Sentencia CA-310-16 — Registro 7153
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción , en segunda instancia se confirma la sentencia, bajo el criterio que la demandante solicitó se emitieran los certificados de operación correspondientes, lo cual no le fue resuelto dentro de los términos que establece la Ley de Procedimiento Administrativo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por las razones siguientes; a) se es impreciso en el precepto autorizante, ya que se indica lo numerales 1) literal b) y 2 del Código Procesal Civil, que contienen causales distintas de violación a la ley; b) se insta la revisión y la interpretación de los hechos y la valoración de las pruebas lo cual le es vedado a este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) se realizan en la explicación extensos alegatos de instancia, lo cual es inapropiado en este recurso extraordinario.- "
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por las razones siguientes; a) se es impreciso en el precepto autorizante, ya que se indica lo numerales 1) literal b) y 2 del Código Procesal Civil, que contienen causales distintas de violación a la ley; b) se insta la revisión y la interpretación de los hechos y la valoración de las pruebas lo cual le es vedado a este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) se realizan en la explicación extensos alegatos de instancia, lo cual es inapropiado en este recurso extraordinario.- "
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de febrero de dos mil dieciocho, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCION: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA; y, Recurrido: EMPRESA MERCANTIL BLOQUES, MOSAICOS Y TRANSPORTE (BLOMAT S. DE R.L.), representando en juicio por la Abogada DELCY AGRIPINA OLIVIA GUIFARRO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se reconozca una situación jurídica individualizada que se ordene a La Dirección General de Transporte la remisión de certificados de operación, su renovación y renovación del permiso de explotación, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Francisco Morazán, por la empresa MERCANTIL BLOQUES, MOSAICOS Y TRANSPORTE (BLOMAT S. DE R.L.), contra El Estado de Honduras, por medio de la Procuraduría General de la República, por actuaciones de la Secretaria de Obras Publicas Transporte y Vivienda.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante expresó en el escrito de su acción, que poderdante fue legalmente autorizada por La Dirección General De Transporte dependencia de INSEP, para prestar el servicio público de personas en ruta internacional: Comayagua-Tegucigalpa-Danlí-Las Manos-Managua, República de Nicaragua, con permiso de explotación N° 26Z0001GUET4M3-Ñ, autorizándole doce unidades para ello. En fecha 23 de diciembre de 2009, solicitó ante La Dirección General de Transporte, modificación de Ruta precitada, habiéndose oído la opinión de los Departamentos de Estudios Económicos y Departamento Legal; señaló que dicha dirección emitió resolución administrativa favorable y extendió permiso de explotación N° 247103001 y bajo éste permiso se emitieron 3 certificados de operación N°: 20103000, 20103002, 20103001 y posteriormente se presentaron solicitudes para emitir certificados restantes de los cuales nunca se pronuncio la demandada. También manifestó el demandante que se han presentado solicitudes de renovación de estos certificados y del permiso de explotación y la demandada no ha dado respuesta alguna, en su lugar, la dirección general de transporte se dedicó a sancionar con multas a los motoristas y a la empresa por no portar con los certificados de operaciones, causando daños al prestigio de la empresa y es por esta razón que la demandante solicitada la nulidad del acto tácito o presunto.- 2. La parte demandada, El Estado de Honduras, contestó dicha demanda señalando que el permiso de explotación referido, así como de la solicitud de modificar dicho permiso de explotación, según la demanda no fue otorgada; sin embargo se puede apreciar fácilmente que fue el demandante quien no siguió el procedimiento legalmente previsto para la ejecución de dicha solicitud, pues el 21 de enero de 2010, no solicitó la pronta resolución de la misma y en su lugar acudieron al órgano superior a través de los recursos correspondientes. De igual manera plantea un alegato de Inadmisibilidad. Por otra parte la demandada señala que la presente demanda ha sido presentada fuera de los plazos respectivos pues el demandante no utilizó de manera correcta los mecanismos que el artículo 85 de la Ley de Procedimiento prevé para éste tipo de casos.