Sentencia CA-238-17 — Registro 8275
Resumen
En segunda instancia se dictó sentencia reformando la proferida en primera instancia, declara procedente la acción y decreta la nulidad del Acuerdo Ministerial, bajo el criterio que el tema del transporte es un rubro de interés público en cualquiera de sus modalidades contribuyendo al desarrollo de la economía del país, por lo que las tarifas al mismo, no puede manejarse en forma aislada tienen que considerarse elementos que no constituyan un detrimento a los particulares o el exceso de poder por parte de la administración pública
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) se acusa la sentencia por falta de aplicación del artículo 332 de la Constitución de la República, pero el ad- quem si aparece que aplicó dicha disposición, por ello no es viable su ataque por esa vía; b) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta y un días del mes de julio de dos mil dieciocho, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada EMMA RUTH BÚ CONTRERAS; y, Recurrido: la ASOCIACION NACIONAL DE AGRICULTORES DE HONDURAS (ANDAH) y la CERVECERIA HONDUREÑA, S.A. DE C.V., representados en juicio por el Abogado VIRGILIO UMANZOR.- OBJETO DEL PROCESO: es la demanda ordinaria para que se declare no conforme a derecho y se anule totalmente un acto administrativo de carácter general, consistente en el acuerdo ministerial número 0466 de fecha 26 de abril del 2012 emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda SOPTRAVI por haberse dictado el ordenamiento jurídico y cometiendo exceso de poder. Se solicita el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas para su restablecimiento, promovida por la ASOCIACION NACIONAL DE AGRICULTORES DE HONDURAS (ANDAH), contra la ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones realizadas por la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que en fecha veintiséis de abril del año dos mil doce SOPTRAVI emitió el Acuerdo 0466, con el que se reforma por adición el artículo segundo del Acuerdo No. 01417 de fecha veintiuno de noviembre del dos mil once emitido también por SOPTRAVI, mismo que fija las tarifas mínimas para la prestación del servicio de transporte público de carga, Dicho Acuerdo fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha quince de junio del año dos mil doce. Dicho acuerdo es nulo pues no es conforme a derecho en virtud de haberse dictado infringiendo el ordenamiento jurídico vigente, incluso con exceso de poder, por las razones que a continuación se detallan: 1. Infracción del Ordenamiento Jurídico Vigente: El Artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece que “El actor podrá pretender la declaración de no ser conforme a derecho y, en su caso, la anulación de los actos de carácter particular y general susceptibles de impugnación según el Capítulo anterior.- Los motivos de no ser conforme a derecho en qué funde su acción para pretender la declaración, comprenderá cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la falta de jurisdicción o competencia, el quebrantamiento de formalidades esenciales, el exceso de poder y la desviación de poder; constituirá desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por la ley”, dicha desviación de poder se señala a efecto de que se declare no conforme a derecho y se anule totalmente el Acuerdo, esto es porque dicho acuerdo se emitió infringiendo el ordenamiento jurídico vigente de normas constitucionales y normas secundarias contenidas en la Ley General de Administración Pública, Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y con exceso de poder. Infracción del artículo 8 de la Ley General de la Administración Pública en relación al artículo 34 inciso f) de la Ley de Procedimiento Administrativo: Dicho artículo establece que “Los órganos y entidades de la Administración Pública no podrán: 1, 2 3 y, 4. Ejecutar actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos o garantías reconocidas por la Constitución de la República”. Infracción del Artículo 34 inciso 1) de la Ley de Procedimiento Administrativo: dicho artículo establece que “Sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, el acto administrativo es nulo en los siguientes casos: a) b) c) d) e) y, f) Los que contraríen lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley General de la Administración Pública.” Infracción del artículo 331 de la Constitución de la República, de acuerdo al articulado anteriormente citado, la administración pública no puede ejecutar ningún acto administrativo cuando disminuya restrinja o tergiverse los derechos o garantías reconocidas por la Constitución de la República; las empresas afiliadas a mi poderdante hasta antes de la fecha de publicación tanto del Acuerdo 01417, como del Acuerdo 0466 y basado en la libre contratación consagrada en nuestra Carta Magna, contrataba el servicio de transporte de carga mediante la libre negociación del precio ofertado por proveedor para satisfacer la necesidad de traslado de los insumos y el producto, es decir, una relación directa entre particulares sin ninguna intervención del Estado. La intervención del Estado en la economía nacional a través de SOPTRAVI con la emisión del