Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CA-220-16 — Registro 6984

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada por la recurrida por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el Acuerdo de Cancelación se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no puede prosperar, ya que se incurre en los siguientes defectos: a) no indica con precisión y claridad el precepto autorizante, ya que cita el numeral 1), inciso c) y también el numeral 2) del artículo 719 del Código Procesal Civil, que se refieren a distintas causales del recurso extraordinario de casación; b) las normas infringidas y el concepto de su infracción tampoco se han señalado en forma precisa, ya que si bien se citan varias disposiciones jurídicas, ello se realiza sin la debida distinción y orden; c) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual no es procedente conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del citado ordenamiento jurídico; y, d) realiza alegatos propios de instancia"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

...De nuevo la Recurrente no expone en el cargo que antecede, una proposición jurídica completa, ya que: a) omite indicar el precepto autorizante; b) no es preciso en el señalamiento de las normas infringidas y el concepto de su infracción, ya que si bien se citan varias disposiciones jurídicas, ello se realiza sin la debida distinción y orden; c) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual no es procedente conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del citado ordenamiento jurídico; y, d) realiza alegatos propios de instancia. Todo lo anterior hace que el mismo resulte inadmisible"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de enero de dos mil dieciocho, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA y EDGARDO CACERES CASTELLANOS dictan la siguiente RESOLUCION: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada IVONNE GYSELA MORALES PALACIOS; y, Recurrida: la señora KAROL ROSSIBEL VILLATORO ANDRADE, representada en juicio por la Abogada DARLYN ONEYDA REYES LOPEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de la situación jurídica individualizada y como medida para el pleno restablecimiento de su derecho, se condene al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por la señora KAROL ROSSIBEL VILLATORO ANDRADE, contra el ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de la Procuraduría General de la República, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inicio la relación laboral con la Secretaría de Estado en los Despachos de Cultura, Artes y Deportes, desde el 07 de mayo de 2012, siendo nombrada en el puesto de Asistente del Viceministro en el área deportiva con acuerdo No.045-2012, devengando un sueldo mensual de L.26,490.00. Que mediante acuerdo No.071-2013 y a partir del 01 de octubre de 2013 se le canceló del cargo que venia ocupando la demandante, argumentando la demandada que la razón de su despido es por estar desempeñando un puesto excluido, lo cual se considera que es falso al referir que para que un puesto este excluido es necesario que esté expresamente establecido en la Ley, el cual no está establecido de forma expresa, ya que el puesto de la demandante no se enmarca en el literal e) del numeral 2 del artículo 21 del Reglamento de Servicio Civil, en vista que el mismo refiere que se consideraran de confianza hasta un máximo de cinco (5) empleados designados por cada una de las Secretarías de Estado, previo dictamen de la Dirección General de Servicio Civil. En el presente caso, el puesto de trabajo no fue dictaminado previamente por la Dirección y además en su misma condición habían más de cinco (5) personas bajo ésta categoría, en tal sentido dicha disposición asegura no le es aplicable por que no se dan los preceptos autorizantes para que la hayan nombrado como puesto excluido, siendo el acto administrativo de cancelación totalmente ilegal, ya que no fue llamado a audiencia de descargo, y que dicho acuerdo de cancelación no establece si fue por cesantía o por despido, violentando de esa forma el derecho a la defensa, en vista que al no establecerle causal no puede presentar prueba sobre la supuesta falta de su despido, ya que refiere que el derecho no se trata de adivinar, sino que el patrono debe de establecer con claridad la causa objeto del despido, tal como lo establece el artículo 175 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, fundamentándose a su vez la demandante en los artículos 25 y 26 de la Ley de Procedimiento Administrativo.