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Francisco Morazán, en fecha ocho de octubre del año dos mil catorce, dictó sentencia declarando procedente la acción; bajo el criterio que en vista de lo estipulado en el artículo 84 de la Ley de Procedimiento Administrativo y siendo que la demandante impugna un Acto Denegatorio presunto, el punto de partida para determinar si en efecto ha operado el Acto negativo presunto alegado por el demandante, lo marca la petición y siendo que la presente petición tiene por objeto dar cumplimiento a la documentación requerida por la demandada para proceder con la Emisión de los Certificados de Operaciones solicitados mediante la resolución de fecha 21 de enero de 2010. Tomando como base, la disposición del artículo 84 letra a) de la Ley de Procedimiento Administrativo, siendo que lo que se iba a resolver se debía de resolver de plano en el fondo, pues la resolución del 21 de enero de 2010 ya le había otorgado un derecho a la demandante, La Dirección General de Carreteras únicamente contaba con 10 días para bien extender los certificados de operación solicitados convalidando la documentación requerida y presentada, o bien denegando la solicitud del 25 de mayo de 2010 improbando los documentos adjuntados por la demandante en aquel momento. Tomando en cuenta que el plazo del cual disponía La Dirección General de Transporte, para notificar la resolución del procedimiento que inició con el escrito del 25 de mayo de 2010, era de 10 días, el último día de dicho plazo fue el 6 de Junio de 2010. De autos no consta que la Administración haya resuelto dentro de dicho plazo en el fondo lo solicitado, en su lugar ha iniciado un trámite de nulidad oficiosa. Ante tal situación en fecha 27 de enero de 2011, la demandante, tal y como al efecto lo permite el artículo 85 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha presentado escrito de pronta resolución y transcurrieron 8 días sin que la resolución haya sido emitida. Si bien la demandada ha emitido autos en los que justifica la no emisión de la resolución a la espera del resultado del procedimiento de nulidad oficiosamente iniciado, la Ley no prevé esta circunstancia y obliga a la Administración demandada resolver lo que le ha sido peticionado independientemente de cualquier otro tramite. Por lo dicho, en efecto en el presente asunto ha operado una Negativa Ficta, con respecto a la petición de la demandante del 25 de mayo de 2010. Por otra parte de la revisión de los autos se encuentra que la demandante tiene un derecho declarado mediante la resolución de fecha 21 de enero de 2010, y si bien la misma resolución establece que previo a otorgar el certificado de operación de las 12 unidades, debe de presentar la revisión de las doce unidades, la misma demandada hubo otorgado inicialmente 3 Certificados de Operación, ver folios 91 al 93. Con respecto a éste requisito exigido, el demandante en fecha 25 de mayo de 2010 ha presentado un escrito cumplimentando el requisito de las boletas de revisión de las 12 Unidades. De dicha comparecencia únicamente consta que el peticionario ha cumplimentado 3 Boletas de Revisión de las Doce originalmente requeridas, ver folio 96 al 104. En cuanto a la causa de inadmisibilidad alegada en la contestación de la demanda, se señala que el demandante agotó la vía administrativa mediante la interposición del recurso de reposición contra la denegatoria presunta operada. Dicho recurso fue interpuesto en fecha 10 de abril de 2012. Más allá del análisis de si contra una denegatoria presunta es procedente o no interponer recurso alguno, lo cierto es que la Ley de Procedimiento Administrativo sí que lo permite en su artículo 85. En consonancia, el artículo 43 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo apunta en su último párrafo que transcurridos diez (10) días hábiles desde la interposición del recurso de reposición sin que se notificare su resolución, se entenderá desestimado y quedará expedita la vía contencioso administrativa. Los 10 días otorgados por la Ley, se vencieron en fecha 31 de Julio de 2012, siendo el día 1 de agosto de 2012 el primero de los 30 días para demandar el 1 de agosto de 2012 y el último día el 11 de setiembre de 2012. Si bien del presentado del Secretario del despacho se desprende que la demanda fue presentada el 31 de julio de 2012, es decir antes de que se agotará la vía administrativa, eso no abona al alegato de Inadmisibilidad planteado referente a que la demanda ha sido presentada fuera de los plazos respectivos, en tanto tal causal va orientada ha cuando la demanda ha sido presentada después y no antes del plazo legalmente permitido.