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Sentencia CA-307-17 — Registro 8293

Resumen

En segunda instancia se revoca la sentencia dictada por el juzgado declarando improcedente la demanda de merito por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no puede prosperar, ya que se incurre en los siguientes defectos: a) carece de claridad y precisión en la formulación al señalar que: “La Sentencia es violatoria de de la Ley Sustantiva de Orden Nacional, por falta de aplicación o falta de apreciación en infracción directa…” lo cual, no concuerda con el precepto autorizante, que contiene una causal de casación de norma procesales no materiales. Además, el señalamiento de normas sustantivas y la infracción directa no resultan apropiados para esta materia; b) se omite la normas de naturaleza procesal que se consideren infringidas a razón del precepto autorizante citado; c) en el desarrollo se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba lo cual tiene vedado este Tribunal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; d) se a alude a la Ley General de la Administración Pública en el sentido de que “…La jerarquía normativa establecida en los Artículos uno (1), siete (7) y ocho (8) de este Cuerpo Legal no pueden ser interpretados al libre albedrío de Funcionarios Judiciales…” cuando en la formulación se alega el concepto de falta de aplicación no a una interpretación errónea modalidades violación a la ley distintas que se deben precisar.-"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no puede prosperar, ya que se incurre en los siguientes defectos: a) carece de claridad y precisión en el precepto autorizante, ya que los literales b) y c) numeral 1) del artículo 719 del Código Procesal Civil, contienen causales de casación distintas que se deben precisar en forma separada e independiente; b) en el desarrollo se insta a la revisión de los hechos, interpretación y valoración del material probatorio lo cual tiene vedado este Tribunal; c) lo expuesto en el desarrollo constituye u extenso alegato de instancia inoportuno en este recurso extraordinario"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los trece días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrentes: los señores ARTURO RAMOS LAVAIRE; RUDY HEBERTO SIERRA CAÑAS; JOSÉ LITO SOLER LARA; y otros, representados en juicio por el Abogado GUSTAVO ADOLFO MALDONADO GÁLVEZ; y, Recurrido: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada SUYAPA MARIA BORJAS SALGADO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de las mismas, indemnización de daños y perjuicios, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por los Abogados GUSTAVO ADOLFO MALDONADO GÁLVEZ y JOSÉ BENEDICTO SANTOS CASTRO, en su condición de apoderados de los señores ARTURO RAMOS LAVAIRE; RUDY HEBERTO SIERRA CAÑAS; JOSÉ LITO SOLER LARA; ALLAN NOEL SANTOS MEZA, FREDY HUMBERTO ZAVALA CRUZ; ELVIN FRANCISCO ORTEGA; LIDIA MARLENI GUEVARA PAZ; ORLANDO GEORGE VEGA; KARLA JACKELINE VALERIANO RODRÍGUEZ; HUMBERTO PÉREZ DÍAZ; PEDRO AGUILAR REYES; MARTA LIDIA MENDOZA ORELLANA; JOSÉ IZAEL GONZÁLEZ; DALIA MARISSABEL CASTELLANOS CRUZ; JOSÉ REYNALDO SÁNCHEZ MEJÍA; NELLY MABEL POZANTES GARCÍA; JUANA ESPERANZA NAVARRO PAGOADA; ALICIA GÁLVEZ MORENO; EMIL DARÍO GUERRA MARTÍNEZ; LILIAN SUYAPA ORDOÑEZ FÚNEZ; SINIA CONCEPCIÓN REYES MARTÍNEZ; FELIPE VALLADARES CHACÓN: JOEL HERMAN NÚÑEZ MEDINA; JIMNA ARALI SILIEZAR SEVILLA; JOSÉ OMAR NÚÑEZ OSORTO; MARITZA LIZETH CRUZ MENDOZA; ESTELA DORIGONI GALICIA PADILLA; ELSA MARIANA LÓPEZ VÁSQUEZ; JUAN RAMÓN PALACIOS MARTÍNEZ; ONEIDA GUADALUPE TORRES SEVILLA; JOHANNA ELIZABETH VALERIANO RODRÍGUEZ; JOSÉ LUIS GUILLEN MURILLO; FRANCHESKA DINORA MATUTE GARCÍA; RENÉ EDGARDO CHÁVEZ CENTENO; MAURICIO QUIROZ CRUZ; JULIO CESAR BARAHONA MEJÍA; ERGIO ENRIQUE MOTIÑO FUENTES; SANDY CECILIA CASTRO ECHEVERRIA; CLAUDIA EDELMIRA CASTILLO LUNA; CRISTÓBAL HUMBERTO RUIZ MURILLO; DILCIA EMERITA LOZANO HERNANDEZ; MARTA ODETH CASTRO ROMERO; ARELYS DANIELA VELÁSQUEZ SILIEZAR; ELSY LETICIA CASTELLANOS GARAY, JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ; CESAR ARNALDO MARTÍNEZ BOBADILLA; GERARDO ANTONIO CHINCHILLA POLANCO; JORGE ALBERTO LINAREZ ESTRADA; ALFREDO DE JESÚS QUIJADA ERAZO; ZOCORRO MARIA HERNANDEZ ESPAÑA; ORLANDO GRANADOS LEMUS, MIRlAN PATRICIA PINEDA RAMÍREZ; JAVIER ANTONIO DERAS RAMÍREZ; MARTHA EVELYN ESPINOZA MÉNDEZ; OSCAR EDGARDO URBINA VENTURA; JUAN OMAR PINTO CARTAGENA; ELVIA PASTORA ARITA; SUYAPA LIDUVINA GÓMEZ ARÉVALO; JOSÉ EFRAÍN MEJÍA LARA; OSCAR ANTONIO LARA ERAZO; MANUELA SUAZO ORELLANA; JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ; RICARDO ARTURO PINEDA ERAZO; ROGER EDGARDO BORJAS MACIZ; JORGE ALBERTO BANEGAS HERNANDEZ; JUAN RAMÓN CRUZ NAVARRO; BALMORE AYALA RODRÍGUEZ; HÉCTOR STARLYNG CRUZ MONCADA; MARITZA ELIZABETH RAMOS RIVERA; ELVIA LILIANA MEJÍA CRUZ; EMILIA MERCEDES PACHECO LÓPEZ; LIGIA ELIZABETH MARTÍNEZ MURILLO; ERICKA SUYAPA CASTRO BAUTISTA; RUTH NOEMI RAMOS GARCÍA; WILFREDO PAZ ZUNIGA; VILMA TOMASA CRUZ AVENDAÑO; DENIA BERTINA