Sentencia CA-306-17 — Registro 8292
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción incoada por los demandantes se anula el acto administrativo impugnado consistente en negativa ficta mediante la cual LA INSEP, ha denegado la ejecución de una resolución administrativa propia y con carácter de firme por estar en franca contradicción no justificada con otra anteriormente dictada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) omite expresar la norma de derecho cuya infracción sustenta el cargo; b) no indica si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; c) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) vincula el control de la motivación fáctica conforme al artículo 720 numeral 2) del Código procesal Civil, manifestando “…consistentes en la forma y contenido de la Sentencia y el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determinante de un sentido diferente del fallo”, sin embargo en la explicación no desarrolla dichos conceptos, lo cual provoca falta de claridad y precisión en el cargo, resultando que no demuestra la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; y, e) formula alegatos de instancia."-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) omite en la formulación expresar la norma de derecho cuya infracción sustenta el cargo, es hasta la explicación que hace mención de varias disposiciones sin claridad y precisión de su ataque; b) no indica si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; c) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) vincula el control de la motivación fáctica conforme al artículo 720 numeral 2) del Código procesal Civil, manifestando “…el Artículo 720.2 del Código Procesal Civil dispone: “Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia podrá revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determinante de un sentido diferente del fallo.” Sin embargo, en la explicación no desarrolla dichos conceptos, lo cual provoca falta de claridad y precisión en el cargo, resultando que no demuestra la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; y, e) realiza extensos alegatos de instancia.- "
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de noviembre del dos mil dieciocho, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA, y los señores MARIA DEL TRANSITO BARAHONA BARAHONA, KAREN JANINA LAITANO BARAHONA, MARCELA LAITANO BARAHONA, MARIA JOSÉ LAITANO BARAHONA, MARIA FERNANDA LAITANO LÓPEZ, RAÚL ALBERTO LAITANO RODRÍGUEZ, JOSÉ CARLOS LAITANO RODRÍGUEZ y NICOLE LAITANO RODRÍGUEZ, representada en juicio por la Abogada MERLE ENID LAITANO BARAHONA, respectivamente.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda contencioso administrativa para que se declare la nulidad de un acto presunto negativo creado por el silencio administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento y reconocimiento, que se ordene el pago de una deuda reconocida mediante acto administrativo de carácter firme contemplado en la resolución de fecha 09 de marzo del 2012, emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas Transporte y Vivienda, más los perjuicios ocasionados desde la fecha que se originó la obligación hasta la fecha en que se haga efectivo el pago, costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por la Abogada MERLE ENID LAITANO BARAHONA, en su condición de representante procesal del señor RAÚL LAITANO ANDINO, en su condición de Gerente Propietario del MOTEL LUXOR MOTOR INN (Q.D.D.G.) y por sucesión procesal por muerte de los herederos señores MARIA DEL TRANSITO BARAHONA BARAHONA, KAREN JANINA LAITANO BARAHONA, MARCELA LAITANO BARAHONA, MARIA JOSÉ LAITANO BARAHONA, MARIA FERNANDA LAITANO LÓPEZ, RAÚL ALBERTO LAITANO RODRÍGUEZ, JOSÉ CARLOS LAITANO RODRÍGUEZ y NICOLE LAITANO RODRÍGUEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción, que siendo legítimo propietario del negocio conocido como MOTEL LUXOR MOTOR INN, el 21 de agosto del 2009, presentó Reclamo Administrativo, en donde solicitaba el pago de indemnización de daños y perjuicios causados al negocio por la cantidad de L. 34, 386,953.00, en concepto de daño causado a la infraestructura del inmueble, más la suma de L. 2,784,859.00 en concepto de perjuicios ocasionados desde el 18 de octubre del 2008 al 30 de abril del 2009, haciendo un total de L. 36,871,812.00 por actos negligentes atribuibles a la demandada, misma que se le otorgó un derecho mediante Resolución del 09 de marzo del 2012, en donde declaró con lugar dicho reclamo administrativo; que el 07 de noviembre del 2012, presentó ante la Gerencia Administrativa de Soptravi escrito, solicitando Ejecución Administrativa de un Derecho Adquirido, por incumplimiento a lo ordenado en la Resolución del Reclamo Administrativo, y ante la negativa de dicha Gerencia el 07 de diciembre del 2012, presentó escrito solicitando pronta resolución, a lo cual se guardaron silencio ante tal petición, por lo que entendieron que existía un acto presunto en sentido negativo, interponiendo el recurso de reposición para agotar la vía administrativa.