Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CA-507-17 — Registro 7578

Resumen

En primera instancia se dictó sentencia declarando procedente la acción incoada por la demandante por no encontrarse ajustado a Derecho el acto administrativo impugnado y se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) hace referencia a normativa no citada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 7 y 8 del Estatuto del Químico Farmacéutico Empleado; y, c) formula alegatos de instancia

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de junio de dos mil dieciocho, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCION: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, representado en juicio por el Abogado CARLOS REYNIERI AMADOR RODRIGUEZ; y, Recurrida: la señora LEONELA ELIZABETH NUÑEZ OCAMPO, representada en juicio por el Abogado FAUSTO EMILIO VIDEA ESPINAL.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un presunto acto administrativo por silencio de la administración, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas necesarias para su pleno restablecimiento, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado FAUSTO EMILIO VIDEA ESPINAL, en su condición de representante procesal de la señora LEONELA ELIZABETH NUÑEZ OCAMPO, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que fue nombrada mediante acuerdo No.3490 de fecha 22 de agosto de 1994, habiendo laborado interinamente, siendo efectivo su nombramiento a partir del 11 de julio de 1994, en la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, ocupando el cargo de Químico Farmacéutico II con un salario de L.2,720.00. En fecha 03 de noviembre de 2005, la Directora Legal de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, Abogada Cristina Díaz Tábora, envió nota al Director General de Servicio Civil, en la cual le solicitaba la opinión sobre si dicha Secretaría de Estado, estaba obligada a aplicar el artículo 6 numeral 7) del Reglamento de la Ley del Estatuto del Químico Farmacéutico Empleado, en virtud de ser el Servicio Civil el órgano encargado de establecer y mantener al día el sistema de clasificación de cargos, se acompañó a dicha nota, una lista de los profesionales en Química y Farmacia que solicitaban su aplicación, destacando en la nota la importancia de determinar si las funciones que realizaba dicho personal se encontraban en la clasificación de Técnicos. Que en fecha 09 de noviembre de 2005, mediante oficio N.P-168-05, firmado por el Director de Servicio Civil Abogado José Antonio Teruel Perdomo, dirigida a la Abogada Cristina Díaz Tábora, Directora Legal de la Secretaría de Salud, emitió dictamen destacando que los Químicos Farmacéuticos, estaban regidos por su propio Estatuto y esto los excluía del Régimen de Servicio Civil, por consiguiente era la Secretaría de Salud a lo interno, quién debía solicitar a la Secretaría de Finanzas el beneficio del 25% a favor de los Químicos Farmacéuticos que desempeñaran cargos Técnicos por ser la institución encargada de emitir las políticas que en materia laboral se refiera. Mediante resolución No.052-2006-SS de fecha 21 de diciembre de 2006, la Secretaría de Estado resolvió con lugar el reclamo administrativo, presentado por varios profesionales doctores en Química y Farmacia que laboran en la Secretaría de Salud entre ellos la demandante, contraída a pedir el cumplimiento del artículo 6 numeral 7) del Reglamento de la Ley del Estatuto del Químico Farmacéutico Empleado; sin embargo, en forma arbitraria la autoridad nominadora reconoció tal derecho ejecutándolo de manera diferente, pues no realizó el pago sobre el sueldo global ya devengado por los reclamantes, lo pagó en forma separada sin calcularlo sobre el salario devengado y se excluyó del mismo el pago de décimo cuarto y décimo tercer mes de salario y no se le incluyó en el pago de vacaciones, esto constituye un acto unívoco de la Administración.- 2. La parte demandada, el Estado de Honduras, contestó dicha demanda señalando que efectivamente la demandante fue nombrada en el cargo de Químico Farmacéutico II, mediante Acuerdo No.3940 de fecha 22 de agosto de 1994, con un salario de L.2,700.20, posteriormente fue nombrada interinamente en otros cargos técnicos situación laboral que a la fecha se mantiene. Que mediante Oficio No.427-2005-DL de fecha 3 de noviembre de 2005, la Directora General en ese entonces Abogada Cristina Díaz Tábora, solicitó opinión al Director General de Servicio Civil sobre si la Secretaría de Salud está obligada a aplicar el artículo 6 numeral 7 del Reglamento de la Ley del Estatuto del Químico Farmacéutico Empleado, pronunciándose al respecto el Director de Servicio Civil, que es la Secretaría de Salud la que debía solicitar a la Secretaría de Finanzas el beneficio del 25% a favor de los Químicos Farmacéuticos que desempeñan cargos Técnicos, pero no es menos cierto que también en dicha opinión de fecha 09 de noviembre de 2005, manifiesta entre otras cosas que el artículo 1 numeral 5) del Decreto No.219-2003, ordena que: “Las instituciones del sector público no podrá hacer ningún compromiso o efectuar pago alguno fuera de las asignadas en el presupuesto, o en contravención de las normas presupuestarias. Quienes contravengan esta