Sentencia CA-280-17 — Registro 8296
Resumen
En primera isntancia se declara procedente la acción promovida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el Recurrente debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado. " Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el recurso formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil. En consecuencia, resulta que el recurso en la forma expuesta no constituye una proposición jurídica completa"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de octubre de dos mil dieciocho, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), representado en juicio por el Abogado JULIAN HERNANDEZ MARTINEZ; y, Recurrida: la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, representada en juicio por la Abogada GLORIA ONDINA VALLECILLO ORTEGA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria para el reconocimiento de un crédito por el pago indebido de aportaciones, declarar nulas las resoluciones Nos. CD-135-2009 y la CD-174-2009, por infracción al ordenamiento jurídico, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, adopción de medidas necesarias para el pleno restablecimiento de los derechos reclamados como ser: devolución del pago de las aportaciones pagadas indebidamente, intereses legales y costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado RODNEY ALEXIS HAM GUZMAN, en su condición de representante procesal de la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP). ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros es una institución desconcentrada de la Presidencia de la República, creada mediante Decreto número 155-95, con base al artículo 245, atribución número 31 de la Constitución de la República, no obstante la creación de la Comisión el 18 de noviembre de 1995, fue hasta el mes de junio de 1996, que empezó a funcionar como tal, inscribiéndose en el INFOP el 25 de junio de 1996, desde la fecha de su creación en junio del 1996 y hasta el mes de junio del año 2006, la Comisión pagó erróneamente al INFOP en concepto de aportaciones el 1% sobre sueldos y salarios permanentes sujetos a cotización; se dice erróneamente porque el artículo 21 de la Ley del INFOP señala que: “Los poderes del Estado aportarán mensualmente a favor del Instituto el medio por ciento (0.5%) del monto total de sueldos y salarios permanentes consignados en el presupuesto general de ingresos y egresos”; por lo tanto la Comisión solamente está obligada a pagar el medio por ciento (0.5%) sobre sueldos y salarios permanentes en concepto de aportación. La Comisión es parte del poder ejecutivo por ser una institución desconcentrada de la Presidencia de la República, tal como establece el artículo 1, párrafo segundo de su Ley constitutiva. En el mes de junio del año 2006, la Comisión luego de revisar internamente sus cuentas de gastos, encuentra el error que ha venido cometiendo en el pago de las aportaciones al INFOP y procede de inmediato a corregirlo, y es así que, a partir del mes de junio del año 2006, que comienza a pagar al INFOP en concepto de sueldos y salarios permanentes sujetos a cotización el medio por ciento (0.5%) tal y como lo ordena el artículo 21 de la Ley del INFOP. Derivado de lo anterior en fecha 20 de julio, 15 y 22 de agosto del 2006, respectivamente la Jefa de la División de Recursos Humanos de la Comisión y el Jefe de División Administrativa y Financiera del INFOP iniciaron un procedimiento administrativo encaminado a obtener la devolución de aportaciones cobradas de más durante los años 1996 al 2006; sin embargo, en fecha 22 de agosto de 2006, informan a la Comisión que con base en el Dictamen de la Unidad de Asesoría Legal del INFOP, que responde que a dicha institución le es aplicable el artículo 21 de la Ley del INFOP, debiendo aportar al INFOP el medio por ciento (l/2%), pero que deberá aplicarse a partir del siguiente mes, tomando en cuenta que cualquier acción de pagos anteriores realizados ya les prescribió, según el artículo 2289 del Código Civil. Ante la respuesta jurídica del INFOP, emitida mediante dictamen y/u oficios y no mediante Resolución como exige la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley General de la Administración Pública, el 30 de julio de 2008, la Comisión presentó el escrito intitulado “se solicita el reconocimiento de un crédito por el pago indebido de aportaciones, se presentan documentos”, el escrito recogía y consignaba todas las notas, oficios y dictámenes generados por el INFOP y por la Comisión desde el mes de junio del 2006, encaminados a la devolución de las cantidades pagadas de más por valor de L.3,388,345.67, y abordada el contexto del artículo 2301 de Código Civil referente a la prescripción de las acciones señaladas en junio de 2006. 