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Sentencia CA-441-17 — Registro 8276

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada por los demandantes, por no ajustarse a derecho los actos administrativos impugnados, consistentes en la resolución mediante la cual se declara sin lugar el Reclamo Administrativo contraído a solicitar una nivelación salarial, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que el anterior cargo resulta ser inadmisible, ya que el Recurrente incurre en el siguiente defecto técnico: se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo dispuesto en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Además no se demuestra la falta de aplicación del artículo 707 numeral 2) del Código Procesal Civil, ya que el Tribunal recurrido al confirmar la sentencia de primera instancia, ha hecho suyos todos sus fundamentos y pronunciamientos."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCION: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, representado en juicio por la Abogada EMMA RUTH BU CONTRERAS; y, Recurrida: los señores BESSY DINORA SALVADOR PAGOAGA, CELIA LETICIA COELLO, DANIA ELIZABETH MEJIA SABILLON, y otros, representados en juicio por el Abogado ERNESTO ALONSO BOQUIN REYES.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la declaración de no ser conforme a derecho y la anulación de unos actos administrativos de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada consistente en que se otorgue nivelación salarial al salario ordinario de L.35,900.00, que se adopten medidas por su pleno restablecimiento, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por los señores BESSY DINORA SALVADOR PAGOAGA, CELIA LETICIA COELLO, DANIA ELIZABETH MEJIA SABILLON, LETICIA GALDAMEZ CHINCHILLA, LUZ SAGRARIO NOGUERA, MARIA ANTONIETA FUNEZ ZELAYA, NOLVIA LIZETH ALMENDAREZ FUENTES, NORMA ISABEL ALMENDAREZ Y RANDOLFO ESPINOZA GUERRERO, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que son abogados nombrados mediante Acuerdo en la Unidad de Servicios Legales de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y que sus funciones son inherentes a la de un Profesional del Derecho; que dentro de dicha Unidad de Servicios Legales existen incongruencias marcadas en cuanto a los salarios que devengan, por lo cual solicitaron vía Reclamo Administrativo nivelación de su sueldo a un salario base de L.35,900.00 que es el salario que devenga el Abogado Pedro Antonio Gonzales, quién funge también como Asesor Legal de la Unidad de Servicios Legales y quién al igual que ellos tienen la misma preparación académica, desempeña las mismas funciones, el mismo horario de trabajo y las mismas responsabilidades y que en virtud de esto reclamaron nivelación al salario base que él devenga fundamentados en el principio constitucional de “Trabajo igual corresponde salario igual” establecido en el inciso 3 del artículo 128 de la Constitución de la República y por tanto debe entenderse que en cuestión de salarios, no debe establecerse una diferencia por razones de edad, sexo, nacionalidad, raza, religión, o afiliación política. Siguen exponiendo los demandantes que los aumentos obtenidos por el Abogado Pedro Antonio Gonzales desde L.21,000.00 hasta los L.35,900.00 los obtuvo dentro del Cargo de Asesor Legal y sin tener mayor antigüedad en el cargo que la mayoría de los demandantes y no como encargado de la Unidad de Enlace Laboral de la Secretaría de Finanzas como se establece en la resolución impugnada, puesto que dicho cargo no existe en dicha Secretaría de Estado por lo que no era posible el nombramiento del Abogado Gonzales en dicho cargo. Asimismo exponen los demandantes que contrario a lo que establece la Resolución impugnada A.L.13-2014 de fecha 14 de enero del 2014 objeto del Recurso de Reposición, sí se anunciaron en el Reclamo Administrativo los medios probatorios que se utilizarían y que son documentos que obran en la Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y que al no haber sido tomados en cuenta se contradice totalmente lo dispuesto en la Ley de Simplificación Administrativa artículo 4 que literalmente manda que: “ningún órgano del estado podrá exigir de los particulares, certificaciones, constancias o documentos similares u análogos para acreditar extremos que consten o deban constar en los registros o archivos del mismo órgano.” Señalan además la concurrencia de exceso de poder por existir una contradicción no justificada de los actos administrativos impugnados con otros anteriormente dictados, puesto que la misma Secretaría de Finanzas (SEFIN), en el año (2014) otorgó nivelaciones a los salarios base ordinarios en determinados puestos de trabajo, bajo los mismos fundamentos jurídicos que los demandantes solicitaron en el respectivo Reclamo Administrativo de Nivelación de Salario, basados en los artículos 128 numeral 3) de la Constitución de la República que se refiere “A trabajo igual corresponde salario igual...” y artículo 14 literal d) de la Ley de Servicio Civil.