Sentencia CA-161-18 — Registro 9177
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia declarando procedente la acción incoada por la Sociedad Mercantil Ingenieros Civiles Asociados, Inversiones, Sociedad de Responsabilidad Limitada (ICA INVERSIONES S. DE R.L.) se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por la razones siguientes: a) en la formulación se omite el concepto de la infracción es decir si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) se omiten la normas que se consideran infringidas; c) igualmente el pronunciamiento que se impugna; c) en los ordinales dos, segundo, tercero y cuarto se insta a la revisión de los hechos, interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) en los ordinales antes mencionados se realizan extensos alegatos de instancia inapropiados en este recurso extraordinario. Además, el cargo así carece de la estructura adecuada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por la razones siguientes: a) en la formulación se omite la disposición de naturaleza procesal (Código Procesal Civil) que fueron directamente infringidas a razón del precepto autorizante invocado; b) en la explicación se insta a la revisión de los hechos, interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) se omite el pronunciamiento que se impugna, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 704 del Código Procesal Civil; y, c) lo expuesto en el desarrollo es un extenso y confuso alegato de instancia inapropiados en este recurso extraordinario, donde debe primar la claridad y precisión, para la prosperidad del cargo"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintitrés días del mes de julio del dos mil diecinueve, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrentes/Recurridos: el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), representado en juicio por la Abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRIGUEZ; y, la sociedad mercantil INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, INVERSIONES S. DE R.L. (ICA INVERSIONES, S. DE R.L.), representado en juicio por el Abogado JOSE EFRAÍN BRICEÑO, respectivamente.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda Contenciosa Administrativa para que se declare la ilegalidad y nulidad parcialmente de un acto administrativo por no encontrarse ajustado a derecho y haberse infringido el ordenamiento jurídico y las formalidades esenciales del procedimiento establecido, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y se adopten las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de las mismas entre ellas: que se condene a la parte demandada a pagar los valores adeudados en concepto de: 1) intereses generados por el último pago tardío del contrato con Nª.DSL-015-2008, que se efectuó hasta el día 27 de enero del año 2012; 2) gastos directos: que comprenden pago de sueldos y salarios; 3) más el 20% de lucro cesante calculados sobre el monto total de costos y gastos reclamados en la demanda; 4) intereses comerciales que se deberán calcular desde la fecha del acta de la recepción final del proyecto 13 de julio del año 2009, hasta que se efectúe el pago del monto reclamado, todo se deriva por el incumplimiento de contrato de construcción para la remodelación de las oficinas administrativas y edificio de extensión social del Injupemp, costas; promovida por el Abogado TITO HERNANDEZ SALGADO, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, INVERSIONES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (ICA INVERSIONES S. DE R.L.), contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su demanda, que la Sociedad Mercantil INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, INVERSIONES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (ICA INVERSIONES, S. DE R.L.) y el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), en fecha 18 de Junio de 2008, suscribieron el contrato de construcción para la remodelación de las oficinas administrativas y edificio de extensión social del INJUPEMP, ubicado en la Colonia Loma Linda Norte Avenida la Fao, Tegucigalpa, M.D.C., el cual fue registrado bajo el número DSL-015- 2008, el cual sufrió modificación mediante ADENDUM de fecha 10 de diciembre del 2008, que únicamente modifica la cuantía del Contrato, no así las demás disposiciones y estipulaciones que regirían el contrato suscrito inicialmente, según las condiciones del Contrato específicamente en la cláusula Vigésima Primera que dispone: CLAUSULA ESCALATORIA. “EL CONTRATISTA” expresamente reconoce que su propuesta fue hecha basándose en los precios y costos de los materiales de construcción, equipo, mano de obra y cargas sociales considerando el tiempo de ejecución del proyecto, a excepción del listado siguiente: cotizaciones IHSS, INFOP, salario mínimo (16 empleados o más) con un valor diario de L.99.69 todos esos precios son vigentes a la fecha de licitación y se pagará la variación que se dé entre la fecha de la oferta presentada en la Licitación y la fecha de la estimación correspondiente, por lo que se cotejará la variación de los precios, en función del material utilizado, este en ningún momento sobrepasará el orden de las cantidades de material estimado los reajustes serán pagados a “EL CONTRATISTA” por “EL INSTITUTO” previa solicitud escrita y justificada presentada por “EL CONTRATISTA” y aprobada por “EL INSTITUTO” de lo antes expuesto, en lo que comúnmente en materia de contratos se conoce como “CLAUSULA ESCALATORIA”, la que fue incumplida por parte de “EL INSTITUTO”, en virtud de que mediante el Acuerdo STSS-374, de fecha 27 de diciembre de 2008, el Gobierno Central, acordó incrementar el salario mínimo a un valor de L.183.33 diarios, haciendo un valor total mensual del nuevo salario de L.5,500.00, mismo que produjo una variación de incremento en cuanto al valor de la mano de obra para el contrato suscrito, contemplada la misma dentro de los conceptos cubiertos o abarcados para ser reconocido por parte de “EL INSTITUTO”, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, solicitó en cada estimación posterior al incremento salarial, el pago de dicho incremento para que fuera tramitado su pago, como consta en las copias de las notas de fechas 2 de febrero de 2009, 8 de mayo de 2009, 10 de Junio de 2009, mismas que fueron recepcionadas por las autoridades del INJUPEMP, en tiempo y forma, tal y como lo manda la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y las disposiciones del Contrato que rigieron la relación. Que ha sido del conocimiento de las autoridades del INJUPEMP, que se le adeudan valores en concepto de incremento de mano de obra por aumento del salario mínimo, tal es el caso, que la anterior Administración de “EL INSTITUTO” al momento de liquidar el proyecto, emitió una resolución administrativa de fecha 15 de diciembre de 2009, en la cual se reconoce adeudarle a “EL CONTRATISTA” cantidades de dinero, que a esta fecha no han sido honradas por EL INSTITUTO, causando perjuicio económico y haciendo incurrir EL CONTRATISTA en gastos y costos financieros, producto del atraso injustificado del pago por más de 1 año, si se contabiliza que el primer reclamo por incremento se realizó en fecha 2 de febrero de 2009, contraviniendo lo dispuesto en el contrato suscrito como en las disposiciones del párrafo tercero del Artículo 28 y del Artículo 74 de la Ley de Contratación del Estado; así como en las disposiciones de los Artículos 193, 195 y 196 del Reglamento de la ley de Contratación del Estado y su reclamo no solo comprende el valor adeudado en concepto de incremento de mano de obra suscitado en el contrato registrado bajo el numero DSL-015-2008 que contiene el contrato de construcción para la remodelación de las oficinas administrativas y edificio de extensión social del INJUPEMP UBICADA LOMA LINDA NORTE, AVENIDA LA FAO, TEGUCIGALPA M.D.C.; en virtud de que la obra contratada fue recepcionada por “EL INSTITUTO”, en fecha 13 de junio del año 2009, por otro lado “EL INSTITUTO”, en fecha 15 de diciembre del año 2009, reconoció mediante una Resolución que le adeudaba a la parte demandante la cantidad de L.862,446.45 dicho valor era adeudado desde el momento de la firma del acta de recepción final del proyecto (13 de julio del año 2009). Pero dicha cantidad fue pagada hasta el 27 de Enero del año 2012. Donde transcurrió un periodo de dos años con 6 meses, dichos valores han generado intereses en vista del pago tardío tuvo que tramitar préstamos para poder hacerle frente a los valores que adeudaba como producto de que los pagos por parte de “EL INSTITUTO”, nunca incluyeron los valores de incremento de mano de obra del proyecto, no obstante que ha sufrido un perjuicio económico por parte de “EL INSTITUTO”, también ha mantenido pendiente en el edificio un Gerente de Proyectos, Supervisor de Proyectos, Asistente de supervisión, como asistencia adicional a “EL INSTITUTO”, por las constantes dudas y consultas que efectúa esa administración demandada, el INJUPEMP, en franca violación a las disposiciones de los derechos de los contratistas, incurrió en lo dispuesto en el Artículo 134 de la Ley de Contratación del Estado, específicamente en el numeral 4) que dispone: “Retrasar injustificadamente el trámite de los pagos que deban satisfacer los organismos del sector público a sus proveedores o contratistas.” 1.