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Sentencia CA-327-16 — Registro 7338

Resumen

En segunda instancia se revoca la sentencia dicatda por el aquo, bajo el criterio que, al hacerse nuevos pedidos, se hicieron con la suscripción de nuevos contratos, por ser trabajos distintos al establecido en el contrato no. 166-83.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) no indica si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) en el desarrollo del cargo aduce al control de la motivación fáctica, circunstancia que no ha desarrollado en la formulación del cargo; y, d) formula alegatos propios de instancia"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) no indica si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) en el desarrollo del cargo aduce al control de la motivación fáctica, circunstancia que no ha desarrollado en la formulación del cargo; y, d) formula alegatos propios de instancia"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..." Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- X. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta Resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los tres días del mes de abril de dos mil dieciocho, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y ALMA CONSUELO GUZMAN GARCÍA, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: La Empresa Mercantil FOTOMETALIZADORA HONDUREÑA, S.A De C.V., representado en juicio por el Abogado MIGUEL ANTONIO CASTILLO GAMERO; y, Recurrido: La ALCALDIA MUNCIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, representado en juicio por el Abogado WILMER ANTONIO NUÑEZ CABRERA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para el pago de lucro cesante, daños y perjuicios más costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por la Empresa Mercantil FOTOMETALIZADORA HONDUREÑA, S.A De C.V, contra la ALCALDIA MUNCIPAL DEL DISTRITO CENTRAL.- I. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que el Consejo Metropolitano, mediante licitación pública número 01N del dos de mayo de mil novecientos ochenta y tres, puso a disposición de los oferentes, la fabricación de metal para la numeración de casas de habitación, calles y avenidas de las diferentes colonias y barrios de los sectores que conforman el Distrito Central, conforme acuerdo emitido por el Consejo Metropolitano del Distrito Central, ganando la licitación mencionada suscribiendo un contrato de suministros en fecha ocho de septiembre de mil novecientos ochenta y tres, mediante el cual solicita la fabricación de placas de metal para la numeración de estructuras y designación de nombres de vías, con una vigencia indefinida; mediante dictamen G.L.126-2002 de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dos, en el cual expresa en el párrafo tercero “la documentación analizada y que se refiere al oficio No SCMDC-285-83 del 22 de junio de 1983 y contrato No. 166-83, y contrato número 166-83 del ocho se septiembre de 1983, nada establecen en cuanto al número específico de productos que deben entregarse, por lo que debe de considerarse que si aún no se ha ejecutado el mismo en cuanto a la cláusula primera del contrario este se encuentra en vigencia de acuerdo a derecho.” en fecha once de diciembre de dos mil tres, se emitió una opinión legal por parte del Gabinete Legal de la ALCALDIA MUNCIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, estableciendo que se debe respetar la vigencia del contrato del ocho de septiembre de 1983, por no haber sido resuelto formalmente y porque se trata de trabajos especiales; que debe firmarse un contrato de suministros por los subsiguientes pedidos que ordene la Municipalidad, debiendo el proveedor justificar el costo en base a la cantidad ordenada por el departamento de Metroplan, en fecha veinte de abril de dos mil siete el Gerente de la municipalidad le notificó al Gerente de la empresa que ya no se seguiría el contrato suscrito, en virtud que dicho contrato no fue aprobado por el Congreso Nacional, en base a lo establecido en el artículo 205 numeral 19) de la Constitución de la República, violentando lo pactado en los contratos causando daños y perjuicios.