RIVERA GUTIÉRREZ; MARIO ENRIQUE LARA MEZA; JUAN RAMÓN MUNGUÍA MARTÍNEZ; MIRTHA RAMONA ÁVILA; y SANDRA YAMILETH RAMÍREZ HERNANDEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Las partes demandantes manifestaron en el escrito de su acción, que el Secretario de Estado en el Despacho de Educación, con criterio autoritarios el 05 de abril del año 2011, emitió el Acuerdo No. 40867-SE-2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.32,486 del 06 de abril del 2011, mediante el cual mando a suspender de las actividades laborales sin goce de sueldo, a los demandantes a partir del 11 de abril del 2011, y que con la aplicación de dicho acuerdo, se les violentó el derecho a la Legítima Defensa y al Debido Proceso establecidos en la Constitución de la República, así como el artículo 20 de la Ley de Procedimientos Administrativos, que en dicho acuerdo se ordenó transcribir el acuerdo a cada uno de los docentes suspendidos lo cual no se les transcribió, manifestaron que dicho acuerdo es nulo de pleno derecho al tenor del Artículo 34 literal c) de la Ley de Procedimientos Administrativos, en relación a lo ordenado en el artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública, por haberse dictado prescindiendo total y absolutamente el procedimiento; que contra el acuerdo interpusieron impugnación, el cual fue declarado sin lugar, en vista que el acuerdo impugnado no es un acto administrativo.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el 05 de abril del 2011 se emitió el Acuerdo No. 40867-SE-2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 06 de abril del 2011, donde estableció la suspensión de los demandantes por 2 meses a partir del 11 de abril al 11 de junio del 2011; que si bien el Estatuto del Docente establece el procedimiento para sancionar a un docente en el sector oficial, y que cuando no haya solución a un conflicto entre el gobierno y los empleados públicos, el Estado deberá tomar medidas y mecanismos necesarios para la búsqueda de una solución a la problemática educativa, siendo los docentes empleados públicos, El Presidente de la República en Consejo de Ministros amparados en la Constitución de la República, emitieron el Decreto Ejecutivo No. PCM-016-2011, de fecha 18 de marzo de 2011, en el cual se declaró estado de emergencia en el sistema educativo nacional en todos los niveles excepto en el nivel superior, para normalizar la continuidad en la prestación de servicio educativo de los niños, niñas y adolescentes del país, facultando a la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, para que tomara las medidas correctivas y garantizar la reanudación de las clases en todos los niveles, por lo que al comprobar que los docentes suspendidos no estaban cumpliendo con su jornada laboral y siendo que la docencia tiene una función social y por ende la obligación de todo docente es cumplir su jornada laboral, y dentro de la misma dando los conocimientos que los alumnos necesitan para tener las competencias necesarias para seguir al nivel inmediato superior; que en ningún momento se negó o dejó en indefensión a los demandantes, y que lo alegado no tiene ningún sustento legal y las mismas deberán ser probadas.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 11 de noviembre del 2013, dictó sentencia la cual en su parte conducente dice: “FALLA - PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE a acción interpuesta por los Abogados GUSTAVO ADOLFO MALDONADO GÁLVEZ y JOSÉ BENEDICTO SANTOS CASTRO en su condición de apoderados judiciales de los señores: 1. ARTURO RAMOS LAVAIRE; 2. RUDY HEBERTO SIERRA CAÑAS; 3. JOSÉ LITO SOLER LARA; 4. ALLAN NOEL SANTOS MEZA, 5. FREDY HUMBERTO ZAVALA CRUZ; 6. ELVIN FRANCISCO ORTEGA; 7. LIDIA MARLENI GUEVARA PAZ; 8. ORLANDO GEORGE VEGA; 9. KARLA JACKELINE VALERIANO RODRÍGUEZ; 10. HUMBERTO PÉREZ DÍAZ; 11. PEDRO AGUILAR REYES; 12. MARTA LIDIA MENDOZA ORELLANA; 13. JOSÉ IZAEL GONZÁLEZ; 14. DALIA MARISSABEL CASTELLANOS CRUZ; 15. JOSÉ REYNALDO SÁNCHEZ MEJÍA; 16. NELLY MABEL POZANTES GARCÍA; 17. JUANA ESPERANZA NAVARRO PAGOADA; 18. ALICIA GÁLVEZ MORENO; 19. EMIL DARÍO GUERRA MARTÍNEZ; 20. LILIAN SUYAPA ORDOÑEZ FÚNEZ; 21. SINIA CONCEPCIÓN REYES MARTÍNEZ; 22. FELIPE VALLADARES CHACÓN: 23. JOEL HERMAN NÚÑEZ MEDINA; 24. JIMNA ARALI SILIEZAR SEVILLA; 25. JOSÉ OMAR NÚÑEZ OSORTO; 26. MARITZA LIZETH CRUZ MENDOZA; 27. ESTELA DORIGONI GALICIA PADILLA; 28. ELSA MARIANA LÓPEZ VÁSQUEZ; 29. JUAN RAMÓN PALACIOS MARTÍNEZ; 30. ONEIDA GUADALUPE TORRES SEVILLA; 31. JOHANNA ELIZABETH VALERIANO RODRÍGUEZ; 32. JOSÉ LUIS GUILLEN MURILLO; 33. FRANCHESKA DINORA MATUTE GARCÍA; 34. RENÉ EDGARDO CHÁVEZ CENTENO; 35. MAURICIO QUIROZ CRUZ; 36. JULIO CESAR BARAHONA MEJÍA; 37. SERGIO ENRIQUE MOTIÑO FUENTES; 38. SANDY CECILIA CASTRO ECHEVERRIA; 39. CLAUDIA EDELMIRA CASTILLO LUNA; 40. CRISTÓBAL HUMBERTO RUIZ MURILLO; 41. DILCIA EMERITA LOZANO HERNANDEZ; 42. MARTA ODETH CASTRO ROMERO; 43. ARELYS DANIELA VELÁSQUEZ SILIEZAR; 44. ELSY LETICIA CASTELLANOS GARAY, 45. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ; 46. CESAR ARNALDO MARTÍNEZ BOBADILLA; 47. GERARDO ANTONIO CHINCHILLA POLANCO; 48. JORGE ALBERTO LINAREZ ESTRADA; 49. ALFREDO DE JESÚS QUIJADA ERAZO; 50. ZOCORRO MARIA HERNANDEZ ESPAÑA; 51. ORLANDO GRANADOS LEMUS, 52. MIRlAN PATRICIA PINEDA RAMÍREZ; 53. JAVIER ANTONIO DERAS RAMÍREZ; 54. MARTHA EVELYN ESPINOZA MÉNDEZ; 55. OSCAR EDGARDO URBINA VENTURA; 56. JUAN OMAR PINTO CARTAGENA; 57. ELVIA PASTORA ARITA; 58. SUYAPA LIDUVINA GÓMEZ ARÉVALO; 59. JOSÉ EFRAÍN MEJÍA LARA; 60. OSCAR ANTONIO LARA ERAZO; 61. MANUELA SUAZO ORELLANA; 62. JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ; 63. RICARDO ARTURO PINEDA ERAZO; 64. ROGER EDGARDO BORJAS MACIZ; 65. JORGE ALBERTO BANEGAS HERNANDEZ; 66. JUAN RAMÓN CRUZ NAVARRO; 67. BALMORE AYALA RODRÍGUEZ; 68. HÉCTOR STARLYNG CRUZ MONCADA; 69. MARITZA ELIZABETH RAMOS RIVERA; 70. ELVIA LILIANA MEJÍA CRUZ; 71. EMILIA MERCEDES PACHECO LÓPEZ; 72. LIGIA ELIZABETH MARTÍNEZ MURILLO; 73. ERICKA SUYAPA CASTRO BAUTISTA; 74. RUTH NOEMI RAMOS GARCÍA; 75. WILFREDO PAZ ZUNIGA; 76. VILMA TOMASA CRUZ AVENDAÑO; 77. DENIA BERTINA RIVERA GUTIÉRREZ; 78. MARIO ENRIQUE LARA MEZA; 79. JUAN RAMÓN MUNGUÍA MARTÍNEZ; 80. MIRTHA RAMONA ÁVILA; y, 81. SANDRA YAMILETH RAMÍREZ HERNANDEZ, de generales ya indicadas en el Preámbulo de esta Sentencia, contra EL ESTADO DE HONDURAS representado legalmente por la Procuradora General de la República, la Abogada, ETHEL DERAS ENAMORADO, en virtud de no ajustarse a derecho el Acto Administrativo Impugnado; En consecuencia; ANULA el Acto Administrativo emitido por el Secretario de Estado en los Despachos de Educación consistente en el Acuerdo numero 40867-SE-2011 de fecha 6 de Abril del año 2011 mediante el cual se suspende temporalmente a cada unos de los demandantes de sus actividades laborales, según el tiempo que en el mismo se establece,.- SEGUNDO: RECONOCER la Situación Jurídica Individualizada; y como Medida para su Pleno Restablecimiento ORDENA el reintegro de los mismos, y como Indemnización de Daños y Perjuicios el pago de los sueldos dejados de percibir, incluyendo decimo tercer y decimo cuarto mes, así como vacaciones, cantidades cuya determinación se diferirá al momento de la Ejecución de esta Sentencia.- TERCERO: EXIMIR del pago de COSTAS a la Entidad Estatal vencida en juicio, por haber tenido motivos suficientes para litigar, tal y como se establece en el Artículo 129 inciso “c” de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”; bajo el criterio que los demandantes fueron suspendidos temporalmente de sus cargos en virtud que el Presidente Constitucional de la República en Consejo de Ministros emitió el Decreto Ejecutivo PCM-016-2011 de fecha 18 de Marzo del año 2011 en el que declara estado de emergencia en el sistema educativo nacional en todos sus niveles a excepción del nivel superior y que amparado en dicho Decreto la Secretaría de Estado en los Despachos de trabajo y Seguridad Social emite una Resolución en fecha 22 de Marzo del año 2011 en la que declara ilegal la suspensión colectiva de trabajo de los docentes en fecha 7 de Marzo del año 2011; quedando el Poder Ejecutivo en libertad de despedir a los docentes empleados públicos del Estado en el Sistema Educativo Público Nacional, conforme lo indica el artículo 571 del Código del Trabajo, pero optó por suspenderlos por el termino de dos meses, seis meses y un año, tal como le fue comunicado por el Gobierno de la República; en Honduras no existe ninguna Ley aprobada por el Congreso Nacional de la República sobre el Estado de Emergencia, la Constitución de la República únicamente refiere a la Restricción o Suspensión de los Derechos en su artículo 187, asimismo, su aplicación corresponde al Presidente de la República con su Consejo de Ministros, debiendo ser ratificada por el Congreso Nacional de la República y con una duración no superior a los 45 días; que el acto impugnado en esta Judicatura, utiliza como fundamento para ratificar la legalidad de la suspensión de los maestros demandantes, el hecho que mediante Decreto Ejecutivo PCM-016-2011 de fecha 18 de Marzo del año 2011 se declaró Estado de Emergencia en el Sistema Educativo Nacional; y que ello implicaba que se podía por parte del Estado restringir o suspender derechos, sin embargo, no puede obviarse que: 1) La Constitución de la República de Honduras no regula el Estado de Emergencia como un mecanismo para restringir o suspender algunos derechos esenciales de manera parcial o total para garantizar el orden, 2) El Sistema educativo no se encuentra comprendido dentro de los derechos o garantías que puede restringirse o suspenderse de acuerdo a lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la República, 3) Todas las actuaciones realizadas por cualquier autoridad estatal deben someterse al Principio de Legalidad y a lo dispuesto en la Constitución de la República y los Tratados aprobados, 4) La Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 30 indica que las restricciones deben ser establecidas por ley, (ley formal), dispuestas en beneficio