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Sentencia CA-471-17 — Registro 8278

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por la empresa demandante se decreta la nulidad del acto administrativo de carácter particular consistente en la resolución emitida por la dirección general de la protección al consumidor, en la cual se declara con lugar la investigación iniciada de Oficio en Contra de la Sociedad Mercantil se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no puede prosperar, ya que se incurre en los siguientes defectos: a) carece de claridad y precisión en el concepto de la infracción, ya que no se indica si la infracción es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las disposiciones señaladas como infringidas; b) se es impreciso en el precepto autorizante cuando se señalan dos causales distintas de casación; c) las normas de derecho citadas como infringidas no tiene relación con las cuestiones debatidas en el proceso; d) en la explicación se insta a la valoración a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; e) en el desarrollo se alude al artículo 8 de la ley para Optimizar la Administración Pública y mejorar los servicios a la ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, disposición que no fue señalada con infringida o relacionada en la formulación; y, f) se realizan alegatos de instancia inapropiados en este recurso extraordinario"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que el cargo que antecede no puede prosperar, ya que se incurre en los siguientes defectos: a) carece de claridad y precisión en el concepto de la infracción, ya que no se indica si la infracción es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las disposiciones señaladas como infringidas; b) se es impreciso en el precepto autorizante cuando se señalan dos causales distintas de casación; c) las normas de derecho citadas como infringidas no tiene relación con las cuestiones debatidas en el proceso; d) en la explicación se insta a la valoración a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; e) en el desarrollo se alude al artículo 8 de la ley para Optimizar la Administración Pública y mejorar los servicios a la ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, disposición que no fue señalada con infringida o relacionada en la formulación; y, f) se realizan alegatos de instancia inapropiados en este recurso extraordinario"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los trece días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCION: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, representada en juicio por el Abogado JOSÉ ABRAHAM HENRIQUEZ CASTRO; y, Recurrido: La Sociedad Mercantil CORPORACIÓN INDUSTRIAL DEL ATLANTICO S.A. DE C.V. (CORINA), representada en juicio por la Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda contencioso administrativa para que se declare no ser conforme a derecho un acto administrativo de carácter particular y en consecuencia se decrete la nulidad absoluta del mismo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas para su pleno restablecimiento; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por la Abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, en su condición de representante procesal de La Sociedad Mercantil CORPORACIÓN INDUSTRIAL DEL ATLANTICO S.A. DE C.V. (CORINA), contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción, que es Comerciante Social cuyo giro comercial es entre otros, el de fabricación de productos de toda naturaleza, la industrialización, importación, exportación de granos básicos en especial el frijol, y con motivo de su actividad comercial principal es titular de una planta de procesamiento en la que se transforma y empaca principalmente frijol en grano para convertirla en pasta de frijol; que mantiene dos contratos de suministro de pasta de frijol con las sociedades mercantiles CARGILL DE HONDURAS, S. DE R.L. y FABRICA ESPECIES DON JULIO S.A. DE C.V. bajo la marca de BEANNIES y bajo la marca DON JULIO respectivamente; asimismo produce y comercializa pasta de frijol bajo las propias marcas ROJITOS, TIO PELON, DE MI PAIS y DON PEDRO, y que para realizar la actividad de fabricación cuenta con 68 empleados permanentes y contrata hasta 20 empleados de forma temporal cuando se requiere de algún pedido extraordinario de pasta de frijol, y produce diariamente 70 quintales de pasta de frijol con una producción mensual de 2096 quintales y una producción de frijol procesado en grano de 2000 quintales, y que para operar requiere como materia prima de procesamiento una cantidad de 4096 quintales mensuales