Sentencia CA-120-18 — Registro 13198
Resumen
En primera instancia se declara improcedente la acción incoada por La Cooperativa De Transporte Colectiva De Pasajeros Limitada (COTRACOPL, por estar ajustado a derecho el Acto Administrativo impugnado, se confirma en segunda instancia bajo el criterio que en el tema fiscal se debe de interpretar la Ley siempre en forma estricta, por lo que para determinar su alcance no pueden utilizarse métodos análogos por ser leyes tributarias de orden público y en la que solo por disposición de Ley, los contribuyentes pueden ser exonerados en forma total o parcial del cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, ya que se incurre en los siguientes defectos: a) carece de claridad y precisión en el concepto de la infracción, ya que no se indica si la infracción es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las disposiciones señaladas como infringidas; b) se indica en relación el Decreto 65-87 del 30 de Abril de 1987 contentivo de la Ley de Cooperativas y sus Reformas, omitiendo señalar disposición alguna; c) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; d) en el desarrollo se alude al Decreto 18-90 de fecha 3 de Mayo de 1990 y al “…Decreto 51-2003 que contiene la Ley de Equidad Tributaria estableciendo en el articulo 56 la derogación de los artículos 56, 57 y 58 de la Ley de Cooperativas…” cuando el primero no se indica en la formulación ni el señalamiento de disposiciones infringidas o relacionadas y de igual manera, en el segundo, los artículos mencionados no fueron indicados como infringidos o relacionados; y, f) se realizan alegatos de instancia inapropiados en este recurso extraordinario..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta días del mes de octubre de dos mil diecinueve, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS, como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: COOPERATIVA DE TRANSPORTE COLECTIVA DE PASAJEROS LIMITADA (COTRACOPL), representado en juicio por la Abogada JOHANA CRISTINA PONCE NUÑEZ; y, Recurrido: el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, representado en juicio por la Abogado PEDRO ANTONIO GONZALES. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria para que se declare la ilegalidad y la nulidad de unos actos administrativos, por infringirse el ordenamiento jurídico, reconocimiento de una situación jurídica individualizada para su pleno restablecimiento y reconocimiento, que se adopten las medidas necesarias del caso, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, por la Abogada BLANCA LIDIA PONCE RAMOS, contra EL ESTADO DE HONDURAS, representado por la Procuraduría General de la República, en ese entonces la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS, (por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ANTECEDENTES DE HECHO 1.-La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que en fecha 16 de agosto de 2012, se presentó solicitud contenida bajo el Expediente No.E-0682-2012 presentado ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, específicamente en la Unidad de Franquicias Aduaneras, solicitando “exoneración del impuesto sobre la renta, activo neto, aportación solidaria temporal, y el impuesto sobre interés bancario y tradición de bienes inmuebles correspondientes al periodo fiscal 2012”, resuelto mediante Resolución No. DGCFA-EISR-0152-2012 de fecha 19 de noviembre de 2012, Declarando Sin lugar lo solicitado, denegando la Exoneración de los Impuestos relacionados, aduciendo en la misma, que los beneficios extendidos a las Cooperativas, se encuentran derogadas tácitamente por el Decreto 18-90 que contiene la Ley de Ordenamiento y que dichos beneficios no fueron reactivados mediante el Decreto 51-2003, sino expresamente derogados, denegando las cantidades de L.873,076.80, en concepto del Impuesto Sobre la Renta y L.249,230.72, haciendo un total de L.1,122,307.52, para el periodo fiscal del año 2012, valor que causa perjuicio a la empresa, en vista que se ha encontrado exonerada de los impuestos mencionados durante los últimos periodos, siendo que lo ordena el artículo 41) del Decreto precitado 51-2003 contentivo de la Ley de Equidad Tributaria, la exención hacia la empresa de los impuestos detallados y beneficio que viene gozando desde el 2006 de acuerdo a dicha Ley, tal como lo acreditare oportunamente, por lo que se deduce que el ente demandado, aplicó una Ley de forma retroactiva, a sabiendas de que ya estaba en vigencia la Ley de Equidad Tributaria, que activa las exoneraciones fiscales a la empresa por ser los actos u operaciones de la cooperativa, entre los mismos miembros, por lo que un principio elemental que rige la aplicación de la Leyes su irretroactividad, que significa que esta no debe de tener efectos hacia atrás en el tiempo, asimismo alega que la parte demandada, actuó obviando el dictamen técnico No. 216- 2012 de fecha 19 de octubre del año 2012, emitido por el Departamento de Auditoria, Sección de Revisión de Casos de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, donde dictamina declarar con lugar lo solicitado por la demandante, dictamen este que serviría como soporte de la Resolución emitida de forma arbitraria y antojadiza, que la norma jurídica establece que la Ley se aplica en sentido general, no ocurriendo tal apreciación jurídica en el presente