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha cinco de febrero del año dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que la demandante solicitó se emitieran los certificados de operación correspondientes, lo cual no le fue resuelto dentro de los términos que establece la Ley de Procedimiento Administrativo, configurándose el silencio administrativo presunto negativo, Acto el cual es sometido para su revisión ante esta Jurisdicción, anulando parcialmente dicho Acto el A-QUO; consta de autos la Resolución de fecha 21 de Enero del 2010 emitida por la demandada, mediante la cual se le autoriza a la demandante modificación por cambio de ruta, de modalidad y de capacidad a su respectivo permiso de explotación, estableciendo la misma las condiciones particulares de dicha modificación, así como la condición para la emisión de los certificados de operación; pues si bien consta de autos que la demandante solicitó se emitieran los certificados de operación correspondientes, no acredita las boletas de revisión de los 12 vehículos, estableciendo la Resolución relacionada que previo a emitir los certificados de operación de las 12 unidades, deberá presentar las boletas de revisión de vehículos, no es menos cierto, que consta de autos que acreditó las boletas de revisión de tres vehículos, constando también que la demandada ya había otorgado inicialmente permiso de operación de tres unidades, por lo que la condición para extender los certificados de operación es por cada unidad al presentar la boleta de revisión.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogada KARLA PATRICIA MENDOZA DE LOPEZ, en fecha cuatro de marzo del año dos mil dieciséis, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha cinco de febrero del año dos mil dieciséis, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.SL-10-16, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.289-12 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha siete de marzo del año dos mil dieciséis, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogada DELCY AGRIPINA OLIVIA GUIFARRO, presentó en fecha seis de abril del año dos mil dieciséis, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha ocho de abril del año dos mil dieciséis, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas veintiséis de abril del año dos mil dieciséis y veintitrés de mayo del año dos mil quince, los Abogados KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA y DELCY AGRIPINA OLIVIA GUIFARRO, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha uno de junio del año dos mil dieciséis, teniendo por personados a los Abogados KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA y DELCY AGRIPINA OLIVIA GUIFARRO, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta un primer motivo manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación errónea de los artículos 200.1 y 2 incisos b) y c) y 207 del Código Procesal Civil que regula la forma y contenido de la sentencia en cuanto a la motivación fáctica.”
- Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por las razones siguientes; a) se omite el precepto autorizante; y, b) carece de explicación.- 3. Que en un segundo motivo se aduce: “Se denuncia la falta de aplicación de los artículos 30 y 31 de la Ley de Procedimiento Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719. 1 b) y 2 del Código Procesal, Civil. IDENTIFICACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA SENTENCIA QUE SE IMPUGNA. Se impugna toda la parte dispositiva de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha 5 de febrero del 2016. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. Se observa que mediante sentencia la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo confirmó la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por medio de la cual se confirmó la sentencia objeto de recurso de apelación. ANTECEDENTES DE HECHO: 1.- La sociedad mercantil BLOQUES MOSAICOS Y TRANSPORTE S.A. de R.L. (BLOMAT 5. de R.L.), en fecha 13 de octubre de 2010 interpuso el Recurso de Apelación por denegación presunta en sede administrativa ante la Dirección General de Transporte en fecha 23 de febrero del 2011, por no haber obtenido resolución o respuesta a la solicitud de fecha 25 de mayo de 2010.