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Sentencia CA-104-18 — Registro 10043

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por el demandante por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Que el cargo que antecede resulta inestimable por las razones siguientes: a) se omiten la normas de naturaleza procesal que se consideren infringidas (Código Procesal Civil); b) se indica en la formulación la falta de aplicación y en el acápite denominado “CONCEPTO DE LA INFRACCION” se indica que “Se Impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio…” lo que no concuerda con la modalidad de violación invocado (falta de aplicación) ni con el precepto autorizante, ya que este último sustenta la causal de casación por la infracción de garantía procesales no de normas empleadas para la solución del fondo del asunto; c) en el desarrollo se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración del material probatorio lo cual tiene vedado a este Tribunal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) se alude a los artículo 197.2 del Código Procesal Civil 51 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, disposiciones que no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación.- 3. Que en un segundo motivo se aduce: “Infracción por la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, concretamente de los Artículos 200 numerales 1) y 2) del código procesal civil vigente y Articulo 66 de la ley del consejo de la judicatura y de la carrera judicial. PRECEPTO AUTORIZ ANTE. Articulo 719.1 letra c) del Código Procesal Civil Vigente. CONCEPTO DE LA INFRACCION. Se impugna la aplicación e interpretación de la norma procesal contenida en el articulo 200 del CPC (contenido formal de las sentencias), utilizada por el Ad- Quem como uno de sus fundamentos de derecho en que baso su sentencia, precepto legal que dispone numeral 2 c) que “En los fundamentos de derecho se expresaran, en párrafos separados y enumerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando razones y fundamentos legales del fallo que halla de dictarse, con expresión concreta de la normas jurídicas aplicables al caso, relación directa con el articulo 208.1 del CPC, que establece que: “Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas, oportunamente en el pleito..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

...". Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) carece de claridad y precisión en el concepto de la infracción es decir si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) se indica la infracción “…de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio…” lo que no concuerda con el precepto autorizante cuando el mismo establece una causal de casación por forma y contenido no por normas empleadas para la solución del fondo del litigio; c) en la formulación se indica como infringido el artículo 200 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, los cuales contiene situaciones jurídicas distintas que se deben indicar en forma separada e independiente, es hasta en el desarrollo que se alude en forma imprecisa el numeral “2 c)”; c) se mencionan los artículos 208.1 y 197.2 del Código Procesal Civil, que no fueron indicados como infringidos o relacionados en la formulación; d) en el desarrollo se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración del material probatorio lo cual tiene vedado a este Tribunal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, e) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo dispuesto en el artículo 704 del Código Procesal Civil.- 5. En vista de lo anterior, se considera defectuoso el recurso de casación a razón de las causal prevista en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, relacionado con el 721 numeral 2 del mismo ordenamiento legal, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS, como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, dictan la siguiente RESOLUCION: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del PODER JUDICIAL, por medio del CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL, representado en juicio por la Abogada ADA GRISELDA MONTOYA; y, Recurrida: el señor YOBANY ARMANDO VALLADARES ALY, representado en juicio por el Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial en materia de personal para la nulidad de un acto administrativo particular por infracción del ordenamiento jurídico, quebrantamiento de formalidades esenciales, exceso y desviación de poder, reconocimiento de una situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal y como medida para su pleno restablecimiento de los derechos se ordene el pago de las prestaciones laborales y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir con todos los aumentos, vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes y demás beneficios colaterales que se generen desde la fecha en que se emite la suspensión provisional de forma ilegal sin goce de sueldo, hasta la ejecución de la sentencia, se alega prescripción de la acción de parte de la autoridad nominadora para imponer la medida disciplinaria de despido, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor YOBANY ARMANDO VALLADARES ALY, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del PODER JUDICIAL, por medio del CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su demanda, que mediante Acuerdo Número 1138-2011 de fecha 14 de octubre del año 2011, contenido en el Oficio No.2862-SCSJ-2011, fue nombrado en el cargo de Juez de Letras Departamental de Santa Bárbara. Que en fecha 09 de enero del año 2014, le notificaron al demandante la resolución tomada en Sesión de Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial en donde se resuelve suspenderlo de manera provisional del cargo como Juez, suspensión ésta, realizada de manera ilegal, ya que el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial no tiene la competencia, ni las atribuciones