- En reiteradas ocasiones la parte demandante se persono ante las distintas autoridades de los distintos departamentos de “EL INSTITUTO”, sin obtener una respuesta favorable al pago, pues dichas autoridades se dedicaron a realizar en dos ocasiones el mismo trámite para el pago de lo adeudado, es decir repetir el trámite que ya se había realizado en la anterior administración, pues el mismo ya se encontraba aprobado por la Administración anterior para ser pagado y esta administración lo regresó para iniciar el trámite nuevamente, violentando lo dispuesto en la Ley de Contratación del Estado y en su Reglamento, cito como referencia el MEMORANDO número DSL-1477-2009 de fecha 17 de noviembre de 2009, siendo que lo solicitado ya había sido entregado a “EL INSTITUTO”, mediante nota de fecha 28 de septiembre de 2009 y recibido en ese Instituto, en fecha 6 de octubre de 2009; asimismo se citan los memorandos números DIP-105-2010, de fecha 25 de enero de 2010, mediante el cual el Ingeniero EFRAIN ORDOÑEZ, como Supervisor de Proyectos de esa Institución, le da el Visto Bueno al pago, por considerar procedente el pago del incremento por mano de obra, previas revisiones efectuadas por la división de ingeniería y proyectos asimismo mediante el memorando número DIP-098-2010; la División de Ingeniería y Proyectos, de fecha 25 de enero de 2010, mediante el cual se solicita la emisión de cheque por incremento de mano de obra del Contrato ya citado mismo que a esta fecha no se ha efectuado, desconociendo las motivaciones que impulsan la negativa de “EL INSTITUTO” para efectuar dicho pago, cuando contractualmente se encuentra pactado y es ley entre las partes, que la Sociedad Mercantil INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, INVERSIONES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (ICA INVERSIONES, S. DE R.L.) se vio en la obligación de presentar un escrito en fecha 2 de Julio del año 2010, mediante el cual formalizo UN RECLAMO ADMINISTRATIVO, el que no fue resuelto dentro de los plazos establecidos en la Ley De Procedimiento Administrativo y por esas razones en fecha 18 de Noviembre del año 2010, se presentó escrito donde se solicitó Pronta Resolución por el silencio administrativo, por no resolverse en tiempo y forma UN RECLAMO ADMINISTRATIVO ante el INJUPEMP, el que tampoco fue resuelto dentro del plazo de 8 días que establece la Ley de Procedimiento Administrativo y por esas circunstancias en fecha 10 de enero del año 2011, se interpuso Recurso de Apelación, contra un Acto Presunto Negativo por el Silencio Administrativo de un reclamo, el que se resolvió mediante providencia de fecha 12 de enero del año 2011, la que no tiene las características y requisitos de una Resolución y que mediante la cual resolvieron declarar improcedente un recurso de apelación interpuesto contra una resolución presunta denegatoria por el silencio administrativo por no resolverse un reclamo administrativo dentro de los plazos establecidos por la LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, lo que ha derivado en reclamaciones improcedentes de responsabilidad, en virtud que la sustanciación de cualquier pretensión que se formule ante la Administración Pública, debe ser analizada y tramitada a efecto de exonerar al Estado de Honduras o cualquier institución de la administración pública de responsabilidad legal o patrimonial que se le pretenda imputar debiendo sustanciar los procesos o expedientes administrativos observándose las normas rituales establecidas por la Ley de Procedimiento Administrativo y ser resueltas dentro de los términos que las leyes de la materia establecen, por el transcurso de los plazos legales sin ser dictada la resolución correspondiente que le ponga fin al trámite administrativo, las actuaciones administrativas realizadas fuera del tiempo establecido solo implicaran la anulación del acto si así lo impusieran la naturaleza del término o plazo y la responsabilidad del funcionario causante de la demora si a ello hubiere lugar, porque los plazos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo u otras leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración, que en fecha 9 de agosto del año 2011, se interpuso Recurso de Reposición ante la Junta Directiva de ese Instituto contra una providencia de fecha 12 de enero del año 2011, la que no tenía las características y requisitos de una resolución y mediante la cual resolvieron: declarar improcedente un recurso de apelación interpuesto contra un acto presunto denegatorio por el silencio administrativo por no resolverse un reclamo administrativo dentro de los plazos establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo, al cual La Junta Directiva omitió resolver el mismo sino que en fecha 24 de agosto del año 2011, emitió una Resolución sobre el expediente del reclamo Administrativo y no del recurso antes citado donde queda evidenciado que los órganos que fueron parte de ese instituto han quebrantado las formalidades esenciales del procedimiento, y en fecha 3 de noviembre del año 2011, se interpuso Recurso de Reposición parcialmente en contra de la Resolución de fecha 24 de agosto del año 2011, el que fue resuelto mediante Resolución emitida por la Junta Directiva del INJUPEMP en fecha 11 de enero del año 2012, el cual fue notificado el 27 de enero del año 2012. Dándose por agotada la vía administrativa y por lo tanto en aplicación del artículo 48 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó la demanda aceptando parcialmente los hechos de la demanda, alegando a su favor que en la clausula VIGESIMA PRIMERA del contrato denominado Clausula Escalatoria, la pretensión argumentada por la parte demandante no se acepta, debido a que si bien es cierto existe un Acuerdo STSS-374 de fecha 27 de diciembre del año 2008, emitido por el Gobierno Central incrementando el salario mínimo, lo que supuestamente produjo una variación de incremento en cuanto al valor de la mano de obra ofertada por la ahora demandante, dicho incremento para que su pago fuese reclamado requiere haberse concretado efectivamente a favor de los trabajadores, y si bien la demandante presentó notas solicitando el pago del incremento de la mano de obra por efecto de la modificación del salario mínimo en las fechas que se indican en este hecho controvertido, dichas solicitudes no fueron debidamente justificadas como se establece en la clausula contractual, porque se adjuntaron planillas con el detalle de cada uno de los trabajadores ocupados en la obra pero sin que en las mismas constara su firma en señal de haber recibido el pago, así como fotocopia de otros documentos, sin que entre los mismos se encontraran recibos extendidos por los trabajadores como constancia de haber recibido el pago del incremento, derivado de la falta de justificación y con la intención de atender en legal y debida forma la solicitud, en fecha 08 de julio del 2010 mediante 0FICIO-DA-404-2010 que corre agregado al expediente administrativo, el INJUPEMP a través de la División que corresponde solicitó al señor Oscar Danilo Sierra, que presentara la documentación original soporte justificara que efectuó efectivamente el pago del incremento a sus trabajadores, para proceder a realizar el tramite de pago Correspondiente, que a la fecha de presentar la contestación el demandante se encontraba todavía en mora de cumplir con la obligación de presentar la documentación original para justificar el pago del incremento de la mano de obra, sin embargo procedió a efectuar el pago que ahora nuevamente se le reclama en esta demanda, en relación al supuesto pago tardío a que hace referencia el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, lo que ratifica que esta de acuerdo con su aplicación no debe ser un hecho contradictorio ni controvertido, puesto que el párrafo tercero del mencionado articulo expresa claramente que: “No podrán alegar incumplimiento de la administración y solicitar el pago de los intereses mencionados, los contratistas que presenten en forma incompleta o incorrecta los documentos de cobro.” razón por la cual la posición del actor es apreciaciones subjetivas y pretende desconocer el espíritu de la norma referida; aunado a lo anterior el demandante hace referencia al plazo o termino para el cumplimiento de la obligación, el artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y la Resolución de 15 de diciembre del 2009, no refieren ningún plazo o termino esta sujeto a que el contratista debe presentar los documentos que justifiquen su solicitud de pago de manera correcta y completa, y solo después de completada la misma, la administración tiene un plazo de 45 días calendario para cumplir con el pago, sin embargo esto no ha ocurrido y por lo anterior no pueden solicitarse daños y perjuicios (lucro cesante). En cuanto a lo expuesto en este hecho en relación al pago pendiente en concepto mano de obra por aumento del salario mínimo expresamente determinado en la resolución de fecha 15 de diciembre del 2009, mi Representado no ha desconocido el contenido de la clausula Escalatoria, y por lo tanto no desconoce la obligación reclamada, sin embargo al ser una obligación de naturaleza reciproca tal como lo establece el articulo 1356 del código civil vigente que expresa: “En las obligaciones reciprocas ninguno de los obligados esta en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en forma y tiempo debidos”, y el demandante a pesar de ser requerido hasta la fecha, no ha presentado la documentación soporte solicitada para hacer efectivo el cumplimiento de la obligación reclamada, por lo que no ha existido dolo, negligencia, ni morosidad, elementos que dan origen al daño, aunado a lo anterior, el solo incumplimiento de las obligaciones no implica ni supone los daños y perjuicios, es preciso que se prueben y esto no pudo ser probado en sede administrativa por el demandante, por lo que no ha incurrido en perjuicio económico alguno en contra de la sociedad mercantil (ICA INVERSIONES, S. DE R.L.), rechazando también la Pretensión expresada en este hecho de que se ha mantenido personal pendiente DEL EDIFICIO por ser totalmente falso, ya que al ser recepcionada la obra EL EDIFICIO paso a poder del INJUPEMP y únicamente para los defectos que surgieran con posterioridad, el deviene obligado no a mantener personal sino que a subsanar