Sentencia CA-482-17 — Registro 8343
Resumen
En segunda instancia se revoca la sentencia dictada por el juzgado, en el sentido de declarar procedente la acción por no ser conforme a derecho el acto administrativo impugnado que consiste en el Acuerdo de Despido.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) hace referencia a normativa no indicada en la formulación, tal es el caso del artículo 47 de la Ley de Servicio Civil; y, c) que conforme al control de la motivación fáctica de la sentencia, el Impetrante no ha expuesto con la suficiente claridad el concepto que ataca; sin embargo, este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra motivada y la decisión ha sido conforme a las pretensiones oportunamente deducidas"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de octubre de dos mil dieciocho, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCION: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO; y, Recurrido: el señor MIGUEL ANGEL FLORES LANZA, representado en juicio por el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad e ilegalidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal, por no ser conforme a derecho, reconocimiento de una situación jurídica individualizada por despido ilegal e injusto, y como medida para el pleno restablecimiento se ordene el reintegro al cargo que ocupaba el demandante, pago de salarios dejados de percibir, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el señor MIGUEL ANGEL FLORES LANZA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la República, por actuaciones de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, quién actúa en representación de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con el Estado de Honduras, en fecha 01 de octubre de 1995, mediante acuerdo de nombramiento No.4157 de fecha 13 de octubre de 1995, en el cargo de Oficinista II, con ascenso por reasignación al cargo de Asistente de Personal, mediante acuerdo No.1303 de fecha 25 de junio de 1998. Resulta que mediante acuerdo No.0001/2013 de fecha 22 de marzo de 2013, el demandante fue despedido del cargo de Asistente de Personal, mismo que ha sido emitido por el Estado de Honduras, a través de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quién actúa en representación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud al amparo del Convenio Interinstitucional que consta en Acuerdo Ejecutivo PCM-024-2012 de fecha 13 de julio de 2012. Que mediante el acto administrativo impugnado, se ha violentado las disposiciones contenidas en los artículos 129 de la Constitución de la República; 38 letra b) de la Ley de Servicio Civil; 116, 119 y 199 del Reglamento de dicho cuerpo legal, en cuanto los servidores públicos no podrán ser despedidos, trasladados, cancelados, desmejorados ni cesanteados de sus cargos sin justa causa, por tanto, la autoridad nominadora infringió el ordenamiento jurídico contraviniendo dichas normas legales al despedir al demandante del cargo que ocupaba en el Hospital Escuela, sin existir causa justificada, pues en el mismo, no se le señaló la causa o motivo del despido. Igualmente se alega notificación defectuosa al no haber cumplido con los requisitos establecidos en los artículos 87, 88 y 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en cuanto a que no se le indicó la causa, motivo o razón de su despido. Obviamente a simple vista se puede observar que la audiencia es ilegal, a la luz de lo dispuesto en los artículos 165 numeral 4) y 199 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, de manera que en el caso de mérito, el despido ejecutado es nulo, tomando en cuenta que la acción del Estado está prescrita, dado que el despido se ejecutó el 22 de marzo de 2013.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que mediante Acuerdo N° 0001 de fecha 22 de marzo del 2013, el señor Miguel Ángel Flores Lanza, fue despedido de su cargo, acuerdo emitido por el Estado de Honduras, a través de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), institución que actúa en representación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, en ejercicio de las facultades conferidas por el Convenio Interinstitucional Ejecutivo N° PCM-024-2012, de fecha 13 de julio del 2012 y que fue notificado al demandante en legal y debida forma según consta en el expediente administrativo del servidor público en mención. Que el demandante aduce que fue despedido sin causa justificada en infracción al ordenamiento jurídico, pues no se le señaló causa o motivo para su despido, argumento que se rechaza en virtud que el acto administrativo del cual solicita nulidad contenido en el Acuerdo de cancelación fue dictado por el Estado de Honduras, una vez realizado el procedimiento legalmente establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento y la Constitución de la República, en estricta observancia a las disposiciones legales aplicables al caso y por haber incurrido el demandante en falta que ameritaba la sanción disciplinaria que le fue impuesta; en tal sentido no existe violación alguna a los derechos del ahora demandante, quién tampoco puede argumentar que su despido fue injusto o ilegal pues el mismo fue citado en legal y debida forma para que concurriera a una audiencia de descargos para hacer uso de su