legales para ordenar suspensiones a Jueces y Juezas para efectos de investigación previo a la tramitación completa de un proceso disciplinario, puesto que el literal c) del artículo 53 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, no le otorga esas facultades, por lo que la suspensión es ilegal. En fecha 23 de enero del año 2014 el Sub-Director de la Carrera Judicial le hizo entrega al demandante de la cédula de citación para el 29 de enero de 2014 a las 10.00 a.m., con el fin de llevarse a cabo la audiencia de descargo, citación esta que es totalmente ilegal ya que no se siguió con el procedimiento establecido en el artículo 74 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial y también tal como lo establece el artículo 177 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; llevándose a cabo la misma en la fecha lo cual fue citado por la supuesta falta cometida por el demandante, presentando los descargos respectivos los cuales no fueron tomados en cuenta. La Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, establece claramente en el artículo 66, lo relativo a la prescripción de las infracciones cometidas por empleados y funcionarios judiciales, los cuales prescriben en seis (6) meses si se trata de infracciones graves y menos graves en cuarenta y cinco (45) días si se trata de infracciones leves; dado que la audiencia de descargo practicada al demandante fue por una denuncia que de acuerdo al Auto emitido por la Inspectoria General de los Tribunales, ya había prescrito al momento de imponerle la sanción de despido.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del PODER JUDICIAL, contestó dicha demanda señalando que se acepta el hecho primero de la demanda, en donde se pueden verificar los extremos manifestados por el demandante mediante la revisión del expediente de personal del Abogado Yobany Armando Valladares Aly, el cual se encuentra en las oficinas de Personal del Poder Judicial en la ciudad de Tegucigalpa. Que el Consejo de la Judicatura actuó conforme lo establecido en el artículo 53 literal c) de la Ley del Consejo de Judicatura y la Carrera Judicial ya que la suspensión de funcionarios y empleados judiciales puede acordarse de manera provisional o definitiva, considerándose la primera como una medida esencialmente preventiva y temporal y la segunda como la sanción disciplinaria propiamente dicha; que el demandante recibió cédula de notificación para celebrar audiencia de descargo sobre la denuncia número 0501-2012-00034 en fecha 23 de enero del 2014, tal como consta en folio (15) del expediente administrativo, y que la misma se llevó a cabo el día 29 de enero 2014 (folio 16) sin embargo se rechaza totalmente lo que aduce el demandante en cuanto a que la citación fue ilegal ya que el procedimiento llevado a cabo se realizó con el debido proceso, desde el momento que se le citó a una audiencia de descargo fue para garantizarle y respetarle todos sus derechos y para que expusiera las razones y descargos a su favor que estimara pertinentes, esto con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial que establece: “El Consejo garantizará en la adopción de sus resoluciones el respeto al debido proceso, salvaguardando el derecho a los principios de legalidad, de defensa, de audiencia y contradicción”, distinto sería si no se le hubiese citado a una audiencia de descargo y el Consejo hubiese emitido su resolución sin escucharlo; además el demandante ya conocía los hechos que se le imputaban y por los cuales estaba siendo investigado, tenía ya más de un año de conocer las causales por lo que bien pudo el demandante refutar y acreditar para desvirtuar lo que se le estaba imputando y es más tuvo el momento procesal oportuno que fue precisamente en la audiencia de descargo, de refutar la infracción administrativa que se le imputaba, en dicha audiencia quedó plenamente acreditado que el demandante presentó medios de prueba consistentes en prueba documental y firmó el escrito de la audiencia de descargo por lo que se da por conforme ya que no hubo objeción alguna de su parte con lo cual se acredita que efectivamente hizo uso de su derecho de defensa tal como lo garantiza la Constitución de la República. Que el artículo 66 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, literalmente dice lo siguiente: “las infracciones cometidas por empleados y funcionarios judiciales prescriben a los seis meses, si se trata de infracciones graves.. dichos plazos se contaran desde el día siguiente a la fecha en que se tenga noticia de la comisión de alguna de las infracciones previstas en el respectivo Reglamento tanto en el Consejo de la Judicatura como el Inspector General de Tribunales” y dice el párrafo último del mismo artículo “la prescripción se interrumpirá desde la fecha de iniciación del correspondiente expediente disciplinario, sin embargo se reanudará si dicho expediente permanece paralizado durante seis meses por causas no imputables al Juez o magistrado sujeto a aquel”, por lo que de conformidad a lo anterior no existe prescripción, en virtud de que el articulo 66 ya lo establece, en el caso que nos ocupa llegó a conocimiento de la Inspectoria General de Juzgados, donde se llevaron a cabo actuaciones y diligencias que no dieron lugar a la prescripción del mismo como lo pretende hacer creer la parte demandante, sino que se resolvió de forma oportuna y conforme lo establecido a la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, tal como se acredita en el respectivo expediente administrativo, además no se encontró dentro del expediente administrativo una solicitud de prescripción, la misma se interrumpió desde el momento en el cual se da el proceso disciplinario.