disposición, deberán pagar al Estado el doble del monto desembolsado”. Así mismo se hace referencia del artículo 3 del Decreto No.220-2003 el cual señala: “Corresponde al Ministerio de Finanzas dictar las políticas en materia de retribuciones y autorizar los cambios en el sistema de retributivo”. Que se rechaza lo manifestado por la demandante que señala que la autoridad nominadora reconoció tal derecho ejecutándolo diferente, en virtud que se paga en una planilla de cargo administrativo y no es considerado como salario si no que se le conoce como plus administrativo por desempeñar cargos administrativos, por tal razón, a la demandante se le ha venido nombrando interinamente en cargos administrativos de técnico en la Unidad de Regulación Sanitaria de Productos de Interés Sanitario a partir del 02 de enero de 2007, todos a partir de enero a diciembre de cada año, según Acuerdos números 1541, 1062, 1938, 1046 respectivamente; así mismo, es importante aclarar, que el Acuerdo de Nombramiento no ha sufrido aumento al salario ordinario alguno, por lo tanto se entiende que el sobresueldo devengado por la peticionaria en concepto de plus administrativo, no debe tomarse como un aumento al salario en sí y sumarse al mismo, entendiéndose que el cálculo del plus administrativo se hace sobre el salario ordinario para partir de una base salarial y así calcular el plus administrativo a devengar por desempeñar un cargo técnico y/o administrativo.- 3. Que en fecha trece de marzo de dos mil quince, compareció el Abogado Jorge Abilio Serrato Villanueva, en su condición de Sub Procurador General de la República, interponiendo escrito de defensas previas, basándose la primera causa de inadmisibilidad la que consiste en: “Que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos”, específicamente en el artículo 63, literal a) relacionado con el artículo 80 literal d) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; del estudio del expediente administrativo se establece que la resolución expresa que declara sin lugar el recurso de reposición fue notificada al hoy demandante en fecha 19 de junio de 2014, por lo que a partir del día hábil siguiente empezaría a contar el término de treinta días hábiles para iniciar la acción ante esta jurisdicción. En cuando a la segunda causa de inadmisibilidad consiste en: “Que se hubiera interpuesto por persona no legitimada”, es importante acotar que en atención a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se requiere de un interés legítimo y directo para demandar la declaración de ilegalidad y la anulación de los actos de carácter particular y general de la Administración Pública; en el caso que se ocupa, existe una relación unívoca entre el acto tácito denegado por la Administración Pública y la demandante que se ve afectada en forma directa, de ahí que sí se encuentra legitimada para demandar ante esta Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; que en fecha veinte de mayo de dos mil quince, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, dictó resolución desestimando por improcedentes las defensas previas alegadas por la parte incidentista.- 4. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de diciembre de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando procedente la acción incoada por el Abogado Fausto Emilio Videa Espinal, en su condición de representante procesal de la señora Leonela Elizabeth Núñez Ocampo, por no encontrarse ajustado a Derecho el acto administrativo impugnado consistente en la Resolución No.136-2014-SS de fecha 27 de agosto de 2014, emitida en forma extemporánea por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, en consecuencia, se anula totalmente el acto administrativo impugnado antes descrito; reconocimiento de la situación jurídica individualizada reclamada por la demandante y para su pleno restablecimiento se toman las siguientes medidas: 1) Condenar al Estado de Honduras el incremento salarial del 25% correspondiente al desempeño en un cargo administrativo ya otorgado, como parte constitutiva de su salario, debiendo, en consecuencia, reconocer el pago a favor de la demandante al decimotercer, decimocuarto mes de salario y vacaciones desde el año 2005, hasta la fecha en que sea firme esta sentencia; 2) condenar al Estado de Honduras a pagar a la demandante el aumento del 20% por cada año de antigüedad en el desempeño de funciones en el mismo cargo, contados a partir del año 2013, hasta la fecha en que sea firme la sentencia de mérito; 3) de las cantidades señaladas en los numerales 1 y 2, deberán realizarse las respectivas retenciones a la parte demandante, y la parte demandada deberá hacer sus pagos correspondientes, ambos por concepto de cotizaciones adeudadas al INJUPEMP, haciendo la acotación que cualquier multa o recargo por la falta de retención de las cantidades aludidas no son imputables a la demandante, quién cuenta con un agente retenedor (como lo es la institución demandada) como responsable ante la ley de realizarlas, sin costas; bajo el criterio que del análisis de los medios de prueba aportados al proceso, en especial del expediente administrativo de la demandante, se concluye que la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud infringió