Sentencia CA-218-16 — Registro 7144
Resumen
En primera instancia se declarando improcedente la acción interpuesta por la Sociedad Wire Technology, Sociedad de Responsabilidad Limitada, por estar ajustado a derecho el Acto Administrativo Impugnado, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
" Que el cargo que antecede resulta inadmisible, ya que en el mismo se ha incurrido en los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión en el concepto de la infracción es decir, si es por falta de aplicación, aplicación indebido o interpretación errónea; b) se insta a la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) el precepto autorizante resulta impreciso al indicarse el numeral 1) en sus literales b y c) y el numeral 2) del artículo 719 del Código Procesal Civil, ya que estos contienen distintas causales de casación; d) se alude a los artículos 68, 76, 82, 328, 329, 330, 331, 333 y 337 de la Constitución de la Republica y, 10 y 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no fueron señalados como infringidos o relacionados en la formulación del cargo; y, e) lo expuesto resulta ser un inoportuno alegato de instancia"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.." Que el cargo que antecede resulta inadmisible, ya que en el mismo se ha incurrido en los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión en el concepto de la infracción es decir, si es por falta de aplicación, aplicación indebido o interpretación errónea; b) se insta a la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) el precepto autorizante resulta impreciso al indicarse el numeral 1) en sus literales b y c) y el numeral 2) del artículo 719 del Código Procesal Civil, ya que estos contienen distintas causales de casación; d) se alude a los artículos 68, 76, 82, 328, 329, 330, 331, 333 y 337 de la Constitución de la Republica y, 10 y 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no fueron señalados como infringidos o relacionados en la formulación del cargo; y, e) lo expuesto resulta ser un inoportuno alegato de instancia"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de enero de dos mil dieciocho, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA y EDGARDO CACERES CASTELLANOS, dictan la siguiente RESOLUCION: SON PARTES: Recurrente: la sociedad WIRE TECHNOLOGY, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA o denominada abreviadamente como WIRETECH S. DE R.L., representada en juicio por el Abogado MARCO ANTONIO MEDINA MEZA; y, Recurrida: la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), representada en juicio por la Abogada ANGELA GABRIELA MEDINA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se determine la responsabilidad patrimonial condenando al pago de daños y perjuicios ocasionados más costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la sección judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado MARCO ANTONIO MEDINA MEZA, en su condición de representante procesal de la sociedad WIRE TECHNOLOGY, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA o denominada abreviadamente como WIRETECH S. DE R.L., contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que en fecha 18 de mayo del año 2010, el Ministerio Público a través de su Agente de Tribunales dependiente de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, la Abogada Ana Patricia Domínguez, presentó ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, una solicitud de Allanamiento de Morada, con registro, decomiso y detención de personas por la supuesta comisión del delito de Hurto de Telefonía, en perjuicio de HONDUTEL. Dicha solicitud fue motivada por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, por la denuncia interpuesta por el Abogado Julio Peña, en su condición de representante legal de HONDUTEL, donde éste aseguraba que en las instalaciones físicas que ocupa la Sociedad WIRETECH, S. DE R. L., se operaba con personal y aparatos que estaban siendo utilizados para realizar “Trafico Gris” y que ciertas oficinas de la Sociedad estaban con el acceso cerrado al público en donde se practicaban dichos actos delictivos; todo lo anterior porque (HONDUTEL), basaba o apoyaba su denuncia o acusación en la información fidedigna de un testigo protegido con que contaba dicha Estatal y en la cual confiaba sólidamente. En auto motivado de fecha 19 de mayo de 