caso, en vista que la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas, a través de la Unidad de Franquicias Aduaneras, ha resuelto solicitudes idénticas como ser las solicitudes contenidas en los Expedientes E-0272- 2012 con numero de Resolución DGCFA-EISR-0044-2012 de fecha 3 de mayo de 2012, emitida la misma a favor de la demandante, resolviendo declarar con lugar lo solicitado y en la cual se autoriza a la Cooperativa, la exoneración de pago de los siguientes impuestos: impuesto sobre la renta, activo neto, aportación solidaria temporal, y el impuesto sobre interés bancario y tradición de bienes inmuebles, siempre que sus actos y operaciones cooperativos se hagan entre dicha organización y sus afiliados; expediente No. E-0137-2012 con Resolución No. DGCFA-EISR-0023-2012 emitida a favor de la “Cooperativa de Transportes Aeropuerto Toncontin y Hoteles Limitada” (COTATYH) emitida en fecha 19 de mayo de 2012, resolviendo esa Secretaria de estado declarar con lugar lo solicitado por el Abogado Juan Alberto Núñez García, en su condición de Apoderado Legal de la misma, y en la cual se autoriza la exoneración de pago de los impuestos siguientes: impuesto sobre la renta, activo neto, aportación solidaria temporal, impuesto único del 10% que grava la rentabilidad sobre los ahorros y depósitos y uno por ciento (1%) de retención de los periodos fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012”; de lo anterior se observa que ambas fueron resueltas en el mismo año 2012 y el 19 de noviembre de ese mismo año fue Declarada Sin Lugar y denegada la exoneración de los impuestos relacionados 6 meses después, mediante Resolución No. DGCFA-EISR-0152-2012, motivo por el cual interpuso Recurso de Reposición ante el mismo órgano, en fecha 7 de diciembre de 2012, que nuevamente declaro Sin Lugar el recurso referido, confirmando la Resolución referida, en fecha 11 de septiembre del año 2013 mediante Resolución Numero A.L. 228-2013 emitida por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, poniendo fin a la vía administrativa, que la resolución No.AL.228-2013 emitida por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas de fecha 11 de septiembre de 2013, que puso fin a la vía administrativa y que hoy se impugna, expresa en sus considerandos los supuestos motivos en que se fundamenta para Declarar Sin Lugar el Recurso de Reposición, considerandos que solo demuestran los vicios de nulidad, la desviación de poder y la errónea aplicación del Derecho, por parte de la autoridad demandada y recurrida oportunamente, porque: a lo largo de sus considerandos hace suyos cada uno, al enunciar articulados de diferentes leyes, en las que se aprecia a simple vista que la Ley que prevalece y que es de recién vigencia, para resolver las presentes diligencias es la Ley de Equidad Tributaria y específicamente el artículo 44 de la misma, que a la letra dice: “Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto No. 65-87 del 30 de abril de 1987 contentivo de la Ley de Cooperativas y sus reformas, las cooperativas que se dediquen a realizar actividades mercantiles con personas naturales o jurídicas distintas a sus miembros, con excepción de las dedicadas a la actividad agrícola, estarán obligadas al pago de todos los impuestos y demás gravámenes fiscales que correspondan; dichas cooperativas quedarán sujetas al control y fiscalización de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).” De lo anterior como claramente se expuso en el Recurso de Reposición de mérito, la demandante se encuentra enmarcada en tal disposición del artículo en mención, debido que la misma ejerce actos y operaciones cooperativas entre sí misma, o sea entre la Cooperativa y sus miembros cooperativistas (afiliados), tal y como consta en su Personería Jurídica y Estatutos en sus fines y objetivos, por lo tanto no ejerce operación mercantil alguna con personas naturales o jurídicas, no miembros de la misma o terceros, por no ser este su fin, o por ser esta una Cooperativa que ejerce sus actividades entre los mismos miembros (afiliados), es que, en años anteriores se les ha otorgado el beneficio de Exonerar a la demandante anualmente de los impuestos detallados, por parte de la Dirección Ejecutiva de Ingresos y ahora la Unidad de Franquicias Aduaneras, las cuales constan en las transcripciones de las Resoluciones Nos. DEI-5480-DA-ARCS-J-2008 de fecha 8 de octubre de 2008, DEI-4047- DA-ARCS-J-2009 de fecha 05 de octubre de 2009, DEI-4631-DA-ARCS-K-2010 de fecha 04 de noviembre de 2010, todas emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, las cuales se resuelve “declara con lugar”, la exoneración de los impuestos relacionados aclarando que la demandante goza del beneficio de Exoneración de tales impuestos, desde el año 2006, de lo que a simple vista se aprecia, que la vigencia de la Ley de Equidad Tributaria Decreto No. 51-2003 es desde el 1 de abril del año 2003, por lo que en años posteriores a la vigencia de la misma, la demandante gozo de los beneficios otorgados conforme a Derecho, en estricta aplicación del artículo 44 de la Ley en mención, como se reitera por no tener operaciones mercantiles con personas distintas a sus miembros. La Secretaria demandada, aduce “que del análisis al presente recurso el recurrente no presenta suficientes elementos para que esta Secretaria