Sentencia CA-127-18 — Registro 8284
Resumen
En segunda instancia se reforma la sentencia dictada por el juzgado reconociendo la situación jurídica individualizada y como medida necesaria para su restablecimiento se condena al Estado de Honduras a través del Instituto de la Propiedad a pagar en concepto de indemnización por daños y perjuicios el pago del valor justipreciado al momento de la expropiación del año 1994
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
". Que los requisitos de forma que la ley exige para el recurso de casación contencioso administrativo deben aparecer en el texto mismo del libelo y no pueden darse por demostrados por la vía de la inferencia. En el sub júdice, el Abogado Mario Augusto Duarte Peña en la condición en que actúa, en su recurso de casación no cumple con los requisitos señalados en los artículos 704 y 719 del Código Procesal Civil, ya que omite consignar: a) la fundamentación de lo pedido; b) determinar el perjuicio o agravio sufrido; c) identificación del vicio o error que lo causa; d) relación de las normas de derecho citadas como infringidas con la cuestión debatida; y, e) en sus tres motivos no señala si se impugna las normas procesales o normas de derecho empleados para la solución de fondo de litigio"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y WILFREDO MENDEZ ROMERO, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrentes/Recurridos: los señores MARIO RAUL PINTO ERAZO, VICTOR MANUEL CUADRA, LORENZO ZELAYA ALGER y JUAN RAMON MARRDER VALLECILLO, representados en juicio por el Abogado MARIO AUGUSTO DUARTE PEÑA; y, el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por la Abogada WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO, respectivamente.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria para que se declare la nulidad de un acto administrativo presunto en sentido negativo por silencio de la administración pública, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su restablecimiento se adopten cuantas medidas sean necesarias, entre ellas ejecutar el pago de una obligación consistente en la indemnización por daños y perjuicios, por expropiación forzosa de un bien inmueble por causa de necesidad pública, omitiendo el procedimiento establecido para este tipo de actos administrativos y como consecuencia violentando la garantía del debido proceso, costas del juicio, promovida por el Abogado MARIO AUGUSTO DUARTE PEÑA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de los señores MARIO RAUL PINTO ERAZO, VICTOR MANUEL CUADRA, LORENZO ZELAYA ALGER y JUAN RAMON MARRDER VALLECILLO, contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su demanda, que el antecedente del bien inmueble afectado es el remate judicial efectuado en el Juzgado Segundo de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, el día 03 de enero de 1977, siendo adjudicado el bien inmueble a la señora Yolany Estela Aguilar de Aparicio, cuyo testimonio de adquisición fue registrado bajo el número 95 del tomo 131 del Registro de la Propiedad de Francisco Morazán. El 10 de noviembre de 1977, ante los oficios del Notario Carlos Falck C. en testimonio de Escritura Pública número 27, la señora Yolany Estela Aguilar de Aparicio, dio en carácter de venta dicho inmueble a Mario Raúl Pinto Erazo, Juan Ramón Marrder Vallecillo, Lorenzo Zelaya Alger y Víctor Manuel Cuadra Burlero, el 09 de diciembre de 1977 se inscribió bajo el número 75 del tomo 197 en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de Francisco Morazán. Habiéndose ejecutado actos de dominio mediante remedida por levantamiento topográfico y reunión de fincas en un solo cuerpo, registrado bajo el número 89 del tomo 483 en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de Francisco Morazán; otro acto es la venta de 20 lotes registradas en notas marginales del mismo registro No.89 del tomo 483, entre las cuales se aprecia en la nota No.20 la expropiación forzosa por utilidad pública de 07 manzanas y fracción para el proyecto del Anillo Periférico, registrándose esta expropiación con el número 59 del Tomo 1975, compareciendo por el Estado la Procuradora General de la República por Ley Abog. Norma Cerna de Torres y por los propietarios Mario Raúl Pinto Erazo y otros. Esta expropiación se efectuó por el Estado de Honduras conforme la legislación que rige estos actos, para que surtan todos los efectos legales. No obstante ser de su total conocimiento los documentos en los que se registra con extrema claridad el dominio pleno en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil bajo el número 89 del tomo 483 y que forman parte del expediente de Declaratoria de Regularización número 07-2005, de la Dirección General de Regularización Predial, conclusiones que dan la impresión