- 2. La parte demandada, el Estado de Honduras, contestó dicha demanda señalando que es cierto que los demandantes laboran en el Departamento de Unidad de Servicios Legales de la Secretaría de Finanzas y que las variantes en cuanto a los salarios que devengan los empleados de dicha unidad se debe a que algunos empleados fueron nombrados desde el año 1990, tal es el caso del Abogado Pedro Antonio Gonzales que ingresó en dicho año a la Secretaría de Finanzas, recibiendo diferentes ascensos a partir del 01 de abril del año 1992 y que dicho Abogado Gonzales recibió los aumentos desempeñando una función distinta a la que desempeñaban sus demás compañeros en la Dirección Legal en virtud de haber fungido como Jefe de la Unidad de Enlace Laboral de dicha institución y que no ha recibido ningún otro aumento, salvo el aprobado a todos los empleados públicos en julio del 2012 y que por eso no opera la garantía de que “a igual trabajo corresponde salario igual” ya que las condiciones de trabajo o el puesto que desempeñaba el Abogado Pedro Gonzales cuando recibió sus aumentos de salario eran distintos al que tiene ahora en la Unidad de Servicios Legales; que ninguno de los demandantes tiene la antigüedad laboral que tiene el Abogado Pedro Gonzales y por tanto no se cumple la condición de que tengan el mismo tiempo de servicioo, aunado a que el salario sobre el cual se pide la nivelación fue dado cuando este se desempeñaba como Jefe de la Unidad de Enlace Laboral de la Secretaría de Finanzas y por ello no se cumple la condición de tiempo que señala el artículo 128 de la Constitución de la República. Según informe de la Sub-Gerencia de Recursos Humanos, se señala el historial de incrementos recibidos por el Abogado Pedro Gonzales y que está claro que este fue nombrado en el cargo de Asesor Legal a partir del 04 de octubre del 2011 pero que a esa fecha él ya había recibido los incrementos alegados y fue como Jefe de la Unidad de Enlace Laboral y no como Asesor Legal de la Secretaría de Finanzas; que mediante Resolución No.A.L.342-14 de fecha 10 de junio del 2014 se declaró sin lugar el Recurso de Reposición en vista de que no se aportaron medios probatorios ni elementos nuevos que permitieran desvirtuar la resuelto por la administración en la Resolución objeto del Recurso de Reposición, por lo que en ningún momento se ha infringido norma legal con la emisión de las resoluciones impugnadas. Asimismo señala que desde el momento de haber sido nombrados los demandantes en sus cargos aceptaron una determinada escala salarial a devengarse y que por lo tanto dicha obligación nace de dicho nombramiento y tiene fuerza de ley por lo que deben cumplirse al tenor de los mismos.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de diciembre de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando procedente la acción incoada por los señoras Celia Leticia Coello, Dania Elizabeth Mejía Sabillón, Leticia Galdámez Chichilla, Luz Sagrario Noguera, María Antonieta Fúnez Zelaya, Nolvia Lizeth Almendarez Fuentes, Norma Isabel Almendarez y Randolfo Espinoza Guerrero, por no ajustarse a derecho los actos administrativos impugnados, en consecuencia se anulan: 1) La resolución A.L.13-2014 de fecha 14 de enero del 2014 mediante la cual se declara sin lugar el Reclamo Administrativo contraído a solicitar una nivelación salarial. 2) La resolución A.L.343-2014 de fecha 10 de junio del 2014 mediante la cual se declara sin lugar el Recurso de Reposición interpuesto y confirma la anterior resolución A.L.13-2014 de fecha 14 de enero del 2014, ambas Resoluciones emitidas por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN); reconocimiento de la situación jurídica individualizada reclamada por los demandantes y para su pleno restablecimiento se toman las medidas siguientes: a) Que se nivele el salario de los demandantes al salario base ordinario de L.35,900.00 efectivo a partir del dos de agosto del dos mil trece fecha en que se presentó formal Reclamo Administrativo de Nivelación de Salario; b) Que