los defectos reclamados por su obligación de construir la obra con las normas de calidad generalmente aceptadas en consecuencia resulta improcedente pretender el pago de valores por este concepto, que el demandante es redundante, repetitivito y subjetivo en sus apreciaciones, en vista de que sí bien es cierto consta en el expediente administrativo los Memorandos referidos, esto no significa que haya existido retraso injustificadamente el tramite de pago, el INJUPEMP en uso de las facultades que la ley le, S. DE RL), no es acorde con lo dispuesto en el contrato y por lo tanto no está suficientemente confiere procedió a revisar como corresponde los antecedentes del tramite de pago y fue precisamente en ese acto de revisión que nuevamente se comprueba que la demandante no ha justificado su solicitud con la documentación original requerida, por lo que lo solicitado por el demandante la Sociedad Mercantil (ICA INVERSIONES) no ha sido sustentado, extremo que fue notificado al Ingeniero Oscar Danilo Sierra, en su calidad de representante legal de la sociedad referida, para que procediera a presentar la documentación original requerida; rechazando lo alegado por el demandante en cuanto al sentido que pretende darle el actor en su parte expositiva final, ya que pretende con su exposición alterar el espíritu de lo motivado con lo resuelto, puesto que NO SE ESTA EVIDENCIANDO EL RECONOCIMIENTO DE LOS CONCEPTOS RECLAMADOS, lo que representa nuevamente una posición subjetiva y alejada del verdadero espíritu de los elementos que dieron pie al dictamen emitido por la División Legal del Instituto, precisamente para evitar afectar derechos subjetivos o intereses legítimos de los interesados, que fue precisamente lo que Junta Directiva de la Institución en la Resolución de fecha 11 de enero del 2012 de conformidad a derecho, siendo por ello inadmisible la pretensión de que el INJUPEMP obligado a efectuar acercamientos con la ahora demandante para dirimir el conflicto, ya que si la situación se produjo fue por la mora en que incurrió la demandante de no documentación original correspondiente el pago solicitado; ninguna autoridad administrativa bajo ningún concepto puede ser obligada a pagar lo que no se encuentra debidamente justificado con documentos originales que corresponden Respecto al otro.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha once de febrero del dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando PROCEDENTE la acción incoada por la Sociedad Mercantil Ingenieros Civiles Asociados, Inversiones, Sociedad de Responsabilidad Limitada (ICA INVERSIONES S. DE R.L.), por no ser conforme a derecho el acto, Reconocer la situación jurídica individualizada parcialmente a la parte demandante y como medidas necesarias para el pleno y efectivo restablecimiento y reconocimiento de tal situación jurídica, se condena a la parte demandada el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) a pagar la cantidad de (L.3,347,059.72), por los conceptos siguientes:1.- L.947,966.99), que comprende un periodo desde el 20 de enero del año 2010, al 27 de enero del año 2012, tal como está acreditado en autos y en aplicación del artículo 28, 91, 134 Numerales 4 y 5 de la Ley de Contratación del Estado, y 193, 195 y 196 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado; y 2.- El pago adeudado por Gastos Directos por la cantidad L.2,399,092.73), por concepto de salarios y derechos de tres empleados como ser: a). Gerente de Proyecto devengando L.1,520.00 por 727 días resultando un total de L.1,105,040.00), b). Supervisor de proyectos devengando L.1, 121.66 por 727 días, resultando un total L.815, 446.82), c). Asistente de supervisión devengando L.658.33 por 727 días, resultando un total de L.478,605.91, estos salarios y derechos surge porque era el personal responsable del proyecto, y se tuvo que dejarlos por más tiempo del periodo que ya estaba establecido contractualmente y que comprende desde el 20 de enero del año 2010, hasta el 27 de enero del año 2012, por el incumplimiento del contrato de construcción para la remodelación de las oficinas administrativas y edificio de extensión social del INJUPEMP ubicada loma linda norte, avenida la Fao, Tegucigalpa M.D.C.; de fecha 18 de junio del año 2008, el cual fue registrado bajo el número DSL-015- 2008. SIN LUGAR, por improcedente, por no estar probado en juicio el reconocimiento del pago del 20% por concepto de Lucro Cesante calculados sobre el monto total de costos y gastos reclamado en la presente demanda por la cantidad de L.878,109.50, así como también se DECLARAN SIN LUGAR los intereses comerciales desde la fecha del acta de recepción final del proyecto 13 de julio del año 2009, hasta que se efectué el monto reclamado, por ser también improcedentes, que tampoco han sido probados en juicio porque decretar otra condena a través del pago de un 20% como lucro cesante y el pago de intereses comerciales que no tienen relación inmediata con el asunto, sería aplicable una doble condena al institución del estado demandada, condena en costas; bajo el criterio que la parte demandante ha acreditado de manera plena, fehaciente, indubitable y contundente las pretensiones que son objeto del debate en el presente por lo que se estima que se declare procedente la acción porque con el acto impugnado se ha infringido el ordenamiento jurídico y se han quebrantado las formalidades esenciales del procedimiento y a la vez que se declare la nulidad del acto impugnado por no ser conforme a derecho y que se reconozca parcialmente la situación jurídica individualizada, adoptando cuantas medidas sean necesarias para su pleno restablecimiento y reconocimiento como ser: 1.- Reconocer el pago de intereses por la cantidad de L.947,966.99, tal como está acreditado en autos y en aplicación del artículo 28, 91, 134 Numerales 4 y 5 de la Ley de Contratación del Estado, y 193, 195 y 196 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. y 2.- Reconocer el pago de gastos Directos por la cantidad L.2,399,092.73, por concepto de salarios y derechos de tres empleados como ser: 1. Gerente de Proyecto devengando L.1,520.00 por 727 días resultando un total de L.1,105,040.00, 2. Supervisor de proyectos devengando L.1,121.66 por 727 días, resultando un total L.815,446.82, 3. Asistente de supervisión devengando L.658.33 por 727 días, resultando un total de L.478,605.91, estos salarios y derechos surge porque era el personal responsable del proyecto, y se tuvo que dejarlos por más tiempo del periodo que ya estaba establecido contractualmente y que comprende desde el 20 de enero del año 2010, hasta el 27 de enero del año 2012. Por el incumplimiento del contrato de construcción para la remodelación de las oficinas administrativas y edificio de extensión social del INJUPEMP ubicada loma linda norte, avenida la Fao, Tegucigalpa M.D.C.; de fecha 18 de junio del año 2008, el cual fue registrado bajo el número DSL-015- 2008. Y en cuanto al reconocimiento del pago del 20% por concepto de Lucro Cesante calculados sobre el monto total de costos y gastos reclamado en la presente demanda por la cantidad L.878,109.50, más el pago, de los intereses comerciales desde la fecha del acta de recepción final del proyecto 13 de julio del año 2009, hasta que se efectué el monto reclamado, ambos conceptos se declaran SIN LUGAR por improcedentes, porque decretar otra condena a través del pago de un 20% como lucro cesante y el pago de intereses comerciales que no tienen relación inmediata con el asunto, sería aplicable una doble condena al institución del estado demandada y además no han sido probados en juicio, que el acto administrativo objeto de impugnación en la presente demanda está impregnado de nulidad porque se ha infringido el ordenamiento jurídico y se ha quebrantado con las formalidades esenciales del procedimiento, lo que hace que no se encuentre ajustado a derecho, porque de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley General de la Administración Pública; Este a su vez dispone que “Los órganos y entidades de la administración pública no podrán: 1)... 2)... 3)... 4) Ejecutar actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías reconocidos por la Constitución de la República.- La Constitución, en su artículo 321 manda que todo acto que los servidores del Estado ejecuten fuera de la Ley, es nulo e implica responsabilidad.- En consecuencia cuando una autoridad impone a alguien un procedimiento sin haber sido oído o vencido en juicio y sin las demás garantías de un procedimiento administrativo que este de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo (art. 60 letra a), 64, 68 y demás) y sin que previamente se haga del conocimiento del supuesto afectado para que presente sus alegaciones y pruebas y se halla fuera del margen de la Ley y las garantías de la Constitución, que es Ley Especial de la Organización y funcionamiento del Estado, por consiguiente está viciado de nulidad.