de haber actuado con ignorancia inexcusable quienes elaboraron esta regularización, al manifestar falsedades en los conceptos utilizados para justificar tal regularización, constituyendo una verdadera aberración con apreciaciones por ignorancia inexcusable que generan graves daños a los propietarios del bien inmueble; funcionarios que fundamentan sus resoluciones sin el debido sustento legal infringiendo las normas del debido proceso, tal como se preceptúan en los artículos 1, 68, 80, 82, 90, 97, 105, 106 y 320 de la Constitución de la República; 1346, 1347 y 2236 del Código Civil; 1, 3-3 y 81 de la Ley de Propiedad y demás aplicables. Que el Recurso de Amparo presentado ante el Juzgado de Letras Primero de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, emitió sentencia concediendo el Amparo el 22 de diciembre de 1986 y ratificado por la Corte Suprema de Justicia del 27 de mayo de 1987, dejando sin efecto legal el acuerdo municipal No.404; sentencia que se comunicó al Alcalde Municipal del Distrito Central, el 15 de julio de 1987, para que le diera cumplimiento a lo ordenado, pero la realidad es que fue totalmente desacatada por la autoridad municipal y se emitió otros acuerdos con el mismo origen y para el mismo fin. Los actos impugnados mediante la presente acción contenciosa administrativa lo representan las resoluciones presuntas en sentido negativo, mediante las cuales se consideran declaradas sin lugar el reclamo administrativo de pago, presentado previo a recurrir judicialmente y el recurso de reposición interpuesto frente a la negativa presunta, mismos que de forma ilegal y con un claro abuso de poder fueron dejados de emitir por los funcionarios del Instituto de la Propiedad.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contestó dicha demanda señalando que el hecho primero de la demanda es una narración cronológica por parte del recurrente, de una serie de hechos, mediante los cuales justifica la legítima titularidad del bien inmueble a favor de los demandantes. En lo referente al hecho segundo, es de igual manera una serie de relatos de los que se hace valer la parte demandante para demostrar al señor juez, que el Estado de Honduras y la Alcaldía Municipal del Distrito Central le reconoce, entre otras cosas que los demandantes tienen el dominio pleno a su favor y que el mismo está debidamente registrado en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de Francisco Morazán, extremo tal, que no es objeto de controversia ni de debate en la presente demanda, pues está plenamente demostrado y acreditado en el expediente administrativo, que los demandantes son los legítimos propietarios. El hecho tercero de la demanda se rechaza categóricamente, pues es precisamente que ha solicitud del señor Mario Raúl Pinto Erazo, uno de los representados del Abogado Mario Augusto Duarte, autor de la presente demanda, que el Instituto de la Propiedad intervino en la expropiación mediante la regularización, presentado el 08 de marzo de 2005, el cual obra a folio 66 del expediente administrativo. Posteriormente el señor Mario Raúl Pinto Erazo, presentó otro escrito, cuya suma dice: “ACLARACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN LOS CUALES SE SOLICITA REGULARIZACION Y OBJETO DE SOLICITUD CONTENIDA EN EXPEDIENTE 009-2005”, el cual corre agregado a folio número 68, de igual manera a folio número 72, se complementa información a petición de intervención presentada ante el Instituto de la Propiedad, donde claramente se está reconociendo por parte de los demandantes que en el bien inmueble objeto de la regularización, existen y de hecho los hay, asentamientos humanos. Es así que producto de la solicitud hecha por el señor Mario Raúl Pinto Erazo, uno de los propietarios del bien inmueble, es que el Instituto de la Propiedad procedió a realizar la regularización de las colonias FUERZAS UNIDAS, JARDINES DEL NORTE, LOMAS DEL NORTE, VISTA HERMOSA DEL NORTE, ABRAHAN LINCOLN, NUEVA PROVIDENCIA, LOS CENTENOS 1, LOS CENTENOS II, SAN JUAN BOSCO, JOSE A. DUARTE, JARDINES DEL CARRIZAL, ALTOS DEL DIVINO PARAISO, NUEVA DANLI Y JOSE ANGEL ULLOA. De tal manera, que producto de esa regularización es que nace la declaración de regularización número 07-2005, misma que le da vida al Decreto número PCM-031-2005, emitido en Consejo de Ministros y publicado en el Diario Oficial la Gaceta número 30812 del 28 de septiembre de 2005. Posteriormente, el Abogado Mario Augusto Duarte, presenta en fecha 10 de junio de 2011, reclamo administrativo al Instituto de la Propiedad donde solicita la nulidad parcial del Decreto Ejecutivo No. PCM 031-2005, desconociendo flagrantemente que el Instituto de la Propiedad no tiene facultades para anular un Decreto Ejecutivo emitido en Consejo de Ministros, el cual