derecho de defensa, según se acredita con oficio citatorio N° 017-2013-DRH-HE de fecha 13 de febrero del 2013 (folio N° 523 del expediente administrativo) donde se le hizo mención de la falta cometida y en el cual se encuentra registrada su firma al haber recibido el mismo, no obstante lo cual no se presentó a la audiencia programada, situación que fue consignada en acta de no comparecencia (Folio N° 524), por lo que se le tuvo en rebeldía continuándose con el procedimiento tal como lo establece el artículo 179 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. Se rechaza lo expresado por la parte actora quién alega que desconoce la causa de su despido, siendo totalmente absurdo y arbitrario que asevere que desconoce las faltas que se le imputan, ya que se le hizo entrega del oficio citatorio Nº 017- 2013-DRH-HE de fecha 13 de febrero del 2013, donde se le hace mención de las faltas por él cometidas como ser: 1) Por no presentarse a sus labores los días 6, 13 y 20 de diciembre de 2012, sin causa justificada; 2) Por no presentarse a sus labores los días 5, 6 y 24 de enero de 2013, sin causa justificada, por lo cual no puede alegar que ignora los hechos o faltas que se le imputaron pues dicha citación fue recibida por el servidor público en forma personal y es en virtud que el demandante aún y cuando fue citado en legal y debida forma no se presentó a la audiencia programada para celebrarse el día 27 de febrero del 2013, extremo que se puede verificar con el acta de no comparecencia agregada en el expediente administrativo.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de mayo de dos mil quince, dictó sentencia definitiva declarando improcedente la acción promovida por el señor Miguel Ángel Flores Lanza, por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, sin costas; bajo el criterio que el demandante fue citado a Audiencia de Descargo mediante Oficio Citatorio No. 017-2013-DRH-HE de fecha 13 de febrero de 2013, el cual no compareció el demandante a la misma según Acta de No Comparecencia del 27 de febrero de 2013; consta que fueron muchos los llamados de atención, los informes y notas enviadas entre las autoridades de la Secretaría de Salud en las que se informa las múltiples ausencias laborales del demandante. Como se puede apreciar con los hechos probados en la demanda, al hoy demandante en reiteradas ocasiones se le citó a Audiencia de Descargo a fin de que se defendiera y presentara pruebas a su favor en contra de los hechos que se le imputaron, cabe hacer notar que no siempre se presentó a las audiencias de descargo, aún habiendo sido citado en legal y debida forma, así como lo establece el artículo 179 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, que si no compareciere el empleado a la Audiencia que se hubiere señalado, se le tendrá en rebeldía y se continuara con el procedimiento, tal y como ocurrió en el presente caso de autos; en cuanto a la prescripción alegada por el demandante, el artículo 199 del citado Reglamento establece que: “Los Derechos y acciones de las autoridades nominadoras para imponer medidas disciplinarias o el despido, prescribirán en el término de 30 días hábiles contado desde la fecha en que dichas autoridades tuvieren conocimiento de las respectivas infracciones”, al respecto queda evidenciado que la autoridad nominadora tuvo conocimiento de las infracciones al momento de citar al demandante a Audiencia de descargo, citación esta que fue hecha en fecha 13 de febrero del 2013 y en vista de la no comparecencia del mismo se le tuvo en rebeldía y se continuo con el trámite legal correspondiente, procediendo de esa forma al despido en fecha 22 de marzo de 2013, por lo cual no transcurrieron los 30 días que señala la Ley y al no haber transcurrido dicho término no existe prescripción de la acción sancionadora; en vista de todo lo anterior, se estima que efectivamente está claro y evidente que el acto administrativo por medio del cual se canceló al demandante de su puesto de trabajo, se emitió conforme a derecho, ya que como se sabe, para que la autoridad nominadora emita un acuerdo de cancelación de un servidor público, esta tiene que sujetarse al Principio de Legalidad, siguiendo el procedimiento que ordena la Ley y respetando las garantías del servidor público, mismas que se respetaron en todo momento, pues en el caso de autos consta que este fue citado a la correspondiente audiencia de descargos por las faltas por las que fue cancelado, en consecuencia de esto, al estar ajustado a derecho el acto impugnado hace que la presente acción sea improcedente.