2010 el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en Expediente No.0801-2010-16478, resolvió conceder autorización al Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, para la práctica de la diligencia de Allanamiento en el Edificio Artec, ubicado en el Boulevard Florencia, atrás del Banco PROCREDIT, específicamente en las oficinas que ocupaban la Sociedad “WIRETECH, S. DE R. L.”, donde su Gerente Propietario es el Ingeniero Erick Fernando Medina Madrid, llevándose a cabo el mismo el 20 de mayo del mismo año, donde se procedió a la búsqueda de cualquier equipo o ente sospechoso que vinculara hechos racionales de la comisión del ilícito penal de HURTO DE TELEFONIA, en perjuicio de HONDUTEL, ordenándose la detención de los sospechosos o implicados y el decomiso de los objetos o equipos vinculantes. Después de casi más de cuatro horas de búsqueda minuciosa por los Técnicos de HONDUTEL, en los equipos tanto dentro de las oficinas como en los postes cercanos a dichas oficinas que llevan las líneas telefónicas de HONDUTEL, comprobándose de que no existía ningún indicio racional de la comisión de cualquier ilícito penal, tanto en los equipos computacionales dentro de las oficinas de la empresa demandante, como en las líneas externas fuera de dichas oficinas, tratándose de una denuncia falsa o falsa imputación a la demandante, no realizándose ninguna detención de sospechosos, pero aún así, después de lo anteriormente sucedido, con instrucciones y recomendaciones de los Técnicos de HONDUTEL, la Comisión Operativa del Allanamiento y operativos de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), conjuntamente con Técnicos de HONDUTEL, decomisaron el Equipo Principal Computacional de la Empresa, tanto en Hardware como el Software o Programas y Licencias que se encontraban instalados dentro del equipo Hardware, en los cuales se mantenían todo el grueso de clientes que manejaba la Empresa en ese momento y los futuros contratos de servicios que brindaría la Empresa a más de sus clientes, los cuales iban a empezar a ser ejecutados en los siguientes días y meses. Que casi 2 años de haberse manejado el expediente Criminal No. 0801-2010-16478 (JUEZ No. 22) ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, por el delito de Tráfico Gris, en contra del Gerente General de la Empresa demandante Ing. Erick Fernando Medina Madrid, en perjuicio de HONDUTEL, y después de innumerables solicitudes vía telefónica y escritas, en fecha 16 de enero del 2012, se presentó escrito ante la Fiscal Contra El Crimen Organizado solicitándole que Dictaminara favorablemente para la inmediata devolución del equipo de cómputo decomisado a la empresa “WIRETECH, S. DE R. L.”, explicándole en el mismo escrito de solicitud el grave perjuicio ocasionado a la Empresa y diciéndole además que desde la fecha del decomiso (20/mayo/2010), hasta la actual de la solicitud, se le habían realizado al equipo computacional decomisado un peritaje y dos ampliaciones más al mismo, elaborados por el Ing. Eduardo Emilio Gandour Laínez, Perito nombrado para tal fin, informe y ampliaciones al mismo que corren agregados en el expediente de mérito en el Juzgado Penal supra referido, por el cual el Informe Pericial más sus dos ampliaciones hasta esa fecha no habían evidenciado ninguna prueba ligeramente fehaciente, concreta y contundente, más que una verborrea bastante confusa que no indica de manera directa o indirecta que el Gerente General Ing. Erick Fernando Medina Madrid, o que cualquiera de sus empleados de la Empresa demandante, hayan estado implicados en el delito referido. En fecha 14 de febrero del 2012, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, celebró audiencia inicial, en causa investigada por el delito de Hurto de Telefonía en perjuicio de HONDUTEL, por parte del Gerente General de la Empresa “WIRETECH, S. DE R. L.”, Ing. Erick Fernando Medina Madrid, en la cual la Señora Fiscal de la Fiscalía Especial Contra El Crimen Organizado, al no poder comprobar el delito imputado por no existir prueba alguna del mismo, solicitó a la Juez, se dictara, “SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO”, basándose la señora Fiscal, en que fueron muchas las investigaciones y peritajes realizadas al equipo de cómputo decomisado y esa Fiscalía no encontró prueba alguna de la comisión del delito imputado al Gerente