Sentencia CA-496-17 — Registro 8344
Resumen
En primera instancia se declarar procedente la acción incoada por la demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación se confirma en segund instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) no indica con claridad y precisión, si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, expresa aplicación e interpretación, lo que constituye un defecto al invocar dos formas distintas de violar la Ley en un mismo motivo; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) el ataque al fallo ha sido conforme el precepto autorizante que cita por normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio; sin embargo, en la explicación hace referencia a aspectos de índole procesal, lo cual constituye de igual manera falta de precisión en el cargo, constituyendo alegaciones propias de instancia"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) no indica con claridad y precisión, si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, expresa aplicación e interpretación, lo que constituye un defecto al invocar dos formas distintas de violar la Ley en un mismo motivo; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) el ataque al fallo ha sido conforme el precepto autorizante que cita por normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio; sin embargo, en la explicación hace referencia a aspectos de índole procesal, lo cual constituye de igual manera falta de precisión en el cargo, constituyendo alegaciones propias de instancia"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de diciembre de dos mil dieciocho, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representada en juicio por la Abogada MARÍA ÁNGELA DOMÍNGUEZ VELÁSQUEZ; y, Recurrido: la señora MARÍA VENTURA DURON PONCE, representada en juicio por el Abogado JUAN ÁNGEL BENAVIDES PAZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda contencioso administrativa para la nulidad de un acto administrativo, que se reconozca la situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal de que fue objeto procediendo al restablecimiento del derecho al reintegro al trabajo, pago de salarios caídos y demás derechos que se produzcan durante la secuela del juicio, costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por la señora MARÍA VENTURA DURON PONCE, contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, por medio del Presidente de la Junta Directiva el señor POMPEYO BONILLA. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción, que mediante acuerdo N° DGCG-12-2008, de fecha 29 de diciembre del 2008, efectivo a partir del 05 de enero del 2009, inició la relación de trabajo en la Dirección General de Catastro y Geografía, dependiente del Instituto de la Propiedad, como Promotora Comunitaria, devengaba un asalario mensual de L.16,000.00; que después de laborar más de un año, fue cancelada del cargo mediante acuerdo número 105-2010 de fecha 13 de julio del 2010, notificado el mismo día y efectivo partir del 15 de julio del 2010; que en dicho acuerdo de cancelación no se le invocó causal alguna que diera origen a dicha cancelación; que no se observaron las normas y procedimientos establecidos en el Reglamento del Instituto de la Propiedad. 2.- La parte demandada el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contestó dicha demanda señalando que la cancelación se realizó en estricta observancia a la Ley y el Reglamento, y que se le notificó el acuerdo de cancelación el 15 de julio del 2010; asimismo, manifestó que los empleados del Instituto de la Propiedad, no están sujetos al régimen de la Ley de Servicio Civil, porque aprobó un reglamento personal, que regula las condiciones de trabajo a que deberán sujetarse el Instituto de la Propiedad, los servidores y funcionarios dentro de la clasificación como tales. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 24 de septiembre del 2014, dictó sentencia que en su parte conducente dice: FALLA PRIMERO: Declarar Procedente la Acción incoada por la señora MARIA VENTURA DURON PONCE, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación 105-2010 de fecha 13 de julio del 2010, emitido por la Dirección General de Catastro y Geografía del Instituto de la Propiedad, en consecuencia lo anula totalmente.- SEGUNDO: Reconocer la Situación Jurídica Individualizada de la demandante y para el Pleno Restablecimiento se Resuelve: Adoptar el reintegro de la demandante MARIA VENTURA DURON PONCE, al cargo de PROMOTORA COMUNITARIA dependiente de la Dirección General de Catastro y Geografía del Instituto de la Propiedad, por ser el cargo del cual fue cancelada.- TERCERO: Condenar al Instituto de la Propiedad, al pago a favor de la demandante, en concepto de daños y perjuicios, de los Salarios Dejados de Percibir, desde la fecha efectividad del Acuerdo de Cancelación 15 de Julio del 2010, hasta la fecha en que sea restituida en su cargo, mas el pago de los beneficios obtenidos en ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, décimo tercero, décimo cuarto mes de salario y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder.- CUARTO: Se decreta, en su caso, la nulidad del Acto Administrativo por el cual se haya nombrado a la sustituta de la demandante.- …..