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), contestó dicha demanda señalando que la parte demandada se opone a las pretensiones de la demandante, en virtud de alegar entre otras cosas, que está acomodado a las pretensiones del demandante por consiguiente es al que corresponde la carga probatoria de sus afirmaciones, no obstante la pretensión principal de reconocimiento de un crédito por el pago indebido de aportaciones que se plantea en la demanda objeto de esta contestación, no es de la competencia de los Juzgados de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, en virtud que es una cuestión de orden civil bajo la figura de los cuasicontratos conocida como pago de lo no debido o pago indebido, regulada en el Código Civil en los artículos del 2206 al 2212 y por consiguiente competente su conocimiento a los Juzgados de lo Civil, en ese sentido el artículo 4 en su letra a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece: que no corresponderá a la Jurisdicción Contencioso Administrativo las cuestiones de orden civil como el que se ocupa aunque se relacione en autos de la Administración Pública, ya que la Ley le atribuye su conocimiento a los Juzgados de lo Civil a todo lo que tenga que ver con obligaciones civiles, como ser las que se contraen sin convenio como es el caso del cuasicontrato dentro de lo cual se subsume la pretensión principal de la demanda que se ocupa y de la cual se derivan las demás pretensiones accesorias, por todo lo antes expuesto se considera que la demanda que hoy se contesta, no debió admitirse; asimismo, la pretensión de la nulidad de actos administrativos consistentes en las Resoluciones números CD135-2009 y la CD-174-2009, emitidos por el Instituto Nacional de Formación Profesional, de su lectura se desprende que en su redacción del escrito de la demanda, el reconocimiento de la situación jurídica individualizada, o por lo menos así aparece, ya que la demandante señala en el preámbulo de su demanda que “se adopten medidas para el pleno restablecimiento...”, exponiendo también que la parte petitoria lo que textualmente se transcribe, párrafo segundo “que se reconozca la situación jurídica individualizada la adopción de las medidas necesarias para su pleno restablecimiento de los derechos reclamados...” Como se puede apreciar, la demandante ha establecido claramente que una de sus pretensiones es el reconocimiento de la situación jurídica individualizada, la adopción de las medidas para su pleno restablecimiento, pero no señala en qué consiste la situación jurídica que pide, le sea reconocida por el Tribunal, no señala además qué medidas deberá adoptar el Juez para restablecérsela, o sea, que pide se le reconozca un derecho y se le restablezca el mismo, pero sin especificar el derecho lesionado ni mucho menos la forma en que deberá de proceder el Juez. Lo anterior no es más que un defecto formal que impide verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, ya que el reconocimiento de la situación jurídica individualizada es una pretensión de la demandante establecida en su escrito de demanda, lo cual es motivo o causal de inadmisibilidad según artículos 63 y 80 letra e) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Respecto a los actos impugnados el INFOP actuó en consonancia con su ley orgánica, respetando los procedimientos administrativos, en consecuencia no infringe el ordenamiento jurídico aplicable, y si el interesado estima que le asiste el derecho reclamado por ser una cuestión de orden civil debió acudir a esa jurisdicción una vez agotado el reclamo administrativo previo a la vía judicial que la ley le señala como presupuesto para poder demandar en materia de derecho privado a las instituciones autónomas del Estado. 3. Que en fecha once de agosto de dos mil diez, compareció el Abogado César Antonio Pinto Pacheco, en su condición de apoderado legal del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), interponiendo escrito de defensas previas, basándose la primera causa de inadmisibilidad la que consiste en: “Que el escrito de la demanda adolece de defectos formales que impiden verter un pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto”, específicamente en el artículo 80 literal e) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En cuando a la segunda causa de inadmisibilidad consiste en: “Por no corresponder a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el conocimiento del asunto planteado bajo la figura jurídica de “pago de lo no debido, o pago indebido”, por ser una cuestión puramente de materia civil”, en lo consignado en el artículo 63 letra a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 80 letra a) de la misma Ley de la Jurisdicción; que en fecha siete de marzo de dos mil once, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución desestimando las presentes defensas previas por inexistentes. 4. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción promovida por el Abogado Rodney Alexis Ham Guzmán, en su condición de apoderado legal de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en la Resolución número CD-135-2009 y CD-174-2009, de fecha 17 de septiembre y 18 de noviembre del 2009, emitidas por el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP); en consecuencia, se anulan totalmente; reconocer la situación jurídica individualizada a favor de la demandante y para su pleno restablecimiento se resolvió: condenar a la demandada Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), a devolver la cantidad que en concepto de aportación se pagaba, que corresponde al 1/2% desde el año 1996 a mayo del año 2006, del valor total enterado al INFOP por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que asciende a la cantidad de TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (L.3,388,345.67), más el interés legal que se hubiese devengado, mismos que quedara diferido para la fase de ejecución de sentencia; se exime del pago de costas a