- 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante ante sede administrativa reclamó la indemnización de daños y perjuicios de L. 36,871,812.00, por actos negligentes; y que la resolución del 09 de marzo del 2012, puede ser objeto de una declaración de lesividad por la misma Administración Pública que lo dictó, por contar con elementos que son cuestionables y que podrán ser revertidos en cualquier momento previo a los trámites pertinentes; alegó que en dicha resolución no establecía una cantidad líquida a indemnizar y que no es atribución del órgano administrativo la cuantificación a que hizo alusión, a lo que la Gerencia procedió a devolver los antecedentes a la Secretaría General, quien declaró la incompetencia para dar cumplimiento a lo ordenado en dicha resolución, ya que no estaba facultado para resolver la ejecución, aseveró que ese tipo de actos no son susceptibles de impugnación ante la jurisdicción contenciosa administrativa; y en cuanto al escrito presentado para pronta resolución se declaró extemporáneo habiendo sido notificado en legal y debida forma, manifestó además que el demandante interpuso la demanda fuera de los plazos respectivos y establecidos en la ley para acudir a esta instancia en tutela jurídica, concluyó alegando que la apoderada legal de la parte demandante abandonó la vía administrativa para comparecer de manera anticipada y por ende extemporánea ante esa jurisdicción sin que se le hubiera notificado en legal y debida forma el recurso de reposición ante un acto presunto negativo por el silencio administrativo.- 3.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, en fecha 19 de marzo del 2013, interpuso en tiempo y forma defensas previas, alegando causas de inadmisibilidad de la demanda en vista de que fue interpuesta fuera de los plazos respectivos y establecidos en la ley para acudir a la instancia en tutela jurídica, tal como lo establece el artículo 138 de la Ley de Procedimiento Administrativo que es la legislación que se rige el proceso y que fue presentada de manera anticipada y por ende extemporánea según lo dispone el artículo 48 literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que la apoderada legal de la parte demandante abandonó la vía administrativa para comparecer de manera anticipada y por ende extemporánea ante esa jurisdicción sin que se le hubiera notificado en legal y debida forma el recurso de reposición ante un acto presunto negativo por el silencio administrativo; asimismo, alegó que se debió inadmitir la demanda porque carece de requisito legal contenido en el artículo 23 de la Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público; por lo que el escrito de demanda contenía defectos formales que le impedían al Juez verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, ya que no había cuantía determinada correctamente y al mismo tiempo exigir el pago de daños y perjuicios sin acompañar la certificación emitida por una firma auditora autorizada por la Comisión de Bancos y Seguros (CNBS), en donde el monto se reflejara en la contabilidad de la sociedad demandante.- 4.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 31 de agosto del 2015, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar PROCEDENTE al acción incoada por MERLE ENID LAITANO BARAHONA, ACTUANDO POR SÍ Y COMO APODERADA LEGAL DE MARIA DEL TRANSITO BARAHONA BARAHONA, KAREN JANINA LAITANO BARAHONA, MARCELA LAITANO BARAHONA, MARIA JOSÉ LAITANO BARAHONA Y MARIA FERNANDA LAITANO LÓPEZ, ASÍ COMO RAÚL ALBERTO LAITANO RODRÍGUEZ, JOSÉ CARLOS LAITANO RODRÍGUEZ Y NICOLE LAITANO RODRÍGUEZ, en su condición de Herederos Ab-intestato de quien en vida fuera RAÚL LAITANO ANDINO. SEGUNDO: Anular el acto administrativo impugnado consistente en negativa ficta mediante la cual LA INSEP, ha denegado la ejecución de una resolución administrativa propia y con carácter de firme por estar en franca contradicción no justificada con otra anteriormente dictada en fecha 9 de marzo de 2012. TERCERO: Reconocer la situación jurídica individualizada del demandante y corno medida para su pleno restablecimiento se condena al ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO PÚBLICOS (INSEP) a indemnizar a los demandantes en los daños y perjuicios causados mediante el pago de CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS (L. 56,266,526). CUARTO: De conformidad con la sentencia de declaratoria de herederos ab-intestato que obra en el expediente, ver folio 263 al 266, y la petición de los demandantes en su escrito de conclusiones el pago debe de guardar la siguiente proporción: 1) Respetar la porción conyugal, UN 25%, del monto objeto de la condena a favor de MARIA DEL TRANSITO BARAHONA BARAHONA. 2) El porcentaje restante del monto objeto de la condena, hasta un 75%, debe de ser pagado en porciones iguales entre los demás herederos….SIN COSTAS”; bajo el criterio que si bien, la resolución del 09 de marzo de 2012, establece como requisito previo para determinar la cuantía a indemnizar un trámite administrativo de consulta u opinión a otro Órgano del mismo ramo, también es cierto que éste actuar del INSEP es a todas luces improcedente, puesto que la Ley de Procedimiento Administrativo no solo le obliga a que en la resolución que le puso fin al reclamo decidiese todas y cada una de las cuestiones controvertidas del reclamo, inclusive la cuantía solicitada, sino que también la Ley de Procedimiento Administrativo no le otorga facultades al Funcionario Público para diferir la cuantificación de un monto indemnizatorio a una etapa ulterior del respectivo trámite. A lo que la Ley de Procedimiento Administrativo faculta en su artículo 71 párrafo último es a que dentro del trámite correspondiente el Órgano de La Administración Pública requerirá los informes de los Órganos Técnicos para esclarecer los hechos discutidos, como lo es el caso de la cuantía, pudiendo incluso nombrar Peritos en aquel momento procesal para su liquidación dentro del trámite administrativo y no posterior a él, tal y como en efecto lo ha ejercido el