- Posteriormente el 1 de diciembre del 2010 dicha sociedad interpuso el Recurso de Reposición ante SOPTRAVI en virtud de que a su parecer había operado la “presunción de desestimación de la pretensión”, la cual consistía en el permiso de operación o explotación de doce (12) unidades. En este sentido se observa que la Administración había emitido en fecha 21 de enero del 2010, la resolución que declarando con lugar la solicitud de renovación del permiso de explotación, pero con un “previo” el cual de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo, debía el administrado dar respuesta en 10 días, cumplimentando la documentación requerida; sin que la sociedad reclamante haya cumplimentado a cabalidad la providencia que contenía el previo. En adición a lo anterior la sociedad reclamante, no terminó de dar cumplimiento al requerimiento; además de ello no solicitó pronta respuesta o resolución antes de agotar los recursos que establece la Ley de Procedimiento Administrativo en el artículo 85, además de ello resulta evidente que la sociedad no había cumplimentado a cabalidad el requerimiento señalado en la resolución emitida, y no obstante posteriormente invoca silencio administrativo, cuando no había cumplimentado en tiempo y forma el requerimiento de la Administración. No obstante lo anterior, la Administración inició el procedimiento de revisión oficiosa del acto o resolución (que no había sido cumplimentada en tiempo y forma por el administrado) por contener vicios de nulidad y por ende al carecer de legitimidad, no puede surtir efectos, pues el “error no constituye derecho” porque la Resolución del 21 de enero del 2010 emitida en el expediente 20091240296 firmada por el Abogado Ramón Sánchez Dormes, del cargo “Director General de Transporte por Ley” figura que no existe en la Ley de Transporte Terrestre, y que tampoco ostentaba dicho funcionario. Por lo anterior, se deduce que se había incurrido en infracción del ordenamiento jurídico y dicho funcionario en exceso de poder conforme lo estipula el artículo 35 en relación con el artículo 34 literal a) y c) de la Ley de Procedimiento Administrativo. 2.- En fecha 28 de julio del 2010, la Dirección General de Transporte resolvió en aplicación del Decreto 25-2010 por existir irregularidades en el expediente por lo que se debe enviar a la PGR; es decir que se inició un procedimiento de nulidad absoluta de actuaciones o revisión de oficio del acto administrativo emitido, el cual era firme pero contenía vicios como lo Señalamos en el numeral anterior; en este sentido el ad quo señalo que la Ley no prevé esta circunstancia. . . y “obliga a la Administración a resolver lo peticionado independiente de cualquier otro trámite”, lo cual no es lógico pues resulta contradictorio. 3.- En fecha 28 de julio de 2012 la sociedad BLOMAT S. de R.L. interpuso la demanda ordinaria contenciosa administrativa pidiendo el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, que se emitan los certificados de operación números 20103000, 2103001, 20103002 y la emisión de los certificados restantes, su renovación; y la renovación del permiso de explotación No. 247000 119UET4M3-Ñ, así como la indemnización de daños y perjuicios. 4.- En fecha 8 de octubre de 2014, el Juzgado de Letras de 1 Contencioso Administrativo dictó Sentencia Definitiva en la Demanda Ordinaria para que se declare la Nulidad de un Acto Administrativo y el Reconocimiento de una Situación Jurídica Individualizada, en la cual en su parte dispositiva dispone: “FALLA: PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la acción incoada por la empresa mercantil BLOQUES, MOSAICOS Y TRASPORTE S. de R.L. (BLOMAT S. de R.L.), por no estar ajustado a derecho el acto impugnado, consistente en la negativa presunta a emitir los certificados de operación peticionados por la demandante en fecha 25 de mayo de 2010. SEGUNDO: Anular, de manera parcial, el acto administrativo negativo presunto conformado la sede administrativa el 6 de junio de 2010. pues el mismo se ha configurado al haberse emitido en contra de lo que al efecto señala el artículo 84 a) de la Ley de Procedimiento Administrativo. TERCERO: Reconocer a favor de la empresa mercantil BLOQUES, MOSAICOS Y TRASPORTE S. de R.L. (BLOMAT S. de R.L.), la situación jurídica individualizada y al efecto adopta como medida para su restablecimiento, ordenar a la Secretaría de Estado en la Cartera de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP). a través de la Dirección General de Transporte extender los Certificados de Operación únicamente con relación a los tres vehículos cuya boleta de revisión han sido acompañadas en sede administrativa, ver folios 96 al 104, pues es únicamente con respecto a éstos tres que la demandante ha dado cumplimiento al numeral tercero del 21 de enero de 2010, la cual es firme.” En el caso de autos honorable corte, el Ad Quo Contencioso Administrativo declaró procedente la acción por no estar ajustado a derecho la negativa presunta a emitir los certificados de operación peticionados por la demandante en fecha 25 de mayo de 2010, y con ello declara por una parte que “debe darle cumplimiento de la resolución de fecha 21 de enero de 2010” la cual entre otros RESOLVIÓ lo siguiente: “1.