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Sentencia CA-188-19 — Registro 10047

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por la demandante por no ajustarse a Derecho el Acto Administrativo impugnado consistente en el Acuerdo de Cancelación, se confirma la sentencia en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación errónea del artículo 53,54, de la Ley de Servicio Civil empleado para la solución de fondo del litigio en relación con el 189 y 190 párrafo segundo de su Reglamento. DISPOSICIÓN INFRINGIDA: Estimo como infringido el artículo 53, y 54 de la Ley de Servicio Civil, empleado para la solución de fondo del litigio en relación con el 189 y 190 párrafo segundo del Reglamento de dicha Ley. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha 25 de enero del 2019. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 7 19.2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Considero que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, l dictar la sentencia de fecha 25 de enero del año 2019, debió declarar con lugar el Recurso de Apelación, en virtud que al interponerlo, exprese los agravios que la sentencia de primera instancia causa a mi representado, misma que fue dictada el 30 de septiembre del 2016, por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, la cual se impugna en su totalidad por no ser conforme a derecho y por ocasionar indefensión al fallar procedente una acción de Cancelación por Cesantía, promovida por la ciudadana SUYAPA ALEMÁN PONCE, fallo que considero incorrecto en virtud que a la demandante se le cancelo siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, por lo que considero que mi representado el Estado de Honduras no es responsable por la obligación que se le ha demandado en el caso que nos ocupa, en virtud de haber seguido el procedimiento que emana la Ley de Servicio civil en su artículo 53, 54, y 189, 190 párrafo segundo de su Reglamento y al no hacerlo violó evidentemente el ordenamiento jurídico establecido, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por la demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado y la sentencia objeto del presente Recurso no se encuentra ajustada a derecho, la Corte Sentenciadora para confirmar la sentencia del A quo, que declaró procedente la acción, debió declarar improcedente la misma, en aplicación a los artículos anteriormente mencionados por lo que considero que la interpretación que hace el Tribunal Sentenciador es errónea por lo que procede se case la sentencia”.- II. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- III. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos o causas que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cinco días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados, EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada IRYS YAMILETH DUARTE ORDOÑEZ y, Recurrido: La señora SUYAPA ALEMÁN PONCE, representada en juicio por la Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal consistente en un acuerdo de cancelación por cesantía de un servidor público; que se reconozca la situación jurídica individualizada por la cancelación injusta e ilegal de que fue objeto y como medida para el restablecimiento del derecho violado, que se condene al demandado al reintegro al puesto o cargo que tenía al momento de la cancelación u otro cargo o puesto de igual o mayor categoría o jerarquía dentro de la institución Estatal demandada; aumentos salariales, bonificaciones, y demás derechos que se produzcan durante la secuela del juicio; pago del decimotercer mes y decimocuarto mes de salario; vacaciones adeudadas, pago de salarios dejados de percibir; infracción al ordenamiento jurídico; exceso y desviación de poder; quebrantamiento en las formalidades esenciales en su emisión; se acompañan; costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por la señora SUYAPA ALEMÁN PONCE, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la demandada el 01 de marzo de 1994, en el cargo de Contador I y que posteriormente fue nombrada como Auxiliar Administrativo II, devengaba un salario mensual de L. 19,553.00; y que después de 20 años de laborar, en fecha 13 de marzo del 2014, fue notificado personalmente de la decisión de cancelar el nombramiento mediante el acuerdo de cancelación No.0042-CES-SRH-2014 de fecha 12 de marzo del 2014 y efectivo a partir del 14 de marzo del 2014, en el cual, se le invocaron como causa de la cancelación por cesantía, la reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario; alegó que la causa invocada no es precisa, ya que obedece a una disyunción con la agravante de que ambas figuras jurídicas son excluyentes entre sí, es decir, que el acuerdo de cancelación por cesantía, es por reducción de servicios? o por reducción por razones de orden presupuestario?; y que según la jurisprudencia en materia de personal establece que es una necesidad esencial para los empelados públicos al servicios de la sociedad, que el acuerdo de cancelación indique de manera clara y precisa las causas justas que llevaron al Estado de Honduras, a través de sus distintas Secretarias de Estado, a tomar tal determinación, para así, a la hora de conocer los hechos y los efectos, puedan los empleados públicos preparar la defensa; razón por la cual manifiesta que rechazó de manera enérgica, el ilegal, arbitrario, abusivo e injusto acuerdo de cancelación antes descrito, ya que el mismo, violenta de manera evidente el contenido del artículo 129 de la Constitución de la República; además manifestó que la autoridad nominadora no cumplió con todos y cada uno de los requisitos de procedimiento previamente establecidos en la ley.