demandado, por lo dicho, la actuación de la Administración dejando diferido para un momento posterior al de la resolución del reclamo administrativo la liquidación de la cantidad a indemnizar, es improcedente y por consiguiente al haber declarado con lugar dicho reclamo administrativo ha aceptado también en vía administrativa la cuantía peticionada por el ahora demandante máxime, se reitera que la misma demandada, en apego a lo que dispone el artículo 71 párrafo último de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha evacuado en sede administrativa un Dictamen Técnico Pericial, en el cual el Perito es concluyente al referir como monto total a reponer la cantidad de L. 51,266,526.00) y apelando a esas directrices de valoración, y tomando en cuenta que en el medio de prueba Reconocimiento Judicial ha quedado acreditado que el inmueble se encuentra funcionando, aunque sea de manera mínima, el suscrito es del criterio que se debe de convalidar lo que el Técnico experto ha referido en sede administrativa, en el sentido de que debe de formar parte de la indemnización la cantidad de L. 51,266,526.00), más L. 5,000.000.00 en utilidades proyectadas vrs costo financiero del 2009 al 2015, para hacer un total a indemnizar de L. 56,266,526 y que el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo señala que el acto administrativo es nulo cuando se haya emitido con evidente exceso de poder. El exceso de poder comprende la contradicción no justificada del acto con otro anteriormente dictado y cualquier otro vicio inherente al objeto o contenido del acto. En el presente caso de autos, resulta evidente que la emisión del acto negativo presunto que ha denegado la petición de pago de una resolución firme, contradice de manera injustificada el emitido en fecha 09 de marzo de 2012, en tanto éste otorga un derecho y el presunto lo deniega sin causa justificada por el solo hecho de ser presunto.- 5.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 20 de febrero del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que este tribunal considera que dentro del proceso, existen dos informes financieros, uno presentado por la parte demandante en el cual establece un monto de utilidades y costo financiero de L.8,827,080.00 y otro presentado por la parte demandada por 22 unidades habitacionales con valor de L.7,840,000.00 por 8 unidades y L.14,964,950.00 para 14 unidades, informes que coadyuvaron a que el juez ponderará bajo la apreciación de la prueba así como la sana crítica que no es otra cosa más que “Reglas del correcto entendimiento humano” utilizada como un instrumento legal para la valoración judicial de la prueba ofertada, suponiendo la existencia de ciertos principios generales que deben guiar al Juzgador en cada caso concreto a la apreciación de la prueba, excluyendo así la discrecionalidad absoluta del juzgador, siendo estas reglas: a) la Lógica; b) la Psicología; y c) La experiencia común, las cuales se deben unificar para asegurar el más certero razonamiento decisivo sobre una cuestión sometida a juicio; es decir, es la operación intelectual realizada por el juez, destinada a la correcta apreciación del resultado de las pruebas judiciales, predominando la buena fe, por lo que la ponderación hecha por la cantidad de CINCO MILLONES este tribunal la ve racional al daño acreditado en los diferentes medios de prueba aportados por ambas partes como utilidad en la pérdida de una ganancia legítima y económica como consecuencia del daño, y que está no se habría producido, si el evento dañino no se hubiera verificado, suceso que fue reconocido mediante el dictamen legal DL 017-2012, de la Secretaría de Estado en el Despacho de Obras Públicas Transporte y Vivienda ahora conocido como INSEP, al considerar que el daño causado fue por actos negligentes atribuibles a dicha Secretaría de Estado, así como la resolución de fecha nueve de marzo del año dos mil doce, la cual también asume dicha responsabilidad; en cuanto a que el Aquo no valoró los reportes técnicos de GEOCONSULT, así como el de la UNIDAD Ejecutora del BM/BCIE, estos no cuantifican solo relacionan las causas del deslizamiento, por lo que en uso de sus atribuciones la Dirección Legal mediante dictamen 086-2011, considera pertinente el nombramiento de un nuevo perito que genere un informe final, nombrando a tal efecto al Ingeniero Melvin Rivera Leiva, considerando dicha unidad que dichos informes no son suficientes para concluir con lo plateado por el peticionario acatando la disposición establecida en la ley General de la Administración Pública en el Articulo 5; que el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que “son anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción al ordenamiento jurídico, incluso el exceso y desviación de poder; en el exceso de poder se comprende la alteración de los hechos, la falta de conexión lógica entre la motivación y la parte dispositiva del acto, la contradicción no justificada del acto con otro anteriormente dictado y cualquier otro vicio inherente al objeto o contenido del acto”; que por los motivos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, es del criterio que se debe confirmar la sentencia apelada por considerar que la misma está dictada conforme a derecho.- 6.