del interés general y con el propósito para el que se establecieron, no como sanción o con cualquier otro propósito; es decir, que no es suficiente que se demuestre, que el Decreto de Estado de Emergencia, cumplía un propósito útil u oportuno; pues para que sea compatible con la Convención, la Constitución de la República y las demás leyes del país, esa restricción debe además ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo, por lo que si bien es cierto, a nadie le es desconocido la problemática que se ha desatado los últimos años entre el Gobierno y los maestros, el Gobierno, como garante de los derechos de todos los ciudadanos, no puede ni debe, enfrentar situaciones de crisis utilizando mecanismos que no se encuentran contemplados dentro de la Carta Magna que rige a todos los hondureños, pues aunque su intención era poner un fin a dicho conflicto en aras de un bien común, ese bien común que ha de entenderse como un concepto referido a las condiciones de la vida social que permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la mayor vigencia de los valores democráticos, sólo puede ser alcanzado cuando en él se fortalezca el funcionamiento de las instituciones democráticas y se preserve y promueva la plena realización de los derechos de la persona humana.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 20 de marzo del 2017, dictó sentencia REVOCANDO la proferida en primera instancia, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por Abogada SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO, en su condición de Apoderada Legal del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN. SEGUNDO: REVOCAR la Sentencia Definitiva de fecha once (11) de noviembre de dos mil trece (2013), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, y que aparece a folio número trescientos treinta y cuatro frente (F-334 f.) al folio numero trescientos cuarenta y dos frente (F-342 f.), en consecuencia DECLARAR IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE MERITO por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado.- …SIN COSTAS por existir motivos suficientes para litigar”; bajo el criterio que la medida acordada que se realizó en Estado de Emergencia, decretado legalmente y con las facultades Constitucionales para ello, implica la necesidad y urgencia de la medida a tomar, en este caso concreto: la suspensión temporal de los docentes y normalizar la continuidad en la prestación del servicio educativo público a los niños, niñas y adolescentes de Honduras, es así que la Secretaría de Educación estaba autorizada para tomar cualquier medida y garantizar el fin propuesto (Derechos Humanos protegidos y privilegiados por el Estado como la Niñez y la Educación), claro está, prescindiendo o posponiendo totalmente los procedimientos establecidos en el régimen jurídico que ampara a los docentes.- Por lo que el Acuerdo No. 40867-SE-2011 de fecha 5 de abril del 2011 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 6 de abril del 2011, no podría ser nulo ya que constituye una medida decretada en Estado de Emergencia al amparo de amplias facultades discrecionales y con fines específicos que protegen a los ciudadanos en su mayoría (la niñez y adolescencia bajo el sistema educativo público de Honduras), respecto al reclamo individual de cada uno de los demandantes; que los actores tienen expeditas acciones para reclamar sus derechos laborales, pero no a través de la nulidad del acto administrativo que hoy se impugna; Por las consideraciones de derecho realizadas por la Sala Laboral- Contencioso Administrativo, así como las realizadas por este Tribunal, esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional, debe declarar con lugar el recurso de apelación y por ende revocar la sentencia definitiva de fecha 11 de noviembre de 2013, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, por no estar ajustada a derecho.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado GUSTAVO ADOLFO MALDONADO GÁLVEZ, en fecha 20 de abril del 2017, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 20 de marzo del 2017, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 130-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 036-2011 del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 21 de abril del 2017, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogada SUYAPA MARIA BORJAS SALGADO, presentó en fecha 18 de mayo del 2017, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 22 de mayo 2017, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 24 de mayo del 2017, los Abogados GUSTAVO ADOLFO MALDONADO GÁLVEZ y SUYAPA MARIA BORJAS SALGADO, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 08 de junio del 2017, teniendo por personados a los Abogados GUSTAVO ADOLFO MALDONADO GÁLVEZ, como recurrente, y SUYAPA MARIA BORJAS SALGADO, como recurrida, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: “VIOLACIÓN DIRECTA DE LEY SUSTANTIVA POR FALTA DE APLICACIÓN: Acuso a la Sentencia impugnada por ser violatoria de Ley Sustantiva de orden Nacional, por falta de aplicación e infracción directa.