de Estado proceda a declarar con lugar lo solicitado”, de lo anterior se colige que la parte demandada, pretende hacer creer a este tribunal, que no existieron elementos para declarar con lugar el recurso de reposición interpuesto en tiempo y forma, no siendo ciertas sus aseveraciones, en virtud que consta en el Expediente Administrativo de Merito, las diferentes Resoluciones Declaradas con lugar en relación a la exención de los impuestos referidos anteriormente y que sirven de ilustración y prueba a la vez, para demostrar que la demandante se encuentra exenta del pago de impuestos fiscales, tal como lo estipula el art. 44 de la Ley de Equidad Tributaria, que en el Memorando DEIDAPL-122-2003 de fecha 11 de agosto de 2003 que se refiere a la Opinión Legal emitida por el Departamento de Asesoría y Procuraduría Legal de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, que hace relación al artículo 44 del Decreto 51-2003 expresando que la última reforma fiscal y por ende el ultimo instrumento jurídico vigente a la fecha, reordena el Régimen de Exoneración de las Cooperativas, quedando sujetas al pago de impuestos y demás gravámenes y gozando únicamente de los beneficios fiscales, aquellas que no realicen operaciones mercantiles con terceros distintos de sus miembros y las agrícolas; concluyendo en tal opinión específicamente en el numeral 5 de dicho Memorando “solamente las Cooperativas que no realicen operaciones mercantiles con terceros distintos a sus miembros y las agrícolas tienen el derecho de gozar de exoneraciones fiscales de impuestos y gravámenes”; posteriormente en fecha 25 de marzo de 2004 mediante respuesta con No. UPEG-034-04, el Licenciado William Chong Wong Vice-Ministro de Finanzas y Presupuesto en aquel entonces, se manifestó en relación al artículo 44 de la Ley de Equidad Tributaria Decreto 51-2003, en virtud de consulta formulada por el Licenciado Mario Duarte Director Ejecutivo de Ingresos en esa fecha, referente a las Exoneraciones Fiscales a las Cooperativas, reafirmando lo expresado anteriormente “las cooperativas dedicadas a la actividad agrícola, así como las Cooperativas que se dediquen a realizar actividades mercantiles con personas miembros de la misma, siguen gozando de la exoneración de impuestos y demás gravámenes fiscales que correspondan”; de lo que se colige que la demandante se encuentra exenta de los impuestos solicitados, en virtud que los actos y operaciones cooperativos se realizan entre dicha Cooperativa y sus afiliados, y no así entre particulares. Infringiendo así el ordenamiento jurídico siguiente: Articulo 64 de la Constitución de la República: “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan, que en la Personería Jurídica, así como en sus Estatutos de la Cooperativa de Servicios de Transporte Colectivo de Pasajeros Limitada (COTRACOPL), no estipula en ninguna de sus partes, operaciones mercantiles que pueda tener con miembros distintos a sus afiliados, por lo que es de gran notoriedad las infracciones al ordenamiento jurídico en virtud de disminuir y tergiversar en forma antojadiza por parte de la Secretaria demandada, derechos ya adquiridos por la demandante tal como lo hará valer durante el proceso. 2. La parte demandada el, ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la Secretaría de Finanzas, mediante Resolución No. DGCF A-EISR-0152. 2012 de fecha 19 de Noviembre de 2012, resolvió sin lugar lo solicitado por la Abogada Blanca Lidia Ponce Ramos en su condición de Apoderada Legal de la Cooperativa de Transporte Colectiva de Pasajeros Limitada (COTRACOPL); en relación a la exoneración del pago de los impuestos: Impuesto único del 10% que grava la rentabilidad de los ahorros y depósitos, impuesto del activo neto, impuesto de Tradición de bienes inmuebles, Impuesto de aportación solidaria temporal, impuesto sobre la renta, correspondientes al periodo fiscal 2012, que si bien es cierto la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) emitió Dictamen Técnico No. 216-2012 de fecha 19 de octubre del año 2012, declarando con lugar lo solicitado por la Cooperativa de Transporte Colectiva de Pasajeros Limitada (COTRACOPL) con excepción del impuesto único del 10% que grava la rentabilidad de los ahorros y depósitos, para el periodo fiscal 2012, mismo que no es vinculante para la Administración al momento de emitir la resolución correspondiente de conformidad con los Artículos 28 de la Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Publico y 72 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que este no es un documento fiscal, porque para autorizar la Dirección Ejecutiva de Ingresos este Dictamen, debe estar sustentado en declaraciones, hojas de trabajo, adjuntar papeles o informes de verificación y señalar otros detalles, que no han sido verificados por esa Institución fiscalizadora, en virtud de ello consideran que no tiene una fundamentación jurídica, ni respaldo suficiente para que tenga validez, además dicha exoneración estaba sujeta a que los actos y operaciones de dicha entidad se hicieran entre los afiliados de la misma, es decir que no involucraba a terceros, dicho Dictamen no puede estar sobre la Ley. También no es menos cierto que los beneficios fiscales concedidos a las cooperativas ya habían sido derogados por el Decreto 18-90 que contiene la Ley Ordenamiento