- Las representaciones procesales de las partes, Abogada MERLE ENID LAITANO BARAHONA, en fecha 27 de marzo del 2017, y Abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ÁRTICA, en fecha 31 de marzo del 2017, presentaron escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 20 de febrero del 2017, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.039-2016, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.048-2013 del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencias de fechas 30 de marzo del 2017 y 06 de abril del 2017, respectivamente, tener por interpuestos y formalizados en tiempo y forma los presentes recursos y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciaran sobre el contenido del mismo.- 7.- Las representaciones procesales de las partes, Abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ÁRTICA, en fecha 10 de mayo del 2017, y Abogada MERLE ENID LAITANO BARAHONA, en fecha 17 de mayo del 2017, presentaron escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencias de fechas 11 y 18 de mayo de 2017, respectivamente, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 24 de mayo del 2017, los Abogados KARLA PATRICIA MENDOZA ÁRTICA, y MERLE ENID LAITANO BARAHONA, respetivamente.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 08 de junio del 2017, teniendo por personados a los Abogados KARLA PATRICIA MENDOZA ÁRTICA, y MERLE ENID LAITANO BARAHONA, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente Abogada MERLE ENID LAITANO BARAHONA, en su condición de Representante Procesal de la parte demandante, fundamenta su primer y único motivo manifestando lo siguiente: “La Casación se basa en el artículo 719 numeral uno (1) inciso c y articulo 720 numeral dos (2); del Código Procesal Civil consistentes en la forma y contenido de la Sentencia y el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determinante de un sentido diferente del fallo. Motivación Fáctica de las Sentencias recurridas, acápite que relaciono directamente a la insuficiencia de apreciación del hecho probado en juicio y consistentes en un Reconocimiento Judicial que se realizó en el negocio LUXOR MOTOR INN que en la actualidad está funcionando de manera mínima y que actualmente ha sido objeto de adjudicación por ejecución de hipoteca por parte de Banco Atlántida, haciendo con este hecho más gravoso el daño y perjuicio, pues fue la perdida de este negocio el incidente detonante para la insolvencia de pago de los préstamos y créditos financieros alegados anteriormente (será esta una acción posterior por haberse incrementado el daño); en consecuencia él A Quo y ahora el A-Quem no hicieron acertada valoración de este medio de prueba pues de manera precisa si bien es cierto existen ingresos, pero los mismos no son suficientes para compensar los daños, perjuicios y la ganancia dejada de percibir ocasionada por la pérdida del inmueble, siendo irracional e ilógico compensar esto con la excesiva disminución de la cuantía solicitada considerando únicamente una Pericia en la cual se establece una cantidad de CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS CON 60/100 a la fecha de 16 de enero de 2012, sin tornar en cuenta el incremento anual por costos para hacer posible la restitución del inmueble debido a la inflación en vista que a la fecha de hoy no se ha hecho cumplimiento al resarcimiento y restitución del daño ocasionado y el Avaluó parte de la prueba concerniente en el Informe Financiero de la firma auditora PKF, ya que se adujo que una cantidad de CINCO MILLONES DE LEMPIRAS (L. 5,000,000.00) en concepto de UTILIDADES PROYECTADAS VRS COSTO FINANCIERO del año 2009 al 2015, ilógicamente e irracionalmente nos encontramos en el año 2017 y aun no se ha cancelado la obligación; es por esto que la cuantía condenada no representa una cuantía real, verdadera y exigible en cuanto al factor tiempo y tampoco en cuanto al contenido del daño y perjuicio causado y es precisamente en este sentido que solicito que la sentencia case de conformidad a lo solicitado por mi persona en sede judicial en cuanto al monto fijado en mi pretensión por la cantidad de SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS (L. 78,247,384.00).”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) omite expresar la norma de derecho cuya infracción sustenta el cargo; b) no indica si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; c) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) vincula el control de la motivación fáctica conforme al artículo 720 numeral 2) del Código procesal Civil, manifestando “…consistentes en la forma y contenido de la Sentencia y el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determinante de un sentido diferente del fallo”, sin embargo en la explicación no desarrolla dichos conceptos, lo cual provoca falta de claridad y precisión en el cargo, resultando que no demuestra la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; y, e) formula alegatos de instancia.- III. Que la Recurrente Abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ÁRTICA en su condición de representante procesal de la parte demandada en su primer y único motivo arguye: “Se impugna la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo por la forma y contenido de la sentencia de fecha 20 de febrero del 2017. PRECEPTO AUTORIZANTE. El motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 719.1 letra c) del Código Procesal Civil. IDENTIFICACIÓN DE PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia recurrida, salvo en la parte que dispone SIN COSTAS. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 20 de febrero del 2017 dictó sentencia en el Recurso de Apelación interpuesto por el Estado de Honduras contra la sentencia del 31 de agosto del 2015 dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, la cual en el señala en el FALLO: “PRIMERO: Declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la abogada Karla Patricia Mendoza Ártica, actuando en su condición del Estado de Honduras. SEGUNDO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de Apelación por Adhesión interpuesto por la abogada Merle Enid Laitano Barahona. La Corte recurrida sustentó la sentencia en la siguiente motivación: En dicha sentencia el Ad Quem señaló en el CONSIDERANDO (6) lo siguiente: “Que la cuantía preliminar por TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS (L. 34,386,953.00), más lucro cesante al 30 de abril del 2009 por la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS (L. 4,514,643.00), más lo que genere hasta la fecha en que se efectué la indemnización correspondiente a razón de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS MENSUALES (L.385,900.00). Haciendo un total preliminar al 31 de julio del 2009 de TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS (L. 38,901,596.00), así como los intereses de acuerdo a la tasa comercial más alta, reclamo administrativo que tuvo un dictamen legal (f 146) que claramente establece la responsabilidad de la Secretaría de Estado en mención, dando como resultado una resolución administrativa favorable de fecha nueve de marzo del dos mil doce, en la que reconocen por medio de perito nombrado por la misma Secretaría de Estado en etapa administrativa (f 184), el avalúo de daños a requerimiento de la Dirección Legal de dicha Secretaría de Estado (f 175-180); de lo que se deduce su conformidad con dicho avalúo en la cantidad de CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS CON 60/100 (L. 51,266,526.60), avalúo que no fue objetado por la misma Administración estando el reclamo en vía administrativa cuando fue nombrado por la misma Secretaría de Estado en vía administrativa, por lo que cualquier disconformidad sobre el avalúo así como cualquier otro medio de prueba lo hubiese hecho en la vía administrativa, ya que la misma Ley de Procedimiento le da la facultad de requerir informes así como designar por discrepancia; otro perito para la continuación del proceso (Artículo 71 párrafo segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo), pero antes de concluir la vía administrativa y no después de haber emitido resolución ya que la misma dio fin a dicho procedimiento dando por concluido el agotamiento de la vía administrativa tal y como se puede apreciar en los folios 164-172, dicha resolución declara con lugar el reclamo administrativo en el cual se evacuo y consintió el avalúo realizado por el perito nombrado por dicha Secretaria de Estado: por lo que cuantificar el reclamo a un momento posterior sería contravenir La Constitución de la República en cuanto a las facultades de los servidores públicos así çio a la Ley de Procedimiento Administrativo en el articulado mencionado anteriormente.”El razonamiento del Ad quem se resume así: Que la Secretaría de Estado en etapa administrativa al haber solicitado informe al Departamento Legal dio por válido el reclamo de daños provocados bajo la responsabilidad de dicha Secretaría de Estado, lo anterior resulta lógico pues la resolución del reclamo salió favorable al reclamante, no obstante el DICTAMEN LEGAL solamente determinó la responsabilidad de la Secretaría de Estado demandada no así la cuantificación del reclamo; pues sobre este extremo guardó silencio dicho dictamen. En cuanto al avalúo de los daños presentado por el Ingeniero Melvin Rivera (Folios del 184 al 194) el cual difería del presentado por el Ingeniero Juan Konghel (Folios 124 al 129) resulta evidente que la Administración no los tomó en cuenta en lo relativo a la cuantificación de dichos daños pues no se plasmó así en la resolución administrativa del 9 de marzo del 2012, la razón resulta evidente ya que la cuantificación presentada en el reclamo administrativo señalaba en concepto de daños y perjuicios TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS (L. 34,386,953.00), dicha cuantía estaba respaldada por dictamen emitido por el Ingeniero Juan Konghel de fecha 4 de noviembre del 2008. Con posterioridad y en ocasión del Informe de Avalúo presentado por el Ingeniero Melvin Rivera se emitió un nuevo dictamen en el cual se arroja como suma a indemnizar la cantidad de CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS CON 60/100 (L. 51,266,526.60) como cuantía de los daños ocasionados en el MOTEL LUXOR MOTOR INN. Reiteramos que la Administración no tomó en cuenta ninguno de estos dos dictámenes periciales, los cuales diferían en la cantidad de dieciséis mil millones ochocientos setenta y nueve mil quinientos setenta y tres lempiras con seis centavos de lempira, cuantía honorable corte que es exagerada entre una y otra. En relación a lo anterior, la Resolución Administrativa emitida el 9 de marzo del 2012 por la Secretaria de Estado demandada en su parte resolutiva señaló: “PRIMERO: Declarar con lugar el reclamo administrativo solicitando el pago de indemnización de daños y perjuicios causados por actos negligentes atribuibles a una secretaria de estado, formulado por el abogado David Gerardo Agurcia Mercadal, actuando en su condición apoderado legal del señor RAÚL LAITANO ANDINO. SEGUNDO: Declarar que evidentemente en 105 estudios, análisis y dictámenes realizados por una y otra parte, se logra apreciar que a pesar de existir puntos en controversia, al unísono de todos queda demostrado que la causa del deslizamiento fue producto del colapso de la alcantarilla, cual fue producto de la vivienda