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que se rechaza lo manifestado por la demandante en su escrito de demanda, en vista que el puesto que desempeñaba el cual era de Asistente del Vice Ministro de Deportes era un puesto de confianza tal como lo refiere el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil, en relación con el artículo 9 numeral 1); 11 numeral 1) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil y artículo 35 de la Ley General de la Administración Pública. Que en la administración en la que se desempeñó la ahora demandante surgieron varias acciones del Estado, así como la Unidad que rectora los derechos laborales de los funcionarios públicos como es éste el caso, emitiendo decretos en relación a los puestos excluidos que literalmente son nominados como puestos de confianza en la que faculta a los Jefes de las Unidades de Recursos Humanos para que se proceda a realizar el proceso de nombramiento y es por medio de una evaluación en la que el funcionario público se somete a la Jurisdicción de Servicio Civil, clasificando su puesto y dejando de ser excluido, proceso que se le notificó a cada uno de los empleados para que realizaran dicho proceso y éste no fue iniciado ni finalizado por la demandante, como se acredita con el memorando de fecha 02 de febrero de 2010, con instrucciones precisas para los funcionarios de puestos excluidos como el caso de la demandante quién no comenzó ni terminó el proceso para la clasificación de los puestos de excluidos a formar parte del Régimen, incluyéndola al Régimen de Servicio Civil, esto junto a la estructura presupuestaria, siendo un derecho ganado y de carácter personal, que debió de haber sido gestionado por la demandante.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de septiembre de dos mil quince, dictó sentencia declarando procedente la acción incoada por la señora Karol Rossibel Villatoro Andrade, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el Acuerdo de Cancelación No.071-2013 do fecha 30 de septiembre de 2013, emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Cultura, Artes y Deportes, ahora Dirección de Cultura, Artes y Deportes, mediante el cual se cancela del cargo de Asistente de Vice-Ministro en el Área Deportiva, mismo que se anula por ser ilegal; reconocimiento de la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se resolvió: Reconocerle el derecho al pago de sus prestaciones laborales, consistentes en la indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio, hasta un máximo de quince (15) años en concepto de auxilio de cesantía, así como un mes de sueldo por cada año de servicio hasta un máximo de dos años en concepto de preaviso, en base a lo estipulado en el decreto No.99-97 que interpreta el artículo 38 de la Ley de Servicio Civil y demás derechos que le pudieran corresponder, tal y como décimo cuarto y décimo tercer mes de salario, vacaciones, ajustes salariales, beneficios, más el pago en concepto de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir, desde la fecha de efectividad del acuerdo de cancelación de fecha 01 de octubre de 2013, hasta la fecha que el presente fallo sea ejecutado; declaró extinguida la relación laboral existente entre el demandante y el Estado de Honduras a través de la Dirección de Cultura, Artes y Deportes, sin costas; bajo el criterio que en el presente caso, del estudio del expediente y de las pruebas propuestas y evacuadas se concluye, que la apoderada legal de la parte demandada ha establecido que el puesto desempeñado por la ahora demandante es excluido del Régimen de Servicio Civil, ante tal afirmación, se ha procedido a verificar si reúne los requisitos para declararlo como tal, pues de dicho estudio se constata, que no existe documento alguno que acredite que la Dirección General de Servicio Civil realizó la clasificación del puesto de Asistente de Vice-Ministro en el Manual de Clasificación de Cargos o en Manual especial que lo indique al efecto, por tanto, es evidente que no se ha cumplido con los requisitos exigidos por la Ley para el nombramiento de la presente servidora pública en el puesto excluido, si bien es cierto la Dirección General de Servicio Civil ha establecido en la evacuación de los medios de prueba documental mediante oficio, que el puesto de Vice-Ministro del Secretario de Estado en los Despachos de Cultura, Artes y Deportes, ahora Dirección de Cultura, Artes y Deportes, es excluido del Régimen de Servicio Civil, no es menos cierto que en ningún momento acompaña documento alguno que acredite tal extremo, ya que con el hecho de manifestarlo no es suficiente para que éste tribunal lo tenga como excluido, haciendo que el puesto desempeñado por la demandante sea de los comprendidos por el Régimen de Servicio Civil, de igual manera por establecerlo como excluido en el acuerdo de cancelación no determina que efectivamente la demandante esta excluida de la aplicación del Régimen de Servicio Civil, ya que para que se considere como tal es necesario que haya cumplido con los