Acuerdo 01417 para regular el precio del servicio del transporte público de carga, y del Acuerdo 0466 que reforma por adición el acuerdo anterior ocasiona un grave perjuicio no solamente a los usuarios de dicho servicio como es el caso, sino también a los propios transportistas. Para el caso que nos ocupa es una regulación en la tarifa de servicio, impide la libre negociación y contratación en base a un factor determinante para la selección del proveedor como precio y calidad de servicio Asimismo, dicha regulación aumenta significativamente los costos de operación, los niveles, con lo cual le resta competitividad creando una desventaja con respecto a otras empresas del mismo giro comercial que operan fuera del territorio nacional y cuyos productos tienen como destino los mismos mercados. En el caso de los transportistas, la regulación de la tarifa del servicio, les impide que al momento en que el rubro del transporte sufra un aumento en sus insumos, excepto el del precio del combustible, ya que precisamente el acto administrativo que se pretende impugnar les reconoce las variaciones en su precio, pero no así de los demás insumos, como llantas, aceites y repuestos, que por ser todos de importación, son afectados por el tipo de cambio del dólar, el cual está variando constantemente; a tal efecto, el artículo 19 del Reglamento General de la Ley de Transporte establece que “Los transportistas de carga podrán negociar los precios con los usuarios del servicio, tomando en cuenta el peso de la carga útil, la distancia, las condiciones de la carretera, la posibilidad de conseguir carga de retorno, y los factores que no afectaren el valor del servicio.- Los precios pueden fijarse por número de viajes o por volumen de carga a transportarse en período especificado, de conformidad a las tarifas acordadas en los contratos celebrados al efecto”. Este artículo reconoce implícitamente la libre contratación al dejar al libre albedrío la negociación de la tarifa de acuerdo a cada una de las circunstancias específicas de los requerimientos de servicio de los usuarios. Debemos preguntarnos entonces. Exceso de Poder, este es el “acto de la autoridad administrativa cuando se extralimita de sus atribuciones o las ejerce con finalidad distinta al espíritu de la ley o reglamento. En principio, tales actos son anulables”. El artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que son anulables los actos en que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso y la desviación de poder. En el exceso de poder se comprende la alteración de los hechos, la falta de conexión lógica entre la motivación y la parte dispositiva del acto, la contradicción no justificada del acto con otro anteriormente dictado y cualquier otro vicio inherente al objeto o contenido del acto.- Para poder establecer que el Acuerdo ha sido emitido con exceso de poder es necesario analizar que en el “POR TANTO” de dicho acuerdo, entre sus fundamentos jurídicos menciona el artículo 9 de la Ley de transporte Terrestre, el cual establece que la Dirección General de Transporte tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: a)....; b)....; c) d) e)...; g) Proponer al Ministerio del ramo las taifas y sus modificaciones sobre la explotación del servicio de transporte de pasajeros. Las tarifas para empresas de transporte que se relacionen directamente con la actividad turística, deben proponerse de común acuerdo con la Secretaria de Cultura, Turismo e Información, con esto podemos ver que la Ley de Transporte Terrestre establece que la atribución de la Dirección General de Transporte de proponer tarifas y modificaciones a las mismas se limita única y exclusivamente al servicio de transporte de pasajeros y no al transporte de carga como se quiere establecer. En consecuencia, conlleva a una clara alteración de los hechos puesto que la Dirección General de Transporte se está atribuyendo facultades que la Ley no le ha otorgado. La fundamentación nace de una supuesta atribución otorgada por la Ley de Transporte Terrestre a la Dirección General de Transporte que es interpretada de manera errónea ya que dicha Ley es clara al establecer que la atribución para proponer tarifas y su modificación es para el servicio de transporte de pasajeros.- 2.- El ESTADO DE HONDURAS contestó dicha demanda señalando que si bien es cierto la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), en fecha 26 de Abril de 2012 emitió el Acuerdo 0466 vigente a partir de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 15 de Junio de 2012, con el cual se reformó por adición únicamente el párrafo segundo del Acuerdo Ejecutivo 01417 de fecha 21 de Noviembre de 2011 contentivo de las Tarifas Mínimas Para La Prestación Del Servicio Transporte Público De Carga, vigente a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 13 de Diciembre de 2011, sin embargo es falso que el Acuerdo número 0466 haya sido emitido violando preceptos constitucionales e infringiendo el ordenamiento jurídico vigente con exceso de poder, pues el acto administrativo cuya nulidad se pretende ha sido emitido conforme a derecho, ejerciendo las facultades que las leyes otorgan al Estado de Honduras para regular la política