construida sobre el derecho de vía, cuyo cuidado y custodia de esta Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Publicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI). TERCERO: Remitir como requisito previo para determinar la cuantía liquida a indemnizar, las presentes diligencias a Gerencia Administrativa de esta secretaría de estado. Y MANDA: Que sea notificado en legal y debida forma el apoderado legal del señor RAÚL LAITANO ANDINO de la presente resolución, advirtiéndole que de no interponer recurso alguno en contra de la misma esta adquirirá el carácter de firme.” Así las cosas dicha resolución adquirió el carácter de firme. En virtud de lo anterior el señor RAÚL LAITANO ANDINO por medio de su apoderado legal en fecha 7 de noviembre del 2012 solicitó “Ejecución administrativa de un derecho adquirido mediante resolución de fecha 09 de marzo del 2012” y reitera su pretensión la cantidad reclamada de TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS (L. 34,386,953.00)” (A folio 19 y 20); de dicha solicitud la Administración guardo silencio en sentido positivo, mediante la Afirmativa Ficta. Por todo lo anterior se advierte que el Ad Quem erróneamente señala una aceptación por parte de la Administración de la cuantía, la cual en la resolución administrativa más bien señala que al existir una contradicción de la cuantía a indemnizar se remitan como requisito previo las diligencias a la Gerencia Administrativa para determinar la cuantía a indemnizar, por lo tanto no existe una motivación razonada en base a los medios de prueba aportados en el juicio ni tampoco una sana critica en la evaluación de los medios de prueba, en lo relativo a la cuantificación de daños por existir una variación de lo reclamado y documentado en el reclamo administrativo y el avalúo realizado dentro del expediente administrativo por el Ingeniero Melvin Rivera, no teniendo únicamente por válido este último el cual tiene una diferencia de casi diecisiete millones entre uno y otro, cuantía que vale la pena revisar. La doctrina española nos señala algunas valoraciones en lo relativo a la sana crítica, la cual a continuación enunciarnos: “La sana crítica como criterio de valoración de la prueba tiene sus orígenes en los Art. 147 y 148 del Reglamento del Consejo Real Español, el cual establecía que el Consejo debía apreciar: “según las reglas de la sana crítica las circunstancias conducentes a corroborar o disminuir la fuerza probatoria de las declaraciones”.- Previsión normativa que sirve de antecedente inmediato a la Ley española de Enjuiciamiento Civil de 1855, en cuyo Art. 317 se estableció, entonces, que: “Los jueces y tribunales apreciarán, según las reglas de la sana crítica, la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos”. No obstante, también el Art. 82 del Decreto (español) de 20 de junio de 1852, que trataba la “jurisdicción de hacienda” establecía que la certeza de los hechos debía formarse por las “reglas ordinarias de la crítica racional”, aplicada a los indicios, datos y comprobantes de toda especie que aparecieran en la causa. Vicente y Cervantes, considerado el más insigne de los comentadores de lo Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855, refiere, además, la existencia de la regla 45 de la Ley Provisional para la Aplicación del Código Penal, la cual mandaba que los tribunales adquirieran el convencimiento de la criminalidad del acusado examinando las pruebas y graduado su valor según las reglas ordinarias de la “crítica racional”; pero que al no encontrar el convencimiento según la evidencia moral que requería la Ley 12, Título XIV, de la Partida Tercera, debía imponer en su grado mínimo la pena señalada en el Código (Véase VICENTE Y CARAVANTES, José de. Tratado Histórico, Crítico, Filosófico de los Procedimientos Judiciales en Materia Civil, según la Nueva Ley de Enjuiciamiento. Madrid (España): Ed. Imprenta de Gaspar y Roig, 1856, T.1, p. 225; SARTORIO, José. La Prueba de Testigos en el Procedimiento Federal. Buenos Aíres (Argentina): Editorial Jurisprudencia Argentina, 1945, p. 184; SENTÍS MELENDO, Santiago, La Prueba. Buenos Aires (Argentina): Editorial EJEA, 1979. 2 VICENTE Y CARAVANTES, José de. Ob. cit., p. 225 Vs. 6. Lo que hoy entendemos como “sana crítica”, Vicente y Caravantes, al estudiar sus orígenes la expuso como “sana filosofía”, “crítica racional” o, en efecto, “sana crítica”, lo que pudiera entenderse, entonces, como términos etimológicamente equivalentes. De lo que se trató con la redacción del Art. 317 de la Ley Española de Enjuiciamiento Civil de 1855 fue dejar al “criterio judicial la apreciación de la prueba de testigos”; esto era dejar al arbitrio prudencial del juzgador determinar el valorar de los medios que formarían su convicción. De esta manera el juzgador quedaba en libertad de derivar su convicción no de la versión incierta que pronunciaran dos o más testigos, sino de la afirmación convincente de un solo testigo en causa. Pero, claro, considerando aspectos particulares de la prueba, como facultades psíquicas del testigo, moralidad, contenido de la declaración, probidad, relación del testimonio con el hecho, etc. Este es, pues, el origen de la sana crítica, que al decir de Sentís Melendo: “el concepto y la expresión nos pertenecen: son netamente hispánicos. Fuera de nuestros países, la sana crítica, como sistema de valoración de la prueba, o mejor como expresión de esa valoración, no se encuentra” Explicación que tiene sentido porque al haber sido ideada en España, la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855 influye, directamente, en las legislaciones latinoamericanas. 