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Sentencia CA-83-17 — Registro 7756

Resumen

En primer instancia se dictó auto en el que se tiene por subsanado el requisito necesario para la validez de la comparecencia, se confirma en segunda instancia bajo el criterio que el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establece quienes están legitimados para demandar la declaración de ilegalidad y la anulación de los actos de carácter particular y general de la administración pública

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que la norma que se señala infringida por falta de aplicación, el artículo 4 de la Ley de Simplificación Administrativa, no ha tenido ninguna incidencia en el caso, siendo que la misma dispone que ningún órgano del Estado podrá exigir de los particulares, certificaciones, constancias o documentos similares u análogos para acreditar extremos que consten o deban constar en sus registros o archivos y la situación controvertida se encuentra vinculada con el tema de la legitimación para demandar; además, en su explicación realiza alegatos propios de instancia, sosteniendo confusamente que “el Tribunal sentenciador no vertió ningún pronunciamiento con relación a este artículo, que refleje la razón o inaplicabilidad del mismo. Puede resultar que para el Tribunal Sentenciador no existan razones fundadas para la aplicación del mismo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad  permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IV. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la resolución recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de julio de dos mil dieciocho, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCION: ES PARTE: Recurrente: el Abogado ELVIN RUBEN GOMEZ BANEGAS, actuando en causa propia.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la ilegalidad y nulidad de un acto presunto de carácter particular emitido por el Secretario del Trabajo y Seguridad Social, quebrantamiento de formalidades esenciales y exceso de poder, cuantía indeterminada, situación jurídica individualizada, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado ELVIN RUBEN GOMEZ BANEGAS, actuando en causa propia, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que en fecha 18 de febrero de 2015 presentó ante la Dirección General del Trabajo escrito de Apelación contra la inscripción de la Junta Directiva del SITRABANTRAL para el período 02 de enero de 2015 al 02 de enero de 2016 por no existir marco legal para su reconocimiento y que fue electa de manera ilegal e irrespetando los Estatutos del SITRABANTRAL y se prescindió del debido proceso, tal como se acreditará con el expediente administrativo No. JD-DGT-006-2015. De acuerdo al artículo No.140 de la Ley del Procedimiento Administrativo que establece que: “Transcurrido un (1) mes desde la interposición del recurso sin que se hubiere notificado su resolución, se entenderá desestimado”, ya que han pasado más de un mes desde la interposición del mismo; considerándose que la denegatoria presunta no es conforme a derecho, ya que violenta el debido proceso y el derecho de defensa, lo cual debió comunicase al demandante la resolución en un (1) mes, y no ha ocurrido hasta el día de hoy. La Secretaría del Trabajo y Seguridad Social elude darle cumplimiento a lo prescrito en el artículo 406 del Código del Trabajo, en abierto incumplimiento de los deberes inherentes a la Administración Pública y a los principios que la rigen, por lo que en su actuar para con los administrados inobserva y quebranta la misma, en abierto desdén en aplicar los estatutos del SITRABANTRAL y el Código del Trabajo al caso concreto.- 2. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de agosto de dos mil quince, dictó auto que en su parte conducente dice: “…PARTE DISPOSITIVA. Primero: Se tiene por subsanado el requisito necesario para la validez de la comparecencia establecido en la letra b) del auto de fecha 22 de abril del 2015, así como la causa de inadmisibilidad establecida en el mismo. Segundo: Se tiene por no subsanado el requisito necesario para la validez de la comparecencia, consistente en la falta de legitimidad del demandante señalado en la letra a) del auto de fecha 22 de abril del año en curso.- Tercero: En consecuencia, tienese por no presentado el escrito de demanda y se ordena el archivo de las presentes actuaciones.- CUARTO: Contra el presente auto procede el recurso de apelación, el que deberá ser interpuesto ante este Juzgado dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación, debiendo expresar sus respectivos agravios.- NOTIFIQUESE”.- 3. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, dictó resolución confirmando el auto definitivo dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de agosto de dos mil quince; bajo el criterio que el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establece quienes están legitimados para demandar la declaración de ilegalidad y la anulación de los actos de carácter particular y general de la administración pública, entre ellos: a) quienes tuvieren interés legítimo y directo en ello. Es así que están legitimados para demandar como sujeto procesal activo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, quienes se encuentren relacionados directamente con la pretensión en un caso concreto, es decir no bastará con que el compareciente ostente capacidad procesal, es necesario que se tenga un interés específico en lo que se pide, y cuya aptitud deberá de probar. Dentro de la pieza principal de autos, no existe documento o indicio alguno que vincule directamente al Abogado Elvin Rubén Gómez Banegas, quien actúa en causa propia, con el acto administrativo que pretende se declare su ilegalidad y nulidad.- 4. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado ELVIN RUBEN GOMEZ BANEGAS, en fecha cinco de enero de dos mil diecisiete, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.001-2016, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.156-15 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha seis de enero de dos mil diecisiete, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y a la vez ordenó remitir los autos a la Honorable Corte Suprema de Justicia, en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento del mismo ante éste alto Tribunal, apareciendo notificado de dicha resolución en fecha veintisiete de enero de dos mil diecisiete, el Abogado ELVIN RUBEN GOMEZ BANEGAS.- 5. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha siete de marzo de dos mil diecisiete, teniendo por personado al Abogado ELVIN RUBEN GOMEZ BANEGAS, como recurrente, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer y único motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Se impugna la sentencia recurrida, de fecha 29 de Agosto del 2016, por falta de aplicación del artículo No.4 de la Ley de Simplificación Administrativa ya que debió ser empleado para resolver la cuestión de fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Se infringió el artículo No.4 de la Ley de Simplificación Administrativa por falta de aplicación, que ha debido emplearse para resolver la cuestión de fondo del litigio. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 29 de Agosto del 2016, excepto en cuanto a disponer “sin costas”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: Siendo que en la sentencia recurrida, no se consideró lo establecido en el artículo número No.4 de la Ley de Simplificación Administrativa que se encuentra en la fundamentación “Que ningún Órgano del Estado podrá exigir de los particulares, certificaciones, constancias o documentos similares u análogos para acreditar extremos que consten o deban constar en los registros o archivos del mismo órgano legal”, norma jurídica sobre la cual el Tribunal sentenciador no vertió ningún pronunciamiento con relación a este artículo, que refleje la razón o inaplicabilidad del mismo. Puede resultar que para el Tribunal Sentenciador no existan razones fundadas para la aplicación del mismo, pero es lógico si omite lo establecido en artículo número No.4 de la Ley de Simplificación Administrativa que no haya subsanado el requisito necesario para la validez de la comparencia, consistente en la falta de legitimidad del demandante señalado en la letra a) del auto de fecha 22 de Abril de 2015, dicha omisión es una rebeldía del Tribunal Sentenciador en dejar de aplicar la norma jurídica que regula el caso concreto, lo que lo lleva a establecer conclusiones al margen de la ley, por lo que procede casar la sentencia recurrida. En su lugar el Tribunal de Alzada aplica en forma indebida el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.- II.- Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que la norma que se señala infringida por falta de aplicación, el artículo 4 de la Ley de Simplificación Administrativa, no ha tenido ninguna incidencia en el caso, siendo que la misma dispone que ningún órgano del Estado podrá exigir de los particulares, certificaciones, constancias o documentos similares u análogos para acreditar extremos que consten o deban constar en sus registros o archivos y la situación controvertida se encuentra vinculada con el tema de la legitimación para demandar; además, en su explicación realiza alegatos propios de instancia, sosteniendo confusamente que “el Tribunal sentenciador no vertió ningún pronunciamiento con relación a este artículo, que refleje la razón o inaplicabilidad del mismo. Puede resultar que para el Tribunal Sentenciador no existan razones fundadas para la aplicación del mismo…”.- III. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IV. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la resolución recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su primer y único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio.- Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.-NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los doce días de mes de septiembre del dos mil dieciocho; certificación de la resolución de fecha treinta y uno de julio del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 83-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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