- La Norma Jurídica se presenta, pues no como una unidad aislada, sino como un conjunto de reglas de derecho precepto o proposición jurídica que bajo la forma de Ley comprende o contiene un hecho, condición, efecto y una consecuencia condicionada. La Ley se aplica al hecho o causa previsto por ella. Cuando el precepto o conjunto de reglas de derecho tutelan de modo definitivo y completo un determinado derecho subjetivo, estamos en presencia de una disposición jurídica completa de derecho sustancial o material. La violación o infracción directa sucede, cuando se deja de aplicar un texto legal claro que ha debido de aplicarse o cuando se quiere omitir o pasar en silencio, eliminando un derecho consagrado en la Ley. La Sentencia es violatoria de la Ley Sustantiva de Orden Nacional, por falta de aplicación o falta de apreciación en infracción directa de los Artículos: 82,90,94,95,321,323 de la Constitución de la República; 35,36,37,38,39,40 y 95 del Decreto Legislativo 136-97, que contiene la Ley del Estatuto del Docente Hondureño en relación con los artículos 134,135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 149, 152, 153, 154, 155 y 159 del Acuerdo Ejecutivo Número 0760-99 que contiene el Reglamento del Estatuto del Docente Hondureño; 1,7 y 8 de la Ley General de la Administración Pública en relación con los artículos; 6, 20,24,25,27,34 literales a), b) c) de la Ley de Procedimientos Administrativos 1,2,3,5,6,9,10,11,12,17, y 1589 del Código Civil. LEY SUSTANTIVA VIOLADA. Las Leyes Sustantivas Violadas son: 1.- La Constitución de la República. El Artículo 82 ordena que el derecho a la defensa es inviolable y que las personas tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las Leyes. Con el Acuerdo Número 40867-SE-2011 de fecha 5 de Abril del año 2011, emitido unilateralmente por la Secretaría de Educación, viola a cada docente el derecho a la legítima defensa.- Viola el principio de inocencia consagrado en el Artículo 89, toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad. Se viola el derecho al debido proceso establecido en los Artículos 94 y 95.- A nadie se le impondrá pena alguna, ni administrativa, ni judicial, sin haber sido oído y vencido en un procedimiento administrativo o judicial de igual manera, ninguna persona será sancionada con penas o sanciones administrativas que no estén previamente establecidas en la Ley. Las sanciones aplicadas a cada docente se debieron notificar personalmente a cada uno de los afectados para que hicieran uso de su defensa en el legítimo procedimiento. La responsabilidad del Estado, es la de proteger y garantizar el Sistema Jurídico Nacional y al no hacerlo se viola los Artículos 321 y 323 de la Constitución de la República.- Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere a Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley, es nulo e implica responsabilidad; de igual manera los funcionarios están sujetos a la Ley y jamás superiores a ella.- Todo acto que se realice en violación a la Ley implica responsabilidad. 2.- EL Código Civil. La Ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, quedan subsumidos al imperio de la Ley, jueces, magistrados, políticos de todos los niveles, relatores en procesos judiciales, etc. Etc. Las Leyes son obligatorias una vez promulgadas y publicadas, nadie está autorizado para interpretar la Ley o para hacer acomodamientos de hechos o de asuntos no discutidos ni probados en Juicio o en procedimientos administrativos.- La costumbre no constituye derecho. Los Jueces, Magistrados, Funcionarios Públicos, antes de asumir un cargo juran cumplir, hacer cumplir la Constitución y las Leyes.- Esto es lo que os pido Honorables Magistrados.- Visto este tema desde el punto de vista Jurídico, se está cometiendo fraude y violando en forma directa los Artículos 1°,2°, 5°,6°, 9°, 10,11,12,17,18 y 19 del Código Civil. 3.- La Ley General de la Administración Pública. Los Funcionarios Judiciales, se devienen obligados a hacer que: Los funcionarios y empleados de la Administración del Estado cumplan y se sujeten a las normas establecidas en esta Ley. La jerarquía normativa establecida en los Artículos uno (1), siete (7) y ocho (8) de este Cuerpo Legal no pueden ser interpretados al libre albedrío de Funcionarios Judiciales, ni Funcionarios Públicos, ni por los particulares. Los poderes del Estado a través de sus funcionarios, no pueden reconocer, declarar o limitar derechos de los particulares, si no tienen atribuidas por la Ley tales potestades. Del mismo modo no podrán ejercitar actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías reconocidas por la Constitución de la República, las Leyes Especiales y Leyes Generales. 4.- Ley de Procedimientos Administrativos.