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Sentencia CA-288-17 — Registro 8291

Resumen

En primera instancia se declara improcedente la demanda promovida por la demandante por estar ajustado a derecho el Acuerdo Ejecutivo mediante el cual se le ha cancelado de su puesto de servicio como Directora de Cooperación Externa por ser un puesto excluido de la aplicación de la Ley de Servicio Civi, se confirma en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) no indica si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) formula alegatos de instancia."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el anterior cargo no siguiente: a) no indica si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; resulta atendible en razón de lo b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza extensos alegatos de instancia"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de octubre del dos mil dieciocho, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: La señora MARIELA ALEJANDRA CASTRO ROMERO representada en juicio por el Abogado SAUL MONTES AMAYA; y, Recurrido: EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHO DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES, representado en juicio por la Abogada IVONNE GYSELA MORALES PALACIOS.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial en materia de personal para la declaración de no ser conforme a derecho y la nulidad total de un acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada por cancelación ilegal e injusta del acuerdo de nombramiento, adopción de medidas para su pleno restablecimiento, que se ordene el reintegro al mismo cargo, como indemnización el pago de los sueldos dejados de percibir a partir de la fecha de cancelación hasta la ejecución del fallo, que declare procedente la acción, costas; promovida ante el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por la señora MARIELA ALEJANRA CASTRO ROMERO; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la República, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su demanda, que mediante Acuerdo No. 046/2011 de fecha 16 de marzo del 2011, emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Cultura, Artes y Deportes (SEDCAD), la demandante fue nombrada en el cargo de Director de Cooperación Externa, con la siguiente estructura: Programa 12, Dirección General de las Artes, Actividad 01, Unidad Ejecutora 07, Puesto 1970, Grupo Nivel 00-00, devengando un salario mensual de L. 11,585.10, efectivo a partir del 4 de enero del 2011, posteriormente la demandada emite con fecha 31 de marzo del 2012 (dábado), el Acuerdo No. 028-2012, donde le cancelaban de su puesto con efectividad a partir del 1 de abril del 2012 (domingo), siendo que la semana siguiente, era Semana Santa, el referido Acuerdo de Cancelación, fue notificado hasta el día lunes 9 de abril del 2012. La ilegalidad del acto administrativo, se refleja en que el cargo que desempeñaba la actora es catalogado por la autoridad nominadora como excluido del Régimen del Servicio Civil, en ese sentido, la Ley de Servicio Civil en su artículo 3, al establece el Régimen Excluido de la Ley de Servicio Civil, y en ninguno de sus incisos menciona en forma expresa el cargo de Director de Cooperación Externa, indudablemente la confusión deriva en la interpretación que la autoridad nominadora le da al término empleados de confianza, “empleados de confianza” son aquellos que están al servicio personal de los Secretarios y Sub Secretarios de Estado, sus funciones no son de decisión, es decir, no manifiestan la voluntad del Estado frente a terceros, son aquellos que prestan un servicio de carácter material, como lo son los conserjes, secretarias y motoristas de los Secretarios y Sub Secretarios de Estado, además es necesario que esos empleados de confianza estén asignados presupuestariamente a la unidad del Secretario o Sub Secretario de Estado, y en el caso del demandante, el cargo que venía desempeñando se encuentra asignado presupuestariamente a la Dirección General de las Artes, tal corno se desprende de los Acuerdos de Nombramiento y Cancelación, por lo que se entiende que el del actor se encuentra dentro del “Servicio Protegido” de la Ley de Servido Civil. Por otra parte, el acto Administrativo impugnado fue emitido presintiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil, en vista que no se le llevó a cabo Audiencia de Descargos, tampoco se emitió dictamen en relación a su cancelación y se obvio el procedimiento establecido en los artículos 47 numeral 3) de la Ley de Servicio Civil, 174 y 186 de su Reglamento.