lo establecido en los artículos 127 y 128.4 de la Constitución de la República; 27 de la Ley del Estatuto Laboral del Químico Farmacéutico Empleado; 1, 2.4 y 6.7 del Reglamento de la Ley del Estatuto del Químico Farmacéutico Empleado, pues al otorgar dicho aumento como un plus administrativo, se tergiversa el concepto fijado en el Reglamento antes citado, pues claramente se establece en su artículo 6.7 que ese porcentaje constituirá un “aumento salarial”, por lo que debe ser parte integral del salario y no un plus administrativo. Por ende, al ser parte del salario básico, debe ser sujeto a los conceptos fijados en los artículos 128 de la Constitución de la República; 1, 3 y 41 de la Ley del Estatuto Laboral del Químico Farmacéutico Empleado en relación con los artículos 13 y 29 del Reglamento de la Ley del Estatuto del Químico Farmacéutico Empleado consistentes en las respectivas retenciones en concepto de cotización al INJUPEMP, haciendo la acotación que tal y como lo establece en su pretensión la demandante, cualquier multa o recargo por la falta de retención de las cantidades aludidas no son imputables a la demandante, quién cuenta con un Agente Retenedor como lo es la institución demandada, que tiene la responsabilidad por Ley de realizarlas. Con respecto al 20% correspondiente a los incrementos salariales que debieron ser otorgados a la demandante a partir del año 2013 a la actualidad, es importante señalar que el Estado pretende eludir esta obligación establecida en el artículo 120 del Decreto No.223-2012.- 5. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintinueve de junio de dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que constituye parte de la pretensión de la demandante y agravios específicos del apelante, la solicitud del aumento del 20% por cada año de antigüedad en el desempeño de sus funciones en el mismo cargo y específicamente para el año 2013 y en adelante, porque se reconoció y se concedió años anteriores; por consiguiente y siendo que la demandante se ha desempeñado en el mismo cargo durante varios años, pues no se evidenció lo contrario, si bien se le ha nombrado interinamente en cargos administrativos desde el año 2007, este nombramiento no cumple los fines y objetivos del interinato, conforme a lo que establece el Reglamento de la Ley de Servicio Civil (artículos 77 y 78), considerándose entonces una servidora pública regular, siendo procedente que siga gozando del beneficio que se le concede por antigüedad en la Ley especial y se le reconozca específicamente para el año 2013 en adelante. Si bien es cierto, que el Decreto 223-2012, que contiene las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, en su artículo 120 dispone el congelamiento de los aumentos salariales en la Administración Pública, no es menos cierto que la Administración está desconociendo de manera arbitraria y sin justificación alguna dicho derecho salarial, pues ya ha sido reconocido por la misma Administración por años anteriores, tal como quedó demostrado en autos, actitud que es irregular ya que constituye, como bien lo dice la Juez A quo, en un exceso de poder de la Administración Pública, siendo procedente conceder también dicho derecho del año 2013 y subsiguientes.- 6. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado CARLOS REYNIERI AMADOR RODRIGUEZ, en fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veintinueve de junio de dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.034-2017, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.255-2014 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7. La representación procesal de la parte recurrida, Abogado FAUSTO EMILIO VIDEA ESPINAL, presentó en fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veinte de septiembre de dos mil diecisiete, los Abogados FAUSTO EMILIO VIDEA ESPINAL y CARLOS REYNIERI AMADOR RODRIGUEZ, respectivamente.- 8. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, teniendo por personados a los Abogados CARLOS REYNIERI AMADOR RODRIGUEZ, como recurrente y FAUSTO EMILIO VIDEA ESPINAL, como recurrida, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su único motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Se impugna la falta de aplicación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Estimo como disposiciones legales infringidas los artículos 200.1 y 2 letra c), y 207 del Código Procesal Civil por falta de aplicación. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.1 letra c) del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugnan todos los pronunciamientos de la sentencia, con la salvedad de la parte en que declara sin costas. EXPLICACION DEL MOTIVO. El articulo 200.1 y 2 letra c) del Código Procesal Civil el que literalmente dice: “Articulo 200. CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1. Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará a la forma siguiente: a)… b) En los antecedentes de hecho se consignarán con la claridad y concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban resolverse, las pruebas que se hubieren propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso. c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables. d)…” Y el artículo 207, MOTIVACION, del mismo Código Procesal Civil expresa: “1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en su conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. La sentencia en cuestión tiene como fundamentación de derecho la motivación siguiente: “CONSIDERANDO: (7): Que la Ley del Estatuto Laboral del Químico Farmacéutico, regula los deberes y derechos de los Profesionales de la Salud, señalando como un derecho un salario mínimo profesional en lo que estuviere regulado por un contrato o convención colectiva; es así que el Reglamento del Estatuto del Químico Farmacéutico regula en el artículo 6 lo siguiente: “Los Químicos Farmacéuticos Empleados gozaran de los derechos y garantías siguientes: …7) A gozar de un aumento salarial del 25% sobre el salario que en ese momento este devengando, si desempeñare cargos técnicos y/o administrativos.- 8) Percibir un aumento del 20% por cada año de antigüedad en el desempeño de funciones en el mismo cargo”. CONSIDERANDO (8) Cuando se habla del Derechos Sociales es importante no perder de vista el espíritu, ya que constituyen derechos indeleblemente vinculados a condiciones imprescindibles para la realización de la dignidad humana, por consiguiente reciben un tratamiento y protección muy especial en nuestra Constitución de la Republica y en Convenciones Internacionales, tanto que si el derecho al trabajo es inherente a la persona humana, implícitamente el salario mínimo también está protegido contra cualquier ataque tendiente a disminuirlo, modificarlos a tergiversarlo, por lo que lo establecido en el artículo 6 numerales 6 y 7 de Reglamento de la Ley del Estatuto del Químico Farmacéutico Empleado, constituye una garantía social que está protegida por la Constitución de la Republica, y su tratamiento debe de verse desde todo punto de vista progresivo, no regresivo.- En tal virtud la Constitución de la Republica garantiza en el artículo 128.5 “Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo, fijado periódicamente con intervención del Estado, los patronos y los trabajadores, suficiente para cubrir las necesidades normales de su hogar, en el orden material y cultural, atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones de cada región y de cada labor, al costo de la vida, a la aptitud relativa de los trabajadores y a los sistemas de remuneración de las empresas; igualmente se señalara un salario mínimo profesional en aquellos actividades se señalara un salario mínimo profesional en aquellas actividades en que el mismo no estuviese regulado por un contrato o convención colectiva” CONSIDERANDO (9) Se deriva de la literalidad del articulo 6 numerales 7 y 8 del Reglamento de la Ley del Estatuto del Químico Farmacéutico Empleado, que el aumento salarial para los profesionales Quimico-Farmaceuticos, será sobre el salario que este devengando, y además de estar desempeñando cargos técnicos y/o administrativos; falta a la verdad el apelante al querer inducir a este Tribunal y manifestar que la intención del Legislador es diferente, pues aduce que el aumento es temporal y dura el tiempo en que el profesional se desempeñe como técnico, cuando se ha demostrado en juicio por aceptación expresa de la misma parte demandada en el escrito de contestación de la demanda en el apartado “Tercero” del acápite “A los Hechos”, que la parte actora se ha desempeñado mediante acuerdo que le garantiza su permanencia y estabilidad laboral, concluyendo que el tratamiento o ejecución que se le está dando a este plus administrativo o sobresueldo (como equivocadamente se denomina) es irregular y en contravención a lo que establece la Constitución y el Reglamento de la Ley del Estatuto del Químico Farmacéutico Empleado.- Se debe de recordar que los actos que emita la Administración Pública deberán ajustarse a la Jerarquía Normativa establecida en el artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública, por tal razón prevalece lo establecido en la Constitución de la Republica y más aún cuando se trata de derechos sociales como ser la garantía de un salario mínimo profesional.- De todo lo anterior se puede inferir muy fácil que la parte actora tiene derecho a un aumento salarial del 25% sobre vel salario de forma integral, el cual ha sido ya reconocido por la autoridad nominadora de los meses de enero a diciembre para el dcimo tercer mes de salario, décimo cuarto mes de salario y vacaciones, por lo que se debe de realizar el reajuste respectivo en la etapa ejecutiva de este proceso y de forma retroactiva desde el año 2005, en adelante hasta que se cumpla con la base salarial designado a los Profesionales Quimico-Farmaceuticos, conforme a los beneficios que otorga el articulo 6 numerales 7 y 8 del Reglamento de la Ley del Estatuto del Químico Farmacéutico Empleado… De la lectura de los considerandos anteriores, que sirven de motivación al Tribunal de Segunda Instancia para confirmar la sentencia del A quo pone de manifiesto una motivación con omisión de las normas que han debido aplicarse en la solución del presente caso, habida cuenta que entre otras cosas expresa que “falta a la verdad el apelante al querer inducir a este Tribunal y manifestar que la intención del Legislador es diferente, pues aduce que el aumento es temporal y dura el tiempo en que el profesional se desempeñe como técnico, cuando se ha demostrado en juicio por aceptación expresa de la misma parte demandada en el escrito de contestación de la demanda en el apartado “Tercero” del acápite”, que la parte actora se ha desempeñado mediante nombramiento por acuerdo en un cargo técnico, de donde se deduce que el aumento no puede ser temporal, ya que la demandante tiene el carácter de Servidora Pública, es decir nombrada mediante acuerdo que le garantiza su permanencia y estabilidad laboral, concluyendo que el tratamiento o ejecución que se le está dando a este plus administrativo o sobresueldo (como equivocadamente se denomina), es irregular y en contravención a lo que establece la Constitución y el Reglamento de la Ley del Estatuto del Químico Farmacéutico Empleado.