se haga el pago de los anteriores conceptos cuyo cálculo quedará diferido para la etapa de ejecución de este Fallo, sin costas; bajo el criterio que es claro que el artículo 128 de la Constitución de la República, al disponer que “A trabajo igual corresponde salario igual sin discriminación alguna, siempre que el tiempo de servicio sean también iguales “, no se refiere en ningún momento a la antigüedad laboral, que es la que determina el tiempo de servicio de un trabajador dentro una determinada empresa indistintamente de los cargos que este haya desempeñado y que al final de su etapa laboral sirve para determinar el computo de las prestaciones y demás derechos laborales del trabajador; pues a lo que dicha disposición constitucional se refiere es al tiempo de estar laborando en el mismo puesto o cargo (no a cargos distintos), que junto a la jornada y eficiencia es lo que condiciona la igualdad salarial que deberán tener los trabajadores. Es por eso que la nivelación solicitada es por el desempeño en el cargo de Asesor Legal tal como quedó establecido en la demanda puesto que los demandantes son Abogados que laboran en la Unidad de Servicios Legales de la Secretaría de Finanzas y que sus funciones son las inherentes a la de un Profesional del Derecho.- Que de acuerdo al citado artículo 128 numeral 3) Constitucional, para que se dé la nivelación salarial es necesario que concurran las siguientes premisas: 1. Igual trabajo y mismo puesto: Quedó probado que el Abogado Pedro Antonio Gonzales, quien devenga el salario sobre el cual los demandantes piden la nivelación, ostenta desde el 01 de septiembre del 2009 el cargo de Asesor Legal de la Secretaría de Finanzas cuya función también es inherente a la de un Profesional del Derecho y son las mismas que tienen los demandantes Asesores Legales de la Secretaría de Finanzas. 2. Igual jornada y condiciones de eficiencia: Que si bien es cierto esto no fue objeto de oposición ni de debate, es claro que si los demandantes y el Abogado Gonzales tienen los mismos puestos, tienen en consecuencia la misma jornada laboral; Asimismo las condiciones de eficiencia se desprenden del Memorandum SGRH-SF-1123 de fecha 25 de abril del 2016 (folio 354), donde consta las evaluaciones de los demandantes y que todos tienen un promedio arriba del 89%. 3. Igual tiempo de servicio en el cargo: Que si bien es cierto el tiempo de servicio del Abogado Pedro Antonio Gonzales de laborar en el cargo de Asesor Legal es inferior al de la gran mayoría de los demandantes, es el Asesor que ha recibido mejor aumento de salarios; que se desprende que estos aumentos otorgados constituyen un trato privilegiado de parte de la Secretaría de Finanzas, por tanto no se ha dado un trato igualitario con respecto a los demandantes Asesores Legales por lo que se debe equiparar las condiciones salariales que es el espíritu del referido precepto Constitucional y de la declaración contenida en el artículo 60 Constitucional de que: “Todos los hombres nacen libres e iguales en derecho.- En Honduras no hay clases privilegiadas.- Todos los hondureños son iguales ante la ley”, en consecuencia, se cumplen las premisas para que se nivelen a favor de los demandantes al salario que devenga el Abogado Gonzales puesto que la jornada y las condiciones de eficiencia también son iguales, por tanto en base al principio constitucional de “a trabajo igual corresponde salario igual sin discriminación alguna”, procede se declare la ilegalidad y subsecuente nulidad de las Resoluciones impugnadas.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que se aprecia la concurrencia de los elementos para determinar la desigualdad de oportunidades laborales para con los demandantes, en el sentido que si desempeñan la misma labor, en la misma jornada, tienen el mismo tiempo de servicio y las condiciones de eficiencias no son asimétricas, deben de tener el mismo salario; de las acciones de personal de cada uno de los demandantes se vislumbra fácilmente que todos tenían el mismo puesto de trabajo (asesor legal) y que con respecto al señor Pedro Antonio Gonzales, también asesor legal y con menor tiempo de servicio que los demandantes, existía una grave disparidad en cuanto al salario que devengaban, provocando inaceptablemente una desigualdad social, que está prohibida por la Constitución de la República. En ese sentido la relación de servicio existente entre el Estado de Honduras y sus servidores está regida por las Garantías Constitucionales y por la Ley de Servicio Civil; en