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha dieciséis de octubre del año dos mil diecisiete, dictó sentencia ddeclarando parcialmente con lugar el recurso de apelación, en contra de la sentencia de fecha 11 de febrero del 2016; reformando la sentencia recurrida la cual deberá leerse así: DECLARAR PROCEDENTE PARCIALMENTE la acción del demandante en el único sentido del pago de intereses por pago tardío de lo adeudado de acuerdo a Ley de Contratación del Estado por la cantidad de L.947,966.99; RECONOCIENDO DE LA SITUACION JURIDICA INDIVIDUALIZADA en el sentido de conceder el pago de intereses por el pago de tardo por la cantidad enunciada en el inciso A) del presente fallo recurrido; CONFIRMANDO el apartado tercero de la sentencia definitiva de fecha 11de febrero del año 2016; REVOCANDO el apartado cuarto ya que por ley de acuerdo al Decreto 266-2013 que contiene la Ley Para Optimizar la administración pública el Estado estará exento del pago de costas; bajo el criterio que: en relación a la solicitud de pago requerida por el demandante al INJUPEMP, por incremento de mano de obra por el aumento al salario mínimo decretado por el Gobierno bajo el numero STSS-374 en diciembre del 2008, efectivo a partir del 2009, esta solicitud de pago por parte del demandante obedece al pago de salarios y derechos de tres empleados como ser: 1. Gerente de Proyecto devengando L.l,520.00 por 727 días resultando un total de L. 1,105,040.00, 2. Supervisor de proyectos devengando L.1,121.66 por 727 días, resultando un total L.815,446.82, 3. Asistente de supervisión devengando L.658.33 por 727 días, resultando un total de L.478,605.91, surgiendo un total como gastos Directos por la cantidad L.2,399,092.73, solicitud que hace en base a que el contrato contiene en la clausula vigésimo primera la clausula escalatoria contenida en la cual expresamente se reconoce la variación que se de entre la oferta presentada en la licitación y la fecha de la estimación correspondiente, exceptuando entre otros el salario mínimo por las variaciones que no son propias de su voluntad, sino que desprenden de las variaciones que el Gobierno apruebe sobre los mismos, estableciendo esa misma clausula, que los reajustes serán pagados al contratista por el Instituto, previa solicitud escrita y justificada presentada por el contratista y aprobada por el Instituto; desde el punto de vista de este tribunal en ningún momento esa clausula corresponde a costos adicionales y no como el demandante lo ha pretendido en el transcurso del juicio haciendo uso de la clausula escalatoria como se puede observar a folio 9, en donde claramente manifiesta que dicha solicitud corresponde a mano de obra adicional del 20 de enero del 2010, al 27, es decir cuando ya se había entregado la obra, constando en autos que existe una recepción final del proyecto en el que da por recibida la obra terminada en fecha 13 de julio del 2009, a satisfacción de ambas partes, por lo que si bien es cierto la valoración es una cuestión que nuestro ordenamiento deja al libre arbitrio del juez de instancia, en cuanto que la actividad de valoración las pruebas se incamina en el ámbito propio de las facultades del juzgador, que resulta soberano en la evaluación de los mismos conforme a los principios de la sana crítica favorecido por la inmediación que le permitió presenciar el desarrollo de las pruebas, no menos cierto es que, de la revisión de las mismas se comprueba que tal otorgamiento de esa solicitud de gasto adicional de mano de obra adolece de error que permite sustituir el criterio independiente y objetivo del juez de instancia, con el fin del alcance del control jurisdiccional de segunda instancia que no es otro mas, que la enmienda en la interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, así como la revisión de los hechos dados como probados en la resolución objeto de recurso; por lo que el alegato del recurrente para el no pago de este costo adicional no debe obedecer a que el contratista no adjunto documentación soporte como planillas para acreditar que efectivamente realizó dicho ajuste al pago de mano de obra por salario mínimo, ya que sería un alegato inexcusable por ser una cuestión de mero derecho, simplemente es improcedente por la forma de la solicitud así como la fecha de reclamo del mismo ya que no forma parte de la cláusula estimatoria, considerando que el mismo Instituto al momento de liquidar el proyecto, emitió una resolución administrativa de fecha 15 de diciembre de 2009, en la cual reconoce adeudarle a EL CONTRATISTA la cantidad de L.862,446.45, dicho valor era adeudado desde el momento de la firma del acta de recepción final del proyecto (13 de julio del año 2009) pero dicha cantidad fue pagada hasta el 27 de enero del año 2012, por lo que el atraso en el pago, acarrea intereses que por el tipo de contrato deben ser los establecidos en la Ley de Contratación del Estado bajo los principios de celeridad, economía, simplicidad y eficacia que debe prevalecer en los procesos administrativos, por lo que procede el pago tardío fuera de los 45 días tal y como lo establece el articulo 28 de la Ley de Contratación del Estado; y habiendo acreditado el demandante en su momento los documentos para liquidar los intereses por el pago tardío de lo adeudado desde 13 de julio del año 2009 y pagada hasta el 27 de enero del año 2012, se confirma el pago por L. 947,966.99.- 6. La representación procesal de la parte recurrente-demandada, Abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRIGUEZ y la representación procesal de la parte recurrente-demandante, el Abogado JOSE EFRAÍN BRICEÑO, en fechas trece de noviembre de dos mil diecisiete y treinta de noviembre de dos mil diecisiete, presentaron, escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha dieciséis de octubre del año dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.117-2016, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.103-2012 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencias de fechas quince de diciembre de dos mil diecisiete y once de enero de dos mil dieciocho, tuvo por interpuestos y formalizados en tiempo y forma los recursos de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7. La representación procesal de la parte recurrente-demandada, Abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRIGUEZ, presentó en fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintiuno de febrero del dos mil dieciocho y la representación procesal de la parte recurrente-demandante, el Abogado JOSE EFRAÍN BRICEÑO, presentó en fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha uno de marzo de dos mil dieciocho, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha dieciséis y veinte de marzo de dos mil dieciocho, los Abogados MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRIGUEZ y JOSE EFRAÍN BRICEÑO, respectivamente.- 8. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veinticinco de abril del dos mil dieciocho, teniendo por personados a los Abogados JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE y JOSE EFRAÍN BRICEÑO, en concepto de partes recurrentes-recurridas, respectivamente, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: 1. Que la Abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAN RODRIGUEZ, representante procesal del Estado de Honduras, en un primer motivo de casación, alega: “PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, el que manda: Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. MOTIVOS DE CASACION. PRIMERO: La Magistrada ponente en el Considerando (7) Considerando que el mismo Instituto al momento de liquidar el proyecto, emitió una resolución administrativa de fecha quince (15) de diciembre de dos mil nueve (2009) (f.63), en el cual reconoce adeudarle a EL CONTRATISTA la cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS PUNTO CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (L.862, 446.45), dicho valor era adeudado desde el momento de la firma del acta de recepción final del proyecto (13 de julio del año 2009) pero dicha cantidad fue pagada hasta el 27 de enero del año 2012 (f.302 y 303), por lo que el atraso en el pago, acarrea intereses que por el tipo de contrato deben ser los establecidos en la Ley del Estado bajo los principios de celeridad, economía, simplicidad y eficacia que debe prevalecer en los procesos administrativos, por lo que procede el pago tardío fuera de los 45 días tal y como lo establece el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado; y habiendo acreditado el demandante en su momento los documentos para liquidar los intereses por el pago tardío de lo adeudado desde el 13 de julio del año 2009 y pagada hasta el 27 de enero del año 2012, se confirma el pago por NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPURAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.947,966.99) (f.8). SEGUNDO: Causa asombro que esta Honorable Corte de Apelaciones en el Considerando (8) no hace pronunciamiento alguno sobre el hecho que expone el INSTITUTO al momento de liquidar el proyecto (ver considerando N.7), que por los motivos expuestos, esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, es del criterio que se debe DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION, en contra de la sentencia de fecha once de febrero del dos mil dieciséis, a cual deberá leerse así: A) DECLARAR PROCEDENTE PARCIALMENTE la acción del demandante en el único sentido del pago de intereses por pago tardío de lo adeudado de acuerdo a la Ley de Contratación del Estado por la cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.947,966.99) B) RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN JURÍDICA INDIVIDUALIZADA en el sentido de conceder el pago de intereses por el pago tardío por la cantidad enunciada en el inciso A) del presente fallo recurrido C) SE CONFIRMA EL APARTADO TERCERO de la sentencia definitiva de fecha once de febrero del año dos mil dieciséis D) REVOCAR EL APARTADO CUARTO ya que por Ley de acuerdo al Decreto 266-2013 que contiene la Ley para Optimizar la Administración Publica el Estado estará exento del pago de costas. TERCERO: Que el Apelante expresa agravios manifestando que la parte demandante, presentó contra su representado en fecha siete de marzo del dos mil doce, demanda contraída a pedir la Nulidad de un Acto Administrativo, por no encontrarse ajustado a derecho el mismo y haberse infringido el ordenamiento jurídico y las formalidades esenciales del procedimiento establecido. Reconocimiento de una situación jurídica individualizada y se adopten las medidas necesarias para su pleno restablecimiento entre ellas: que se condene a la parte demandada a pagar los valores adeudados