se encuentra agregado a folio No. 132 del expediente administrativo. En lo concerniente al hecho cuarto, en relación a la Resolución No.12-2010, es justamente como lo desea el demandante en la suma de la demanda, que el Instituto de la Propiedad, ordena en dicha Resolución que los legítimos dueños podrán solicitar al Instituto de la Propiedad el pago de la indemnización correspondiente, producto del proceso de regularización por causa de necesidad pública, constituyéndose para tal fin la creación de un fideicomiso, que para tal resulta, posee el Instituto de la Propiedad al tenor del artículo 88 A de la Ley de Propiedad, el cual será financieramente alimentado por los propietarios de los asentamientos humanos. Que los actos que pretende impugnar la parte demandante a los que denomina presuntos en sentido negativo y no materializados mediante Resolución por escrito por el Instituto de la Propiedad, son totalmente legales, pues están materializados, ambos mediante Resolución y debidamente notificado de los mismos por medio de la cédula de notificación fijada en la tabla de avisos del Despacho de la Secretaría General del Instituto de la Propiedad. En el escrito donde el demandante subsana la presente demanda y desvanece causa de inadmisibilidad, relata que le es imposible acompañar Certificación o copia autorizada del acto impugnado, en virtud de que la acción está dirigida contra un acto administrativo presunto en sentido negativo, por silencio del Instituto de la Propiedad, no materializado por escrito, extremo tal que se desvirtúa categóricamente, ya que en el expediente administrativo No.26-2010, corre agregado a folio número 153 y 154, la cédula de notificación, donde se notifica al profesional del derecho de la resolución de la que hace mención, evidentemente ignorando de la misma, en virtud de que el Abogado Duarte abandonó el expediente objeto del Reclamo Administrativo, por consiguiente el artículo 46 y 47 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ya establece los requisitos que deberán acompañar la demanda.- 3. Que en fecha dieciocho de enero de dos mil doce, compareció el Abogado Jesús Alfredo Pineda Alvarado, en su condición de apoderado legal del Instituto de la Propiedad, interponiendo escrito de defensas previas, basándose la primera causa de inadmisibilidad la que consiste en: “La falta de agotamiento de la vía administrativa”, específicamente en el artículo 63 literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; que evidentemente el incidentado no agotó la vía administrativa en lo referente a una indemnización de daños y perjuicios, misma que si bien es cierto existe un reclamo administrativo bajo el número 026-2010, presentando otro reclamo posterior sobre el mismo asunto, el cual se anexó al mismo expediente, en el cual se solicitó se aplicara a su favor la afirmativa ficta, misma que según el artículo 131 de la Ley de la Propiedad no proceden este tipo de solicitudes para el Instituto de la Propiedad; en cuando a la segunda causa de inadmisibilidad consiste en: “Cuando su conocimiento no correspondiere a la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo”, por ser una cuestión puramente de materia civil, en lo consignado en el artículo 80 letra a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; en fecha seis de marzo de dos mil doce, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución desestimando las defensas previas alegadas por la parte incidentista (demandada) por improcedentes.- 4. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de septiembre del dos mil quince, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por el Abogado Mario Augusto Duarte Peña, contra el Estado de Honduras a través del Instituto de la Propiedad por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acto administrativo presunto en sentido negativo por silencio de la administración pública; reconocimiento de la situación jurídica individualizada y como medida necesaria para su pleno restablecimiento se condena al Estado de Honduras a través del Instituto de la Propiedad a pagar en concepto de indemnización por daños y perjuicios el pago del valor justipreciado al momento de la expropiación, es decir, se pagará al valor comercial del año en que ocurrió el hecho, en virtud de estar plenamente acreditado que no existió controversia sobre la propiedad del referido inmueble expropiado para el Proyecto del Anillo Periférico, donde se ubican las colonias Lomas del Norte, Fuerzas Unidas, José Arturo Duarte y José Ángel Ulloa, ubicadas en el Carrizal II, así como el silencio de la administración en no resolver dentro del plazo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo desde la fecha de la ilegal expropiación hasta que se ejecute la sentencia