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Sentencia CA-235-17 — Registro 8289

Resumen

En primera instancia se declara con lugar las defensas previas alegada por parte incidentista (demandada, se confirma en segunda instancia bajo el criterio que la causa de inadmisibilidad planteada por el incidentista consiste en la falta de agotamiento de la vía administrativa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes; a) carece de claridad y precisión en el concepto de la infracción, es decir, si la infracción alegada es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación; modalidades distintas de violar la ley que se deben precisar; b) se indica como infringido el artículo 206 literales a) y c), lo cual resulta confuso, ya que cada literal contiene situaciones jurídicas distintas, que se deben precisar y explicar separadamente, por la independencia de los cargos; c) se omite el pronunciamiento que se impugna; y, d) carece de explicación debidamente estructurada.- "

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los quince días del mes de octubre de dos mil dieciocho, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinador, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: La sociedad Mercantil GARCÍA PÉREZ Y ASOCIADOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (GAP & ASOCIADOS S. DE R.L., DE C.V., representado en juicio por el Abogado CARLOS ENRIQUE GOMEZ BURGOS; y, Recurrido: EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI) representado en juicio por la Abogada KATY YANETH RODRIGUEZ FUNES.- OBJETO DEL PROCESO: que se declare no ser conforme a derecho y en su caso sea nulo, un acto administrativo de carácter particular y contra un acto presunto negativo por silencio administrativo mediante el cual se entiende destinado el recurso de reposición.- Que se reconozca la situación jurídica individualizada y que se adopten las medidas necesarias para su restablecimiento como ser la condena al pago de las cantidades reclamadas por reducción de contrato e incumplimiento de obligaciones contractuales.- Pago de daños y perjuicios, más los intereses causados con posterioridad a la fecha de interposición de la demanda.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La sociedad Mercantil García Pérez y Asociados, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (Gap & Asociados S. de R.L., de C.V., se le adjudico mediante licitación pública No. LP-002-00.UU-07 el proyecto denominado “PAVIMENTO DE EL PARAISO” mediante contrato de construcción en fecha 15 de febrero del año 2009, en la clausula nueve de dicho contrato se establecen “precios del contrato” se establece entre otras que “ la dirección pagará el contratista por las obras objeto de este contrato que sean ejecutadas y aceptadas a satisfacción según precios unitarios indicados en la oferta presentada por el contratista, los cuales incluyen los siguientes conceptos: “asistencia administrativa y técnica de cualquier índole, responsabilidad con terceros en el orden civil, mercantil o fiscal utilidades e impuestos de toda naturaleza y en general todo en cuanto se requiera adquirir ejecutar o instalar para la total de terminación para los trabajos”. En la clausula quinta denominada forma de pago, se establece que la Secretaria se obliga a pagar al contratista el trabajo mediante estimaciones mensuales preparadas, acompañadas por los números generadores, unidades, cantidades de obra, precios unitarios, localización, análisis de precios unitarios extraordinarios, etc.… Revisados por el supervisor y aprobados por La Dirección mediante órdenes de pago tramitadas de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, siempre y cuando errores imputables al contratista no entorpezca el trámite de las estimaciones. De lo anterior mediante oficio No.852 (2) DGOP-08 se notificó al demandante de la ORDEN DE SUSPENSIÓN a partir del 15 de noviembre de 2008 de conformidad a lo previsto en el artículo 119 numeral 3 de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 251 de su reglamento, debido a que no se aprobaron fondos para continuar reiniciándose la obra hasta que se oficialice el nuevo presupuesto para el año fiscal dos mil nueve. En fecha con fecha 23 de julio de 2009, la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas Transporte y Vivienda a través de la Dirección General de Obras Públicas remitió a la actora con base a la cláusula del contrato XXV en la que hace constar los trabajos ejecutados por la Constructora GARCIA Y ASOCIADOS, S. DE R. L. mediante contrato original suscrito entre las partes en fecha 28 de junio de dos mil siete con orden de inicio efectiva de fecha 21 de agosto del 2007, Orden de cambio No. 1 de fecha 28 de septiembre del 2007, habiendo finalizado los trabajos correspondientes a esta primera etapa el 3 de noviembre del año 2007, Modificación No. 1 de fecha 15 de febrero de 2008, orden de reanudar actividades a partir del 2 de enero de 2008 como consta en oficio No.00446-01- DGOP2008 