- 2. La parte demandada, El ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el Artículo 3 de la Ley de Servicio Civil regula claramente que puestos de los servidores públicos son excluidos de la aplicación de dicha Ley, si bien es cierto, que su acuerdo de cancelación le fue entregado en fecha nueve de abril de 2012, esto es debido a la ausencia de la demandante a su puesto de trabajo el día 31 de marzo de 2012 y por haberse decretado en los días subsiguientes asueto por el Presidente de la República con ocasión de la Semana Santa, por tal razón, se le entrega hasta esta fecha el acuerdo de cancelación, cabe mencionar que es irrelevante en qué fecha se entregó el acuerdo de cancelación, porque la servidora ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción; pues como lo establece La Ley de Servicio Civil en su Artículo 3 en relación al Artículo 9 numeral 1 y 11 numeral 4 de su Reglamento, la demandante fue contratada en un puesto excluido, asimismo, el Articulo 109 en relación con lo que establece el artículo 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, literalmente dicen: “Artículo 109.-Para los fines de la Ley del Servicio Civil, considérense empleados de confianza de las Secretarías de Estado quienes ocuparen los nuevos cargos creados por el Decreto No. 218-96 y mencionados en el Capítulo III, Secciones Tercera, Sexta y Séptima de este Reglamento. Para su nombramiento será necesario que los candidatos cumplan estrictamente con los requisitos mínimos de calificación profesional y demás establecidos en las disposiciones correspondientes, los que deberán ser acreditados por las Secretarías de Estado ante la Dirección General de Servicio Civil” “Artículo 42.-La Unidad de Cooperación Externa y Movilización de Recursos que coordina la Secretaría General, tiene a su cargo asistir al Secretario de Estado en la formulación de estrategias de cooperación externa que faciliten la ejecución de programas y proyectos. Para estos fines, las Unidades de Cooperación externa y Movilización de Recursos coordinarán con la Secretaría Técnica y de Cooperación Internacional y la Secretaría de Finanzas en su caso”. Es preciso establecer que la demandante tenía el conocimiento que era una empleada de libre remoción. Finalmente reiteró que el cargo de Directora de Cooperación Externa se encuentra contemplado en la Ley de Servicio Civil en el artículo 3 reformado inciso (a) en relación a los Artículos 9 y 11 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; aunado a esto, los puestos que no son clasificados o no aparecen en la lista que mi representada presento ante Servicio Civil y esta Clasifica son los que dejan de ser Puestos Excluidos y pasan a ser clasificados.- 3. Que en fecha siete de marzo del año dos mil trece, compareció la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, en su condición de Procuradora General de la República, interponiendo escrito de defensas previas, basándose la primera causa de inadmisibilidad la que consiste en: QUE LA DEMANDA TUVIERE POR OBJETO ACTOS NO SUSCEPTIBLE DE IMPUGNACIÓN MEDIANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR ESTAR REGIDOS POR UNA LEY QUE LOS DEJA EXCLUIDO POR EL RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL EL CUAL LOS EXCLUYE DE ESTA JURISDICCIÓN: El Reglamento de la Ley del Servicio Civil y el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo contenido en el Decreto Ejecutivo N° PCM-008-97, se encuentra regulado el cargo que ocupaba la demandante, por tanto el cargo de Director Unidad de Cooperación Externa de la Secretaría de Estado en los Despachos de Cultura, Artes y Deportes, conforme a la Ley del Servicio Civil y su Reglamento como el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo (PCM-008-97) es excluido de la aplicación del Régimen de Servicio Civil. En cuando a la segunda causa de inadmisibilidad consiste en: QUE SE HUBIERE PRESENTADO POR PERSONA NO LEGITIMADA, siendo que la demandante ostentó el cargo de Directora de Cooperación Externa de la Secretaría de Estado en los Despachos de Cultura, Artes y Deportes dicho puesto está excluido del régimen de Servicio Civil, conforme a lo que establece el Artículo 3 de la Ley de Servicio Civil ,“Están Excluidos del Régimen del Servicio Civil los servidores del Poder Ejecutivo comprendidos en los Artículos 3 y 35 de la Ley de la Administración Publica Incluyendo 1.- Los Secretarios de Estado y sus empleados de confianza conforme dispone el artículo 11 del referido Reglamento” que establece “Para los fines de los Artículos tres inciso a) de la Ley y 9 inciso 1 del Reglamento se consideran empleados de confianza de los Secretarios y Sub-Secretarios de Estado los siguientes 2, 3 ...4.- Los Titulares de las Oficinas de Coordinación Regional... Departamental o Local de los Secretarios de Estado, así como de las Unidades de Planeamiento y Evaluación de Gestión Modernización...Gestión de la Cooperación Externa”, en consecuencia la demandante no está protegida por una Ley Especial, tal como lo exige el artículo 109 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; que en fecha doce de abril del dos mil trece, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, dictó resolución desestimando por improcedentes las defensas previas alegadas por la parte incidentista.