- 2. La parte demandada, la ALCALDIA MUNCIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, contestó dicha demanda señalando que no existe la vigencia indefinida alegada ya que en los contratos acordados en ninguno se hace mención al contrato no. 166-83 que dio origen, convirtiéndose en contratos de suministros diferentes no existiendo obligatoriedad por parte de la demandada.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de mayo de dos mil quince, dictó sentencia declarando con lugar la acción incoada; anulando el acto administrativo impugnado; reconociendo la situación jurídica individualizada a la demandante y ordenando a la ALCALDIA MUNCIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, el cumplimiento de sus obligaciones contenidas en el contrato no. 166-83; no se reconocen los daños y perjuicios solicitados y sin costas; bajo el criterio que para la terminación del contrato debe ser exclusivamente el Alcalde Municipal, haciéndolo otra persona ajena a tal función; en el presente caso, como el contrato nada dice se entiende que el mismo es de manera continua y periódica en tanto el objeto del contrato es la fabricación de placas de metal para la numeración de estructuras y placas para la designación y nombre de vías en la ciudad capital sin que conste que se ha terminado de cumplir el contrato a través de las respectivas órdenes tal como se contempló en la cláusula novena del contrato.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha cinco de febrero de dos mil dieciséis, dictó sentencia REVOCANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que, al hacerse nuevos pedidos, se hicieron con la suscripción de nuevos contratos, por ser trabajos distintos al establecido en el contrato no. 166-83, en distintos sectores, finalizando con lo pactado, al no probarse lo contrario.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado MIGUEL ANTONIO CASTILLO GAMERO, en fecha seis de mayo de dos mil dieciséis, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha cinco de febrero de dos mil dieciséis, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.0302-2015, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.118-2013 del Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-Quem, mediante providencia de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 5. La representación procesal de la parte recurrida, Abogado WILMER ANTONIO NUÑEZ CABRERA, presentó en fecha veintiuno de abril de dos mil dieciséis, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas tres y veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, los Abogados MIGUEL ANTONIO CASTILLO GAMERO y WILMER ANTONIO NUÑEZ CABRERA, respectivamente.- 6. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veintiuno de junio de dos mil dieciséis, teniendo por personados a los Abogados MIGUEL ANTONIO CASTILLO GAMERO, como recurrente y WILMER ANTONIO NUÑEZ CABRERA, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer motivo manifestando lo siguiente: “Este impetrante, encuentra su primera causal o motivo de casación, en el artículo 719, numeral 1, literal c) del Código Procesal Civil, que señala como causal del recurso de casación: “LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA”. En virtud que este censor estima, que en la sentencia impugnada se vulnera, el precepto contenido en el artículo 206 en el numeral 1 del Código Procesal Civil, que al tenor establece: Artículo 206. CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD. 1. Las sentencias deben de ser claras, precisas y exhaustivas. El concepto por el cual el casacionista entiende, se ha cometido la infracción en el precepto contenido en el numeral 1, del artículo 206, y de qué modo afectó, a la cuestión objeto del proceso: LO EXPLICO ATENDIENDO SU RATÍO, de la siguiente forma: Sala de lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Honorable Corte Suprema de justicia, los pronunciamientos proferidos por el Ad-Quem, en la sentencia censurada son los que dicen que: CONSIDERANDO (7) plasmado en la sentencia recurrida que se impugna y que a pie juntillas, se pronuncia en el sentido que: Que el contrato número 166-83, cuyo Restablecimiento se pretende por la presente acción claramente establece en su cláusula primera cual será el trabajo que deberá de realizar el contratista, siendo este la fabricación de placas de metal para la numeración de estructuras y para designación y nombre de vías para el sector once, estableciendo en forma clara el precio de dicho contrato