observar, el fallo de la Honorable Corte de Apelaciones fue emitido infringiendo completamente lo ordenado en el artículo 24 numerales 5) y 6) en virtud que se basó en un argumento completamente subjetivo que atenuó la acción cometida por el demandante, siendo que se expresó que lo ocurrido fue un "mero accidente sin dolo" cuando la Ley Orgánica de la Policía Nacional, es diáfana al establecer: "Son obligaciones de los miembros de la Policía Nacional las siguientes: l) ... 2) ... 3)... 4) ... 5) Proceder con eficiencia y eficacia en el desempeño de sus funciones policiales; 6) utilizar adecuadamente la vestimenta, equipo, accesorios y herramientas de trabajo.” De lo ordenado en la norma, la cual ha sido infringida su aplicación, es evidente que no hace distintivos como dolo o negligencia, sino que de forma categórica ordena a los miembros de la Carrera Policial a proceder con eficacia y eficiencia así como la utilización adecuada del equipo y herramientas de trabajo, caso contrario se incurre en el incumplimiento de sus obligaciones, causal de despedido para Los miembros de la Carrera Policial sin responsabilidad para el Estado de Honduras, artículo 126 numeral 1) Ley Orgánica de la Policía Nacional; en tal sentido, es evidente que existió una completa falta de aplicación de las normas de derechos empleadas para la solución de fondo del litigio y una ineficaz motivación fáctica de la norma aplicable al caso concreto, lo que me lleva solicitar respetuosamente la protección de las normas del ordenamiento jurídico eludidas en el proceso, las cuales son de estricto cumplimiento”. 2.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión, a saber: a) en la formulación se indica “…la falta de aplicación de las normas procesales que regulan el contenido de la sentencia…” causal que no concuerda con el precepto autorizante, que dicho sea de paso alude dos causales de casación distintas y contrapuestas “…719 numeral 1. inciso b) y numeral 2..” una que se refieren a las normas (formales) que regulan los actos y garantías del proceso y otra sobre normas (materiales) que deciden la cuestión del fondo del litigio. Además, la Recurrente relaciona dichas causales con el artículo 720 numeral 2) del Código Procesal Civil, lo cual aparte del defecto, ya señalado se invoca con otra causal (contenido formal de los fallos) lo cual, hace más confuso el cargo y por ende la norma que sustenta el motivo; b) se indican como infringidos, entre otros, los artículos 17 del Código Civil, que no tiene relación con las situación jurídica planteada en el proceso y los artículos 206 y 207 del Código Procesal Civil, que contienen numerales con distintas situaciones jurídicas que se deben precisar; y c) los defectos señalado en los literales que anteceden determinan que la explicación no tenga un contenido coherente y lógico, realizándose además, alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario. 3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo nuestra de la Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. 4.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad. Adicional se recuerda a la Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. 5.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los doce días del mes octubre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha diecinueve de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA192-2021. Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.