- 4. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de agosto del dos mil quince, dicto sentencia declarando IMPROCEDENTE, la demanda promovida por la señora MARIELA ALEJANDRA CASTRO ROMERO, por estar ajustado el Acuerdo Ejecutivo N° 028-del 31 de marzo de dos mil doce, del mediante el cual se le ha cancelado de su puesto de servicio como Directora de Cooperación Externa por ser un puesto excluido de la aplicación de la Ley de Servicio Civil, sin costas, bajo el criterio siguiente: el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil, contiene una excepción a las normas apuntadas en el numeral anterior y ofrece un catálogo de servidores públicos, los cuales entiende como excluidos de los derechos contenidos en la Ley de Servicio Civil. El artículo 3 a) de la Ley de Servicio Civil señala que las disposiciones de ésta Ley no serán aplicables a los siguientes servidores públicos: a) A los Secretarios y Sub-Secretarios de Estado y a sus empleados de confianza. Si bien la Ley de Servicio Civil no define ni cataloga quienes son estos empleados de confianzas, sí lo hace el Reglamento de la Ley de Servicio Civil en su artículo 11; de manera más específica el artículo 11.4 cataloga como empleado de confianza al Titular de la Oficina o unidad de Gestión de Cooperación Externa y Movilización de Recursos, que es precisamente el cargo del cual fue cancelada la demandante, quien se desempeñaba como Directora de Cooperación Externa. Si bien, es un hecho indiscutible que la Ley de Servicio Civil no cataloga de manera expresa dicho cargo como excluido, sí contempla como excluido a los empleados de confianza del Secretario y Sub-Secretario de Estado y el Reglamento, secundum legem, lo que hace, es desarrollar el precepto empleado de confianza contenido en la Ley, sin estar por encima de ella. El propio artículo 3 cataloga como excluidos a los empleados de confianza del Secretario y Sub-Secretario de Estado respectivo dejando que sea el Reglamento el que desarrolle dicho concepto. En este último apartado no se observa violación al Principio de Reserva de Ley en tanto, se reitera, la Ley de Servicio Civil abre la puerta legal para que el Reglamento defina quienes son estos empleados de confianza, tal y como sucede en el presente caso de autos. Con respecto a que hay un par de fechas que son inhábiles para efectos de realizar gestiones administrativas, el 31 de marzo de 2012, fue un día sábado y el 1 de abril de 2012, un día domingo, son errores que no contaminan el contenido del acuerdo de cancelación de la demandante puesto que no tienen relación directa con los elementos que todo acto administrativo debe contener para validar su existencia.- 5. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha treinta y uno de enero del dos mil diecisiete, dictó sentencia, CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que, no existe ninguna ilegalidad en el acto administrativo impugnado, ni mucho menos al principio de legalidad, ya que si bien es cierto el articulo 3 de la Ley de Servicio Civil establece a que cargos no será aplicable dicha Ley, su reglamento (Ley de Servicio Civil), lo que hace es desarrollar con más amplitud lo relacionado al personal de confianza de los Secretarios y sub Secretarios de Estado, tal y como se puede observar en el articulo 11 numeral cuarto, normativa que de igual manera define al empleado de confianza como la persona natural que ha sido nombrada a través de un acuerdo y que presta sus servicios personales a la administración pública; por la responsabilidad que tiene, las delicadas tareas que desempeña o la honradez que para sus funciones exige, cuenta con fe y apoyo especial de parte de la autoridad nominadora; dicho lo anterior el acto impugnado fue emitido conforme a derecho, ya que si es excluido de la ley e Servicio Civil y su reglamento no pueden aplicársele las disposiciones contenidas en el mismo. En relación al informe emitido por la Dirección General de Servicio Civil, manifestando que el cargo de Director de Cooperación Externa no es excluido de la Ley de Servicio Civil, este informe, no es vinculante, es decir, no es obligatorio, ya que el Juez debe aplicar solamente lo que en derecho corresponda.- 6. La representación procesal de la parte recurrente, el Abogado, SAUL MONTES AMAYA, en fecha ocho de marzo del dos mil diecisiete, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha treinta y uno de enero del dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.090-2016, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.177-2012 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha nueve de marzo del dos mil diecisiete, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7. La representación procesal de la parte recurrida, la Abogada IVONNE GYSELA MORALES PALACIOS, presentó en fecha cinco de mayo del dos mil diecisiete, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha ocho de mayo del dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha dieciséis de mayo del dos mil diecisiete, el Abogado SAUL MONTES AMAYA y el dieciocho de mayo del dos mil diecisiete la Abogada IVONNE GYSELA MORALES PALACIOS.