de fecha 21 de abril del 2008, nuevamente se suspendió temporalmente el proyecto en fecha 3 de marzo de 2008, reanudándolo nuevamente el 29 de septiembre del 2008, habiendo finalizado parcialmente los trabajos correspondientes a esta segunda etapa el 31 de octubre del 2008 haciendo constar que aún quedan pendiente de ejecución obras objeto del presente contrato, por tanto: La Comisión nombrada para tal efecto resuelve: Da por recibido a entera satisfacción los trabajos ejecutados del proyecto “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO” con los informes enumerados en dicha acta en la cual se establecen que los trabajos referidos fueron debidamente ejecutados de conformidad con los planos y demás especificaciones contenidas en el contrato respectivo haciendo la observación de poner a disposición del Contratante las respectivas Garantías de Calidad de Obra de los trabajos ejecutados de acuerdo a la cláusula Onceava del contrato inciso ‘b”, en contrario sensu de lo estipulado en el contrato mismo pues en la cláusula XI inciso b) establece: Que el Contratista deberá presentar únicamente terminada la obra, caución de calidad de Obra y su duración será igual a 12 meses 12 meses contados a partir de la recepción final del proyecto El monto de dicha garantía de calidad por las obras construidas será por una suma igual al 5% del monto del contrato. En Oficio No. 1119-DGOP-09 de fecha 11 de diciembre de 2009, la Ingeniera Paula Ponce Gaitán Directora General de Obras Públicas de SOPTRAVI notifica que debido a la situación crítica política y económica del país que el país ha experimentado en el presente año esta dirección de Obras públicas se ve obligada a rescindir los contratos y liquidar la obra con los contratistas ejecutores de los proyectos los cuales se están rescindiendo por diferentes motivos. El proyecto es el siguiente: ‘“PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO. Al emitirse un acta de Recepción Parcial de Obras con fecha 23 de julio de 2009 y que la suspensión de obras es a partir del 15 de noviembre de 2008 mediante nota de fecha 17 de noviembre de 2008 hecho irregular para notificar una suspensión de contrato pues los plazos están previamente establecidos en la Ley y habiendo obra por ejecutar según contrato por un monto de L.4,109,740.35, SOPTRAVI notifica la suspensión del contrato fundamentando la misma en los artículos 119 numeral 3 de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 251 de su reglamento, hechos que constituyen efectos de resolución del contrato concede derecho a mi representado para reclamar el pago de los daños y perjuicios causados, según al artículo 252 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, y la Administración abonará aquel de acuerdo con lo previsto en el artículo 119 numeral 3) de la Ley, en el caso concreto se ha producido una reducción de contrato a mi representada con fundamentado en el artículo 123 de la Ley de Contratación del Estado, producto de la reducción de contrato en un 50% por lo que dejo de percibir por no ejecutar la totalidad del contrato: el Sobre Costo Campo equivalente al 15%, El Costo de la Administración equivalente a 10% y la Utilidad del 5% para un total de 30% de acuerdo a la ficha de precios unitarios presentado en la oferta de mi representada sobre el monto total del contrato que es por L.7,547,402.97, cuyo monto por ejecutar según el contrato es por: L.4,109,740.35, la indemnización equivale al 30% de costos administrativos de la cantidad dejada de ejecutar en concepto de utilidad y administración por mi representada que es por la cantidad de L.1,232,922.11, mas daños y perjuicios que se generen e intereses que se generen. La cláusula XV FUERZA MAYOR del contrato establece en su párrafo segundo: “Que éste contrato podrá ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por el Gobierno por causas de fuerza mayor que a su juicio se justifique en tal Caso el Gobierno luirá una liquidación de los trabajos realizados a la fecha y pagará al contratista una compensación justa y equitativa convenida de mutuo acuerdo”, como el contratante ha fundamentado la nota de suspensión en el artículo 119 numeral 3 de la Ley de Contratación del Estado por lo anteriormente expuesto procede la indemnización que se reclama. A requerimiento de dicha Secretaria se presentó un informe complementario de liquidación de gastos razonables en que incurrió mi representada por intereses pagados a instituciones bancarias durante la vigencia y ejecución del contrato en el cual se detallan los montos por intereses pagados por un monto de L.2.156325.83 el cual se acreditó mediante documentación lo cual hace un total al 8 de diciembre de dos mil once la cantidad de L.3,389,247.94 el cual se aceptó expresamente por la Secretaria de Obras Publicas Transporte y Vivienda (SOPTRÁVI), mismos que obran en expediente administrativo. La parte que resulte lesionada, entonces, tiene derecho a exigir de la parte que incumple de una cantidad de dinero equivalente al beneficio que hubiese obtenido si hubiese cumplido a tiempo la obligación el cual esta ha sido probada.