rebajando de dicha indemnización el primer valor recibido correspondiente a la cantidad de L.4,517.909.55, mediante orden de pago 2770, daños y perjuicios que se cuantificaran en base al justiprecio que se establezca en la fase de ejecución de la sentencia. No se reconoce el daño moral por no estar acreditado. Diferir al periodo de ejecución la cuantificación del monto del daño y perjuicio al valor del justiprecio en virtud de no contar con elementos indispensables para cuantificar los mismos; sin costas; bajo el criterio que del análisis específicamente todas las actuaciones contenidas en el expediente administrativo se llega a la conclusión que tanto, Tegucigalpa como Comayagûela, han tenido un crecimiento poblacional descontrolado, a tal punto que los niveles de vivienda tiene serias limitaciones y el Estado se ve en la necesidad de proporcionar tierra pero siguiendo los procedimientos establecidos en Ley y no en forma desmedida; ante tal situación el ahora demandante acredita la legitimación como propietarios del bien inmueble expropiado donde se ubican las colonias Lomas del Norte, Fuerzas Unidas, José Arturo Duarte, y José Ángel Ulloa, ubicadas en el Carrizal 2 de esta ciudad, inscritas bajo instrumento numero 89 tomo 483 y sobre el cual el Instituto de la Propiedad emitió resolución Nº.12-2010, mediante la cual reconoce el derecho legítimo de dominio pleno y los insta a que soliciten ante el Instituto de la Propiedad el pago de la indemnización correspondiente producto del proceso de regularización por causa de necesidad publica (f.55). Que no obstante lo anterior, la Dirección Legal fue de la opinión que se procediera con la declaratoria de regulación predial y en consecuencia se declare la expropiación por considerar que los títulos de propiedad están en disputa a lo que la Dirección de Regulación Predial considera una aberración por haber acreditado la titularidad del dominio los ahora demandantes al ser confirmado por la Corte Suprema de Justicia que resuelve favorable un Amparo, así como por el Alcalde Municipal, demanda que fue declarada nula y en la que irónicamente le consigna clave catastral, obteniendo los demandantes un pago por parte del Estrado de Honduras bajo el Instrumento Traslaticio de Dominio bajo el número 59 tomo 1975, mediante orden de pago 2770 por la cantidad de L.4,517,909.55, siendo esto una prueba que en ese momento esa fracción de 75,298.49 fue hecho conforme a derecho (f.143). Que a folio 220 al 223, se encuentran los informes técnicos emitidos por la Dirección General de Catastro y Geografía sobre los inmuebles relacionados en los que manifiestan estar dentro de la zona expropiada y que no se encuentran dentro del artículo 71 de la Ley de Propiedad, así como el hecho de que el demandante agotó vía administrativa promoviendo reclamo administrativo y exigiendo la pronta resolución e interponiendo el recurso respectivo. Que resulta para esta suscrita ilógico haberlos declarado presuntos propietarios cuando existe evidencia de haberles pagado por proceso de expropiación forzosa una área para uso del anillo periférico inscrita bajo el tomo 89 tomo 483, consecuentemente debió aplicarse el artículo 72 de la Ley de Propiedad para el proceso de regularización concluyendo con una indemnización por expropiación tal y como lo establece la Ley de Propiedad, y peor aun publicándolos bajo un Decreto Ejecutivo PCM 031-2005, por no tener certeza sobre la legitimidad de dichas tierras violentando con ello el articulo 81 de la Ley de Propiedad “El propietario del bien inmueble expropiado no podrá ser privado del mismo sin que previamente se haya efectuado la indemnización justipreciada correspondiente”, hechos que debieron tomarse en cuenta por la administración publica ya sea a través de una resolución, providencia y no llamarse al silencio negativo que dio origen la presente demanda ante el reclamo presentado por no cumplir con lo establecido en la resolución 12-2010, vulnerando el derecho a la propiedad protegido constitucionalmente ( art. 103 y 106) y en la cual el mismo Instituto de la Propiedad reconoce el derecho de los demandantes (audiencia preliminar). Que se determina el interés legítimo de los demandantes, ya que el mismo Consejo Directivo del Instituto de la propiedad los reconoce como legítimos propietarios del bien inmueble expropiado bajo el número 89 del tomo 483, por lo que de las alegaciones jurídicas se desprende que el proceso de regularización predial que originó la expropiación afectando el inmueble descrito anteriormente lesionó derechos contentivos en la Ley de Propiedad así como la Constitución de la República que en su artículo 106 que establece: “Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la ley o por resolución fundada en ley”, y