Estructural de la Economía y dichos beneficios no fueron reactivados en la Ley de Equidad Tributaria contenida en el Decreto Legislativo No.51-2003, si no derogados en los Artículos 44 y 56 con la única excepción de las cooperativas que se dedican a la actividad agrícola, por lo que se deduce que las demás Cooperativas deben de pagar los impuestos correspondientes, como es el caso de la Cooperativa de Transporte Colectiva de Pasajeros Limitada (COTRACOPL) que su actividad mercantil es realizado con personas naturales y jurídicas distintas a sus miembros ya que los servicios de transporte que brindan son utilizados por terceras personas que son los usuarios, por lo que generan utilidades y hay lucro, ya que mantiene contratos mercantiles tiene publicidad, refleja en sus Estados Financieros rendimiento financieros, su actividad es con fines de lucro, realiza actividades mercantiles con sus socios y con personas naturales y jurídicas distintas de los socios de la cooperativa, y específicamente como el Código de Comercio regula aquellas empresas que tienen aperturados negocios de transporte y servicios al público, no para el servicio de sus socios sino para el servicio de los usuarios en general, prueba de ello es el patrimonio y el lucro obtenido en el año 2011, de lo contrario sino se tuviera lucro en sus actos, el mismo ya estuviera liquidado, tampoco adjuntan documentos y comprobantes que amparen los registros contables que evidencien que su relación comercial y mercantil es con sus socios, o que evidencie en forma puntual que sus clientes son sus socios de los cuales no presentan los reportes e identificación de sus pasajeros, ni los contratos correspondientes, por lo que consideran que el alegato es carente de validez en virtud de que no es cierto que su capital obedece a ingresos o captación de prestación de servicios generados solo por sus propios socios, cuando estos son únicamente 393, como Sociedad Cooperativa ha incrementado su patrimonio y activo total en forma progresiva y creciente, sin que demuestren en forma fehaciente que sus operaciones no tienen finalidades de lucro, no señalan los precios de mercado que brindan al público en abierta competencia con los demás servicios de transporte, los estados financieros no son certificados por ninguna firma auditora, sin embargo las cifras del incremento financiero que presentan sus estados financieros denotan en forma puntual la actividad mercantil que ejercen por medio de sus ingresos, gastos, monto de planillas de pago de los empleados que en ella laboran; en consecuencia los funcionarios de Franquicias han cumplido con su responsabilidad, y de acuerdo con lo que la ley tributaria señala; no pueden exigir una potestad que no se les ha otorgado, ni pueden aplicar e interpretar subjetivamente la normativa tributaria y administrativa, como lo establece los fundamentos legales y tributarios no puntualiza cual es el régimen especial que lo ampara, no adjunta la normativa tributaria o de exoneraciones que en forma personalísima, puntual, tributaria y legal le conceda como sociedad cooperativista con características eminentemente mercantil, no enuncia en el Recurso correspondiente que se adjunten documentos que lo incluyan para este tipo de beneficio, pues como sociedad Cooperativista irregular se regula por el Código de Comercio en virtud de que son de ventas por prestación de transporte al público, con la agravante que son empresas que incrementan el gasto de mantenimiento en las carreteras y obviar el pago de impuestos sin fundamento legal, en tal sentido los funcionarios, que dictaminaron no han hecho más que cumplir con su responsabilidad y por ningún punto pueden actuar obviando lo que expresamente les señala la normativa mercantil, refutando lo alegado por la parte demandante en cuanto hace referencia que la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, a través de la Unidad de Franquicias Aduaneras, ha resuelto solicitudes idénticas como ser las solicitudes contenidas en los Expedientes No. DCFA-EISR-044-2012 de fecha 3 de mayo de 2012, a favor de la Cooperativa de Transporte Colectiva de Pasajeros Limitada (COTRACOLP) que declara con lugar la exoneración del pago de los siguientes Impuestos: impuesto sobre la renta, activo neto, aportación solidaria temporal, impuesto sobre interés bancario y tradición de bienes inmuebles; Expediente E-0137-2012 con Resolución No. DGCF A-0023- 2012 de fecha 19 de marzo de 2012 a favor de la Cooperativa de Transportes Aeropuerto Toncontín y Hoteles Limitada (COTATYH) que declara con lugar la exoneración del pago de los siguientes Impuestos: impuesto sobre la renta, activo neto, aportación solidaria temporal, impuesto único del 10% que grava la rentabilidad sobre los ahorros y depósitos y uno por ciento (1%) de retención de los periodos fiscales 2008, 2009,2010, 2011, y 2012, dichas resoluciones fue un lapsus calami de la administración pública, y por lo mismo se están declarando lesivas a los intereses públicos, en virtud que las mismas fueron resueltas al margen de la ley, además en dichas resoluciones quedo claramente establecido, que se otorgaban las exoneraciones, siempre y cuando sus actos y operaciones cooperativos se hagan entre dicha organización y sus afiliados, condición que no cumple dicha cooperativa porque sus actividades mercantiles de