- Autorizar la modificación del cambio de ruta, cambio de servicio regular a ejecutivo, cambio de capacidad al permiso de explotación 261 Z000 1 8UE 1 4M3 -M, con las siguientes condiciones particulares debiendo la citada empresa mercantil BLOQUES, MOSAICOS Y TRASPORTE 5. de R.L. (BLOMAT 5. de R.L.), prestar dicho servicio con doce (12) unidades, con capacidad de 30 pasajeros, las cuales deben ser completamente nuevas, con aire acondicionado, directo y sin paradas, con Dispositivos de seguridad GPS y detector de metales. -2.- que se emitía el permiso por cinco (5) años. - 3.- PREVIO a emitir los certificados de operación de las doce (12) unidades, deberá presentar las boletas de revisión de los vehículos.” No obstante, la sociedad reclamante presentó el 24 de mayo de 2010 únicamente 3 boletas de revisión y tres contratos de arrendamiento con promesa de venta; habiendo extemporáneamente cumplimentado el requerimiento hecho por la Administración. Por otra parte, en fecha 22 de julio de 2010 es decir previo a la emisión de los permisos de operación de los tres (3) vehículos se emitió auto del Departamento de Asesoría Legal de fecha 22 de julio de 2010 por medio del cual se ordenó realizar una revisión del Permiso de Explotación y del Certificado de Operación para dar cumplimiento a lo ordenado en el DECRETO LEGISLATIVO 25-20 10; entrando de esta forma en revisión de oficio del acto administrativo por contener vicios de nulidad el mismo. 5.- En fecha 26 de julio de 2010 Asesoría Legal de la Dirección General de Transporte emitió Dictamen por medio del cual se indica que existen vicios de nulidad en la Resolución del 21 de enero de 2010, misma que fue firmada por RAMON ROSA SANCHEZ DORMES en su condición de Director General del Transporte por Ley, figura que no existe en la LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE y que de conformidad con el Acuerdo de Nombramiento 0608 con efectividad a partir del 30 de junio de 2009 el señor RAMON ROSA SANCHEZ DOR1s4ES fue nombrado como SUB DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE y por tanto el acto administrativo contenido en la resolución de fecha 21 de enero de 2010 es nula por existir exceso de poder de conformidad con el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo en relación con el artículo 34 literales a y c de dicho cuerpo le gal.- LO RELATIVO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30 y 31 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: “Se presume la legitimidad de los actos administrativos. La Administración tiene potestad de ejecutarlos a través de sus órganos competentes, previo apercibimiento. Salvo disposición legal en contrario, la ejecución y los efectos de un acto administrativo, sólo podrán suspenderse cuando la Administración, de oficio o a petición de parte interesada, lo estime pertinente para evitar perjuicios graves al interesado, de difícil e imposible reparación o cuando se alegue fundadamente una nulidad absoluta.” (El subrayado es nuestro). Honorable Corte, se observa que ni el Ad quo ni el Ad Quen aplicaron el articulo precedente en lo relativo a la potestad de revisar de oficio los propios actos, sobre todo en el caso que nos ocupa que la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA de fecha 21 de enero de enero del 2010, al no haber sido cumplimentada por el reclamante en el plazo conferido para ello, es decir 10 días después de la fecha del requerimiento contados a partir de la notificación la cual fue el 25 de enero del 2010, es decir que el solicitante tenía hasta el 8 de febrero del 2010 para presentar la documentación requerida en el mejor de los casos30 días que se establece el articulo 35 de la Ley de Transporte. Sin embargo, en este último extremo se debe analizar que por una parte la Administración inició la revisión de oficio del acto administrativo en su totalidad, pues se observa que el demandante nunca cumplimentó en su totalidad dicho requerimiento, habiendo parcialmente cumplimentado a través de 3 boletas de revisión y no de las 12 como rezaba la solicitud y la resolución. Se observan pues 2 situaciones atípicas, como ser que el administrado no cumplimento en tiempo, el requerimiento establecido en la Resolución administrativa emitida por la Dirección General del Transporte; y por otra una falta de aplicación por las instancias jurisdiccionales del artículo 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y con ello vedarle a la Administración la REVISIÓN DE OFICIO DE SUS PROPIOS ACTOS, máxime cuando el Administrado ha incumplido con la aprobación para la eficacia del acto como ser la presentación de las 12 boletas de revisión en tiempo y forma. Lo anterior es fundamental pues la demandante hasta el 24 de mayo del 2010 presentó parcialmente los documentos de los vehículos placas de alquiler, presentación