de frijol en grano aproximadamente, para cumplir con sus contratos de maquila, suministro y de exportación, la cual adquiere principalmente en los mercados de Nicaragua, El Salvador y una pequeña parte en el mercado nacional, debiendo mantener una reserva técnica de esa materia prima, para cubrir los requerimientos del período comprendido entre los meses de Mayo a Septiembre en que no se produce ese grano; asimismo argumentó que la Coordinación Regional Nor-occidental de Protección al Consumidor, inició de oficio una investigación con el objeto de identificar supuestas prácticas de acaparamiento de frijol, por lo que se requirió la documentación correspondiente dejando establecido en los descargos que se le hicieron que no se encontraba comprendida dentro de los supuestos de acaparamiento imputado; y que al emitir la resolución administrativa la Dirección General de Protección al Consumidor declaró con lugar dicha imputación, imponiéndole una multa de L.5,488,960.00, con dicha resolución quedó agotada la vía administrativa; alegó también que en la resolución emitida se le imputaron arbitrariamente unos supuestos hechos que no se apoyaron en ninguna prueba que le pudieren revestir de certeza alguna y al efecto se le impuso sanciones administrativas sin considerar los verdaderos hechos; ya que a la demandante no se le puede aplicar la Ley de Protección al Consumidor y por ende aplicarle una sanción administrativa, ya que no se trata de una empresa que actúa como intermediario en la cadena de comercialización en el mercado hondureño entre el productor y el consumidor de granos de frijol básico sin procesar, ni tiene relación de consumo con los consumidores, porque no tiene un establecimiento abierto al público para vender los productos de fabrica, sino que la demandante adquiere el frijol en grano en el mercado internacional y local, que luego almacena como parte de su actividad y mantiene una reserva técnica de dicha materia prima para asegurarse de satisfacer las necesidades de materia prima conforme la producción y venta de sus producción proyectados por año, es decir que requiere el frijol como materia prima para ser utilizado en su propia planta de producción de pasta de frijol y procesamiento de frijol en grano , y se ve en la necesidad de comprar frijol durante la época de cosecha y guardar o mantener una reserva de frijol para la época de no cosecha ya que de lo contrario paralizaría la empresa por falta de materia prima; asimismo manifestó que o existe disposición legal que regule cuanto frijol puede comprar como materia prima, sino que en ejercicio de su derecho de inversión y libre empresa puede comprar frijol para transformarlo conforme a las necesidades del mercado y conforme sus proyecciones de venta por año y no está prohibido legalmente que la demandante expanda el negocio a nivel internacional e incremente las ventas y que la información reseñada por el ente administrativo sancionador que se refiere a las ventas de frijol, por parte de la demandante, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2014 no es correcta ya que indicó que la empresa no exporta solamente frijol procesado, sino también en grano, cuando los registros contables, libros de venta, reportes del sistema de computo y facturas de venta, entre otros, demostraron que la actividad económica de la empresa demandante fue la comercialización de pasta de frijol congelado y en menor porcentaje la pasta de frijol en empaque metalizado y el frijol procesado en grano; por lo que es nula dicha resolución.- 2.- La parte demandada es ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la parte demandante no especifica en ninguna de las partes de la Escritura que se dedica a la industrialización, importación, exportación de granos básicos en especial el frijol; asimismo las cantidades que opera en la producción tanto diaria como mensual no concuerdan con la investigación realizada por la Coordinación Regional Nor- occidental de Protección al Consumidor, la cual estableció que de conformidad con las conductas de depósitos, retiro, compra, importación y exportación de frijoles, según documentación que acreditó la empresa demandante en sede administrativa reflejan cantidades inferiores; por lo que quedó evidenciado que el producto almacenado por la demandante en los meses de marzo, abril y mayo, no corresponden a los datos proporcionados por la demandante la cual llama a este almacenamiento sin justificación como “reserva técnica” misma que no obedece a ningún patrón, y que el producto retenido se le determinó una conducta de acaparamiento por la demandante, que se pudo determinar