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Sentencia CA-105-16 — Registro 16217

Resumen

Se declara la nulidad de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, que confirma el auto emitido por el a-quo, mediante el cual se declara con lugar un alegato de defensas previas consistente, en que el escrito de la demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamientos en cuanto al fondo del asunto

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que a razón de las defensas previas expuestas en la contestación de la demanda, en fecha 1 de julio de 2015, él a-quo, resuelve declarar con lugar  el alegato de defensa previas consistente: “…en Que el escrito de demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamientos en cuanto al fondo del asunto; establecido en el artículo 80 de letra e) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo…” misma que fue objeto de impugnación por la parte demandante ver folios 127  al 150 de la primera pieza de autos y 15 al 23  de la pieza separada de defensas previas. IV.- Que en fecha 19 de noviembre del 2015, mediante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional resuelve el recurso de apelación, confirmando el auto de fecha 1 de julio de 2015 emitido por el a-quo, mediante el cual se declara con lugar un alegato de defesas previas consistente, en que el escrito de la demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamientos en cuanto al fondo del asunto. Ver folios del 9 al 11 de la segunda pieza de autos. V.- Revisada la resolución recurrida  (que confirma la impugnada)  y los expedientes de mérito se concluye:  que las resoluciones de fecha 31 de marzo de 2014 y 1 de julio de 2015 dictadas por el Juzgador de primera instancia son contradictorias, ya que el mismo defecto de inadmisibilidad de la demanda (que el escrito de la demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamientos)  en la primera se tiene por subsanado y en la segunda se resuelve declarar con lugar el alegato de defensa previas, o sea la misma situación jurídica con distintos resultados. VI. Que juzgador de instancia está obligado a velar por la tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos pretendidos en la demanda removiendo los impedimentos que se puedan producir y posibilitando el ejercicio de los mismos, lo contario da lugar a que se irrespete el derecho de acceso a la justicia y por ende, a la tutela judicial efectiva. VII. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VIII. Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. IX. Que a razón de lo expuesto en los numerales que antecede y bajo el amparo de que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece (Artículo 90 de la Constitución de la República) y de que toda persona tiene derecho a peticionar ante los tribunales la tutela efectiva y defensa de sus derechos intereses legítimos; tomando en cuenta que el a quo, en resolución de fecha 31 de marzo del 2014, ya se había pronunciado teniendo por subsanada y admitida la demanda en cuanto al defecto señalado de los requisitos necesarios de la demanda para la valides de la comparecencia, es procedente anular la sentencia de fecha 19 de noviembre del 2015, mediante el cual  confirma el auto de  fecha 1 de julio de 2015 emitido por el a quo, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho..."

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de abril dos mil dieciocho, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCION: SON PARTES: Recurrente: el Abogado MODESTO VARELA ROCHA, en su condición de Representante Procesal de la señora ADELA ISABEL OCAMPO, y, Recurrido: la Secretaria de Estado en los Despachos de Transporte y vivienda (SOPTRAVI), representando en juicio por la Abogada NOLVIA MARINA ESCOBAR, por actuaciones de Secretaria de Estado en los Despachos de Transporte y vivienda (SOPTRAVI). OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria de nulidad de un acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, pago de prestaciones laborales, por valor de L. 216,451.83 y por concepto de daños y perjuicios y pago de salarios dejados de percibir y demás derechos que concede la ley; acción promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Francisco Morazán, por MODESTO VARELA ROCHA, en su condición de Representante Procesal de la señora ADELA ISABEL OCAMPO, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones realizadas por la Secretaria de Estado en los Despachos de Transporte y vivienda (SOPTRAVI), por medio de la Procuraduría General de la República. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El Abogado MODESTO VARELA ROCHA, En su condición de representante procesal de la señora ADELA ISABEL OCAMPO, expresó en el escrito de la demanda , que con fecha 2 de julio del año 2010, su representada firmó un contrato de trabajo con una duración del 2 de julio al 30 de septiembre del mismo año, para desempeñar el cargo de Asesor Financiero, sin embargo ese contrato fue prolongado por más de 2 años y el último contrato fue firmado por el Secretario de Estado en los Despachos Vivienda, Miguel Ángel Gámez, dicho contrato establecía que su vencimiento era el 30 de diciembre del año 2012, devengaba un sueldo de L. 30,000.00, y con ese último contrato la demandante se desempeñaba en el cargo de Jefe Administrativo de la Dirección de Aeronáutica Civil, dependiente de la Secretaria de Obras Publicas Transporte y Vivienda; este último, mediante oficio RR.HH 313-2012, le notifico que se le nomina de cargo Funcional de Jefe del Departamento