considerando que Honduras es un Estado de Derecho, que reconoce, fomenta y sobre todo garantiza la existencia de la propiedad privada este artículo es la piedra angular del Estado de Derecho, es procedente declarar con lugar la presente acción en el sentido de la indemnización por expropiación justipreciada al momento de dicha expropiación con el valor comercial del momento en que ocurrió dicho acto ilegal, estando acreditado que la administración pública no se manifestó provocando el silencio de la administración pública, al cumplir los requisitos de dicha figura; en cuanto a los fideicomisos de los que habla el Estado y que obran a folio 306 el único beneficiario es el Instituto de la Propiedad y no los ahora demandantes.- 5. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha tres de noviembre del dos mil diecisiete, dictó sentencia reformando la proferida en primera instancia en el numeral segundo, el cual debe leerse de la siguiente manera: “a) Reconocer la situación jurídica individualizada y como medida necesaria para su restablecimiento se condena al Estado de Honduras a través del Instituto de la Propiedad a pagar en concepto de indemnización por daños y perjuicios el pago del valor justipreciado al momento de la expropiación del año 1994, justiprecio reconocido por el Estado de Honduras en el año de 1994 y que corresponde a L.600,000.00 la manzana, tal y como así lo ha solicitado la parte demandante en el escrito de demanda, en virtud de estar plenamente acreditado que no existió controversia sobre la propiedad del inmueble que ahora ocupan las colonias Lomas del Norte, Fuerzas Unidas, Jose Arturo Duarte y Jose Ángel Ulloa ubicadas en carrizal II; b) Revocar el pronunciamiento en el mismo numeral segundo del fallo de la sentencia recurrida, en cuanto a rebajar de la indemnización otorgada la cantidad de L.4,517,989.55 por no constituir ningún pago inicial en cuanto a lo reclamado en el presente caso; c) Los demás apartados (primero, tercero y cuarto) son confirmados por este Tribunal”; sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal del Instituto de la Propiedad, sin costas; bajo el criterio que la pretensión objeto de la demanda de mérito se reduce a la solicitud de nulidad del acto presunto por no haber dado respuesta la administración dentro del plazo establecido en la ley al reclamo que interpusieron los demandantes peticionando la indemnización que corresponde por la expropiación de que fueron objeto mediante el Decreto Ejecutivo PCM-031-2005 procedimiento de expropiación que fue incorrecto para con los demandantes, ya que ellos sí poseían la titularidad dominical del inmueble inscrito con el número 89 del tomo 483, y que dicha indemnización se deriva de un derecho ya reconocido expresamente por el Instituto de la Propiedad mediante la resolución 12-2010; se debe de entender que el caso de mérito no corresponde a un reclamo de pago del justiprecio por expropiación forzosa, sino al pago indemnizatorio de daños y perjuicios por haberle expropiado su inmueble sin previamente haberle indemnizado por ser titular legitimo del inmueble, tal como lo establece la Constitución de la República; en consecuencia los daños constituyen el valor de la tierra y que el demandante solicita y lo iguala al que se reconoció en el año 1994, y los perjuicios, como ser el daño moral, entre otros, no fueron probados en juicio. Refiriéndose al objeto del recurso de apelación y sus agravios, mismos que constituyen un límite para este Tribunal, de la revisión exhaustiva del caso sub-lite se puede determinar que efectivamente existe un tipo de confusión en el apartado segundo de la parte dispositiva de la sentencia que se conoce vía recurso de apelación, ya que se comparte el hecho de haber declarado procedente la acción y haber reconocido la situación jurídica individualizada a favor de la parte demandante, pero el valor a indemnizar corresponde al valor que el mismo solicitante ha determinado en su escrito de demanda, de conformidad a su pretensión, que es el valor del justiprecio que el Estado de Honduras reconoció en el año de 1994 y que corresponde a L.600,000.00 la manzana; la confusión radica en que la A-Quo no precisa ni separa la expropiación forzosa por utilidad pública que se dio por el proyecto del Anillo Periférico en el año 1993 (ya no vinculante a este reclamo ni demanda) y la expropiación forzosa (PCM-3l-2005) que se dio por necesidad pública en los inmuebles que ocupan las colonias Lomas del Norte, Fuerzas Unidas, José Arturo Duarte y José Ángel Ulloa, ubicadas en el Carrizal numero dos (2), salida al norte en esta ciudad en el año 2005, y que corresponde al caso de mérito. Los demandantes solicitaron y tasaron el valor de la tierra conforme al justiprecio que se dio en la