con las investigaciones realizadas por dicha Coordinación que existió una práctica abusiva de acaparar, especular, retener o almacenar productos de primera necesidad frijol y que en sede administrativa la demandante no pudo desvanecer los hechos imputados, por lo que la autoridad de aplicación competente realizó las actuaciones en apego a las leyes y atribuciones en ellas conferidas, y que la resolución emitida no es nula debido a que fue emitida observando todos y cada uno de los principios del proceso administrativo que conllevó tal decisión; y que la actividad de comprar frijol en grano guarda relación especifica con el giro comercial, que es la de integrar dicho frijol al proceso de producción de pasta de frijol (refrigerado y en presentación de empaque metalizado) y frijol en grano procesado en su planta, por ello aplicaron el artículo 7 de la Ley de Protección al Consumidor, asimismo la demandante comercializaba los productos en los supermercados, lo cual demostraron que mantenían relación comercial como proveedor de productos, lo cual guarda intima relación con los consumidores; y las disposiciones de dicha Ley son aplicables a todas las relaciones de consumo que se contraen o provean en el territorio nacional por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que la conducta observada fue de una práctica acaparadora ya que almacenó o retuvo el grano básico con el fin de provocar el alza en el precio en el mes de mayo, realizando compras de frijol en el mes de marzo y abril, y que de esas compras de quintales de frijol en ambos meses fueron mayores a las ventas, y que en el mes de mayo las ventas fueron incrementadas cuando se encareció el grano básico de frijol, y al no desvanecer los hechos imputados la demandada le impuso una multa por L.5,488,960.00.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 20 de mayo del 2016, dictó sentencia que dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la acción interpuesta por la Abogada Maribel Espinoza Turcios, en su condición de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil denominada "Corporación Industrial del Atlántico S.A" (CORINA) contra el Estado de Honduras representado legalmente por el Procurador General de la República, en consecuencia Decreta La Nulidad del Acto Administrativo de Carácter Particular consistente en la Resolución Número DGPC-104-2014 de fecha 17 de Julio del ario 2014 emitida por la Dirección General de la Protección al Consumidor, de la Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico en la cual se declara Con Lugar la investigación iniciada de Oficio en Contra de la Sociedad Mercantil denominada "Corporación Industrial del Atlántico S.A." (CORINA) por la Infracción de la Ley de Protección al Consumidor y su Reglamento por el Acaparamiento del Producto básico del Frijol, imponiéndosele como sanción una Multa por la cantidad de Cinco Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Sesenta Lempiras exactos, ordenándose el cese de dicha conducta y la consignación de dicha Sanción en el Libro de Registro de Infractores, en virtud que dicha resolución fue dictada infringiendo el ordenamiento jurídico y sin la suficiente motivación requerida. SEGUNDO: Reconocer la Situación Jurídica Individualizada: y se establecen las siguientes disposiciones como Medidas para su Pleno Restablecimiento: a) Se dejan sin valor ni efecto los cargos que por acaparamiento de producto básico Frijol, se han imputado por la Dirección General de Protección al Consumidor a la Sociedad Mercantil denominada "Corporación Industrial del Atlántico S.A." (CORINA). b) Se deja sin lugar y efecto la sanción impuesta por la Dirección General de Protección al Consumidor de Ochocientos salarios mínimos a la Sociedad Mercantil denominada "Corporación Industrial del Atlántico S.A" (CORINA) equivalentes a la cantidad Cinco Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Sesenta Lempiras Exactos; c) Se ordena a la Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico por medio de la Dirección General de la Protección al Consumidor, que proceda a eliminar cualquier información referida al infractor sancionado, la Sociedad Mercantil denominada "Corporación Industrial del Atlántico S.A." (CORINA) consignada en el Registro Público de Infractores que a tal efecto lleva la Dirección General de Protección al Consumidor. d) Se ordena que la Demandada proceda a la publicación de esta sentencia en un Diario de Circulación nacional y en el Diario Oficial La Gaceta. TERCERO: Se EXIME de COSTAS a la parte vencida en juicio en virtud de lo ordenado en el Articulo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública y mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno”; bajo el criterio que la empresa demandante no tiene un establecimiento abierto al público para vender los productos que fabrica, sino que adquiere el frijol en grano en el mercado internacional, regional y local, que luego almacena como parte de su actividad y mantiene una reserva técnica de dicha materia prima (frijol) para asegurarse de satisfacer sus necesidades de materia prima conforme la producción y venta de sus productos proyectadas por año: es decir, que requiere el grano de frijol como materia prima para ser utilizado en su propia planta de producción de pasta de frijol y procesamiento de frijol en grano, y se ve en la necesidad de comprar frijol durante la época de cosecha y guardar o mantener una reserva de frijol para la época de no cosecha ya que de lo contrario, se vería obligada a paralizar su empresa por falta de materia prima; esta actividad de comprar frijol en grano que realiza, guarda relación específica con su giro comercial, que es la de integrar dicho frijol al proceso de producción de pasta de frijol (refrigerado y en presentación de empaque metalizado) y frijol en grano procesado en su planta, en consecuencia, dicho grano se trata de su materia prima que requiere su planta de procesamiento para realizar su actividad agroindustrial de convertir o transformar el frijol en pasta para su venta ya sea refrigerado o en empaque especial en los supermercados o procesar el frijol en grano y empaque para su venta selectiva en los supermercados del país y para exportación; de lo expuesto se colige que la resolución administrativa impugnada, conlleva una evidente infracción a la legalidad, dado que no debe aplicarse a la demanda ante ninguna sanción establecida en la Ley de Protección al Consumidor, en virtud de que dicho ordenamiento jurídico no se aplica a quienes adquieran, almacenen, utilicen bienes o servicios que guarden relación específica con su giro comercial y para integrarlos a procesos de producción, transformación, comercialización, habiendo acreditado plenamente con la evacuación del medio de prueba Documental consistente en la copia del Expediente administrativo DRPC-078-05-2014 (folios 352-1895), el reconocimiento judicial Numero uno, realizado al plantel industrial de CORINA en fecha 8 de abril del año en curso, ubicado en la Colonia Bogran, costado de Hospital del Valle, al noroeste de esta ciudad y el dictamen pericial privado número Uno, rendido por el perito Héctor Alexander Arias Lemus, y evacuado en la Audiencia Probatoria que la demandante procesa o transforma el frijol en su planta para ser vendido a otros comerciantes y no tiene relación directa con los consumidores finales.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a Nivel Nacional, en fecha 05 de mayo del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que del análisis de la prueba en su conjunto se deriva que la proporción que existe en los años anteriores y los años objeto de investigación con respecto al almacenamiento de frijol en grano, no es tan desigual con respecto a la venta de mayor volumen de frijol procesado (congelado), que es la actividad más fuerte del demandante, razón por la cual se considera que el acto administrativo que hoy se impugna no se encuentra ajustado a derecho, pues no describe un concepto lógico del comportamiento de CORINA con respecto al almacenamiento del producto y la relación con su giro comercial (el frijol procesado) que en todo caso produciría el acaparamiento, solamente se enfrasca en catalogar la actitud de la empresa como: "RETUVO LAS VENTAS [...] PARA LOGRAR UNA MAYOR UTILIDAD EN EL MES DE MAYO ... " sin hacer una comparación con el comportamiento de la empresa entre ventas y compras durante los años anteriores y los meses específicos que en base a estudios científicos causan escases en el producto por falta de cosecha, y que en definitiva, como una estrategia de mercado para satisfacer su actividad industrial, necesariamente tiene que almacenar el producto, provocando falta de motivación en la resolución administrativa que se impugna.- Aunado a lo anterior, se considera que la prueba aportada por ambas partes ha sido valorada en su conjunto, recayendo siempre en la misma deficiencia del acto administrativo.- Dicho acto administrativo tampoco define de forma concluyente que con el comportamiento observado y analizado por la autoridad de aplicación se haya determinado, sin lugar a dudas, la Intensión de CORINA de acaparar el producto.