en concepto de: 1) Intereses generados por último pago tardío del contrato numero DSL-015-2008, que se efectuó hasta el día veintisiete de enero del dos mil doce; 2) Gastos directos que comprenden pagos de sueldos y salarios; 3) El 20% de lucro cesante calculado sobre el monto total de costos y gastos reclamados en la parte demandada y; 4) Los intereses comerciales los que se deberán calcular desde la fecha del acta de recepción final del proyecto 13 de julio del 2009, hasta que se efectué el pago del monto reclamado todo se deriva del supuesto incumplimiento del contrato de construcción para la remodelación de las oficinas administrativas y edificios de extensión social del Instituto, a consecuencia de ello mi representado fue citado y emplazado a través de su Director Ejecutivo para contestar la demanda de mérito lo cual hizo dentro del término de ley rechazando la pretensión de la parte en la que mi representado en el libelo de la contestación de la demanda acepta el hecho primero de la demanda por ser cierto su contenido; rechaza el hecho segundo ya que la solicitudes de las cuales habla el demandante no fueron justificadas con la documentación de rigor, como se había establecido en el vínculo contractual y lo establece la Ley, en el hecho tercero de la demanda el demandante hizo referencia al artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, lo que significa que está de acuerdo a su aplicación al presente caso, por lo que no debe ser un hecho contradictorio ni controvertido, se rechaza en su totalidad el hecho cuarto de la demanda por carecer de veracidad, se admite el hecho quinto al derecho de petición ejecutado por el demandante y el hecho sexto, en cuanto al contenido de la resolución , pero se rechaza en el sentido que pretende darle el actor su parte expositiva final de dicho hecho, ya que en la audiencia preliminar se fijó el objeto de la oposición en la presente demanda en la que el acto administrativo fue dictado conforme a derecho, por cuanto la resolución de fecha 24 de agosto del 2011, reconoce el derecho de pago del saldo adeudado por la ejecución del contrato y no reconoce el valor que se reclama como pagos por la aplicación de la cláusula escalatoria especialmente porque el demandante “ no acredito las planillas originales que demuestran que los empleados de la empresa demandante efectivamente recibieron sus pagos” respecto a los conceptos de la cuantía de la demanda denominados intereses legales que se reclamaron se rechazaron totalmente mi representado acredito con los medios de prueba alegados y evacuados en el proceso de la parte demandante nunca dio cumplimiento a la ley ni al contrato suscrito en cuanto a presentar la documentación soporte que ampare el reclamo al pago de la cláusula escalatoria del contrato que reclamó al omitir inexcusablemente este requisito esencial por parte del demandante, el Instituto como todas las Instituciones del estado se vio en la imposibilidad de generar un pago de valores que no estaban soportados con la documentación y al hacerlo sería incurrir en responsabilidad administrativa, civil y penal; asimismo el demandante no acredito en juicio en forma concreta la justificación de interés a que ha sido condenado mi representado, ya que la demandante lo que presentó fue una minuta aplicando criterio contrario a lo que dispone el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado y 41 de su reglamento, tampoco se acreditó en el juicio la procedencia de la condena de lucro cesante que la parte demandada reclamo y que le fue concedida ene sentencia la cual fue objeto de impugnación por parte del Estado, desconociendo el Juzgador que todo pago sea de contratos sea de salarios, sea de servicios o de bienes, exige un soporte documental para procesar y justificar su pago ya que si bien existe una clausula escalatoria en el contrato suscrito entre las partes, así mismo existe un Acuerdo STSS 374 de fecha 27 de septiembre del 2008 en el cual el Gobierno Central incrementó el salario mínimo, aumentó el valor en cuanto a la mano de obra ofertada por el demandante, dicho incremento como a quedado dicho, para que su pago fuese reclamado requería haberse concretado efectivamente el pago a los trabajadores ya que precisamente fue el objeto y condición de la cláusula escalatoria, y si bien el demandante presento nota solicito su pago del incremento de la mano de obra por efecto de la modificación del salario mínimo, dichas solicitudes no fueron debidamente justificadas como se establecían en dicha cláusula, únicamente el demandante adjuntó planilla con el detalle de cada uno de los trabajadores ocupados en la obra pero sin que las mismas contaran con sus respectivas firmas en señal de haber recibido dicho pago, más bien el demandante hizo referencia al artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, lo que ratifica que estuvo de acuerdo con su aplicación por lo que este hecho nunca debió ser hecho controvertido de este juicio, el párrafo tercero de dicha disposición legal establece claramente que:” Que no podrá alegar incumplimiento de la administración y solicitar el pago de los intereses mencionados, los contratistas que presenten en forma incompleta o incorrecta los documentos del cobro.” CUARTO: Que el apelado contesta agravios: manifestado primero: que de conformidad al artículo 705.1 y 2 del Código Procesal Civil, la finalidad del Recurso de Apelación tiene por objeto lograr a enmienda de la aplicación o interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos garantías del proceso, como las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto del debate por el órgano jurisdiccional competente y que tiene por objeto la revisión tanto de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba, ya que en el presente caso el recurrente para lograr la enmienda de la sentencia definitivamente contra la cual este apelado en ningún momento ha relacionado en la misma si se ha aplicado o interpretado tanto normas legales que rigen los actos y garantías del proceso así como normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto del debate, igualmente tampoco ha manifestado que como objeto del recurso debe haber revisión de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la prueba, también se puede apreciar que el recurrente en su escrito donde interpone el recurso de apelación en su expresión de agravios, lo que hace son alegaciones de mara legalidad y narra todas los hechos que ya fueron debatidos en el desarrollo del juicio en primera instancia, de los cuales no logro probar fehacientemente los hechos expuestos en su escrito de contestación de demanda por lo tanto la expresión de agravios que ella dice que le han ocasionado a su representada son improcedentes, segundo De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 705 y 709 del Código Procesal Civil, en ,materia contenciosa administrativa, el recurso de apelación configura el medio procesal por el cual se puede impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias, actos administrativos de primer grado ya sean por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; tercero: Se rechazan los agravios expresados que dice la parte demandada que le causa la sentencia definitiva emitida por el Juez A-quo de fecha once de febrero del año 2016, en virtud que el Juzgador la ha emitido en base a la razón y a la sana crítica y de toda la prueba aportada en juicio y como muy bien lo cita en sus fundamentos de derecho de la sentencia donde expresa que los hechos alegados por las partes y los fundamentos jurídicos en que se apoyaron sus pretensiones el juzgador estableció como fundamentos jurídicos los siguientes: en el acápite séptimo (7) expreso la finalidad de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como la designación del caso administrativo impugnado, consistente en la Resolución sin número de fecha 24 de agosto del año 2011 emitida por la Junta Directiva del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por ende debe revisarse el Procedimiento Administrativo llevado a cabo por la entidad Publica demandada y si se realizó respetando las garantías y derechos constitucionales como el debido proceso, así como el derecho a la defensa, que de la revisión del expediente administrativo se comprueba que si la intensión de la autoridad nominadora era cumplir con el saldo adeudado por incremento de mano de obra del contrato N.DSL-S15-2008 así como el cumplimiento de la cláusula escalatoria estipulada en la CLAUSULA VIGESIMO PRIMERO del referido contrato; por la cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (L.862,446.45), valor que era adeudado desde el momento de la firma del acta de recepción final del proyecto de fecha trece (13) de julio del año dos mil nueve (2009), pero dicha cantidad fue pagada por el INJUPEMP hasta el veintisiete (27) de enero del año dos mil doce (2012), según cheque del Banco Central de Honduras número 89984 de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil doce (2012), por lo que debe aplicarse del artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado que regula pagos al Contratista, señala “Que el precio será cierto y determinado y se pagará al Contratista de acuerdo con la ejecución real de las prestaciones a su cargo, sin perjuicio de la consideración de pagos anticipados según lo previsto en disposiciones especiales de esta Ley, la Administración reconocerá intereses, a la tasa promedio correspondiente al mes en que se efectué el pago para operaciones activas del Sistema Bancario Nacional, cuando se produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones por causas que le fueren imputables, por más de cuarenta y cinco (45) días calendario contado a partir de la presentación correcta de los documentos de cobro, correspondiente. El pago de intereses, se hará a más tardar en la fecha del siguiente pago parcial; Así mismo, lo establece el artículo 91 que señala “Que el pago de) precio podrá realizarse de una sola vez o mediante pagos parciales, de acuerdo con lo que se pactó en el contrato”. También el artículo 134 de la antes citada Ley que regula la SUSPENSION SIN GOCE DE SALARIO y se señala “Se impondrá suspensión sin goce de salario por TRES (3) MESES al Funcionario o empleado público que cometa algunas de las infracciones siguientes: 1... 