Administrativo a un cargo nominal de Asesor Financiero siempre en la Dirección General de Aeronáutica Civil, dependiente de la misma Secretario de Estado; sin embargo y a pesar de la directrices antes relacionadas el jefe inmediato superior, de su Representada, General de Brigada Manuel Enrique Cáceres, Director General de Aeronáutica Civil, dependiente de SOPTRAVI, le manifestó que su siguiente contrato estaba para firma que no se preocupara, y que siguiera con su trabajo normal y le asigno obligaciones inherente a su cargo, como Asesor Financiero, al haberla reasignado, de su puesto, pero en fecha 16 de enero del año 2013, le fue notificada de palabra por el Jefe de Personal que ya no podía entrar a la instrucción demandada porque había sido despedida, de esta manera la demandada violo la cláusula decima primera del contrato de trabajo suscrito entre las partes, pues no solo se le asignaron funciones distintas a las que debía de realizar sino que en el mes de enero del año 2013 adquirió el carácter de empleada permanente, por haber laborado en la institución más de dos años ininterrumpidos. 2. La parte demandada, el Estado de Honduras, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Transporte y vivienda (SOPTRAVI), contestó dicha demanda señalando que los contratos suscritos con la demandada eran de Servicios Profesionales, asimismo que se hayan prolongado por más de dos (2) años, en virtud que si bien es cierto desde la fecha de suscripción del primer contrato 02 de julio de 2010, al 30 de diciembre del 2012, fecha de vencimiento del último contrato, transcurrieron más de dos (2) años, no es menos cierto que la suscripción de dichos Contratos se vio interrumpida en los períodos del 1 de abril del 2011 al 3 de Julio del 2011 y del 1 de enero del 2012 al 1 de octubre del 2012. Por otra parte, la demandante es preciso mencionar que la demandante no se desempeñó en cargo de Jefe Administrativo, ya que de conformidad a la cláusula primera de este se pactó que se desempeñaría como Asesor Financiero. Finalmente estableció la demandada que de conformidad a lo establecido en la cláusula Quinta del Contrato de Servicios Profesionales, para que esta continuara prestando sus servicios fuera de la vigencia del contrato, se devenía obligada a obtener autorización por escrito de la Subgerencia de Recursos Humanos, la cual no consta en el expediente administrativo, tampoco adquirió el carácter de empleada permanente, en virtud que de conformidad a los contratos suscritos, éstos no llegaron a los dos años consecutivos, sumándose al caso, que tales contratos si fueron interrumpidos; sin embargo, aún en el caso que hubiesen sobrepasado los dos (2) años, tal situación no le confería permanencia alguna, porque la cláusula tercera de éstos, claramente determinaba el período de vigencia de los mismos, es decir su término. 3. Que el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en resolución de fecha 23 d enero de 2014, aprecio en el escrito de la demanda la existencia de causales de inadmisibilidad, a saber: “a) Que indique con precisión el acto administrativo impugnado, tal como lo requiere el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en caso acompañarlo junto al escrito.- b) Que establezca el nombre correcto del representante de la parte demandada, en vista que es de conocimiento público que a la fecha se ha nombrado a otra persona.”. 4. Que mediante resolución de fecha 31 de marzo el a-quo tiene por subsanado el inciso: “a) de los requisitos necesarios para la validez de la comparecencia y de igual manera se tiene subsanada la cusa de inadmisibilidad.”. 5. La parte demandada con la contestación de la demanda, alega como defensas previas cuatro causas de inadmisibilidad: 1) de los actos firmes, aquellos que no se hubiesen recurrido en tiempo y forma; 2) falta de agotamiento de la vía administrativa; 3) que se hubiera interpuesto por una persona no legitimada; y, 4) que el escrito de la demanda adoleciere de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto el fondo del asunto. Siendo que la parte demandante no contesto las mismas el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en fecha 01 de julio del año 2015, procedió a decidir en auto interlocutorio lo siguiente: desestima los alegatos de defensas previas consistentes en que la demandada tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa, por ser firme; que la demanda se hubiera interpuesto por persona no legitimada. Declarar con lugar el alegato de defensa previa en que el escrito de de demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, por lo que procedió a declarar inadmisible la presente demanda. 6. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de julio del dos mil quince, dictó resolución de la siguiente manera: PRIMERO: Desestimando los alegatos de defensa previa consistentes en: 1) la demanda tuviera por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa, por ser firme; 2) la Falta de Agotamiento de la Vía Administrativa; y, 3) que la demanda se hubiera interpuesto por una persona no legitimada. SEGUNDO: declarar con lugar el alegato de defensa previa referente a: 4) que el escrito de la demanda adoleciere de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto el fondo del asunto. TERCERO: Declarar la inadmisibilidad de la demanda promovida. CUARTO: SIN COSTAS.” Bajo el criterio siguiente: 1) de los actos firmes, aquellos que no se hubiesen recurrido en tiempo y forma; la presente causa se observa que el acto administrativo impugnado es la certificación de fecha 