en materia de servicios de transporte. Dicho Acuerdo ha sido emitido con absoluto apego al ordenamiento jurídico nacional. Asimismo, las tarifas mínimas consignadas dicho Acuerdo no han sido fijadas de manera antojadiza, son las mismas que fueron propuestas en su momento la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, durante el procedimiento realizado en el Centro de Conciliación y Arbitraje de dicha cámara de comercio en base a los costos de operación acreditados por las empresas de transporte de carga agrupadas en la Cámara de Transporte de Carga de Honduras (CATRACHO), durante ese arbitraje y en el transcurso de la concertación realizada ante la Dirección General de Transporte. El artículo 8 de la Ley de Transporte Terrestre establece lo siguiente: “El Poder Ejecutivo, cuando lo estime conveniente al interés público, regulará las tarifas del transporte de carga”; y el ente estatal a través del cual se ejerce esta facultad legal es la Dirección General de Transporte, dependencia adscrita a la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), y así queda acreditado de modo contundente y sin el más mínimo resquicio de duda que el Estado actuó conforme a derecho y dentro de la esfera de sus atribuciones.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha diez de noviembre del año dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando IMPROCEDENTE la acción, sin costas, bajo el criterio que el acto administrativo de carácter general que hoy se impugna fue dictado conforme a Derecho, ya que en el caso de mérito, está probado que tanto el sector transporte como el sector naviero iniciaron gestiones para efectos de establecer nuevos valores de referencia, mismos que fueron concertados, no obstante lo anterior tal acuerdo no se puso en práctica y en vista de que el proceso de Conciliación y Arbitraje ante la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés como ente conciliador fracasó, se remitió el problema en mención a la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Publicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), negociaciones en las que no llegaron a ningún acuerdo, producto de ello y en uso de sus facultades, en fecha veintiséis de Abril del dos mil doce procedió a emitir el acuerdo 0466, con el que reforma por adición el artículo segundo del Acuerdo No. 01417, Acto este que fue emitido conforme a derecho, ejerciendo las facultades que las leyes otorgan al Estado de Honduras para regular las políticas en materia de servicios de transporte y ven estricto apego al Artículo 332 de la Constitución de la República que establece: “El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares. Sin embargo, el Estado, por razones de orden público e interés social, podrá reservarse el ejercicio de determinadas industrias básicas, explotaciones y servicios de interés público, dictar medidas y leyes económicas, fiscales y de seguridad pública, para encauzar, estimular, supervisar, orientar y suplir la iniciativa privada, con fundamento en una política económica, racional y planificada”; en relación con el artículo 8 de la Ley de Transporte Terrestre que establece “El Poder Ejecutivo, cuando lo estime conveniente al interés público, regulará las tarifas del transporte de carga”, en conclusión se reitera que en el caso de mérito la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) actuó en el marco de sus facultades y ha emitido el Acto conforme a derecho por lo que procede declarar la improcedencia de la acción.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintisiete de enero del dos mil diecisiete, dictó sentencia reformando la proferida en primera instancia, declara PROCEDENTE la acción y decreta la nulidad del Acuerdo Ministerial 0466 del 26 de abril del 2012, sin costas, bajo el criterio que el tema del transporte es un rubro de interés público en cualquiera de sus modalidades contribuyendo al desarrollo de la economía del país, por lo que las tarifas al mismo, no puede manejarse en forma aislada tienen que considerarse elementos que no constituyan un detrimento a los particulares o el exceso de poder por parte de la administración pública; es por eso que la Ley General de la Administración ya establece la jerarquía deben sujetarse a una jerarquía normativa en la que como primer presupuesto se encuentra la Constitución de la República como norma de obligatorio cumplimiento, en cuarto y quinto lugar coloca a las leyes administrativas especiales y las leyes especiales y generales vigentes en el país; dicho esto si bien es cierto la Ley de Transporte Terrestre en el artículo 8 le otorga la facultad al Poder Ejecutivo de regular las tarifas del transporte de carga, este debe de ser siempre conveniente al interés público-social, es decir que sea para el bienestar de una colectividad sin limitar los derechos y libertades reconocidos en la Constitución de la República y es por eso que fomentó la libertad de consumo, contratación, ocupación tal y como lo establecen los artículos 331 y 332 de ese mismo cuerpo legal. Dicho lo anterior, se ha analizado la sentencia emitida por el juez a quo en la que declara improcedente un acto administrativo sujeto de impugnación contentivo