- 2.- El ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones realizadas por SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI), contestó dicha demanda señalando que rechaza lo aseverado por la parte demandante, al establecer que para la rescisión del contrato no se siguió el procedimiento legal establecido, en vista que su representada a rescindido el referido contrato basado en la cláusula octava numeral 6 al establecer que se podrá rescindir el mismo: “Cuando el contratante pierda la confianza en el contratista en la prestación de sus servicios profesionales”. Continua manifestando la demandada, que el demandante presento reclamo administrativo, el cual fue declarado sin lugar, interponiéndole el correspondiente Recurso de Reposición, el que asegura la parte demandada a la fecha de interposición de la presente demanda ante esta Jurisdicción, no había sido resuelto y por tanto no entiende como a tenido por agotada la vía administrativa.- 3.- Que la parte de demandada alega defensa previa fundamentada en el artículo 147 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece: “El reclamo administrativo previo a la vía judicial se sustentará en los mismos hechos y derechos que se invocarán en la eventual demanda judicial.” Y, el artículo 51 literal ch) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo consigna que: “El juzgado podrá declara la inadmisibilidad de la demanda cuando conste cualquiera de las siguientes causas; a).., b)…; ch) Que no este agotada la vía administrativa. Expone la demandada, que la parte actora no es consistente, ya que peticiona “…RECLAMO DE PAGO EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS A FAVOR DEL CONTRATISTA, A CONSECUENCIA DE LA ORDEN DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLES DE MUNICIPIO DEL PARAISO.- PAGO DE HONORARISO PROFESIONALES…. Sin embargo en la vía judicial peticiono: PAGO POR LAS CANTIDADES RECLAMADAS POR REDUCCIÓN DE CONTRATO E INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.- PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS MAS LOS INTERESES CAUSADOS CON POSTERIORIDADA A LA FECHA DE INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA…”.Concluyendo que la demanda no ha sido presentada fundamentada en los en los mismo hecho y derecho invocados en la en el reclamo administrativo.- 4.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha treinta de octubre del dos mil quince, declaró: “PRIMERO (1). CON LUGAR LAS DEFENSAS PREVIAS alegada por parte incidentista (demandada). SEGUNDO (2): declarar la inadmisibilidad de la demanda promovida. TERCERO (3): En vista que la inadmisibilidad de la demanda se declara por el motivo previsto en el inciso ch) del Articulo 51 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que no esta agotada la vía administrativa…”., en la demanda promovida por el señor CARLOS ENRIQUE GOMEZ BURGOS, en su condición de Representante procesal de GARCÍA PEREZ Y ASOCIADOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (GAP & Asociados S. de R.L. de C.V), contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI), bajo el criterio siguiente: que al hacer una revisión del expediente de merito, se aprecia que la parte demandante, interpuso reclamo en vía administrativa de Indemnización de Daños y Perjuicios a consecuencia de la suspensión de obra en fecha dieciséis de Noviembre del dos mil nueve, reclamo que hasta la fecha no ha sido resuelto en vía administrativa; Asimismo se aprecia que la parte demandante interpuso ante esta Jurisdicción, demanda Ordinaria en fecha cinco de Diciembre del dos mil trece, para que se le reconozca el pago de las cantidades reclamadas por Reducción de Contrato e Incumplimiento de Obligaciones Contractuales, conceptos totalmente diferentes uno del otro y que infringe el Articulo 147 de la Ley de Procedimiento Administrativo y el Articulo 51 letra ch) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que la parte demandante debe sustentar su demanda ante esta jurisdicción en los mismo hechos y derechos invocados en el reclamo administrativo, del contenido del expediente administrativo se aprecia que se han evacuado pruebas en vía administrativa, así como que en los folios 286, 287 del expediente administrativo corre agregado el pronunciamiento DL-006-2014, donde se declara sin lugar el escrito de Pronta Resolución y de Reposición por improcedente y para la continuación de su tramite ordena que se remitan las presentes diligencias a la Dirección General de Obras Publicas a efecto de que se proceda a nombrar la comisión del proyecto denominado “Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle en el Municipio de Paraíso, Departamento del Paraíso” o sea que dicho reclamo todavía está pendiente de una Resolución final, por lo que no está agotada la vía administrativa, en virtud de los cual se debe declarar con lugar la defensa previa alegada.