y el plazo de entrega tal como lo establece la ley de contratación del Estado para el caso de la ejecución de los contratos de suministros como lo es el presente; en consecuencia, si bien es cierto, en el mismo no establece fecha exacta de vigencia del contrato, sí establece el trabajo que debe realizarse, el plazo para realizar el mismo y el pago que debe de efectuarse, por lo cual , al haberse realizado el pago pactado y la cantidad de placas señaladas en el mismo dicho contrato se cumplió y finaliza su vigencia. Al contrario sensu, el considerando número (8) que al tenor establece: Que sí bien es cierto, el mismo contrato también establece que se podrán ordenar nuevos pedidos mediante la solicitud de suministro y la orden de compra correspondiente en base a los precios establecido en la licitación no es menos cierto, que al hacerse nuevos pedidos se hicieron con la suscripción de nuevos contratos por ser trabajos distintos al contrato 166-83, en distintos sectores tal como así consta de autos a folios 138 al 145, 243 y 245; en consecuencia, dicho contrato finalizó con lo pactado, al no probarse lo contrario. De la falta de claridad de la Sentencia: Para los juristas españoles, JUAN MONTERO AROCA y JOSÉ FLORS MATÍES, el caso más claro de falta de claridad en una sentencia es aquél en el que la sentencia contiene pronunciamientos contradictorios. (Véase, STS 24/9/1998.TRATADO DE RECURSOS EN EL PROCESO CIVIL, segunda edición, página 585). Dichos pronunciamiento no son claros, pues el tribunal de alzada no expresa los razonamientos fácticos y jurídicos que deberían de constituir la motivación fáctica de la sentencia cuya existencia es muy pobre en esta resolución, sumado a ello, su racionalidad y carácter lógico es inexistente, explico: Nótese, Sala de lo Laboral y Contencioso Administrativo, que el Tribunal Ad Quem claramente indica en su considerando 7 que el contrato 16683, NO ESTABLECE FECHA EXACTA DE VIGENCIA (ENTIÉNDASE EN TODO EL CONTENIDO DEL CONTRATO NO HAY FECHA DE TERMINACIÓN DEL MISMO), NO OBSTANTE, EN EL CONSIDERANDO 8 EL AD QUEM, SE CONTRADICE EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL CONTRATO YA QUE QUIERE RELACIONAR NUEVOS CONTRATOS FIRMADOS COMO QUE FUERAN TOTALMENTE INDEPENDIENTES DEL CONTRATO 16683, LO CUAL COLISIONA TODA RACIONALIDAD EN VIRTUD QUE TODOS LOS CONTRATOS SUCESIVOS AL CONTRATO 166-83 FUERON CELEBRADOS EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 9 DEL CITADO CONTRATO, Y RESPALDADO LA VALIDEZ Y VIGENCIA DEL MISMO POR EL OFICIO NUMERO GL-12341-AMDC- 2003, DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2003, QUE OBRA EN EL CASO SUBJUDICE BAJO FOLIOS DEL 36 AL 42, LO QUE, ARROJA A TODA LUCES LA FALTA DE RACIONALIDAD Y CARÁCTER LÓGICO DE LA SENTENCIA TRAÍDA POR ESTE RECURRENTE EN CASACIÓN. De la falta de precisión de la Sentencia: Los letrados ibéricos, JUAN MONTERO AROCA y JOSÉ FLORS MATEES, han definido en su doctrina, que la precisión debe de entenderse referida, a la imposibilidad de que la pretensión acabe únicamente en una sentencia meramente declarativa, sin que en la misma se establezca de forma precisa su alcance. (Véase, STS 13/2/1997. TRATADO DE RECURSOS EN EL PROCESO CML, segunda edición, páginas, 585 y 586). Dichos pronunciamientos no son precisos, porque no resuelven los extremos alegados y probados por las partes, EXPLICO: Véase, que en la sentencia del Tribunal Ad Quem, la suficiencia, racionalidad y carácter lógico, de su juicio de razonabilidad es poco existente y las huellas del mismo son totalmente contrarios a la lógica; en el cuerpo de la sentencia no hay en sus considerandos ese juicio de racionalidad requisito sine qua non, de toda resolución, a tales efectos basta con señalar todo el material probatorio que jamás fue objeto de motivación en la sentencia recurrida y es por ello que se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia, de esta Sala de lo Laboral y Contencioso Administrativo. ”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) no indica si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) en el desarrollo del cargo aduce al control de la motivación fáctica, circunstancia que no ha desarrollado en la formulación del cargo; y, d) formula alegatos propios de instancia.