del acuerdo 0466 emitido por la Secretaria de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), el cual surge por la reforma por adición al acuerdo 01417, específicamente el artículo segundo en el cual se fijaron las tarifas mínimas para la prestación del transporte terrestre, estableciendo en forma unilateral los precios del petróleo, especialmente el diésel en el cual se aplicara, partiendo de la base un porcentaje del 3% teniendo como precio base L.76.98 por galón más $ 1.24 por kilómetro recorrido; lo que ocasiona un exceso a las facultades de la administración pública, aun y cuando las facultades hacia las Secretarias de Estado estén delimitadas en este caso en el artículo 29 de la ley General de lo Administración Publica ya que para la implementación de dichas tarifas en forma unilateral debió acreditarse cuál era el interés público social en riesgo que lo llevó a tomar tal decisión cuando siempre ha sido una concertación entre los transportistas y los usuarios independientemente de los factores exógenos que se hubiesen sido generado, por lo que el Estado no puede realizar actos que restrinjan derechos constitucionales como ser la libre contratación hecho que debe valorarse por ser parte de las pretensiones de las partes y es por eso que se debe revocar el fallo definitivo venido en Apelación por estimar que el mismo no está dictado conforme a derecho, por ser evidente la extralimitación de las atribuciones de la administración pública ocasionando que el acto emitido sea nulo por infracción al ordenamiento jurídico, incluso el exceso y desviación de poder.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, la Abogada EMMA RUTH BÚ CONTRERAS en fecha uno de marzo del año dos mil diecisiete, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veintisiete de enero del dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 134-16, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 238-17 del Juzgado de Letras de Contencioso administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha siete de marzo del año dos mil diecisiete, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado VIRGILIO UMANZOR, presentó en fecha veinticinco de abril del año dos mil diecisiete, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintiséis de abril del año dos mil dieciséis, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha dos de mayo del año dos mil diecisiete los Abogados EMMA RUTH BU CONTRERAS y VIRGILIO UMANZOR respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha quince de mayo del año dos mil diecisiete, teniendo por personados a los Abogados EMMA RUTH BU CONTRERAS y VIRGILIO UMANZOR, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil por falta de aplicación del Artículo 332 de la Constitución de la República en relación con el párrafo cuarto del Artículo 4 de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia, Artículo 8 de la Ley de Transporte; Artículo 17 del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE. El motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil el cual señala causales del recurso: 1 ... 2 Igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio IDENTIFICACION DE PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia recurrida consistente en la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativa en fecha 27 de enero del 2017 CONCEPTO DE LA INFRACCION: Honorable Corte, el acto impugnado lo constituye el Acuerdo Ejecutivo 466 con el que se forma por adición el Artículo segundo del Acuerdo 1417 emitido por SOPTRAVI en el cual se fijaron de forma unilateral las tarifas del transporte terrestre de carga lo que en ningún caso implica un exceso a las facultades de la Administración Pública, pues de conformidad al Artículo 36 No.1 y 2 de la Ley General de la Administración Pública que disponen: “1: Orientar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades de sus respectivos despachos, sin perjuicio de las atribuciones que la Constitución y las Leyes confieran a otros órganos. 2: Cumplir y hacer cumplir lo prescrito por la Constitución de la República, las Leyes y los reglamentos generales y especiales y las ordenes que legalmente les imparta el Presidente de la República, a quien deberá dar cuenta de su acción.” Por otra parte el AD QUEM ha señalado en la sentencia de apelación que la Ley de Transporte Terrestre está en nivel inferior a la Constitución de la República y a la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia de conformidad con la normativa jerárquica que establece el Artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública que dispone: “Los actos de la Administración Pública, deberán ajustarse a la siguiente jerarquía normativa: 1) La Constitución de la República; 2) Los Tratados Internacionales ratificados por Honduras; 3) La presente Ley; 4) Las Leyes Administrativas Especiales; 5) Las Leyes Especiales y Generales vigentes...” Según el AD QUEM con la emisión del Acuerdo Ejecutivo No.0466 se violentó el principio de libertad y libre contratación y ocupación consignado en el Artículo 331, 332 de la Constitución de la República, olvidando con ello el AD QUEM que ningún derecho o garantía de la Constitución es absoluto, por