- De las consideraciones de derecho y de hechos que anteceden, esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, es de la opinión que la sentencia que se conoce en apelación debe ser confirmada, por estar emitida conforme a derecho.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogado JOSÉ ABRAHAM HENRIQUEZ CASTRO, en fecha 16 de junio del 2017, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 05 de mayo del 2017, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a Nivel Nacional, en el expediente de apelación No.230-2016, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.00030-2014 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolviendo el Ad-quem, mediante providencia de fecha 20 de junio del 2017, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, presentó en fecha 28 de agosto del 2017, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 30 de agosto del 2017, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 01 de septiembre del 2017, los Abogados JOSÉ ABRAHAM HENRIQUEZ CASTRO, como recurrente y KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, como recurrida.- 7.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 19 de septiembre del 2017, teniendo por personados a los Abogados JOSÉ ABRAHAM HENRIQUEZ CASTRO, como recurrente, y KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, como recurrida, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Se impugna la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.- 2) Se impugna la aplicación e interpretación de las normas que regulan la forma y contenido de la sentencia. NORMAS INFRINGIDAS: Estimo como normas legales infringidas los artículos 82, 321, 322, 323, 326 de la Constitución de la República, 7, 13 inciso 1, 197 numeral 2, 200, 207, 211 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido el artículo 719 numeral 1 inciso b) y numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DE LOS MOTIVOS: MOTIVO NO. 1) La Corte de Apelaciones recurrida declaró sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto y confirmó la sentencia de Primera Instancia de fecha veinte (20) de mayo de dos mil dieciséis (2016), sin reconsiderar de forma amplia los motivos del recurso, todo en base a los siguientes puntos: a) Tanto el señor Juez en Primera Instancia, como los señores Magistrados en Segunda Instancia, hacen alusión a que la resolución número: DGPC-104-2014, fue dictada infringiendo el ordenamiento jurídico y sin la suficiente motivaci6n requerida. En donde al momento que presentamos los medios de prueba para fundamentar nuestra defensa no se tomó en cuenta la documentación que se encuentra en el expediente administrativo dándole todo el valor probatorio a las pruebas presentada por la parte demandante y en donde tomo como suya las expresiones del perito de la parte demandante desvirtuando de esta forma los informes realizados por la Autoridad de Aplicación mediante la investigación realizada en donde se establece que de conformidad con la conducta de depósito, retiro, compra, importaci6n y exportaci6n de frijoles según documentación acreditada por dicha empresa refleja la venta de menores cantidades de las compradas habiendo una desproporcionalidad de cantidades almacenadas con que ellos mal llamaron Reserva Técnica la cual no obedece a ningún patrón si no que refleja una conducta de acaparamiento el cual es violatorio de la ley de protección al consumidor. b) Es importante hacer mención a esta Honorable Corte, que en la Parte Dispositiva de la Sentencia de fecha veinte de mayo de dos mil dieciséis que dicto el señor Juez en Primera Instancia, y que literalmente dice: FALLA: "PRIMERO: Declarar procedente la acción interpuesta por la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, en su condici6n de apoderada judicial, de la sociedad mercantil denominada CORPORACION INDUSTRIAL DEL ATLANTICO S.A. DE C.V. (CORINA) contra el Estado de Honduras representado legalmente por el Procurador General de la República, en consecuencia Decreta la nulidad del acto administrativo de carácter particular consistente en la resoluci6n Numero DGPC-104-2014 de fecha 17 de julio del año 2014, emitida por la Dirección General de Protección al Consumidor de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, en el cual se declare con lugar la investigación iniciada de oficio en contra de la Sociedad Mercantil denominada Corporación Industrial del Atlántico S.A. (CORINA) por la infracci6n de la ley de Protección al Consumidor y su Reglamento por el acaparamiento del producto básico del frijol imponiéndosele como sanción una multa por la cantidad de Cinco Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Sesenta Lempiras exactos, ordenándose el cese de dicha conducta y la consignación de dicha sanción en el Libro de Registro de Infractores, en Virtud que dicha resolución fue dictada infligiendo el ordenamiento jurídico y sin la suficiente motivación requerida.