General de la empresa demandante por parte de HONDUTEL, ordenando la devolución del equipo de cómputo decomisado. El equipo decomisado es recibido con daños severos esto a simple vista, fue así que se tomó la decisión por parte de la Empresa de contratar los servicios de un Notario Público y a un Técnico en Equipos Computacionales, para que diera fe el uno y constatara el otro, el daño al equipo y así poder determinar las condiciones reales en que se recibía el equipo computacional decomisado. De esta manera se demuestra que el equipo decomisado de la Empresa, quedó totalmente inservible y la información contenida en el mismo y el servicio a sus clientes totalmente irrecuperable, causándole graves daños y perjuicios a dicha Empresa llevándola a la total quiebra financiera, es por eso que se ha solicitado el pago de indemnización por daños y perjuicios derivado del delito de acusación o denuncia falsa por valor de $.3,647,628.21 o su equivalente en Lempiras al cambio oficial actual según el Banco Central de Honduras.- 2. La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda señalando que se acepta parcialmente lo relacionado a que en fecha 18 de mayo del año 2010, el Ministerio Público, haciendo usos de sus Atribuciones, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, presentó solicitud de allanamiento de morada, con registro, decomiso y detención de personas, por la supuesta comisión del Delito de Hurto de Telefonía, solicitud que se hizo ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en perjuicio de HONDUTEL; rechazándose lo expuesto de la demandante en cuanto a que la denuncia que presentó HONDUTEL dice que “aseguraba” lo cual es falso, en vista que HONDUTEL presentó denuncia, que se intitulo “SE PRESENTA DENUNCIA PARA QUE SE INVESTIGUE UN SUPUESTO HURTO TELEFONICO EN PERJUICIO DE HONDUTEL.” (Véase documento Público consistente en denuncia de fecha 13 de mayo del 2010 que interpuso HONDUTEL). Que es cierto la fecha del auto 19 de mayo del 2010, mediante el cual el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en Expediente número 0801-2010-16478, resolvió conceder autorización al Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra el crimen organizado, para la práctica de la diligencia de allanamiento en el Edificio Artec, ubicado en el Boulevard Florencia atrás de Procredit. Que en fecha 20 de mayo del año 2010 la autoridad correspondiente práctico el operativo de allanamiento ordenado por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. Se rechazó el dicho de: “después de casi cuatro horas de búsqueda minuciosa por los técnicos de Hondutel en los equipos dentro de la oficina como en los postes cercanos a dicha oficina”, el motivo del rechazo es porque fue una comisión integrada por: Agente Fiscal del Ministerio Publico, agentes de la DGIC, agentes de la Policía Nacional Preventiva, Técnicos de HONDUTEL Juez Ejecutor, fueron quienes practicaron conjuntamente la orden emanada por el Juzgado, y no unilateralmente como lo quiere hacer creer la parte demandante, pretendiendo confundir al Juez que conoce de la presente demanda; no estando de acuerdo con los demás consistentes en dichos falsos en cuanto a proyecciones que dice que manejaba la empresa en cuanto a clientes, contratos de servicios futuros que la empresa iba a brindar en los siguientes días y meses, ya que lo que lo pretende a todas luces es responsabilizar a Hondutel, sin tener argumento alguno. Que es cierto que fue el Ministerio Público quién llevó a cabo el proceso de investigación de la denuncia, para que ésta institución encargada de la persecución penal investigara el supuesto Hurto Telefónico en perjuicio de HONDUTEL. Que se aceptó parcialmente en cuanto a la presentación del escrito de reclamo administrativo de fecha 04 de febrero del año 2013, y la emisión de la resolución gerencial Número 024-2013 de fecha 10 de mayo del año 2013, mediante el cual se resolvió “DECLARAR SIN LUGAR EL RECLAMO ADMINISTRATIVO, presentado por Wire Technology (Wiritech). Que se interpuso el recurso de apelación por parte de la demandante, mismo que fue denegado e interponiendo posteriormente el recurso de reposición, en fecha 08 de agosto del 2013, mismo que fue resuelto y declarado sin lugar por la comisión interventora de HONDUTEL, según dictamen legal DEJA-021-2013 de fecha 20 de agosto del 2013; que no es cierto lo dicho por la parte demandante de que no fue resuelto el recurso de reposición, motivo por el cual debe de desestimarse dicha demanda.