24 de octubre de 2013, emitida por la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), la cual ha sido notificada en fecha 12 de noviembre de 2013, por tanto se entiende que es a través de esta resolución que declara sin lugar el recurso de reposición que se agotó la vía administrativa, por lo tanto es procedente interponer la demanda ante esta Jurisdicción dentro del plazo de treinta (30) días hábiles y al haberla presentado el demandante en fecha 17 de diciembre de 2013, es evidente que la realizo al día 25 de los 30 que tenía para realizarlo, demostrando que el presente acto administrativo impugnado en ningún momento adquirió el carácter de firme y por tanto se debe desestimar el presente alegato de defensa previa; 2) Falta de Agotamiento de la Vía Administrativa; para determinar la existencia o no de esta defensa previa, es necesario apegarse a lo que refiere el artículo 138 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el cual establece en su último párrafo que la resolución del recurso de reposición pondrá fin a la vía administrativa.- En base a ello, y siendo que el apoderado legal demandante interpuso en fecha 23 de octubre de 2013 el respectivo recurso de reposición, habiendo sido resuelto sin lugar el 24 de octubre de 2013 (Ver folios 232 y 233 de autos), es evidente que se agotó la vía administrativa.- Si bien es cierto el apoderado legal de la parte incidentista, establece la existencia del presente alegato de defensa previa al manifestar que la parte demandante ha solicitado en vía administrativa una pretensión distinta a la alegada en este Tribunal, criterio este que no es causa para tener por no agotada la vía administrativa, en vista que la Ley de esta Jurisdicción prevé en su artículo 46 letra d) esa posibilidad, por tanto, se debe desestimar este alegato de defensa previa; 3) que se hubiera interpuesto por una persona no legitimada; en la presente causa observamos que la demandante al estar recurriendo una resolución que le declara sin lugar su pretensión en vía administrativa de la cual aduce tiene derecho, la hace tener un interés directo para solicitar ante este Juzgado, la nulidad del acto administrativo que le deniega tal derecho- Asimismo la legitimidad también conlleva el reconocimiento de la Situación Jurídica individualizada, que es la otra pretensión que se puede solicitar ante esta Jurisdicción, y que al acreditar la demandante mediante documentos el haber estado laborando en la Secretaria de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), la hace titular de un derecho subjetivo que a su criterio ha sido violado, observándose, por tanto que tiene una actitud para ser demandante como tal, y para ejercer una petición derivado de tal denegatoria, por lo cual el suscrito en caso de declarar procedente la acción, se pronunciará sobre el reconocimiento de esa situación jurídica individualizada, por tanto se debe desestimar la presente defensa previa; y, 4); que el escrito de la demanda adoleciere de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto el fondo del asunto: del estudio de la presente causa se observa que el demandante esta impugnando la Certificación de fecha 24 de octubre de 2013, emitida por la Secretaria de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), la cual no es de lo actos que se pueden impugnar ante este Jurisdicción, siendo estos Decretos, Acuerdos y Resoluciones, contemplados en el artículo 116 de la Ley General de la Administración Pública, lo que evidencia que al haber establecido de manera equivoca ese requisito de forma, impedirá verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, ya que no se podrá decretar la nulidad de una certificación, lo que hace que se deba declarar con lugar el presente alegato de defensa previa. 7. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha diecinueve de noviembre del año dos mil quince, dictó sentencia confirmando el auto proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que al revisar el escrito de demanda se desprende que la parte actora solicita se decrete la nulidad de una certificación, la que por si no es acto administrativo, en consecuencia no impugnable ante los Tribunales de esta Jurisdicción; y como el fin de todo juicio Contencioso Administrativo es la de decretar la ilegalidad y consecuente nulidad de actos administrativos y al impugnar el demandante una certificación claramente el escrito adolece de defectos formales que permiten verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto por lo que la inadmisibilidad decretada es correcta, al no poder el tribunal verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, por no ser acto administrativo una certificación, por ende no impugnable ante los tribunales de esta jurisdicción. 8. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado Modesto Varela Rocha, en fecha trece de enero del año dos mil dieciséis, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha diecinueve de noviembre del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 294-15, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.463-13 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha quince de enero del año dos mil dieciséis, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 9. La representación procesal de la parte recurrida, Abogada NOLVIA MARINA ESCOBAR, presentó en fecha dos de febrero del año dos mil dieciséis, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha cuatro de febrero del año dos mil dieciséis, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas nueve de febrero del año dos mil dieciséis y quince de febrero del año dos mil dieciséis, los Abogados MODESTO VARELA ROCHA y NOLVIA MARINA ESCOBAR, respectivamente. 10. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 11 de marzo del 2016, teniendo por personados a los Abogados MODESTO VARELA ROCHA, en su condición de Representante Procesal de la señora ADELA ISABEL OCAMPO, como recurrente, y NOLVIA MARINA ESCOBAR, en su condición de Representante Procesal de la Secretaria de Estado en los Despachos de Transporte y vivienda (SOPTRAVI), como recurrido, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que en fecha 23 de enero de 2014, el Juzgado de Letras de Letras de lo Contencioso Administrativo, mediante auto señalo: que previo a resolver sobre la admisión de la demanda, estimaba que la misma no reunía los requisitos necesario para la validez de la comparecencia, concediéndole a la parte actora el plazo de 5 días hábiles con el fin de que entre otros defectos, subsanara el referente: “a) Que indique con precisión el acto administrativo impugnado, tal y como lo requiere el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en todo caso acompañar junto al escrito de subsanación.” En atención a tal requerimiento, en fecha 20 de marzo del 2014, el representante procesal de la parte demandante presento escrito de subsanación adjuntando Certificación de la Resolución de fecha 13 de septiembre de aña 2013, extendida por la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Publicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), ver folios 89 al 90 y 91 al 92 de la primera pieza de autos. II.- Que mediante auto de fecha 31 de marzo del 2014, el a-quo resuelve tener por subsanada la demanda en lo concerniente al inciso “a)” en cuanto a los requisitos necesarios para la valides de la comparecencia y se tiene por subsanada la causa de inadmisibilidad ver folio 101 de la primera pieza de autos. III. Que a razón de las defensas previas expuestas en la contestación de la demanda, en fecha 1 de julio de 2015, él a-quo, resuelve declarar con lugar el alegato de defensa previas consistente: “…en Que el escrito de demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamientos en cuanto al fondo del asunto; establecido en el artículo 80 de letra e) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo…” misma que fue objeto de impugnación por la parte demandante ver folios 127 al 150 de la primera pieza de autos y 15 al 23 de la pieza separada de defensas previas. IV.- Que en fecha 19 de noviembre del 2015, mediante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional resuelve el recurso de apelación, confirmando el auto de fecha 1 de julio de 2015 emitido por el a-quo, mediante el cual se declara con lugar un alegato de defesas previas consistente, en que el escrito de la demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamientos en cuanto al fondo del asunto. Ver folios del 9 al 11 de la segunda pieza de autos. V.- Revisada la resolución recurrida (que confirma la impugnada) y los expedientes de mérito se concluye: que las resoluciones de fecha 31 de marzo de 2014 y 1 de julio de 2015 dictadas por el Juzgador de primera instancia son contradictorias, ya que el mismo defecto de inadmisibilidad de la demanda (que el escrito de la demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamientos) en la primera se tiene por subsanado y en la segunda se resuelve declarar con lugar el alegato de defensa previas, o sea la misma situación jurídica con distintos resultados. VI. Que juzgador de instancia está obligado a velar por la tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos pretendidos en la demanda removiendo los impedimentos que se puedan producir y posibilitando el ejercicio de los mismos, lo contario da lugar a que se irrespete el derecho de acceso a la justicia y por ende, a la tutela judicial efectiva. VII. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VIII. Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. IX. Que a razón de lo expuesto en los numerales que antecede y bajo el amparo de que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece (Artículo 90 de la Constitución de la República) y de que toda persona tiene derecho a peticionar ante los tribunales la tutela efectiva y defensa de sus derechos intereses legítimos; tomando en cuenta que el a quo, en resolución de fecha 31 de marzo del 2014, ya se había pronunciado teniendo por subsanada y admitida la demanda en cuanto al defecto señalado de los requisitos necesarios de la demanda para la valides de la comparecencia, es procedente anular la sentencia de fecha 19 de noviembre del 2015, mediante el cual confirma el auto de fecha 1 de julio de 2015 emitido por el a quo, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 82, 90 párrafo primero, 303 reformado, 304 reformado, 313 ordinal numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; 1 numerales 1), 22, 193, 197, 199, 215 numeral 5), 701 numeral 3) y 931 del Código Procesal Civil; 35 párrafo segundo, 89 y 34 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: Declarar la NULIDAD de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, de fecha 19 de noviembre del 2015, visible a folios 9 al 11 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintinueve días de mes de mayo del dos mil dieciocho; certificación de la resolución de fecha tres de abril del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 105-16. Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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