- SEGUNDO: Reconocer la situación jurídica individualizada y se establecen las siguientes disposiciones como medidas para su pleno Restablecimiento: a) se deja sin valor ni efecto los cargos que por acaparamiento de producto básico Frijol, se han imputado por la Dirección General de Protección al Consumidor a la Sociedad Mercantil denominada Corporaci6n Atlántico S. A. (CORINA) b) Se deja si lugar y efecto la sanción impuesta por la Dirección General de Protección al Consumidor de Ochocientos salarios mínimos a la sociedad Mercantil denominada Corporación Atlántico S. A. (CORINA) equivalente a la cantidad Cinco millones Cuatrocientos ochenta y ocho mil Novecientos Sesenta Lempiras exactos c) Se ordena a la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, por medio de la Dirección General de Protección al Consumidor que proceda a eliminar cualquier información referida al infractor sancionado, la sociedad Mercantil denominada Corporación Atlántico S. A. (CORISA)consignada en el Registro Público de Infractores que a tal efecto lleva la Dirección General de la Protección al Consumidor d) Se ordena que la demandada proceda a la publicación de esta sentencia en un Diario de Circulación nacional y el Diario Oficial La Gaceta.- TERCERO: Se EXIME de Costas a la parte vencida en Juicio en virtud de lo ordenado en el artículo 8 de la ley para Optimizar la Administración Pública y mejorar los servicios a la ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno.- Por lo tanto el señor Juez de Primera Instancia y los señores Magistrados de Segunda Instancia dejan entrever que en ningún momento valoran los medios de prueba presentados por nuestra parte y únicamente resuelven dando valor a una corta con explicaciones injustificadas e irrisorias por parte del perito de la parte demandante, por lo cual deja en indefensión a mi representado al no considerar ningún medio de prueba presentado y no teniendo una contundente motivación sino que solo se basa en una relación de hechos y no teniendo una fundamentación Jurídica en la que ampare en que se basa para tomar esta decisión.”.- 2.- Que el cargo que antecede no puede prosperar, ya que se incurre en los siguientes defectos: a) carece de claridad y precisión en el concepto de la infracción, ya que no se indica si la infracción es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las disposiciones señaladas como infringidas; b) se es impreciso en el precepto autorizante cuando se señalan dos causales distintas de casación; c) las normas de derecho citadas como infringidas no tiene relación con las cuestiones debatidas en el proceso; d) en la explicación se insta a la valoración a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; e) en el desarrollo se alude al artículo 8 de la ley para Optimizar la Administración Pública y mejorar los servicios a la ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, disposición que no fue señalada con infringida o relacionada en la formulación; y, f) se realizan alegatos de instancia inapropiados en este recurso extraordinario.- 3.- Que en un segundo motivo se aduce: “EI señor Juez en Primera Instancia y los señores Magistrados en Segunda Instancia desde mi punto de vista y de la forma más respetuosa considero, no valoraron los argumentos y medios de prueba presentados por mi Representada, tanto así que no toman en cuenta que la inspección in situ realizada por parte del personal de la Dirección General de Protección al Consumidor de la parte Nor-Occidente establece que existe la falta cometida por el cual fue objeto de sanción y la cual establece que la sociedad demandante no es un intermediario en la cadena de distribución ya que se constató que CORINA, mediante póliza de exportación, exporta frijol procesado en grano lo cual hizo en lo meses objeto de investigación |y por lo tanto es proveedor y abastecedor motivo por el cual es le es aplicable la Ley de protección al Consumidor y que la corte de apelaciones no valora los informes levantados por la autoridad de aplicación que dan pautas a determinar la conducta del acaparamiento y por lo tanto violatoria de la Ley de Protección al Consumidor.- Por lo tanto de aquel se deduce que el órgano Jurisdiccional competente no está impartiendo la debida justicia al parcializarse y no aclarar en que se fundamenta la sentencia emitida y sobre dicha situación no se han pronunciado, porque?; Si la Constitución de la República en los siguientes artículos manifiesta: ARTICULO 321.