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la sección judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de mayo de dos mil quince, dictó sentencia declarando improcedente la acción interpuesta por el Abogado Marco Antonio Medina Meza, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Wire Technology, Sociedad de Responsabilidad Limitada, por estar ajustado a derecho el Acto Administrativo Impugnado, consistente en la Resolución Gerencial No.024-2013 de fecha 10 de mayo de 2013, emitida por la Gerencia General de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) y de la Resolución presunta negativa del Recurso de Reposición interpuesto en fecha 7 de agosto del 2013; confirmando en todas y cada una de sus partes dichas resoluciones y sin costas; bajo el criterio que consta en autos que el decomiso del equipo de operación de la empresa demandante destinado a prestar el servicio de Telefonía, fue realizado por la Dirección General de Investigación Criminal, producto de la denuncia interpuesta por el Abogado Julio Cesar Peña, en su condición de apoderado legal de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), ante la Fiscalía contra el Crimen Organizado, al referir en la misma que se inicien diligencias tendientes a investigar la comisión del delito de Hurto de Telefonía, en contra de HONDUTEL por parte de los representantes de la Sociedad Wire Tecnology, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Que efectivamente consta en la presente causa las diferentes actas, a través de las cuales la Dirección General de Investigación Criminal decomisó el equipo de operación de la Empresa demandante destinado a prestar el servicio de Telefonía (Ver folios del 276 al 278, 280, 281 y 283 de autos). Que en la línea de lo manifestado y siendo que el apoderado legal de la parte demandante esta demandando a la Empresa HONDUTEL para el pago de los daños y perjuicios antes descritos, y constando en el expediente de mérito que la causa que ha llevado a incoarse la demanda ante el Juzgado correspondiente, nace como producto del decomiso de los diferentes aparatos de operación realizada a la Empresa demandante, acto éste que a criterio del juez ha iniciado por una denuncia, que como ciudadano conocedor de la existencia de un posible delito estaba en la obligación de realizar el apoderado legal de HONDUTEL, tal como lo ha hecho en la presente causa. Ha quedado plenamente probado que HONDUTEL la única intervención que hace en el caso de mérito, es de interponer la denuncia ante la Fiscalía contra el Crimen Organizado, y tanto el decomiso de sus aparatos como el hecho de presentar el respectivo requerimiento penal ante los Juzgados de Letras competentes, le correspondió al Ministerio Público específicamente a la Fiscalía en contra del Crimen Organizado, situación ésta que se lleva a determinar que el acto que ha producido que el demandante solicitare la indemnización de daños y perjuicios no ha sido emitido por HONDUTEL, por tanto es evidente que se debe declarar improcedente la presente demanda, ya que como se dijo anteriormente, la empresa demandada no ha sido la responsable del decomiso de los referidos aparatos, en vista que el equipo de operación de la empresa demandante destinado a prestar el servicio de Telefonía, ha sido decomisado por el órgano competente (DGIC) rindiendo dicha información al Ministerio Público, quién a través de la Fiscalía en contra del Crimen Organizado presentó el respectivo requerimiento penal, haciendo evidente que en todo caso quién ordenó y decomisó el referido equipo de operación ha sido un ente distinto a HONDUTEL, lo que conlleva a establecer que el hecho de habérsele devuelto el equipo de manera inservible como lo hace ver la parte demandante y haberse sobreseído de manera definitiva la causa penal incoada en su contra por el Ministerio Público, no es culpa de HONDUTEL, ya que el único hecho que puede vincular a HONDUTEL en el ilícito penal que llevó al decomiso de su equipo de operación, es la denuncia interpuesta al Ministerio Público por su apoderado legal, pero este lo realizó en el cumplimiento de su deber que como funcionario y conocedor de la existencia de un delito le exige tanto el Código Penal como el Código Procesal Penal.