- Artículos violados 6,20,25. En los procedimientos administrativos regulados por una Ley Especial, el Órgano Superior Administrativo no está facultado para avocarse en el conocimiento de asuntos administrativos atribuidos por Ley a la competencia exclusiva de un Órgano Inferior. Para que tenga efectos la aplicación de las sanciones a que se refiere los Artículos 37-38 de la Ley del Estatuto del Docente Hondureño, la Autoridad respectiva de acuerdo con el Reglamento de ésta Ley, deberá notificar por escrito al docente los hechos que se le imputan bajo la prevención que de no desvirtuarlos dará lugar a la imposición de sanción. También deberá citar a cada docente, indicándole en el mismo oficio, el lugar, fecha y hora en que se celebrará la Audiencia de descargo. En los Artículos 139, 140 y 141 del Reglamento en mención, establece el orden o procedimiento para sancionar las faltas leves, las faltas graves y las faltas muy graves y en los Artículos 142,143,144 y 145 de este mismo Reglamento ordena que autoridad aplicará la sanción o faltas de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley. Cuando no se respeta el procedimiento establecido en la Ley Especial, se viola el Artículo 6 de la Ley de Procedimientos Administrativos, ya que el órgano Superior despoja de sus funciones al Órgano Inferior. Viola también el Artículo 20 de este mismo cuerpo legal ya que ninguna actuación material que limite derechos de los particulares, podrá iniciarse sin que previamente haya sido adoptada y legalmente comunicada o notificada la decisión que le sierva de fundamento jurídico. También se viola en forma directa los requisitos de fondo del acto administrativo, los señalados en el Artículo 34 de la Ley de Procedimientos Administrativos que indican los motivos por los cuales se puede decretar la Nulidad de un acto administrativo siendo estas: a) Los dictados por órganos absolutamente incompetentes; b) Aquellos cuyo objetivo sea imposible o configure un delito; c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del Procedimiento establecido; d) Los que se emitan infringiendo las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los Órganos Colegiados; e) Los de carácter General que infrinjan los límites señalados a la potestad Reglamentaria, establecidos por el Artículo 40 de esta Ley. Igualmente se violan los requisitos de forma de los actos Administrativos contenidos en los Artículos: 23,24,25 y 26 de la Ley de Procedimientos Administrativos. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación está comprendido en la causal b) del numeral Uno (1) del Artículo 719 del Código Procesal Civil.”.- 2. Que el cargo que antecede no puede prosperar, ya que se incurre en los siguientes defectos: a) carece de claridad y precisión en la formulación al señalar que: “La Sentencia es violatoria de de la Ley Sustantiva de Orden Nacional, por falta de aplicación o falta de apreciación en infracción directa…” lo cual, no concuerda con el precepto autorizante, que contiene una causal de casación de norma procesales no materiales. Además, el señalamiento de normas sustantivas y la infracción directa no resultan apropiados para esta materia; b) se omite la normas de naturaleza procesal que se consideren infringidas a razón del precepto autorizante citado; c) en el desarrollo se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba lo cual tiene vedado este Tribunal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; d) se a alude a la Ley General de la Administración Pública en el sentido de que “…La jerarquía normativa establecida en los Artículos uno (1), siete (7) y ocho (8) de este Cuerpo Legal no pueden ser interpretados al libre albedrío de Funcionarios Judiciales…” cuando en la formulación se alega el concepto de falta de aplicación no a una interpretación errónea modalidades violación a la ley distintas que se deben precisar.- 3. Que en un segundo motivo se aduce: “Acuso a la Sentencia POR NO SER CLARA, no ser precisa, por ser incompleta o no ser Exhaustiva en su pronunciamiento y contenido, por ser violatoria por falta de aplicación de Los artículos: 32,33,45,49 todos íntimamente relacionados de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y ser violatoria de los artículos 10 numeral 1 y 2; Artículo 11 numeral 2); Artículo 12 numeral 5); Artículos: 228,229 numerales 1) y 3), 234 numeral 1), 238 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil.- El contenido de la Sentencia impugnada es violatoria de derechos establecidos en el ordenamiento jurídico Nacional, causa indefensión, está viciada de nulidad y causa impunidad y fortalece la impunidad. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación está comprendido en la causal del Artículo 719 numeral 1 (uno) literal b) y c), del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte de Apelaciones en su Sentencia que es de fecha Veinte (20) de Marzo del año Dos Mil Diecisiete (2017), viola el principio dispositivo establecido en el Artículo Diez (10) del Código Procesal Civil, en el sentido de que las partes fijan con su pretensión el objeto del proceso; la parte demandada oponente al contestar la demanda fija su resistencia. De la misma manera las pruebas que deban practicarse para la acreditación de los hechos controvertidos deberán ser igualmente aportados por las partes en el momento procesal dispuesto por éste Código.