- 5.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha catorce de diciembre del año dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando el auto proferido en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que la causa de inadmisibilidad planteada por el incidentista consiste en la falta de agotamiento de la vía administrativa, en virtud de considerar que el incidentado hizo el reclamo administrativo en vía administrativa con diferente pretensión ante la vía judicial, por considerar que en vía administrativa fue “RECLAMO DE PAGO EN CONCEPTO DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS A FAVOR DEL CONTRATISTA, A CONSECUENCIA DE LA ORDEN DE SUSPENSION DE LA EJECUCION DE OBRAS EN EL PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DEL MUNICII’O DEL PARAISO.PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES”; sin embargo su pretensión ante el órgano jurisdiccional fue “PAGO POR LAS CANTIDADES RECLAMADAS POR REDUCCION DE CONTRATO E INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.- PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS MAS LOS INTERESES CAUSADOS CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE INTERPOSICION DE LA DEMANDA”. Ante tal circunstancia es preciso mencionar que el agotamiento de la vía administrativa se ejerce a través de la administración pública la cual es una expresión del poder público que se ejerce por medio de actos que concretan la voluntad del Estado, los que en forma directa o indirecta, afectan la esfera jurídica de los particulares, por lo que a través de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se pretende se respete el principio de legalidad en cada decisión que emitan los órganos de la Administración Pública mediante las potestades revisoras y sancionadoras de la jurisdicción contenciosa administrativa, respetando las peticiones concretas que las partes formulan ante esta jurisdicción. En ese sentido, el procedimiento administrativo no es cualquier secuencia de actos producidos por órganos administrativos, sino una secuencia caracterizada por la presencia de un acto principal, precedido y seguido por actos que existían en función del principal, basados en el debido proceso, caso contrario, le permita al administrado solicitar la tutela de sus derechos subjetivos lesionados por la administración ante la jurisdicción contencioso administrativo, lo que conlleva analizar que la pretensión es una de las figuras centrales del proceso contencioso administrativo porque incide en un inicio, desarrollo hasta su culminación, no es otra cosa que la petición concreta que se hace en relación a una controversia o un asunto de su interés en torno a la cual gira el desarrollo de todo el proceso; y precisamente por ello, la pretensión termina siendo reconocida como el objeto del proceso, siendo importante recalcar que lo peticionado ante vía administrativa, obligatoriamente tiene que ser lo mismo ante el órgano jurisdiccional contencioso administrativo, ya que sobre su resolución recae la intervención contencioso administrativa quien ostenta la facultad.. revisora de la legalidad o no de la actuación administrativa, pronunciándose sobre los derechos subjetivos del administrado realmente afectados, reconociéndolos, restableciéndolos y adoptando todas las medidas necesarias para garantizar su efectiva satisfacción; he allí la importancia de que el reclamo debe contener con precisión la misma pretensión que se hará valer en los tribunales; por consiguiente, no serán objeto de discusión en el juicio los hechos y derechos que no hayan sido invocados en el respectivo reclamo administrativo. Analizado lo anterior, es pertinente establecer que el alegato planteado por el recurrente consistente en que las pretensiones tanto en vía administrativa (daños y perjuicios por suspensión de contrato) como la pretensión judicial (daños y perjuicios por reducción de contrato) son totalmente diferentes, contraviniendo la norma general contemplada en el artículo 147 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que no se puede pedir en vía judicial la nulidad de un acto si previamente no se ha pedido lo mismo en vía administrativa, ya que es un requisito procesal esencial en el juicio contencioso administrativo la existencia de un acto administrativo previo; por lo que de lo anterior se deduce, con respecto a los agravios esgrimidos por el apelante que el artículo 146 de la ley de procedimiento Administrativo solo es aplicable en materia de derecho privado, no sucede lo mismo con el artículo 147 de ese mismo cuerpo legal, ya que este es aplicable a todo reclamo administrativo previo a la eventual demanda judicial, complementándolo con la doctrina administrativista.- En el caso de autos los términos jurídicos utilizados en la demanda difieren ampliamente con respecto al reclamo administrativo, motivo por el cual entorpece la actividad revisora de esta jurisdicción con respecto a la legalidad del acto administrativo, concluyendo que para la revisión del objeto pretendí de este proceso no existe reclamo administrativo previo en sede administrativa.