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintinueve de octubre de dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que la demandada únicamente cumplió con una obligación que le manda el Código Procesal Penal como empleado o funcionario público, como ser el de denunciar un delito, ya que de lo contrario podría incurrir en el delito de encubrimiento, correspondiendo al Ministerio Público investigar los hechos punibles y promover la acción penal pública, que fue lo que dicha entidad realizó en el caso de autos, no la demandada, por lo que la demandada en todo momento cumplió con lo establecido en la Ley, sin obviar procedimiento alguno, ya que el procedimiento sancionador administrativo no impide se inicie el procedimiento penal respectivo. Que consta de autos, que la demandada interpuso denuncia por la supuesta comisión de un delito por la demandante a la Autoridad Competente, por ser ésta una obligación que establece la Ley, a quién le corresponde la investigación del mismo, por lo que no fue la demandada la que decomisó el equipo de la demandante ni fue responsable por su custodia, por lo que no puede pagar daños y perjuicios, de algo que no fue su responsabilidad. En cuanto a lo alegado por el apelante de la comisión del delito de denuncia falsa por parte de la demandada lo que conlleva responsabilidad penal y civil, ya el ordenamiento jurídico establece el procedimiento y la Autoridad con facultades para condenar por la comisión de un delito, así como a la imposición de la respectiva pena y en el caso de autos, la demandada no ha sido condenada por delito alguno que derive en la responsabilidad penal y civil alegada, por lo cual dicho alegato es improcedente.- Que la responsabilidad patrimonial pretendida por la parte actora en el presente juicio, no fue provocada por la demandada tal como se ha señalado anteriormente, sin embargo, aún y cuando hubiese habido participación de la demandada en el proceso penal incoado a la actora, el mismo fue incoado por el Ente Estatal Competente, en consecuencia, al ser lo pretendido como indemnización de daños y perjuicios valorable como un daño moral de daños y perjuicios, ya que no solo abarca el daño material de pérdida o daño de equipo de operación, sino que pretende otro tipo de indemnizaciones las cuales no fueron ocasionadas por la demandada, por lo cual, no estaría obligada a resarcirlas. En cuanto a la proposición de un medio de prueba para que sea evacuado en segunda instancia, solicitud realizada por el apelante, la misma es improcedente, esto porque el Código Procesal Civil, normativa que regula la proposición y evacuación de prueba en esta Jurisdicción, establece que cuando se inadmita un medio de prueba será recurrible oralmente en Reposición, que se sustanciara y resolverá en el acto y de desestimarse dicho Recurso, la parte perjudicada podrá formular protesto al efecto de hacer valer su derecho en el Recurso Apelación que contra la sentencia definitiva se interponga, que en el caso de autos, si bien es cierto, dicho medio de prueba fue rechazado en primera instancia, interponiendo en su momento, el apelante, el respectivo Recurso de Reposición el cual fue declarado sin lugar, no es menos cierto, que no consta de autos se haya formulado el protesto respectivo para poder hacer valer su derecho en segunda instancia.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado MARCO ANTONIO MEDINA MEZA, en fecha veintisiete de noviembre de dos mil quince, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veintinueve de octubre de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.253-2015, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.351-2013 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha siete de diciembre de dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogada ANGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ, presentó en fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, los Abogados MARCO ANTONIO MEDINA MEZA y ANGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veinticinco de abril de dos mil dieciséis, teniendo por personados a los Abogados MARCO ANTONIO MEDINA MEZA, como recurrente y ANGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ, como recurrida, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su único motivo de