3 SENTÍS MELENDO, Santiago. Ob. cit., p. 259. Por otra parte el Ad Quem señaló como cuantificación del daño señalando entre otras cosas lo siguiente: “ Por lo que la ponderación hecha por la cantidad de CINCO MILLONES que dejó de percibir el MOTEL LUXOR MOTOR INN como lucro cesante o ganancias dejadas de percibir, la Corte señaló en la sentencia en el CONSIDERANDO (7) que dicha cuantía la ve racional al daño acreditado en los diferentes medios de prueba aportados por ambas partes, como utilidad en la perdida de una ganancia legitima y económica como consecuencia del daño, y que ésta no se habría producido, si el evento dañino no se hubiera verificado, suceso que fue reconocido mediante el dictamen legal DL-017-2012 de la Secretaria de Estado en despacho de Obras Públicas Transporte y Vivienda, ahora conocido como INSEP, al considerar que el daño causado fue por actos negligentes atribuibles a dicha secretaria de estado; así como la resolución de fecha nueve de marzo del año dos mil doce la cual asume dicha responsabilidad.” La Sentencia impugnada por el presente recurso señaló erróneamente como motivación de su fallo en cuanto al lucro cesante del MOTEL LUXOR MOTOR INN, que la cuantía del lucro cesante se basó en los medios de prueba aportados por las partes, lo cual no es una motivación suficiente porque ninguna de las pruebas aportadas acreditaban de forma fehaciente el lucro cesante o ganancias dejadas de percibir por el demandante, mucho menos el dictamen legal de la secretaría de estado. En este sentido el Artículo 720.2 del Código Procesal Civil dispone: “Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia podrá revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determinante de un sentido diferente del fallo.”. El Código Procesal Civil comentado pág 647 y 648 señala sobre este artículo lo siguiente: “Ya que el recurso de casación tiene como finalidad analizar, estudiar y dictaminar si se produjo infracción procesal o de ley, la parte recurrente no podrá exigir que la Sala de lo Civil se pronuncie sobre la pertinencia o procedencia de los hechos comparativamente con la valoración de la prueba, bien por la admisión o inadmisión de la misma, o en su caso, el criterio adoptado por el tribunal de primera instancia en su derecho de libre apreciación del prueba. Este derecho y petición solamente es procedente ante la Corte de Apelaciones. Sin embargo la parte recurrente cuando considere que es procedente, podrá incluir en su recurso que el tribunal se pronuncie sobre la ausencia ya sea total o parcial, de los requisitos legales en la motivación de la sentencia. Como la motivación de la sentencia debe ser hecha en base a los razonamientos de los hechos junto con el ordenamiento jurídico, y éstos a su vez conducen a una correcta apreciación y valoración de la prueba; la ausencia de estos requisitos en la sentencia produce la infracción de la norma jurídica. Deberá especificarse claramente en qué momento de la sentencia se produce tal infracción, expresando cual fue el alcance de los hechos expuestos por las partes y la errónea interpretación del tribunal sobre los mismos, habiendo producido insuficiencia de razonamiento al emitir la sentencia; produciéndose un fallo completamente contrario al derecho de la parte recurrente, infringiendo los principios del razonamiento y la lógica jurídica que deben prevalecer en las resoluciones judiciales. El objeto del recurso de casación en ningún momento será para que a través del mismo, se revisen los hechos en razón de la prueba evacuada o solicitar el cumplimiento de un requisito de hecho que debió de haberse exigido en primera o segunda instancia. El acto recurrente se basará únicamente en solicitar que se revise y cumpla la aplicación correcta del ordenamiento jurídico, incluyendo los principios de la motivación de la sentencia que produzcan un fallo congruente y lógico con las leyes aplicables. Si bien es cierto el CPC en su Art. 720 excluye la revisión probatoria en casación al prohibir en el numeral “1” que “Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia”, no obstante no queda totalmente vedada la oportunidad de atacar la fundamentación fáctica de la sentencia aludida en los Arts. 200 y 207, pues el numeral “2” del citado Art. 720 como excepción posibilita en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia, para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo, no se trata de una revisión probatoria al estilo regulado en el Art. 903.7 del Código de Procedimientos actual, por errores de derecho en la apreciación de la prueba o error de hecho, cuando éste resulta de documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador, sino de la revisión de los razonamientos que lo condujeron a la apreciación y valoración de las pruebas para fundar su convencimiento (Arts. 13. —principio de valoración de prueba- 245 y 479.1), pues de lo que se trata es de excluir la arbitrariedad y la irracionalidad, asimismo, se puede impugnar por incumplirse las exigencias de claridad, precisión, exhaustividad y motivación conforme a los Arts. 206 y 207 del CPC. Pedro Troncoso Martinic, Casación en el Fondo Civil y Casación Oficial, Edit. Jurídica de Chile, 1992, p.82, en relación a la revisión probatoria en casación dice: “La Excelentísima Corte Suprema se limita a conocer de la correcta aplicación de los preceptos legales y, entre ellos, los que regulan La Prueba. Como consecuencia de lo dicho, salvo el caso de