- 6.- La representación procesal de la parte recurrente, el Abogado CARLOS ENRIQUE GOMEZ BURGOS en fecha dieciséis de febrero del año dos mil diecisiete, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha catorce de diciembre del año dos mil dieciséis, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 33-16, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 235-17 del Juzgado de Letras de Contencioso administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha veintidós de febrero del año dos mil diecisiete, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte recurrida, la abogada KATY YANETH RODRIGUEZ FUNES, presentó en fecha diecisiete de abril del año dos mil diecisiete, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha dieciocho de abril del año dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecisiete los abogados KATY YANETH RODRIGUEZ FUNES y CARLOS ENRIQUE GOMEZ BURGOS respectivamente.- 8.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha quince de mayo del año dos mil diecisiete, teniendo por personados a los abogados CARLOS ENRIQUE GOMEZ BURGOS y KATY YANETH RODRIGUEZ FUNES, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra un auto definitivo, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un primer motivo manifestando lo siguiente: “CONSISTE EN LA APLICACIÓN INDEBIDA E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN: LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA POR ESCASA O INSUFICINTE MOTIVACIÓN FACTICA FALTA DE RACIONALIDAD Y CARENTE LÓGICO LO QUE ES DETERMINANTE DE UN SENTIDO DIFERENTE DEL FALLO. Este motivo se sustenta como precepto autorizante en el artículo 719.1 letra c) en relación con el artículo 720 numero 2 del código Procesal Civil , en cuanto a la forma y contenido del fallo para el control en casación de la motivación fáctica de la sentencia por la escasa o insuficiente motivación, falta de racionalidad y carente lógico que es determinante de un sentido diferente del fallo e infringen las siguientes normas: EXPRESIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO CUYA INFRACCIÓN SUSTENTA EL MOTIVO. Las normas de derecho que sustentan la presente infracción son: 1- El articulo 206 números 1. Y 2. del Código Procesal Civil en cuanto a que las sentencia deben ser claras, precisas y exhaustivas y que el Tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho y de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes y el articulo 90 párrafo primero de la Constitución de la República en relación con los artículos 23, 85 y 86 de la Ley de Procedimiento administrativo y 29 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo Honorables magistrados la sentencia recurrida en casación infringe el articulo 206 números 1. Y 2 del Código Procesal Civil, el articulo 90 párrafo primero EXPEDIENTE No.452.2013 Número de entrada 033-2016. Constitución de la República en relación con los 23, 85 y 86 de a Ley de Procedimiento administrativo y 29 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, todos contentivos del debido proceso y Principio de legalidad, por cuanto el Juez no ha realizado un razonamiento y valoración de los argumentos de la parte demandante, por cuanto no considera los argumentos de que se agotó la vía administrativa mediante el acto presunto negativo, tanto en primera instancia como en segunda instancia administrativa en que ante el silencio administrativo se entiende desestimado el recurso de reposición interpuesto. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN O SENTENCIA IMPUGNADA. Al no resolver el Tribunal con la suficiente motivación con fundamentos en los hechos y derecho aplicable, infringe el artículo 719 numero 1 literal c) del Código Procesal Civil, al carecer la sentencia de la debida motivación el Tribunal infringió las normas citadas lo que incide negativamente en la decisión de un fallo justo y conforme a derecho, lo que da lugar a que esa Honorable Sala de lo Contencioso Administrativo admito presente motivo y en definitiva se declare ha lugar la casación y en definitiva se dicte una nueva sentencia declarando con lugar el recurso de casación, revocando la sentencia de la corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, mandando se dicte nueva sentencia en la que se declare con lugar el recurso de apelación e inadmisible las defensas previas interpuestas por la demandada.”.- 2.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes; a) carece de claridad y precisión en el concepto de la infracción, es decir, si la infracción alegada es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación; modalidades distintas de violar la ley que se deben precisar; b) se indica como infringido el artículo 206 literales a) y c), lo cual resulta confuso, ya que cada literal contiene situaciones jurídicas distintas, que se deben precisar y explicar separadamente, por la independencia de los cargos; c) se omite el pronunciamiento que se impugna; y, d) carece de explicación debidamente estructurada.