casación, manifestando lo siguiente: “MOTIVOS O CAUSALES DE CASACIÓN E INFRACCION DE LEY. HONDUTEL sin previa “investigación técnica” en su campo, se convirtió en acusador técnico penal de la comisión en marcha de un delito, que lo hace responsable penal y legalmente de sus actuaciones ante terceros, acusación o denuncia que basó en la información de un tercero (testigo), que nadie puede calificar sus valores, su integridad ética y moral o si la información misma era realmente cierta o si ésta era producto de una imaginación morbosa con ánimo de perjudicar a terceros en competencia desleal y para sacar del mercado los servicios ofrecidos de empresas como la que represento.- Por lo tanto la Empresa HONDUTEL adquiere responsabilidad penal y civil al haber cometido el delito de Acusación o denuncia falsa, en franca infracción a la ley tal como lo indican los siguientes artículos: Del Código Penal en su “ARTICULO 387. Se comete el delito de acusación o denuncia falsa cuando se imputa a una persona hechos que, de ser ciertos, constituirían delitos de los que dan lugar a procedimiento de oficio, sí la imputación se hace ante un funcionario administrativo o judicial que por razón de su cargo deba proceder a su investigación o castigo. Sin embargo, no podrá procederse contra el denunciante o acusador si no después de que se haya sobreseído la causa o dictado sentencia absolutoria.” Y en este caso la acusación por el delito de tráfico gris contra la empresa que represento y su Gerente General ya fue sobreseída definitivamente por el Juzgado Penal Competente.- Entonces como ha existido la responsabilidad penal, civilmente también es responsable la empresa HONDUTEL, tal como lo indican los artículos del Código Penal que expresan lo siguiente: “ARTICULO 34-A. Por los delitos cometidos en nombre y por cuenta de una persona jurídica responderán personalmente los representantes legales de la misma que hayan hecho posible la acción u omisión ilícita. La responsabilidad civil, sin embargo, recaerá en la persona jurídica.” “ARTICULO 105. Todo aquél que incurra en responsabilidad penal por un delito o falta, lo es también civilmente”. “ARTICULO 107. La responsabilidad civil comprende: 3) La restitución. 2) La reparación de los daños materiales y morales. 3) La indemnización de perjuicios.” “ARTICULO 108. La restitución deberá hacerse de la misma cosa, siempre que fuere posible, con abono de deterioro o menoscabo a juicio del Tribunal y aunque la cosa se hallare en poder de un tercero que la haya adquirido legalmente, salvo su derecho a repetir contra quien corresponda. Esto último no es aplicable al tercero que hubiere adquirido la cosa en la forma y con los requisitos establecidos por las leyes para hacerla irreivindicable.” “ARTICULO 109. La reparación del daño material se hará mediante una indemnización pecuniaria que se fijará valorando la entidad de todos los daños patrimoniales causados con la acción u omisión punible, atendiendo el precio de la cosa, y siempre que fuere posible, el valor de afección que haya tenido para el agraviado; y sólo se exigirá cuando no haya lugar a la restitución.” “ARTICULO 110. La reparación del daño moral, en las infracciones contra la honra, la dignidad o la honestidad, o en otros casos de daños a intereses de orden moral, consistirá en una indemnización pecuniaria que el Juez determinará prudencialmente según las circunstancias de la infracción, las condiciones de la persona ofendida y la naturaleza y consecuencias habidas o posibles del agravio sufrido.” “ARTICULO 111. La indemnización de perjuicio comprenderá, no solamente los que se hubieren causado al ofendido, sino también los que se hubieren irrogado, por razón del delito, a su familia o a un tercero. El Tribunal regulará el importe de esta indemnización en los mismos términos establecidos en los Artículos 109 y 110 para la reparación del daño.” ARTÍCULO 271 del Código Procesal Penal.- Responsabilidad por denuncias Falsas. La persona denunciante será advertida de los casos constitutivos de delito de denuncia falsa y de las penas establecidas para él por el Código Penal.- Si hubiere lugar a proceder por posible comisión de este delito, la persona ofendida tendrá derecho a que se le suministre las menciones de identidad de la persona denunciante.- ARTÍCULO 273 del Código Procesal Penal.