Sentencia CA-91-17 — Registro 7757
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia declarando improcedente la acción que pretendía la nulidad o en su defecto la anulación de actos administrativos de la Corporación Municipal de Amapala, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) no indica si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) formula alegatos de instancia."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.-"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de julio de dos mil dieciocho, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinador, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: CONSTRUCTORA ATLAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, representado en juicio por el Abogado NEFI ROBERTO TORRES IZCANO; y, Recurrido: la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE AMAPALA, DEPARTAMENTO DE VALLE, representado en juicio por el Abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO.- OBJETO DEL PROCESO: La nulidad o en su defecto la anulación de actos administrativos de la Corporación Municipal de Amapala, Departamento de Valle, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas necesarias para su restablecimiento, consistente en el pago total de un contrato, daños y perjuicios, costas, promovida por la CONSTRUCTORA ATLAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, contra la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE AMAPALA, DEPARTAMENTO DE VALLE.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que el 28 de mayo de 2004, interpuso un reclamo a fin de que se declarara la nulidad de un acto administrativo, pago total de un Contrato, daños y perjuicios y lucro cesante ante la Corporación Municipal de Amapala, Departamento de Valle., el reclamo presentado es producto de un contrato de ejecución del Proyecto de la Casa de la Cultura y Centro Social de Amapala, teniendo un monto inicial de L. 5, 875,881.23 a fin de cubrir los costos, y del cual se hizo un anticipo de L. 2,350.352.49., luego hubo una orden de cambio debidamente aprobada para dicha construcción, por la cantidad de L. 1,758,59.40. Sin embargo, en fecha 16 de enero de 2002, la obra fue paralizada de manera definitiva en vista de que la demandada no contaba con el financiamiento necesario para continuar con la construcción de la obra objeto de contrato, manifestó también que la contratante aun le adeuda un monto de L. 2,294.481.84. y que para rescindir el contrato no aparece la falta de fondos y por su parte la demandante cumplió con lo pactado, y el incumplimiento de la Alcaldía le ha provocado un daño que asciende a L. 2, 294,481.82, más L. 1, 380000.00 correspondientes a los gastos incurridos por su representada, desde la fecha que se para la obra al 31 de diciembre de 2003. Posteriormente aparece un addendum en donde la demandada, acepta la situación del reclamo y otorga una cantidad para la continuación del proyecto, quedando vigentes las cláusulas del contrato firmado en el año 2000, siendo el aumento un decreto ejecutivo, por lo tanto, es nula la disposición pactada a pesar el Adendum señalado, el proyecto sigue sin finalizar. Finalmente estableció que nunca se emitió una resolución del Reclamo Administrativo sino un punto de acta en el cual se deniega el reclamo presentado por la parte demandada.- 2. La Corporación Municipal de Amapala, Departamento de Valle, contestó dicha demanda señalando que acepta la relación contractual alegada, desde el 29 de diciembre de 2000, con un monto total de L. 7,634,740.63; sin embargo, rechazo el paro definitivo de las obras, pues estas se reiniciaron con la firma del adendum, el contratista no finalizó la ejecución de la obra, pues el avance determinado por el Supervisor apenar alcanzó un 61%. Fue en ese segundo momento en que la demandante presentó el reclamo administrativo y el pago total del contrato, es decir, L. 7, 404,834.33, el cual fue resuelto sin lugar por la Corporación Municipal Demandada, en fecha 30 de julio de 2004. La cláusula escalatoria fue eliminada de común acuerdo a través del addendum, el cual fue firmado en fecha 20 de setiembre de 2006, documento en el cual no solo se contemplaban los lineamientos para la continuación de las obras, sino que también se observaba el hecho de evitar una demanda judicial. El contratista recibió pagos de las respectivas estimaciones restándole únicamente por percibir el valor de L. 77,561.54, quien solicitó a través de notas del 7 y 19 de junio de 2007, la suspensión por 60 días de las obras aduciendo causas determinadas.