que fue extemporánea por lo establecido el artículo 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo, pues consta en el expediente administrativo la notificación personal de la resolución en fecha 25 de enero del 2010. No obstante, la Administración dio inicio al proceso de revisión de oficio del acto. Según tesis del ad quo dicho procedimiento no debió iniciarse dentro del expediente administrativo que contenía el acto objeto de nulidad, aún que dicho juzgador admite que la ley no dice que no se puede hacer de esa forma, olvidando el preceptuado en el artículo 1 del Código Civil: “La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestado en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite.” Por lo anterior podemos concluir que el acto administrativo contenido en resolución del 21 de enero de 2010 NO ES FIRME puesto que estaba sujeto al cumplimiento de una condición que en derecho se le denomina, “PREVIO” (o antes de) el cual no fue debidamente cumplimentado por la sociedad solicitante ni en tiempo ni en forma, por lo que en definitiva en dicha resolución existe una reserva del derecho o potestad del Estado a que mientras el particular no cumpla con el “previo” no se otorgue lo peticionado y por tanto se archivaran las diligencias; tal como ocurre en los autos emitidos en los órganos jurisdiccionales cuando contienen un “previo”. Por otra parte, el artículo 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo dispone: “Cuando no se hubiese establecido un plazo especial para una actuación administrativa, éste será de diez (10) días.”. - Sin embargo anteriormente señalamos que el artículo 35 de la Ley de Transporte establece el plazo de 30 días para verificar los requisitos previos que debía cumplimentar la sociedad solicitante. - Por lo tanto BLOMAT 5. de R.L. tenía 30 días para presentar los documentos requeridos en el PREVIO de la Resolución del 21 de enero de 2010, en este sentido se observa que la sociedad demandante a pesar de haber hecho solicitud para doce unidades de transporte, solamente presentó la documentación correspondiente a tres (3) unidades, y por lo tanto se concluye que no dio el cumplimiento debido a la Resolución del 21 de enero de 2010, resolución que debía ser ejecutada o aprobada por la Autoridad de aplicación previo cumplimiento de lo solicitado en dicha resolución; y tampoco presentó de forma parcial el requerimiento de la documentación en el tiempo establecido por la ley; dando lugar a que la Administración iniciara el procedimiento de revisión de oficio de la resolución emitida y no cumplimentada, lo cual no es ilegal. La Ley de Procedimiento Administrativo dispone: “Artículo 31: Los actos de la Administración de carácter particular adquieren eficacia al ser firmes. Los actos sujetos de aprobación no producirán sus efectos en tanto la misma no se haya ejercido.” La Resolución del 21 de enero de 2010 emitida por la Dirección General de Transporte no había comenzado a producir sus efectos, ya que se había instaurado para la eficacia de dicho acto un previo, el cual debió verificarse por parte del solicitante en el plazo establecido en la ley o reglamento de la Ley General de Transporte o en su defecto la Ley de Procedimiento Administrativo; lo cual no ocurrió.- de los antecedentes apuntados se desprende que en el intermedio del cumplimiento “parcial” de las obligaciones por parte del actor de esta demanda en sede administrativa se turnó el expediente a la ASESORÍA LEGAL de la DIRECCIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE a fin de que se pronunciara sobre el cumplimiento del “previo”, sin embargo dicha asesoría estableció que se debía dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 25-2010; es decir hacer una revisión de oficio de los Permisos de Explotación expedidos en un periodo de tiempo determinado (2009 y 2010 inclusive). La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo tuvo como hechos probados los siguientes, los cuales no los nominó de esa manera pero asumimos que son hechos probados: CONSIDERANDO (5): Que la demandante solicitó se emitieran los certificados de operación correspondientes, lo cual no le fue resuelto dentro de los términos que establece la Ley de Procedimiento Administrativo, configurándose el silencio administrativo presunto negativo, acto que es sometido para su revisión ante esta jurisdicción, anulando parcialmente dicho acto A OUO. (Subrayado es nuestro). CONSIDERANDO (6): Que consta de autos la Resolución de fecha 21 de enero del 2010 emitida por la demandada, mediante la cual se le autoriza al demandante modificación por cambio de ruta. CONSIDERANDO (7): Que se hacen las anteriores acotaciones, ya que consta en autos que la demandante