expropiación del año 1993, tal como se deriva del plan de la demanda del acápite “cuantía”, y también solicitaron un reajuste de esa tasación con respecto al valor del dólar de aquel tiempo y éste, no existiendo ningún asidero jurídico para que un Juez o Tribunal realice dicha actualización y equivalencia, ya que si pretendían ser indemnizados conforme al valor comercial de la tierra al día de hoy, debieron de haberlo solicitado así y no lo hicieron; además el peritaje presentado por la parte demandante y que se acompañó al escrito de demanda, no fue reproducido en la audiencia preliminar como medio de prueba, por ende, tampoco podría ser valorado por el juez. En el apartado segundo de la parte dispositiva de la sentencia que se conoce vía recurso de apelación, la A quo ordena: “…rebajar de dicha indemnización el primer valor recibido correspondiente a la cantidad de L.4,517,989.55 mediante orden de pago 2770. Daños y perjuicios que se cuantificaran en base al justiprecio que se establezca en la fase de ejecución de la sentencia”. Rebaja que es totalmente errónea e improcedente, pues el pago que se hizo en el año 1994, a favor del señor Mario Raúl Pinto Erazo, en concepto de expropiación por indemnización de terreno en ocasión de la ejecución del proyecto “Anillo Periférico de la ciudad de Tegucigalpa en sus secciones I y II”, no constituye pago anticipado a lo que actualmente reclama la parte actora, ya que la expropiación del año 1994, no es vinculante con la expropiación que se dio bajo el Decreto PCM-31-2005, son dos expropiaciones diferentes, pronunciamiento que habría que revocar en su totalidad, siendo improcedente, injusto y erróneo rebaja de alguna cantidad de dinero a la indemnización que se otorgare en el caso que se ocupa. La parte demandada también interpuso en su momento el recurso de apelación y manifiesta que le causa agravio la sentencia proferida por el A-Quo al manifestar que la expropiación realizada fue ilegal al no tomar en cuenta los elementos que se dieron para que el IP en su momento forzara la expropiación por necesidad pública; se advierte la confusión de la A-Quo de los conceptos de expropiación forzosa por necesidad pública y expropiación forzosa por utilidad pública, provocando la no observancia de los procedimiento que llevó a cabo el IP; también denuncia agravio el hecho que el juzgado de primera instancia falla que el IP se benefició de los fideicomisos cuando el artículo 83 no reformado de la Ley de Propiedad establece que al momento de suscripción de dichos fideicomisos debe de comparecer el IP por desconocer, hasta la celebración de los mismos, que los ahora demandantes eran los legítimos propietarios de los inmuebles; asimismo, denuncia que causa agravio que el A-Quo condena al IP a pagar daños y perjuicios sin valorar que el IP no tenía certeza quien era el propietario, por estar en controversia el inmueble, extremo no valorado por la A-Quo. Para este Tribunal de Segunda Instancia es merecedor explicar, que este último alegato del IP, no tiene razón de ser, mucho menos provoca algún tipo de efecto jurídico, ya que conforme a la resolución supra mencionada 12-2010, el IP acepta y reconoce su error, al no haber cumplimiento de cada uno de los pasos que establece la Ley de Propiedad para llevar a cabo el proceso de regularización del inmueble donde se ubican las colonias Lomas del Norte, Fuerzas Unidas, Jose Arturo Duarte y Jose Ángel Ulloa. Examinados los agravios en conjunto que ocasionan al IP la sentencia recurrida, se refiere a una serie de aclaraciones, que en efecto es oportuno realizar y como así se ha hecho, para darle al fallo un acertado sentido lógico jurídico, pues el apelante demandado no establece de forma precisa las infracciones legales cometidas por el A-Quo que ameritan una decisión distinta a la tomada en la sentencia recurrida.- 6. La representación procesal de la parte recurrente-demandante, Abogado MARIO AUGUSTO DUARTE PEÑA y la representación procesal de la parte recurrente-demandada, la Abogada WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO, en fechas cinco de diciembre de dos mil diecisiete y nueve de enero de dos mil dieciocho, presentaron escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha tres de noviembre del dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.003-2016, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.531-2011 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencias de fechas quince de diciembre de dos mil diecisiete y once de enero de dos mil dieciocho, tuvo por interpuestos y formalizados en tiempo y forma los recursos de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7. La representación procesal de la parte recurrente-demandante, Abogado MARIO AUGUSTO DUARTE PEÑA, presentó en fecha dos de febrero de dos mil dieciocho, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha cinco de febrero del dos mil dieciocho y la representación procesal de la parte recurrente-demandada, la Abogada WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO, presentó en fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha uno de marzo de dos mil dieciocho, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, los Abogados MARIO AUGUSTO DUARTE PEÑA y WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO, respectivamente.