2... 3... 4-Retrasar injustificadamente el trámite de los pagos que deben satisfacer los organismos del sector público a sus proveedores o contratistas. 5-Retrasar de modo injustificado la recepción de bienes u obras”; No teniendo sentido estar legando la falta de documentación, soporte específicamente las planillas originales las que debieron haberse adjuntado oportunamente por incremento de mano de obra, condiciones estas, que no están establecidas en dicha Cláusula Escalatoria, ni en ninguna otra cláusula del contrato, ni en su ADENDUM, por lo que el argumento establecido en el artículo 134 de la Ley de Contratación del Estado que en su numeral 4 dispone: “Retrasar injustificadamente el trámite de los pagos que deban satisfacer los organismos del sector público a sus proveedores o contratistas” De lo que se puede evidenciar que la misma institución demandada está reconociendo los conceptos reclamados anteriormente. Que estando probado en autos que la cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (L.862,446.45), dicho valor era adeudado desde el momento de la firma del acta de recepción final del proyecto, pero dicha cantidad fue pagada hasta el veintisiete (27) de enero del año dos mil doce (2012), dicho valor a generado intereses en vista del pago tardío y fue lo que originó la presente demanda por lo que el cálculo de los intereses se comienza a registrar a partir del veinte (20) de enero del dos mil diez (2010) hasta el veintisiete (27) de enero del año dos mil doce (2012) calculando una tasa de intereses del 37.28% anual que es la tasa activa promedio registrada por el Banco Central de Honduras comprendida en esos periodos y siendo capitalizado mensualmente lo que dio como resultado un total de intereses por la cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (947,966.99), tal como está acreditando en Autos sin obtener una respuesta favorable al pago reclamado, todo esto quedo probado en autos con el medio de prueba documental en relación al reclamo por incremento al salario mínimo según acuerdo número STST-374 del 27-12-2008 que por las circunstancias anteriores la parte actora como contratista se vio en la obligación de mantener pendiente en el edificio del INJUPEMP un gerente de proyectos, supervisor de proyectos, asistente de supervisión como asistencia adicional a “el instituto”, por las constantes dudas y consultas que efectuaba esa administración demandada, esto por concepto de salarios y derechos de tres empleados como ser: 1.- Gerente de Proyecto devengando Lps.1,520.00 por 727 días resultando un total de UN MILLÓN CIENTO CINCO MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps.1,105,040.00). 2.- Supervisor de Proyecto devengando Lps.1,121.66 por 727 días, resultando un total de OCHOCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PUNTO OCHENTA Y DOS (Lps. 815,446.82). 3.- Asistente de Supervisión devengando Lps.658.33 por 727 días, resultando un total de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS CINCO CON NOVENTA Y UN CENTAVO (Lps. 478,605.91), estos salarios y derechos surgen porque era el personal responsable del proyecto como gastos directos por la cantidad de DOS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (Lps. 2,399,092.73).- tercero: Expresa que los Servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley, también la Ley de Procedimiento Administrativo establece que los actos administrativos serán dictados por el órgano competente respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico y so anulables los actos en que se incurra en cualquier infracción al ordenamiento jurídico. CONCLUSION: Manifiesto que la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS establece en su artículo 8: De garantías judiciales que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o Tribunal competente, independientemente o imparcial, establecido con anterioridad por la Ley.”.- 2. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por la razones siguientes: a) en la formulación se omite el concepto de la infracción es decir si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) se omiten la normas que se consideran infringidas; c) igualmente el pronunciamiento que se impugna; c) en los ordinales dos, segundo, tercero y cuarto se insta a la revisión de los hechos, interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) en los ordinales antes mencionados se realizan extensos alegatos de instancia inapropiados en este recurso extraordinario. Además, el cargo así carece de la estructura adecuada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil.- 3. Que el Abogado JOSE EFRAÍN BRICEÑO, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, INVERSIONES S. DE R.L. (ICA INVERSIONES, S. DE R.L, expone un primer y único motivo en la forma siguiente: “Infracción por Falta de Aplicación de la Normas Procesales que regulan los actos y garantías procesales, cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, propiamente del articulo 90 y 303 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 3 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 719.1 Literal b) del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE INFRACCION: a).- Que el fundamento de derecho CUARTO (4) de la sentencia recurrida manifiesta literalmente: “Que efectivamente es de interés público los mecanismos que regulen la contratación para la ejecución de obras así como la adquisición de bienes y servicios fundamentados en la transparencia, publicidad, y libre competencia, sin que esto, ocasione un aprovechamiento de los recursos estatales y tal y como lo establece la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, esta es la jurisdicción revisora de los actos emitidos por la administración pública, en el que el derecho al recurso se ha convertido en un auténtico derecho fundamental para garantizar la tutela judicial efectiva, en cuanto a que el recurso es una prosecución del proceso y al mismo tiempo, una revisión del mismo por un órgano superior, que ha de decidir conforme a lo alegado por las partes oídas contradictoriamente, en el que ha debido imperar el debido proceso y el derecho de defensa”. b).- Que el fundamento de derecho QUINTO (5) de la sentencia recurrida manifiesta literalmente: “Que obra en el expediente a folio 125 del contrato de construcción para la remodelación de oficinas administrativas y edificio de extensión social de INJUPEMP bajo el número DSL -015-2008 suscrito entre el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones para Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) y la SOCIEDAD MERCANTIL denominada “INGENIEROS CIVILES, ASOCIADOS, INVERSIONES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” (ICA), suscrito en fecha dieciocho (18) de junio del dos mil ocho, así como su respectivo ADDENDUM (f. 125- 2016). c).- Que el fundamento de derecho SEXTO (6) de la sentencia recurrida manifiesta literalmente: Que en relación a la solicitud de pago requerida por el demandante al INJUPEMP. Por incremento de mano de obra por el aumento al salario mínimo decretado por el gobierno bajo el número STSS - 374 en diciembre de dos mil ocho (2008) efectivo a partir del dos mil nueve (2009), esta solicitud de pago por parte del demandante obedece al pago de salarios y derechos de tres empleados como ser: Gerente de Proyecto devengando L. 1,520.00 por 727 días resultando un total de UN MILLON, CIENTO CINCO MIL, CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 1, 105,040.00), 2. Supervisor de proyectos devengando L. 1,121,66 por 727 días, resultando un total OCHOCIENTOS QUINCE MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (L. 815,446.82), 3. Asistente de supervisión devengando L. 658.33 por 727 días, resultando un total de cuatrocientos setenta y ocho mil, SEISCIENTOS CINCO, CON NOVENTA UN CENTAVO (LPS. 478,605.91), surgiendo un total como gastos directos por la cantidad de DOS MILLONES, TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL, NOVENTA Y DOS LEMPIRAS, CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (L.2,399,092.73), solicitud que hace en base a que el contrato contiene en la cláusula vigésimo primera la cláusula escalatoria contenida en la cual expresamente se reconoce la variación que se da entre la oferta presentada en la licitación y la fecha de la estimación correspondiente, exceptuando entre otros el solario mínimo por las variaciones que no son propias de su voluntad, sino que dependen de las variaciones que el gobierno apruebe sobre los mismos, estableciendo esa misma clausula, que los reajustes serán pagados al contratista por el instituto, previa solicitud escrita y justificada presentada por el contratista y aprobada por el Instituto; desde el punto de vista de este tribunal en ningún momento esa cláusula corresponde a costos adicionales y no como el demandante lo ha pretendido en el transcurso del juicio haciendo uso de la cláusula escalatoria como se puede observar e folio nueve (f.9), en donde claramente manifiesta que dicha solicitud corresponde a mano de obra adicional del veinte de enero del domo mil diez al veintisiete, es decir cuando ya se había entregado la obra, constando en autos que existe una recepción final del proyecto en el que da por recibida la obra terminada en fecha trece (13) de julio del 2009 (f. 238) a satisfacción de ambas partes, por lo que si bien es cierto la valoración es una cuestión que nuestro ordenamiento deja al libre arbitrio del Juez de Instancia, en cuanto que la actividad de valoración las pruebas se incardina en el ámbito propio de las facultades del juzgador, que resulta soberano en la evaluación de los mismos conforme a los principios de la sana critica favorecido por la inmediación que le permitió presenciar el desarrollo de las pruebas, no menos cierto es que, de la revisión de las mismas se comprueba que tal otorgamiento de esa solicitud de gasto adicional de mano de obra adolece de error que permite sustituir el criterio independiente y objetivo del juez de instancia, con el fin del alcance del control jurisdiccional de segunda instancia que no es otro más, que la enmienda en la interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, así como la revisión de los hechos dados como probados en la resolución objeto del recurso; por lo que el alegato del recurrente para el no pago de este costo adicional no debe obedecer a que el contratista no adjunto documentación soporte como planillas para acreditar que efectivamente realizo dicho ajuste al pago de mano de obra por salario minino, ya que sería un alegato inexcusable por ser una cuestión de mero derecho, simplemente es improcedente por la forma de la solicitud así como la fecha de reclamo del mismo ya que no forma parte de la cláusula estimatoria. d).