consecuencia éstos tienen derecho, entre otros a: 1) En el plan de remuneración deberá prevalecer el principio de que a trabajo igual corresponderá un sueldo igual; 2) Una retribución justa, que permita al servidor subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia en el orden material, moral y cultural; 3) A recibir un trato justo y respetuoso en el ejercicio de su cargo y a su dignidad personal. Entiéndase que uno de los objetivos de la implementación de una carrera administrativa (que tiene como finalidad, entre otros, la protección del servidor), además de una mejor organización, consiste en clasificar los cargos para el establecimiento de un régimen uniforme de remuneraciones; de ahí que cada cargo o puesto de trabajo en el Régimen de Servicio Civil, debe de contener una nomenclatura que delimite el cargo, la clase, el grado, los deberes y responsabilidades y los requisitos más importantes para el desempeño de cada cargo; en el caso de autos se evidencia que no se ha respetado ni la finalidad de la implementación de una carrera administrativa y tampoco se ha respetado el manual de clasificación de cargos, que no fue probado en autos, por tal motivo no existe uniformidad de remuneración entre los demandantes y el señor Pedro Antonio Gonzales.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogada EMMA RUTH BU CONTRERAS, en fecha veintiuno de junio de dos mil diecisiete, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.268-2016, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.340-2014 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha veintidós de junio de dos mil diecisiete, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogado ERNESTO ALONSO BOQUIN REYES, presentó en fecha ocho de agosto de dos mil diecisiete, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, los Abogados ERNESTO ALONSO BOQUIN REYES y EMMA RUTH BU CONTRERAS, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha once de septiembre de dos mil diecisiete, teniendo por personados a los Abogados EMMA RUTH BU CONTRERAS, como recurrente y ERNESTO ALONSO BOQUIN REYES, como recurrido, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Se acusa a la sentencia impugnada por falta de aplicación del Artículo 207 numeral 2) del Código Procesal Civil, que regula los requisitos internos de la sentencia, en cuanto a que la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y razón. En relación con el Artículo l28 numeral 3) de la Constitución de la República. Además se alega el control de la motivación fáctica de la sentencia para determinar bajo el análisis adecuado y razonable del material probatorio, por parte del juzgador de instancia un fallo en un sentido diferente al impugnado. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en los artículos 719.1 inciso c) relacionado con el 720 numeral 2) del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO. El ARTÍCULO 207 del Código Procesal Civil prescribe en su numeral 2) lo siguiente: “La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón”. En el presente caso se ha producido en la sentencia impugnada una evidente falta de aplicación del Artículo 207 en su numeral 2) del Código Procesal Civil, a razón de que en los fundamentos de derecho numeral Sexto (6) de las sentencia se expone que para decidir se acudió al conjunto de pruebas aportadas, sin embargo, no se realiza un razonamiento lógico sobre cada una de las pruebas aportadas argumentándose un trato desigual y disparidad en el salario que devengaba por los demandantes con el señor Pedro Antonio Gonzales por parte del juzgador, omite realizar una motivación lógica sobre los medios de prueba aportados al proceso específicamente los que constan a folios 95 y 97 de la primera pieza de autos, lo cual hubiera determinado que el puesto desempeñado por el abogado Pedro Gonzales no es el mismo que despeñaban los demandantes, que no era asesor legal, que se desempeñaba como en forma funcional en la unidad de servicios legales en el tiempo que recibió los aumentos, que no tiene la misma antigüedad en el servicio que los demandantes e inclusive lo resultado del auto para mejor proveer emitido por el A-Quo, determina que los incremento realizados al Abogado ya mencionado son distintos a los demandantes, por ende el ad-quem omite realizar un análisis y razonamiento sobre dichos medios de prueba cuya incidencia determina un sentido diferente al fallo.”.