- Los servidores del Estado no tiene más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.- ARTICULO 322.- Todo funcionario público al tomar posesión de su cargo prestara la siguiente promesa de ley: "Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes".- ARTICULO 323.- Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- Ningún funcionario o empleado, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisi6n de delito.- ARTICULO 326.- Es publica la acción para perseguir a los infractores de los derechos y garantías establecidas en esta Constitución, y se ejercitara sin caución ni formalidad alguna y por simple denuncia.- Y entonces que procede en este caso?- Si el Código Procesal Civil manifiesta: Articulo 200.- CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1. Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustara a la forma siguiente: a) ... b) En los antecedentes de hecho se consignaran con la claridad y concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las pretensiones de las partes 0 interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban resolverse, las pruebas que se hubieren propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso. c) En los fundamentos de derecho se expresaran, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables. d)... " Y el articulo 207, MOTIVACION, del mismo Código Procesal Civil expresa: "1. Las sentencias se motivaran expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivaci6n deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en su conjunto ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.- Y en el Código Procesal Civil artículo 13 inciso 1..) El juez a de valorar las pruebas de manera, precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico, salvo que este código u otra ley establezcan una valoración concreta del resultado probatorio obtenido, en relación con el artículo 245 del mismo código numeral 1) La valoración de la prueba en el proceso civil por el tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico salvo que este código u otra ley establezca una valorización legal de manera expresa e inequívoca 2) La Valorización de los distintos medios de prueba deberán deducirse de manera clara y determinante de los fundamentos fácticas y jurídicos, bajo sanción de nulidad de la resolución. Al confrontarse la sentencia recurrida con los artículos antes citados fácilmente se puede apreciar que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo no se sujetó a lo que ordenan dichos artículos. Cabe resaltar que del análisis del auto resolutivo emitido por esta Honorable Corte de Apelaciones y que literalmente dice: FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado Benjamín Eugenio Segura Galdámez en su condición de Representante Procesal Sustituto del estado de Honduras, SEGUNDO: Confirmar la sentencia definitiva de fecha 20 de mayo de 2016, dictada por el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de San Pedro Sula y que aparece a folio numero 4335 al 4344 de la pieza principal de autos y MANDA: Que la secretaria del Despacho comunique en legal y debida forma la presente sentencia y una vez que adquiera el carácter de firme la comunique al Juzgado de su procedencia a través de la certificación de estilo para los efectos legales correspondientes.-SIN COSTAS por existir motivos bastantes para litigar.- Se desprende que la misma carece de un requisito imperativo de forma, en virtud que se omite expresar por parte de este Honorable Tribunal que tipo de recurso cabe contra dicha resolución, ante quien debe interponerse y el plaza de interposición del mismo, tomando en consideración lo que estipula el articulo 197 numeral 2 del C6digo Procesal Civil que literalmente dice: "CONTENIDO FORMAL DE LAS RESOLUCIONES 1) ... 2) AL NOTIFICARSE LA RESOLUCION A LAS PARTES SE INDICARÁ SI LA MISMA ES FIRME O SI CABE ALGUN RECURSO CONTRA ELLA, CON EXPRESION, EN ESTE ULTIMO CASO, DEL RECURSO QUE PROCEDA, EL ORGANO ANTE EL QUE DEBE INTERPONERSE Y DEL PLAZO PARA RECURRIR.".Ya que ese extremo tal como la norma procesal lo establece es imperativo del Tribunal o de quien emite la resolución, la carencia de ese requisito pone en total indefensión a mi poderdante ya que se provocado una confusi6n con respecto al tipo de recurso que correspondería plantearse, pues el Tribunal omitió plasmarlo en su resolución.- Dicha omisi6n de requisito imperativo de forma en el auto resolutivo dictado por este Honorable Tribunal de Justicia, produce un vicio de nulidad. Según lo que estipula el artículo 211 del C6digo Procesal Civil que manifiesta: "CLASES.- EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS POR LAS LEYES CON RELACION A LOS ACTOS PROCESALES DARÁ LUGAR A SU NULIDAD O A SU ANULABILIDAD, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS SIGUIENTES." EN CONSONANCIA CON LO QUE ESTIPULA EL ARTICULO 212 QUE MANIFIESTA: "NULIDAD.- LOS ACTOS PROCESALES SERÁN NULOS EN LOS CASOS SIGUIENTES: 1)... 2)... 3)... 4) CUANDO SE PRESCINDA DE NORMAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE, POR ESA CAUSA, SE HAYA PRODUCIDO INDEFENSION.- 5) ... 6) ... Estimamos la carencia de normas esenciales del procedimiento en la resolución emitida ya que la misma no expresa por parte de los Magistrados integrantes que tipo de recurso corresponde en caso de que corresponda alguno y de ser afirmativo ante quien deberá interponerse el mismo y el plazo de presentación. Requisito imperativo que como reitero no está expresado en la resolución mencionada.- EI artículo 7 del Código Procesal Civil establece: LEGALIDAD PROCESAL Y FORMAS.- 1)... 2) LAS NORMAS CONTENIDAS EN ESTE CODIGO SON OBLIGATORIAS PARA EL ORGANO JURISDICCIONAL LAS PARTES Y TERCEROS QUE INTERVENGAN EN EL PROCESO, SALVO QUE LA LEY OFREZCA EXCEPCIONALMENTE OTRA POSIBILIDAD DE ACTUACION. EL ORGANO JURISDICCIONAL ADECUARA LA EXIGENCIA DE LAS NORMAS AL LOGRO DE LOS FINES DEL PROCESO RESPETANDO LAS GARANTIAS LEGALMENTE PREVISTAS. 3)... Este principio no solo es dirigido a las partes o sus representantes procesales, sino también al juzgador en este caso la Honorable Corte de Apelaciones, en el sentido de que todas sus resoluciones deben de encontrarse enmarcadas dentro de los requisitos legales establecidos a fin de evitar futuras violaciones de garantías, en el presente caso, con la resolución sobre la cual se solicita nulidad, la misma pone en claro estado de confusión a esta representación del Estado así como a la parte contraria, pues no se nos expresó en la resolución el tipo de recurso que corresponde en caso de caber alguno, esta representación procesal entiende que el Tribunal se encuentra colapsado de trabajo tal como lo manifiesta en su resolución, pero ese argumento no es excusa para no expresar en la resolución que nos trae a estudio que tipo de recurso corresponde plantear.- Esta omisión produce indefensión a esta Representación al no expresarse en la misma el tipo de Recurso que se puede interponer, ante quien debe hacerse y el plazo de interposición contra dicho auto resolutiva, violentando el PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO Y el PRINCIPIO DEL DERECHO DE DEFENSA que manifiesta: "LAS PARTES TIENEN DERECHO A QUE EL PROCESO SE DESARROLLE POR LOS TRAMITES PREVISTOS LEGALMENTE, A QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS PROCESALES ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA Y EN LAS LEYES ORDINARIAS EN CONDICIONES DE IGUALDAD Y SIN DILACIONES, Y A QUE SE DICTE POR ORGANO JURISDICCIONAL COMPETENTE, INDEPENDIENTE E IMPARCIAL, UNA ESOLUCION DE FONDO JUSTA Y MOTIVADA". Ya que se ha provocado confusión de si corresponde o no la interposición de un recurso, cualquiera que la ley franquee, pues la omisión de un requisito indispensable de las resoluciones no se encuentra expresado, lo que provoca violación de las garantías fundamentales del debido proceso y derecho de defensa.- También contraviene el Principio de Igualdad que manifiesta: "LAS PARTES SON IGUALES EN EL PROCESO, TENIENDO LOS MISMOS DERECHOS, OBLIGACIONES, CARGAS Y OPORTUNIDADES, EN FUNCION DE LA POSICION PROCESAL QUE OCUPEN. EL ORGANO JURISDICCIONAL ESTA OBLIGADO A PRESERVAR LA IGUALDAD DE LAS PARTES EN EL PROCESO Y A EVITAR TODA DISCRIMINACION CONTRA O ENTRE ELLAS POR RAZONES DE SEXO, RAZA, RELIGION, IDIOMA, O CONDICION SOCIAL, POLITICA, ECONOMICA O DE OTRA INDOLE."- Sumando a la anterior relación de artículos, la Constitución de la República en su artículo 82 manifiesta: "EL DERECHO A LA DEFENSA ES INVIOLABLE.”.- 4.- Que examinado lo señalado en el numeral que antecede denominado segundo motivo, se concluye: la imposibilidad de determinar la existencia de un cargo debidamente estructurado y fundamentado, siendo lo mostrado un extenso alegato de instancia inapropiado en este recurso extraordinario, por ende lo expuesto resulta inestimable.- 5.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- 6.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de enero del dos mil diecinueve; certificación de la resolución de fecha trece de noviembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 471-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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