- Que el fundamento de derecho SEPTIMO (7) de la sentencia recurrida manifiesta literalmente: Considerando que el mismo Instituto al momento de liquidar el proyecto, emitió una resolución administrativa de fecha quince (15) de diciembre del dos mil nueve (20099 (f.63), en la cual reconoce adeudarle a el contratista la cantidad de ochocientos sesenta y dos mil, cuatrocientas cuarenta y seis lempiras punto cuarenta y cinco centavos (L. 862,46.45), dicho valor era adeudado desde el momento de la firma del acta de recepción final del proyecto (13 de julio del año 2009) pero dicha cantidad fue pagada hasta el 27 de enero del año 2012 (f. 302 y 30), por lo que el atraso en el pago, acarrea intereses que por el tipo de contrato deben ser los establecidos en la Ley de Contratación del Estado bajo los principios de celeridad, economía, simplicidad y eficacia que debe prevalecer en los procesos administrativo, por lo que procede el pago tardío fuera de los 45 días tal y como lo establece el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado habiendo acreditado el demandante en su momento los documentos para liquidar los intereses por el pago tardío de lo adeudado desde el 01 de julio del año 2009, y pagado hasta el 27 de enero del año 2012, se confirma el pago por NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 947,966. 99) (f.8). *Los supuestos fundamentos de derecho anteriormente transcritos no cumplen de manera estricta con lo prescrito por el Articulo 200 Numerales 1 y 2 literal c) del Código Procesal civil, ya que mi representada al presentar el reclamo administrativo ante la institución demandada y al presentar su demanda con sus pretensiones en ningún momento se ha querido aprovechar de los recursos estatales tal como lo ha manifestado la Corte de Apelaciones al dictar su sentencia, que si bien es cierto que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la revisora de los actos emitidos por la administración pública, pero el Juzgador está limitado a revisar dicho acto dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición, tal como lo establece el artículo 35 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; que consta en autos que mi representada en el planteamiento del escrito de demanda en ningún momento ha alegado el incumplimiento de la cláusula escalatoria ya que esta es aplicable solamente durante la vigencia de un contrato, en el presente caso el Juzgador de primera instancia. Manifestó que Concluyéndose que del examen del juicio y habiéndose apreciado la fuerza probatoria del juicio se desprende que de conformidad a los hechos alegados, las pruebas practicadas y los fundamentos jurídicos en que las partes colitigantes apoyaron sus pretensiones tanto en las pretensiones y en la oposición y además haciendo uso de las reglas de la sana crítica y con la absoluta libertad del juzgador, se puede valorar que las pruebas presentadas por ambas partes, fueron necesarias para esclarecer el fondo del asunto, para así emitir una más acertada decisión en consecuencia se desprende que del análisis de las mismas y del examen del expediente administrativo se puede apreciar que la parte demandante sustentándose en los hechos alegados en el escrito de demanda, las pruebas practicadas y los fundamentos jurídicos en que las partes colitigantes apoyaron sus pretensiones, se concluye que ha acreditado de manera plena, fehaciente, indubitable y contundente las pretensiones que son objeto del debate en el presente juicio, por ende el Juzgado con lo antes expuesto estimó que se declare procedente la acción porque con el acto ¡mpugnado se ha infringido el ordenamiento jurídico y se han quebrantado las formalidades esenciales del procedimiento y a la vez declaró la nulidad del acto impugnado por no ser conforme a derecho y que se reconozca parcialmente la situación jurídica individualizada, adoptando cuantas medidas sean necesarias para su pleno restablecimiento y reconocimiento como ser: 1.- Reconocer el pago de intereses por la cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.947,966.99), tal como está acreditado en autos y en aplicación del artículo 28, 91, 134 Numerales 4 y 5 de la Ley de Contratación del Estado, y 193, 195 y 196 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. Y 2.- Reconocer el pago de gastos Directos por la cantidad DE DOS MILLONES, TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL, NOVENTA Y DOS LEMPIRAS, CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (LPS.2,399,092.73), por concepto de salarios y derechos de tres empleados como ser: 1. Gerente de Proyecto devengando Lps 1,520.00 por 727 días resultando un total de UN MILLÓN, CIENTO CINCO MIL, CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 1,105,040.00), 2. Supervisor de proyectos devengando L. 1,121.66 por 727 días, resultando un total OCHOCIENTOS QUINCE MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (LPS 815,446.82), 3. Asistente de supervisión devengando L. 658.33 por 727 días, resultando un total de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL, SEISCIENTOS CINCO, CON NOVENTA UN CENTAVO (LPS 478,605.91). estos salarios y derechos surgen porque era el personal responsable del proyecto, y se tuvo que dejarlos por más tiempo del periodo que ya estaba establecido contractualmente y que comprende desde el 20 de enero del año 2010, hasta el 27 de enero del año 2012. Por el incumplimiento del CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EDIFICIO DE EXTENSIÓN SOCIAL DEL INJUPEMP UBICADA LOMA LINDA NORTE, AVENIDA LA FAO, TEGUCIGALPA M.D.C.; de fecha 18 de junio del año 2008, el cual fue registrado bajo el número DSL015-2008. (Lo que no tiene nada que ver con la cláusula escalatoria) con la que se ha fundamentado la CORTE DE APELACIONES, utilizándola como fundamento de fondo sin haberse alegado la misma. Así mismo el Juzgador de primera instancia también en el fundamento de derecho TRECEAVO: (13). manifestó que está acreditado en autos que el acto administrativo objeto de impugnación en la presente demanda está impregnado de nulidad porque se ha infringido el ordenamiento jurídico y se ha quebrantado con las formalidades esenciales del procedimiento, lo que hace que no se encuentre ajustado a derecho, porque de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley General de la Administración Pública; Este a su vez dispone que “Los órganos y entidades de la administración pública no podrán: 1)... 2)... 3)... 4) Ejecutar actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías reconocidos por la Constitución de la República.- La Constitución, en su artículo 321 manda que todo acto que los servidores del Estado ejecuten fuera de la Ley, es nulo e implica responsabilidad.- En consecuencia cuando una autoridad impone a alguien un procedimiento sin haber sido oído o vencido en juicio y sin las demás garantías de un procedimiento administrativo que esté de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo (artículo 60, letra a), 64, 68 y demás) y sin que previamente se haga del conocimiento del supuesto afectado, para que presente sus alegaciones y pruebas y se halla fuera del margen de la Ley y las garantías de la Constitución, que es Ley Especial de la Organización y funcionamiento del Estado, por consiguiente está viciado de nulidad. La Corte de Apelaciones recurrida con los supuestos fundamentos de derecho solo confirman que en la emisión de la sentencia acusada no se han aplicado las normas jurídicas procesales contenidas en los artículos 90 y 303 de la Constitución de la República, y 3 del Código Procesal Civil vigente, que imperativamente mandan que todos los Magistrados y Jueces deben actuar con absoluta independencia e imparcialidad en todos los asuntos que deban conocer, acerca del sentido en que debe dictar una sentencia, precisamente porque la independencia e imparcialidad son en primer lugar, garantías procesales torales de toda buena administración de justicia, y, en segundo lugar, son garantías procesales tuteladas soberanamente por nuestra Constitución de la República, cuya observación y aplicación son fundamentalmente esenciales para un debido proceso. SOBRE LA PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DE LOS VICIOS PROCESALES IMPUGNADOS: Al recaer el vicio de falta de aplicación de los artículos 90 y 303 de la Constitución de la República y 3 del Código Procesal Penal Civil vigente, en la sentencia definitiva recurrida, no se pudo realizar denuncia del defecto ex ante, por lo que el presente recurso constituye la única vía para enmendar la infracción impugnada. INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN LA RESOLUCION; La falta de aplicación e infracción de las normas aludidas ha violado la garantía constitucional del debido proceso en el caso judicial que nos ocupa y como consecuencia de ello, también ha causado indefensión a mi representada, la Sociedad Mercantil “INGENIEROS CIVILES, ASOCIADOS, INVERSIONES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” (ICA INVERSIONES, S. DE R. L.), todo lo cual determina la existencia de una arbitrariedad manifiesta en la emisión de la sentencia acusada, cuestión por la cual es absolutamente incompatible con una buena administración de justicia y con una tutela judicial efectiva.”