- III. Que el Recurrente en un segundo motivo arguye: “Este impetrante, encuentra su segunda causal o motivo de casación, en el artículo 719, numeral 1, litera) c) del Código Procesal Civil, que señala como causal del recurso de casación: “LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA”. En virtud que este censor estima, que en la sentencia impugnada se conculca, e) precepto contenido en el numeral 3 del artículo 206 del Código Procesal Civil que al tenor establece: Artículo 206. CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD. 3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. De la falta de Exhaustividad de la Sentencia: Para, el Doctor en Derecho y Jurisprudencia, DIEZ- PICAZO GIMÉNEZ, debemos de entender que la exhaustividad se refiere, en su perspectiva negativa, a la falta de pronunciamiento sobre alguno de los puntos que haya sido objeto de debate entre las partes en el proceso, con lo que con esa omisión se vulnera un requisito de contenido de la sentencia. (Véase, TRATADO DE RECURSOS EN EL PROCESO CIVIL, segunda edición, páginas, 586 y 587). Dicho pronunciamiento no es exhaustivo, pues, el tribunal Ad Quem, no se pronuncia sobre todas las pretensiones de las partes, verbigracia, uno de los puntos objeto del debate entre las partes, es la pretensión del demandante-recurrente, a que se le pague el LUCRO CESANTE, por la cantidad de Treinta y Tres Millones Trecientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Lempiras (L 33,376,400.00), punto objeto de) debate que ni siquiera tuvo la delicadeza el Tribuna) Ad Quem, en Considerar en la sentencia impugnada.- El concepto por el cual el casacionista entiende, se ha cometido la infracción al precepto contenido en el numeral 3, del artículo 2O6y de qué modo afecté, a la cuestión objeto del proceso: LO EXPLICO ATENDIENDO SU RATIO, de la siguiente forma: Sala de lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, el petitorio del plan de la demanda contempla dos puntos o pretensiones uno la Restitución del contrato de suministro número 166-1983 y el otro el pago de) lucro cesante por la cantidad de Treinta y tres Millones Trecientos setenta y seis mil cuatrocientos lempiras (L33,376,400.00). La sentencia recurrida tiene en su cuerpo 11 considerandos y una parte dispositiva y no existe de principio a fin en la misma párrafo alguno que trate de motivar racional y lógicamente el petitorio referente al lucro cesante, vasta que deis una lectura detenida a la sentencia para que esta Sala de lo Laboral y Contencioso Administrativo, acredite este yerro inprocedendo contenido en la resolución traída en casación. Para probar tal extremo, en su momento procesal esta parte casacionista, acredito prueba documental, que corre a folios 62,63 del caso sub-juice, la cual nunca fue objeto por parte del Ad Quem, de un juicio racional y lógico pues en su fallo nunca se pronunció sobre dicho petitorio. Al no hacer, el Ad Quem, en su sentencia, la debida separación de los pronunciamientos sobre cada uno de los puntos objeto del litigio, esto ha incidido en la sentencia y la ha viciado, al conculcar las normas que informan el contenido de las sentencias, al carecer la misma de exhaustividad, genere en la sentencia del Ad Quem, la causal o motivo de casación, que este recurrente, pide sea recibido a bien, por parte de la Sala de lo Laboral y Contencioso Administrativo, de la Honorable Corte Suprema de Justicia”.- IV. Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) no indica si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) es visto que la sentencia ha establecido los pronunciamientos conforme a las pretensión deducida declarando improcedente la acción por lo que los argumentos del Impetrante son meros alegatos de instancia.- V. El Censor en un tercer motivo manifiesta: “Este impetrante, encuentra su tercera causal o motivo de casación, en el artículo 719, numeral 1, literal c) del Código Procesal Civil, que señala como causal del recurso de casación: “LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA”. En virtud que éste recurrente, estima, que en la sentencia impugnada se ultraje, el precepto contenido en el numeral 1 del artículo 207 del Código Procesal Civil, que al tenor establece: se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de Das pruebas, así corno a Da aplicación e interpretación del Derecho. El concepto por el cual el casacionista entiendo, se ha