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete, dictó sentencia revocando la proferida en primera instancia, en el sentido de declarar procedente la acción por no ser conforme a derecho el acto administrativo impugnado que consiste en el Acuerdo de Despido No.001/2013 de fecha 22 de marzo de 2013, en consecuencia se anula totalmente; reconocimiento de la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se ordenó el reintegro al demandante a su antiguo puesto o a otro de igual categoría y salario, cuando fuere posible el reintegro; condenando al Estado de Honduras a pagar a favor del demandante en concepto de salarios dejados de percibir desde la fecha de su cancelación el 22 de marzo de 2013, hasta la fecha en que se ejecute el reintegro ordenado y demás derechos que se tengan que incorporar y que se hubiesen producido en la secuela del juicio, más los derechos proporcionales de vacaciones, décimo tercer mes de salario, décimo cuarto mes de salario, mismos que se liquidaran en la etapa de ejecución, sin costas; bajo el criterio que una de las pretensiones puntuales de la parte demandante en su escrito de demanda y también uno de los agravios que invoca la parte apelante contra la sentencia que se conoce en apelación de fecha 20 de mayo del 2015, lo constituye la prescripción de la acción sancionatoria del Estado; el artículo 199 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil establece: “Los derechos y acciones de las autoridades nominadoras para imponer medidas disciplinarias o el despido prescribirán en el término de treinta (30) días hábiles contados desde la fecha en que dichas autoridades tuvieren conocimiento de las respectivas infracciones”. Debido a las consecuencias jurídicas que implica la prescripción de la acción sancionatoria de la autoridad nominadora, es decir, que una vez haya operado el término de la prescripción en un caso concreto, el ejercicio del derecho material de la potestad sancionatoria del Estado es ilegal (por el mero transcurso del tiempo), y por ende la resolución administrativa que se impugna, desde ya sería ilegal, pues conforme a la naturaleza jurídica de la prescripción, la administración se obliga a imponer su potestad sancionatoria dentro de los plazos legales establecidos, caso contrario, es decir, si no se ejecuta el acto represivo del Estado dentro de los plazos legales previamente establecidos, debe de impugnarse la acción sin que sea posible ningún intento de alegato o defensa de fondo, pues el transcurso del tiempo hizo extinguir cualquier imposición de sanción disciplinaria por parte de la administración y si así lo hizo es nulo de pleno derecho, en ese sentido es preciso dilucidar primeramente el alegato de la prescripción. Conforme a los hechos establecidos en el expediente administrativo que hoy se revisa, el motivo del despido lo constituye: “Por no presentarse a sus labores los días 6, 13 y 20 de diciembre del 2012, sin causa justificada; por no presentarse a sus labores de trabajo los días 5, 6 y 24 de enero del 2013 sin causa justificada”, esta causa de despido constituye una de las causas más fáciles de probar para la Administración Pública, debido a los múltiples controles de asistencia laboral que poseen, y que está y debe de estar a disposición completa de la autoridad nominadora. El Reglamento de la Ley de Servicio Civil es claro, será a partir desde la fecha en que la autoridad nominadora tuviere conocimiento de las respectivas infracciones, y aparece de autos reporte de inasistencias laborales del señor Miguel Ángel Flores Lanza, de fecha 11de febrero del 2013, dirigido a Juan José Gáleas Reyes, en su condición de Director General por Ley del Hospital Escuela y a la Licenciada Julieta Castellanos como Rectora de la UNAH (autoridad nominadora por delegación mediante el Convenio Ejecutivo Interinstitucional No. PCM 24-2012) donde se conoce de las faltas laborales o infracciones cometidas por el servidor, en consecuencia es a partir de ese momento 11 de febrero del 2013, que la autoridad nominadora tiene conocimiento de la infracción cometida por el demandante, y bastará con una simple operación aritmética para concluir que desde dicha fecha 013 (ver folio 93-101 de la pieza principal de autos) a la fecha en que la parte actora es notificada de la sanción de despido 22 de marzo del 2013, transcurrieron solamente 29 días hábiles, por lo tanto no está prescrita la acción de despido por parte del Estado. Se debe de entenderse que las causas de despido deben de estar tipificada en la ley y por lo tanto los hechos que se le atribuyen al servidor como falta deben de enmarcarse dentro de la causal de despido; la causa de despido no puede estar al arbitrio de la administración, necesariamente debe de ser típica, real y antijurídica (contrario a las exigencias del ordenamiento jurídico). En tal sentido y confrontando con los hechos que giran alrededor del presente juicio, se concluye que efectivamente, conforme a los reportes formulados por las autoridades respectivas, la parte actora faltó a sus labores los días 6, 13 y 20 de diciembre del 2012, y 5, 6 y 24 de enero del 2013, sin causa justificada, pero sucede que dichas faltas no cumplen con la condición establecida e imputada al demandante que es “‘abandono al cargo durante tres (3) o mas días hábiles consecutivos sin causa justificada”, ya que constituye una causa totalmente diferente a la tipificada en la Ley, pues el actor faltó a sus labores días alternos en el mes de diciembre del 2012 y enero del 2013, situación que hace desdibujarse la causa típica de despido atribuible al servidor e invocada por la Administración.- En ese orden de ideas, es claro que dicho acto administrativo, al no sujetarse al principio de legalidad, el acto administrativo que hoy se impugna y se revisa está emitido con infracción al ordenamiento jurídico y por lo tanto procede su nulidad.