solicitó se emitieran los certificados de operación correspondientes, y si bien es cierto no acreditó las boletas de revisión de los 12 vehículos, estableciendo la Resolución relacionada que previo a emitir los certificados de las 12 unidades, deberá presentar las boletas de revisión de vehículos, no es menos cierto que consta en autos las boletas de revisión de tres vehículos, constando también que la demandada ya había otorgado inicialmente permiso de operación de tres unidades, por lo que la condición para extender los certificados es por cada unidad al presentar la boleta de revisión. (Las negrillas son nuestras.) CONSIDERANDO (8): Que en cuanto a la nulidad de la Resolución de fecha 21 de enero del 2010, alegada por la apelante, la misma no es objeto de la presente acción De lo anterior se deduce que el Ad quem no aplicó al caso que nos ocupa el artículo 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo, pues no tuvo como un hecho probado el inicio del procedimiento de revisión de oficio del propio acto, máxime cuando la sociedad demandante no había cumplimentado ni en tiempo ni forma la condición que se estableció en la Resolución que confería un derecho subjetivo. El artículo 200.1 y 2, letras b) y c), CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIA, del Código Procesal Civil expresa: “1. Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva del fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente: a)... b) En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicados y los hechos probados en su caso. c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que hayan de dictarse con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso.” Y el artículo 207 del Código Procesal Civil refiriéndose a la motivación expresa: “La sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.” (Las negrillas son nuestras). El artículo 720 del Código Procesal Civil, EXCLUSION DE LA REVISIÓN PROBATORIA EN CASACIÓN, prescribe: “1. Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. 2. Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo.” Ahora bien, conforme el artículo 720 CPC antes citado, no se podrá instar la revisión de los hechos en casación, pero si se podrá solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuere determinante de un sentido diferente del fallo. Y en efecto, la motivación fáctica de la sentencia atiende a otros motivos que no se encuentran en esos hechos probados. Razona el Tribunal de Segunda Instancia que el acto administrativo es firme y creador de derechos a pesar de la falta de cumplimiento en tiempo del demandante, y además de ello el cumplimiento fue parcial, en ese sentido los hechos probados tampoco relacionan el silencio o no de la Administración en lo relativo a la pretensión principal, la cual si fue resuelta, en todo caso la parte demandante debió en sede administrativa alegar EJECUCIÓN DE UNA RESOLUCIÓN, lo cual es obvio que no hizo por no afectar su propia posición en el proceso, pues la sociedad demandante TAMPOCO HABÍA DADO CUMPLIMIENTO NI EN TIEMPO NI EN FORMA CON LA RESOLUCIÓN EN LO QUE RESPECTA AL PREVIO. Ni el Tribunal Sentenciador de primera instancia ni el Tribunal de Alzada reconocen que indudablemente el Acto administrativo o Resolución que emitió la demandada dio respuesta a la pretensión de la sociedad demandante, pero que antes de que entrara en ejecución de la misma, se inició un proceso de revisión de oficio lo cual no es ilegal, pues lo ilegal honorable Corte lo constituye ejecutar una resolución viciada como es el caso que no ocupa, a pesar de que el actor de la demanda interpuso acción contenciosa por silencio de la Administración, aplicando el artículo 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo, norma jurídica que fue olvidada en el presente proceso. El Ad quem señaló en la motivación de su fallo que el proceso de declaración de lesividad era invalido por no haberse cumplimentado todo el procedimiento y señala a la Administración el camino a seguir para lograr dicho cometido, resulta ser que en el expediente administrativo de mérito se dio inicio a dicho proceso siendo aun así señalado como erróneo dicho procedimiento, el cual evidentemente no culminó, en lugar de ello el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal de alzada de dicha jurisdicción dan plena vigencia y legitimidad al acto administrativo viciado como lo hemos relacionado por lo que los órganos de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dan por validez jurídica a una Resolución nula. De ahí entonces, que la motivación de la sentencia se sustenta en un acto administrativo que invalido o nulo. En adición, el razonamiento sustentado por la Corte de Apelaciones recurrida es