requisitos que ya establece tanto la Ley de Servicio Civil como su Reglamento de aplicación, donde conste que el puesto de Asistente del Vice-Ministro está clasificado como excluido en el Manual de Clasificación de cargos o Manual especial que lo indique, requisitos éstos que no existen y por tanto no se tiene a la demandante como excluida de la aplicación del referido régimen. Que por lo anterior es evidente que el acto administrativo impugnado se dictó prescindiendo total y absolutamente del procedimiento ordenado en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, para cancelar por cesantía o por despido a la ahora demandante, en vista de haber sido cancelada sin procedimiento alguno, debiendo estar sujetos los actos de la Administración Pública al principio de legalidad y a lo que establece el ordenamiento jurídico aplicable al caso concreto al momento de su emisión, sin violentar o restringir derechos o garantías constitucionales de los particulares, como sucedió en el presente caso, por lo cual debe decretarse la procedencia de la acción.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha siete de enero de dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que al no ser un puesto de confianza y por lo tanto excluido el que desempeñaba la demandante, el mismo se encuentra protegido bajo el Régimen de Servicio Civil, y al emitir el acuerdo de cancelación no se siguió con el procedimiento administrativo establecido para cancelar a un servidor público protegido por la Ley de Servicio Civil, por lo tanto la acción interpuesta por la parte apelada resulta improcedente en vista que el acto administrativo impugnado no se encuentra dictado de conformidad a derecho.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogada IVONNE GYSELA MORALES, en fecha doce de febrero de dos mil dieciséis, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha siete de enero de dos mil dieciséis, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.372-2015, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.406-2013 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogada DARLYN ONEYDA REYES LOPEZ, presentó en fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha siete y once de abril de dos mil dieciséis, las Abogadas IVONNE GYSELA MORALES y DARLYN ONEYDA REYES LOPEZ, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veinticinco de abril de dos mil dieciséis, teniendo por personadas a las Abogadas IVONNE GYSELA MORALES, como recurrente y DARLYN ONEYDA REYES LOPEZ, como recurrida, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: “MOTIVOS DE CASACION POR LA CAUSAL SEÑALADA EN EL DEL ARTÍCULO 719 numeral 1 inciso C) DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. y numeral 2. “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: c) la forma y el contenido de la sentencia. En este tipo de infracción, se distinguen errores antes y durante la estructuración de la sentencia, por violación a los preceptos legales del contenido formal de las resoluciones. y a los Instrumentos Legales utilizados como medís de prueba , necesarios para demostrar que dicha la cancelación del acuerdo de nombramiento de la ahora demandante fue sin violentar los preceptos legales establecidos ya en la Ley. ERRORES PRODUCIDOS ANTES DE LA SENTENCIA. PRIMER MOTIVO: en fecha nueve de septiembre del año dos quince se dicta sentencia definitiva en el expediente de mérito número 406-2013-05 basándose que el puesto en él se encuentra la ahora demandante no es puesto Excluido violentando el debido proceso ya que la Ley de Servicio Civil y su reglamento establecen en el numeral 1) de la Ley de servicio Civil inciso a) taxativamente establece que las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los siguientes Servidores Públicos “Los Secretarios y Sub Secretarios de Estado y a sus empleados de confianza; y el Artículo 11 del reglamento de la misma Ley establece y se subsume al Artículo 3, cuando lo menciona taxativamente en el numeral 1) Quienes desempeñen funciones Secretariales, asignados directamente a sus despachos bajo la dependencia y subordinación inmediata y directa de dichos funcionarios, tal como el caso que nos atañe señores Magistrados; así mismo el Art 9 numeral 1 del mismo Reglamento se establece que están excluidos del Régimen de Servicio Civil, los Secretarios y Sub Secretarios de Estado y sus empleados de confianza, de igual manera señor Juez en los medios de prueba presentados y fehacientemente demostramos a través del Acuerdo de Nombramiento firmado por el Presidente de la República, el cual consta en el expediente en mención, denota que la ahora demandante trabajara bajo la subordinación del señor Vice Ministro y de igual manera su puesto aparece en el organigrama de esta Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes, ahora Secretaría y su Boucher de pago lo especifica en la estructura presupuestaria como puesto excluido, por ende sin responsabilidad alguna por ser este Excluido de la Aplicación de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento o sea que dicho cargo no está protegido por una ley especial, por otra parte ya lo establece el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo PCM-008-97, según lo detalla en el Artículo 39, el cargo que ocupaba las señora Villatoro sirve como un órgano de apoyo. en fecha 09 de septiembre se emite sentencia a favor de la parte Demandante, cuando es no logra demostrar 1.