tener siempre en primer lugar el interés público; pues al haber un paro general del sector transporte de carga por no existir acuerdo con las tarifas mínimas de transporte lógicamente se afectó la economía nacional de aquél momento. En virtud de lo cual si quedo debidamente probado en juicio el interés público y social que se trata de velar por parte del Estado. En definitiva existe una falta de aplicación del Artículo 332 de la Constitución de la República en relación con el párrafo cuarto del Artículo 4 de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia; estas disposiciones legales autorizan al Estado a intervenir en actividades económicas por razones de orden público, y del Artículo 8 de la Ley de Transporte Terrestre el cual señala: “El poder Ejecutivo, cuando lo estime conveniente al interés público, regulará las tarifas del transporte de carga”. En virtud de lo anterior se concluye que el acto administrativo objeto de impugnación fue emitido conforme a derecho y que los preceptos legales citados no fueron apreciados por los Honorable Magistrados de la Corte de Apelaciones. A manera de ejemplo, podemos señalar algunas leyes que restringen algunas garantías establecidas en la Constitución de la República de allí tenemos la Ley de Escuchas Telefónicas, Ley de Privación de Dominio; Ley Antimaras, esto en atención al interés general. Erra el AD QUEM al señalar que existió un exceso a las facultades de la administración pública pero la Corte de Apelaciones no puso en duda las facultades que tiene la Administración Pública en la emisión de sus actos, pero a la vez se contradice al establecer que se extralimito el Estado en sus facultades ocasionando que el acto emitido sea nulo. Por lo anterior se observa que el AD QUEM no analizó que la génesis del Acuerdo Ejecutivo 01417 fue precisamente la falta de concertación de los entes involucrados, es decir la empresa privada, y que dicha situación generó paro nacional de los transportistas de carga terrestre a partir del 21 de enero del 2011 al mes de abril del mismo año, lo que afectó seriamente la economía nacional por el paro de labores de las empresas de transporte de carga, afectando directamente las importaciones y exportaciones de materia prima y de otros insumos por el cese de las actividades debido a la eliminación de las tarifas y la falta de concertación en el sector transporte por lo que, el Estado debió intervenir de conformidad con las facultades otorgadas en el Artículo 8 de la Ley de Transporte en relación con el articulo 74.1 letra g) del reglamento de Organización Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo, Artículo 36 No. 1 y 2 de la Ley General de la Administración Pública.- Tampoco se aplicaron los Artículos 332 de la Constitución de la República en relación con el Artículo 4 párrafo 4to. de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia, artículos que no fueron aplicados por el AD QUEM en el presente caso, y revoca la sentencia del Aquo que había declarado sin lugar la demanda interpuesta por la parte demandante ya que el acto administrativo impugnado se encuentra emitido conforme a derecho. Erra el AD QUEM al no tomar en cuenta el Artículo 4 párrafo cuarto. de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia, obviando el AD QUEM que las empresas involucradas en cuanto a la fijación de precios por parte de las empresas navieras y las empresas de transporte terrestre quedando fuera de dichas negociaciones hasta la Cámara de Comercio Hondureña, que es el ente donde se encuentran inscritas las empresas privadas del país; mismas que demandaron al Estado al no haberse puesto de acuerdo ellas mismas Por otra parte el Artículo 17 del Código Civil expresa: “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador. Por lo expuesto, y siendo evidente la falta de aplicación del Tribunal Sentenciador del Artículo 332 de la Constitución de la República, en relación con el párrafo 4to. del artículo 4 de la Ley para la defensa y promoción de la competencia, Artículo 8 de la Ley de Transporte en relación con el 17 del Código Civil, es procedente en derecho que se case la sentencia recurrida y que se declare sin lugar la demanda condenando las costas del proceso, en virtud de que el Estado tiene la facultad reguladora de las tarifas del transporte público.”.- II. Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) se acusa la sentencia por falta de aplicación del artículo 332 de la Constitución de la República, pero el ad- quem si aparece que aplicó dicha disposición, por ello no es viable su ataque por esa vía; b) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia.- III. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IV. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos o causas que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio.- Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.-NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días de mes de octubre del dos mil dieciocho; certificación de la resolución de fecha treinta y uno de julio del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 238-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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