.- 4. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por la razones siguientes: a) en la formulación se omite la disposición de naturaleza procesal (Código Procesal Civil) que fueron directamente infringidas a razón del precepto autorizante invocado; b) en la explicación se insta a la revisión de los hechos, interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) se omite el pronunciamiento que se impugna, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 704 del Código Procesal Civil; y, c) lo expuesto en el desarrollo es un extenso y confuso alegato de instancia inapropiados en este recurso extraordinario, donde debe primar la claridad y precisión, para la prosperidad del cargo.- 5. Que se solicita nulidad absoluta de la resolución impugnada en la forma siguiente: “Que la nulidad de actuaciones que estamos solicitando es porque la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 16 de Octubre deI 2017, de manera evidente se encuentra en abierta inobservancia del Artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el Artículo 206, del Código Procesal Civil que regula los requisitos internos de las sentencias donde deben ser dictadas con claridad, precisión y exhaustivas., y el Artículo 208.1 del mismo Código, dispone que las sentencias deben ser: Congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. En virtud de que su fallo en el caso de mérito no es congruente con las pretensiones deducidas en el juicio, Es decir que ambos ordenamientos señalan disposiciones legales, y requisitos así como obligaciones a los funcionarios jurisdiccionales para emitir las sentencias en todos aquellos asuntos que están sometidos a su conocimiento. Donde resulta la incongruencia del fallo recurrido, mediante el cual, la Corte Sentenciadora, por un lado sostiene y FALLA PRIMERO: DECLARAR PARCIALMENTE, con lugar el Recurso de Apelación, en contra de la sentencia de fecha 11 de febrero del 2016. SEGUNDO: Reformar la sentencia recurrida la cual deberá leerse así: A) Declarar parcialmente la acción del demandante en el único sentido del pago de intereses por pago tardío de lo adeudado de acuerdo a la Ley de Contratación del Estado por la cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 947,966.59), B) Reconocimiento de la situación jurídica individualizada en el sentido de conceder el pago de intereses por el pago tardío por la cantidad enunciada en el inciso a del presente fallo recurrido. C) Se confirma el apartado tercero de la sentencia definitiva de fecha once de febrero del año dos mil dieciséis. D) Revocar el apartado cuarto ya que por ley de acuerdo al decreto 266-2013 que contiene la ley para optimizar la administración publica el estado estará exento del pago de costas. Y MANDA SIN COSTAS... NOTIFIQUESE. Resultando notorio, cuando la Corte de Apelaciones al emitir el fallo que ahora estamos recurriendo en casación, es contradictorio., por un lado ignorándose que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, juzgara dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición, no obstante, si el Tribunal dentro del Plazo para dictar sentencia, estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiere no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar la acción o la defensa lo someterá a aquellos mediante providencia en la que advirtiendo que no prejuzga el fallo definitivo, los expondrá y concederá a los interesados un plazo de ocho días hábiles para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo. Que si bien es cierto que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se encuentra facultado para apreciar otros motivos susceptibles de fundar la acción o la defensa, esa facultad es arbitraria en vista que debe tener como requisito previo oír a la parte afectada, tanto por el legítimo derecho constitucional a la defensa, como por el hecho de que en la mayoría de los casos con dicha resolución se pone fin al juicio al no admitirse la acción interpuesta, situación que en el caso de autos no se dio, porque no fue expuesta oportunamente a las partes, como una pretensión objeto de debate. No obstante, y como ya se dijo que es procedente que esa Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Laboral-Contenciosa, anule de oficio la sentencia recurrida de casación, porque adolece la misma de vicios de nulidad, porque la sentencia recurrida dictada al DECLARAR PARCIALMENTE con lugar el Recurso de Apelación, en contra de la sentencia de fecha 11 de febrero del 2016. SEGUNDO: Reformar la sentencia recurrida la cual deberá leerse así: A) Declarar parcialmente la acción del demandante en el único sentido del pago de intereses por pago tardío de lo adeudado de acuerdo a la Ley de Contratación del Estado por la cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 947, 966.59), B) Reconocimiento de la situación jurídica individualizada en el sentido de conceder el pago de intereses por el pago tardío por la cantidad enunciada en el inciso a del presente fallo recurrido. C) Se confirma el apartado tercero de la sentencia definitiva de fecha once de febrero del año dos mil dieciséis. D) Revocar el apartado cuarto ya que por ley de acuerdo al decreto 266-2013 que contiene la ley para optimizar la administración pública el estado estará exento del pago de costas. Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, haciendo suyas las consideraciones y partes resolutivas de este fallo que es visto y examinado en todos sus antecedentes se constata que resulta incongruente, por cuanto se ha pronunciado, sobre hechos no debatidos por las partes en el juicio, adoleciendo además de claridad y precisión y exhaustividad, así como también se violentó el Artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, se emite un fallo incongruente con las pretensiones deducidas por las partes en el juicio a que dicho fallo pone fin, pues se resuelve sobre una cuestión inexistente como ser la cláusula escalatoria que no ha sido alegada en juicio por mi representada. Por consiguiente la referida Corte de Apelaciones Sentenciadora, vuelve a incurrir como le es ya costumbre en el presente juicio en la figura conocida como EXTRA PETITA que, al no ser puesta en conocimiento de las partes se infringió el adecuado procedimiento para posteriormente dictar la sentencia que conforme a derecho podría corresponder., tal como lo dispone el Párrafo Segundo del mencionado Artículo 35 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso- Administrativo, y por ende al no adecuar ese procedimiento se violó flagrantemente la garantía Constitucional del Debido Proceso, así como también infringe la garantía constitucional de la defensa, pues al pronunciarse la sentencia recurrida emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, tal como lo es mi representada y tampoco no fue debatida en juicio ni en la contestación de la demanda en primera instancia, ni en la expresión de agravios en segunda instancia y al no ser puesta dicha cuestión en conocimiento de las partes para que se pronunciaran sobre ella, tal como así lo dispone el Párrafo segundo del mismo artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso - Administrativo, la Corte de Apelaciones Sentenciadora infringió el debido proceso dejando completamente indefensa a mi representada.”.- 6. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ha ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, así como que el fallo cumple las exigencias necesarias para su eficacia, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- 7. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- 8. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión de los recursos de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta Resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 704, 721, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN, formulado por la Abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAN RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), en su primer y único de casación. 2) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN, formulado por el Abogado JOSE EFRAÍN BRICEÑO, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, INVERSIONES S. DE R.L. (ICA INVERSIONES, S. DE R.L, en su primer y único motivo. 3) SIN LUGAR la nulidad absoluta de la resolución impugnada, solicitada por el Abogado JOSE EFRAÍN BRICEÑO, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, INVERSIONES S. DE R.L. (ICA INVERSIONES, S. DE R.L. 4) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 4) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 5) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redacto el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los seis días del mes de septiembre del dos mil diecinueve; certificación de la resolución de fecha veintitrés de julio del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 161-18.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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