transporte de pasajeros la realiza con sus socios y con terceras personas, por lo consiguiente no pueden surtir efectos legales y por lo cual no pueden considerarse como un precedente para demandar la nulidad de la Resolución Numero A.L. 228-2013 ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la ley no tiene carácter retroactivo, por tanto el único decreto que tiene la Secretaría de Finanzas la obligación de aplicar es el No. 51-2003 del 3 de Abril de 2003, contentiva de la Ley de Equidad Tributaria y deroga todo tipo de exoneraciones fiscales a favor de las cooperativas, por lo que lo resuelto por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, en el acto administrativo emitido esta ajustado a Derecho, rechazando la demanda cuando hace referencia entre otras cosas que la Resolución Numero A.L.228-2013 de fecha 11 de Septiembre de 2013 emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, demuestra vicios de nulidad, desviación de poder y errónea aplicación del derecho, en virtud que dicha resolución fue emitida dentro del marco de la ley, ya que la intención del legislador en el Decreto No. 18-90 contentivo de la Ley Estructural de la Economía en su Artículo 1 tiene la finalidad de derogar las exoneraciones fiscales exceptuando los convenios internacionales y bilaterales donde opere la reciprocidad y las otorgadas constitucionalmente, de igual manera el Artículo 44 de la Ley de Equidad Tributaria regula el Articulo 44, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto N° 65-87 del 30 de abril de 1987 contentivo de la Ley de Cooperativas y sus reformas, alegando también que si bien es cierto, la Dirección Ejecutiva de Ingresos emitió Memorando DEI-DAPL-122-2003 de fecha 11 de agosto de 2003 y la Secretaria de Finanzas emitió Oficio No. UPEG-034-04 de fecha 25 de marzo de 2004 mediante los cuales hacen relación al artículo 44 del Decreto 51-2003, no es menos cierto que los mismos claramente dejan establecidos que las Cooperativas agrícolas y las que se dediquen a realizar actividades mercantiles con personas miembros de las mismas, siguen gozando de la exoneración de impuestos y demás gravámenes que correspondan, no siendo así el caso de la demandante; que se dedica a realizar actividades mercantiles mediante el transporte de pasajeros con personas naturales y jurídicas distintas a sus miembros, todas las actividades que realiza son mercantiles en base a lo que expresan los Estados de Resultados y Balance General, los montos manejados, inversiones millonarias, publicidad, mercadeo, cuentas por pagar y contratos mercantiles que tienen por objeto la obtención de lucro y rentabilidad, el contribuyente no demostró con documentación cierta física y posible, soporte de sus operaciones contables, la relación comercial, mercantil y de servicios con sus socios, pues el alegato es completamente absurdo ya que tiene sus centros de atención de venta de servicios de transporte exclusivamente al público en general y que son características en el funcionamiento de las empresas mercantiles. Por lo que esta cooperativa está sujeta al pago de los impuestos y demás gravámenes fiscales que correspondan. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C, Francisco Morazán, en fecha treinta de octubre del año dos mil quince, dictó sentencia declarando IMPROCEDENTE la acción incoada por LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE COLECTIVA DE PASAJEROS LIMITADA (COTRACOPL), representada en juicio por la abogada SIDIA NEREYDA HERNANDEZ ROMERO, por estar ajustado a derecho el Acto Administrativo impugnado, en vista de lo cual se confirma el mismo. Se exime del pago de costas a la parte demandada por tener motivos para litigar; bajo el criterio que esta probado que la parte demandante en fecha 16 de agosto del año 2012 solicitó ante la Secretaría de Finanzas la exoneración del impuesto de la renta, aportación solidaria temporal, activo neto, impuesto sobre interés bancario y tradición de bienes inmuebles correspondiente al período fiscal del año 2012; consta la resolución No DGCFA-EISR-0152-2012 de fecha 19 de noviembre del 2012 emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, mediante el cual se deniega a la parte demandante la exoneración de los siguientes impuesto único del 10% que grava la rentabilidad de los ahorros y depósitos, impuesto del activo neto, impuesto de tradición de bienes inmuebles, impuesto de aportación solidaria temporal, impuesto sobre la renta correspondientes al período fiscal 2012; consta la resolución A.L.228-2013 emitida por la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas de fecha 11 de septiembre del 2013, que declaró sin lugar el recurso de reposición presentado contra la Resolución No DGCFA-EISR-0152-2012 de fecha 19 de noviembre del 2012 emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, mediante el cual se deniega a la parte demandante la exoneración de impuestos y confirma la misma; consta el acuerdo número 274-76 de la Secretaria de Estado en el Despacho de Economía de fecha 28 de julio de 1976 donde se acuerda conceder la personalidad jurídica a la parte demandante; estimó que en el caso de autos el acto impugnado consistente en la Resolución No DGCFA-EISR-0152-2012 de fecha 19 de octubre de noviembre del 2012 emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, esta dictado