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO, en fecha diez de agosto de dos mil diecisiete, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.260-2015, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.143-2013 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha diez de agosto de dos mil diecisiete, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, presentó en fecha treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, los Abogados CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO y JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, teniendo por personado al Abogado CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO, como recurrente y presentado fuera de tiempo el personamiento por parte del Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Se acusa a la sentencia impugnada por falta de aplicación del artículo 207 numeral 2) del Código Procesal Civil, que regula los requisitos internos de la sentencia, en cuanto a que la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y razón. Además se alega el control de la motivación fáctica de la sentencia para determinar bajo el análisis adecuado y razonable del material probatorio, por parte del juzgador de instancia un fallo en un sentido diferente al impugnado. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en los artículos 719.1 inciso c) relacionado con el 720 numeral 2) del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO. El ARTÍCULO 207 del Código Procesal Civil prescribe en su numeral 2) lo siguiente: “La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón”. En el presente caso se ha producido en la sentencia impugnada una evidente falta de aplicación del artículo 207 en su numeral 2) del Código Procesal Civil, a razón de que en el fundamento de derecho número decimo (10) de la sentencia se expone que la parte demandante falto a sus labores sin causa justificada, pero que dichas faltas no cumplen con la condición establecida e imputada al servidor que es “el abandono al cargo durante 3 días o más hábiles consecutivos sin causa justificada” ya que constituye una causa totalmente diferente a la tipificada en la ley, pues el demandante falto a sus labores días alternos, situación que hace desdibujarse la causa típica de despido atribuible al servidor e invocada por la administración y la Corte en este fundamento expresa: “En ese orden de ideas, es claro que dicho acto administrativo, al no sujetarse al principio de legalidad, el acto administrativo que hoy se impugna y se revisa esta emitido con infracción al ordenamiento jurídico y por lo tanto procede su nulidad.” Obviando la Corte de Apelaciones de hacer el ejercicio intelectivo sobre la prueba aportada por esta representación procesal y que no fue tomada en consideración ya que se demuestra que no hubo ni análisis ni razonamiento del conjunto de pruebas aportadas por las partes, más específicamente la aportada por esta representación y que lleva como conclusión lógica, que la Corte de Apelaciones emita una decisión fuera de las pretensiones fácticas y jurídicas planteadas. En este orden de ideas el artículo 47 de la Ley de Servicio Civil claramente establece cuales son las causas de despido de cualquier servidor público en el ejercicio de su cargo, causa que fue invocada por la administración al momento de la realización del acto, como en el proceso de descargo ya que cuando se envió al servidor público el oficio citatorio No.017-DRH-HE de fecha 13 de febrero del 2013 se le notifica la causal que se le imputa y además se plasmó el fundamento legal que motivaba dicho citatorio, elementos estos que no fueron tomados en cuenta por el A-QUEM ya que existiendo una legislación que indica los procedimientos a seguir la administración dio cumplimiento a los mismos, lo que tuvo como consecuencia lógica un despido por la causal de reincidencia ya que dicho servidor público, en reiteradas ocasiones había cometido la falta mencionada ”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) hace referencia a normativa no indicada en la formulación, tal es el caso del artículo 47 de la Ley de Servicio Civil; y, c) que conforme al control de la motivación fáctica de la sentencia, el Impetrante no ha expuesto con la suficiente claridad el concepto que ataca; sin embargo, este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra motivada y la decisión ha sido conforme a las pretensiones oportunamente deducidas.- III. Que el Recurrente en un segundo motivo arguye: “Se impugna la sentencia recurrida por falta de aplicación del artículo 207 numeral 1) del Código Procesal Civil, en relación con el artículo 200 numeral 2) literal c) del mismo estamento jurídico y 82 de la Constitución de la República. En relación al control en la insuficiente motivación fáctica de la sentencia impugnada. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo se halla comprendido en el artículo 719.l.c) causales del Recurso, del Código Procesal Civil, en la parte que dice: “c) forma y contenido de la sentencia. En relación con el artículo 720 numeral 2) del Código Procesal Civil. ARTICULO 207. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. ARTICULO 200 (CPC) CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1. Las sentencias serán motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente: … c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso”. EXPLICACION DEL MOTIVO. En el fallo impugnado la motivación del mismo es insuficiente, porque no existen razonamientos fácticos y jurídicos sobre los presupuestos en que funda su sentencia el Tribunal requerido. Existe insuficiencia en la motivación, pues la exigua que existe en la sentencia verdaderamente no incide en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, tanto considerados individualmente como en su conjunto, como lo exige el artículo 207.1 del Código Procesal Civil. Como fácilmente se puede apreciar la sentencia recurrida no desarrolla la exigencia que integra la motivación, ya que el Ad Quem no cumplió en su sentencia con el requisito consignado en el artículo 207 numeral 1) en relación con el 200 anteriormente precitado al no haberse llevado a cabo un razonamiento lógico en el fallo impugnado, sino que simplemente se limitó a citar las disposiciones legales y a hacer mención de la prueba y las pretensiones aportadas por la parte demandante, sin que en ningún momento de la sentencia se pueda observar que se hizo examen analítico de toda la prueba aportada por esta representación del Estado lo que produjo como consecuencia un criterio parcial por parte del A-Quem con respecto a la controversia planteada por arabas partes y que le llevaron como consecuencia a confirmar la sentencia de Primera Instancia. Honorables Magistrados, el Código Iberoamericano de Ética Judicial, en su Capítulo III de la Parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del Juez(a), el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los Jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El deber de motivar adquiere una intensidad máxima en materia de Derecho, ya que no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe de señalar porque una norma legal debe de regir un caso concreto. Ahora bien, ordena el artículo 207 numeral 1) del Código Procesal Civil que las sentencias deberán ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 200 del mismo cuerpo legal, así pues la falta de una motivación COMPLETA se traduce en el vicio in procedendo por insuficiente motivación, y la falta de una motivación EXPRESA se traduce en el vicio in procedendo de Carencia de Motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia. En el caso particular la sentencia recurrida solo se hace la cita de las normas legales, sin ninguna explicación del porque éstas están vinculadas al caso concreto hace incurrir al sentenciador en el Motivo Procesal invocado, y por ende hace procedente la admisión del presente Motivo de Casación, quedando así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada. La cancelación por despido de un servidor público, es una facultad de la administración; siguiendo los procedimientos administrativos legales establecidos para tales casos, en la cuestión que nos ocupa al señor MIGUEL ANGEL FLORES, se le siguió el debido proceso administrativo vigente, el estudio y análisis en su conjunto de la pruebas presentadas por las partes y así como el expediente administrativo se aprecia que la falta que cometió no es abandono sino que fue calificada corno REINCIDENCIA como podrán apreciar al hacer un análisis exhaustivo del mérito del expediente y del proceso disciplinario lo actuado por mi poderdante fue de conformidad a derecho, calificando lo grave de la falta enmarcada en el ordenamiento jurídico vigente. Nadie puede ser despedido sin justa causa y sin observar el procedimiento establecido en la Ley y el reglamento lo cual se cumplió al detalle del proceso establecido no habiendo infracción alguna de parte de la administración, misma que nunca fue observada por el A-Quem tal como se puede observar a la lectura de la sentencia en donde se omitió totalmente la motivación y respectiva separación de los hechos y pruebas que llevaron al A-Quem a la sentencia emitida; mi poderdante actuó dentro de la esfera de sus atribuciones enmarcadas en ley, dando materialización plena de los principios del debido proceso y derecho de defensa los cuales nunca le fueron violentados en fase administrativa al ahora demandante, pero que en fase judicial si están siendo estos principios violentados a mi representado. Así las cosas, la sentencia recurrida no está provista de los elementos necesarios que permiten examinar y analizar las razones de la que normalmente se valen las decisiones como medios legítimos de la función jurisdicciona1, ya que la Corte recurrida ha infringido esa relación del precepto procesal citado en el enunciado de este motivo. De esa manera, queda así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada.”.- IV. Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) que conforme a la insuficiente o carente motivación de la sentencia impugnada, el Impetrante no ha expuesto con la suficiente claridad sus argumentos ya que, la resolución se encuentra motivada y la decisión ha sido conforme a las pretensiones oportunamente deducidas; y, c) formula alegatos de instancia.