- 2. Que el anterior cargo resulta ser inadmisible, ya que el Recurrente incurre en el siguiente defecto técnico: se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo dispuesto en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Además no se demuestra la falta de aplicación del artículo 707 numeral 2) del Código Procesal Civil, ya que el Tribunal recurrido al confirmar la sentencia de primera instancia, ha hecho suyos todos sus fundamentos y pronunciamientos.- 3. Que en un segundo motivo se aduce: “Se impugna la sentencia recurrida por falta de aplicación del Artículo 207 numeral 1) del Código Procesal Civil, en relación con el Artículo 200 numeral 2) literal c) del mismo estamento jurídico y Artículo 82 de la Constitución de la República. En relación al control en la insuficiente motivación fáctica de la sentencia impugnada. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se halla comprendido en el artículo 719.1.c) causales del Recurso, del Código Procesal Civil, en la parte que dice: “c) forma y contenido de la sentencia. En relación con el artículo 720 numeral 2) del Código Procesal Civil. ARTICULO 207 (CPC). Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. ARTICULO 200 (CPC) CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1. Las sentencias serán motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente: ….c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. EXPLICACION DEL MOTIVO. En el fallo impugnado la motivación del mismo es insuficiente, porque no existen razonamientos fácticos y jurídicos sobre los presupuestos en que funda su sentencia el Tribunal requerido. Existe insuficiencia en la motivación, pues la exigua que existe en la sentencia verdaderamente no incide en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, tanto considerados individualmente como en su conjunto, como lo exige el Artículo 207.1 del Código Procesal Civil. Como fácilmente se puede apreciar la sentencia recurrida no desarrolla la exigencia que integra la motivación, ya que el Ad Quem no cumplió en su sentencia con el requisito consignado en el Artículo 207 numeral 1) en relación con el Artículo 200 del Código Procesal Civil al no haberse llevado a cabo un razonamiento lógico en el fallo impugnado, sino que simplemente se limitó a citar las disposiciones legales que en su criterio son los que sustentan la sentencia dictada y que llevaron a confirmar por parte del Ad Quem, la sentencia de Primera Instancia. EL objeto de impugnación mediante el presente Motivo, no logra acertar los motivos que le conllevaron al dictado de la misma, pues su sentencia se limita a señalar artículos propios de la Constitución de la República y de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, pero sin explicar el razonamiento de su interpretación propia del mismo, sin tomar en cuenta los criterios ni razonamiento sobre las y la prueba aportada por la parte demandada, el juzgador no puede dejar de motivar su sentencia con la razones adecuadas y lógicas, cuando las partes lo que esperan es una debida motivación suficiente para poder argumentar lo necesario en los recurso que autoriza la ley de conformidad al derecho de defensa consignado en la Constitución de la República. Honorables Magistrados, el Código Iberoamericano de Ética Judicial, en su Capítulo III de la Parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del Juez (a), el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los Jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El deber de motivar adquiere una intensidad máxima en materia de Derecho, ya que no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe de señalar porque una norma legal debe de regir un caso concreto. Ahora bien, ordena el Artículo 207 numeral 1) del Código Procesal Civil que las sentencias deberán ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el Artículo 200 del mismo cuerpo legal, así pues la falta de una motivación COMPLETA se traduce en el vicio in procedendo por insuficiente motivación, y la falta de una motivación EXPRESA se traduce en el vicio in procedendo de Carencia de Motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia. En el caso particular la sentencia recurrida solo se hace la cita de las normas legales, sin ninguna explicación del porque éstas están vinculadas al caso concreto hace incurrir al sentenciador en el Motivo Procesal invocado, y por ende hace procedente la admisión del presente Motivo de Casación, quedando así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada. Así las cosas, la sentencia recurrida no está provista de los elementos necesarios que permiten examinar y analizar las razones de la que normalmente se valen las decisiones como medios legítimos de la función jurisdiccional, ya que la Corte recurrida ha infringido esa relación del precepto procesal citado en el enunciado de este motivo. De esa manera, queda así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada.”