violación de los últimos, los hechos establecidos son inamovibles.” En resumen se puede colegir que la motivación del fallo de la Corte de Apelaciones se basó bajo la apreciación de la prueba que se redujo al dictamen legal el cual nunca señaló la cuantificación del reclamo solamente se centró en señalar la responsabilidad de la secretaria de estado, no así en su cuantificación. Y en lo relativo a la resolución administrativa esta determina únicamente que la causa del deslizamiento fue producto del colapso de la alcantarilla y remite como requisito previo para determinar la cuantía liquida a indemnizar las diligencias a Gerencia Administrativa, de lo que resulta que la Administración aún con los dictámenes emitidos no tenía claro la cuantificación del daño ni del lucro cesante y por lo tanto se abstuvo de señalar la cuantificación del reclamo, solo declaró el derecho de indemnización. En atención a este punto, el abogado reclamante presentó un segundo reclamo administrativo reiterando la cuantía de L. 34,386,953.00 y no de L. 51, 266,526.60 y la cuantía de la demanda el actor señaló la cantidad L. 78,247,384.00. El Ad Quem basó su sentencia supuestamente en la sana critica que no es otra cosa más que “Las reglas del correcto entendimiento humano” utilizada como instrumento legal para la valoración judicial de la prueba ofertada, no obstante en este punto la prueba resultó ser insuficiente en sede administrativa para determinar por parte de la Administración la determinación de la cuantía reclamada por diferir entre una y otra de forma asimétrica en no menos de diecisiete millones, como se puede observar en los montos señalados en el párrafo anterior. En atención a esto el juez ad quo tomó erróneamente como base para la cuantificación los montos ofertados en los dictámenes por el actor del reclamo en sede administrativa valoración que resulta errónea por que en los mismos se señalaba como una pérdida total de las instalaciones del Motel Luxor Motor Inn sin embargo el juez in sito confirmó que no había una pérdida total pues habían quedado en pie 4 habitaciones tipo apartamentos que seguían funcionando al público, prueba que debió valorarse conforme a la sana critica, que indefectiblemente estableció que los dictámenes aportados carecían de credibilidad. Si analizamos un poco la situación que se dio en el expediente administrativo al no haber la Administración valorado el medio de prueba pericial aportado en el proceso y habiéndose presentado un segundo dictamen de daños el cual difería en diecisiete millones de lempiras, el juez ad quo en todo caso debió haber tomado en cuenta el aportado por el reclamante en sede administrativa, por resultar menos oneroso que el aportado por el peritaje administrativo. Con todo lo anterior las sentencias vertidas en el presente proceso no frieron guiadas por el “correcto entendimiento humano”, y por lo tanto su motivación no es congruente con la pobre prueba aportada en el proceso.”.- IV. Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) omite en la formulación expresar la norma de derecho cuya infracción sustenta el cargo, es hasta la explicación que hace mención de varias disposiciones sin claridad y precisión de su ataque; b) no indica si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; c) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) vincula el control de la motivación fáctica conforme al artículo 720 numeral 2) del Código procesal Civil, manifestando “…el Artículo 720.2 del Código Procesal Civil dispone: “Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia podrá revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determinante de un sentido diferente del fallo.” Sin embargo, en la explicación no desarrolla dichos conceptos, lo cual provoca falta de claridad y precisión en el cargo, resultando que no demuestra la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; y, e) realiza extensos alegatos de instancia.- V. En resumen, los escritos contentivos de los recursos de casación formalizados por las partes, inobservan las formalidades imperativas para que los mismos puedan ser considerados como impugnación, toda vez que no determinan la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo los recursos carentes de toda técnica casacional, ya que el Recurrente debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar, que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.- X. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal, por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- XI. De los escritos que contienen los recursos interpuestos y formalizados por las partes, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a las recurrentes la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- XII. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta Resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace mérito, en su único motivo formalizado por la Representante Procesal de la parte demandante. 2) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace mérito, en su único motivo formalizado por la Representante Procesal de la parte demandada. 3) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 4) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 5) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los siete días del mes de enero del dos mil diecinueve; certificación de la resolución de fecha trece de noviembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 306-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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