cometido la infracción al precepto contenido en el numeral 1 del artículo 207, y de qué modo afectó, a la cuestión objeto del proceso: LO EXPLICO ATENDIENDO SU RA TÍO, de la siguiente forma: Sala de lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Honorable Corte Suprema de Justicia, el tribunal Ad Quem, en la sentencia censurada se pronuncia en el siguiente sentido: Considerando número (9) que indica: Que sin perjuicio de lo señalado en los considerandos que anteceden, la ley de procedimiento administrativo establece que el acto administrativo es nulo de pleno derecho, entre otros casos, cuando ha sido dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido; en el caso de autos a partir del año 1986 ,el contrato relacionado es nulo de pleno derecho al haberse prescindido del procedimiento señalado en el artículo 205 numeral 19 de la constitución de (a Republica por lo que el mismo no puede Restablecerse ni seguir aplicándose por ser nulo de pleno derecho. Y el considerando (10) indica: Que en cuanto a lo alegado por la parte demandante que la terminación del relacionado contrato fue acordado por funcionario no competente es improcedente esto porque de acuerdo a los términos del mismo este ya no tenía vigencia y desde el año 1986 era nulo de pleno derecho informándose dicha circunstancia al demandante. Veamos, la falta de carácter lógico de la sentencia: De conformidad al considerando (9) de la sentencia el carácter lógico de la sentencia está fuera de toda coherencia jurídica, en virtud que el AD QUEM, considera nulo de Pleno Derecho, el contrato 166- 83 fundamentando su decisión en que se prescindió del trámite legal respectivo; adviértase Sala de lo Laboral y Contencioso Administrativo que el juzgador de segunda instancia invierte la lógica, pues el acto administrativo demandado y declarado nulo por el A QUO, es porque en el mismo no se siguió el trámite administrativo que manda la Ley de Municipalidades tal como lo informa el artículo 43: “Las facultades de administración General y Representación legal de la Municipalidad corresponden al Alcalde Municipal”. Ahora bien, cuales es el juicio lógico jurídico que ejerce el AD QUEM, cuando siendo de su conocimiento que el acto del cual se ha demandado su nulidad y fue decretada por el A QUO, es porque la Resolución número 7 emitida por la Corporación Municipal del Distrito Central de fecha 24 de Mayo del 2011, fue declarada nula, por haber sido emitida infringiendo claras disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, sumado a ello quien firma el acto impugnado, es el Gerente General de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, véase el folio 53 del expediente demento y no el Alcalde como lo señala la Ley de Municipalidades. No obstante esto, como sacado de una película de terror el AD QUEM, obviando todo juicio lógico, basa una supuesta nulidad del CONTRATO y no del acto administrativo en el artículo 205 numeral 19 de la Constitución de la Republica. Veamos, la falta de Racionalidad de la Sentencia impugnada Sala de lo Laboral y Contencioso Administrativo, la falta de racionalidad la explico así: Según el Ad QUEM, en su considerando (10) establece entre otras irracionalidades, que el Contrato 166-83 era nulo de pleno Derecho desde el año 1986, y que el mismo ya no tenía vigencia. Nótese, Sala de lo Laboral y Contencioso Administrativo, que el contrato 166-83 nunca tuvo termino de vigencia Tal como el Mismo AD QUEM, lo reconoce en su considerando (7) al decir: “que el contrato no establece fecha exacta de vigencia”, esto no tiene fundamento racional en virtud que obra acreditado indubitadamente a folios del 20 al 23 el contrato 166.83, donde basta dar lectura al mismo para constatar que no tiene fecha de término.-. Así, las cosas el AD QUEM, hace gala de su irracionalidad en la sentencia en el considerando 8 al establecer: “Que al hacerse nuevos pedidos se hicieron con la suscripción de nuevos contratos, por ser trabajos distintos al contrato 166-83, en distintos sectores, in fine ...