.- 4. Que el anterior cargo resulta ser inadmisible, ya que el Recurrente incurre en el siguiente defecto técnico: se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo dispuesto en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Además no se demuestra la falta de aplicación del artículo 207 numeral 1) del Código Procesal Civil, ya que el Tribunal recurrido al confirmar la sentencia de primera instancia, ha hecho suyos todos sus fundamentos y pronunciamientos.- 5. Como tercer motivo de casación el Impetrante sostiene: “Se acusa la sentencia impugnada por interpretación errónea del Artículo 128 numeral 3) de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 716 numeral 1) del Código Procesal Civil. Nuestra carta magna establece que una de las condiciones para gozar de igualdad salarial, es la que establece que el tiempo de servicio debe ser también igual, por lo pronto, dicha norma establece: “A trabajo igual corresponde salario igual sin discriminación alguna, siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio sean también iguales” (el subrayado es nuestro). PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO. La Corte Sentenciadora en los fundamentos de derecho quinto y sexto de su fallo, le dan un alcance equivocadamente a la precitada disposición, en el sentido de que al tener menor antigüedad el Abogado Pedro Gonzales en el puesto de Asesor Legal con relación a los demandantes, y un salario mayor a estos, derivada indefectiblemente de una violación al Principio de Igualdad salarial; en ese sentido, la Corte de Apelaciones parte de una interpretación no armónica del término “tiempo de servicio igual”. Este concepto debe entenderse que se refiere al tiempo total que una persona lleva laborando dentro de una misma institución, independientemente de los puestos anteriores, por el sistema de méritos. No es posible sostener un argumento como el esgrimido por la Corte recurrida, porque equivaldría a que una persona solo gozaría de sus prestaciones laborales a partir de su último puesto salarial o se iniciaría un nuevo cómputo de sus vacaciones con cada nueva asignación, lo cual viola el Principio de Primacía de la Antigüedad. En este aspecto, vale adicionar a manera ILUSTRATIVA que el Código del Trabajo al referirse al derecho de vacaciones utiliza un término similar: “… trabajo continuo al servicio del mismo patrono…” (Artículo 346 CT ab initio), sin soslayar otro articulado en ese mismo orden de ideas. Por lo antes expuesto Honorables Magistrados, queda claro que el legislador cuando incluyó este término en el Artículo 128 numeral 3) de la Constitución de la República, lo hizo en referencia a todo el tiempo de servicio de una persona para un mismo patrono, sea este privado o el mismo Estado, máxime cuando en el sistema de administrativo se debe respetar los méritos del servidor público. De lo cual se colige que el alcance dado por el ad-quem al artículo precitado es errónea, al respecto este Tribunal, debe admitir el presente motivo y casando la sentencia debe corregir el cometido en la sentencia impugnada al interpretarse equivocadamente el artículo precitado para efectos de protección a la ley y uniformar la jurisprudencia, debe dejar establecido, que la antigüedad del servidor público se refiere a toda la vida de servicio público no en función de un puesto de trabajo determinado como erradamente lo entendió la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en su sentencia impugnada.”.- 6. Que el cargo que antecede se incurren en los siguientes defectos técnicos: a) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo dispuesto en el artículo 704 del Código Procesal Civil; y, b) en el desarrollo se alude al artículo 346 del Código del Trabajo, disposición que no corresponde a esta materia.