- 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la demandante fue nombrada el 01 de marzo de 1994, en el cargo y sueldo, tal como lo alegó en su demanda; que la Cancelación por Cesantía de que fue objeto la demandante no constituye un acto arbitrario de separación, por el contrario la Ley faculta a la autoridad nominadora para que pueda cancelar el nombramiento de uno o más servidores públicos siempre y cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil, literal a) y b); por lo que se procedió a efectuar el procedimiento de cancelación por cesantía en razón de lo establecido en el numeral a) de la referida norma, respetando en todo momento el procedimiento que conlleva dicha acción; que también la demandada se encontraba facultada en base a ley para llevar acabo procesos de reestructuración, ya que las Disposiciones Generales del Presupuesto 2014 autorizó expresamente la Secretaría de Relaciones Exteriores para que realizara la reestructuración tanto del servicio exterior como del interno, y también estaba autorizado al Despacho de Relaciones Exteriores, para que realizara la misma acción; alegó que las evaluaciones que efectuó la autoridad nominadora se realizaron con el mayor profesionalismo, conforme a lo previsto en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 30 de septiembre del 2016, dictó sentencia misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la Acción promovida por la señora SUYAPA ALEMÁN PONCE; por no ajustarse a Derecho el Acto Administrativo impugnado, consistente en el Acuerdo de Cancelación No. 0042-CES-SRH-2014 de fecha 10 de marzo del 2014 y efectivo a partir del día 14 de marzo del 2014, emitido por la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, por medio del cual se canceló por cesantía a la demandante; en consecuencia, SE ANULA TOTALMENTE EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. SEGUNDO: Reconocer la situación jurídica individualizada de la demandante SUYAPA ALEMÁN PONCE y para su pleno restablecimiento se adoptan las medidas siguientes: 1) Adoptar el Reintegro del demandante SUYAPA ALEMÁN PONCE al cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO II, en la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL.- En caso de ser materialmente imposible el Reintegro de la demandante al cargo relacionado, deberá ser reintegrada a otro puesto de igual categoría y en las mismas condiciones. 2) Condenar al Estado de Honduras, a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, al pago, a favor de la demandante SUYAPA ALEMÁN PONCE, de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación (14 de marzo del 2014), hasta la fecha en que sea ejecutado el presente fallo, más el pago de los de beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, decimocuarto mes, décimo tercer mes, bonos y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder; Cálculo que se difiere para la Fase de Ejecución de la Sentencia Definitiva. TERCERO: Se decreta, en su caso, la nulidad del Acto Administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto (a)) del demandante. CUARTO: Se exime del pago de costas a la parte demandada, vencida en juicio por tener motivos suficientes para litigar”; bajo el criterio que, de la revisión del expediente administrativo, así como del estudio y valoración de las pruebas aportadas por las partes en el presente caso, se desprende que el acto administrativo impugnado y por medio del cual se canceló por cesantía a la demandante, se dictó con infracción al ordenamiento jurídico. Lo anterior, debido a que no basta con consultar al Consejo de Servicio Civil sobre la procedencia de una cesantía, y que se obtenga una respuesta favorable, para estimar que con esto se ha evacuado todo el procedimiento para cancelar por cesantía a un empleado protegido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. Para que la autoridad Nominadora pueda ejercer la facultad establecida en el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil, es necesario que se fundamente y notifique al empleado por cuál de las excepciones calificadas ha sido cancelado de su cargo, notificación que debe ser realizada con al menos un mes de anticipación. De igual forma y con fundamento en la garantía constitucional de la estabilidad laboral, la autoridad nominadora debe tomar en cuenta, tanto la antigüedad laboral como los valores y calificaciones de las evaluaciones del desempeño, para así decidir a qué servidores públicos afectará. Que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece que la sentencia declarará procedente la acción cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder; “Constituirá desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por la ley”. Quedando demostrado que en el presente caso, hubo infracción al ordenamiento jurídico aplicable, por desviación de poder, específicamente a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, artículo 53 de la ley y los artículos 187, 189, 190, 191, 192 relacionado con el 140 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, en virtud de no haberse seguido el procedimiento establecido para la cancelación por cesantía del nombramiento de la demandante; ni haberse cumplido con el fin que persigue la ley aplicando esta figura.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 25 de enero del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que la parte demandante cumplió con algunos de los requisitos establecidos en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento para la emisión de acto impugnado efectuando la consulta al Consejo del Servicio Civil, obteniendo una respuesta favorable, pero debieron de cumplirse el resto de los requisitos legales para proceder a la cancelación por cesantía, la que deberá ser notificada al servidor público con un mes de anticipación por lo menos, para tal efecto del estudio de mérito no existe documentación en el expediente administrativo de la demandante, que acredite dicha notificación, constando únicamente en el expediente la notificación del acuerdo de cancelación por cesantía con un tiempo de antelación de dos (2) días, siendo esta notificación al servidor público como se ha mencionado con al menos un (1) mes de antelación; además en cuanto al requisito establecido en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, no se tomaron en cuenta los resultados de las evaluaciones periódicas en el desempeño y antigüedad laboral, por lo que al seleccionar el personal que será objeto de cancelación por cesantía, es imprescindible que se tomen en cuenta ambos aspectos, y siendo que la demandante cuenta con más de once (11) años de desempeño así como el resultado de calificaciones de: “Muy bueno” y “Bueno” en