- Atribuciones de las Autoridades encargadas de la Investigación Preliminar. Las dependencias del Ministerio Público, la Policía Nacional u otra autoridad competente a que se refiere el Artículo anterior, al tener conocimiento de un hecho que pueda ser constitutivo de delito, cualquiera que sea el medio por el cual haya llegado a su conocimiento, cuando la noticia parezca verosímil, teniendo en cuenta su contenido y los datos proporcionados para su comprobación, “adoptará las medidas necesarias para impedir que produzca consecuencias ulteriores”. La disminución y tergiversación de los derechos y garantías individuales que establece la Constitución de la Republica, La Declaración Universal de Derechos Humanos, La Convención Americana de Derechos Humanos, como ser la dignidad, la intimidad personal, familiar, la propia imagen y el honor, del Gerente General de la empresa que represento, por la mala fama, mala imagen y desconfianza que se regó como pólvora a nivel nacional e internacional al divulgarse la noticia por los medios de comunicación de que la Empresa “WIRETECH, S. DE R. L.” y su Gerente General el Ing. Erick Fernando Medina Madrid, estaban involucrados en el delito de TRAFICO GRIS o HURTO DE TELEFONÍA, en perjuicio de HONDUTEL; en franca infracción a la ley en los (art 110 Código Penal) (art 68, 76 y 82 de la Constitución de la Republica); (art 10 y 12 de la Declaración Universal (le los Derechos Humanos) (art 10 y 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos).Se quebrantó el principios de eficiencia en la producción y justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso nacionales, así como en la coexistencia armónica de los factores de la producción que hagan posible la dignificación del trabajo como fuente principal de la riqueza y como medio de realización de la persona humana.- y tal como lo expresa la Constitución de la República, la economía nacional se sustenta en la coexistencia democrática y armónica de diversas formas de propiedad y de empresa. La intervención del Estado en la economía tendrá por base el interés público y social, y por límite los derechos y libertades reconocidas por la Constitución de la República.- Todo lo anterior en franca infracción a la ley con la sentencia impugnada tal como lo indican los siguientes artículos: 328, 329, 330, 331, 333 y 337 de la Constitución de la Republica. APRECIACION ERRONEA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA. El Juez A-quo y el Tribunal de alzada en sus sentencias no han tomado en consideración, ninguno de los hechos expresados, ni las pruebas practicadas en el plan de la demanda, como ser la inversión realizada en equipo de cómputo, equipo y mobiliario de oficina, renta de inmuebles, la clientela mercantil, los contratos por servicios con terceros, las plazas de trabajo perdidas, las proyecciones de inversión y clientela, fama mercantil echadas por la borda, como con la imagen, honra y dignidad mancilladas al Gerente General y socio mayoritario de la empresa que represento; incluso, rechazó el medio de prueba Número Once: Medios Técnicos de Reproducción del Sonido; que corre agregado al expediente, simple y sencillamente porque expresó el Juez A-quo que no había en el Juzgado un aparato para reproducir un CD. PRECEPTO AUTORIZANTE. Considero que los motivos supra referidos se encuentran comprendido en el Artículo 719 del Código Procesal Civil.- CAUSALES DEL RECURSO. 1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que Regulan: b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o Produjera indefensión. c) La forma y contenido de la sentencia. 2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de Derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. EXPLICACION DE LOS MOTIVOS. La Corte Sentenciadora al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de primera instancia, incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba practicados en tiempo y forma en juicio consistentes en: Prueba Numero Ocho: Documentos Públicos: Consistente en la copias fotostáticas debidamente autenticadas de los siguientes documentos: Acta Notarial de fecha 18 de junio del año 2,012, Autorizada en esta ciudad capital por el Notario José Dolores Cantarero Bonilla); donde la Empresa contrata los servicios de un Notario Público y a un Técnico en Equipos Computacionales, para que diera fe el uno y constatara el otro, el