- SIN COSTAS”; bajo el criterio que de la apreciación de los hechos alegados, las pruebas practicadas y los fundamentos de derecho en que las partes apoyan sus pretensiones se ha comprobado que en el presente caso, hubo infracción al ordenamiento jurídico, al haberse cancelado a la demandante sin seguirse el procedimiento legalmente establecido, ya que dicha cancelación se materializó sin alegar causa válida legal y fáctica y sin observar las normas y procedimientos establecidos en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad; dicho Reglamento de Personal especifica en su artículo 68 los casos en que el Instituto de la Propiedad podrá dar por cancelado el respectivo Acuerdo de Nombramiento sin responsabilidad alguna de su parte; debe seguir el procedimiento establecido en el artículo 71 del aludido Reglamento, que establece que en caso de faltas graves deberá llamarse al servidor a una audiencia de descargos, misma que no fue realizada, violentándose así su legítimo derecho a defenderse de cualquier cargo en su contra y de presentar cuantas pruebas sirvieren en su descargo y violentando la Garantía Constitucional de estabilidad en el Trabajo. 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 17 de mayo del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que si bien es cierto constituye una facultad privativa de los Directores Generales del Instituto de la Propiedad “nombrar y remover el personal a su cargo”, también es cierto que no se puede desconocer el Reglamento de Personal que existe en dicha institución, y que exige todo un procedimiento para cancelar a un servidor público sin responsabilidad para la administración.- Procedimiento que ha sido obviado por completo en el caso de autos, al examinar el expediente administrativo de la empleada, extremo que conlleva indiscutiblemente infracción al ordenamiento jurídico, por haber sido dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido.- Que no existe ‘la indefinición de la realidad jurídica” que alega la apelante, le causa agravio, pues como se dijo, la facultad que ostentan los Directores Generales del Instituto de la Propiedad, no es absoluta, ya que el nombramiento y remoción de los servidores del Instituto de la Propiedad, viene desarrollada, desplegada, pormenorizada en el Reglamento Interno de Personal del Instituto de la Propiedad y por ende es de cumplimiento obligatorio, debiendo esta Corte de Apelaciones de CONFIRMAR la sentencia que se conoce en apelación, por estar emitida conforme a derecho. 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada MARÍA ÁNGELA DOMÍNGUEZ VELÁSQUEZ, en fecha 08 de junio del 2017, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 17 de mayo del 2017, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.112-16, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.452-2010 del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 15 de junio del 2017, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado JUAN ÁNGEL BENAVIDES PAZ, no presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, por lo que mediante providencia de fecha 07 de septiembre del 2017, se tuvo por precluido el término concedido para que se pronunciara sobre dicho recurso, habiendo perdido la oportunidad de realizar el acto de que se trate; en consecuencia la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley; así mismo, hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 18 de septiembre del 2017, los Abogados MARÍA ÁNGELA DOMÍNGUEZ VELÁSQUEZ y JUAN ÁNGEL BENAVIDES PAZ. 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 10 de octubre del 2017, teniendo por personada a la Abogada MARÍA ÁNGELA DOMÍNGUEZ VELÁSQUEZ, como recurrente, y por precluido el plazo concedido y dejado de utilizar por el Abogado JUAN ÁNGEL BENAVIDES PAZ, como recurrido; en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 2, del Código Procesal Civil, el que manda: Se podrá impugnar la aplicación e interpretación Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS POR EL AD-QUEM PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO Las normas de derecho aplicadas por el AD-QUEM para la solución Del fondo del litigio, son las contenidas en los artículos 1, 2 letra a), 7 letra b), c) 9, 89, 90, 129 letra c), y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 14 numeral 1,2 y 3 de la ley de Propiedad y de su Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. La Corte Sentenciador sustento o fundamento su fallo, básicamente en el numeral SEXTO (6) el cual se lee: Si bien es cierto constituye una facultad privada de los Directores Generales del Instituto de la Propiedad “nombrar y remover el personal a su cargo”, también es cierto que no se puede desconocer el Reglamento de Personal que existe en dicha institución, y que exige todo un procedimiento para cancelar a un servidor público sin responsabilidad para la administración.-procedimiento que ha sido obviado por completo en el caso de autos, al examinar el expediente administrativo de la empleada, extremo que conlleva indiscutiblemente infracción al ordenamiento jurídico, por haber sido dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido.- Que no existe “la indefensión de la realidad jurídica” que alega la apelante le causa agravio, pues como se dijo, la facultad que ostenta los Directores Generales del Instituto de la Propiedad, no es absoluta, ya que el nombramiento y Remoción de los servidores del Instituto de a Propiedad, viene desarrollada, desplegada, pormenorizada en el Reglamento Interno de Personal del Instituto de la Propiedad y por ende es de cumplimiento obligatorio debiendo esta corte de Apelaciones de CONFIRMAR la sentencia que se conoce en apelación, por estar emitida conforme a derecho. Es evidente la inobservancia de las diligencias por parte de los honorables magistrados en virtud que con todas las pruebas aportadas en primera instancia y las argumentaciones en que me base para defender a mi representado de que si se llevó a cabo el procedimiento adecuado para poder cancelar de su cargo a la señora MARIA VENTURA DURON PONCE, del cargo que tenía. Observancia al art. 5 # 1 de la ley de la propiedad en concordancia con lo preceptuado en art 14 # 3 de la citada ley, En vista, que las normas jurídicas comprenden la Constitución de la República, los Tratados Internacionales, la ley general, la ley especial (SIENDO LA LEY DE LA PROPIEDAD UNA LEY ESPECIAL CREADA MEDIANTE DECRETO LEGISLATIVO NO. 82-2004), los Reglamentos, la costumbre, los principios generales del derecho y la jurisprudencia emanada exclusivamente de la Corte Suprema de Justicia. En adición, el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, Establece Que Sin Perjuicio De Lo Que Las Leyes Dispongan (lo negrita y subrayado es nuestro), el personal del Instituto de la Propiedad está sujeto al Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad así mismo la Ley de Propiedad crea el Instituto de la Propiedad como un ente desconcentrado de la Presidencia de la República, en consecuencia el personal del Instituto de la Propiedad, está sujeto al Reglamento de Personal y en lo no previsto en este Reglamento de Personal, se estará a las disposiciones legales establecidas en la Ley de Servicio Civil, por mandato de la ley. Honorable Corte Suprema de Justicia. 1.- que la Honorable Corte de Apelaciones Violento el procedimiento según su considerandos que contiene dicha sentencia por no estar ajustada a derecho por LA FORMA Y CONTENIDO de acuerdo al Artículo 719 inciso c), del Código Procesal Civil, por no ser ciertas ni congruentes sus argumentaciones. 2.- Que el Nuevo Código Procesal Civil establece en su Artículo 206 de los Requisitos internos de la sentencia deben contener: CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD en el numeral 1).- las sentencias deben ser claras precisas y exhaustivas; asimismo establece en el Artículo 207 numeral 2) la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.- En el Artículo 208 del Código Procesal Civil: CONGRUENCIA: 1) Las Sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.- De todo lo anterior Honorables Magistrados, se concluye que la “DEMANDA QUE SE SOLICITA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE RECONOZCA UNA SITUACIÓN JURÍDICA INDIVIDUALIZADA POR LA CANCELACIÓN ILEGAL QUE FUE OBJETO PROCEDIENDO AL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO AL REINTEGRO AL TRABAJO PAGO DE SALARIOS CAÍDOS Y DEMÁS DERECHOS QUE SE PRODUZCAN DURANTE LA SECUELA DEL JUICIO; Promovida por la señora María Ventura Duron Ponce, y que dictara Sentencia el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el día veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil catorce (2014), asimismo EN LA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO dicto sentencia de fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil diecisiete (2017), debe ser declarada LA NULIDAD ABSOLUTA, ya que por su contenido esta fuera y completamente de ser cierto los hechos que constan en expedientes tanto en la demanda como en su pieza conocida en apelación, por lo que dicha sentencia lo que demuestra es un total desconocimiento de la ley por parte de los Honorables Magistrados y total inobservancia del contenido de la demanda y lo que se pretende de la misma.- La Sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil diecisiete (2017), Honorables Magistrados, tiene que ser anulada, ya que la misma carece de veracidad y adolece de contradicción en su contenido en relación a los hechos establecidos en la demanda y comprobados que constan en el expediente de mérito.- CONCLUSIÓN: Con los medios de prueba aportados y evacuados y con los fundamentos de derecho en que se basó la defensa se acreditó fehacientemente, el acto impugnado se encuentra apegado a derecho y que se utilizó causa legal válida y que se siguió el procedimiento legal establecido en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad para la cancelación de la empleada y servidora del IP sin responsabilidad de su parte; asimismo que es evidente que la presente sentencia carece de fundamentos y argumentaciones válidos para que se lleve a cumplimentar la misma”. II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) no indica con claridad y precisión, si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, expresa aplicación e interpretación, lo que constituye un defecto al invocar dos formas distintas de violar la Ley en un mismo motivo; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) el ataque al fallo ha sido conforme el precepto autorizante que cita por normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio; sin embargo, en la explicación hace referencia a aspectos de índole procesal, lo cual constituye de igual manera falta de precisión en el cargo, constituyendo alegaciones propias de instancia. III. En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el Recurrente debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado. IV. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de la Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. V. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. VI. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta Resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace mérito, en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticinco días del mes de enero del dos mil diecinueve; certificación de la resolución de fecha seis de diciembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 496-17.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO
SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
11