- 8. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha cinco de junio de dos mil diecisiete, teniendo por personados al Abogado SAUL MONTES AMAYA como recurrente y la Abogada IVONNE GYSELA MORALES PALACIOS como recurrida, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Este Primer motivo impugna la forma y contenido de la sentencia impugnada de fecha 31 de enero del 2017, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. Sirve de fundamento autorizante el articulo 719.1.c del Código Procesal Civil (CPC), el cual preceptúa que: “CAUSALES DE RECURSO. 1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)… b)…, c) la forma y contenido de la sentencia.” EXPRESIÓN DE LA NORMA DE DERECHO CUYA INFRACCIÓN SUSTENTA ESTE MOTIVO: Se impugna la aplicación e interpretación de la norma procesal contenida en el artículo 200 del CPC (CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS), utilizada por el Ad-Quem como uno de sus fundamentos de derecho en los que basó sus sentencia, precepto legal que dispone en el numeral 2.c), que: «En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso.’ en relación directa con el artículo 208.1 del CPC, que establece que: “Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.” INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al emitir la sentencia impugnada de fecha 31 de Enero del 2017, CONFIRMA a su vez el fallo apelado oportunamente proferido por el A.-Quo en fecha 12 de Agosto del 2015, por lo que hace suyos todos y cada uno de sus falencias y carencias, es así que ambas sentencias NO FUERON CONGRUENTES con las demandas y demás pretensiones deducidas oportunamente en la pieza separada de Defensas Previas, puesto que el A-Quo, tomando en cuenta los argumentos expuesto en la audiencia señalada para el efecto de contestar las causales, consideró por bien efectuados los alegatos utilizados para desvanecer las Defensas Previas, y en tal sentido DESESTIMÓ las causales de las Defensas Previas opuesta por la parte contraria, referidas a: 1) La supuesta inadmisibilidad que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa, por ser un acto que se dicte en virtud de una ley que expresamente les excluya de la vía contencioso administrativa; y, 2) La supuesta inadmisibilidad que se hubiere presentado por persona no legitimada; ambas causales referidas a que la señora MARIELA ALEJANDRA CASTRO ROMERO, se desempeñaba en un cargo catalogado en forma unilateral por parte de la Autoridad nominadora Excluido del Régimen del Servicio Civil. En tal sentido, la sentencia definitiva del A-Quo de fecha 12 de Agosto del 2015, debió ser CONGRUENTE, con el auto resolutivo que DESESTIMÓ las Defensas Previas, y así debió haber actuado el Ad-Quem, es decir, no cabía más que ser CONGRUENTE, con lo previamente decidido en el Auto Resolutivo que DESESTIMÓ las Defensas Previas, tomando en cuenta que la CONGRUENCIA, del latín congruencia, es la coherencia o relación lógica, se trata de una característica que se comprende a partir de un vínculo entre dos o más cosas, siendo en Derecho, la congruencia, la conformidad entre los pronunciamientos de un fallo y las pretensiones que las partes habían formulado durante el juicio, en el entendido que como método racional de resolución de conflictos, el proceso judicial debe alcanzar la concordancia entre la pretensión del demandante, la oposición del demandado, los elementos de prueba y la decisión del tribunal. Dicha concordancia es lo que se conoce como congruencia. La sentencia impugnada de fecha 31 de Enero del 2017, emitida por el Ad-Quem, debió ser el resultado del proceso, y debió estar justificado su debido entendimiento cuidando que en su fallo se encuentre relacionada la pretensión con el pronunciamiento judicial, lo cual el Ad-Quem ha obviado por completo. La sentencia impugnada de fecha 31 de Enero del 2017, emitida por el Ad-Quem, se encuentra incursa en el vicio de incongruencia, en virtud del desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso. Al conceder más, menos o cosa distinta de lo pedido, por lo que el tanto el A-Quo como el Ad-Quem, han incurrido, de modo reiterado, en el vicio de incongruencia, entendido como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado sus pretensiones, concedido más o menos o cosa distinta de lo pedido, entrañando evidentemente una vulneración del principio de Contradicción Constitutiva de una efectiva Vulneración del Derecho a la Tutela judicial efectiva, puesto que se ha dado una desviación de tal naturaleza que ha supuesto una sustancial modificación de los términos en que discurrió la controversia procesal con infracción en el