- V. El Censor alega nulidad subsidiaria exponiendo lo siguiente: “La sentencia impugnada adolece de vicios que provocan la violación de normas esenciales para su validez, más específicamente lo referente a la valoración del material probatorio aportado a la causa y el cual no fue ni siquiera mencionado mucho menos revisado por el A-QUEM de igual manera el A-quo, omitieron en la elaboración de sus sentencias dar cumplimiento a lo ordenado en los artículos 12, 13, 245 y 479 del Código Procesal Civil en los cuales se establece de manera clara la obligación de parte del Tribunal sentenciador de valorar la prueba y no solo de valorarla, sino de hacer mención de la misma en la sentencia emitida ya que debe de entenderse que en el ejercicio de valoración de la prueba el juez o tribunal llega al convencimiento de la realización o no de un hecho planteado por las partes, en la presente sentencia que se recurre, esto no sucede ya que se puede observar que el A-QUEM hizo únicamente el ejercicio de revisar la prueba aportada por la parte demandante pero en ningún momento de la sentencia hizo revisión ni menciona la prueba aportada por esta representación procesal en toda la secuela del proceso, por lo que no se pudo configurar totalmente el ejercicio de valoración de la prueba que es norma imperativa para el juzgador y la que le da la certeza o no del fallo emitido, sea este favorable o desfavorable para las partes. En la presente causa el A-QUEM violento las normas esenciales del procedimiento dejando en total indefensión a mi representada la cual hasta este momento no ha obtenido la tutela judicial efectiva que corresponde, ya que el acto realizado por la Administración fue hecho dentro del marco establecido en las leyes y reglamentos pertinentes al caso. Al obviar el A-QUEM el ejercicio de valorar la prueba aportada por esta representación procesal violento garantías que él mismo está en la obligación de tutelar tal como lo establece la ley procesal y la Constitución de la Republica, teniendo como consecuencia una sentencia que carece totalmente de motivación, claridad y congruencia, sin un razonamiento lógico con respecto a poder saber porque motivos se llegó a la conclusión emitida, esa falta de motivación, claridad y congruencia y la no explicación detallada de la prueba analizada en forma individual y en su conjunto hacen que la sentencia emitida por el A-QUEM carezca de los requisitos intrínsecos de las sentencias. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha 23 de junio del 2017 dicto sentencia en el presente caso, con sujeción a lo dispuesto en el Código Procesal Civil en cuanto a las formalidades que ha de llenar la misma. En los FUNDAMENTOS DE DERECHO, precisamente en toda la parte resolutiva, revela la forma arbitraria con que la Corte Sentenciadora (Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo) ha procedido porque existiendo normas jurídicas que ordenan como dictarlas, lo hizo sin considerarlas en ningún momento. Es así que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo dicta sentencia estudiando y analizando prueba únicamente de la parte demandante obviando hacer análisis y estudio de la prueba aportada por esta representación procesal tal como se establece en el código procesal civil en los artículos 13, 245 y 479, obligando al juez o tribunal a razonar y atribuirle un valor o significado de manera individual a cada prueba y luego en su conjunto a la prueba aportada por ambas partes. En el presente caso la nulidad que ahora reclamamos se produjo en la sentencia recurrida por lo que es hasta este momento en que hacemos la denuncia. Es lógico que si la sentencia se hubiere dictado con base en los artículo 13, 245 y 479 antes transcritos, habíamos podido formular un motivo de casación acorde a las circunstancias, es decir, conociendo el razonamiento y la motivación que han llevado al Tribunal A-QUEM a declarar procedente el Recurso de Apelación y anular la sentencia de primera instancia no valorando la prueba. El artículo 720 del Código Procesal Civil excluye la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba en casación pero si permite que se pueda solicitar el control de la motivación fáctica para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que fuere determinante de un sentido diferente del fallo. De manera pues, que estando viciada de nulidad la sentencia impetrada es procedente que se decrete dicha nulidad y que se ordene al Tribunal de Alzada proceder en la forma prescrita por la Ley, en este caso, por el Código Procesal Civil”.”.- VI. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal, de tal manera que este Tribunal deba enmendar; En el presente caso, no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VII. En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el Recurrente debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.- VIII. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IX. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- X. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta Resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace mérito, en sus dos motivos 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria: 3) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 4) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA.NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta y un días de mes de octubre del dos mil dieciocho; certificación de la resolución de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 482-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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