conforme a derecho y que no hubo infracción al ordenamiento jurídico al haberse emitido el mismo, esto es así porque, el Decreto No. 18-90 de fecha 3 de Marzo de 1990 que contiene la Ley de Ordenamiento Estructural de la Economía establece en su Artículo 1. Quedan derogadas todas las exoneraciones y franquicias aduaneras a la importación de mercancías con dispensa. Establecidas en leyes generales y especiales. Incluyendo las emitidas a favor de los poderes: ejecutivo, Legislativo y judicial las fuerzas armadas, las instituciones descentralizadas y las empresas estatales, Asimismo, Quedan derogadas todas las exoneraciones fiscales otorgadas a las organizaciones privadas voluntarias de interés público sin fines de lucro, Independientemente de las actividades que realice y que en virtud de leyes y decretos especiales el estado les ha otorgado un tratamiento de favor; De igual manera la Ley de Equidad Tributaria (Decreto No. 51-2003 de fecha 3 de Abril de 2003) en su artículo 44 1. establece “sin perjuicio de lo establecido en el decreto 65-87 del 30 de Abril de 1987 contentivo de la Ley de Cooperativas y sus reformas las cooperativas que dediquen a realizar actividades mercantiles con personas naturales o jurídicas distintas a sus miembros, con excepción de las dedicadas a la actividad agrícola estarán obligadas al pago de todos los impuestos y demás gravámenes fiscales que corresponden: dichas Cooperativas quedaran sujetas al control y fiscalización de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI); de lo anterior se colige, que el artículo 44 contiene una disposición jurídica que restringe a las cooperativas “que se dedican a realizar actividades mercantiles con personas naturales o jurídicas distintas a sus miembros poder gozar de los beneficios fiscales otorgados en la Ley de Cooperativas derogada tácitamente por el decreto 18-90. Estableciendo en su parte dispositiva la excepción a la norma dejando como beneficiarios de los incentivos fiscales antes mencionados únicamente a las cooperativas que se dediquen a la actividad agrícola y que al haberse hecho la derogación expresa de las disposiciones legales contenidas en el artículo 56) 57) 58) del decreto 65-87 del 30 de Abril de 1987 que contiene la Ley de Equidad Tributaria obliga a todo tipo de cooperativas al pago de cualquier obligación tributaria. Sin menoscabo, de las cooperativas que se dediquen a la actividad agrícola; por ultimo es evidente y a todas luces que todas las transacciones que realiza la parte demandante, son mercantiles, tal y como consta en el balance general de los estados financieros, donde se evidencian los montos manejados, por lo que si están obligadas al pago de todos los impuestos y demás gravámenes fiscales que corresponden: bajo el control y fiscalización de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha treinta de octubre de año dos mil quince, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que en el tema fiscal se debe de interpretar la Ley siempre en forma estricta, por lo que para determinar su alcance no pueden utilizarse métodos análogos por ser leyes tributarias de orden público y en la que solo por disposición de Ley, los contribuyentes pueden ser exonerados en forma total o parcial del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, respetando los principios básicos y las normas fundamentales que constituyen el régimen jurídico del sistema tributario y siendo la génesis de este caso la exención fiscal otorgada mediante la ley de Cooperativas cuya vigencia data de 1987, estableciendo exoneración de impuestos fiscales a las cooperativas; exoneraciones, que fueron derogadas con la Ley de Ordenamiento Estructural de la Economía contenida en el Decreto 18-90 cuya derogación fue en sentido general, así como lo fueron en forma más especifica con la emisión del Decreto número 51-2003 que contiene la Ley de Equidad Tributaria, estableciendo en el artículo 56 la derogación de los artículos 56, 57 y 58 de la Ley de Cooperativas que contenía la exoneración fiscal a las cooperativas, articulado que al ser derogado obliga a las cooperativas a cumplir con el pago de los diferentes impuestos fiscales, concluyendo que de los medios de prueba aportados específicamente los balances generales y estados de resultados que obran a folio 79, 80, 81 en los que el juez de primera instancia hace alusión para llegar a la conclusión de que la cooperativa de Transporte Colectiva de Pasajeros Limitada (CONTRACOPL) realiza operaciones mercantiles entre terceros ajenos a su gremio, para este Tribunal no es suficiente dicha prueba documental, ya que no se puede deducir una operación mercantil ajena a su gremio, por ser documentos propios de contabilidad de la cooperativa que no reflejan más que la situación financiera de la cooperativa en mención y las aportaciones de los socios; no obstante las cooperativas no están exentas del pago de tributos fiscales por lo tanto deben de cumplir con el pago de las mismas por lo que el alegato consistente en nuevos decretos (53-2015 y 92-2015) que contienen exoneraciones fiscales no es aplicable en este caso en virtud de que el acto administrativo impugnado se resolvió conforme a leyes vigentes en su momento, decretos que contienen requisitos que deben llevarse a cabo en vía administrativa, siendo el alegato principal en el cual puedan concurrir el principio contradictorio bajo la premisa de respetar las garantías constitucionales del derecho a la defensa y debido proceso. 