artículo 4 del CPC que dispone que: “Todas las partes, considerado la dualidad de posiciones, tienen derecho a ser oídas por el órgano jurisdiccional antes de adoptar cualquier decisión que afecte directa o indirectamente a la resolución que ponga fin al proceso que deba dictarse, bien en la instancia, bien en los recursos, en cualquier proceso ordinario o especial, así como para la adopción de medidas cautelares y en la fase de ejecución, salvo que voluntariamente se coloquen en situación de rebeldía, o que sea contraria la audiencia a la propia finalidad del acto, lo que deberá estar expresamente previsto.” La sentencia impugnada de fecha 31 de Enero del 2017, emitida por el Ad-Quem, POR SER INCONGRUENTE, se encuentra, además en abierta infracción al Principio Dispositivo, establecido en el artículo 10 del CPC, que dispone, específicamente en el numeral 2 que: “La resolución del órgano jurisdiccional que ponga fin al proceso ha de ser congruente con la petición del actor y con lo opuesto por el demandado, teniendo en cuenta las normas aplicables y las pruebas evacuadas. “; asimismo el fallo impetrado, infringe el Principio de Aportación de Parte, consignado en el numeral 1 del artículo 11 del CPC, que preceptúa que: “Los hechos en que se deba fundar la resolución judicial de fondo se han de alegar por las partes en los momentos fijados por este Código.”; ambos Principio rigen también el sistema procesal en la segunda instancia, y configura las facultades de conocimiento del órgano Ad-Quem, que, en virtud de lo dicho, no comporta que el Tribunal de Alzada, deba quedar vinculado rígidamente por el tenor de los concretos pedimentos articulados por las partes en sus respectivos escritos forenses o por los razonamientos o alegaciones jurídicas esgrimidas en su apoyo. Por un lado, el Principio Jura Novit Curia, permite al Ad-Quem, fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque no hayan sido invocados por los litigantes; y, por otro lado, el órgano judicial sólo está vinculado por la esencia de lo pedido y discutido en el pleito, y no por la literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas, tal y como hayan sido formalmente solicitadas por los litigantes, de forma que no existirá la incongruencia Extra petitum cuando e juez o tribunal cuando el Juez o Tribunal decida o se pronuncie sobre una pretensión que, aun cuando no fue formal o expresamente ejercitada, estaba implícita o era consecuencia inescindible o necesaria de los pedimentos articulados o de la cuestión principal debatida en el proceso.”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) no indica si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) formula alegatos de instancia.- III. Que el Recurrente en un segundo motivo arguye: “Este Segundo motivo impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, utilizadas en la sentencia impugnada de fecha 31 de Enero del 2017, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. Sirve de fundamento autorizante el artículo 719.2. del Código Procesal Civil (CPC), el cual preceptúa que: “CAUSALES DE RECURSO. 1..., 2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” EXPRESIÓN DE LA NORMA DE DERECHO CUYA INFRACCIÓN SUSTENTA ESTE MOTIVO: Se impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil en relación directa con el artículo 11 numeral 4 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, confrontadas esas normas con el artículo 17 del Código Civil normas de derecho referidas en el FUNDAMENTO DE DERECHO QUINTO (5), utilizadas por el Ad-Quem en las que basó sus sentencia, el cual se lee así: “Que bajo ese mandato concedido de revisar la legalidad de los actos de la administración pública así como de la revisión de la presente pieza, es preciso establecer que La Ley de Servicio Civil por mandato constitucional, tiene como finalidad establecer un sistema racional de administración de personal en el servicio público regulando las relaciones ente servidores públicos y el Estado, cuyo reglamento (vigente mucho antes de que se le nombrara en el cargo), es una norma jurídica de carácter general dictada por la Administración pública y con valor subordinado a la Ley, cuya finalidad es facilitar la aplicación de la ley, detallándola y operando como instrumentos idóneos para llevar a efecto su contenido; por lo que definido esto, no existe ninguna ¡legalidad al acto administrativo Impugnado, ni mucho menos al principio de legalidad, ya que si bien es cierto , el artículo tres de Servicio Civil que establece a que cargos no será aplicable dicha Ley, su reglamento (Ley de Servicio Civil), lo que hace es desarrollar con más amplitud lo relacionado al personal de confianza de los secretarios y subsecretarios de Estado tal y como se puede observar en el articulo 11 numeral cuatro, normativa que de igual manera define el empleado de confianza como la persona natural que ha sido nombrada a través de un