- LOS HECHOS PROBADOS Y NO CONTROVERTIDOS EN LA DEMANDA PRINCIPAL SON LOS SIGUIENTES: 1) La relación laboral de ochenta y un docentes demandantes con el Estado de Honduras, responsable de los actos de la Secretaría de Educación como Institución demandada. 2) La emisión por parte de la Secretaría de Educación del Acuerdo Número 40867-SE-2011, de fecha 5 de Abril del año 2011, mediante el cual se suspende temporalmente a cada uno de los demandantes de sus actividades laborales. Los fundamentos de derecho de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en su Sentencia de fecha Veinte (20) de Marzo del año Dos Mil Diecisiete (2017), se funda en la Circunstancia de la vulneración de derechos de la niñez, lo que violenta el deber y principio de congruencia que toda decisión judicial debe conllevar. La vulneración de la Niñez, no es un hecho controvertido en el juicio principal. Para que exista una vulneración material de la niñez, la parte demandada al contestar la demanda debió definir esta pretensión y en el período probatorio debió acreditar como medio probatorio, el nombre y apellidos de niños y niñas que fueron vulnerados, el nombre y apellidos de cada padre y madre de familia de cada niño y niña, el nombre del Centro Educativo, su ubicación Departamental en donde se causó esta vulneración a cada niño o niña; el nombre y apellido de cada docente que causó esta vulneración. En la Contestación de fa demanda no hay un hecho de vulneración de derechos de niños y niñas, no hay nombres y apellidos de docentes que causaron esta vulneración. En el expediente de la demanda en la aportación de la prueba, no existe ninguna prueba acerca de la vulneración de los derechos de niños y niñas y no hay un hecho sobre la vulneración concretamente definido y sometido a prueba.- En el Fundamento SEXTO Numeral II, reconoce que en los Artículos 38,39 y 40 del Estatuto del Docente, establece las faltas y procedimientos de sanción y recursos que proceden en los conflictos que se presenten en la relación con los docentes en el ejercicio de sus labores. Profundiza a incongruencia en la Sentencia en el Numeral y del fundamento SEXTO, al expresar que: “ Si bien es cierto los Tribunales de Justicia han venido dando trámite a las acciones de este tipo, respetándose el debido proceso y derecho de defensa de los Tribunales y empleados, todo ello lo ha sido, siempre que no existan otros derechos de terceros, que por mandato Constitucional se encuentren bajo la protección privilegiada del Estado y en procura de la protección de los derechos humanos e indispensables de los ciudadanos en su mayoría”. Lo raro es que no expresa cual es la prueba existente sobre derechos de terceros vulnerados o dañados. Constituye esta expresión un acto de impunidad en beneficio de funcionarios administrativos acostumbrados a violar las Leyes y es una expresión en perjuicio de los ciudadanos en la búsqueda de justicia y es una expresión en perjuicio del estado de derecho. Los Magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras y por Unanimidad de Votos han expresado que están dispuestos a violar el ordenamiento jurídico Nacional cuantas veces se les antoje. La Sentencia extrema ¡a contradicción entre su contenido y lo debatido en el juicio al expresar en el numeral IV del hecho Sexto en los fundamentos de Derecho, que: “……la figura del Estado de Emergencia, no es ejercer verdadera tutela jurídica,…….”. Con esta expresión clara y directa, estamos entendiendo que no hay tutela jurídica por parte del Estado y la tutela jurídica esta al libre albedrio de cada Juez.- Los acuerdos del Ejecutivo no son Ley, no pueden estar por encima de la Constitución de la República, no pueden estar por encima de las Leyes Especiales, ni de las Leyes Secundarias, ni de las Leyes generales. La Convención Americana de Derechos Humanos, en su Artículo 30 indica que las restricciones deben ser establecidas por la Ley (Ley formal), dispuestas en beneficio del interés general y con el propósito para el interés que se establecieron, no como sanción o con cualquier otro propósito, es decir, no es suficiente que se demuestre que el Decreto de Estado de Emergencia cumplía un propósito útil u oportuno; para que sea compatible con la Convención, la Constitución de la República y las demás Leyes del País, esa restricción debe ser proporcionada al interés de la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo, no a la violación de las Leyes y la Constitución. La Constitución de la República no regula el Estado de Emergencia, como un mecanismo para restringir o suspender algunos derechos esenciales de manera parcial o total para garantizar el orden. Por otra parte el sistema Educativo no se encuentra comprendido dentro de los derechos o garantías que pueden restringirse o suspenderse de acuerdo a lo establecido en el Artículo 187 de la Constitución de