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha dos de junio del año dos mil quince, dictó sentencia declarando improcedente la acción que pretendía: “la nulidad o en su defecto la anulación de actos administrativos de la Corporación Municipal de Amapala, Departamento de Valle, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas necesarias para su restablecimiento, consistente en el pago total de un contrato, daños y perjuicios, costas”, promovida por la sociedad mercantil CONSTRUCTORA ATLAS S. DE R.L., contra LA CORPORACION MUNICIPAL DE AMAPALA, VALLE,, bajo el criterio que de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Contratación del Estado los contratos de obra pública, suministro de bienes o servicios y de consultoría que celebren los Órganos de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, se regirán por la precitada Ley y sus normas, por otro lado, la Ley de Contratación del Estado en su artículo 126, señala tres formas mediante las cuales se pueden dar por terminado los Contratos regulados por dicha Ley, y que cuya finalización anormal puede ser motivo de indemnización, a saber: 1) Por el cumplimiento normal de las prestaciones de las partes, es decir, el respeto que las partes han tenido para con el contrato respectivo; 2) Por Resolución y; 3) Cuando hubiere causa suficiente de conformidad con la Ley. En la línea de lo señalado, el demandante pretende una indemnización de L. 35,000.000.00 por el incumplimiento del Contrato, por la cláusula escalatoria, y daños y perjuicios por ser ilegal el acto impugnado y si bien la Ley de Contratación del Estado señala en su artículo 129 que el incumplimiento por parte de la Administración de las Cláusulas contractuales, no solo origina la resolución del contrato respectivo, sino que también le da el derecho al contratista o demandante de reclamar los daños y perjuicios ocasionados; por otro lado no se puede negar que para que en una relación contractual se puedan dar las anteriores circunstancias son necesarios dos elementos: 1) Que en efecto haya sido el Estado o Administración la que se hallare en situación de incumplimiento y; 2) Que el demandante haya solicitado a la propia administración, en el presente caso de autos a LA CORPORACION MUNICIPAL DE AMAPALA, la resolución de dicho contrato. En cuanto al incumplimiento de la demandada, consta en un addendum, mediante el cual las partes han acordado la continuación del proyecto denominado casa la cultura y salón de usos múltiples, cuyo contrato original data del año 2000, en este sentido, los aceptados incumplimientos de la demandada con respecto al contrato originalmente suscrito en el año 2000, quedaron saneados con la complacencia del contratista al firmar el addendum del 20 de setiembre de 2006, en cuya cláusula tercera las partes han consentido de manera expresa que la suscripción de dicha adenda es con el objeto de, por un lado, reactivar el proyecto contratado y por otro evitar una demanda judicial, por los incumplimientos de demandada. El demandante mostrado su consentimiento en tal sentido, los incumplimientos de la Corporación Municipal de Amapala antes del 20 de setiembre de 2006, quedaron definitivamente saneados con la reactivación del Proyecto. Ahora bien, con la suscripción del ADENDUM del 20 de setiembre de 2006, no solo se reactiva la construcción de la obra Pública originalmente contratada, sino que también se reactivan, a partir de entonces, los derechos y obligaciones contenidos en dicho adendum. En tal línea de análisis, si el demandante alega incumplimiento de LA CORPORACION MUNICIPAL DE AMAPALA, con tal adendum alegado incumplimiento contractual solo tiene validez analítica si las partes a partir de dicho adendum, en el entendido de que los incumplimientos anteriores fueron rectificados precisamente con dicho adendum. De autos consta que el 7 y 19 de junio de 2007, la demandante solicita a LA COROPORACION MUNCIPAL DE AMAPALA la suspensión por el plazo de 60 días del Proyecto contratado, alegando como causas el fallecimiento del electricista con su ayudante y que la obra tiene un 97% de ejecución. En el Informe de Supervisión 31, presentado por el Arquitecto OMAR SUAZO TROCHEZ, en el cual se concluye que el Proyecto se encuentra incompleto, a123 de mayo de 2007, fecha en la cual debía de estar finalizado y con acabados de mala calidad (nótese que la petición de suspensión de las obras por parte del demandante fue realizadas en junio de 2007, fecha en la cual ya debería haber finalizado dicho proyecto de acuerdo al periodo contractualmente estipulado). Por lo antes manifestado se puede concluir que no ha habido incumplimiento contractual de la demandada, sino más bien incumplimiento por parte de la demandante quien, al 23 de mayo de 2007, fecha en la cual debería de estar entregado el proyecto, las obras no estaban finalizadas aceptando el demandante inclusive, que las obras estaban a un 97% de ejecución.– 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha tres de diciembre del dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que el 14 de julio del 2004, fue presentado el reclamo administrativo siguiendo el procedimiento Legal establecido para estos casos, que la Demandada manifiesta que tal reclamo fue rechazado por parte de la corporación Municipal de Amapala, en este apartado es de hacer notar que de manera general todo reclamo administrativo tiene como marco objetivo general la Ley de Procedimiento Administrativo, y contando en autos que la Demandada no ha seguido ni siquiera un proceso sumario para adoptar la decisión del rechazo del reclamo contenida en el punto 9, Punto 1 de la sesión Ordinaria celebrada por la demandada el 30 de julio del 2004, este análisis no nos llevara jamás a determinar