la parte vencida en juicio por tener motivos suficientes para litigar, sin costas; bajo el criterio que al realizar el estudio en su contexto se desprende lo siguiente: 1) Que efectivamente la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, erróneamente pagaba en concepto de aportación al INFOP el 1% sobre la planilla de empleados permanentes durante 10 años; 2) Que a fin de llegar a un acuerdo entre ambas instituciones se realizaron gestiones acerca de los pagos que se habían realizado del l% que establece el artículo 22 de la Ley del INFOP que deberán pagar las Instituciones Autónomas al INFOP en base a la planilla de empleados permanentes; 3) Que en vista de no haber llegado a un arreglo entre ambas instituciones se realizó por parte de la demandante el reclamo administrativo, mismo que fue objeto del recurso de reposición que fue resuelto mediante Resolución número CD-174-2009, de fecha 18 de noviembre del 2009; resolución que es impugnada ante esta jurisdicción; 4) Que en base a lo establecido en el artículo 21 de la Ley del INFOP la Comisión solo debe enterar el 1/2% por ser ésta una institución desconcentrada de la Presidencia de la República y no una institución autónoma, tal como se acreditó en autos que la Comisión estuvo pagando en concepto de aportación el l% que es el porcentaje que debe ser aplicado solamente a las instituciones autónomas con excepción de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tal como lo establece el artículo 22 de la Ley del INFOP, es por tales circunstancias y al no haberse resuelto por la vía extrajudicial que se trae a conocimiento el presente caso ante esta jurisdicción. Que en base a los argumentos antes citados la demandante reclama la devolución que en concepto de aportación estuvo pagando erróneamente el 1% por diez (10) años que comprende del año 1996 a mayo del 2006, motivando el mismo en base a lo establecido en el Código Civil en aplicación como derecho común, ya que reclama el pago de lo no debido que confrontando la ley con los argumentos de ambas partes la demandante reclama el excedente que sería el l/2% que establece la Ley del INFOP pagaran las instituciones que dependan del Poder Ejecutivo, y en vista de que la Comisión es una Institución desconcentrada de la Presidencia de la República por lo que legalmente le corresponde enterar en concepto de aportación al INFOP el ½ % del monto total de sueldos y salarios permanentes consignados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos. Es indudable que la Comisión por un error enteró el doble de lo que efectivamente le correspondía pagar como aportación al INFOP, en consecuencia, el INFOP recibió algo que no había derecho a cobrar, por ello surge la obligación de restituirla con los frutos percibidos o debidos de percibir, traduciéndose este acto en la obligación accesoria de restituir los frutos civiles que son los intereses legales. 5. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que los recursos de apelación decidirán en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes, y estarán vinculados por los motivos alegados por el recurrente y en su caso por la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación. Se observa del escrito de expresión de agravios, que el apelante recurre contra seis aspectos puntuales y se desarrollan de la siguiente forma (de manera concreta y resumida): 1) Que conforme al artículo 19 de la Ley del INFOP referido al régimen y control financiero del INFOP, 41 y 43 de la Ley General de la Administración Pública y 1 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, se establece el carácter de AUTONOMIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA con la que se brinda a dichas instituciones públicas instituidas bajo ese parámetro de la desconcentración constituyendo una ficción de la misma ley y es aquí donde se establece que las aportaciones de las instituciones autónomas a que se refiere la presente ley, además que la comisión no presentó reclamo ni ejerció acción alguna antes y durante y hasta la fecha 15 de agosto del 2006, situación que de conformidad con el artículo 2289, 2295 del Código Civil y desde la fecha de creación de la Comisión está prescrita. Agregando a este primer agravio que la demanda de mérito está presentada fuera de los plazos legales (2 meses) conforme a lo establecido en el artículo 148 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 2) Establece que el a-quo en el considerando tercero de la sentencia definitiva desestima las defensas previas relativa a que este reclamo no corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por el conocimiento del asunto planteado bajo la figura jurídica del pago de lo no debido o pago indebido, al amparo de lo establecido en el artículo 4 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que excluye el conocimiento de la materia civil. 3) Desconocimiento de aplicabilidad del artículo 2289 del Código Civil vigente y las gestiones realizadas fueron hechas fuera de los plazos legales. 4) Argumentan que a consideración de ellos (INFOP) no debieron de impugnarse los actos que ahora se revisan, sino el acto administrativo CD 135-2009 del 29 de septiembre del 2009, ya que este cumple el requisito del plazo legal establecido para interponer la demanda contencioso administrativo. El acto administrativo que puso fin a la vía administrativa fue el CD 135-2009 del 29 de septiembre del 2009 y no el CD-174-2009, debiendo de haber declarado inadmisible la acción. 