acuerdo y que presta sus servicios personales a la administración pública; por la responsabilidad que tiene, las delicadas tareas que desempeña o la honradez que para sus funciones exige, cuenta con fe y apoyo especial de parte de la autoridad nominadora, por lo que no hay ninguna interpretación antojadiza como manifiesta el apelante simplemente tal y como lo dispone el artículo 17 del Código Civil: “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que e! que resulta explícitamente de sus propios términos... “dicho Jo anterior el acto impugnado fue emitido conforme a derecho ya que si es excluido de la ley e Servicio Civil y su reglamento no pueden aplicó las disposiciones contenidas en el mismo...” INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al emitir la sentencia impugnada de fecha 31 de Enero del 2017, CONFIRMA a su vez el fallo apelado oportunamente proferido por el A-Quo, en fecha 12 de Agosto del 2015, por lo que hace suyos todos y cada uno de sus Fundamentos de Derecho, que sirvieron de base al Juzgador de Primera Instancia en su Parte Dispositiva, y que se encuentran en los Ordinales SEGUNDO y TERCERO, que se leen de la siguiente manera: “SEGUNDO: Por otro lado el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil, contiene una excepción a las normas apuntadas en el numeral anterior y ofrece un catálogo de Servidores públicos, los cuales entiende como excluidos de los derechos contenidos en la Ley de Servicio Civil. El artículo 3 a) de la Ley de Servicio Civil señala que las disposiciones de ésta Ley no serán aplicables a los siguientes servidores públicos: a) A los Secretarios y Sub-Secretarios de Estado a sus empleados de confianza... Si bien la Ley de Servicio Civil no define ni cataloga quiénes son estos empleados de confianzas, sí lo hace el Reglamento de la Ley de Servicio Civil en su artículo 11. De manera más específica el artículo 11.4 cataloga como empleado de confianza al Titular de la Oficina o unidad de Gestión de Cooperación Externa y Movilización de Recursos, que es precisamente el cargo del cual fue cancelada una demandante quien se desempeñaba como Directora de Cooperación externa, si bien, es un hecho indiscutible que la Ley de Servicio Civil no cataloga de manera expresa dicho cargo corno excluido, sí contempla corno excluido a los empleados de confianza del Secretario y Subsecretario de Estado y el Reglamento, secundum legem, lo que hace, es desarrollar el precepto empleado de confianza contenido en la Ley, sin estar por encima de ella. Si bien alguna línea Jurisprudencial este juzgado ha señalado que en efecto, los servidores excluidos de la aplicación de la Ley de Servicio Civil son únicamente los contenidos en su artículo 3, lo cierto es que el propio artículo 3 cataloga como excluidos a los empleados de confianza del Secretario y Subsecretario de Estado respectivo dejando que sea el Reglamento el que desarrolle dicho concepto. En este último apartado no se observa violación al Principio de Reserva de Ley en tanto, se reitera, la Ley de Servicio Civil abre la puerta legal para que el Reglamento defina quiénes son estos empleados de confianza tal y como sucede en el presente caso de autos. TERCERO: Con respecto a que hay un par de fechas que son inhábiles para efectos de realizar gestiones administrativas, el 31 de marzo de 2012 fue un día sábado y el 1 de abril de 2012 un día domingo, son errores que no contaminan el contenido del acuerdo de cancelación de la demandante puesto que no tienen relación directa con los elementos que todo acto administrativo debe contener para validar su existencia. La ilegalidad del acto administrativo impugnado en sede jurisdiccional, se refleja en la situación que el cargo que desempeñaba mi representada, catalogado en forma unilateral por parte de la autoridad nominadora como Excluido del Régimen del Servicio Civil. La Ley de Servicio Civil contenida en el Decreto No. 126, emitido el 28 de Octubre de 1967 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 19411 de fecha 6 de Marzo de 1968, es suficientemente clara en su artículo 3 al establecer el Régimen Excluido de la Ley de Servicio Civil, y en ninguno de los incisos del mismo se menciona en forma expresa el cargo de Director de Cooperación Externa, indudablemente la confusión deriva en la “interpretación” que la autoridad nominadora, Poder Ejecutivo, y ahora de la “interpretación” que hace tanto el A-Quo como el Ad-Quem, del artículo 3 en su inciso a) que excluye de las disposiciones del Régimen de Servicio Civil “a los Secretarios y Sub Secretarios de Estado y a su, empleados de confianza”, tal razón detallo que: La prueba CONCLUYENTE a favor de nuestra acción, se ve reflejada, en el Medio de prueba , propuesto por la apoderada judicial delegada por la Procuraduría General de la República, la Abogada Ivonne G. Morales, en representación del Estadio de Honduras, que solicito informe a la Dirección General de Servicio Civil, rendido en el cual se Informa: “1) Que el puesto de Director de Cooperación Externa que desempeñaba la demandante Marie/a Alejandra Castro Romero, no es excluido del Régimen de Servicio Civil, según lo expresa el Capítulo II, Artículo 3 de la Ley de Servicio Civil. 