daño al equipo y así poder determinar las condiciones reales en que se recibía el equipo computacional decomisado; el Notario José Dolores Cantarero Bonilla, da fe y hace constar a simple vista el estado deplorable del equipo recibido e incorpora en el Acta Notarial el Informe Técnico elaborado por el Técnico en Informática Juan José Portillo, quien enumera uno a uno los daños efectuados al equipo decomisado, llegando a una conclusión final como la siguiente: “ Después de revisar todo el equipo arriba descrito puedo reafirmar que ninguno de los tres equipos revisados ni su software funcionan, ya que esto no solo es en el hardware y software, sino que es también la información contenida en el equipo que es lo más valioso e irrecuperable”. Prueba Numero Nueve: Peritaje: Copia fotostática debidamente autenticada Consistente en el Dictamen de Peritos Privados el cual se acompaña a la Demanda y que consiste en: Dictamen elaborado por la Empresa Auditora “CONSULTORES INCORPORADOS, S. DE R. L., con el cual se acredita el monto de los daños y perjuicios causados a mi poderdante, por la interrupción de la actividad mercantil de la Sociedad “WIRETECH, S. DE R. L.”; donde también incorpora el Dictamen Estados Financieros conjuntamente con el Informe de los Contadores Independientes, Estados de Maquinaria y Equipo y Proyecciones de Ingresos y Gastos. Prueba Numero Diez: Documentos Privados: Consistente en las copias fotostáticas debidamente autenticadas de los siguientes documentos: a) Facturas de compra del equipo computacional tanto del Hardware como del Software así: 1) Factura No. 200908-01902 de PROCEM, S. de R. L. de fecha 20 de Oct. 2009; 2) Factura No. 200908-01902 PROCEM de fecha 4 de Oct. 2009; 3) Factura Comercial DELL No.200903-907863 de fecha18 nov. 2,009; 4) Factura Comercial DELL No. 200901-339057, de fecha 10/01/2009; 5) Factura No. 2560-53022 ALOE de fecha 18/11/2009; 6) Factura No.002-3506895-1237827, PARALLELS de fecha 20-dic.-2,009; b) Dos (2) Contratos de Arrendamiento de Alquiler de las oficinas que ocupaba la Empresa “WIRETECH, S. DE R. L.”; c) Veintidós (22) Contratos para prestación de Servicios en diferentes modalidades que brindaba la Empresa “WIRETECH, S. DE R. L.”, con diferentes clientes; d) Contrato de Prestación de Servicios Profesionales en Materia Penal; e) Diferentes Planillas de Pago de diferentes meses de Junio/2010 a Diciembre/2012 a Empleados de la Empresa “WIRETECH, S. DE R. L.”, donde se denota la disminución de Empleados a medida que se iba yendo a la quiebra la Empresa. Prueba Numero Once: Medios Técnicos de Reproducción del Sonido: Reproducción de Sonido “grabación” (CD), y su respectiva transcripción de la noticia, debidamente autenticada, divulgada por Radio América, de la comisión supuesta del delito de “Trafico Gris”, por la Empresa “WIRETECH, S. DE R. L.” y su Gerente General el Ing. Erick Fernando Medina Madrid, captada y gravada por un amigo del señor Medina.”.- II. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, ya que en el mismo se ha incurrido en los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión en el concepto de la infracción es decir, si es por falta de aplicación, aplicación indebido o interpretación errónea; b) se insta a la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) el precepto autorizante resulta impreciso al indicarse el numeral 1) en sus literales b y c) y el numeral 2) del artículo 719 del Código Procesal Civil, ya que estos contienen distintas causales de casación; d) se alude a los artículos 68, 76, 82, 328, 329, 330, 331, 333 y 337 de la Constitución de la Republica y, 10 y 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no fueron señalados como infringidos o relacionados en la formulación del cargo; y, e) lo expuesto resulta ser un inoportuno alegato de instancia.- III. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IV. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su primer y único motivo. 2) DECLARAR FIRME la resolución recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los siete días de mes de febrero del dos mil dieciocho; certificación de la resolución de fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 218-16.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO
SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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