5) Tanto el INFOP como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros actuaron de buena fe, los pagos se realizaron por mera liberalidad por 10 años en cumplimiento de la Ley. 6) INFOP no está obligada a la devolución del pago solicitado porque la sentencia no se refiere y deja subsistente la resolución emitida por la Dirección Ejecutiva del INFOP de fecha 13 de febrero del 2009. 6. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado JULIAN HERNANDEZ MARTINEZ, en fecha dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.010-2016, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.038-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha veinte de marzo de dos mil diecisiete, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 7. La representación procesal de la parte recurrida, Abogada GLORIA ONDINA VALLECILLO ORTEGA, presentó en fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, los Abogados GLORIA ONDINA VALLECILLO ORTEGA y JULIAN HERNANDEZ MARTINEZ, respectivamente. 8. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, teniendo por personados a los Abogados JULIAN HERNANDEZ MARTINEZ, como recurrente y GLORIA ONDINA VALLECILLO ORTEGA, como recurrida; en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta sus motivos de casación, manifestando lo siguiente: “EXPRESIÓN DE MOTIVOS DE CASACIÓN: PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el Ordinal Primero, Párrafo Segundo del Artículo 765 del Código del Trabajo. GARANTIAS CONSTITUCIONALES VIOLADAS: Artículo 82 de la Constitución de la República: El derecho de defensa es inviolable. Artículo 90 de la Constitución de la República: Nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. Artículo 94 de la Constitución de la República: A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que la haya sido impuesta por resolución ejecutoría de juez o autoridad competente. En los casos de apremio y otras medidas de igual naturaleza en materia civil o laboral, así como en los de multa o arresto en materia de policía, siempre deberá ser oído el afectado. El derecho a la defensa es el derecho fundamental de una persona, física o jurídica, o de algún colectivo a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia. Se trata de un derecho que se da en todos los órdenes jurisdiccionales. Asimismo, se impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión. Es parte inseparable del concepto conocido como debido proceso. El concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. Como suele llamársele en doctrina, principio de “bilateridad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; ,b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa resguardado en el artículo 82, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa. 1.- APLICACIÓN INDEBIDA O INTERPRETACION ERRONEA. 2.- POR INFRACCION LEGAL OCURRIDA COMO CONSECUENCIA DE ERRORES DE HECHO Y DE DERECHO. EXPRESIÓN DE MOTIVOS DE CASACIÓN: PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el Ordinal Primero, Párrafo Segundo del Artículo 765 del Código del Trabajo. PRIMER MOTIVO: 1.- APLICACIÓN INDEBIDA O INTERPRETACION ERRONEA: Se acusa la Sentencia impugnada de ser violatoria por infracción directa de la Ley Sustantiva de Orden Nacional, entendiendo como tal aquella que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas individuales y que para los efectos del recurso de casación se concretan a las que consagran los derechos reclamados en la controversia judicial; infracción que proviene de la APLICACIÓN INDEBIDA O INTERPRETACION ERRONEA de las normas jurídicas aplicables al caso concreto. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante el fallo impugnado, ha infringido directamente la Ley Sustantiva Nacional al aplicar indebidamente o interpretado erróneamente, en los preceptos legales: EXPLICACION JURÍDICA DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO EN SU APLICACIÓN INDEBIDA O INTERPRETACION ERRONEA: EXPLICACION DE LA VIOLACION: 2.- POR INFRACCION LEGAL OCURRIDA COMO CONSECUENCIA DE ERRORES DE HECHO Y DE DERECHO. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el Ordinal Primero, Párrafo Segundo del Artículo 765 del Código del Trabajo. SEGUNDO MOTIVO: Se acusa la Sentencia impugnada de ser violatoria por infracción directa de la Ley Sustantiva de Orden Nacional, entendiendo como tal aquella que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas individuales y que para los efectos del recurso de casación se concretan a las que consagran los derechos reclamados en la controversia judicial; infracción que proviene de la APLICACIÓN INDEBIDA O INTERPRETACION ERRONEA de las normas jurídicas aplicables al caso concreto. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN: Transcribiré El Artículo 1 del Código Civil, La ley es una declaración de la voluntad soberana, que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Transcribiré El Artículo Transcribiré El Artículo 2295 del Código Civil, Por el transcurso de dos (2) años prescriben las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 1.../,2.