- que se encuentra del régimen de Servicio Civil tal como lo estable el Art 11 numeral 4,5.6 de la siendo estos los requisitos necesarios para que se le otorgue un acuerdo de encontrarse dentro del régimen de servicio Civil por ende cubierta por una Ley especial hecho que no fue probado por la parte sino que se limitó a probar si se le realizo audiencia descargo a un puesto que no está dentro del régimen tal como lo establece la Ley , el art 2 de la ley de servicio Civil el art 20 y 35 de su reglamento 36 ,36,37,38,al 47 explican el proceso que debe seguirse para la incorporación para estar dentro del régimen tal como establece la Ley, el acuerdo de nombramiento ya establece la posición en la que se encuentra dicho puesto por lo que debió probarse dicho hecho , ignorando dicho proceso que es e4stablecida por la Ley y esta debe cumplirse , ya que el Juez no está facultado determinar más q lo que la Ley le permita hacer. El Artículo 14 y 31 de la Ley de la Jurisdicción de lo contencioso Administrativo en la que contempla una vez que la declaración de ilegibilidad o nulidad de una situación Jurídica Individualizada, y su restablecimiento únicamente estará legitimado el titular de un derecho Subjetivo. Artículo 12 dela Ley de servicio Civil , establece que es a la Dirección General de servicio Civil clasificar los puestos en la que las Instituciones gubernamentales se regirán, por medio del manual de puestos determina las quienes de los empleados públicos se subsumen en la misma el Art 13 de La misma Ley establece habla de sobre lo entenderá Cargo o sea Puesto Excluido que es el desempeñaba la ahora demandante , PUESTO DE CONFIANZA taxativamente enmarcado en el art 3 numeral 1) , el mencionado art 13 habla de lo que acciones, responsabilidades y derechos se le asignan , por lo que este puesto se encuentra enmarcado fuera del régimen de servicio Civil. Por lo que al momento de su separación de dicho puesto no puede realizarse con el mismo proceso de un personal dentro del régimen; demostramos HONORABLE MAGISTRADOS , Que la ahora no se encontraba dentro del régimen PORQUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA Ley para que pueda tomarse como puesto Clasificado o dentro del régimen. por ende la sentencia de la primera instancia es Violatoria a las Leyes y procedimientos del Derecho Administrativo.”.- II.- Que el cargo que antecede no puede prosperar, ya que se incurre en los siguientes defectos: a) no indica con precisión y claridad el precepto autorizante, ya que cita el numeral 1), inciso c) y también el numeral 2) del artículo 719 del Código Procesal Civil, que se refieren a distintas causales del recurso extraordinario de casación; b) las normas infringidas y el concepto de su infracción tampoco se han señalado en forma precisa, ya que si bien se citan varias disposiciones jurídicas, ello se realiza sin la debida distinción y orden; c) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual no es procedente conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del citado ordenamiento jurídico; y, d) realiza alegatos propios de instancia.- III.- Que la Impetrante en el segundo motivo de casación expone: “ERRORES PRODUCIDOS EN LA SENTENCIA. MOTIVOS DE INFRACCION DE LEY MATERIAL. SEGUNDO MOTIVO: en fecha 06 de abril del año 2015 la DIRECION GENERAL DE SERVICIO CIVL emitiendo informe DL-DGSC-004-2015 violentado un precepto legal, emitido por a entidad competente establece de manera literal lo siguiente: INFORME No. DL-DGSC-004-2015 El Departamento Legal de la Dirección General de Servicio Civil, se pronuncia en los términos legales siguientes: En cuanto a la primera consulta, esta Dirección General Servicio Civil, no tiene conocimiento para que la Servidora Karol Rosibel Villatoro Andrade, sirviese puesto excluido, en virtud que cada Secretaría de Estado los nombra permanentemente.- En cuanto al numeral dos: La Secretaría de Cultura, Artes y Deportes ahora Dirección General Ejecutiva de Artes y Deportes, dependiente de la Secretaría de la Presidencia, tuvo que emitir Acuerdo de nombramiento de puesto Excluido de conformidad al Artículo 9 numeral 1) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil que tipifica que están excluidos los Secretarios y Sub Secretarios de Estado y sus empleados de confianza, (que incluye el puesto de asistente de Vice Ministro).