la República. Además todas las actuaciones realizadas o que realice el Ejecutivo o cualquier otra autoridad estatal deben de someterse al principio de legalidad, a lo dispuesto en la Constitución de la República y los tratados. Cuando un acto administrativo comprende cualquier infracción del ordenamiento jurídico incluyendo el quebrantamiento de formalidades esenciales, el exceso de poder y la desviación de poder, estamos frente a un acto que no está conforme a derecho, como lo es el Acuerdo Ejecutivo Número 40867-SE-2011, de fecha 5 de Abril del 2011, es Nulo y es anulable por no estar conforme a derecho. Cuando la Sentencia Impugnada expresa que hay otros derechos de terceros vulnerados y no están probados; cuando expresa que en otros momentos se ha respetado el procedimiento establecido en la Ley y, cuando expresa que la figura del Estado de Emergencia no es ejercer verdadera Tutela Jurídica, estamos frente a una desviación de Poder con fines distintos a los fijados por la Ley. La Resolución del Órgano Jurisdiccional que ponga fin al proceso ha de ser congruente con la petición del actor o demandante y con lo opuesto por el demandado, siempre tomando en cuenta las normas aplicadas y las pruebas aportadas en el proceso o demanda en relación con los hechos planteados y probados. El hecho imaginario no discutido que violenta los derechos referentes a la violación de derechos de niños, no es un hecho fijado en el proceso ni tampoco es un hecho probado. El Juez debe de resolver la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, pero no puede alterar el petitorio, ni fundar su decisión en hechos diversos que no han sido aprobados por las partes. A través de los medios de prueba acreditados y que acreditan las afirmaciones de los hechos alegados, controvertidos, convencen al Juez de la verdad o certeza de un hecho. Por otro lado las pruebas solo se practican a instancia de parte y que consten en el proceso, no pruebas fácticas o imaginarias. El Juez no tiene iniciativa probatoria, sustituyendo los deberes y las cargas de las partes al respecto. Es decir el Juez no puede estar realizando actos en defensa de la parte demandada, en este caso del funcionario administrativo, pues por extensión se convierte en defensor de la Impunidad. La prueba siempre debe de recaer sobre los hechos que guardan relación con la tutela judicial que se pretende obtener en el proceso en el hecho de que el Acuerdo Ejecutivo N° 40867-SE-2011, de fecha 5 de Abril del 2011, conforme a la Ley es Nulo de pleno derecho.- Solo corresponde al actor demandante y al actor demandado o al Reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos constitutivos de su Demanda, de su Contestación o Reconvención. Corresponde al demandado alegar en su escrito de Contestación conforme a las normas que le sean aplicables para que mediante la prueba que acredite pueda oponer a la demanda logrando la extinción de la misma. El Juez debe de resolver la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Pero no puede alterar las pruebas, no puede alterar los hechos y no puede alterar el petitorio, ni fundar su decisión en hechos diversos de los que no han sido alegados por las partes.- Todo lo anterior es señal objetiva y por no querer respetar la Constitución, Las Leyes Especiales y la Ley General, lo que indujo a la Corte de Apelaciones a dictar una Sentencia con falta de claridad, falta de precisión, falta de exhaustividad y viciada de Nulidad absoluta, como lo establece el Artículo 1589 del Código Civil que dice: “La Nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste de autos, declararse de oficio, aunque las partes no lo aleguen y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria.- Esta disposición es de cumplimiento obligatorio en íntima relación con el Artículo 9 del mismo cuerpo legal que ordena: “ Los actos que prohíbe la Ley son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que el de Nulidad para el caso de contravención.”.- 4. Que el cargo que antecede no puede prosperar, ya que se incurre en los siguientes defectos: a) carece de claridad y precisión en el precepto autorizante, ya que los literales b) y c) numeral 1) del artículo 719 del Código Procesal Civil, contienen causales de casación distintas que se deben precisar en forma separada e independiente; b) en el desarrollo se insta a la revisión de los hechos, interpretación y valoración del material probatorio lo cual tiene vedado este Tribunal; c) lo expuesto en el desarrollo constituye u extenso alegato de instancia inoportuno en este recurso extraordinario.- 5. En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, relacionado con el 721 numeral 2) del mismo ordenamiento legal, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días de mes de diciembre del dos mil dieciocho; certificación de la resolución de fecha tres de noviembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 307-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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