- 3. Que en fecha diez de febrero de dos mil quince, compareció el Abogado Abraham Alvarenga Urbina, en su condición de Procurador General de la República, interponiendo escrito de defensas previas, basándose la primera causa de inadmisibilidad la que consiste en: “Que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos”, esta Defensa Previa se encuentra contemplada en los artículos 63 inciso a) y 80 inciso d) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que establece “se declarará la inadmisibilidad en los casos siguientes apreciados de oficio por el Juez: a)… d) Que la demanda hubiere sido presentada fuera de los plazos respectivos, en concordancia con los artículos 51 inciso c), 105 y 11 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo…”; en cuanto a la segunda causa de inadmisibilidad consiste en: “Que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa por ser un acto firme”, esta Defensa Previa se encuentra contemplada en el artículo 63 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que establece “los demandados y coadyuvantes podrán alegar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al emplazamiento, cualquiera de las siguientes defensas previas: a) las que se funden en los motivos que con arreglo al artículo 80 de esta Ley podrán determinar la inadmisibilidad de la acción”, lo anterior en relación al artículo 31 de ese mismo cuerpo legal que expresa: “No se consentirá la acción contencioso administrativa respecto de: a) Los actos firmes, es decir aquellos que no hubieren sido recurridos en tiempo y forma o que hubieren sido consentidos expresamente”; en cuanto a la tercera causa de inadmisibilidad consiste en: “Que se hubiera interpuesto por persona no legitimada”, esta Defensa Previa se encuentra contemplada en el artículo 80 literal b) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que establece: “Se declarará la inadmisibilidad en los casos siguientes, apreciada de oficio por el Juez: a).. b) Que se hubiere interpuesto por persona incapaz, no representada debidamente o no legitimada”; en fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución desestimando las defensas previas alegadas por la parte incidentista (demandada) por inexistentes.- 4. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando procedente la acción interpuesta por el señor Yobany Armando Valladares Aly, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la resolución del Recurso de Reposición de fecha 09 de abril de 2014, emitida por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, mismo que estaba dirigido en contra de la Resolución de fecha 18 de marzo de 2014, mediante la cual se cancela al ahora demandante del cargo de Juez de Letras Departamental de Santa Bárbara, el cual se anula por ser ilegal; que se reconozca al demandante el derecho al pago de sus prestaciones laborales, las cuales al no estar detallado la manera de pago en la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial que regula su relación de servicio con la Corte Suprema de Justicia, en aplicación expresa de lo referido en el artículo 74 de dicha Ley, se debe de aplicar lo establecido en el Régimen de Servicio Civil, para lo cual se le reconoce al ahora demandante la indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio, hasta un máximo de quince (15) años en concepto de auxilio de cesantía, así como un mes de sueldo por cada año de servicio hasta un máximo de dos años en concepto de preaviso, en base a lo estipulado en el decreto No.99-97 que interpreta el artículo 38 de la Ley de Servicio Civil y demás derechos que le pudieran corresponder, como décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, vacaciones, incrementos salariales y otros beneficios, más el pago en concepto de daños y perjuicios, de los salarios dejados de percibir, desde la fecha que fue suspendido de su cargo el 09 de enero de 2014, hasta el día en que se ejecute la presente sentencia definitiva; declarar extinguida la relación laboral existente entre el demandante y la Corte Suprema de Justicia, sin costas; bajo el criterio que por la fundamentación de los artículos 317 de la Constitución de la República; 53 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, y de la Circular No.5 aprobada por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial en el acta No.4 en sesión celebrada el 29 de octubre de 2013, se desprende entonces que las causas que motivaron la cancelación por despido del demandante, necesariamente deben de estar contempladas en la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. Y de la revisión de la presente demanda se desprende que el ahora demandante lo destituyen por incurrir en las infracciones graves establecidas en el artículo 4 literal a) del Régimen Disciplinario aprobado por el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial en el Acta No.4 de la Sesión celebrada el 29 de octubre de 2013, es decir el Régimen Disciplinario contenido en la circular No. 5 del año 2013. Por lo que es evidente la violación legal cometida por la parte demandada al fundamentar una causal de despido que no se encuentra establecida en la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, sino que en una Circular; en consecuencia, el demandado al haber dictado el Acto Impugnado basado en una normativa emitida por un órgano distinto al Legislativo ha viciado de nulidad el acto administrativo impugnado. Se señala lo anterior en vista que el artículo 33 de la Ley de esta Jurisdicción refiere que dentro de las pretensiones de todo demandante en esta sede Jurisdiccional se incluyen los motivos de no ser conforme a derecho en que se funde su acción para pretender la declaración de nulidad del acto administrativo, comprenderá cualquier infracción del ordenamiento Jurídico, incluso el exceso y la desviación de poder. Por lo anteriormente expuesto, la suscrito juez es del parecer que si existió una infracción al ordenamiento jurídico, por haber destituido al demandante fundado en una causa que no esta contemplada en la Ley Especial que regula el ámbito de competencia, organización, alcances y atribuciones del Consejo de la Judicatura y todo lo atinente al