2) Que el puesto de Director de Cooperación Externa que desempeñaba la demandante Marie/a Castro Romero dentro de la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, no se encuentra Clasificado como tal dentro de la Secretaría. 2. Es importante reparar en el término utilizado en la Ley de Servicio Civil: “empleados de confianza’ por lo que de conformidad a la interpretación gramatical de la ley que establece el artículo 17 del Código Civil (CC) que a la letra dispone que: “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador.’ en el presente caso el legislador no ha definido el término de “empleados de confianza” de los Secretario y Sub Secretarios de Estado, en tal virtud se debe atener a lo que la doctrina nacional ha venido aceptando como “empleados de confianza” que son aquellos que están al servicio personal de los Secretarios y Sub Secretarios de Estado, sus funciones NO son de decisión, es decir, no manifiestan la voluntad del Estado frente a terceros, son aquellos que prestan un servicio de carácter material, como lo son los conserjes, secretarias y motoristas de los Secretarios y Sub Secretarios de Estado, además es necesario que esos empleados de confianza estén asignados presupuestariamente a la unidad del Secretario o Sub Secretario de Estado, y en el caso de mi representada, el cargo que venía desempeñando se encuentra asignado presupuestariamente a la Dirección General de las Artes, tal como se desprende los Acuerdos de Nombramiento y Cancelación, por lo que a contrario sensu, su cargo se encuentra dentro del “servicio Protegido” de la Ley de Servicio Civil” 3. En cuanto a la “interpretación” unilateral y antojadiza que hace la autoridad nominadora, Poder Ejecutivo, del artículo 3 de la Ley de Servicio Civil, trasgrede los dispuesto en el artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), en vista que no se sujeta a la jerarquía normativa, puesto que desconoce los estipulado en la Constitución de la República en su artículo 205, pues le corresponde en todo caso al Congreso Nacional, la “interpretación de las leyes”, y al Poder Ejecutivo, (le conformidad a lo dispuesto en el artículo 245 constitucional le corresponde “cumplir y hacer cumplir las leyes”, por ende no es atribución de la autoridad nominadora pretender interpretar en forma unilateral y en su favor el contenido del artículo 3 de la Ley de Servicio Civil, por lo que el acto administrativo impugnado se encuentra incurso en la causal de nulidad de la letra a) del artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) pues es dictado por órgano absolutamente incompetente, al pretender “interpretar” el Poder Ejecutivo la Ley de Servicio Civil. 4. No hay que olvidar que una Ley es la expresión o manifestación de la voluntad soberana del pueblo, conforme al artículo 1 del Código Civil: “La ley es una declaración de la voluntad soberana, (representada en el Congreso Nacional) que manifestada en la forma prescrita por la Constitución (Capítulo II De la Formación y Promulgación de la Ley en su Título V) manda, prohíbe o permite y que el reglamento no es más que el resultado de la actuación de la Administración Pública, en todo caso la de un funcionario público, y de ninguna manera puede vulnerar, ni suplir la letra y Ci espíritu de aquella; si la Ley de Servicio Civil en su artículo 3, establece explícitamente a qué servidores públicos no le serán aplicables las disposiciones de ésa Ley, no cabe que la Administración Pública, en forma unilateral y arbitraria incluya en el Reglamento de la Ley de Servicio Civil servidores públicos excluidos del Régimen Protegido, el Reglamento lo el ahora la misma Administración Pública, es decir, que si la Ley de Servicio Civil no definió los empleados de confianza, NO le es permitido al Reglamento indicar cuáles son esos empleados de confianza. 5. La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en. su Artículo 34 prescribe: ‘sin perjuicio de lo establecido, en, leyes especiales, el acto Administrativo es nulo, en los siguientes casos: d) Los de carácter general que infringen los límites señalados a la potestad reglamentaría, establecidos por el artículo 40; y a su vez el Artículo 40 del mismo cuerpo legal dispone: “Los árganos de la Administración no podrán mediante actos de carácter general: a) Alterar el espíritu de la Ley, variando el sentido y alcance esencial de esta; b) Regular salvo autorización expresa de una Ley, materias que sean de la exclusiva competencia del Poder Legislativo;.. ‘si bien es cierto el artículo 245 numeral 11 de la Constitución de la República le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de