- 7. Que el Censor del fallo pide subsidiariamente la nulidad de la sentencia impugnada, bajo el siguiente señalamiento: “La sentencia impugnada adolece de incongruencia ya que en el numeral OCTAVO de los fundamentos de la sentencia el Tribunal de Alzada expresa que existido “EXCESO DE PODER” cuando afirma que “… los actos administrativos impugnados se emitieron con exceso de poder al existir una contradicción no justificada de los actos administrativos hoy impugnados con otros anteriormente dictados” figura que no fue alegada en la demanda como pretensión de conformidad al Artículo 208 del Código Procesal Civil. Además el Ad quem se limita a señalar que los actos administrativos impugnados están emitidos en “abierta infracción del ordenamiento jurídico” y que se encuentra “contundentemente probado que la Secretaría de Finanzas ha concedido con anteriores reclamos, nivelación salarial, en ese sentido se hace necesario señalar a este Honorable Tribunal de Casación que mi representada nunca ha manifestado conformidad sobre tal uso o costumbre, como lo pretende hacer ver la Sentencia de la Corte hoy recurrida, mi representada nunca ha reconocido tal situación, de tal suerte que el razonamiento de la Corte recurrida, es totalmente ilógico y ante un razonamiento de tal índole, la conclusión es, también ilógica, es decir, da un sentido diferente del fallo que debería haber sido, que era de declarar sin lugar la demanda. El juzgador en su razonamiento ilógico establece la existencia de un vínculo jurídico obligatorio entre mi representada y los demandantes, en base a usos y costumbres no definidas ni especificadas ni probadas en la sentencia dando a estos supuestos actos de mí representada un valor jurídico vinculante entre partes, como si fuese un contrato; o lo que es peor, las utiliza como norma generadora de responsabilidad. Razonamiento ilógico que induce al juzgador a establecer un nexo causal que genera la responsabilidad de mi representada, dando lugar con este razonamiento incorrecto a que se emitiera un fallo totalmente distinto al que tuve que haberse emitido, razón por la cual el razonamiento del Juzgador en lo que se refiere a este numeral, es ilógico. 2. IRRACIONALIDAD DEL JUZGADOR FRENTE A LA AUSENCIA DE UNA RELACIÓN JURÍDICA CON LA DISPOSITIVA DEL FALLO: La sentencia que se impetra lo constituye la dictada en segunda instancia por el Tribunal Ad Quem, que en su parte dispositiva expresa, confirmar la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa. La irracionalidad de la Corte de Apelaciones se fundamenta en que la misma arbitrariamente en la parte resolutiva la Corte recurrida no dijo nada de lo que expuso en la fundamentación jurídica, olvidando que lo que se ejecuta en esa parte resolutiva y no las motivaciones, creando una situación perjudicial para mi presentada, en vista de que si tal situación no se especifica en la sentencia, no podría posteriormente cuando sea firme, por lo que el Ad Quem hace relación expresa a una condena sin sustento, en violación a los límites más elementales del raciocinio, quedando claramente evidenciado que las conclusiones que extrajo el tribunal Ad Quem de las pruebas, fue efectuada en una forma irracional e ilógica, llevando al Juzgador a conclusiones contrarias a la racionalidad y que no corresponden a los más elementales criterios de la lógica, incurriendo en la infracción señalada y que se ve reflejada en la sentencia que hoy se recurre. Honorable Tribunal habiendo establecido con claridad y precisión la infracción cometido por el Ad Quem al dictarse la sentencia corresponda en derecho admitir y estimar el presente motivo.”.- 8. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ha ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, estudiado el mismo éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, así como que el fallo cumple las exigencias necesarias para su eficacia; en adición, algunos de los conceptos o argumentos de la solicitud de nulidad pudieron haber sido expuestos por las causales del recurso, debidamente estructuradas; en consecuencia, no procede la nulidad alegada de forma subsidiaria.- 9. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- 10. En resumen, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. También el artículo 701 numeral 1) del referido Código, en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 35, 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN LUGAR LA NULIDAD SUBSIDIARIA SOLICITADA. 4) SIN COSTAS, por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 5) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEA VALLE.-NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días de mes de diciembre del dos mil dieciocho; certificación de la resolución de fecha trece de noviembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 441-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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