Sistema de la Carrera Judicial, sino que esta comprendido en un Acto Administrativo emitido por el propio demandado, situación prohibida absolutamente tanto en la citada Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial así como por la Constitución de la República en su artículo 317 (Principio de Reserva de Ley). Que referente a la prescripción alegada por el demandante, el artículo 66 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, establece que las infracciones cometidas por empleados y funcionarios judiciales prescriben en seis (6) meses si se trata de infracciones graves y menos graves y a los 45 días, si se trata de infracciones leves. Estos plazos se contaran desde el día siguiente a la fecha en que se tenga noticia de la comisión de alguna de las infracciones previstas en el respectivo reglamento, tanto en el Consejo de la Judicatura como el Inspector General de Tribunales. Con esto es evidente que en cada una de las denuncias han transcurrido más de seis (6) meses para su respectiva sanción, desde el momento en que el Inspector General de Tribunales a tenido conocimiento de las infracciones cometidas por el demandante, demostrando a su vez la parte demandada un exceso de poder al haber despedido al ahora demandante por encontrar meritos en denuncias prescritas, produciendo un vicio inherente al objeto que ha tenido como causa la cancelación del ahora demandante y que por tanto hace que el Acto Administrativo impugnado sea nulo. En conclusión al haber cancelado al demandante utilizando como fundamento una Circular no solo es un acto de ilegalidad, sino que también vicia de nulidad el Acto Administrativo impugnado al haberse actuado con evidente desviación de poder, puesto que se han ejercido potestades administrativas para fines distintos de los establecidos en la Ley, demostrando a su vez la parte demandada un exceso de poder al haber despedido al ahora demandante mediante denuncias que ya habían prescrito de acuerdo al artículo 66 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.- 5. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha uno de noviembre de dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que el demandante fue despedido del cargo como Juez de Letras Departamental de Santa Bárbara, mediante oficio 542-SCJYCJ-2014 emitido por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial se procede a destituir al ahora demandante de su cargo por haber incurrido en infracción disciplinaria grave establecida en el artículo 4 literal a) del régimen disciplinario aprobado en fecha 29 de octubre de 2013 (f.35), régimen que en su momento nunca existió y se sancionó al ahora recurrente bajo el fundamento de una circular número 5 que aprueba la reglamentación que señala el artículo 70 segundo párrafo de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, es decir que mediante una circular se aprobó un régimen disciplinario que sirvió de fundamento legal para imponer la sanción de despido al hoy demandante, lo que para este tribunal es una clara infracción al ordenamiento jurídico y así como un exceso de poder por parte del entonces Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, ya que se procedió a la suspensión del cargo en faltas no contempladas en la Ley del entonces Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, procedimientos que según el artículo 70 de la Ley del entonces Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial tenia un año para emitir un reglamento que coadyuvara al funcionamiento de los órganos del Poder Judicial, reglamento que al momento de sancionar al demandante no existió, siendo una facultad de dicho ente, denominado constitucionalmente como principio de reserva de Ley, principio general del derecho que se presenta cuando una norma constitucional que reserva expresamente a una Ley la regulación de una determinada materia, por lo que excluye la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por disposiciones de naturaleza distinta a la Ley, por lo que las causas que motivaron dicho despido deben de estar contempladas en la Ley, resultando evidente la infracción cometida en el que en un Estado de Derecho compete que dicho juzgamiento haya sido con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, extensible a cualquier órgano administrativo por la suscripción de Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, en el que se entiende que las garantías judiciales deben de mantenerse incólumes por ser parte fundamental del ordenamiento jurídico, por lo que la resolución objeto de impugnación no se ajusta a la garantía constitucional del debido proceso que debe imperar en todo procedimiento ya sea disciplinario, gubernativos etc. Que habiendo realizado un análisis del expediente disciplinario que contiene la denuncia, la investigación interna respectiva, el desarrollo de la audiencia de descargo, así como la resolución que impone la sanción de despido, se observa que ha operado la prescripción del derecho que tiene la administración para imponer la sanción, por el mero transcurso del tiempo, en razón de que el tramite disciplinario de la denuncia contra el demandante, estuvo paralizada por más de seis (6) meses, partiendo de que si bien es cierto la prescripción se interrumpió desde la fecha de iniciación del correspondiente expediente disciplinario, pero se reanudara dicho plazo, desde que la Inspectoría General de Juzgados y Tribunales emite un dictamen o informe de las investigaciones realizadas y éstas son remitidas a la Dirección de Personal para que se siguiera con el trámite ya establecido, transcurriendo más de seis meses para que se reiniciara dicho tramite disciplinario y se sancionara; paralización del tramite que obedece estrictamente a causas imputables a la administración, no al servidor judicial, acto que constitucionalmente limitó y restringió garantías constitucionales como el es el debido proceso en la que una circular jamás podrá alterar el espíritu de la ley ni mucho menos variar el contenido y alcance de la misma por lo que esta Corte aprecia que la sentencia emitida por el juez A quo está conforme a derecho.