emitir reglamentos, pero dichos reglamentos deben ser de acuerdo al límite de la potestad reglamentaria ya mencionada anteriormente, es decir, debe el Poder Ejecutivo emitir reglamentos que desarrollen la Ley, pero que no trasgreda ésa frontera de la potestad reglamentaria, al tratar de “suplir” o mucho menos “interpretar” a la Ley, ya el artículo 257 constitucional establece de forma meridiana que LA LEY REGULARÁ EL SERVICIO CIVIL, permitir que sea el Reglamento de la Ley de Servicio que defina e identifique a los empleados de confianza de los Secretarios y Sub Secretarios de Estado, sería permitir que un pilar importante para el Estado de Derecho como lo es el Principio de Legalidad, consagrado en el artículo 321 constitucional se irrespete por los funcionarios públicos: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fueran de la ley es nulo e implica responsabilidad” 6. El Reglamento de la Ley de Servicio Civil es de los conocidos como “subordinados”, es decir, es de aquellos que la Administración Pública dicta “secundum legem”, es decir, para desarrollar los preceptos de una Ley anterior: la Ley de Servicio Civil, en éste tipo de reglamentos la potestad reglamentaria debe ejercerse dentro de los límites de la Ley que se desarrolla, no puede ir más allá de sus previsiones, ni tampoco restringir su verdadero alcance, por eso se dice que guardan una posición de efectiva subordinación respecto a la Ley que desarrollan. En ningún momento hemos cuestionado las atribuciones y facultades de las cuales el Poder Ejecutivo está investida por Ley; sin embargo, el hecho que tenga dichas facultades no quiere decir que puede actuar en forma arbitraria, sesgada, discriminado (infringiendo el artículo 60 de la Constitución de la República: “Todos los hombres nacen libre e iguales en exceso de poder o abusando del poder, sino más bien tomando decisiones en respeto a todo el ordenamiento jurídico nacional. Por lo que el Acto Administrativo impugnado no es conforme a Derecho y en consecuencia es procedente que se anule y se deje sin ningún valor y efecto. 7. Dentro de los límites de la potestad reglamentaria, se encuentra el Principio de Reserva de la Ley, que postula que la regulación de ciertas materias ha de hacerse necesariamente por la Ley. Con este Principio se pretende establecer límites a la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, por ello nuestra Constitución establece que algunas materias solamente pueden ser reguladas por la Ley, como lo es la de “interpretar las leyes” de un modo general y obligatorio; por tanto el Reglamento lo entendemos como la declaración unilateral de la Administración Pública con valor subordinado a la Ley, por lo que no podrá aceptarse que el Reglamento pueda sobreponerse a la Ley. 8. En la emisión del Acuerdo No. 028-2012 de fecha 31 de Marzo del 2012 emitido por la SEDCAD, mediante el cual se Cancela a mi representada del cargo de Director de Cooperación Externa, efectivo a partir del 1 de Abril del 2012, con evidente infracción al ordenamiento jurídico en abierta violación a las garantías del debido proceso y derecho de defensa. violentando con ello el Principio de Legalidad, básico en el Derecho Administrativo, pues ningún orden de funcionarios, está por encima de la ley, principio consignado en el artículo 323 de la Constitución de la República que dispone que: “Los funcionarios son depositarios de la autoridad. Responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella... “. El Principio de Legalidad postula que cualquier acto de la autoridad pública, mediante el cual se limiten las esferas jurídicas de los particulares, debe estar basado en una Ley, este principio supone la sumisión de la Administración Pública a la Ley, es por tanto como se manifestó anteriormente que el Principio de Legalidad está en la esencia del Estado de Derecho, y que es la más importante columna sobre la cual se asienta el total del edificio del derecho administrativo, es la piedra angular.”.- IV. Que el anterior cargo no siguiente: a) no indica si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; resulta atendible en razón de lo b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza extensos alegatos de instancia.- V. En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el Recurrente debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.- VI. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- VII. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VIII. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta Resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace mérito, en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días de mes de diciembre del dos mil dieciocho; certificación de la resolución de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 288-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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