- En cuanto al numeral tres: El puesto de Asistente del Vice Ministro de la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes ahora Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes, dependiente de la Secretaría de La Presidencia, que no encuentra enmarcado en el Manual de Puesto y Salarios que al efecto para el Departamento de Clasificación de Puestos Salarios de esta Dirección General, en virtud que es un puesto excluido del Régimen de Servicio Civil, tipificado en el Artículo 9 numeral 1 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil y relacionado con el Artículo 35 de la Ley General de la Administración en la cual establece que: “Los Secretarios de Estado, los Sub Secretarios, los Secretarios Generales y Administradores será nombrados y removidos por el Presidente de la República”. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de abril del año dos mil quince. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA. Artículo 256.- El Régimen de Servicio civil regula las relaciones de empleo y función pública que se establecen entre el Estado y sus servidores, fundamentados en principios de idoneidad, eficiencia y honestidad. La administración de personal estará sometida a métodos científicos basados en el sistema de méritos. El Estado protegerá a sus Servidores dentro de la carrera administrativa. Artículo 257.- La Ley regulará el Servicio civil y en especial las condiciones de ingreso a la administración pública; las promociones y ascensos a base de méritos y aptitudes; la garantía de permanencia, los traslados, suspensiones y garantías; los deberes de los servidores públicos y los recursos contra las resoluciones que los afecten. Continúan sosteniendo los Magistrados en el Considerando (6) los magistrados exponen que estos puestos requieren de una Certificación que demuestre que así es, lo que la ley manda q2ue estos pestos ya nominados en los art 3 de la Ley de servicio Civil y su reglamento establecen en los art 9 y 11 ambos numerales 1), DETERMINA CUALES SON LOS PUESTOS EXCLUIDOS. No para estar por encima de la Ley sino para complementarla. Aluden los Magistrados en los CONSIDERANDO (8): Que la Ley de Procedimiento Administrativo establece que los actos administrativos serán dictados por el órgano competente, respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico, y que son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder. Punto en que demostramos que la Constitución de República nomina a la Dirección de Servicio Civil otorga la facultad para que esta administre los recursos Humanos del personal que labora en el Estado y esta crea las pautas para manejar dicho personal , y los Jueces no admiten la fundamentación dada para que esta la aplicable al caso en mención. Articulo 376 de las disposiciones transitarías de la constitución de la Republica establece que todas las Leyes, Decretos, Reglamentos ordenes y disposiciones que se estuvieran en vigor al promulgarse esta constitución continuarán observándose en cuanto no se opongan a ella, o mientras no fueren legalmente derogados o modificados. Por lo que si la constitución de la República faculta a la Dirección General de Servicio Civil a emitir un Reglamento o disposiciones en relación a los puestos y su clasificación debió haber sido valorada por ambos Jueces tanto de la Corte de Apelaciones como de lo contencioso Administrativos por lo que consideramos que el procedimiento realizado para el despido de la Servidora Pública está legalmente ejecutado por mi representada. Adicionalmente los Magistrados no pueden y además no deben pronunciarse a ultra-petita, y sin embargo lo hacen.”.- IV.- De nuevo la Recurrente no expone en el cargo que antecede, una proposición jurídica completa, ya que: a) omite indicar el precepto autorizante; b) no es preciso en el señalamiento de las normas infringidas y el concepto de su infracción, ya que si bien se citan varias disposiciones jurídicas, ello se realiza sin la debida distinción y orden; c) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual no es procedente conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del citado ordenamiento jurídico; y, d) realiza alegatos propios de instancia. Todo lo anterior hace que el mismo resulte inadmisible.- V.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VI.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta días del mes de enero del dos mil dieciocho; certificación de la resolución de fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 220-16.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO

SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

14