- La de cualesquiera otros pagos que deban hacerse por años o en plazos más breves. Esta normativa sustantiva fue flagrantemente violada por virtud que tanto el AD-QUO COMO AD-QUEM inobservaron en su pronunciamiento de su fallo, porque la figura de prescripción no fue resuelta ni objetada por ambas instancias judiciales (Situación que es retomada y defendida su posición por la parte demandante quien indica lo siguiente: Es importante aclarar ante el juzgador que aun y cuando en la resolución de fecha 13 de febrero de 2009, emitida por el INFOP, guarda silencio en el tema de la prescripción de acciones, la prescripción no puede afectar nuestro derecho por los fundamentos siguientes: CODIGO CIVIL. Artículo 2292.- las acciones personales que no tengan señalado término especial prescriben a los diez años. Articulo 2289.- las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la lay. Artículo 2301.- la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. Es un hecho cierto señor juez que el primer pago realizado por la COMISION en el mes de junio de 1996, con el 1% de aportación cumplió 10 años en junio del año 2006, como también es cierto que en ese mismo mes y año la COMISION reporto el pago del 0.5% en concepto de aportación demostrada en el reclamo de la deuda de manera extrajudicial y probando el reconocimiento de la misma por parte del INFOP. Si esto no es suficiente señor juez entonces concluyamos que el reclamo para la devolución de aportaciones para los meses subsiguientes no ha prescrito porque no se cumplen los 10 años; en todo caso los 10 años se deberán de contabilizar desde el mes de mayo de 2006 que fue la última aportación por el 1% que es la causa de esta litis. Aspectos que respetuoso a vos solicito valorar la flagrancia de la norma contentiva a la figura de prescripción que de oficio debió apreciarse en ambas instancias, que conste. Transcribiré el Artículo 4 del Código Procesal Civil, Todas las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad.../ Al respecto dicha norma jurídica fue infringida cometiéndose error de hecho como de derecho que mi representada le fue violentada los principios del defensa y del debido proceso, por virtud que dicha norma jurídica fue inobservada infringiéndose el ordenamiento jurídico nacional, donde se acredita que en ejercicio de la defensa de mi representado. Asimismo Transcribiré el Artículo 95 de la Constitución de la República, “Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la Ley”,.../ Normativa violada que relacionada con la transcripción del Artículo 3 del Código Procesal Civil, preámbulo, DEBIDO PROCESO. Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad.../ Honorables Magistrados, la expuesta normativa jurídica fue mal apreciada, resulta que tanto en la sentencia del AD-QUO así como del AD-QUEM, de la prueba aportada en juicio y del pensum jurídico, se logrará establecer que le concurren los elementos fundamentales de INFRACCION LEGAL OCURRIDA COMO CONSECUENCIA DE ERRORES DE HECHO Y DE DERECHO por inobservancia del procedimiento legal al caso de autos, en las sentencias de mérito. Transcribiré el Artículo 8 del Código Procesal Civil, PREAMBULO, ECONOMIA PROCESAL El órgano jurisdiccional deberá dirigir el proceso de la forma que conduzca a la reducción de tiempo, costo y esfuerzo de los actos procesales, sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones; sin embargo la economía procesal en ningún caso puede suponer disminución de las garantías y derechos que la Constitución de la República y las leyes reconocen a las partes. Transcribiré el Artículo 10 del Código Procesal Civil, PREAMBULO PRINCIPIO DISPOSITIVO, literal 2.- La resolución del órgano jurisdiccional que ponga fin al proceso ha de ser congruente con la petición del actor y con lo opuesto por el demandado teniendo en cuenta las normas aplicables y las pruebas evacuadas.- En ese suponer consta en juicio que mi representado le fue violado esta normativa jurídica tanto por el AD-QUO como el AD-QUEM al proferir sentencia violatoria a la ley tanto de hecho como de derecho”.”. II. Recuerda la Corte el carácter extraordinario y riguroso del recurso de casación y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer, si al dictarla el juez, observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello, se ha dicho, que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias. III. Los requisitos de la demanda de casación, como también lo ha señalado esta Sala, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley. IV. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. V. En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el Recurrente debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado. VI. Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el recurso formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil. En consecuencia, resulta que el recurso en la forma expuesta no constituye una proposición jurídica completa. VII. En razón de lo anterior consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se ha hecho mérito. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se ponga en conocimiento del presente fallo al Tribunal Superior de Cuentas, para los efectos legales consiguientes. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticinco días del mes de enero del dos mil diecinueve; certificación de la resolución de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 280-17. Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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