equivocado porque parte de una interpretación errónea de los artículos 30 y 31 de la Ley de Procedimiento Administrativo que vale aclarar, por ser parte del recurso de casación. Y si la sentencia se sustenta en una motivación que contiene presupuestos equivocados la conclusión es equivocada. La forma y contenido de una sentencia no se limita a estructurarla solamente con los requisitos que sobre ello prescribe el Código Procesal Civil, sino que tiene que cumplirse con el sentido lógico que corresponde a la legislación a aplicarse, esto es, que no basta con poner los antecedentes de hechos y los fundamentos de derecho que regulan el caso, sino que estos tienen que conforme han sido expuestos y subsumirlos en la norma jurídica, formar el silogismo, la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. La intención del legislador es que entre los hechos declarados probados se le aplique la norma que los regule, que la motivación este de acuerdo con esa norma, de tal suerte que la conclusión corresponda al sentido lógico del hecho juzgado, pero en el caso de autos, las normas que regulan la forma y contenido de la sentencia, principalmente en lo que respecta a la motivación, ha resultado defectuosa porque no se ha ajustado a la intención y espíritu que resulta explícitamente de los términos de la Ley y ha interpretado, en consecuencia, en forma errónea los artículos 200.1 y 2 incisos b) y c) y 207 del Código Procesal Civil que regula la motivación de la sentencia, porque el Juzgado declaró probados hechos en forma parcial, el Tribunal Sentenciador al no declarar hechos probados toma para si los del Tribunal de primera instancia en donde la motivación resulta distinta a la declaración de esos hechos que al relacionarlos con los artículos relativos a la revisión de oficio de los actos emitidos por la Administración Pública, establece una conclusión ajena a las premisas. Queda demostrado entonces que la motivación fáctica de la sentencia recurrida es defectuosa y ha sido determinante para darle un sentido diferente al fallo, en tal virtud es procedente la estimación de este motivo de casación.”.- 2. Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por las razones siguientes; a) se es impreciso en el precepto autorizante, ya que se indica lo numerales 1) literal b) y 2 del Código Procesal Civil, que contienen causales distintas de violación a la ley; b) se insta la revisión y la interpretación de los hechos y la valoración de las pruebas lo cual le es vedado a este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) se realizan en la explicación extensos alegatos de instancia, lo cual es inapropiado en este recurso extraordinario.- 3. Que se ha solicitado nulidad subsidiaria en la forma siguiente: “Ante este órgano jurisdiccional se solicita se declare la nulidad de la sentencia porque con su ejecución se estaría legitimando un acto administrativo nulo como lo constituye la Resolución emitida el 21 de enero del 2010 por la Dirección General de Transporte. Ya que por una parte si bien es cierto la demandante señala como acto impugnado el acto presunto negativo; por otra parte, lo que la sociedad pretende es la ejecución de un acto administrativo viciado, lo cual no es congruente con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo que dispone: “Articulo 35: Son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso y desviación de poder. En el exceso de poder se comprende la alteración de los hechos, la falta de conexión lógica entre la motivación y la parte dispositiva del acto, la contradicción no justificada del acto, con otro anteriormente dictado y cualquier otro vicio inherente al objeto o contenido.” En este mismo orden el artículo 212 del Código Procesal Civil dispone: Los actos procesales serán nulos, en los casos siguientes: 1...2...3...4...5...6. En los casos en que este Código y demás leyes determinen.” En razón de las normas jurídicas seta representación procesal del Estado pide a esta Honorable corte se decrete la NULIDAD DE LA SENTENCIA.”.- 4. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- 4.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1. NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto contra la sentencia impugnada en sus dos motivos. 2. DECLARANDO SIN LUGAR la nulidad subsidiaria. 3. DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 4. SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar.- Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Redacto el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días del mes de marzo del dos mil dieciocho; certificación de la resolución de fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 310-16.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
20