- 6. La representación procesal de la parte recurrente, Abogada ADA GRISELDA MONTOYA, en fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha uno de noviembre de dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.008-2017, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.200-2014 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7. La representación procesal de la parte recurrida, Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, presentó en fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha treinta de enero de dos mil dieciocho, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, los Abogados JOSE ARMANDO ESPINAL y ADA GRISELDA MONTOYA, respectivamente.- 8. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, teniendo por personados a los Abogados ADA GRISELDA MONTOYA, como recurrente y JOSE ARMANDO ESPINAL, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: “: Infracción por falta de Aplicación de las normas Procesales que regulan los actos y garantías procesales, cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, propiamente de los artículos 317 de la Constitución de la Republica, 3 letra e) y 63 reformado de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 719.1 literal b) del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE INFRACCION: Se Impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, Articulo 51 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, confrontado con los Artículos 3 letra e) y 63 reformado de la misma Ley en relación directa con el Articulo 317 de la Constitución de la Republica reformado en su parrado ultimo, normas de derecho referidas en el fundamento de derecho cuarto y quinto (4 y 5) utilizadas por el Ad-Quem en las que baso su sentencia, lo cual se lee así: A) Que en el fundamento de derecho CUARTO (4) manifiesta que “efectivamente el Poder Judicial forma parte del engranaje de la administración pública, cuyos actos en forma directa o indirecta, pueden o no, afectar la esfera jurídica de los particulares, no siendo ajenos a dichos actos los servidores y empleados del Poder Judicial, quienes, así como tienen derechos también tienen obligaciones en el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales y administrativas; en el cual en el ejercicio de sus funciones asumen responsabilidades civiles, administrativas y penales, siendo necesario un régimen disciplinario pertinente con el propósito de respetar el debido proceso y su derecho a la defensa; de tal modo que las posibles sanciones a aplicar deben ser claras y proporcionales a la falta o infracción cometida... B) Que el fundamento de derecho QUINTO (5) manifiesta que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo según dicha sentencia de fecha primero (01) de noviembre del dos mil diecisiete (2017) que dicho tribunal “ procedió a revisar y analizar en su conjunto dicha pieza, siendo preciso mencionar que el demandante fue despedido del cargo de Juez de Letras Departamental de Santa Bárbara, mediante oficio 542-SCJYCJ-2014 emitido por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, se procede a destituir al ahora demandante de su cargo por haber incurrido en infracción disciplinaria grave establecida en el 4 literal a) del régimen disciplinario aprobado en fecha veintinueve de octubre del año dos mil trece, régimen que en su momento nunca existió y se sancionó a la ahora recurrente bajo el fundamento de una circular número 5 que aprueba la reglamentación que señala el artículo 70 segundo párrafo de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, es decir que mediante una circular se aprobó un régimen disciplinario que sirvió de fundamento legal para imponer la sanción de despido a la hoy demandante, lo que para éste Tribunal es una clara infracción al ordenamiento jurídico y así como un exceso de poder por parte del entonces Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, ya que se procedió a la suspensión del cargo por falta no contemplada en la Ley del entonces Consejo de la Judicatura..”. Todo lo anteriormente manifestado en la sentencia de fecha primero (01) de noviembre del dos mil diecisiete (2017), emitida por la Juzgador ad- Quem se rechaza ya que conforme la Constitución de la Republica en su Artículo 317 último párrafo en relación con el Articulo 3 letra e) de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial tiene la facultad de Ejercer el régimen disciplinario de los miembros de la carrera judicial y de los demás funcionarios y auxiliares jurisdiccionales personal administrativo y técnico, por tanto el Congreso Nacional mediante la Constitución de la Republica y la Ley del Consejo de la Judicatura, se le faculta para ejercer el régimen disciplinario, dicha facultad está estipulada en su el articulo 3 literal e), además tiene estas siguientes atribuciones: c) Nombrar y remover a Magistrados de Cortes de Apelaciones y Jueces, así como a los demás funcionarios y auxiliares jurisdiccionales.. j) Elaborar y aprobar reglamentos que sean necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, así como los instructivos para su implementación” k) las demás que le confieran la Constitución y leyes aplicables y cualquier otra, complementaria o análoga que se estime como necesaria para el correcto desempeño de sus obligaciones”. Como lo establece el Articulo 317 Reformado de la Constitución de la Republica, de cuyo texto se extrae de forma determinante que “los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados, descendidos ni jubilados sino por las causas y garantías previstas en la ley”; norma constitucional que es congruente con lo dispuesto en el Artículo 63 reformado de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, que dice: Las Infracciones que generan