-… Es cierto que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es revisora de los actos de la Administración Pública, pero los Tribunales Superiores, en este caso la Corte Suprema de Justicia es revisora de las resoluciones que dictan los inferiores y fácilmente puede llegar a la conclusión inequívoca que la sentencia recurrida de casación es defectuosa en su motivación. Al leer la sentencia impetrada encontramos que en su texto se cita el artículo 200 del Código Procesal Civil que se refiere al contenido formal de las sentencias, pero en lo que respecta al caso que nos ocupa, es la mera cita del mencionado artículo 200 porque no se expresa en forma concreta si no de forma errónea cuales son las normas jurídicas aplicables al caso, y no aplica tampoco el artículo 207 del mismo cuerpo legal precitado. Ya que si bien es cierto, Honorables Magistrados el articulo 6 numeral 7 del Reglamento de la Ley del Estatuto laboral del Químico Farmacéutico Empleado establece como un derecho: 7) a gozar de un aumento salarial del 25% sobre el salario que en ese momento este devengando, si desempeñare cargos técnicos y/o administrativos.- No menos es cierto que este aumento aplicado a los cargos administrativos no es aplicable a pago de los colaterales (décimo tercero, décimo cuarto y vacaciones), ya que este es un aumento temporal que dura durante el tiempo que el químico farmacéutico se desempeñe en cargo técnico o administrativo, por lo tanto se entiende que el sobresueldo devengado no debe tomarse como un aumento al salario y sumarse al mismo, como erróneamente se reconoce, razón por la cual se paga en una planilla de cargo administrativo en el objeto 114000 de adicionales y no se considera como salario ya que al momento que deje de desempeñarse el químico farmacéutico en el cargo de técnico y/o administrativo deja de percibir este incremento ya que el mismo es un sobresueldo por el cargo que desempeña y si el mismo formara parte del sueldo íntegro en ningún momento se podría suspender por lo tanto sería contradictorio a lo establecido el artículo 6 numeral 7 del Reglamento de la Ley del Estatuto laboral del Químico Farmacéutico Empleado establece: 7) a gozar de un aumento salarial del 25% sobre el salario que en ese momento este devengando, si desempeñare cargos técnicos y/o administrativos. De lo anterior resulta evidente que la sentencia infringe por falta de aplicación los artículos 200.1 y 2 letra c) y 207, ambos del Código Procesal Civil y procede en consecuencia que ese Honorable Tribunal resuelva este recurso conforme lo dispone el artículo 727.4 del mismo Código, el que reza así: “ARTICULO 727. CONTENIDO DE LA DECISION. ESTIMACION. Si se estimara el recurso de casación, en una sola sentencia, la Corte Suprema de Justicia casará la resolución recurrida y resolverá conforme a derecho: 1… 2… 3… 4. Si se apreciara infracción de las normas reguladoras de la sentencia, la Corte Suprema de Justicia dictará la nueva sentencia salvo que el defecto consista en la omisión o defectuosa motivación fáctica, o en la omisión de pronunciamiento, en cuyo caso reenviará el expediente a la Corte de Apelaciones para que dicte nueva sentencia en el plazo de quince (15) días. 5…”. Siendo entonces, señores Magistrados, que la sentencia se sustenta en la falta de motivación, en vista de ello se hace necesario que se case la sentencia recurrida”.”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) hace referencia a normativa no citada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 7 y 8 del Estatuto del Químico Farmacéutico Empleado; y, c) formula alegatos de instancia.- III. En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el Recurrente debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar, que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.- IV. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia Contencioso-Administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- V. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VI. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil, en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta Resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace mérito, en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta días de mes de julio del dos mil dieciocho; certificación de la resolución de fecha once de junio del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 507-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

17