- 8. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veintidós de marzo del dos mil dieciocho, teniendo por personados a los Abogados MARIO AUGUSTO DUARTE PEÑA y WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO, en concepto de partes recurrentes-recurridas, respectivamente, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación tiene como fines la protección de las normas de ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la jurisprudencia nacional, como instrumento de garantía de igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídica. Éste es un medios de impugnación especial, examinando el enfrentamiento entre el fallo impugnado y la aplicación e interpretación de las normas procesales y normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, previo una revisión a los requisitos y técnica del recurso.- II. Los recursos en la jurisdicción contencioso administrativo se regirán por la legislación procesal civil. Siendo el recurso de casación un recurso devolutivo, en las disposiciones comunes a éstos, el recurso requiere como regla general de fundamentación: a) la fundamentación de lo pedido; b) determinar el perjuicio o agravio sufrido; c) identificación del vicio o error que lo causa; d) identificación con total precisión el pronunciamiento o parte de él que se impugna.- III. Otro requisito formal del recurso de casación contencioso administrativo es relacionar las normas de derecho citadas como infringidas con la cuestión debatida.- IV. Las causales del recurso de casación son: a) impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales y, b) impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.- V. Que los requisitos de forma que la ley exige para el recurso de casación contencioso administrativo deben aparecer en el texto mismo del libelo y no pueden darse por demostrados por la vía de la inferencia. En el sub júdice, el Abogado Mario Augusto Duarte Peña en la condición en que actúa, en su recurso de casación no cumple con los requisitos señalados en los artículos 704 y 719 del Código Procesal Civil, ya que omite consignar: a) la fundamentación de lo pedido; b) determinar el perjuicio o agravio sufrido; c) identificación del vicio o error que lo causa; d) relación de las normas de derecho citadas como infringidas con la cuestión debatida; y, e) en sus tres motivos no señala si se impugna las normas procesales o normas de derecho empleados para la solución de fondo de litigio.- VI. La Abogada Waleska Karolina Ordoñez Carrasco, en la condición en que actúa, en su recurso de casación no cumple con los requisitos señalados en el artículo 704 del Código Procesal Civil, ya que omite consignar: a) determinar el perjuicio o agravio sufrido; y, b) identificación del vicio o error que lo causa.- VII. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, la sentencia impugnada contiene los requisitos necesarios para su validez, y basada en la petición del actor, siendo los argumentos de la nulidad inapropiados alegatos, razón por la que no estima que se ha violado el derecho de defensa, por haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas y pretender que los motivos de casación planteados sean también vistos como nulidades, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VIII. Estos defectos técnicos vuelven ineficaz el recurso de casación contencioso administrativo que nos ocupa.- POR TANTO: La Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 22, 169, 170, 190, 191, 193, 197, 703, 704, 716, 717, 719, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y b) y, 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1. NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto contra la sentencia impugnada. 2. SIN LUGAR la nulidad subsidiaria instada por el Abogado Mario Augusto Duarte Peña. 3. DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. 4. SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar.- Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días del mes de enero del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha seis de diciembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 127-18.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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