la ilegalidad del acto impugnado pues como se ha dicho anteriormente, mediante el adeudum del 20 de septiembre del 2006, fecha posterior a la del reclamo y su discutida decisión, a zanjado la discordia insistente ante el incumplimiento de la administración antes de la fecha de haber dictado el adeudum, puesto que el objeto de este no era solo modificar el contrato original si no también enmendar los desacuerdos anteriores para finalizar el proyecto y evitar una reclamación judicial. - 5. La representación procesal de la parte recurrente, el Abogado NEFI ROBERTO TORRES IZCANO, en fecha diez de febrero del año dos mil dieciséis, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha tres de diciembre del dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 319-15, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 91-17 del Juzgado de Letras de Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha nueve de mayo del año dos mil dieciséis, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO, presentó en fecha diez de mayo del año dos mil dieciséis, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha treinta de mayo del año dos mil dieciséis, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha treinta de enero del año dos mil diecisiete, a los Abogados NEFI ROBERTO FLORES IZCANO y SAMUEL FLORENTINO SALGADO respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veintitrés de febrero del año dos mil diecisiete, teniendo por personados al Abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO, como recurrida, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “acuso la sentencia recurrida por ser violatoria al artículo 129 de la ley de Contratación del Estado, relacionado con el artículo 126 de dicho cuerpo legal, Violación de todo el procedimiento de lo Contencioso Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este Motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 719. 2 CAUSALES DEL RECURSO, del Código Procesal Civil, que a la letra dice “2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio” CONCEPTO DE LA INFRÁCCIOIL El Concepto de la infracción lo explico así: PRIMERO: Honorables Magistrados, existe un contrato entre mi representada y la CORPORACIÓN MUNICIPAL de Amapala valle, ver folio 21 al 22 de la primera Pieza de autos, y si partimos de las pruebas analizadas según, lo determino la corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en su considerando 9, en el que establece que no ha habido incumplimiento contractual por parte de la CORPORÁCION MUNIPAL de Amapala valle, y al revisar el folio 18 al 19 de la primera Pieza de autos se acredita un ADENDUM de fecha 26 de Diciembre del año dos mil seis, que en su cláusula Tercera, establece que el contrato ha sido incumplido por parte de la corporación Municipal deAmapala, y que según punto de acta de dicha Alcaldía se ordena que se prosiga con la Finalidad del proyecto denominado la CASA DE LA CULTURA Y SALON DE USOS MULTIPLES, y Honorables Magistrados al final de dicho documento de ADENDUM establece que: “.. Quedando subsistente las cláusulas del contrato de fecha 29 de diciembre del año 2000. “,es decir que las demás estipulaciones quedaron vigentes y si la parte demandad determino esta situación, porque la corte de Apelaciones de lo Contencioso administrativo determina que no, si analizo la prueba en su conjunto. (La negrita es mía). Honorables magistrados, la Corte de Segunda instancia forma como valido el informe del Ingeniero de la CORPORACIÓN MUNICIPAL Amapala valle, en el sentido que no se finalizó la obra en fecha 23 de Mayo del año 2007, ver considerando cinco numeral 2 de la sentencia de primera instancia, y Considerando 7 de la sentencia de segunda instancia, cuando se determina que no han pajado la totalidad de lo adeudado, y si existe falta de pago e incumplimiento del contrato pactado, como puede alegar que no hay incumplimiento según el Tribunal de Segunda Instancia, ya que dichos medios de prueba evacuado por nuestra parte, no se analizaron en su conjunto y hay una mala interpretación de las normas aplicadas al presente caso. Honorables Magistrados, el Tribunal de segunda Instancia, no ha tomada en cuenta en su análisis en su conjunto, los documentos propuestos y evacuados en el presente juicio, es decir que si con solo observar la bitácora que corre a folio 24 al 84 de la primera pieza de autos, se determina que solo una bitácora existe firmada y sellada por mi representada de fecha 10 de Octubre del año 2006, y además del hecho también la firmo y sello el alcalde de la Corporación Municipal de Amapala, y en las subsiguientes bitácoras son solo firmas puestas por el Arquitecto OMAR SUAZO TROCHEZ, empleado de la Corporación Municipal, que se relaciona con los avances y actividades de dicho proyecto, pero porque solo aparece una sola firma de mi cliente, y el cual me ha determinado que en las demás hojas de bitácora aparece su nombre y apellido, lo cual no lo hizo, ya que si se fijan en la firmas no son iguales y no tienen el sello como empresa, cuando se supone que se estaba supervisando la obra, y en forma unilateral se llenaron las demás bitácoras, que la Corte de