las dos últimas evaluaciones, por lo que se concluye que no se cumplieron con todos los requisitos legales para emitir el acuerdo de cancelación por cesantía No. 0042-CES-SRH-2014 de fecha 10 de marzo del 2014. Que en relación al artículo 91 de la Ley de Procedimientos dicho estamento jurídico es irrelevante en virtud que no aplica en materia personal al comprobarse que se notifica al demandado a los dos (2) días de la emisión del acto administrativo impugnado cumpliendo las formalidades legales y surtiendo efectos esperados, tanto que la demandada de mérito se presentó en los plazos legales respectivos; siendo de contexto en el uso del presente expediente recurrido la supletoriedad de la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, concluyendo en una franca violación al proceso que le asiste al servidor público para que el mismo sea garante del proceso legal normativo regulador. Que la Ley de este Foro en su artículo 112 regula especialmente el contenido de las sentencias que se dicten en materia personal y se trae a colación la referida norma pues resulta evidente que la Ley señala que una de las medidas a adoptar para restablecer la situación de derecho de un demandante que ha logrado su reinstalación por vía judicial es el pago a los sueldos que le correspondan, es decir, la ley no distingue u obliga a que se haga un detalle de los distintos conceptos que la componen pues se entiende que desde el momento que se reconoce la situación jurídica individualizada de un servidor que ha logrado su reintegro y se dispuso el pago de los sueldos o salarios, ello es equivalente a que ese servidor legalmente nunca dejó de prestar sus servicios con la Administración Pública, por lo que le corresponden que se le reconozcan todas y cada uno de los derechos que la plaza que desempeñaba como Auxiliar Administrativo II la señora Suyapa Alemán Ponce, siempre y cuando reúnan los requisitos previstos por la ley especial para los derechos que haya adquirido conforme al procedimiento y ordenamiento jurídico que le correspondiese, cualquiera que sea, desde el punto de vista técnico estamos hablando ya de una atribución implícita de la potestad, que es una figura habitual en el Derecho Administrativo como remedio flexibilizador a la exigencia rigurosa de una atribución legal. Por la que la sentencia hoy apelada debe ser confirmada por haber sido emitida conforme a derecho siendo la misma congruente con la demanda y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en pleito.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada IRYS YAMILETH DUARTE ORDOÑEZ, en fecha 05 de marzo del 2019, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 25 de enero del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 033-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.00110-2014 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 11 de marzo del 2019, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ, presentó en fecha 29 de marzo del 2019, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 01 de abril del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 02 de abril del 2019, las Abogadas IRYS YAMILETH DUARTE ORDOÑEZ, y ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ.- 7.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 11 de abril del 2019, teniendo por personados a las Abogadas IRYS YAMILETH DUARTE ORDOÑEZ, como recurrente, y ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación errónea del artículo 53,54, de la Ley de Servicio Civil empleado para la solución de fondo del litigio en relación con el 189 y 190 párrafo segundo de su Reglamento. DISPOSICIÓN INFRINGIDA: Estimo como infringido el artículo 53, y 54 de la Ley de Servicio Civil, empleado para la solución de fondo del litigio en relación con el 189 y 190 párrafo segundo del Reglamento de dicha Ley. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha 25 de enero del 2019. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 7 19.2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Considero que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, l dictar la sentencia de fecha 25 de enero del año 2019, debió declarar con lugar el Recurso de Apelación, en virtud que al interponerlo, exprese los agravios que la sentencia de primera instancia causa a mi representado, misma que fue dictada el 30 de septiembre del 2016, por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, la cual se impugna en su totalidad por no ser conforme a derecho y por ocasionar indefensión al fallar procedente una acción de Cancelación por Cesantía, promovida por la ciudadana SUYAPA ALEMÁN PONCE, fallo que considero incorrecto en virtud que a la demandante se le cancelo siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, por lo que considero que mi representado el Estado de Honduras no es responsable por la obligación que se le ha demandado en el caso que nos ocupa, en virtud de haber seguido el procedimiento que emana la Ley de Servicio civil en su artículo 53, 54, y 189, 190 párrafo segundo de su Reglamento y al no hacerlo violó evidentemente el ordenamiento jurídico establecido, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por la demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado y la sentencia objeto del presente Recurso no se encuentra ajustada a derecho, la Corte Sentenciadora para confirmar la sentencia del A quo, que declaró procedente la acción, debió declarar improcedente la misma, en aplicación a los artículos anteriormente mencionados por lo que considero que la interpretación que hace el Tribunal Sentenciador es errónea por lo que procede se case la sentencia”.- II. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- III. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos o causas que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace merito, en su único motivo; 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los tres días del mes de febrero del dos mil veinte; certificación de la resolución de fecha cinco de diciembre del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 188-19.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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