- 3.- Que en un segundo motivo se aduce: “CONSISTE EN LA APLICACIÓN INDEBIDA DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LAS NORMAS PROCEDIMENTALES DE AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA DE LOS ARTÍCULOS 146 Y 147 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719.1. Literal a) por inadecuado procedimiento del código procesal civil, en cuanto Las normas de derecho que sustentan la presente infracción son: El articulo 207 numerales 1. Del Código Procesal Civil en cuanto a que las sentencias se motivaran expresando los razonamientos facticos y Jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho; y el articulo 90 párrafo primero de la Constitución de la República contentivo del debido proceso en relación con los artículos 146 Y 147 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, cuyas disposiciones no son aplicables al juicio Contencioso Administrativo, por cuanto claramente se establece en los artículo 146 y 147 es aplicable únicamente para demandar únicamente en materia de Derecho Privado, puesto que ese artículo, se encuentra comprendido en el Titulo Quinto de la Ley de Procedimiento Administrativo, en consecuencia la sentencia no ha sido motivada de manera precisa y razonada en cuanto Las normas de derecho que la sustentan y la valoración de los distintos medios de prueba no se han deducido de manera clara y terminante de los fundamentos facticos y jurídicos por cuanto en el considerando SEPTIMO (7): El Tribunal indica, que Analizando lo anterior es pertinente establecer que el alegato planteado por el recurrente en que las pretensiones tanto en vía administrativa (daños y perjuicios por suspensión de contrato) como la pretensión judicial (daños y perjuicios por reducción de contrato) son totalmente diferentes, contraviniendo la norma general contemplada en el artículo 147 de la ley de procedimientos administrativo, ya que no se puede pedir en vía judicial la nulidad de un acto, si previamente no se ha pedido lo mismo en vía administrativa, ya que es un requisito procesal esencial en juicio contencioso administrativo la existencia en un acto administrativo previo; por lo que de lo anterior se deduce, con respecto a los agravios esgrimidos por el apelante que el artículo 146 de la ley de procedimientos administrativo solo es aplicable en materia de derecho privado, no sucede lo mismo con el artículo 147 de ese mismo cuerpo legal, ya que este es aplicable a todo reclamo administrativo previo a la eventual demanda judicial, complementándolo con la doctrina administrativista.- En el caso de autos los términos jurídicos utilizados en la demanda difieren ampliamente con respecto al reclamo administrativo, motivo por el cual entorpece la actividad revisora de esta jurisdicción con respecto a la legalidad del acto administrativo, concluyendo que para la revisión del objeto pretendí de este proceso no existe reclamo administrativo previo en sede administrativa. El artículo 147 de la ley de Procedimiento administrativo, no es aplicable a las demandas Contenciosa Administrativa, porque el mismo se refiere a reclamos previo a la vía judicial en materia de derecho privado, tal y como lo dispone el artículo 146 de la Ley citada que no se podrá demandar judicialmente en materia de derecho privado, al Estado, a las instituciones autónomas y municipales, sin previo reclamo administrativo presentado ante el titular del órgano o entidad respectiva, siendo totalmente improcedente citar ese artículo para los efectos de una demanda en materia contencioso administrativo. También el artículo 147 de la ley de procedimientos administrativo es inaplicable porque dicho artículo, no puede ser relacionado con el artículo 51 de la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en esta jurisdicción. También, de conformidad al artículo 40 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo vigente al interponerse la demanda y por ende aplicable al caso concreto establece que: “La cuantía vendrá determinada por el valor de la pretensión objeto de la demanda” y el artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo vigente, para fijar el valor de la pretensión se tendrá en cuenta las normas de la legislación procesal civil, con las especialidades siguientes: a)..; b) Cuando el demandante solicite, además de la anulación, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, la cuantía se determinara: 1) Por el valor íntegro del objeto del reclamo, si la administración hubiere denegado totalmente, en vía administrativa, las pretensiones del demandante. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN O SENTENCIA IMPUGNADA. Al no contener la sentencias un razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, El articulo 207 numerales 1. Del Código Procesal Civil en cuanto a que las sentencias se motivaran expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho; y el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República contentivo del debido proceso en relación con los artículos 146 Y 147 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, cuyas disposiciones no son aplicables al juicio Contencioso Administrativo, por cuanto claramente se establece en los artículo 146 y 147 es aplicable únicamente para demandar únicamente en materia de Derecho Privado, puesto que ese artículo, se encuentra comprendido en el Titulo Quinto de la Ley de Procedimiento Administrativo Siendo que ¡as sentencias se motivaran expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho; y el articulo 90 párrafo primero de la Constitución de la República contentivo del debido proceso en relación con los artículos 146 Y 147 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, cuyas disposiciones no son aplicables al juicio Contencioso Administrativo, por cuanto claramente se establece en los artículo 146 y 147 es aplicable únicamente para demandar únicamente en materia de Derecho Privado, puesto que ese artículo, se encuentra comprendido en el Titulo Quinto de la Ley de Procedimiento Administrativo, el Tribunal infringió las normas citadas lo que incide negativamente en la decisión de un fallo justo y conforme a derecho, lo que da lugar a que esa Honorable Sala de lo Contencioso Administrativo admita presente motivo y en definitiva se declare ha lugar la casación y en definitiva se revoque la sentencia de la corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, mandando se dicte nueva sentencia en la que se declare con lugar el recurso de apelación e inadmisible las defensas previas interpuestas por la demandada.”.- 4.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes; a) se alega la aplicación indebida, pero se omite señalar la disposición que en su caso debió aplicarse debidamente; b) se indica como precepto autorizante el artículo “…719.1. Literal a) por inadecuado procedimiento del código procesal civil…”, pero ese el caso, que el mismo no puede sustento de lo consignado en el artículo 207 numeral 1) de del Código Procesal Civil, señalado como infringido, ya que este regulan requisitos formales internos de la sentencia no relacionados con la adecuación de proceso, que en todo caso tuvo que haberse alegado en el momento procesal oportuno; c) en la formulación se alude a lo siguiente: “…apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho…” y, a los artículos 40 y 41 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso, cuando en primer lugar no les es permitido a este Tribunal la interpretación y valoración de la prueba artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil, en segundo lugar el señalamiento de aplicación e interpretación del derecho hace que el concepto de aplicación indebida invocado resulte confuso y en tercer lugar los artículos citados no fueron indicados en la proposición jurídica expuesta, ya sea como infringido o relacionados lo que determina la carencia de claridad y precisión del motivo; d) se omite el pronunciamiento que se impugna; e) se omite una explicación debidamente estructurada y separada.- 5.- Que un tercer motivo se esgrime: “CONSISTE EN INFRACCIÓN POR FALTA DE APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 52 párrafo ultimo y 127 párrafo ultimo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso administrativo Este motivo se encuentro comprendido en el artículo 719.2. Del código procesal civil, en cuanto a la falta de aplicación de las normas de derecho empleados para la solución del fondo del litigio. La Sentencia recurrida confirma la sentencia de primera instancia, que declaro con lugar las defensas previas por falta de agotamiento de la Vía administrativa y a su vez la inadmisibilidad de la demanda, por lo que ínaplico o no aplica las normas citadas ya que de ser la causa la falta de agotamiento de la Vía Administrativa, lo procedente jurídicamente es aplicar lo dispuesto en los ARTÍCULOS 52 párrafo ultimo y 127 párrafo último de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso administrativo ya que por la falta de agotamiento de la vía administrativa no procede declarar sin lugar la demanda, sino que se debe proceder a requerir al demandante para que formule el recurso del caso en el plazo de 10 días y se acreditare dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes haberlo deducido, quedara en suspenso el procedimiento hasta que dicho recurso sea resuelto en forma expresa o presunta, tal y como lo manda el artículo 52 párrafo final y 127 párrafo final de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que establece que: Antes de declararse la inadmisibilidad de la demanda, el juzgado hará saber a las partes el motivo en que se funde, para que, en el término de 10 días, aleguen lo que estimen pertinente y acompañen los documentos a que hubiere lugar: y, el artículo 127 de la ley de la Jurisdicción de lo contencioso Administrativo establece: Que si el defecto consistiere en no haber agotado la vía administrativa y fuere denunciado por la parte demandada, el Tribunal requerirá al demandante para que formule su recurso administrativo del caso en el plazo de diez (10) días y si se acreditare dentro de cinco días siguientes haberlos deducido, quedará en suspenso el procedimiento hasta que se resuelva el recurso en forma expresa o presunto. De manera que la juez de primera instancia manda agotar la vía administrativa, al mismo tiempo declara inadmisible la demanda siendo totalmente alejado del derecho y al margen de la ley por todas las razones expuestas. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN El SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN O SENTENCIA IMPUGNADA. Al no resolver el Tribunal con la suficiente motivación con fundamentos en os hechos y derecho aplicable, infringe el artículo 719 número 2 del Código Procesal Civil, al no haberse aplicado las normas de derecho que deben aplicarse en el caso de aceptarse la causa la falta de agotamiento de la Vía Administrativa, lo procedente jurídicamente es aplicar lo dispuesto en los ARTCULOS 52 párrafo ultimo y 127 párrafo último de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso administrativo ya que por la falta de agotamiento de la vía administrativa no procede declarar sin lugar la demanda, sino que se debe proceder a requerir al demandante para que formule el recurso del caso en el plazo de 10 días y se acreditare dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes haberlo deducido, quedara en suspenso el procedimiento hasta que dicho recurso sea resuelto en forma expresa o presunta, tal y como lo manda el artículo 52 párrafo final y 127 párrafo final de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que establece que: Antes de declararse la inadmisibilidad de )a demanda, el juzgado hará saber a las partes el motivo en que se funde para que en el termino de 10 días aleguen lo que estimen pertinente y acompañen los documentos a que hubiere lugar: y, el artículo 127 de la ley de la Jurisdicción de lo contencioso Administrativo establece: Que si el defecto consistiere en no haber agotado la vía administrativa y fuere denunciado por la parte demandada, el Tribunal requerirá al demandante para que formule su recurso administrativo del caso en el plazo de diez (10) días y si se acreditare dentro de cinco días siguientes haberlos deducido, quedará en suspenso e/procedimiento hasta que se resuelva e/recurso en forma expresa o presunta. De manera que la juez de primera instancia manda agotar la vía administrativa, al mismo tiempo declara inadmisible la demanda siendo totalmente alejado del derecho y al margen de la ley por todas las razones expuestas, lo que infringe con ello el derecho al no aplicarse la normas de derecho. Al no resolver el Tribunal con la suficiente motivación con fundamentos en los hechos y derecho aplicable, infringe el artículo 719 numero 1 literal c) del Código Procesal Civil, al carecer la sentencia de la fundamentación jurídica aplicable, el Tribunal infringió las normas citadas lo que incide negativamente en la decisión de un fallo justo y conforme a derecho, lo que da lugar a que esa Honorable Sala de lo Contencioso Administrativo admita presente motivo y en definitiva se declare ha lugar la casación y en definitiva se dicte una nueva sentencia declarando con lugar el recurso de casación, revocando la sentencia de la corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, mandando se dicte nueva sentencia en la que se declare con lugar el recurso de apelación e inadmisible las defensas previas interpuestas por la demandada.”.- 5.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por carecer de claridad y precisión en la formulación, a saber: a) se indica como sustento del motivo el artículos 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, y posteriormente el mismo artículo, pero en el numeral 1 literal c) del mismo Código. Pero es el, que la disposición antes señalada contiene numerales con causales distintas de infringir la ley, que deben ser señaladas en forma separada e independiente careciendo, por ende el motivo de claridad y precisión; y, b) se omite el pronunciamiento que se impugna; y, c) igualmente crece de una explicación debidamente estructurada y separada.- 6.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- 7.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- 8.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta Resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 701 numeral 1), 704, 720 numeral 1), 721 numeral 2) 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace merito, en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redacto el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintisiete días del mes de noviembre del dos mil dieciocho; certificación de la resolución de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 235-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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