responsabilidad en el desempeño del cargo de los empleados y funcionarios serán sancionados con la medida disciplinaria que corresponda a la gravedad de la misma y que tenga por objeto la enmienda del servidor judicial, sin perjuicio de la responsabilidad civil que corresponda para garantizar el buen servicio y el correcto desempeño en el ejercicio de su cargo, se establecen las siguientes medidas a) amonestación privada, verbal o escrita, b) Multa c) Suspensión del cargo sin goce de sueldo d) descenso a un cargo de clase o grado inferior e) traslado y f) despido....; Clasificación que el Consejo tuvo a bien en cuanto a la ocurrencia de las mismas establecer dicho catalogo publicado en la gaceta No 33,359 de fecha 19 de febrero del 2014, el cual es aplicable por las razones antes expuestas al asunto sometido ante el Consejo de la Judicatura por la responsabilidad estimada por Inspectoría de Tribunales en contra del demandante., (Lo subrayado es nuestro). Finalmente en la parte dispositiva de la sentencia recurrida manifiestan literalmente: POR TANTO: Esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con Jurisdicción a Nivel Nacional, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS, siendo ponente la Magistrada DAYANI IVETTE BOCANEGRA PADILLA y en aplicación de los artículos 303, 304, 305, 317, 321 de la constitución de la República, 1, 2 letra a) 7 letra b), 9, 35, 89, 129 letra c) y 134 de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 24, 34, 40 de la ley de Procedimiento Administrativo; 51, 66, 70 de la ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 8, 8.1, 24 y 25 de la convención americana de Derechos Humanos, 22, 193, 195, 200, 273.1, 280.1, 479 numeral 1, 713 del Código Procesal Civil; FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA en su condición de Apoderado Legal del Estado de Honduras a través del CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL, SEGUNDO: SE CONFIRMA la sentencia definitiva de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contenciosos Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central y que corre a folio numero 358 al folio 372 vuelto de la pieza principal de autos..- Y MANDA: Que la Secretaria del Despacho, comunique y notifique en legal y debida forma la presente sentencia, y una vez firme se comunique al Juzgado de su procedencia por medio de la certificación de estilo, a efecto que proceda conforme a lo resulto.- Sin Costas.- Notifíquese.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al emitir la sentencia impugnada de fecha primero (01) de noviembre del dos mil diecisiete (2017), CONFIRMA a su vez el fallo apelado proferido por el A-quo, en fecha veintiocho (28) de septiembre del dos mil dieciséis (2016), por lo que hace suyos todos y cada uno de sus fundamentos de Derecho que sirvieron de base al juzgador de Primera Instancia en su parte dispositiva, razón por la que recurro la presente sentencia ya que el Juez A-quo, inobservó la legislación como ser la Constitución de la Republica vigente ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial y de aplicación exclusiva a los empleados y funcionarios Judiciales, no tomó en consideración los alegatos planteados en la contestación de la demanda, en la audiencia preliminar y mucho menos en las conclusiones presentadas en dicho Juicio, a su vez como se puede observar en la redacción de dicha sentencia definitiva se omitió lo establecido en el Articulo 197.2 del CODIGO Procesal Civil que regula el contenido formal de las resoluciones en el sentido que al notificarse la resolución a las partes se indicara si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último caso del Recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir. SOBRE LA PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DE LOS VICIOS PROCESALES IMPUGNADOS: Al recaer el vicio de falta de aplicación de los artículos 317 de la Constitución de la República, 3 letra e) y 63 reformado de la ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial., en la sentencia definitiva recurrida, no se pudo realizar denuncia del defecto ex ante, por lo que el presente recurso constituye la única vía para enmendar la infracción impugnada. INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN LA RESOLUCION; La falta de aplicación e infracción de las normas aludidas ha violado la garantía constitucional del derecho de defensa y debido proceso en el caso judicial que nos ocupa y consecuencia de ello, también ha causado indefensión a mí representado el Estado de Honduras por actuaciones del Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, todo lo cual determina la existencia de una arbitrariedad manifiesta en la emisión de la sentencia acusada, cuestión la cual es absolutamente incompatible con una buena administración de justicia y con una tutela judicial efectiva.”.- 2. Que el cargo que antecede resulta inestimable por las razones siguientes: a) se omiten la normas de naturaleza procesal que se consideren infringidas (Código Procesal Civil); b) se indica en la formulación la falta de aplicación y en el acápite denominado “CONCEPTO DE LA INFRACCION” se indica que “Se Impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio…” lo que no concuerda con la modalidad de violación invocado (falta de aplicación) ni con el precepto autorizante, ya que este último sustenta la causal de casación por la infracción de garantía procesales no de normas empleadas para la solución del fondo del asunto; c) en el desarrollo se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración del material probatorio lo cual tiene vedado a este Tribunal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) se alude a los artículo 197.2 del Código Procesal Civil 51 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, disposiciones que no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación.- 3. Que en un segundo motivo se aduce: “Infracción por la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, concretamente de los Artículos 200 numerales 1) y 2) del código procesal civil vigente y Articulo 66 de la ley del consejo de la judicatura y de la carrera judicial. PRECEPTO AUTORIZ ANTE. Articulo 719.1 letra c) del Código Procesal Civil Vigente. CONCEPTO DE LA INFRACCION. Se impugna la aplicación e interpretación de la norma procesal contenida en el articulo 200 del CPC (contenido formal de las sentencias), utilizada por el Ad- Quem como uno de sus fundamentos de derecho en que baso su sentencia, precepto legal que dispone numeral 2 c) que “En los fundamentos de derecho se expresaran, en párrafos separados y enumerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando razones y fundamentos legales del fallo que halla de dictarse, con expresión concreta de la normas jurídicas aplicables al caso, relación directa con el articulo 208.1 del CPC, que establece que: “Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas, oportunamente en el pleito.” INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCION IMPUGNADA. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al emitir la sentencia impugnada de fecha primero (01) de noviembre del dos mil diecisiete (2017), CONFIRMA a su vez el fallo apelado oportunamente proferido por el A-Quo en fecha veintiocho (28) de septiembre del dos mil dieciséis (2016), por lo que hace suyas todas y cada una de sus falencias y carencias es así que ambas sentencias NO FUERON CONGRUENTES con las demandas y demás pretensiones deducidas oportunamente. La sentencia impugnada de fecha primero (01) de noviembre del dos mil diecisiete (2017), emitida por el Ad-Quem, debió ser el resultado del proceso, y debió estar justificado su debido entendimiento cuidando que en su fallo se encuentre relacionada la pretensión con el pronunciamiento judicial, lo cual el Ad-quem ha obviado por completo. La sentencia impugnada de fecha primero (01) de noviembre del dos mil diecisiete (2017), emitida por el Ad-quem, se encuentra incursa en el vicio de incongruencia, en virtud del desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso. Al conceder más, menos o cosa distinto de lo pedido, por lo que tanto el A-Quo como el Ad- Quem, han incurrido de modo reiterado, en el vicio de incongruencia, entendido como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado sus pretensiones, concediendo mas o menos o cosa distinta de lo pedido, entrañando evidentemente una vulneración del principio de contradicción Constitutiva de una efectiva vulneración del Derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que se ha dado una desviación de tal naturaleza que ha supuesto una sustancial modificación de los términos en que discurrió la controversia procesal con infracción del articulo 4 del CPC., que dispone que: “Todas las partes, considerando la dualidad de posiciones, tienen derecho a ser oídas por el órgano jurisdiccional antes de adoptar cualquier decisión que afecte directa o indirectamente a la resolución que ponga fin al proceso que debe dictarse, bien en la instancia, bien en los recursos, en cualquier proceso ordinario o especial, así como para la adopción de medidas cautelares y en la fase de ejecución, salvo que voluntariamente se coloquen en situación de rebeldía, o que sea contraria la audiencia a la propia finalidad del acto, lo que deberá estar expresamente previsto.” La sentencia impugnada de fecha primero (01) de noviembre del dos mil diecisiete (2017), emitida por el A-quem, POR SER INCONGRUENTE, se encuentra, además en abierta infracción al Principio Dispositivo, establecido en el articulo 10 del CPC, que dispone, específicamente en el numeral 2 que: “ La resolución del órgano jurisdiccional que ponga fin al proceso ha de ser congruente con la petición del actor y con lo opuesto por el demandado, teniendo en cuenta las normas aplicables y las pruebas evacuadas “; asimismo el fallo impetrado, infringe el Principio de Aportación de Parte; consignado en el numeral 1 del articulo 11 del CPC, que preceptúa que: “los hechos en que se deba fundar la resolución judicial de fondo se han de alegar por las partes en los momentos fijados por este código” ambos principios rigen también el sistema procesal en la segunda instancia, y configura las facultades de conocimiento del órgano Ad- Quem, que, en virtud de lo dicho no comporta que el tribunal de alzada, deba quedar vinculado rígidamente por el tenor de los concretos pedimentos articulados por las partes en sus respectivos escritos forenses o por los razonamientos o alegaciones jurídicas esgrimidas en su apoyo. Por otro lado, el Principio Iura Novit Curia, permite al Ad-Quem, fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque no hayan sido invocados por los litigantes; y por otro lado, el órgano judicial solo esta vinculado por la esencia de lo pedido y discutido en el pleito, y no por la literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas, tal y como hayan sido formalmente solicitadas por los litigantes, de forma que no existirá la incongruencia Extra Petitum cuando el juez o tribunal decida o se pronuncie sobre una pretensión que, aun cuando no fue formal o expresamente ejercitada, estaba implícita o era consecuencia imprescindible o necesaria de los pedimentos articulados o de la cuestión principal debatida en el proceso. En cuanto al fundamento de derecho SEXTO (6) manifiesta que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo según dicha sentencia de fecha primero (01) de noviembre del dos mil diecisiete (2017) que dicho tribunal procedió “ a hacer un análisis del expediente disciplinario que contiene la denuncia, la investigación interna respectiva, el desarrollo de la audiencia de descargo, así como la resolución que impone la sanción de despido, se observa que ha operado la prescripción del derecho que tiene la administración para imponer la sanción, por el mero transcurso del tiempo, en