“, olvida el AD QUEM, que dichos contratos se celebraron tomando como fundamento la cláusula 9 del contrato 166-83 y como si fuere poco dicho fundamento contractual, el Jefe del Departamento legal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, en oficio número GL-12341-AMDC-203 de fecha 11 de Diciembre del 2003, reconoce la vigencia y las efectos contractuales del mismo documento que obra acreditado en folios del 36 al 42, de la simple lectura del citado documento el AD QUEM podía arribar que los nuevos contratos que el Tribunal de Alzada flama en su considerando(8) son producto de la vigencia del contrato 166-83 y de la aplicación de la cláusula 9 del citado instrumento. No observa este recurrente que la sentencia tenga una motivación racional, realmente no se observa su existencia, por lo up-supra indicado, este censor entiende que la motivación fáctica de la sentencia no es suficiente, no es racional y no tiene carácter lógico. Veamos, la falta de suficiencia de la Sentencia Impugnada Sala de lo Laboral y Contencioso Administrativo, el AD QUEM, funda su sentencia en la nulidad absoluta del contrato 166-83, y en ese sentido valida un acto administrativo emitido por una persona que no tenía las facultades para dar por cancelado el contrato 166-83, pues dicho acto solo es competencia de acuerdo a la ley de Municipalidades en su artículo 43 del Alcalde Municipal y no del Gerente General de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Funda el AD QUEM su sentencia en una nulidad absoluta, que nunca fue decretada por un órgano jurisdiccional, y confunde la nulidad absoluta del contrato 166-83, con la nulidad del acto administrativo peticionado por el actor recurrente y que acertadamente el A QUO lo reconoció como un acto nulo. La inexistencia de una Motivación Fáctica, suficiente, racional y con carácter lógico de la sentencia traída en recurso de casación, nos obliga a peticionar a la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, que realice el Control de la Motivación Fáctica de la Sentencia, en virtud de todo lo de los errores in procedendo, clara mente cometidos en la forma y contenido de la sentencia. Al no apreciar la probanza, en forma individual y en su conjunto, el tribunal de alzada hizo suyo, el error in judicando, consistente dicho yerro; en la no apreciación y lógicamente a la falta de valorización de pruebas que obran en el proceso y el hecho fáctico, que esa falta de estimación, apreciación y valorización, preña a la sentencia del Ad Quem, de falta del juicio fáctico, que lleva al Juzgador de instancia, a conformar la base fáctica de la pretensión, de modo que los aspectos atinentes a la distribución de la carga de la prueba y la aplicación de las reglas que ¡a disciplinan, el nulo juicio del Ad Quem, resultante de la no aplicación de esas reglas y principios que rigen la valoración, de los diferentes medios de prueba y de ésta en su conjunto, y que en forma cándida se observa su falencia en la Sentencia, censurada; da sustrato en demasía para que esta, Sala de lo Laboral y Contencioso Administrativo , de la Honorable Corte Suprema de Justicia, de recibo a esta causal o motivo de casación; puesto que habida cuenta de lo up-supra indicado la sentencia resulta totalmente inmotivada y violatoria del precepto que este casacionista considera ultrajado. (Véase, ATS 9/12/2003, página 698, TRATADOS DE RECURSOS EN EL PROCESO CML, SEGUNDA EDICIÓN).”.- VI. Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) no indica si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) falta a la claridad y precisión que debe contener el cargo, aduce por una parte aspectos de motivación del fallo impugnado, sin embargo alega la falta de carácter lógico, todo lo cual provoca confusión en su explicación; y, d) formula alegatos de instancia; por las razones expuestas no es procedente su admisión.- VII. En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el Recurrente debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.- VIII. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IX. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- X. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta Resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace mérito, en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO. COORDINADORA. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro días del mes de mayo del dos mil dieciocho; certificación de la resolución de fecha tres de abril de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 327-16.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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