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogada JOHANA CRISTINA PONCE NUÑEZ, en fecha dieciséis de enero del año dos mil dieciocho, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha treinta de octubre de año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.126-16, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.07-2014 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciocho, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogada NOLVIA LIZETH ALMENDAREZ, presentó en fecha trece de febrero del año dos mil dieciocho, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha dieciséis de febrero del año dos mil dieciocho, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas uno de marzo del año dos mil dieciocho, las Abogada JOHANA CRISTINA PONCE NUÑEZ, y NOLVIA LIZETH ALMENDAREZ, respectivamente. 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha once de abril del año dos mil dieciocho, teniendo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte de las Abogadas JOHANA CRISTINA PONCE NUÑEZ, como recurrente y NOLVIA LIZETH ALMENDAREZ, como recurrida, para que se personaran ante ésta Sala Laboral- Contencioso Administrativo, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Infracción cometida por el Ad-quem, en la aplicación de la norma jurídica material, contenida en el articulo 44 del Decreto 51-2003 en relación al Decreto 65-87 del 30 de Abril de 1987 contentivo de la Ley de Cooperativas y sus Reformas. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPOSICION DEL MOTIVO: La normas legales que se invocan como infringidas, contenida en el articulo 44 del Decreto 51-2003 de la Ley de Equidad Tributaria, en relación al Decreto 65-87 del 30 de Abril de 1987 contentivo de la Ley de Cooperativas y sus Reformas, por cuanto, siendo estas, disposiciones que regulan la cuestión en litigio, el ad-quem no las aplica, desvalorizando las mismas. Resulta entonces que el A-quo infringió la aplicación de la norma jurídica material para poder resolver el fondo del asunto en litigio, en base a una norma completamente improcedente e inaplicable. El concepto de la Infracción lo explico así: Es así que a lo largo del proceso se hizo valer la norma aplicable para resolver el fondo del litigio, en ambas instancias, siendo la norma aplicable el articulo 44 del Decreto 51-2003 de la Ley de Equidad Tributaria, que a la letra dice: “Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto No. 65-87 del 30 de abril de 1987 contentivo de la Ley de Cooperativas y sus reformas, las cooperativas que se dediquen a realizar actividades mercantiles con personas naturales o jurídicas distintas a sus miembros, con excepción de las dedicadas a la actividad agrícola, estarán obligadas al pago de todos los impuestos y demás gravámenes fiscales que correspondan; dichas cooperativas quedarán sujetas al control y fiscalización de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).”; al respecto mi representada no tiene actividades mercantiles con personas naturales o jurídicas distintas a sus miembros, en vista que la actividad que realiza es estrictamente con sus socios de la Cooperativa (entre ellos mismos), y no así actividad con terceras personas. De forma errónea o antojadiza el Aquí ha venido interpretando el articulo 44 en mención, en vista que fue probado en juicio mediante fiscalización y verificación por parte de auditores de la Dirección Ejecutiva de Ingresos de aquel momento, en las instalaciones de la Cooperativa de Transporte de Pasajeros Limitada (COTRACOPL) que la actividad que realiza tal Cooperativa es exclusiva entre los mismos socios por lo que se emitieron Dictámenes a favor de mi representada y es el caso que para emitir la Resolución motivo de impugnación en sede jurisdiccional, se emitió Dictamen Técnico No. 216-2012 de fecha 19 de Octubre de 2012 el cual obra a folio 122 al 126 de las presentes diligencias, dictamen que se dicto “CON LUGAR” por comprobar la actividad entre los mismos socios, haciendo el A-quo caso omiso al mismo, y el cual se corrobora que a mi representada, le es aplicado el Decreto 51-2003 de la Ley de Equidad Tributaria, en relación al Decreto 65-87 del 30 de Abril de 1987 contentivo de la Ley de Cooperativas y sus Reformas, en virtud de que sus actividades son entre sus miembros y no para terceros. Es de aclarar que el articulo 44 supra mencionado crea confusión al momento de su interpretación, en vista que no se estableció un sentido a tal norma al momento de determinar la obligación del pago de todos los impuestos y demás gravámenes fiscales y quienes quedaran sujetos al control y fiscalización de la entidad Administradora de Tributos, en el sentido de que, al momento de leer e interpretar la siguiente frase “distintas a sus miembros” en el entendido que solo se otorgara la exención de dichos impuestos y gravámenes a las que realicen actividades entre los mismos miembros, y que es el caso que nos ocupa y que redundantemente se ha expuesto; es así que la Sentencia motivo de este recurso extraordinario de casación, expresa en su parte “Fundamentos de Derecho” el Ad quem expresa “para este Tribunal no es suficiente dicha prueba documental (Balances