razón de que el tramite disciplinario de la denuncia contra el ahora demandante, estuvo paralizada por más de seis (6) meses, partiendo de que si bien es cierto la prescripción se interrumpió desde la fecha de iniciación del correspondiente expediente disciplinario…acto que constitucionalmente limitó y restringió garantías constitucionales como es el debido proceso en la que una circular jamás podrá alterar el espíritu de la Ley ni mucho menos variar el contenido y alcance de la misma por lo que ésta Corte aprecia que la sentencia emitida por el Juez Aquo está conforme a derecho.”, la ley del Concejo de la Judicatura dice también a continuación en su articulo 66.... DICHOS PLAZOS SE CONTARAN DESDE EL DIA SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE SE TENGA NOTICIA DE LA COMISION DE ALGUNA DE LAS INFRACCIONES PREVISTAS EN EL RESPECTIVO REGLAMENTO, TANTO EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA COMO EL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUNALES. LA PRESCRIPCION SE INTERRUMPIA DESDE LA FECHA DE INICIACION DEL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO, SIN EMBARGO, SE REANUDARÁ SI DICHO EXPEDIENTE PERMANECE PARALIZADO DURANTE SEIS (6) MESES POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL JUEZ O MAGISTRADO SUJETO A AQUEL. que con los conocimientos legales que tiene el Funcionario Judicial suspendido por 1 denuncia en su contra, el mismo tenía que solicitar por escrito la PRESCRIPCION al momento de haberse cumplido los términos señalados en dicho articulo 66 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, en virtud de que la tan alegada prescripción no opera de oficio, ya que el tenía conocimientos de la denuncia incoada en su contra en la Inspectoría General de Juzgados y Tribunales, por lo que al ser citado para evacuar audiencia de descargo se INTERRUMPIO LA PRESCRIPCION, que alega la parte demandante; señores Magistrados la Destitución del ex servidor judicial, por lo anteriormente y brevemente explicado, en virtud que no obra en ninguna parte del expediente administrativo, que se haya solicitado dicha prescripción. A manera de un agregado alega el demandante la prescripción contenida en el articulo 66 de la Ley del Consejo de la Judicatura en este caso no es aplicable por la simple y sencilla razón de que no consta en el expediente disciplinario que el demandante en su momento haya presentado escrito solicitando la prescripción, adicional a lo anterior esta el hecho que la prescripción se interrumpe desde la fecha de iniciación del correspondiente expediente disciplinario, consta que el ahora demandante fué citado en legal y debida forma para que compareciera a la audiencia de descargo ante la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial compareciendo a la misma y firmando conforme sin alegar en ningún momento en la audiencia de descargo la alegada prescripción correspondiente dando por válida y consentida la misma. POR LO QUE LA RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ES VALIDA. SOBRE LA PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DE LOS VICIOS PROCESALES IMPUGNADOS. Al recaer el vicio de falta de aplicación de Normas Procesales que regulan los requisitos internos de la sentencia, en la sentencia definitiva recurrida, no se pudo realizar la denuncia del defecto ex ante, por lo que el presente recurso constituye la única vía para enmendar la infracción impugnada. INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN LA RESOLUCION. La falta de exhaustividad por no ofrecer un pronunciamiento preciso a todo lo debatido en el Juicio ha propiciado que el fallo recurrido haya sido dictado en un sentido diferente al que debió dictarse. En dicha sentencia se omitió lo establecido en el Articulo 197.2 del CODIGO Procesal Civil que regula el contenido formal de las resoluciones en el sentido que al notificarse la resolución a las partes se indicara si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este ultimo caso del Recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir”.- 4. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) carece de claridad y precisión en el concepto de la infracción es decir si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) se indica la infracción “…de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio…” lo que no concuerda con el precepto autorizante cuando el mismo establece una causal de casación por forma y contenido no por normas empleadas para la solución del fondo del litigio; c) en la formulación se indica como infringido el artículo 200 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, los cuales contiene situaciones jurídicas distintas que se deben indicar en forma separada e independiente, es hasta en el desarrollo que se alude en forma imprecisa el numeral “2 c)”; c) se mencionan los artículos 208.1 y 197.2 del Código Procesal Civil, que no fueron indicados como infringidos o relacionados en la formulación; d) en el desarrollo se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración del material probatorio lo cual tiene vedado a este Tribunal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, e) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo dispuesto en el artículo 704 del Código Procesal Civil.- 5. En vista de lo anterior, se considera defectuoso el recurso de casación a razón de las causal prevista en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, relacionado con el 721 numeral 2 del mismo ordenamiento legal, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 704, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. – NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro días del mes de febrero del dos mil veinte; certificación de la resolución de fecha cinco de diciembre del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 104-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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