segunda instancia tampoco analizo en su conjunto, sino que hizo una mala interpretación de tales hechos. SEGUNDO: Honorables Magistrados, no se interpretó ni se analizó correctamente en su conjunto las estimaciones que se presentaron en el medio de prueba numero 5 por la parte demandante por el tribunal de primera instancia ya que las estimaciones acreditas en medios de prueba, que muestra que no se pagaron todas las estimaciones, y aun así se determina porque se paró la obra, y en tal sentido sin no había fondos Honorables Magistrados como se podría continuo la obra en relación a la CASA DE LA CULTURA Y SALON DE USOS MUL TIPLES, que ¡aparte demandada ha acreditado cuanto tiempo paso y sin fondos mi representada no podía continuar en dicha obra que el Tribunal de Segunda instancia no analizo los medios de prueba presentados y evacuados por las partes, además del hecho que de la falta de incumplimiento de pago, mi representado no pudo estar mucho tiempo en Amapla, ya que debía a proveedores, Sueldos de trabajadores a raíz de la falta de pago, al punto de temer por su vida a dicha, y retirarse de Amapala, dejando además muchos equipo, herramienta, aire acondicionados, que en todo caso el Alcalde de dicha Corporación los tendría bajo su custodia, al pararse la obra. TERCERO: Honorables Magistrados, es una mala interpretación lo referente a lo que dispone La Corte de Segunda instancia, y lo que establece nuestro ordenamiento jurídico el cual es claro y preciso, cuando al presentar un reclamo administrativo se debe formar un expediente, determinarle un número, y emitir los autos pertinentes, así como efectuar las notificaciones y refrendos que deben ser efectuados por el Secretario, y abrir a prueba el reclamo, y emitir una resolución conforme a ley, lo cual no existe en este expediente dicho procedimiento conforme a Ley, ya que se presentó un reclamo a la Corporación Municipal de Amapala valle en el año 2004, y lo único que existe es un punto de acta de una Sesión Ordinaria celebrada por la demandada en fecha 30 de Julio del año 2004, ver considerando 11 de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones y se determina que este acto nunca nos llevara a determinar la ilegalidad del acto impugnado, y sin analizar el reclamo presentado ver folio 4 al 9 de la primera pieza de autos, es decir que el Reclamo Administrativo para perjuicios y lucro cesante, se solicita apertura a prueba y se pide resolución, que según criterio de la Corte segunda de Apelaciones de lo contencioso Administrativo no determina el acto impugnado, y con solo un punto de acta se resuelve, y donde está el derecho de defensa de mi cliente, el de poder apelar una resolución, no se puede evitar tal procedimiento y no analizarlo, va que se deja en indefensión a mi cliente, y el punto de acta emitido violento todo el procedimiento Administrativo que determina nuestra ley, ya que no existe el derecho a apelar, ya que nunca existió una resolución y en este caso todo lo actuado posteriormente es nulo, ya que se debió resolver el reclamo presentado, y no convalidar un Adendum como lo quieren hacer valer la parte demandada, ya que es nulo el mismo por no resolverse conforme a Ley el reclamo presentado, y no se puede convalidar dicho acta cuando es en contra de la ley y su procedimiento como lo ha hecho ver en su considerando 6, 7, 8y 9, de la sentencia de segunda instancia, y Honorables Magistrados se incumple el contrato por no seguir el procedimiento establecido en nuestro ordenamiento jurídico, y no en forma doloso como se quiere hacer ver, por la parte demandada y la corte de Segunda instancia. Honorables Magistrados, las pruebas propuestas tienen que ver con hechos acaecidos y posteriores a la sentencia, acompañando los documentos pertinentes, y el Código de Procedimiento Civiles es claro en el 712, cuando habla de hechos relevantes de derecho o interés acaecido, que según criterio debí explicar, y si se determina tales hechos en base a los articulo mencionados, donde se debe explicar, ya que inclusive se pidió una inspección, y simplemente se determinó que no tenía que aceptarse y mi derecho a subsanar un error también se omitió, y sin darme el derecho a subsanar con un previo.”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) no indica si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) formula alegatos de instancia. - III. En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el Recurrente debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que les causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.- IV. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- V. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VI. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta Resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace mérito, en primer y único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días de mes de septiembre del dos mil dieciocho; certificación de la resolución de fecha treinta y uno de julio del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 91-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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