Generales y estados de Resultado), los que el juez hace alusión para llegar a la conclusión que la Cooperativa realiza operaciones mercantiles entre terceros ajenos a su gremio, ya que no se puede deducir una operación mercantil ajena a su gremio, por ser documentos propios de la contabilidad de la cooperativa en mención y las aportaciones de los socios” De lo anterior se deduce que el mismo Ad-quem reconoce que a mi representada no se le puede deducir operación alguna con actividades mercantiles entre terceros, sino entre sus mismos miembros, evidenciado su contradicción al momento de emitir la Sentencia de merito. El Ad-quem al enunciar y tomar como fundamento legal a Ley de Ordenamiento Estructural de la Economía contenida en el Decreto 18-90 de fecha 3 de Mayo de 1990, en la que se derogan las exoneraciones para las Cooperativas y relaciona que de forma especifica con el Decreto 51-2003 que contiene la Ley de Equidad Tributaria estableciendo en el articulo 56 la derogación de los artículos 56, 57 y 58 de la Ley de Cooperativas que contempla la exoneración fiscal, evidenciando que relaciona normas anteriores a la fecha de emisión de la Ley de Equidad Tributaria Decreto 51-2003; a) respecto el Ad-quem no respeta lo que aduce en su Cuarto (ti.) exposición en el Titulo “Fundamentos de Derecho”, en vista que no esta respetando el principio de legalidad que hace alusión para tomar decisión, asimismo no respeta las peticiones concretas que las partes formulan ante esta jurisdicción, tal es, el caso que el Ad-quem hace caso omiso a la norma aplicable al caso concreto tal como lo hizo el Aquí, no haciendo valer la norma enunciada a lo largo de este litigio, de la forma que ha quedado evidenciada.” 2.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, ya que se incurre en los siguientes defectos: a) carece de claridad y precisión en el concepto de la infracción, ya que no se indica si la infracción es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las disposiciones señaladas como infringidas; b) se indica en relación el Decreto 65-87 del 30 de Abril de 1987 contentivo de la Ley de Cooperativas y sus Reformas, omitiendo señalar disposición alguna; c) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; d) en el desarrollo se alude al Decreto 18-90 de fecha 3 de Mayo de 1990 y al “…Decreto 51-2003 que contiene la Ley de Equidad Tributaria estableciendo en el articulo 56 la derogación de los artículos 56, 57 y 58 de la Ley de Cooperativas…” cuando el primero no se indica en la formulación ni el señalamiento de disposiciones infringidas o relacionadas y de igual manera, en el segundo, los artículos mencionados no fueron indicados como infringidos o relacionados; y, f) se realizan alegatos de instancia inapropiados en este recurso extraordinario. 3.- Que en un segundo motivo se aduce: “Infracción en la aplicación de los requisitos internos de la sentencia, contenida en el artículo 206 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en e) artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPOSICION DEL MOTIVO: Resulta cierto, que la sentencia recurrida, no contiene Claridad, Precisión y Exhaustividad.El concepto de la Infracción lo explico así: Siendo que la Sentencia debe de ser una respuesta a la pretensión, debe de ser estimada con los requisitos para ella, en el caso que nos ocupa, en la misma no se tuvo el cuidado de analizar toda la correlación de hechos, antecedentes, pruebas y específicamente fundamentos motivos del litigio, tal es el caso que en sus fundamentos de derecho, para dictar la parte dispositiva de la sentencia, no hace ningún tipo de relación al articulo 44 de La Ley de Equidad Tributario, obviándolo en su totalidad, de lo que se deduce que al no ser la Sentencia motivo del presente recurso precisa, clara y exhaustiva se consigue un efecto contrario a su naturaleza, causando inseguridad jurídica. Conforme a los motivos anteriormente enunciados, se concluye que la Sentencia motivo de este Recurso de Casación deviene de infracciones de normas de derecho, por lo que amerita sea Casada en su totalidad en este único motivo.” 4.- Que el cargo que antecede resulta inestimable a razón de lo siguiente: a) carece de claridad y precisión en el concepto de la infracción, ya que no se indica si la infracción es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las disposiciones señaladas como infringidas; b) el artículo 206 el Código Procesal Civil, contiene numerales que se deben precisar; c) el precepto autorizante resulta incongruente con el artículo 206 de Código Procesal Civil, ya que el mismo establece …que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas empleadas para la solución del fondo del litigio.” Y, el artículo 206 del Código Procesal regula situaciones de naturaleza procesal relacionados con los requisitos internos de la sentencia; y, d) en el desarrollo se alude al “…articulo 44 de La Ley de Equidad Tributario…” disposición que no fue señalada como infringida o relacionada en la formulación. 5.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. 6.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 28 días del mes de septiembre del 2021; certificación de la resolución de fecha 30 de octubre del 2019, recaída en el Recurso de Casación número CA120-2018. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
5